En búsqueda de atenuantes

Los alegatos de las defensas. En búsqueda de atenuantes

Los abogados de Eduardo Ruffo, acusado en este juicio por ocultar la identidad del hijo de Sara Méndez, y de Susana Colombo, apropiadora de Francisco Madariaga, intentaron exculparlos y destacaron que colaboraron para que encontraran su identidad.

 Por Alejandra Dandan

Empezó la etapa de alegatos de la defensa en el juicio por el plan sistemático de robo de bebés. Los abogados defensores de Eduardo Ruffo y de Susana Colombo pidieron absoluciones para los acusados. El ex agente de inteligencia Eduardo “Zapato” Ruffo está acusado por la sustracción, ocultamiento y sustitución de la identidad de Simón Méndez, el hijo de la uruguaya Sara Méndez. Susana Colombo, la ex mujer del represor de Campo de Mayo y ex carapintada Víctor Gallo, está acusada por la apropiación de Francisco Madariaga. Los casos tienen puntos en común. Los dos son “autores directos”, imputados que llegaron a juicio acusados por un hecho puntual y no por todos los expedientes. Y algo del rol que tuvieron en el momento en el que aquellos niños, muchos años después, conocieron sus identidades emparienta las dos situaciones. Ese fue uno de los aspectos sobre los que recayó la estrategia de la defensa y también un aspecto que la fiscalía ya había ponderado y por el que atenuó el pedido de condena.

Con esta etapa empieza uno de los últimos momentos del juicio. Hoy por la mañana alegarán los defensores de Víctor Gallo, también acusado por la apropiación de Francisco Madariaga, y del prefecto Juan Antonio “Piraña” Azic, uno de los torturadores de la ESMA, apropiador de dos niñas y acusado en este contexto por la de Victoria Donda. También ellos llegaron a juicio acusados como autores directos de los delitos, los responsables que tuvieron en sus manos la ejecución de los crímenes. Luego será el turno de los defensores de los “autores mediatos”, los represores de mayor peso en las fuerzas represivas de la dictadura que tuvieron en manos la organización del plan de robo de niños. Entre otros, son Jorge Rafael Videla, Reynaldo Bignone, Santiago Riveros o Jorge “El Tigre” Acosta, representados en general por la defensa oficial. Todos ellos aparecen en general como responsables de la mayor cantidad de los 36 expedientes del juicio, con pedidos de prisión de 50 años.

De las dos defensas de ayer, la mejor fundada técnicamente fue la de Ruffo y es la que más hará trabajar a los fiscales. Ruffo es investigado desde 1983 y fue condenado, entre otras causas, por la apropiación de Carla Rutila Artés, a quien ella le abrió una causa paralela por abusos y fue condenado por su responsabilidad en los crímenes de Orletti. Llegó a este juicio porque Sara Méndez lo situó en el operativo de la noche del 13 de julio de 1976, cuando la secuestraron a ella y le robaron a su hijo recién nacido, apropiado por el comisario de esa zona. Ruffo es la persona que además, 26 años más tarde, aportó un dato que permitió ubicar a Simón. Su abogado Cristian Calé cuestionó puntos que eran previsibles. El recuerdo de Sara que permitió ubicar a Ruffo en el operativo, un recuerdo rememorado en 2004 a partir de la publicación de una foto en una revista donde él aparece de cuerpo entero. Cuestionó además que se lo haya acusado de participar en un operativo cuando en la causa Orletti lo condenaron por haber participado esa misma noche o esos días de otros distintos. Y cuestionó la figura de la sustracción y “ocultamiento”, entre otras razones, porque según su teoría, cuando le preguntaron por el paradero de Simón, Ruffo dijo que no tenía la información sino que salió a buscarla.

La fiscalía rebatirá estos puntos en lo que se llama etapa de “réplicas”. Podría decirse sin embargo que la defensa de Ruffo no dijo nada sobre el modo en el que opera la memoria en el cuestionamiento al recuerdo de Sara. Cómo son los mecanismos de memoria y olvido. Cuándo se recuerda y por qué. El juicio a los autores directos, esto es a quienes intervinieron con el cuerpo en los operativos, no tiene la prueba de los muchos testimonios que suelen sostener las acusaciones a los cuadros medios o jefes. Son recuerdos de una persona como en este caso, la única sobreviviente de aquel día enfrentado con quien integró el circuito represivo.

La pregunta sobre si Ruffo tenía los datos de Simón o tuvo que salir a buscarlos no altera la acusación en su contra en cuanto que tuvo durante 26 años la forma de encontrar esos datos que finalmente encontró, y no lo hizo, según creen los fiscales. En este punto hay un aspecto que tiene que ver con una de las características de estos delitos que es que no cesan hasta que dejan de cometerse. Los fiscales habían dicho durante la acusación que esa misma disposición a ir a buscar el dato, fue uno de los elementos que permite atenuar la pena pero no exime de culpas: “Veintiséis años después colaboró para que se reencontraran; esa actitud al menos lo pone en un lugar diferente con todos los otros imputados –habían dicho–. Pero también es cierto que eso lo pudo hacer cualquier día de esos 26 años y evitar un inmenso dolor, pero recién lo hizo en 2001”.

La defensa de Colombo presentó a la mujer como una víctima de la violencia doméstica, física y psicológica de Gallo, y en ese contexto aseguró que esperar que ella hubiese podido hacer algo en 1977 con ese niño es pedirle un acto de heroísmo porque implicaba poner en riesgo su vida. Colombo acompañó a Francisco a Abuelas de Plaza de Mayo, luego de una situación extrema, en la que admitió que él podía ser hijo de desaparecidos. Por eso la defensa pidió la absolución o la figura de la “necesidad disculpante o exculpante” que es causa de inimputabilidad. Para los fiscales y los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo, para quienes esa conducta atenuó el pedido de penas, Colombo tenía herramientas para poder actuar de modo autónomo y no redime su grado de responsabilidad por haber sustraído, ocultado y sustituido la identidad de Francisco durante años.

“No son pobres ancianos, han envejecido impunes”

La Fiscalía pidió penas de entre 14 y 50 años de prisión para los acusados por robo de bebés. “No merecen ninguna indulgencia”

“No son pobres ancianos, han envejecido impunes”, dijo el fiscal Martín Niklison al hablar sobre el dictador Jorge Rafael Videla, Ruben Oscar Franco, Reynaldo Bignone, Antonio Vañek y Jorge “El Tigre” Acosta, entre otros acusados.

 Por Alejandra Dandan

“Algún desprevenido podrá apiadarse de los acusados por su ancianidad, pero no son pobres ancianos, sino que han envejecido impunes, guardando para ellos la información que ayudaría a las víctimas a encontrarse con la verdad. No merecen ninguna indulgencia. Ni en el epílogo de sus vidas se percibe en ellos un atisbo de intentar mitigar el dolor que causaron, por el contrario, reivindican sus crímenes y los ratifican con su silencio permanente.” Con esas palabras, el fiscal Martín Niklison marcó el carácter de esos ancianos represores acusados por el plan sistemático de robo de niños durante la última dictadura, en el último día de alegato. Tras analizar los dilemas sobre cómo cuantificar la magnitud de delitos de “una gravedad extraordinaria” y comparándolos con las sanciones de que dispone la nueva ley de desaparición forzada de personas, en línea con las querellas, la fiscalía federal pidió la pena máxima de 50 años de prisión para el dictador Jorge Rafael Videla, como autor mediato por veintiún apropiaciones de niños. El pedido del tope máximo de condenas de 50 años alcanzó además a Ruben Oscar Franco, Reynaldo Bignone, Antonio Vañek y Jorge “El Tigre” Acosta. La fiscalía pidió además el inicio de una investigación sobre el obispo castrense Emilio Graselli, para que se indague sobre su posible complicidad o encubrimiento de los crímenes.

Durante un cuarto intermedio de la audiencia, se produjo una escena que reafirmó las palabras con las que el fiscal recordó una y otra vez el cinismo y el silencio que aún guardan los represores. Franco y Bignone se levantaron campantemente de sus sillas para acercarse a Omar Riveros. El ex jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo acababa de ser acusado por dos hechos: la apropiación de Pablo Casariego Tato y de Francisco Madariaga Quintela. Ahí, en medio de lo que parecía hacerlos revivir la escena de una vieja reunión de gabinete, Bignone le preguntó a Riveros: “¿Así que te acusan por dos casos?: ¡Ajá! ¡Sos un angelito!”.

Las querellas los escucharon. También lo hicieron las Abuelas. Elsa Pavón, la abuela de Paula Logares, estaba sentada entre el público, al lado de la madre de Cecilia Viñas y de Rosario Isabella Valenzi. Elsa no dijo nada. Uno de los abogados susurró lo que aquéllas no pueden decir: “A estos hombres –dijo– no les importa nada”.
La acusación

El final de los seis días de lectura de pruebas tuvo dos aspectos importantes. El primero, la necesidad de señalar lo atípico de la apropiación, cuyos efectos continúan en el presente amparados por el silencio de los represores. El segundo, más técnico pero probablemente significativo para otras causas, fue la forma que encontró la fiscalía para saltar el escollo que provoca fundamentar el pedido de penas de 50 años de prisión en la llamada y polémica ley Blumberg, comparando los casos con el corazón de la ley de 2011 de desaparición forzada de personas.

