Soy tu abuela Chicha, tengo 94 años y sigo buscándote... siempre

Sustracción de niños en el pinochetismo

Adopciones irregulares

La justicia de Chile reveló la existencia de una red que facilitó la adopción en países extranjeros de alrededor de 500 niños sustraídos a familias en situación de vulnerabilidad durante la dictadura que encabezó el general Augusto Pinochet.

La entrega de esos niños, mayoritariamente a familias de Estados Unidos, ocurrió durante las décadas de 1970 y 1980, confirmó el juez que investiga el caso, Mario Carroza, en declaraciones publicadas ayer por el diario santiaguino La Tercera.

“Estamos investigando los casos que hubo de sustracción de menores durante el período de 1973 a 1990”, durante el que se extendió la dictadura de Pinochet, y “en razón de ese seguimiento y esa indagatoria, nos han llegado antecedentes respecto de varios menores que fueron entregados en adopción irregular”, explicó Carroza.

El proceso, que se había iniciado con una cantidad limitada de querellas, se amplió a cerca de 500 casos merced a un informe de María Cecilia Erazo, una asistente social y abogada que trabaja como perito judicial en la Corte de Apelaciones de Santiago, de la que Carroza es magistrado. Por el caso está imputada la asistente social Telma Uribe, de 96 años. 

En su informe, la abogada Erazo precisa que Chile no tuvo hasta 1988 un marco legal para regular esas adopciones a países extranjeros, que el sistema que se ocupaba consistía en acreditar judicialmente que un niño se encontraba en situación de abandono por sus padres y que los solicitantes tenían recursos para el cuidado y protección del menor. “Al ser realizado en forma voluntaria, no existió mayor cuestionamiento de parte de los tribunales respecto de la temática” señala el documento al que tuvo acceso La Tercera. Según la investigación, en algunos casos Uribe sugería realizar la legitimación adoptiva en Chile. “Lo anterior puede justificarse desde dos variables, cobrar nuevos honorarios por dicha gestión, o lograr que se destruyeran los documentos originales de los niños para no poder recabar estos a futuro”, subraya el informe.

Otro represor suelto

El ex oficial de Inteligencia Carlos Hidalgo Garzón, condenado por delitos de lesa humanidad y apropiación de una hija de desaparecidos, salió de su casa sin permiso en dos oportunidades y tenía una escopeta y una pistola.

Mientras los vecinos del bosque Peralta Ramos de Mar del Plata aguardan expectantes que el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata revoque el arresto domiciliario de Miguel Etchecolatz, otro represor condenado por delitos de lesa humanidad ratificó su nulo apego a la ley al violar por segunda vez sus privilegiadas condiciones de detención. Se trata de Carlos del Señor Hidalgo Garzón, ex oficial de inteligencia del Ejército condenado por sus crímenes en el centro clandestino La Cacha y por la apropiación de la hija de dos de sus víctimas. Abuelas de Plaza de Mayo denunció ayer que a mediados de enero salió al menos dos veces de su casa de Castelar sin autorización y que además admitió en una denuncia policial tener armas en su poder. En consecuencia pidió el fin de ese beneficio y le reclamó al TOF-1 de San Martín que ordene la inmediata detención del represor y de su mujer (también apropiadora) María Francisca Morillo, quien está condenada pero libre y oficia paradójicamente como garante de que Hidalgo Garzón no salga de la casa. Alan Iud, abogado de Abuelas, recordó que los jueces Héctor Sagretti, Daniel Cisneros y Dante Petrone dictaron en 2013 “una sentencia ejemplar” a los apropiadores de Catalina de Sanctis Ovando pero advirtió que “si no se cumple, se transforma en una burla”.

Catalina nació durante el cautiverio de su madre en Campo de Mayo en agosto de 1977 y recuperó su identidad recién en 2008. Dos años después, el ex capitán Hidalgo Garzón, que integró el Batallón de Inteligencia 601, fue detenido por secuestros y torturas en La Cacha. A principios de 2013, todavía sin condena, con un arresto símil-domiciliario en un geriátrico de Belgrano, salía a pasear en bicicleta con total impunidad. La joven a quien crió como trofeo de guerra, que ya se había constituido como querellante, se lo cruzó dos veces cerca del hipódromo de Palermo, lo denunció, y el  TOF-1 platense integrado por Carlos Rozansky, Pablo Jantus y Pablo Vega le revocó el beneficio y ordenó su traslado al hospital del Complejo Penitenciario de Ezeiza.

Ese mismo año el tribunal de San Martín, que le permitió estar libre durante el proceso, condenó al represor y a su mujer por la apropiación ilegal a quince y doce años de prisión respectivamente. En 2014, en tanto, el TOF-1 de La Plata lo condenó a prisión perpetua por sus crímenes en La Cacha. En junio pasado, contrariando los informes de los peritos médicos, el mismo tribunal pero con votos de Germán Castelli y Alejandro Esmoris le concedió el arresto domiciliario por el solo hecho de tener 72 años y estar estresado. Hidalgo Garzón, sin embargo, siguió preso en Marcos Paz por la prisión preventiva que le impuso el juez Ernesto Kreplak y que confirmó la Cámara Federal de La Plata, por delitos por los que todavía no fue juzgado. La buena nueva para el represor llegó el 22 de diciembre, cuando la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal con votos de Eduardo Riggi, Juan Carlos Gemignani y Liliana Catucci revocó los rechazos al pedido de domiciliaria y le concedió ese beneficio que se efectivizó el 10 de enero.

 Apenas dos días después violó por primera vez el arresto. El Programa de Asistencia para Personas Bajo Vigilancia Electrónica informó la salida sin autorización judicial en dos oportunidades, los días 12 y 15 de enero. No fue su único incumplimiento. El viernes pasado a la madrugada tres ladrones armados entraron a la casa del Barrio Marina y la desvalijaron luego de tomar como rehenes a la pareja y un hermano de la mujer. Según la denuncia policial del propio Hidalgo Garzón, además de 200 mil pesos y varios objetos le robaron dos armas: una escopeta y una pistola. “Bersa modelo 223 calibre 22 largo”, apuntó el diario Crónica. “Consciente de la prohibición de portar armas, el militar denunció por mail el hecho delictivo ante el Tribunal Oral y el Juzgado Federal 1 de La Plata pero nada dijo sobre la existencia ni el robo de las armas”, destacó Abuelas. “La situación reviste aún mayor gravedad si se tiene en cuenta que Catalina de Sanctis Ovando denunció durante un juicio que desde su restitución el ex militar le envió cartas amenazantes a ella y a su pareja”, advirtió.

Con las evidencias en su poder, Abuelas presentó una nota ante el juzgado de Kreplak y ante el TOF-1 de La Plata, el mismo que recibió los reclamos sobre Etchecolatz, para que le revoquen el beneficio. Al mismo tiempo, le pidió al TOF-1 de San Martín que haga efectiva la prisión de ambos apropiadores. Casación ya confirmó esa sentencia y sobre fin de año rechazó un recurso extraordinario para llevar el caso a la Corte Suprema. Luego se limitó a preguntarle al defensor del represor si había presentado un recurso de queja ante la Corte Suprema. El abogado anunció que lo haría aunque en el expediente no hay ninguna constancia de que lo haya concretado. Por ese motivo Abuelas reclama la ejecución de la sentencia.

 “Al condenar a los apropiadores, el tribunal de San Martín remarcó con claridad que no sólo sabían que Catalina era desaparecida sino que conocían perfectamente su origen y quién era su madre. Fue una sentencia ejemplar, que le impuso a Hidalgo Garzón una de las penas más altas a un apropiador, quince años de prisión, y la más alta para una apropiadora, doce años”, recordó Iud ante la consulta de PáginaI12. “Pero de nada sirve si la sentencia no se cumple. Se transforma de ejemplar en una burla. Por eso esperamos que el tribunal de San Martín corrija pronto esta situación”, reclamó. 

Guillermo Pérez Roisinblit declaró sobre el rol de su apropiador

Un represor con información

El nieto de Rosa Roisinblit contó que los compañeros de celda de su apropiador le hablaron de cómo habían torturado a su padre y que Gómez le reveló que sabía de otros casos de niños secuestrados.

