lunes, 29 de agosto de 2011

Claudia Poblete: El rearmado de la historia personal

Claudia tenía ocho meses cuando en 1978 fue secuestrada junto a sus padres, Gertrudis Hlaczik y José Liborio Poblete Roa. Fue apropiada por el coronel Landa y conoció su identidad en 2001. “Recuperar mi identidad es un proceso largo y difícil”, dijo.
Por Alejandra Dandan

Claudia Poblete habló apenas media hora, pero logró situarse por primera vez con su nombre, y en nombre de sus padres, en el espacio público de los juicios por delitos de lesa humanidad. Apropiada en 1978, Claudia se sentó la semana pasada en una audiencia del proceso por el plan sistemático de apropiación de bebés: “Para mí recuperar mi identidad es un proceso largo y difícil –dijo–, pero es lo que más tranquilidad me ha dado y sentir que puedo seguir con mi vida. Siempre sentí mucha inseguridad y ahora siento que la he aclarado.”

Los juicios orales son espacios donde algunos relatos se nombran públicamente por primera vez. Claudia declaró en los Tribunales de Retiro el jueves pasado. Cuando le preguntaron si había habido algo en su vida que a la luz del presente cambiase de forma, ella habló de los juegos: “A un muñeco le puse de nombre Pepe, que era el nombre de mi padre –dijo– y me gustaba jugar a andar en silla de ruedas. A ellos (por los apropiadores) no les gustaba, decían que iba a traer desgracia”.

Claudia Victoria Poblete Hlaczik es hija de Gertrudis Hlaczik y de José Liborio Poblete Roa, militante chileno que llegó a Buenos Aires en 1972 para tratarse de un accidente que lo dejó paralítico. En el Instituto de Rehabilitación del Lisiado fundó el Frente de Lisiados Peronistas y conoció a Gertrudis, estudiante de Psicología. Claudia nació el 25 de marzo de 1978. El 28 de noviembre de 1978 secuestraron a José en Plaza Once y a la noche a su mujer y a su hija en Guernica. A los tres los llevaron al centro clandestino Olimpo. Claudia estuvo dos días allí con su madre y terminó apropiada por el coronel Ceferino Landa y su mujer, condenados en 2001. Sus padres fueron desaparecidos.

“Yo conozco mi verdadero origen el 10 de febrero del año 2000 –dijo Claudia–. Había sido citada al juzgado del juez Cavallo. Las personas que se decían mis padres eran Ceferino Landa y Mercedes Beatriz Moreira. Mi fecha de nacimiento era 13 de junio del ’78 y me llamaba Mercedes Landa.” El Landa que conoció Claudia era teniente coronel, integrante de la estructura de Inteligencia del Ejército, retirado supuestamente en 1979. De chica, a Claudia le habían hecho un análisis que dio negativo. Esta vez, “es la primera que me dicen que no era hija de ellos, que no podían tener hijos y que un médico, Cáceres Monie, me entregó”.

El médico militar Julio César Cáceres Monie intervino en otras apropiaciones. Ahora está muerto. “La versión que se contaba en mi casa de la dictadura era que ellos eran perseguidos por la subversión, que tenían miedo a las bombas. Yo no sabía que existían las Abuelas de Plaza de Mayo. Entonces para mí eso terminó siendo un armado para perjudicar a los Landa. Pero cuando el juez me mostró la foto mía de bebé, me reconocí inmediatamente.”

Claudia dijo que vivía en un círculo social muy restringido. “Tenía una sobreprotección muy marcada, se movían en un ambiente de militares. Fui a un colegio en Belgrano donde el capellán era Emilio Graselli, que había estado en la curia castrense, es el Colegio de la Misericordia. Luego encontré un cuaderno con las búsquedas de mi abuela y vi que había tratado de hacer gestiones con Graselli para encontrarnos.”

En el juicio habló de escenas de esa “vida familiar”. Dijo que alguna vez “de pequeña pregunté por fotos de embarazo, pero me dijeron que se las había robado una persona que trabajaba con ellos. Yo nunca fui muy inquisitiva, recién de adolescente empecé a pensar que podía no ser hija de ellos, por la edad de ellos; pero no preguntaba mucho”.

En la sala de audiencias estuvo sentado Fernando Roa, uno de los tíos de Claudia que la acompañó en el rearmado de la historia. El debía declarar la semana próxima en el juicio, pero no lo hará. Un testigo no puede estar presente en una audiencia hasta no haber declarado antes. El quiso estar ahí y escuchar a su sobrina declarar.

domingo, 28 de agosto de 2011

La estrategia de inculpar a los muertos

Lo que dicen los acusados por el robo de los bebés de Raquel Negro, en 1978.