Durante la lectura del primer punto, Niklison estuvo varias veces a punto de estallar en lágrimas. “Al momento de fijar la pena también habrá que tener en cuenta que a estos hombres nunca les importó el suplicio a que sometían, y siguen sometiendo, en muchos casos, a los familiares que buscaban a esos niños y los largos años de duración de sus crímenes”, dijo. “Parece difícil encontrar muchos casos de mayor crueldad y sadismo que el de quienes sabían –saben– que había y hay mujeres buscando a sus nietos.” Que había una madre, dijo, buscando a su hijo como lo era Sara Méndez. Que había un padre en igual situación como Abel Madariaga. “Y pese a que ellos podían hacer cesar ese sufrimiento optaron por no responder a sus reclamos, por no recibirlos, por hacer silencio sobre el tema, por no decir nada.”

En la sala escuchaba un grupo de Abuelas. Niklison recordó que, “peor aún”, esas abuelas se convirtieron para ellos “en otra cara de la subversión que buscaba destruir familias cristianas sacándoles a esos niños”. Mencionó la complicidad de jueces y de los medios de comunicación, como lo hicieron las querellas, resaltando la construcción de humanidad que les dieron a los apropiadores. También dijo: “Contaron con sus abogados que se encargaban de descalificar denunciantes y obispos que hablaban de reconciliación sin exigir antes la verdad”.

Durante el juicio, recordó, se quitó la vida una joven que desde su infancia intentaba saber qué pasó con sus padres. O dónde estaba su hermano nacido en cautiverio. Y se preguntó: “¿Cómo medir el dolor de Chicha Mariani y de Estela de Carlotto que hace más de treinta años buscan a sus nietos? ¿Y el de Licha de la Cuadra, primera presidenta de Abuelas, que murió antes de encontrar a su nieta Ana Libertad? ¿Cómo ponerse en el lugar de Clara Petrakos y comprender algo de su sufrimiento tras 35 años de no saber qué pasó con sus padres y su hermana?”. Y dijo: “También resulta imposible ponerse en el lugar de los imputados para comprender qué los llevó a cometer semejantes crímenes, qué los hace mantenerse incólumes en su discurso y en la negación de lo sucedido, específicamente con estos niños”. Detrás de las palabras del fiscal aparecía una réplica a las supuestas confesiones que Videla viene haciendo a la prensa sin decir nada de los niños.

Cada una de esas invocaciones fundamentaron el segundo aspecto: el pedido extraordinario de 50 años de prisión para los cerebros del plan. En términos técnicos, el número está habilitado desde 2004 por la sanción de la ley Blumberg y puede usarse en estos casos porque el delito de la apropiación no termina de cometerse hasta que los niños recuperan la identidad. Como algunos de los 34 niños que integran el juicio recuperaron su identidad después de 2004 –es decir después de la sanción de la ley– y otros aún no la recuperaron, la figura está habilitada. En eso se basaron las querellas para pedir 50 años para Videla. En este caso, la fiscalía agregó además a otros represores. Para no basarse exclusivamente en una ley controvertida, evocó para dar “un buen indicio de la gravedad de estos delitos en el ámbito nacional” la ley 26.679, que tipifica la desaparición forzada de mujeres embarazadas y expresamente de personas nacidas durante la desaparición forzada de la madre e impone penas de prisión perpetua. “No se pretende la aplicación de esa ley –aclaró el fiscal–, sino sólo ejemplificar sobre la gravedad con la que en la actualidad los poderes del Estado consideran estos delitos. Así como existen los delitos de bagatela, existen estos delitos que hacen estallar los máximos penales: una sola desaparición es tan grave como para imponer una pena máxima.”

En concreto, los cargos dividieron a los acusados en dos grupos: Videla, Riveros, Vañek, Franco y Bignone fueron acusados como coautores mediatos, por ocupar los escalones superiores “desde donde emanaron las órdenes”, todos “eran altos jerarcas del sistema represivo”, hombres que estaban por atrás o arriba de los autores directos: “Asignaron personal destinado al equipamiento y aseguraron un sistema criminal para que nadie perturbara a los apropiadores”, fueron indicando las fiscales ad hoc Nuria Piñol y Viviana Sánchez. A Videla se lo acusó por 21 hechos; a Riveros le pidieron 30 años por dos casos; a Franco y Bignone se los acusó por 31 hechos, en otro de los giros del alegato: sus responsabilidades son por el “Documento Final” de la Junta que declaró la muerte de los desaparecidos y por ende la muerte de los niños. Y que prohibía además toda investigación. A Bignone le pesa además la ley de autoanmistía. A Vañek lo imputaron por sustracción, retención y ocultamiento de diez hechos.

Acosta, el prefecto Juan Antonio Azic, el médico Jorge Luis Magnacco, Eduardo Ruffo, Víctor Alejandro Gallo y Susana Colombo fueron descriptos como autores directos. A Acosta se le imputaron once hechos, entre ellos el de Victoria Donda y Juan Cabandié. Para Magnacco pidieron 19 años de prisión por el caso de Cecilia Viñas. Y a Azic, Gallo y Colombo se los acusó además como apropiadores directos porque “mantuvieron la mentira día a día haciéndoles creer a los jóvenes apropiados que eran sus padres”. Para Azic y Gallo, 25 años, y para Colombo, 14 años de prisión.

Un párrafo aparte merece Ruffo. Llegó a este juicio acusado por participar del secuestro y apropiación del hijo de Sara Méndez. Está acusado y condenado por otra apropiación; se le abrió una causa por abusos a esa niña y tiene condenas por delitos comunes. Veintiséis años después del secuestro del hijo de Sara Méndez aportó datos para ubicarlo a él y a Macarena Gelman. Los fiscales ponderaron esa situación como un atenuante y bajaron la pena máxima de 19 años para este caso a 17 años de prisión: “Esa actitud lo pone en un lugar diferente de los otros imputados. Pero también es cierto que eso lo pudo hacer cualquier día de esos 26 años y evitar un inmenso dolor, pero recién lo hizo en 2001”.

Abuelas pidió 50 años de prisión para Videla

En la última jornada de su alegato frente al Tribunal Oral Federal 6, Abuelas de Plaza de Mayo solicitó además 25 años para el represor Juan Azic, 19 años para Santiago Riveros y 15 años para Oscar Franco y para el dictador Reynaldo Bignone. La titular del organismo Estela de Carlotto solicitó por una justicia "inclaudicable", para que "nunca más" se repitan los delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura militar.

"En nombre de las Abuelas de Plaza de Mayo, de los organismos de derechos humanos hermanos, de los 30 mil detenidos-desaparecidos y de la mayoría del pueblo argentino, manifiesto que, sin que nos muevan sentimientos de odio, venganza o revancha, brindamos por arribar a la inclaudicable justicia, que sin dudas consolidará la democracia y asegurará el nunca más", setenció Carlotto.

Antes de entrar en la audiencia, que cerrará la etapa final de alegatos de Abuelas de Plaza de Mayo en el juicio por el plan sistemático de robo de bebés, el abogado del organismo, Alan Iud, explicó que "es difícil evaluar hasta dónde llegan los daños", porque "se suman otros delitos como el ocultamiento y apropiación de los menores y la supresión de sus identidades, mediante la falsificación ideológica de documentos públicos, por lo tanto, "se deben aplicar las máximas condenas" previstas en el Código Penal para los acusados.

Ayer, la querella organizó las pruebas sobre once mujeres embarazadas que parieron en la ESMA y describió el sector de Epidemiología del Hospital Militar de Campo de Mayo, donde parieron secuestradas. Explicaron cómo se establecieron las maternidades clandestinas en estos dos lugares, uno era el centro clandestino más importante de la Marina y el otro del Ejército.

El lunes, inició la parte final del juicio por el plan sistemático de robo de bebes que tiene en el banquillo de los acusados a los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Benito Bignone; el exgeneral Santiago Omar Riveros, el exalmirante Antonio Vañek, el excapitán de la Marina Jorge "Tigre" Acosta, el exprefecto Jorge Azic, el exmarino Rubén Franco y el exmédico del hospital Naval Jorge Magnacco.

El robo de bebés llegó a su tramo final

Los abogados de Abuelas anticiparon al tribunal que esperan un fallo que haga justicia con la magnitud del secuestro y el cambio de identidad de los hijos de los desaparecidos. Videla, uno de los acusados, dormitó y fue reprendido por los jueces.