Por Ailín Bullentini

Tras responder preguntas ante el Tribunal Oral Criminal número 5 de San Martín por horas, Guillermo Rodolfo Fernando Pérez Roisinblit tomó las últimas gotas de agua que le quedaban a un vasito plástico, entrecruzó los dedos de sus manos sobre la mesa en donde había colocado más temprano algunas fotos de su infancia, que “no fue feliz”, y cerró su testimonio: “Preciso no solo de la Justicia, sino también de Gómez, para que colabore en la identificación de los restos de mis padres. Estoy absolutamente seguro de que algún tipo de información tiene. Le pido que tenga un poco sensibilidad y declare. Me lo debe”. “Gómez” es Francisco Gómez, uno de los acusados en el juicio por la privación ilegítima de la libertad de Patricia Roisinblit y José Pérez Rojo, los padres de Guillermo y Mariana Pérez. La pareja y su beba de 15 meses fueron secuestradas en octubre de 1978. A Mariana la dejaron a las pocas horas con la familia paterna. José y Patricia, embarazada de ocho meses de Guillermo, fueron llevados a la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA), un organismo de espionaje de la Fuerza Aérea. Guillermo nació en la Esma y fue apropiado por Gómez, quien junto a su pareja de entonces le ocultó su verdadera identidad durante 26 años. “Necesito saber dónde están mis padres para empezar a dejar de estar en duelo constante”, concluyó ayer el nieto de Rosa Roisinblit, la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Su versión fue la tercera pieza –las primeras las aportaron Mariana y Rosa– depositada en este juicio oral del trágico rompecabezas que es la historia de los Pérez Roisinblit, una fotografía de la ferocidad y el ensañamiento con que el genocidio arrasó a familias enteras y las siguió destruyendo durante décadas. La Justicia también avanza de a pedazos en el análisis de los hechos y la condena a los culpables: hace dos años, juzgó y condenó a Gómez y a Teodora Jofré, su ex esposa, por la apropiación de Guillermo. Desde principios de abril, Gómez afronta un nuevo proceso junto a dos “compañeros de armas”: Oscar Graffigna, exjefe de la Fuerza Aérea, y Luis Trillo, exjefe de la RIBA. Todo ellos están acusados de la privación ilegítima de la libertad de los padres de Guillermo y Mariana. Sus homicidios quedaron fuera de la acusación. “No somos la estampa de una familia feliz buscando justicia. Cada uno ha llegado acá como pudo”, resumió Mariana Pérez hace dos semanas, cuando también les reclamó a los jueces que analicen su propio secuestro y las secuelas que que sufre aún hoy. Ese mismo día testimonió también Rosa.

De adelante para atrás

Guillermo no empieza por el principio de la historia que es eje del juicio oral, sino por el hecho que cambió el eje de la suya: el día que Mariana Pérez lo fue a buscar a su trabajo y le entregó una carta en la que le contaba que estaba casi segura de que era el hermano que ella estaba buscando. Recordó que entonces él le dijo que estaba equivocada, pero la información le quedó rebotando. “Esa es tu hermana”, le devolvió su jefe cuando se asomó y descubrió el parecido que compartían Guillermo y Mariana. Se acercó a Abuelas esa misma tarde y, en los días subsiguientes le preguntó a Gómez al respecto.

Gómez le negó su origen tres veces. La cuarta, “se quebró”: “Entre balbuceos reconoció que esa chica, por Mariana, sí era mi hermana, que yo era hijo de una montonera judía estudiante de medicina y un montonero, que a ella no la habían lastimado, pero que a mi papá sí; que él se ocupó de mi mamá, que estaba embarazada, que le daba huevo duro los fines de semana, que la sacaba a pasear y que le decía que se tenía que portar bien porque si no iba a comprometerlo”, reprodujo Guillermo. También intentó consolarlo con que “no era el único caso”: “Él me dijo que sabía de otros tres o cinco”, alcanzó a incorporar Guillermo. Mientras duró su convivencia con Gómez y Jofré, compartió celebraciones con uno de ellos, Ezequiel Rochistein Tauro, cuando aún era Ezequiel Vázquez Sarmiento. El hijo de María Graciela Tauro y Jorge Rochistein, también militantes de montoneros, fue apropiado por el oficial de la Fuerza Aérea Juan Carlos Vázquez Sarmiento, miembro de la RIBA y a quien Guillermo conoció como el “Colo”. Aún permanece prófugo.

Entre otras cosas que recuerda de su niñez, figuran sus días en la RIBA, adónde lo llevó varias veces Gómez, el “judío” que le dedicaban sus apropiadores cuando “hacía berrinches” y la violencia de quien le ocultó su identidad.

A fines de la década del 80 “huimos de Gómez”, recordó ayer, y completó que el ex agente de inteligencia de la RIBA “le pegaba a Jofré de una forma brutal, le daba patadas, le daba trompadas, le ha revoleado objetos, una vez le pegó con el cuerpo de madera de una escopeta, la dejó de cama”.

La negación

La confirmación sobre su identidad llegó a los pocos días de su encuentro con Mariana. Sin embargo, la restitución legítima sucedió recién en 2004, cuando Guillermo decidió finalmente someterse a los análisis de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). Entre una cosa y otra, desarrolló una “absoluta negación” de su historia. Entonces, visitaba a sus apropiadores en donde estaban detenidos. En las dependencias del grupo de Guerra Electrónica, en Palermo, Gómez gozaba de las comodidades de “un cuarto grande, una cama de dos plazas, una heladera y teléfono en la puerta”, así como de “asados y vino” con “compañeros de armas” que lo custodiaban. En uno de esos asados, dos de ellos, a quienes recuerda como el “Patón” y el “Oso”, le confesaron que era muy parecido a José Pérez Rojo, de quien destacaron “el aguante que tenía en la tortura, que no gritaba ni hablaba siquiera”.

El 23 de diciembre de 2003 fue la última vez que visitó a Gómez. Lo encontró “borracho” y amenazante. “Me culpó por estar preso, me dijo que en algún momento iba a salir y que para entonces tenía reservadas para mí, mis abuelas y mi hermana un tiro en la frente”. Guillermo no solo no regresó, sino que reflexionó sobre “de qué lado estaba parado”.

El regreso

Pese al “miedo” que sentía, Guillermo decidió presentarse como querellante en la causa que transita el juicio oral. “Yo quería ser el último desaparecido de mi familia”, explicó. Sus primeras dos declaraciones fueron como testigo protegido, bajo identidad reservada.

Los ojos cerrados, el juego incesante de su boca envolviendo y desenvolviendo labio contra labio, el repiqueteo de sus piernas contra el piso y el refriego constante de sus manos en un lenguaje corporal que al unísono comenzó cuando tuvo que enfrentarse a “las preguntas de las defensas” reflejaron la persistencia de ese temor.

Gómez estuvo presente durante todo su testimonio, así que también escuchó cuando Guillermo le reclamó que “nunca hubo de su parte siquiera un pedido de disculpas por todo esto”.

La Justicia del “cambio”: genocidas liberados y Ernestina de Noble sobreseída

Rosa D´Alesio -Alejandrina Barry

Hija de desaparecidos | CeProDH | @alebarryceprodh

Diez represores de la dictadura liberados por los jueces y la directora del Grupo Clarín “libre de culpa y cargo” en la causa por apropiación de sus hijos son el “saldo” en materia de derechos humanos en menos de un mes de gobierno de Mauricio Macri.
 

En menos de un mes de gobierno de Mauricio Macri, una decena de represores procesados y condenados en diferentes causas por delitos de lesa humanidad fueron liberados, mientras que la jueza Sandra Arroyo Salgado sobreseyó a la directora del monopolio de Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, en la causa en la que había sido denunciada por la apropiación de hijos de desaparecidos durante la dictadura militar.

Noble, Magnetto y los nietos

La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado “entendió” que en la causa, iniciada en 2001, no había pruebas sobre los hechos por los cuáles fue “investigada” la dueña del Grupo Clarín. Para la magistrada, “en atención al resultado negativo que arrojó el peritaje de ADN a los fines de establecer vínculo biológico con los grupos familiares de personas desaparecidas durante la última dictadura militar que integran el Archivo Nacional de Datos Genéticos, no existe motivo bastante de sospecha”.