Los represores que declararon en el inicio del juicio que se desarrolla en Paraná, deslindaron sus responsabilidades y cargaron las culpas contra médicos y un agente de inteligencia del Ejército que ya están fallecidos.
Por Juan Cruz Varela

Desde Paraná

Los que no están no pueden defenderse. Apunten contra los muertos. Esa fue la premisa de los imputados en la primera semana del juicio por el robo de los bebés que dio a luz Raquel Negro en el Hospital Militar de Paraná en marzo de 1978. Quienes aceptaron prestar declaración indagatoria apelaron a una estrategia común y, por qué no, cobarde: Pascual Oscar Guerrieri, Juan Daniel Amelong y Juan Antonio Zaccaría deslindaron responsabilidades en los muertos, sean estos militares o médicos. Zaccaría era jefe de terapia intensiva del Hospital Militar en 1978. En unos pocos minutos destrozó la estrategia que acababa de plantear su abogado defensor. Humberto Franchi solicitó la suspensión del proceso en su contra y se esmeró en hacerlo pasar por inimputable. Pero el médico anestesista contó con detalles el paso de Raquel Negro y sus hijos por el nosocomio paranaense y en varios tramos de su declaración dejó entrever también que pudieron haberse producido otros partos de mujeres secuestradas, lo que avalaría la hipótesis de que allí funcionó una maternidad clandestina.

Zaccaría dijo no recordar los nombres de quienes trabajaban en el Hospital Militar. No obstante, mencionó como probables responsables de la internación y el parto a los ginecólogos Jorge Cantaberta y Miguel Bottero Brollo y dijo que cumplía órdenes de sus superiores, que serían los tenientes coroneles médicos Luis Levín y Marcelo Jesús Beret, director y subdirector del Hospital Militar en 1978. Todos están fallecidos.

Sin embargo, pocos minutos tardó Zaccaría en soltarse y comenzar a recordar. A partir de preguntas que le formulara el fiscal José Ignacio Candioti, admitió la presencia de los bebés en una sala de terapia intensiva de adultos, pero aseguró que "los pusieron ahí y después los sacaron, cuando di la novedad a la superioridad, los hicieron desaparecer, los llevaron a otra parte". Más adelante insistió: "Yo no tenía nada que ver, a los chicos me los metieron de prepo en la sala de terapia intensiva".

De todas maneras, Zaccaría precisó que "la nena estaba bien, pero el varoncito estaba más o menos, tirando a mal; y la madre quedó en terapia, pero estaba sana". Más aún, el médico admitió, por primera vez, haberse entrevistado con Raquel Negro: "La vi cinco minutos, fue una charla parcial, superficial. Ella estaba acostada, pero tenía buen aspecto", aseguró. En ese marco, señaló que todo el procedimiento fue "irregular" y que Raquel Negro y los mellizos "estaban internados en forma ilegal, no correcta, en una palabra".

Pascual Oscar Guerrieri, en tanto, dio un testimonio casi de manual, en el que reivindicó la represión ilegal y negó cualquier vinculación con el operativo para el secuestro y sustitución de identidad de los mellizos. "Quiero hacer esta declaración con respeto hacia los que no están, tanto de la parte de ellos como de la parte de nosotros", dijo ante el tribunal. "Aspiro a un juicio justo. La otra parte no está, está desaparecida. Existimos solo nosotros, cuando no fue así", añadió mirando de reojo a los abogados querellantes.

El jefe de la patota apeló a una consigna de los organismos de derechos humanos al reconocerse un "ferviente admirador" del nunca más y cuestionó que se los tilde de represores o integrantes de una patota y volvió al remanido latiguillo de la guerra contra la subversión para referirse a los crímenes de lesa humanidad.

En su caso, intentó despegarse de las acusaciones en virtud de que en la cadena de mando tenía por encina suyo a los (casualmente) fallecidos Leopoldo Fortunato Galtieri, Luciano Adolfo Jáuregui y Alcides Juvenal Pozzi. Anotando en una pizarra que luego mostró al tribunal, intentó explicar cómo funcionaba la estructura del Segundo Cuerpo de Ejército y deslindar su responsabilidad argumentando que los hechos habían ocurrido en jurisdicción del Destacamento de Inteligencia 122, con sede en Santa Fe.

Así, pretendió cargar las tintas contra Paúl Alberto Navone, el mayor del Ejército que dependía de ese destacamento y apareció muerto el 25 de febrero de 2008, con un balazo en la cabeza, en un hotel de la Fuerza Aérea en la localidad cordobesa de Ascochinga, el mismo día en que debía presentarse a declarar como imputado en esta causa. Guerrieri fue más allá y aseveró que "Raquel Negro fue llevada a Paraná y Navone la ejecutó y se quedó con sus hijos".