 Por Alejandra Dandan

Casi al comienzo, un abogado del equipo de Abuelas de Plaza de Mayo les recordó a los jueces parte de lo que quedó pendiente en el Juicio a la Junta Militar. Sólo se juzgó al dictador Jorge Rafael Videla por seis casos de apropiación de bebés y se lo condenó sólo por uno. Eso dejó pendiente una definición de la Justicia sobre el robo de niños como un plan sistemático de la dictadura. “Por eso, señores jueces –pidió el abogado Alan Iud–, por el carácter histórico de este juicio, adelanto que no nos limitaremos a requerir la sanción de los imputados, sino que reclamaremos del Tribunal una decisión acorde con la magnitud de este proceso: que expresamente se declare que durante la dictadura militar se llevó adelante en nuestro país un plan sistemático de apropiación de niños, ejecutado orgánicamente por las Fuerzas Armadas y de seguridad.”

En los Tribunales de Comodoro Py empezó así el primer día de alegatos del juicio por el plan sistemático de robo de niños. La querella de las Abuelas de Plaza de Mayo empezó con este tramo final del juicio en el que se juzga a ocho represores, entre ellos jefes y subordinados de la dictadura. El últimamente locuaz Videla entró a la sala en silencio, esposado, rodeado por hombres del Servicio Penitenciario. Durante las más de seis horas de alegato siguió la lectura de las pruebas con cabeceos que en un momento exasperaron a la presidenta del Tribunal Oral Federal N° 6, la jueza María del Carmen Roqueta: “¿Puede la defensa decirle al acusado que no puede dormir durante el alegato?”, pidió. Reynaldo Bignone, el marino Rubén Franco, el general Santiago Rivero y el prefecto Jorge Azic ocuparon asientos cerca de los apropiadores de Francisco Madariaga Quintela, Víctor Gallo y Susana Colombo. Francisco se sentó en el otro extremo de la sala, dividida por un pasillo que funciona de frontera entre los dos mundos. A su lado, estuvo Estela de Carlotto, que en la apertura los definió como “genocidas y depredadores, peor que los animales, porque todavía reivindican sus crímenes”.

En la sala, delante y detrás del panel de vidrio que separa el público del estrado, se ubicaron los nietos. Paula Logares cerca de su abuela Elsa Pavón, paciente escucha de cada audiencia. Estuvo el ahora diputado Horacio Pietragalla, y entre otros, desde Chaco, llegaron Emilio Goya y también Laura Catalina de Sanctis Ovando.

Antes de enumerar las pruebas de los 35 casos del juicio –26 de los cuales son adultos que recuperaron su identidad– y las dinámicas de los centros clandestinos por donde pasaron sus madres, el equipo de abogados de Abuelas (integrado por María Inés Bedia, Florencia Sotelo, Colleen Torre, Germán Kexel, Emanuel Lovelli, Agustín Chit, Mariano Gaitán, Luciano Hazan y Alan Iud) presentó las líneas generales del plan y las pruebas adelantadas por este diario en su edición del sábado pasado.

“Como bien sabe el Tribunal, este proceso se inició hace más de quince años, con la denuncia de un grupo de Abuelas de Plaza de Mayo, buscando alcanzar un poco de justicia por el despojo de sus nietos de sus legítimas familias –dijo Iud–. En un contexto de absoluta impunidad, era una muestra más de la incansable lucha de esas Abuelas, siempre por las vías legales, por la memoria, la verdad y la justicia.”

Las causas que llegaron a debate avanzaron “sin un criterio claro de selección” y “quedaron afuera potenciales imputados por hechos análogos”. De la mano de las demoras, dijeron, fallecieron muchos acusados con impunidad por este caso, como Emilio Eduardo Massera, Guillermo Suárez Mason o Cristino Nicolaides. Lo mismo sucedió con las abuelas.

Antes de pedirles a los jueces aquella definición jurídica aún pendiente, los abogados subrayaron la enorme cantidad de pruebas que produjo este debate. Acaso la más contundente, explicaron, fue el testimonio de veinte de esos niños apropiados: “Como es evidente, no hay prueba más contundente de la sistematicidad de la apropiación de niños durante el terrorismo de Estado que los relatos de aquellos niños, hoy adultos, nacidos en los centros clandestinos de detención y criados en la mentira”, dijo Iud. Y para enfatizar la idea del plan, agregó que fue parte de una dictadura cuyo “objetivo fue erradicar la construcción de un país distinto”.

“Quien se pregunte si la dictadura militar tuvo por objetivo satisfacer los deseos egoístas de paternidad de algunos oficiales, suboficiales o familias vinculadas con aquéllos estará errando el punto de partida.”

Entre el público se agruparon otros nietos que no están en esta causa y algunos que siguen buscando a sus hermanos. La lectura de pruebas continuará durante el día de hoy y terminará posiblemente esta misma tarde con el pedido de condenas.

Los abogados situaron el primer caso de apropiación en 1976, apenas sucedido el golpe. Y explicaron que con el tiempo, el robo creó sus propias instituciones burocráticas: a partir de mediados de 1977, por ejemplo, aparecieron espacios para las maternidades clandestinas en el Hospital Militar de Campo de Mayo y en la ESMA.

Los militares “tomaron la decisión de que los niños no fueran devueltos a sus familias muy tempranamente”, dijeron. La separación se produjo de las más diversas formas: principalmente, por medio de la entrega a familias de represores o allegados, que los anotaron como hijos biológicos; en algunos casos excepcionales los entregaron a familias de las cuales no se conocen vínculos con el terrorismo de Estado o a través de procedimientos de adopción como mecanismo de “blanqueo”.

“Veremos, entonces –dijo el equipo–, que la suerte de estos niños estuvo atada a la de sus padres. Así, aquellas mujeres que dieron a luz en cautiverio, pero que fueron liberadas, como Paula Ogando, Celina Galeano o Marta Alvarez, no sufrieron la apropiación de sus hijos. En cambio, aquellos niños nacidos en cautiverio y cuyas madres continúan desaparecidas, no fueron entregados a sus familias. Esto se debe, precisamente, a que la sustracción sistemática integró el plan sistemático de desaparición de personas.” La devolución implicaba reconocer la existencia de los secuestrados, por eso “pretendieron que esas criaturas jamás llegaran a manos de sus familiares, así los convirtieron en desaparecidos en vida y con ello continuaron perpetrado la desaparición forzada de sus madres”.

Entre otras pruebas, mencionaron el memorándum de 1982 escrito por Elliot Abrams, funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, luego de entrevistarse con el embajador argentino en Washington. Abrams proponía la mediación de la Iglesia para intervenir en estos casos. “Parece ingenua esa mención –dijo Iud– porque la Iglesia era plenamente consciente de la apropiación de niños, llegando a tener varias instancias de complicidad como diremos en este alegato.”

Descarta ex dictador argentino declarar en juicio por robo de bebés

Uno de los máximos represores que tuvo este país sudamericano fue enlazado este jueves por videoconferencia con el tribunal que está a cargo del caso.

El ex dictador argentino Jorge Rafael Videla se negó a declarar hoy en el juicio que se sigue en su contra por el robo de bebés nacidos en cárceles clandestinas durante la última dictadura militar (1976-1983).

Uno de los máximos represores que tuvo este país sudamericano fue enlazado este jueves por videoconferencia con el tribunal que está a cargo del caso ya que se encuentra internado en el Hospital Militar.

Videla optó por el silencio ante los cuestionamientos de los jueces María del Carmen Roqueta, Julio Luis Panelo y Domingo Luis Altieri en torno a la causa denominada “Plan sistemático”.

El ex presidente de facto, de 85 años de edad, comenzó a ser juzgado el 28 de febrero pasado junto con otros siete represores por el sistemático robo de bebés nacidos en cárceles clandestinas, entre ellos la nieta del escritor Juan Gelman.

Luego que en 2005 se reanudaran los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos en Argentina, Videla pudo ser condenado en diciembre pasado a cadena perpetua por el secuestro, tortura y, en la mayoría de los casos, asesinatos de 63 personas.

... y los archivos sin abrir...

La Iglesia presente

Por Alejandra Dandan

La sala del recinto de audiencias del juicio por el robo sistemático de bebés apenas tenía a unos pocos sentados en la zona del público. La abuela de Paula Logares, Elsa Pavón, era la única que ocupaba las dos primeras filas. Como sosteniendo un espacio que le reporte finalmente la justicia que todavía le debe el Estado, permaneció en silencio. Y sólo dijo algo sobre la Iglesia, de cómo sus autoridades se lavaron las manos en 1983, cuando con el último aliento, la Junta de Comandantes buscó con el documento de autoamnistía el modo de perpetuar la impunidad también en el robo de niños.