Vale recordar que la causa fue iniciada por las Abuelas de Plaza de Mayo hace 15 años y que tanto los hijos adoptivos de la empresaria como todo su entorno trataron de impedir que se les extrajera muestras de ADN. Arroyo Salgado, quien en 2010 se hizo cargo de la causa, puso en duda la correcta extracción y conservación de la sangre y saliva. En base a eso ordenó que la policía siguiese a los jóvenes al salir del Juzgado.

Ayer la jueza de San isidro, además de sobreseer a la directora del Grupo Clarín, rechazó un pedido del fiscal Fernando Domínguez para una nueva declaración indagatoria a Herrera de Noble, y resolvió “sobreseer a Ernestina Laura Herrera de Noble en la presenta causa, en orden a los hechos por los que fuera indagada, dejándose constancia que la formación del presente no afecta el buen nombre y honor”.

A menos de un mes del nuevo gobierno

La justicia en poco menos de un mes de asumir Mauricio Macri, intenta avanzar en la impunidad para genocidas militares y civiles.

Apenas asumió el líder de Cambiemos, El diario La Nación publicó un editorial que cuestionó los juicios y pidió acabar con ellos, generando un amplio repudió y obligando a Mauricio Macri a decir que se debía dejar actuar a la Justicia.

Evidentemente Macri confiaba en que gran parte de esta “Justicia” se opondría a continuar con los juicios, por los que el pueblo trabajador y las organizaciones de derechos humanos han luchado todos estos años.

Son parte de esa Justicia que ha obstaculizado el proceso por encarcelar a los genocidas y ha mantenido paralizadas causas o dictado sobreseimientos a los civiles responsables del golpe militar y de la desaparición de personas, la que hoy se siente fortalecida porque sabe que cuenta con todo el apoyo del gobierno nacional para continuar en este sentido.

El sobreseimiento a Ernestina Herrrera de Noble es un pronunciamiento político contundente. Con él se pretende decir que los empresarios que fueron parte del genocidio, que lo idearon, lo dirigieron o se enriquecieron con sus consecuencias (como la misma familia Macri y muchos otros que hoy están con el gobierno) tendrán la impunidad asegurada, a pesar de las causas abiertas por las pruebas que durante 40 años fueron aportando sobrevivientes, familiares, y referentes de organismos de derechos humanos.

Para los militares también

El sobreseimiento de Herrera de Noble se suma a la liberación de diez represores imputados en causas de lesa humanidad que en la última semana ordenó la Justicia.
En Entre Ríos, se dejó libres a tres represores que fueron condenados en la causa conocida como Área Paraná. Y en La Pampa siete militares que fueron imputados en la causa Subzona 14 II, fueron también liberados.

En el caso de Entre Ríos, se trata de genocidas que fueron hallados culpables por delitos de lesa humanidad contra 52 personas, entre ellas, cinco personas desaparecidas. Sin embargo ante semejantes crímenes las condenas fueron muy inferiores a las pedidas por las querellas y la fiscalía. Solo el ex marino Cosme Demonte fue sentenciado a prisión perpetua, mientras que el represor Jorge Appiani fue condenado a 18 años; José Appelhans, a 14; Hugo Moyano, a 8; Alberto Rivas y Rosa Bidinost, a 6; y Oscar Obaid, a 3 años. La sentencia será recurrida tanto por las querellas como por el Ministerio Público Fiscal ante la Cámara de Apelaciones de Paraná. El juez consideró que los que recibieron las penas más leves, Rivas, Bidinost y Obaid, tenían “cumplidas” sus condenas. Y así ordenó su libertad.

Desde el Ministerio Público informaron que como Appelhans, Appiani, Bidinost, Demonte, Moyano y Rivas están también detenidos y procesados en otra causa, la N° 12.810 "Appiani", consideran que por el momento deberían continuar detenidos.

En el caso de La Pampa, los represores están procesados por más de 300 casos de secuestros y torturas cometidos durante la dictadura en jurisdicción provincial. Pero fueron liberados porque se venció el plazo máximo legal previsto para la prisión preventiva. Bien vale preguntarse qué plazos pueden ser vencidos con 300 casos de secuestros y torturas encima, sobre todo cuando familiares y víctimas esperan hace casi 40 años justicia.

Declaraciones nada creíbles del secretario de Derechos Humanos

Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos de la Nación, solo a través de su cuenta de Twitter trató de brindar tranquilidad afirmando que “los juicios de lesa humanidad deben proseguir”, y aseguró que su gestión tiene “un férreo compromiso en la lucha contra la impunidad”. En ese sentido “lamentó” la liberación de los diez represores.

Además, Avruj, sostuvo que “es nuestra convicción y política de derechos humanos que los juicios de lesa humanidad deben proseguir y quienes sean culpables deben cumplir las condenas”.

Pero recordemos que quien esto declara había sido funcionario en esta misma área en el gobierno porteño, ahogó económicamente al Parque de la Memoria, donde funciona el monumento a las víctimas del terrorismo de Estado en Argentina entre 1976 y 1983.

Este mismo funcionario fue designado en 2013 al frente del Museo del Holocausto. Y el año pasado, el mismo Avruj cerró el Programa de Atención a las Víctimas de Delitos Sexuales, que dependía de su oficina, al tiempo que los trabajadores de la subsecretaría porteña de Derechos Humanos recibieron la noticia de que ninguno de los contratados por el organismo recibirá una actualización salarial.

Son realmente cínicas las declaraciones del actual secretario de Derechos Humanos, no sólo por lo que ocurrió bajo su gestión en la Subsecretaría porteña, también, porque el gobierno derechista del que él es parte designó a funcionarios de la dictadura y a otros que abiertamente defienden el último golpe cívico-militar. El mismo bloque del PRO votó en la Cámara de Diputados contra la creación de la Bicameral para investigar los crímenes de los empresarios que fueron parte imprescindibles del golpe cívico-militar.

Jueces y fiscales, afines a las ideas de Mauricio Macri (quien había declarado que bajo su gobierno pondría fin a “los curros” de los derechos humanos), se orientarán a impedir que avancen los juicios. El designado ministro de Justicia, Germán Garavano, de quien se sabe qué piensa sobre los juicios de lesa humanidad porque integra la organización FORES, que escribió el contrainforme del Nunca Más, donde defiende la actuación de los militares durante la última dictadura cívico-militar.

En estos 20 días de gobierno estas resoluciones dejan en evidencia que la política del gobierno coincide con un sector importante de la Justicia que intentarán avanzar en el camino de la impunidad.

Esta pelea será una de las banderas centrales de la resistencia en las calles para avanzar en condenar a todos los genocidas y empresarios responsables del golpe, muchos de cuyos socios y colaboradores hoy ocupan puestos claves en este gobierno.

A la vez que continuaremos luchando contra los ataques a las libertades democráticas, la represión que ya comenzó y que incrementarán para imponer los terribles planes de ajuste contra los trabajadores y los sectores populares.

- See more at: http://www.laizquierdadiario.com/spip.php?page=movil-nota&id_article=30186#sthash.RSyOiVlt.dpuf

Condenas entre 5 y 8 años a los apropiadores de Pablo Athanasiu Laschan, nieto recuperado 109

Condenaron a penas de entre cinco y ocho años y seis meses de prisión a los apropiadores del nieto recuperado 109

La Justicia impuso penas de entre cinco y ocho años y medio de cárcel a los apropiadores del nieto recuperado 109, Pablo Athanasiu Laschan, al término de un juicio oral en el que se declararon "crímenes de lesa humanidad" los delitos cometidos contra el joven, ya fallecido.
etiquetas

El veredicto leído por el Tribunal Oral Federal 5 recayó sobre Enrique Lopez, condenado a ocho años y seis meses de prisión y su esposa Carmen Saunier, quien recibió una pena de 5 años.

Para el juzgado como entregador del bebé, secuestrado junto a sus padres en la última dictadura cívico militar, el ex comisario Juan Dib, se impuso una condena de 7 años y seis meses de prisión.

Los jueces Adriana Palliotti, Oscar Alberto Hergott y Daniel Horacio Obligado rechazaron planteos de prescripción de los delitos y de extinción de la acción penal ya que consideraron "imprescriptibles" los hechos juzgados.ro

La condena más dura recayó sobre López, un ex policía federal de 66 años que recibió al bebé de seis meses en 1976 y lo anotó como hijo propio bajo la falsa identidad de Carlos Andrés López.

Su esposa, de 88 años, fue encontrada coautora de los hechos y no estuvo presente en la sala durante la lectura del veredicto ya que por la mañana, durante las últimas palabras, sufrió una descompensación y fue retirada de la sala en silla de ruedas.

El nieto 109, Athanasiu Laschan, no llegó a presenciar el juicio ya que tenía cáncer y se suicidó a los 39 años en abril último.

Antes de conocerse el veredicto, el ex policía Dib proclamó su inocencia sobre lo ocurrido en abril de 1976.

Según consta en el expediente, López y Saunier inscribieron como hijo propio, bajo el nombre de Carlos Andrés López, a Pablo Germán Athanasiu Laschan.

Pablo había nacido en la ciudad de Buenos Aires el 29 de octubre de 1975 y, cuando estaba a punto de cumplir seis meses fue secuestrado junto a sus padres.

El bebé era hijo de una pareja de chilenos que había buscado refugio en la Argentina pero que finalmente, terminó secuestrada y desaparecida en el marco del Plan Cóndor, por el cual las dictaduras latinoamericanas coordinaban su accionar represivo.

En abril de 2013, el joven se sometió a un examen de ADN y se confirmó que era hijo de Frida Laschan Mellado y Angel Athanasiu Jara.

La fiscalía había pedido una condena de 15 años de prisión para López y Dib y 11 años de prisión para Saunier.

Los tres fueron condenados por los delitos de retención y ocultación de un menor de 10 años en concurso ideal con alteración del estado civil de un menor de 10 años.

A López, además, se lo condenó por falsedad ideológica de documento público destinado a acreditar la identidad, dado que fue quien hizo insertar los datos falsos que permitieron la inscripción en el Registro Civil de la víctima como hijo suyo y de Saunier.

En este juicio -que comenzó el 17 de noviembre pasado y se desarrolló a lo largo de siete audiencias- la querella está representada por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, con su abogado Alan Iud.

De los tres condenados, el único que cumple con arresto efectivo es el apropiador López, debido a que su mujer está excarcelada y Dib goza de arresto domiciliario por su edad.

Cuando ocurrió el secuestro del bebé en 1976, Dib era jefe de la delegación Rosario de la Policía Federal. El apropiador Lopez trabajaba también allí y recibió la criatura.

La defensa oficial de la pareja había pedido la absolución y sostuvo que ambos creyeron siempre que se trataba de un bebé abandonado.
                                           

Otros casos de mujeres que pudieron sobrevivir

Reencuentros de hijos y madres

Mario no es el único hijo de desaparecidos que fue apropiado y que podría reencontrarse con su madre. Aunque los son escasos, dado que el plan sistemático de los represores incluía el asesinato de las mujeres luego de dar a luz, hay al menos otros seis nietos que a la vez que recuperaron su identidad, recuperaron a su madre.

Tamara Arze nació el 22 de julio de 1974 y, cuando tenía un año y medio, su madre, Rosa Mary Riveros, fue secuestrada. La niña

vivió al cuidado de una pareja hasta que una patota irrumpió en la casa y las fuerzas de seguridad dejaron a Tamara con unos vecinos. Rosa fue liberada en 1981, consiguió asilo en Suiza y buscó siempre a su hija en contacto con las Abuelas. En junio de 1983, las abuelas Mirta Baravalle y Rosa Roisinblit fueron hasta una casa en Guernica y tras una larga búsqueda localizaron a Tamara. La madre envió un casete donde le contaba a su hija qué había pasado, cuánto la extrañaba y todo lo que la había buscado. Tamara viajó a Suiza.

Los hermanos María Eugenia y Felipe Gatica Caracoche fueron recuperados poco después del regreso de la democracia y pudieron encontrarse con sus padres. En 1976 Ana María Caracoche y Juan Oscar Gatica tuvieron dos hijos. María Eugenia nació el 6 de febrero y Felipe el 23 de diciembre.

María Eugenia fue secuestrada en marzo de 1977 en la casa de una pareja que la estaba cuidando. Un mes después, su madre y su hermano corrieron la misma suerte. La mujer recuperó su libertad en mayo de 1977. Ella y su esposo buscaron a sus hijos y encontraron a Felipe en agosto de 1984. Otra familia lo había anotado como su hijo. María Eugenia había sido inscripta como hija propia por el comisario Rodolfo Oscar Silva y su esposa Armanda Elisabeth Colard. Fue restituida por un juez penal casi un año después, el 18 de septiembre de 1985.

En 2002, después de 26 años de búsqueda, Sara Méndez se reencontró con su hijo Simón Antonio Gatti Méndez. Las dictaduras argentina y uruguaya los habían separado en julio de 1976, cuando un grupo de tareas secuestró a la madre y se llevó al bebé, de veinte días de vida.

Comenzó el juicio por la apropiación de PABLO GERMAN ATHANASIU LASCHAN

Con la ausencia a flor de piel

El ex agente de inteligencia de la Policía Federal de Rosario Enrique López, su mujer, Carmen Saunier, y el comisario Juan Dib comenzaron a ser juzgados por la apropiación del hijo de Angel Athanasiu y Frida Laschan, quien se suicidó hace menos de un año.

  Por Ailín Bullentini

En junio de 1976, el ex agente de inteligencia de la Policía Federal de Rosario Enrique López inscribió como hijo propio a Pablo Germán Athanasiu Laschan. Lo nombró Carlos López en un trámite para el que presentó un certificado de nacimiento que aseguraba, falsamente, que su concubina, Carmen Saunier, había parido al niño. Según la fiscalía y Abuelas de Plaza de Mayo, López y Saunier recibieron en la sede rosarina de la Federal, de manos del entonces comisario Juan Dib, a ese bebé que había sido secuestrado meses antes junto a sus verdaderos padres, militantes del PRT-ERP que permanecen desaparecidos. Ayer, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 5 de la ciudad de Buenos Aires comenzó el debate oral en el que se determinarán las responsabilidades penales por la sustracción y la apropiación de Athanasiu Laschan quien conoció su verdadera identidad hace dos años y se suicidó hace poco menos de uno; la alteración de su estado civil y la falsificación de documentos que acreditaban quién era. El caso, para Pablo Parenti, titular de la unidad fiscal especializada en apropiación de niños durante la última dictadura y representante del Ministerio Público en el debate junto a Miguel Osorio, “claramente exhibe el vínculo estrecho entre el terrorismo de estado y el robo de bebés durante la última dictadura: los acusados de entregar y de apropiarse de Pablo Athanasiu Laschan eran partícipes activos de la estructura represiva del Estado”. López y Dib se negaron a declarar. Por un “contratiempo doméstico”, Saunier no participó de la audiencia, aunque deberá acudir a la siguiente, que se llevará a cabo el viernes próximo.

Los jueces Adriana Palliotti, Oscar Hergott y Daniel Obligado inauguraron el juicio con la lectura de las acusaciones en contra de los imputados López y Dib. El viernes, el tribunal deberá definir sobre el pedido de suspensión del juicio en contra de Saunier que realizó su defensa. La apropiadora de Pablo Athanasiu Laschan sufrió un ACV meses atrás, aunque los peritos consideraron que está en condiciones “tanto físicas como psíquicas” de participar del juicio.

López y Dib sí estuvieron presentes ayer, aunque se negaron a declarar. El tribunal ordenó la lectura de lo expresado por Dib durante la instrucción, cuando negó todo vínculo con los delitos por los que se lo acusa. De López no hay declaración alguna, ya que siempre prefirió el silencio.

La querella de Abuelas de Plaza de Mayo responsabilizó a la pareja de criar a Pablo Germán Athanasiu Laschan “en un ambiente falso, de imponerle lazos familiares falsos en el marco de una realidad falsa; de alterar su identidad con nombres y apellidos extraños”. “Sus familias realizaron constantes reclamos a las autoridades argentinas, sin éxito. Pero jamás prestaron confianza a López y Saunier” para que ellos lo inscribieran como hijo propio, sostuvo Iud en el requerimiento de elevación a juicio.