Elsa dijo aquello de la Iglesia cuando los integrantes del Tribunal Oral Federal Nº 6 anunciaron que no llegaría a declarar el último testigo programado para el debate. El abogado Juan José Prado es un antiguo integrante de la APDH, que en aquellos años les exigió sin éxito a los represores que se dispongan a resolver antes de la salida el tema de los niños entregados a las familias de militares y de personas cercanas. Y que para ello podrían pedir la mediación de la Iglesia. Prado, que fue integrante de la Comisión de Vedia que investigó al comienzo de la democracia el robo de niños, no se presentó, pese a que se sabe que quiere hacerlo, porque de momento no lo encuentran en su domicilio. A uno de los abogados querellantes que se sentó a su lado, Elsa le susurró, entonces, aquello de que la Iglesia no se opuso a participar en el robo de los niños, pero que puso objeciones para mediar en las restituciones.

Con esa situación de fondo, mientras se aguarda que aparezca el testigo, se anunció que Simón Riquelo, el hijo de Sara Méndez, finalmente consiguió por vía judicial la restitución de su nombre verdadero en su documento de identidad y la corrección también del de su hijo. Y además, el fiscal Martín Niklison pidió la incorporación por lectura de varios testigos clave de la causa que están muertos. Entre otros, las múltiples declaraciones de Adriana Calvo y las de Juan Carlos “Cacho” Scarpati.

Para encontrar al mellizo

Oscar Kopaitich declara en la causa por la apropiación del mellizo Valenzuela-Negro.
Organizados para vender a los bebés

El testigo está citado para mañana, en Paraná. Contó que en Rosario funcionaba una estructura dedicada a la comercialización de chicos nacidos en cautiverio durante la dictadura. Ratificó que el suicidado Paúl Navone se quedó con el niño.

 Por Juan Cruz Varela

Desde Paraná

La investigación sobre el destino del mellizo varón de Raquel Negro y Tulio Valenzuela continúa su curso en el Juzgado Federal de Paraná y mañana declarará por videoconferencia Oscar Natalio Kopaitich, un militante peronista residente en Barcelona. Se trata de un militante de la JP, enrolado en la denominada Tendencia Peronista, a quien Eduardo Costanzo mencionó durante el juicio realizado el año pasado como alguien que podría tener datos sobre el destino que tuvo el chico. En diálogo con Rosario/12, Kopaitich adelantó detalles escalofriantes sobre el funcionamiento de una estructura dedicada a comercializar a los hijos de desaparecidos, algo que de comprobarse abre un panorama inédito sobre el plan sistemático de robo de bebés. Lo cierto es que después de muchas idas y venidas, finalmente Kopaitich declarará mañana, desde la embajada argentina en Madrid, a través de un sistema de videoconferencia, en la causa que se tramita en Juzgado Federal de Paraná como "NN López", que se inició para establecer el paradero del mellizo.

Además, Kopaitich agregó más datos a la sugerencia que Costanzo dejó picando durante el juicio y ratificó sus sospechas sobre Paúl Alberto Navone, un agente de inteligencia que apareció muerto el 25 de febrero de 2008, el día en que debía presentarse a declarar como imputado en la causa que se investigaba en Paraná.

-¿Cómo se enteró de la historia de Raquel Negro y Tulio Valenzuela?

-En 1978 yo estaba muy involucrado con la Juventud Peronista y me avisaron que era prudente que me fuera del país por un tiempo. Estuve en Italia el tiempo necesario como para que se fregara la cosa conmigo y luego pude volver. Cuando volví, me encontré con un compañero en quien yo confiaba muchísimo, que hoy está fallecido, que me contó lo que había pasado con Tucho Valenzuela y de su arreglo con (el jefe del Segundo Cuerpo de Ejército, Leopoldo) Galtieri. Así me enteré absolutamente de todo: lo que pasó en la Quinta de Funes y el paso de los detenidos por la Escuela Magnasco hasta tanto (Juan Daniel) Amelong acondicionara un campo de su familia, que se llamó La Intermedia, que está exactamente enfrente de la estación de servicios YPF, sobre la autopista Rosario-Santa Fe, muy cerca del río Carcarañá.

-¿Le contaron también lo que había pasado con los mellizos?

-Sí. Esto es tan terrible que parece alucinante. A Navone se le ocurre quedarse con el varón, pero no con la nena. A la nena la llevaron Amelong y (Walter) Pagano hasta Rosario y la dejaron en el Hogar del Huérfano. Pusieron un escarbadientes en el timbre que está sobre la calle Maipú para que las monjas se vieran obligadas a recogerla y ellos poder escapar. En cuanto al chico, nació con algún problemita de salud, que no era nada serio, sino algo que suele ocurrir en los partos múltiples, porque tragó un poquito de líquido amniótico. Por eso dijeron que tenía problemas, que se había ahogado y había nacido muerto. Eso es mentira. Es un invento de Navone para quedarse con el niño. Lo atendieron en el Instituto Privado de Pediatría hasta que salió del cuadro y de ahí fue a parar a la casa de Norma Ramos, que era una celadora de la Policía de Menores de Rosario y tenía una casa en la zona sur, en los aledaños de Uriburu y Oroño, adonde iban a parar todos los bebés para después negociarlos. De eso se ocupaba una abogada, Leyla Perazzo, y el precio variaba según las características fisonómicas de los chicos. Ahí fue a parar el hijo de Raquel Negro y de ahí lo sacó Navone.

-De esta respuesta se infiere que había un grupo dedicado a la comercialización de bebés. ¿Solo lo hacían con hijos de desaparecidos o había una red más amplia?

-Bueno... la segunda parte de la pregunta involucra el contenido de la primera también. Y debo decir que no. Era solo una parte de la logística con la que contaban para el caso de los hijos de desaparecidos y aquellos que sobrevivían a enfrentamientos armados. Ese era el método que utilizaban en esta área, no sé como operaban en otras regiones. Aunque también hay casos de chicos que fueron entregados a sus familias.

-¿Qué relación tenían Ramos y Perazzo con la patota del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario?

-(Risas) Eran miembros de la patota y se valían de su condición de policías. Por supuesto que también recibían algunos aportes adicionales en su sueldo por esta función tan importante que desempeñaban.

-Se sabe que Amelong y Pagano se llevaron a la nena, pero ¿quien llevó al varón a esa casa?

-No lo sé. Quién se llevó al niño a la casa de Norma Ramos, no lo sé.

-¿Por qué Navone querría apropiarse del varón siendo que ya tenía hijos?

-Sí. Lo de Navone en relación con Raquel Negro también es muy tétrico. Cuando a Raquel Negro la ingresaron en el Hospital Militar de Paraná, estuvo con cuidados especiales hasta que se produjo el parto, pero después había que cumplir la orden de Galtieri de fusilarla, porque ese era el costo que debía pagar por la traición de Tucho Valenzuela. Como Amelong y (Pascual) Guerrieri sabían que Navone quería quedarse con el niño, lo obligaron a fusilarla. Entonces la llevaron a los fondos del hospital, prácticamente desnuda, con ella sosteniéndose el vientre todavía, y Navone pidiéndoles a Amelong y Guerrieri que fueran ellos quienes la maten. Pero los otros lo obligaron a que lo hiciera y Navone la fusiló con un tiro en la frente. Por eso ella volvió a La Intermedia desnuda y con una bolsa de nylon en la cabeza, para que no les ensuciara el baúl del Peugeot 504, que manejaba Marino González. Parece kafkiano, pero fue así. Y ahí fue entonces que le entregaron el niño. Pero el que tuvo que apretar el gatillo fue Navone.

La edad de la inocencia

El relato de los hermanos Magariños sobre el secuestro de su familia.

Primero fue el padre. Y al mes, en una noche fría de junio de 1976, la madre. La patota volvió a la madrugada y se llevó a los hermanos, de entre 14 y dos años, para arrojarlos por años al sistema de orfanatos oficiales.

 Por Alejandra Dandan

Jorge “Tachuela” Magariños es un hombre de cincuenta años que se parte en lágrimas. Busca un respiro en su vaso de agua, mientras otra vez se mete en la historia que acaba de contarle al fiscal federal de San Nicolás, Juan Murray. El secuestro de su padre y, un mes más tarde, en el infierno de junio de 1976, la patota precipitándose en la madrugada de un barrio obrero de San Pedro. Se llevan a la madre y él llora cuando dice que todavía se acuerda cuando ella le dijo antes de salir con lo puesto, a él, de catorce años, uno de los cuatro hermanos de la casa, “cuidá a los más chicos”.

“Vamos a ver... –dice Tachuela–. Yo sé que mis padres militaban, no sé qué o en qué, pero participaban. Sucedió lo que sucedió, primero lo llevan a mi papá, aunque yo le digo mi papá porque él me crió, pero tengo otro apellido. Lo llevan de mi casa. Por lo que tengo entendido, un mes antes que a mi mamá. A ella la vienen a buscar a la madrugada, serían la una o las dos, lo que pasa es que han pasado 35 años... No me gusta acordarme de estas cosas, me hacen volver a vivir lo que viví en esa época.”

Apuntalado por los organismos de derechos humanos de San Pedro, por Orlando “Naico” Brambilla, militante del foro por la memoria de San Pedro, y por Ana Sarchione, docente de la UBA, Tachuela presentó su declaración ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación motivado por la reparación que el Estado ofrece a los hijos que vieron el secuestro de sus padres. Tachuela no sólo vio, también fue secuestrado con sus hermanos.

“Eso sí lo recuerdo –dice–, teníamos un perro cuando la fueron la buscar a mi mamá. Entraron como Pancho por su casa, todos armados. Mi mamá se levantó asustada porque estábamos mis tres hermanos y yo. Mi hermano más chico tendría un año y medio o dos. Eramos todos chicos. Entraron, lo recuerdo bien, me quedó grabado en la mente: estaban armados, eran diez, dejaron tres o cuatro coches en el frente, mi mamá andaba en calzones y sacaron las armas.”

El perro Piti se lanzó encima de los recién llegados. “¡Saquen de encima a ese perro porque lo mato!”, les lanzaron. “A ella la querían llevar así nomás, como estaba en la cama. La dejan vestir porque les pide por favor. A nosotros nos dicen que nos quedemos encerrados. Nos dicen que la llevan para hacerle una pregunta. Y que iba a volver y, claro, era que iba a volver después de cuatro años y medio.”

“Nos dijeron que ahora mi mamá venía, cosa que no sucedió. Con mis hermanos Saúl, de dos años y medio, Fabia, de seis, Daniel, de once, lloramos como locos. Me acuerdo de que mi mamá me dijo antes de irse por ser el mayor: ‘Cuidá a los chicos vos’. Que me encargara de mis hermanos.” “Nos acostamos llorando, nos dormimos y a la madrugada vinieron tres o cuatro autos a buscarnos. Nos dijeron que íbamos a ir con nuestra madre, pero a mis hermanos Saúl y Fabia se los llevaron en un auto y Daniel y yo fuimos en el otro. Nosotros fuimos a parar a la comisaría de San Pedro, de mis hermanos no supimos nada hasta después de casi dos años.”

“Los secuestraron engañados”, escribieron Naico y Ana sobre el caso. Les dijeron que iban a reunirse con su madre y los detuvieron amparados en una falsa denuncia que decía que se habían robado cigarrillos de un almacén.

“Qué sé yo –dice Tachuela–, ahí pasamos no sé cuántos días. Sé que fueron como cincuenta, gracias a Dios que teníamos a la tía Coca que no sé cómo se enteró y nos empezó a llevar comida después de muchos días.”

Tachuela y Daniel comían una vianda que cada tanto les llevaba Coca, que también vivía en el barrio. A los cincuenta días, los metieron en un patrullero camino al juzgado de San Nicolás, donde los entrevistó un juez de apellido Marchetti, les dio café, algún bizcocho o facturas, y los mandó de nuevo a la comisaría.

“De mis hermanos más chicos no sabíamos nada. Esta vez nos pusieron en un calabozo más grande. Había dos mujeres, una llamada Marisa, las cuales nunca vamos a olvidar porque gracias a ellas comimos esos días que mi tía Coca no nos trajo comida porque pensaba, o le habían dicho, creo, que no volvíamos a la comisaría. A la noche tarde, a ellas las sacaban para tener sexo, creo, también vimos el maltrato. Los que las sacaban, uno era Arenel, otro Butti y también el comisario Samoano. Estas señoras nos ayudaban muchísimo, nosotros chiquititos dormíamos con ellas.”

Una madrugada los despertaron. “Nos hicieron bañar con agua fría. Luego de cambiarnos, a Daniel, a mí y a las chicas nos suben al patrullero y nos llevan hasta la estación de trenes de San Pedro. Ibamos en un vagón oscuro, Daniel y yo esposados, los policías Arenel y Pergentil, y las chicas, muchos asientos más adelante. Antes de llegar a Retiro nos sacan las esposas. Después seguimos a Constitución, cerca del mediodía ya estábamos en La Plata en un juzgado de menores y antes de las cuatro de la tarde ya estábamos en el colegio.”

Tachuela le sigue diciendo colegio, pero el Instituto de Menores Melchor Romero seguramente no tenía pinta de escuela.

“Había dos colegios, uno de más seguridad y uno de campo abierto. No sé cuántos días estuvimos, pero sé que me hacían lavar la ropa con mi hermano. Abajo del pabellón había un piletón grande o no sé qué era, y ahí decidimos un día que nos escapábamos. Había un chico de Junín un poco más grande, no mucho porque no sé hasta qué edad se puede estar ahí. Decidimos escaparnos porque era todo abierto. Y no sé de cuál fue la decisión, pero dijimos: nos vamos y nos vamos, y nos fuimos.”
En la vía

“Era la tarde cuando nos escapamos: mi hermano, yo y el chico de Junín que no sé el nombre. Corrimos por una vía. Nos siguieron tres chicos, era gente grande ya, pero no nos alcanzaron. Llegamos por las vías hasta la primera estación, que era Abasto, y nos metimos al tren a La Plata y después Constitución, Retiro.”

El pibe de Junín que tenía algo de plata les dio dinero para volver a San Pedro, y él volvió a Junín: Tachuela no volvió a verlo. Como a una de las dos mujeres de la comisaría, porque de la otra, de Marisa terminó viviendo a tres cuadras. “Seguro que está bien –dice sobre el pibe–. Uno que no quiere estar encerrado, sabe que estará haciendo las cosas bien, sacando cuentas, uno piensa eso.”

En el tren tenían los pantalones sucios. “Estábamos todos mugrientos. Una señora me dice: ‘¿De dónde vienen?’. Y yo le digo ‘de trabajar’, porque tenía el pantalón blanco que estaba todo mugriento.”

Cuando llegaron no pudieron volver a la casa porque alguien la había ocupado. No tenían a los padres, no estaban los hermanos. Caminaron a lo de Coca, que “no nos dejaba salir a la calle por el miedo”. Coca los despertó una mañana y finalmente los llevó a San Nicolás para pedirle a un juez de menores la guarda de todos.

“Y mientras tanto, de mis hermanos no sé cuánto tiempo pasó que no sabía nada. Mi tía Coca no sé cómo se entera un día de que mi hermano estaba en un colegio o en distintos colegios, porque cuando se entera decidimos ir a buscarlos.”

En Buenos Aires, mientras tanto, otra tía, Gladys, hermana de la Elena, la madre de los chicos, los había localizado y los sacaba cada tanto: “Y no sé cómo hicimos pero nos fuimos para Gregorio de Laferrère, pero encontramos la casa de mi tía y le dijimos que los sacara, que nosotros los íbamos a ir a buscar. Cuando volvimos ella no estaba, le dijimos que por favor los sacara, que los trajera, que nosotros íbamos a traerlos otra vez para San Pedro. Con mi hermano vendíamos helado, me acuerdo de que eran Frigor los que vendíamos. Juntamos plata y fuimos y lo trajimos. Nos quedamos con mi tía Coca los cuatro hasta que después de un año y pico salió mi papá”.
El relato de Saúl

“A mí me quedan imágenes vagas. El colegio. Haber lavado las sábanas porque me había orinado, chicos con valijas. Yo veo que son distintos lugares, no es el mismo lugar. Todos recuerdos malos, pienso que por eso, por ahí, mi conducta haya sido mala, no hoy por hoy porque soy otra persona, tengo mis hijos y hago todo por mis hijos. Pero estuve en un penal preso casi cuatro años. Me desperté un día todo lastimado y estaba ahí.”

Saúl tiene una agrupación peronista que con el correr de los años, cuando salieron de la cárcel, sus padres armaron un comedor que ahora es un centro complementario educativo gracias al cual, dicen, comieron durante años.

“Yo sufrí. Mis hermanos hicieron de todo. Vendieron diarios, helados. Mi hermano lustró zapatos, andaba pidiendo. Hasta que mi papá salió. Mi mamá cuando salió juntó a sus hijos para dedicarse a trabajar, compraron un rancho, lo pagaron en cuotas, todo con trabajo, nos criaron ahí. Por eso digo que soy un agradecido de la vida. Antes de que me pasara esto que nos pasó, yo perdí un ojo. Iba al colegio y después me decían: ‘¡El hijo de semita! ¡El hijo del subversivo montonero! ¡Tuerto!’. Cosas que me hicieron mal. Y hoy por hoy la gente me ve de otra manera: hablo con compañeros que le quieren hacer un homenaje a mi viejo. Soy albañil, por ahí trabajo un día sí, un día no, pero tengo a mi mujer con trabajo seguro, comida a mis hijos no les falta. Yo pedí una pensión pero para el Estado no soy discapacitado, pero para trabajar en una fábrica sí. Aún así sigo para adelante. El objetivo es que esto no le tiene que pasar a nadie más en el mundo. Por lo menos en mi país. No era de una familia de delincuentes, sino de trabajadores, de gente de muy humilde.”
La historia de Fabia

“Tenía seis años cuando a mi mamá se la llevaron. Yo estuve en un lugar que sería un colegio, porque había chicas. Ahí dormí, nunca en un colegio fijo. Siempre me acuerdo de que dormía en distintas camas; me acuerdo de calles de adoquines. Que era la más chica y me hacían subir a la cuarta cama y las chicas se reían y me tiraban almohadones. En el último colegio estuve más tiempo, donde me fueron a buscar mis hermanos, primero me buscaron por todos lados, las camas estaban todas en hilera. En la punta del pabellón había una monja que siempre se sacaba el hábito de la cabeza a la noche, yo siempre tenía la mirada fija ahí. Yo era la encargada de sacar las sábanas y llevarlas al lavadero. Y a la siesta una monja me sacaba los piojos, todas las tardes. Me arrodillaba y ella me sacaba los piojos. Si no hacías las cosas te ponían de rodillas en penitencia. Y así capaz que estabas todo el día. Una vez me pusieron así porque no llegué a sacar todas las sábanas del pabellón porque para todo eran dos filas y eran largos los pabellones. Cuando me dijeron ‘vino tu familia’, todavía me acuerdo. Me dijeron: ‘Vino tu familia a buscarte’. Como a más de un año me fueron buscar y yo no los conocía. Decía que no, que no, que no eran mi familia y la monja que sí, me insistía y yo no les creía hasta que nos trajeron a San Pedro, fuimos a la casa de la tía Coca. Y así..