Angel Athanasiu y Frida Laschan, los padres, eran militantes chilenos del Movimiento de Izquierda Revolucionaria cuando la dictadura pinochetista los obligó a escapar hacia Argentina, en 1974. Frida le contó a su papá, a principios de 1975, que estaba embarazada. Pablo nació en octubre de ese año. En abril de 1976 los tres fueron secuestrados y llevados, se cree, al centro clandestino Automotores Orletti. Angel y Frida permanecen desaparecidos y, mientras pudieron, sus familias biológicas nunca dejaron de buscarlos. En 1982, Abuelas de Plaza de Mayo radicó la denuncia por la apropiación de Pablo en el juzgado de María Servini de Cubría, que luego fue ratificada por su abuelo materno. Pasaron tres décadas; los abuelos maternos y paternos de Pablo fallecieron en el camino, sin poder conocerlo. La causa judicial avanzó cuando el joven buscado se convirtió en el nieto número 109 identificado por Abuelas de Plaza de Mayo. Pablo se suicidó en abril pasado.

No es el único delito de lesa humanidad por el que López está siendo investigado. De hecho, llegó al juicio oral que comenzó ayer detenido en Marcos Paz. Dib, por su parte, también está sospechado de haber participado en secuestros y torturas en Rosario. En cuanto a él, las partes acusadoras también coinciden en señalarlo como el “entregador” del hijo de Angel y Frida, por lo que le endilgan la participación necesaria en su retención, ocultamiento y alteración de su estado civil. Cuando el hecho bajo análisis sucedió, Dib era comisario de la delegación rosarina de la Policía Federal y López, agente de inteligencia de esa fuerza, estaba a su cargo, aseguraron tanto la fiscalía cuando la querella en sus respectivos requerimientos.

Mi querida Clara Anahí te sigo buscando

Mi querida Clara Anahí te sigo buscando. 

Los nietos que han sido entregados a otras familias, al igual que vos, siguen apareciendo porque cada uno dentro suyo algo les dice que su verdadera identidad es otra. 

Ya han transcurrido 39 años desde la última vez que nos vimos, tenías tan solo 3 meses y eras una beba hermosa. 

Hoy sos una mujer hermosa y así es como continuo buscándote. 

A las dos nos esta costando encontrarnos pero siento que nos falta muy poco. 

Tienes a una abuela, tíos y primos que te esperamos... 

Espero que te llegue este mensaje mi amor.

Presentación para que avancen causas contra medios y civiles cómplices del genocidio

El 15 de julio,  personalidades de los derechos humanos se presentaron en los tribunales de Comodoro Py para reclamar por el avance de la causa contra los directivos de la exeditorial Atlántida y los civiles que fueron parte del genocidio.

En esta oportunidad, acompañaron el reclamo de Alejandrina Barry es hija de desaparecidos e integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) quien lleva adelante una querella contra los directivos de la exeditorial Atlántida por haber realizado un operativo de prensa en común con los militares de la Marina, cuando sólo tenía 3 años y sus padres acababan de ser asesinados por fuerzas conjuntas de Argentina y Uruguay.


Alejandrina Barry estuvo acompañada hoy en Tribunales por Graciela Rosenblum, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre; Patricia Walsh; Enrique Fukman, de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos; Miguel Bonasso; Pablo Pimentel de la APDH Matanza; María del Carmen Verdú de CORREPI, Eduardo Soares de la Asociación Gremial de Abogados, además de los abogados del CeProDH, Luis Bonomi y Paolo Zaniratto.


También acompañaron la presentación judicial la Madre de Plaza de Mayo Elia Espen y delegados del nuevo sindicato de prensa SiPreBA como Raúl Ferrari, delegado de Telam, Tomás Eliaschev delegado de la Revista 23, Agustín Lecchi, delegado de la TV Pública, entre otros periodistas e integrantes de organismos de derechos humanos, quienes se presentaron como Amicus Curiae, una figura legal que permite a organizaciones e individuos con interés especial en la causa, constituirse ante el juez “en virtud de que la demora en el avance de la investigación implica una nueva forma de impunidad para los perpetradores de los crímenes denunciados”.

El Amicus Curiae recayó en el Juzgado 12 de juez federal Torres, quien deberá dar respuesta a lo solicitado para el avance de la causa contra los civiles implicados.

Al respecto, Alejandrina Barry señalo: “Esta presentación de hoy es para darle mayor fuerza a la pelea por juicio y castigo a todos los responsables civiles del genocidio. Hace muchos años que vengo peleando por encarcelar a los asesinos de mis viejos, a los que me secuestraron a mí y a los civiles que me utilizaron para justificar los más atroces crímenes de lesa humanidad. A pesar de todas las pruebas ofrecidas y los testimonios de decenas de testigos prosigue la impunidad. En mi causa se ha dictado falta de mérito a uno de los editores responsables de Para Ti, Agustín Botinelli y el resto de la causa continúa paralizada". Y agregó: “Con la presentación que hicimos hoy queremos decir también que no vamos a aceptar que permanezca la impunidad a los civiles que fueron quienes idearon y sostuvieron el plan genocida”, en referencia a una serie de fallos a favor de empresarios como Blaquier.

Contactos:

Alejandrina Barry: 115834 2351

Juicio oral por la apropiación de Florencia Laura Reinhold Siver

La historia de la búsqueda

Alicia Margulies de Siver contó que la abuela de la joven apropiada recibió un llamado de su hija desde la ESMA y que su vida fue “buscarla y esperar en el living de su casa a que volviera a sonar el teléfono”.

La segunda y última audiencia de declaraciones en el juicio por la apropiación de Florencia Laura Reinhold Siver transcurrió ayer entre el recuerdo a la distancia de una tía materna de la joven, un yerno de quien fue su entregador, el médico Aldo Chiappe, y un ex colega de Juan Carlos Lavia. Este último, su esposa Serafina Marchese y el obstetra Vicente De Luca están acusados de retención y ocultamiento del origen biológico de la hija de Marcelo Reinhold y Susana Siver –quienes fueron secuestrados en 1977, detenidos en la ESMA y aún están desaparecidos– de haber alterado y suprimido la verdadera identidad de la menor y de falsificar su certificado de nacimiento. Laura Reinhold Siver, al igual que la semana pasada, estuvo presente en la sala de los tribunales de Comodoro Py. El lunes comenzarán los alegatos.

Desde Israel, Alicia Margulies de Siver contó al Tribunal Oral Federal Nº5, a la fiscalía –representada por Miguel Angel Pala- zzani y Pablo Parenti–, a los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo y a los acusados durante casi una hora de la historia que la une a Florencia Laura. Es la tía política de Laura; viuda de Lito, el hermano de Susana, la mamá de la médica clínica de 37 años que recuperó su verdadera identidad en 2011 y desde entonces intenta reconstruir los vínculos con sus familiares de sangre.

Alicia y Lito se instalaron en Israel poco tiempo después del regreso de la democracia a la Argentina. Para entonces, Susana y Marcelo llevaban varios años desaparecidos. Al igual que le sucedió a los Reinhold, la familia Siver también recibió, aunque escasas, noticias de ellos a fines de 1977. Desde su encierro en la ESMA, “Susana llamó a su casa y habló con mi suegra. Desde entonces, la mujer no se despegó nunca más del teléfono. Su vida fue buscarla y esperar en el living de su casa a que volviera a sonar ese teléfono”, reflexionó.

Cuando Marcelo y Susana fueron secuestrados, Alicia transitaba el cuarto mes de uno de sus cuatro embarazos: su panza estaba en la misma etapa de crecimiento que la de Susana. La hija del matrimonio exiliado nació en enero de 1978; igual que Florencia Laura. Del hecho, no obstante, las familias Reinhold y Siver se enterarían mucho tiempo después. Durante la audiencia de ayer fueron reproducidos los testimonios que algunas sobrevivientes de la ESMA –Sara Solarz de Osatinsky, Lila Pastoriza, Marta Alvarez, entre otras– ofrecieron en el marco del juicio por el plan sistemático de apropiación de niños y que aportaron información sobre el embarazo de Siver, su traslado al Hospital Naval para dar a luz, el nacimiento de Florencia Laura y cómo ambas fueron separadas a los pocos días de vida de la bebé.