Los registros de un secuestro familiar

Aportan un documento secreto del Grupo de Tareas de la ESMA 

El documento fue entregado por la periodista Analía Argento. Da detalles sobre la desaparición de los Ruiz Dameri: los padres y los chicos de 4 y 2 años llevados a la ESMA, donde nació la niña más pequeña, apropiada por el prefecto Juan Antonio Azic.

 Por Alejandra Dandan

“A raíz de las operaciones de inteligencia que personal de este grupo de tareas realiza en zona de fronteras juntamente con personal de PNA; Operación ‘S’ ‘Yacaré’ el 040680 fue detectado el DTB (n.d.r.: delincuente terrorista montonero) NG (nombre de guerra): ‘Carlos’ o ‘Chicho’; NL (nombre legal): Orlando Antonio Ruiz, que se dirigía a la Ciudad de Buenos Aires en compañía de sus dos hijos de 4 y 2 años de edad y de su esposa la de DTM MG: ‘Victoria’ NL: Silvia Beatriz Dameri de Ruiz.”

El informe continúa. Escrito en máquina de escribir, está encabezado por las ahora formas fantasmales de la Escuela Mecánica de la Armada GT 3.3.2 (ver imagen aparte). El documento se presentó durante el juicio oral por el plan sistemático de robo de bebés. Es parte de la información que recogió para su investigación de los niños apropiados durante la dictadura la periodista Analía Argento en su libro De vuelta a casa. A pedido de los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo y de la fiscalía que encabeza Martín Niklison, el Tribunal Oral Federal 6 convocó a la periodista para hablar de ese documento que confirma que existen archivos de las fuerzas de seguridad, o que las fuerzas de seguridad dejaron claramente asentados los pasos que iban dando en su convencida lucha contra la “subversión”. Y, en el marco de esta causa, reconocen que con los adultos fueron secuestrados además los niños.

“Cuando vimos el documento, pedimos que acompañara como prueba la causa del plan sistemático y además la causa que por la identidad de Laura Ruiz Dameri”, dice el abogado Alan Iud de Abuelas de Plaza de Mayo en referencia al juicio que todavía está pendiente por apropiación de una de las niñas que nació en la ESMA y avanza contra el ex prefecto Juan Antonio Azic. “Ese documento revela por un lado que hay archivos de inteligencia del terrorismo de Estado, no sabemos dónde, pero están, es una muestra más de que cuando los jueces detienen a los imputados deberían, por ejemplo, sin excepciones, allanar sus domicilios y domicilios asociados. Por otro lado, muestra documentación precisa del momento en el que los detuvieron señala que no hubo una persecución azarosa sino que todo fue planificado y finalmente que sabían que estaban secuestrando a unos chicos.”
El documento

Analía Argento tuvo una certeza del valor que tenía ese documento que le dio una de sus fuentes cuando lo consultó con el Equipo Argentino de Antropología Forense. El texto revela el día preciso del secuestro de los Ruiz Dameri, del que hasta ese momento sólo se sabía que había sido a comienzos de junio de 1980, mientras volvían por segunda vez al país en el marco de la Contraofensiva de Montoneros. Además, es un prueba de los mecanismos de tortura, llamados evasivamente “interrogatorios”. Y, entre otras cosas, confirma el “cerrojo” que tendieron a la organización los militares argentinos en coordinación con las fuerzas de seguridad de los países asociados al Plan Cóndor.

“Luego de producirse la detención de la totalidad del grupo familiar –dice el documento– 17.15 hs aproximadamente y practicado los interrogatorios iniciales se desprende: 1. Tanto el NG ‘Carlos’ como NG ‘Victoria’ realizaron el curso de TEI (n.d.r.: tropas especiales de infantería) en Líbano (abril/junio de 1979); 2. Realizaron el curso TEA (n.d.r.: Tropas especiales de agitación) en México (principios de 1980). También explica que en su equipaje encontraron documentación en blanco y sellos de goma.”

Hacia el final, señala: “Se recomienda no difundir la presente información y manejarla con suma discreción ya que este grupo de tareas continúa con la investigación del caso en cuestión a los efectos de poder determinar las conexiones con otros DT ya sea del país como del exterior”.
Los Ruiz Dameri

Víctor Basterra es uno de los sobrevivientes que vio a los dos niños adentro de la ESMA. Una vez se asomó a un pasillo del centro clandestino y vio a Marcelo correr a toda velocidad. Atrás lo corría su hermana más chica montada en un par de guillerminas.

Silvia y Orlando habían logrado escaparse a Brasil, de Brasil se fueron a Suiza, donde nació María de las Victorias. De Suiza viajaron a Madrid, les dejaron los niños a una pareja de compañeros para llevarlos a Cuba. Y ellos viajaron al Líbano donde Montoneros, dice Analía, tenía un acuerdo con la OLP para hacer los entrenamientos militares. En aquel momento, María Cristina se sacó una foto que todavía guarda María de las Victorias: “Para mis chiquitos hermosos –escribió ahí–, de mamá que los quiere y extraña mucho”.

Desde el Líbano hasta el secuestro pasó tiempo todavía. Y discusiones políticas adentro de la organización. Los dos entraron a Argentina para la primera etapa de la Contraofensiva, lograron irse otra vez, viajaron a México y Cuba y volvieron al país con los niños. Querían instalarse en uno de los barrios para dedicarse a la tarea de agitación política. Nunca pudieron llegar.

Silvia estaba embarazada en ese momento. Basterra no volvió a ver a los niños hasta que los encontró en una fotografía.

“Aún hoy a Basterra lo persiguen las imágenes de todo lo que vio mientras estuvo allí detenido”, dice Argento en el libro. “No olvida aquellas fotos que reveló un día. No sabe quién las sacó aunque supone que fue el suboficial ‘Willy’, el encargado de atender a los chicos y de llevar y traer cosas para los detenidos que eran trasladados a otros lugares aunque seguían bajo la órbita de los grupos de la ESMA, como era el caso de aquella familia. Bajo la tenue luz roja de la oficina del sótano aparecieron, sumergidas en el líquido revelador, las caras de los mismos chiquitos que vio un día corriendo y de su hermanita recién nacida. El nene y la nena estaban sentados junto a su mamá, que le daba la teta al bebé. Parecía la foto de un álbum familiar. Con asombro vio más: los chicos jugando, los chicos corriendo, la mamá abrazando a sus hijos en un jardín con plantas y hasta una piscina en el fondo. Reconoció en las imágenes la Quinta Pacheco, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, donde los marinos llevaban a algunos detenidos. El había estado allí y también había estado en una isla en el Delta del Tigre cuando trasladaron a los detenidos para que no fueran vistos durante la inspección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1979”.

Lo que sucedió después es tal vez más conocido. Los marinos alejaron de Buenos Aires a los dos hijos más grandes. A Marcelo lo dejaron en la puerta de la Casa Cuna de Córdoba con un cartel: “Soy Marcelo –decía–. Mi mamá no puede cuidarme. Que Dios los ayude. Gracias”. Todavía hoy se acuerda algo de aquel viaje. La idea de un Peugeot 404 bordó, el mismo Willy ubicado como chofer y una fecha de diciembre de 1980, casi seis meses después de la detención. A Laura también le pusieron un cartel, pero la dejaron en Rosario. Los dos fueron adoptados legalmente. El recuperó su identidad en 1989; su hermana, que cuando le preguntaban qué quería decía: “un hermano más grande”, la recuperó en 2000.

Azic se apropió de aquella niña recién nacida en la Esma. Laura recuperó su identidad en 2008. Creció al lado de la diputada Victoria Donda, también apropiada por el prefecto.

Delia Pons: Una jueza cómplice de la dictadura que murió impune (como tantos otros)

María Felicitas Elías

María Felicitas Elías, asistente social. 

Las complicidades de la jueza Pons

 Por Alejandra Dandan

El juzgado civil de Marta Pons en la dictadura. Una conversación con Ramón Camps. El momento en el que la jueza rompe el documento de un bebé de nueve meses con síndrome de down buscado por Abuelas de Plaza de Mayo. La orden de internar a los hermanos Ramírez en el Hogar Belén porque eran hijos de “un montonero que traicionó la Constitución argentina”. Esos fueron algunos pasajes que describió en el juicio por el plan sistemático de robo de bebés María Felicitas Elías, la asistente social que trabajó en el juzgado de la ya muerta jueza Pons durante la dictadura.

Alguna vez, después de la visita al juzgado de Chicha Mariani y Estela de Carlotto, María Felicitas escuchó una conversación entre su entonces jefa y el jefe de la Policía Bonaerense, Ramón Camps. “Estuvieron las viejas”, le dijo. Eran principios de los ’80. “Les dije que no tengo ningún chico de los que buscan.”

Las abuelas dejaron carpetas con datos y fotos de chicos, entre ellos Emiliano Ginés, el bebé de nueve meses con síndrome de down que llegó al juzgado en los brazos de un policía bonaerense con el documento colgado en el pecho. “La jueza sale de su oficina en ese instante, yo estaba ahí –dijo María Felicitas–. Rompió el documento y lo tiró al tacho de basura.” El bebé fue internado en el hospital Sor María Ludovica, donde falleció meses después.

Otro caso en el que Elías tuvo intervención directa fue el de los tres hermanos Ramírez, derivados al juzgado luego de que los militares ametrallaron a su madre y detuvieron al padre. “Los pedía una tía paterna, la visité y redacté un informe a favor de darle la guarda, pero la jueza me llamó a su despacho y me dijo que no era lo que esperaba, que eran hijos de un paraguayo montonero que había desafiado la Constitución Nacional y no merecía recuperarlos”, recordó. Los niños recién pudieron reunirse con su padre en Suecia en democracia.

Los jueces preguntaron por otros jueces de menores, entre ellos el actual integrante del Tribunal Oral Federal 3º, Guillermo Gordo, ex yerno de Pons y quien como presidente del TOF 5 absolvió a tres de los cinco acusados en el juicio de jefes de áreas. “Trabajaba con nosotros, primero fue oficial mayor, luego secretario y el papá de Guillermo era general.” También nombró a “Raúl Donadio, actual juez de Menores”.

“Los juzgados de Menores de la época no tenían alzada –explicó–: una decisión del juez definía el futuro de los niños hasta la mayoría de edad, era un modo de intervención perverso.”

La jueza Pons se jubiló en 1984 y murió en 1994. Hacia el final del período de trabajo, a Elías le tocó intervenir en la adopción que hizo, en democracia, Magnetto. “Dijeron que él y su esposa un domingo por la mañana estaban circulando por la avenida Pavón y, en un semáforo, una mujer les golpeó el vidrio y les entregó una bebé.”

Declaración del nieto Ezequiel Rochistein Tauro

“Venir acá para mí fue liberador”

A mediados de diciembre pidió la rectificación del documento de identidad y ayer se presentó ante el tribunal con sus verdaderos apellidos. Dijo que saber quién era “fue como sacarme varias mochilas de encima”.

 Por Alejandra Dandan

La presidenta del Tribunal Oral Federal 6 preguntó los datos de protocolo. Esas respuestas no suelen ser, sin embargo, nada sencillas cuando la silla de los testigos la ocupa alguno de los hijos de los desaparecidos, apropiados por la dictadura y reaparecidos. María del Carmen Roqueta le hizo a Ezequiel las preguntas de siempre. “¿Nombre?”, dijo. Y él respondió medio en broma, medio en serio: “¿El actual? ¿O el que tenía?”. Y siguió: “Soy Ezequiel Rochistein Tauro y anteriormente era Vázquez Sarmiento”. Cuando la pregunta fue sobre su fecha de nacimiento, Ezequiel entonces dijo: “El 1º de noviembre de 1977, creo”.

Ezequiel está casado, es abogado, aunque durante un tiempo estudió Economía, como lo había hecho su padre biológico. Es hijo de María Graciela Tauro y del “Hippie” Jorge Daniel Rochistein, dos militantes de Montoneros desaparecidos el 15 de mayo de 1977. Ezequiel nació en la ESMA. Su historia se conoció en septiembre de 2010, cuando después de diez años de intentos, la Justicia terminó de confirmar los datos de su filiación. El no quiso hacerse el ADN cuando se lo ofreció la jueza María Servini de Cubría y luego Rodolfo Canicoba Corral. Ezequiel, para entonces, era abogado civil de la Fuerza Aérea, el arma de su apropiador. Después de idas y vueltas, Canicoba ordenó un allanamiento en su casa. Se llevaron ropa que era de un amigo. Al final, terminó entregando prendas más personales, obligado, en el despacho del juez. Recién ahora, a mediados de diciembre, pidió la rectificación del documento de identidad.

Ayer, en la sala de audiencias del juicio por el plan sistemático de robo de bebés, habló corto. Y poco. Apretado. Cuando le preguntaron qué significó después de todo para él saber quién era, dijo: “Fue como sacarme varias mochilas de encima; la verdad, es complicado, pensás que sos una persona, pero sin embargo sabés que te tira para otro lado. Yo lo estoy procesando. Pero la verdad es que fue liberador”.

Casi al final de la audiencia, Roqueta volvió sobre el asunto. “¿Estaba muy enojado usted con todo eso?”, le preguntó. Pero él dijo que no. Que no era enojo lo que sentía. “No dar sangre era por la imputación del delito que podían hacerle a mi mamá (de crianza). Eso me motivó a estar así, después hubo un click, después de tener un hijo uno se da cuenta y se pregunta qué hubiese hecho en esa misma situación. Uno va elaborando y poniéndose del otro lado. Pero enojado no, nunca estuve enojado.” Y al final, entonces, antes de levantarse de la silla, también él volvió a ese punto: “Venir acá –explicó– para mí fue liberador”.

A la ESMA

María Graciela estaba embarazada de cuatro meses y medio cuando la secuestraron. La levantaron con el Hippie en la zona de Hurlingham. Los llevaron a la Comisaría 3ª de Castelar. A ella la vieron en la Mansión Seré y más tarde, para el alumbramiento, en la ESMA. El apropiador de Ezequiel fue Juan Carlos Vázquez Sarmiento, entonces suboficial de la Fuerza Aérea, hoy todavía prófugo de la Justicia.

“Nunca tuve dudas. Pensé que era hijo biológico de ellos. Mi vieja de crianza, a la que considero mi vieja, tiene problemas de salud, tiene cáncer; empezó con problemas en el ’97, en el ’99 o 2000 le iban a hacer una operación complicada, así que me dice que a pesar de que me crió con todo el afecto y el amor, yo no era hijo de ella. Que no eran mis padres biológicos”, contó Ezequiel, que dice que no habló del tema con Vázquez Sarmiento. Afirma que estaba separado de Stella Maris desde hacía dos o tres años y él había dejado de verlo.

“A pesar de que me hizo ruido el tema, con la enfermedad de ella no quería presionarla, y nunca mastiqué el tema hasta que Servini de Cubría me llama al juzgado para ver si quería dar sangre porque podía ser hijo de desaparecidos. Voy al juzgado y me presento. La situación no se entendía bien, mi vieja estaba muy nerviosa. De lo que me acuerdo es de que me recibe la jueza, me pregunta si quería acceder al análisis de sangre. Yo le pregunté qué puede llegar a pasar con mi vieja; ella me dijo que estaba imputada. Entonces le respondí: ‘No quiero seguir con esto’.”

Para febrero de 2002, vio por última vez a Vázquez Sarmiento. “Yo le dije que prefería no verlo más que verlo preso. Y ésa fue la última charla que tuvimos.” Lo que le dijo Stella Maris es que “había aparecido en la cama matrimonial de ella, que era muy bebito. Que desde ese día me quiso como un hijo. Y en realidad, como está mal psicológicamente no tengo oportunidad de hablar”.

Durante el relato, Ezequiel habló de arbitrariedades del represor. Y del extraño momento en el que se enteró de que un suboficial cercano a Vázquez Sarmiento llamado Julio César Lestón aportó los datos a Abuelas de Plaza de Mayo para su recuperación.

“Yo de chico (a Vázquez Sarmiento) siempre lo vi en una oficina. Primero estaba en el Estado Mayor Conjunto, siempre en el Edifico Cóndor. Yo iba, él me llevaba. Después lo trasladan a Morón en una regional de Inteligencia.” No sabe si alguna vez en su casa escuchó algún comentario sobre la dictadura militar. “Lo que sí –dijo– me quedó grabado es que la persona que denuncia que yo... bue... que él me apropió, iba a ser mi padrino, porque eran compañeros de promoción o de la Regional.”