Cuando supo de la recuperación de Florencia Laura, en 2011, Alicia viajó desde Israel junto a sus cuatro hijos. Lito había fallecido más de una década atrás. “Siempre tuvo presente a su hermana y a su sobrina”, recordó ayer. “Yo no entiendo qué pensaban”, reflexionó en referencia al matrimonio que la crió y que, recién cuando la joven llegó a la mayoría de edad, le advirtió que podía llegar a ser hija de desaparecidos: “¿Qué se pensaban? ¿Que (la niña que Lavia recibió de parte de Chiappe, que participó en la ESMA) no tenía familia, abuelos, primos, tíos que la estaban buscando? ¡Cómo puede ser que exista gente mala, gente así?”, se preguntó.

La reconstrucción de Alicia y la reproducción de los testimonios de las sobrevivientes no fueron las únicas palabras oídas en la audiencia de ayer. El ex yerno de Chiappe, Santiago Colomer, fue bastante más generoso que Juan Carlos Gesualdo, un médico que trabajó con Chiappe y Lavia en el sanatorio de la UOM. Colomer, que novió con una de las hijas de ese obstetra, se enteró de su desempeño en el centro clandestino de detención más grande del país cuando su por entonces suegro quiso suicidarse en la Navidad de 2003, atormentado por las violaciones a los derechos humanos de las que había participado. Gesualdo, testigo de la defensa, no aportó demasiada información. “A la mayoría de las preguntas respondió con un ‘no sé’ y por eso fue advertido por el tribunal, parecía que se estaba haciendo el zonzo”, apuntó Adriana Reinhold, tía de Florencia Laura, quien escuchó la audiencia junto con su hermano Augusto. En la sala también estuvo la joven acompañada de su esposo. Los testimonios de ayer fueron los últimos del debate oral y público que, a partir de la semana que viene, ingresará en etapa de alegatos.

Chicha: "Buscate que me encontrás"

La fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo volvió a publicar una carta en Facebook. A sus 92 años no descansa en su lucha por encontrar a la nieta que le robó la dictadura.

Por Redacción Diagonales

La abuela de Plaza de Mayo María Isabel "Chicha" Chorobick de Mariani sigue con la búsqueda de su nieta Clara Anahí Mariani, apropiada a los tres meses de vida durante la última dictadura cívico-militar, y publica en su Facebook fotos de su nuera, madre de la beba robada, para que la joven las mire y encuentre parecidos físicos.

"Buscate que me encontrarás tan pronto como quieras", ruega "Chicha" en su red social, junto a 4 fotos de la madre de su nieta, Diana Teruggi, quien fue asesinada en un operativo de fuerzas conjuntas en noviembre de 1976, tras querer proteger a la beba de la balacera que atacaba la vivienda que ocupaban, en la ciudad de La Plata.

A "Chicha" le gusta contar historias familiares a su nieta, aún cuando en esta oportunidad no la tenga sentada al lado. Con este objetivo tan caro a su corazón, a sus 92 años, Chicha no teme a la tecnología y utiliza a su favor las redes sociales sabedora del alcance que éste sistema tiene.
    GG    
Una de las fotos de Diana Teruggi que publicó Chicha

"Clara Anahí, mi querida nieta, espero que te lleguen estas líneas y así puedas ver algo de vos reflejado en ella. Diana, tu mamá, nació el 3 de diciembre de 1950 en la ciudad de La Plata. Ella te protegió, con su vida, hasta el momento antes de que las fuerzas armas te entregaran a otra familia para que te críe aquel 24 de noviembre de 1976", comienza a contar.

Le explica a esa nieta a la que no ve desde 1976: "Tenías tan solo 3 meses de edad. Por eso es que te pido que busques parecidos, hasta en tus fotos viejas… y te animes!".

Y prosigue: "Tu mamá medía un metro setenta, era delgada, tenía piel clara, cabello ondulado y castaño tirando a rubio, ojos color miel y una hermosísima sonrisa que desnudaba sus dientes muy blancos y parejos. Sus voz tenía una dulzura particular porque cuando hablaba se le patinaba un poco la 'ese'"..

Recuerda que "aunque, a raíz de su ímpetu juvenil, caminaba siempre apurada (en alusión a Diana Teruggi) y de un modo algo atolondrada, era realmente delicada".

"Quienes la conocieron comentan que Diana llamaba la atención por su `brillantez intelectual`, por ser “excelente alumna” y por sus vehementes `discursos de asambleas`”, rememora.

"Chicha" le expresa a su nieta que "el amor y esperanza" que tiene en su corazón es tan grande que espera llegue. "Búscate que me encontraras tan pronto como quieras. Te espero, te busco y te quiero mucho mi querida Clara Anahí".

El 24 de noviembre de 1976 la casa de Diana Teruggi y su esposo Daniel Mariani, ubicada en la calle 30 número 1134 de La Plata, fue atacada por las fuerzas represivas.

Diana fue acribillada por la espalda y cayó cubriendo con su cuerpo a su pequeña hija Clara Anahí, que fue secuestrada por los represores y hasta el momento no pudo ser recuperada.

Daniel Mariani no estaba en la propiedad al momento del ataque, pero fue asesinado en agosto de 1977.

En la casa, declarada sitio de mmoria, funcionaba una imprenta que publicaba la revista "Evita Montonera", desde donde se denunciaron por primera vez las desaparición de personas durante la última última dictadura militar, los denominados "vuelos de la muerte" y la existencia de centros clandestinos de detención.

La propiedad exhibe en su frente varios cientos de orificios de bala que impactaron durante el ataque de las fuerzas represivas y un enorme boquete provocado por un proyectil de tanqueta, que atravesó esa pared y otra del interior de la vivienda.

El juicio por el encubrimiento de la apropiación de Pedro Sandoval Fontana

“Tomá, vos dale esto a la policía”

El nieto que recuperó su identidad en 2006 contó que su apropiador estaba avisado del allanamiento que iban a hacer a su casa y que le dio un peine, un cepillo de dientes y una toalla para frustrar la medida. El policía que condujo el operativo es el acusado.

 Por Ailín Bullentini

Para Adolfo Porcel, subcomisario en disponibilidad, el juicio en su contra que comenzó ayer es una “cuestión política”. Está acusado de encubrir la apropiación de Pedro Sandoval Fontana, quien hasta 2004 creyó que sus padres eran el ex agente de inteligencia de Gendarmería Víctor Rei y su esposa, Alicia Arteach. Específicamente, de fraguar el primer allanamiento que la Justicia federal ordenó para obtener el perfil genético del joven y compararlo con el de familias que buscan nietos y nietas nacidos durante la última dictadura cívico-militar. El juicio, a cargo del Tribunal Oral Federal Nº 5 de San Martín, continuará el 9 de diciembre, cuando se oigan los testimonios de los dos testigos que no se presentaron ayer y los jueces den la sentencia.

La audiencia comenzó pasadas las 9.30. Porcel hizo su descargo tras la lectura del auto de elevación a juicio, a cargo del fiscal Carlos Cearra. Luego testimoniaron dos peritos del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) que participaron en la investigación principal de la causa –llegó a dar con la verdadera identidad de Sandoval Fontana y culminó con Rei en la cárcel–. También Antonio Ladra, de la Policía Federal, y el muchacho apropiado. Los abogados de la querella de Abuelas, Alan Iud y Pablo Pachener, y la fiscalía desistieron del testimonio del otro policía federal citado, Daniel Vergara, quien, junto a Ladra, participó con Porcel del allanamiento fraguado. Ambos quedaron fuera del expediente. La ausencia de Tamara Villar, la pareja de Sandoval Fontana entonces, y su padre, Pedro Villar, fue la razón por la que el juicio no culminó ayer mismo. Su testimonio se pospuso para el 9 de diciembre, cuando también se oirán los alegatos y la sentencia.

Frente al TOF 5 de San Martín, Porcel defendió su actuación en el procedimiento de agosto de 2005 en el marco de la causa por la apropiación de Sandoval Fontana y denunció que su acusación era “una cuestión política”. Aseguró haber convocado a los testigos en el momento oportuno y haber seleccionado él mismo los elementos presuntamente contenedores del ADN del joven. Por último, negó haber tenido relación alguna con la última dictadura militar y haber conocido a Rei antes o después del operativo en cuestión.