Lestón declaró en la causa de robo de bebés. En el debate reconoció que participó del operativo de secuestro de los padres de Ezequiel, aunque negó que supiera cuál sería el destino. No se sabe si tuvo algún rol en su entrega, pero la idea de que Vázquez Sarmiento lo haya pensado como padrino lo asocia a varios de los casos del juicio, en el que una y otra vez aparecen escenas en las que los apropiadores les otorgan el lugar de padrinos a quienes tuvieron algún rol en la distribución de los niños.

Lo que sucedió más tarde con Ezequiel es conocido. Para cuando el juzgado obtuvo sus datos de filiación, Ezequiel seguía en la Fuerza Aérea. La entonces ministra de Defensa Nilda Garré lo llamó para darle la noticia. Pese a todo, la idea de saber quién era fue un alivio: no lo tomó mal, dijo. “Sabía que hice todo lo posible y que no dependía de mí, así que con eso sentí que uno se va sacando un par de mochilas que va teniendo.”

Las “panzonas” que pasaron por La Perla

Testimonio de Teresa Meschiatti en el juicio por el plan sistemático de apropiación de bebés.
 

La sobreviviente del centro clandestino que funcionó en Córdoba contó que allí vio a María del Carmen “Pichona” Moyano de Poblete embarazada y que en algún momento de abril o mayo de 1977 la trasladaron a la Escuela de Mecánica de la Armada.

 Por Alejandra Dandan

“Yo nunca me hubiera imaginado que se podía tener a una mujer a término del embarazo, robarle el hijo y después matarla; y eso que estuve dos años, tres meses y tres días en un campo de concentración.” Teresa Celia Meschiatti declaró en el juicio por el plan sistemático de apropiación de bebés de la dictadura. Sobreviviente del centro clandestino de La Perla, ubicado en la provincia de Córdoba, Meschiatti recordó a las embarazadas de La Perla a quienes los detenidos-desaparecidos empezaron a nombrar como “las panzonas”. En especial habló de María del Carmen “Pichona” Moyano de Poblete, uno de los casos de este juicio, a quien en algún momento de abril o mayo de 1977 trasladaron de Córdoba a la Escuela de Mecánica de la Armada. Las preguntas sobre por qué llegó a parir a Buenos Aires, los alumbramientos en el Hospital Militar de Córdoba y el nombre de quién pudo haber sido el contacto entre el centro clandestino del III Cuerpo del Ejército y los marinos forman parte de las cosas sobre las que Meschiatti se sigue preguntando.

Teresa Meschiatti se presentó como divorciada, nacida en el ’43, jubilada en Suiza, el país al que se fue y donde trabajó hasta 2007 antes de volver a la Argentina. Cuando uno de los jueces del Tribunal Oral Federal Nº 6 se lo preguntó, explicó que militó en Montoneros. Cayó secuestrada en una cita el 25 de septiembre de 1976. Durante más de un año pensó que iban a matarla porque así se lo dijeron en La Perla. Sobrevivió y declaró ante la Conadep, en España, en Italia y en los juicios que se fueron abriendo en el país: Córdoba, Rosario y ayer en Comodoro Py. Cuando la presidenta del TOF Nº 6 le preguntó protocolarmente si tenía algún interés en el resultado de la causa, dijo por qué estaba ahí: “Solamente conservar la memoria de los treinta mil desaparecidos es lo único que me mueve a seguir testimoniando”.

Mientras el juicio oral ingresa en la última fase de testimonios, con su relato, Meschiatti planteó por primera vez –en el marco del debate– lo que sucedió en el centro clandestino más importante de Córdoba. Las distintas fuerzas de la dictadura concentraron ahí, como dijo ella, a la mayor parte de los militantes políticos de la zona, sin distinguir si eran prisioneros de una o de otra de las armas. En el contexto del juicio, La Perla es el espacio por donde pasó Pichona Moyano de Poblete antes de llegar a parir a la ESMA. Ella y su hija siguen desaparecidas.

Las razones por las que Pichona llegó a la ESMA son parte de los secretos que todavía guardan los represores. El traslado a Buenos Aires podría ser parte de la forma en la que la dictadura hacía mover a los prisioneros para sacarles información. O puede reforzar la certeza de que la ESMA funcionó como “caja receptora” de parturientas de otros centros clandestinos del país. Eso de todas formas en este caso no está claro, porque cuando Pichona llegó a la ESMA aún no funcionaba la maternidad clandestina a la que los marinos llamaron “la pequeña Sardá” y fue el lugar donde concentraron a otras prisioneras. El suyo fue el primer parto en el que estuvo Sara Osatinsky. Se hizo en la enfermería y Sara todavía se acuerda de los ruidos de las cadenas mezclados con los gritos del bebé que nacía.

En La Perla, en tanto, Teresa Meschiatti llevaba seis o siete meses secuestrada cuando supo de la presencia de Pichona. Era abril o mayo del ’77. No la vio, pero supo que estaba por otra de las secuestradas encargada de la limpieza y de atender a los que estaban con problemas. “Pichona estaba embarazada a término –dijo Teresa–, con una panza muy elevada, de unos ocho meses. Yo sé que estaba con el marido, los dos habían sido traídos de Mendoza y no sé cuánto tiempo estuvieron, pero estaban detenidos entre los biombos.” Los biombos eran una forma de tabicamiento. Un espacio cerrado en el que introducían a ciertos detenidos que no podían ver ni ser vistos: iban a parar ahí, según Teresa, los que serían trasladados a otro campo o a otro lugar, como para que no pudiesen saber dónde habían estado. O los que se estaban muriendo. A Pichona la iban a trasladar.

“Yo estuve repasando el caso de la panzona, Pichona le decían –dijo Teresa–. Parece que se la llevaron el 1º de abril del ’77, aunque yo en mi primer testimonio digo mayo”, explicó y aclaró lo que dicen muchos testigos. Que no podía ser precisa con las fechas porque “un secuestrado no es un empleado público que da entrada y salida a lo que ve”. Un secuestrado, dijo, sólo recuerda momentos muy precisos. El día que la secuestraron. Las torturas que le dejaron las marcas del III Cuerpo en las piernas. O cuando los militares se aparecieron vestidos con sus capas de gala para saludar a cada prisionero por el Día de la Patria; les dijeron: “Buenos días”, y después salieron a fusilar a dos.

Además de Pichona, Meschiatti habló de otras “panzonas”. Entre ellas, en abril vio a Dalila Bessio de Delgado y en diciembre, a Rita Ales de Espíndola. A Dalila le decían “la panzona número uno”. La habían secuestrado con su pareja, eran de La Falda. A él se lo llevaron por un tiempo a la ESMA. A ella la llevaron a parir al Hospital Militar: “No había posibilidades de tener en La Perla una maternidad Sardá como en la ESMA –dijo Teresa–, no daba el espacio. Nunca trascendió en todo el tiempo que estuvimos, nunca salió la cuestión de que efectivamente hubiera una maternidad en algún lado”.

Tiempo después, apareció Rita Ales con su marido. “El marido salió rapidito, y ella estaba muy preocupada por él, pero ahí hubo una cosa que nos traumatizó muchísimo”, explicó. “El responsable en ese momento era el capitán González, miembro del Comando Libertadores de América. Para la época del parto de Rita nos obligó a limpiar una oficina, que limpiáramos las paredes con lavandina porque la querían hacer tener el bebé en La Perla. Trascendió el dato de que después la iban a tener que matar, cosa que nos llenó de horror: le querían poner una inyección de aire en las venas... Nosotros habíamos visto gente agonizante, pero matar a una persona, jamás. González decidió al final llevarla al Hospital Militar, lo cual al parecer les producía muchos problemas: ya había trascendidos de que no querían ocuparse de ellas porque estaban en un lugar clandestino al que tenía acceso el personal del hospital.”

A lo mejor ésa es una explicación de por qué una de las parturientas llegó a la ESMA. En tanto, las defensas siguieron de cerca durante el resto de la audiencia los datos sobre qué pasó con los niños de cada una de esas mujeres que siguen desaparecidas. Por alguna razón, los militares devolvieron a los dos niños con sus familias biológicas. A las defensas, el dato les permite encontrar supuestas grietas en la idea de un plan total y sistemático de apropiación de niños. A la querella de Abuelas de Plaza de Mayo, sin embargo, esto no la tomó por sorpresa: todo proyecto totalizador tiene sus fisuras, excepciones, que no modifican la regla.

“En Suiza –contó Teresa Meschiatti– se hablaba de tráfico de niños como de un botín de guerra, porque algo así no se regala, se cobra.” Otro dato del que habló fue sobre el represor Héctor Vergés. Lo vio dos o tres veces en La Perla. Y Sara le dijo alguna vez que lo había visto en la ESMA. Meschiatti sabe que en algún momento a Vergés lo trasladaron de Córdoba a Buenos Aires, y ayer dijo que “al no haber (en Córdoba) una estructura de ‘maternidad Sardá’, creo que Vergés ha sido el lazo de la Marina y el Ejército”.