El relato de Sandoval Fontana reversionó las cosas. El muchacho repasó los hechos que cambiaron su historia: desde la confesión en llanto de su apropiador, en 2004, hasta la propuesta de fraguar el allanamiento que aquél le hizo en Campo de Mayo. “En 48 horas van a allanarte la casa, tomá, vos dale esto a la policía”, recordó Sandoval Fontana.

Rei le entregó una bolsa con un peine, un cepillo de dientes, una remera y una toalla, rememoró el joven. Dos días después, entregó las cosas a Porcel y compañía. Junto a Ladra y Vergara, el entonces subcomisario había ido a buscar al hijo biológico de Liliana Fontana y Pedro Sandoval –aún desaparecidos– a la panadería de su ex suegro, Pedro Villar. Alejandro Rei, como lo llamaron sus apropiadores, los acompañó hasta su casa, en donde les entregó los elementos. Según declararon ayer los peritos del BNDG, contenían varios perfiles genéticos lo que los hizo inutilizables para el propósito con el que habían sido recolectados. Sandoval Fontana recordó que recién después de recibirlos, Porcel notó la falta de testigos. Lo solucionó citando en su informe a dos operarios de la panadería de Villar.

La Audiencia Nacional Madrid eguarda una investigación secreta sobre los bebés robados por Videla

El expediente forma parte de la causa tramitada por Garzón contra la dictadura argentina a finales de los 90. Su archivo definitivo podría producirse en las próximas semanas

DANILO ALBIN Bilbao 16/11/2014 23:15 Actualizado: 17/11/2014 00:19

Manifestantes escuchan el veredicto contra Videla en julio de 2012.

Los maquiavélicos métodos represivos aplicados por la dictadura argentina (1976-1983) no sólo incluyeron secuestros, torturas atroces o vuelos de la muerte. Siguiendo un plan sistemático ideado desde las más altas esferas del régimen, sus verdugos se encargaron de separar a cientos de niños de sus verdaderas familias. Muchos nacieron en campos de concentración u hospitales militares. Sus madres, nada más dar a luz, fueron fusiladas o lanzadas al mar aún vivas. En otras ocasiones, las criaturas eran apropiadas durante el secuestro de sus progenitores y entregadas a familias "occidentales y cristianas". La condena era clara: ellos, los "hijos de subversivos", jamás conocerían esta historia.

La lucha incansable de las Abuelas ya ha permitido que 114 jóvenes recuperen su identidad

Las cifras hablan por sí solas: según las Abuelas de Plaza de Mayo, cerca de 500 hijos e hijas de desaparecidos fueron secuestrados por la

dictadura y entregados a familias de militares o civiles cómplices, que los criaron en la más absoluta de las mentiras. Sin embargo, la lucha incansable de las Abuelas ya ha permitido que 114 jóvenes recuperen su identidad. La búsqueda no sólo se realiza en Argentina, sino también en aquellos países donde los apropiadores podrían haberse afincado en la etapa final de la dictadura.

Según ha podido confirmar Público, España figuró entre los destinos elegidos por los ladrones de bebés. No en vano, en una habitación de la Audiencia Nacional existen varios documentos -hoy completamente olvidados- que así lo acreditan. De acuerdo a esos archivos, todo comenzó a mediados de 1996, cuando el juez Baltasar Garzón tramitaba una causa judicial por los crímenes cometidos en la Argentina de Videla. En aquel contexto, Matilde Artés Company, "Sacha", una madre y abuela de desaparecidos que una década antes había logrado rescatar a su nieta Carla -apropiada por un agente de Inteligencia-, presentó una denuncia sobre posibles casos de hijos robados que por entonces podían vivir en España, sin conocer su identidad.

Las informaciones ofrecidas por Matilde Artés dieron lugar a una pieza judicial de carácter secreto, en el marco de la cual se realizaron distintas averiguaciones. Aquellas investigaciones estuvieron a cargo de un grupo conformado por agentes del Cuerpo Nacional de Policía, aunque la Guardia Civil también participaría en determinadas indagaciones. Durante varios meses, los agentes realizaron diferentes pesquisas para tratar de determinar si las denuncias de esta abuela eran ciertas.

Fuentes judiciales consultadas por Público confirmaron que este expediente -que reúne numerosas pruebas fotográficas y documentales- estaría condenado a dormir el sueño de los justos: el juez Pablo Ruz -sustituto de Garzón en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional- considera que los trámites relacionados con Argentina han concluido, por lo que próximamente podría producirse el archivo definitivo de la voluminosa causa. Si eso ocurre, la pieza secreta sobre los hijos robados por la dictadura se perderá para siempre.
Cuestión de sangre

Uno de los casos más llamativos de este expediente es el de P.E.V.B., un joven que por entonces vivía en Alicante. Las sospechas surgieron a raíz del testimonio de un odontólogo valenciano, quien aseguró que "un colega suyo, de unos 60 años de edad, tiene un hijo de unos 20 años, moreno, no guardando parecido físico con los padres". "El padre de este niño, siempre que surgen conversaciones en relación a las personas desaparecidas durante el período de la dictadura militar en la República Argentina, elude éstas, evitando todo tipo de comentarios o impresiones al respecto", añadía la denuncia presentada por Artés.

Las madres eran fusiladas o lanzadas al mar aún vivas nada más dar a luz

Según comprobaron los agentes de la Guardia Civil que investigaron a esta familia en Alicante, P.E.V.B. había nacido en Buenos Aires el 15 de junio de 1979. Sin embargo, su anotación en el Registro Civil de la capital argentina se produjo casi 15 meses después, algo característico en los casos de apropiaciones de bebés por parte de la dictadura de Videla. Por tales motivos, los investigadores planteaban la necesidad de obtener "muestras biológicas de P.E.V.B. para su análisis, remisión y cotejo con el Banco de Muestras Genéticas de desaparecidos existente en Argentina". Las fuentes judiciales consultadas por este periódico informaron que estos exámenes no llegaron a realizarse.

Las sospechas fueron aún mayores tras la declaración ofrecida a la Guardia Civil por un ginecólogo de origen argentino que a finales de los años 80 había atendido a la supuesta madre de este joven. La mujer había acudido a la consulta junto a su marido. Durante la charla con el ginecólogo, el hombre dejó entrever que había sido suboficial de las Fuerzas Armadas. "Se identificaron como argentinos y le dijeron que tenían un niño adoptado; igualmente le manifestaron que no tenían hijos biológicos", recordó el médico. También aseguró que la pareja no le había explicado de qué manera habían realizado la adopción.

Junto a esta declaración judicial figuran fotos del joven y de sus supuestos padres, así como de las propiedades que la pareja tenía en España. También hay datos muy pormenorizados sobre rasgos físicos y hábitos personales del presunto hijo de desaparecidos. "Este caso era uno de los más claros", señalaron desde el entorno de Matilde Artés. En las últimas horas, Público ha logrado confirmar que P.E.V.B. vive actualmente en Buenos Aires.
Dentistas en el punto de mira

Las sospechas también se centraron en J.M.A. y E.M.A., un jubilado argentino y una ciudadana alemana que vivían en Benidorm. En el marco de aquellas averiguaciones, la Guardia Civil obtuvo datos sobre los domicilios y las cuentas bancarias que el matrimonio tenía en esa turística ciudad. También pudo determinar que si bien contaban con residencia legal en España, la pareja mantenía su vivienda en una localidad situada a la orilla del río Meno, cerca de la frontera con Baviera. En los documentos no figuraba que tuviesen hijos, pero los investigadores no lo descartaban. Tal como explicaban en uno de los documentos, todas las pistas apuntaban a que J.M.A. y E.M.A. "se encuentran en este país de descanso, una vez alcanzado el retiro", mientras que sus posibles hijos seguirían "residiendo en Alemania, donde tendrían sus estudios o trabajo".

Una red de odontólgos "se habrían hecho cargo de sacar de Argentina y apropiarse de niños secuestrados"

Por su parte, la Policía Nacional llegó a elaborar un "listado de familias que tuvieran hijos cuya fecha de nacimiento estuviera comprendida entre 1975 y 1983 y que en el transcurso del tiempo continuaran residiendo en territorio nacional o hubieran obtenido la nacionalidad española". De esta manera, los funcionarios detectaron "la existencia de 243 familias, repartidas en 26 provincias del territorio nacional, que tenían 366 hijos, los cuales se encontraban comprendidos en el objeto de la investigación". Tras revisar los expedientes de cada uno de ellos, los policías aportaron al juzgado 134 fotocopias de partidas de nacimientos que, "una vez cotejadas, no han aportado nada nuevo a las investigaciones llevadas a efecto con anterioridad", explicaban.

Entre las familias investigadas se encontraban el odontólogo V.R.O. y su mujer, R.B.H., quienes tenían una hija adoptada. Los inspectores a cargo de este caso aportaron a la Justicia diferentes documentos relacionados con esta familia, desde fotografías y copias de sus respectivos DNI hasta el expediente judicial sobre un altercado de tráfico que V.R.O. había tenido en 1984. Varios años después, la supuesta hija menor de este matrimonio, una joven que responde a las iniciales de L.O.H., inició su propia búsqueda de la verdad a través de las redes sociales. Si bien su nacimiento se habría producido en 1974, fuentes cercanas a la investigación recordaron a Público que la dictadura argentina solía falsear las fechas en las partidas, con el objetivo de hacer aún más difícil la localización de estos chicos.

En tal sentido, las mismas fuentes incidieron en uno de los nexos en común que tendrían los apropiadores afincados en España: muchos de ellos son dentistas de profesión. En efecto, los abogados de los organismos de derechos humanos ya habían advertido al juez Garzón sobre la "existencia de una suerte de red de odontólogos argentinos en el extranjero que se habrían hecho cargo de sacar del país y apropiarse de estos niños secuestrados". Uno de los sospechosos de formar parte de este entramado, A.E.F., tenía una consulta en Vigo. En su denuncia, Matilde Artés advertía que tendría "dos o tres chicos que son hijos de desaparecidos". Esta familia había llegado a España en junio de 1984, seis meses después de acabada la dictadura. Las sospechas, como en otros casos similares, aún siguen vigentes.

Comienzan los alegatos en el proceso por nueve casos de apropiaciones de bebés

El juicio por la maternidad clandestina

La etapa de alegatos será inaugurada  por Abuelas de Plaza de Mayo. Los acusados por crímenes cometidos en el Hospital Militar de Campo de Mayo son los represores Riveros y Bignone, los médicos Norberto Bianco y Raúl Martín, y la obstetra Luisa Arroche.

 Por Ailín Bullentini

Abuelas de Plaza de Mayo inaugurará hoy la etapa de alegatos en el juicio a los médicos Norberto Bianco y Raúl Martín, a la obstetra Luisa Arroche y a los represores Santiago Riveros y Reynaldo Bignone por la apropiación de nueve bebés nacidos en la maternidad clandestina que funcionó en el Hospital Militar de Campo de Mayo.

El debate oral duró apenas dos meses y contó con el testimonio de una veintena de testigos, la incorporación por lectura de varias otras declaraciones ofrecidas en el juicio por el plan sistemático de apropiación de bebés y otras instancias judiciales. Casi todos los testigos que hablaron ante el Tribunal Oral Federal Nº 6 son o fueron empleados del Hospital Militar de ese gran predio del Ejército que es Campo de Mayo y en cuya área de Epidemiología funcionó, entre 1976 y 1978, una maternidad clandestina en la que parieron, por lo menos, 17 mujeres víctimas del terrorismo de Estado. Las historias de nueve de ellas integran el juicio que hoy ingresa en su etapa definitoria. Otros tantos casos aún esperan en el fuero de Instrucción a que la Justicia los mande a juicio oral. La querella de Abuelas y la Fiscalía, a cargo de Martín Niklison, Nuria Piñol y Viviana Sánchez, abrigaba la esperanza de que fueran incorporados al actual. Pero no ocurrió.

Marta Alvarez, Susana Stritzler, Mónica Masri, Valeria Beláustegui Herrera, María Eva Duarte, Myriam Ovando, Silvia Quintela Dallasta y Liliana Isabel Acuña estaban secuestradas en centros clandestinos que funcionaron en la órbita de Campo de Mayo. Estaban embarazadas. Según la elevación a juicio que enmarcó este debate oral, cuando estas mujeres entraron en trabajo de parto fueron trasladadas desde sus diferentes infiernos de cautiverio al Hospital Militar de Campo de Mayo. Allí fueron internadas en dos habitaciones del área de Epidemiología de esa institución, especialmente acondicionadas para la hospitalización de “guerrilleras subversivas”, hasta el momento del parto, que usualmente tenía lugar en el quirófano. A los pocos días, en algunos casos a las horas, esas mujeres eran regresadas a sus encierros clandestinos sin sus bebés, que fueron entregados a otras familias. Ninguna de ellas sobrevivió. Cinco de esos niños recuperaron su identidad, entre ellos Francisco Madariaga Quintela y Catalina de Sanctis Ovando.

Frente a la presidenta del TOF 6, María del Carmen Roqueta, y los jueces Julio Panello y Jorge Gettas, la querella de Abuelas de Plaza de Mayo será la primera parte acusadora en intentar tejer con el hilo de las pruebas documentales, testimoniales e históricas, esas nueve historias con las responsabilidades de los cinco acusados. Bignone y Riveros deben responder a las acusaciones por haber sido las autoridades máximas de la zona de defensa IV del Ejército nacional, que incluye en su jurisdicción la repartición militar de Campo de Mayo. Ambos ya fueron condenados a 25 y 20 años de cárcel, respectivamente, por apropiación de bebés en el juicio por el Plan Sistemático, llevado adelante por el mismo tribunal.

Martín y Bianco son sólo dos de los más de cinco médicos militares retirados que estuvieron involucrados en la investigación por el funcionamiento de la maternidad clandestina en Campo de Mayo y que por primera vez llegan a juicio por esos hechos. El resto se salvó de la Justicia por problemas de salud o por haber muerto.

Martín fue jefe del servicio de Clínica del Hospital Militar. Según la acusación de la querella, Martín era un “retransmisor” de información relativa a la presencia en el hospital de mujeres secuestradas clandestinamente, a sus partos y al destino de sus bebés.

Bianco fue jefe del Servicio de Traumatología de la institución. En sus respectivas elevaciones a juicio, la querella y la Fiscalía coincidieron en señalarlo como un “personaje clave” en el robo de bebés a detenidas ilegales cuyo destino era la desaparición.

Yolanda Arroche de Sala García fue obstetra de la institución y está acusada de haber firmado el certificado de nacimiento falso de uno de los bebés apropiados y quien ya recuperó su identidad, Francisco Madariaga Quintela.

Mensaje de Chicha Mariani ; Acercate a tu familia"

“Querida Clara Anahí, es posible que la familia en la que te criaste te haya dicho muchas veces que sos ‘una chica abandonada’. Qué ironía ésta, porque sos todo lo contrario a una chica abandonada”, escribió la Abuela de Plaza de Mayo, María Isabel “Chicha” Mariani, en Facebook, en un texto dirigido a su nieta apropiada, a la que aún busca. Subió además distintas fotos para que se puedan observar similitudes físicas y la joven sepa que aún la están buscando.

“Tuviste una mamá que te protegió con su vida hasta el último segundo de aquel 24 de noviembre de 1976. Tu papá, sabiendo que lo perseguían, eligió quedarse en La Plata buscándote, hasta que lo asesinaron el 1º de agosto de 1977”, explica Mariani a su nieta en su página de la red social. Clara Anahí Mariani fue secuestrada cuando tenía tres meses de edad después de que un grupo militar de tareas asesinara a su madre. Hace 38 años que la abuela junto a la familia busca a la niña.

El mensaje de Mariani fue acompañado por seis fotos en las que la beba está con su familia. En una está en brazos de sus padres, en otra en brazos de sus abuelos y sus bisabuelos; además está la imagen del DNI que llegaron a sacar sus padres antes de que la patota militar asesinara a la madre, robara a la beba y, posteriormente, también asesinara al papá.

“Si tenés una pequeña duda de tu identidad, permitite hacerlo y acercate a tu verdadera familia, a tu abuela, a tus tíos, a tus primos, que desde hace 38 años te buscan sin descanso... porque te aman, porque te extrañan, porque necesitan encontrarte, conocerte, por eso necesitan que vuelvas!!”, escribió Chicha con la esperanza de que el mensaje pueda llegar a su nieta, utilizando todos los medios posibles para comunicar su búsqueda.