Luego, Juan Daniel Amelong intentó una estrategia similar a la que sumó la "animosidad evidente" de Eduardo Costanzo, el represor que ha venido dando detalles acerca de cómo funcionaba la patota, y pidió al tribunal que ordene un cruce de llamadas entre los teléfonos que utilizaban Costanzo y Navone y que se remitan libros de guardia y visitas para determinar la frecuencia con que ambos se veían.

viernes, 26 de agosto de 2011

San Juan, filmarán el primer juicio por delitos de lesa humanidad

Luis F. Goya
María Ana Erize.
Es por el caso de un robo de bebé de desaparecidos. Quieren documentar el proceso dentro de un plan nacional. Claudio Leiva

Como ya viene sucediendo en otras provincias argentinas donde se están llevando adelante procesos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, también en San Juan se van a filmar las audiencias del primer juicio oral y público que está previsto que comiencen a partir del lunes 5 de septiembre
En el caso de San Juan, que será también el primer juicio en Cuyo de este tipo, se va a juzgar a un matrimonio que reside en la provincia acusado por el delito de apropiación de menor, hijo de desaparecidos.

Para cumplir con una disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha previsto ‘el resguardo de la memoria colectiva‘, a las 10 de hoy, en la sala Rogelio Cerdera de la Casa de Gobierno, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) firmará un convenio con la Subsecretaría de Derechos Humanos y Lucha contra la Discriminación de la provincia y la Universidad Nacional de San Juan. Es que la casa de estudios, a través del Centro de Creación para Medios de Comunicación (Creacom), será el encargado de la grabación en video de las audiencias de este juicio histórico en la provincia.

En la causa están imputados Luis Alberto Tejada, un ex militar que desde 1975 a 1982 estuvo en el Destacamento de Inteligencia Nro. 144 con asiento en Mendoza y que por su tarea también residió en San Juan, y su esposa Raquel Josefina Quinteros, ama de casa. Ambos viven ahora en la provincia y esa fue una de las razones que tuvo en cuenta la Justicia para que el proceso se lleve adelante en San Juan.

Están acusados de haberse apropiado entre 1979 y 1980 de un bebé que todavía no tenía un año de vida, hijo de un matrimonio de desaparecidos. Se trata de Luis Francisco Goya, argentino, integrante de la Agrupación Montoneros, y María Lourdes Martínez Aranda, mexicana. Ambos desaparecieron en el ‘80, según figura en la causa.

Si bien este es el primer juicio oral y público que se va a filmar en la provincia, se espera que antes de fin de año puedan comenzar los procesos contra otros personajes que actuaron en la provincia durante la época de la dictadura militar. Entre ellos Jorge Olivera, que tiene una causa en contra por la desaparición de la modelo franco-argentina María Ana Erize.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación sacó una resolución el 16 de diciembre del 2009 en la que dispuso la filmación de los juicios orales y públicos por la comisión de delitos de lesa humanidad.

Fue en el marco de las políticas nacionales de memoria, verdad y justicia, a través de las cuales se instrumentó la guarda y conservación en formato audiovisual del material obtenido en los procesos por delitos cometidos durante la última dictadura militar. Según el convenio original, el INCAA, por medio de su Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), aportará la capacidad técnica de sus egresados y equipo de producción, de acuerdo a los requerimientos de la Corte. El acuerdo establece que ‘las imágenes logradas son de propiedad del Poder Judicial de la Nación‘. En ese sentido, el INCAA queda obligado a hacer entrega del material filmado en bruto al tribunal oral donde se sustancie el juicio.

En el caso de San Juan, la tarea de filmación estará a cargo del Creacom, que dirige Carlos Ureta, y que deberá seguir una serie de pautas impartidas desde el instituto del cine. Desde el año 2006, luego de la anulación de las leyes de impunidad, comenzaron a realizarse los juicios penales a los responsables por delitos de lesa humanidad, desde la Justicia se entendió que era indispensable garantizar la publicidad de las audiencias y el registro audiovisual de los juicios.

La idea era afianzar un concepto amplio del principio de publicidad, pues no sólo se trata de promover la difusión de los juicios, sino de conformar un archivo audiovisual que pueda ser de acceso público.

Hasta ahora, el registro audiovisual contiene imágenes, por ejemplo, de los juicios llevados a cabo contra el ex comisario general de la policía bonaerense Osvaldo Etchecolatz, el ex Capellán de la policía, Christian Von Wernich, los 14 represores que actuaron en la unidad 9 de La Plata, y los apropiadores Omar Alonso y el capitán de navío de Infantería de Marina Juan Carlos Herzberg. 

jueves, 25 de agosto de 2011

Comienza el juicio en Paraná

Seis represores están acusados por los delitos de sustracción de menores y sustitución de identidad de los hijos de Raquel Negro • Cuarenta y nueve testigos están citados a declarar y el debate se extendería por alrededor de dos meses • Es la primera vez que se juzgan crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia de Entre Ríos

Diez mil cuatrocientos ochenta y cuatro días se tomó la democracia para llevar por primera vez a los estrados judiciales en la provincia de Entre Ríos a quienes ejecutaron los crímenes más terribles que se hayan cometido en la Historia argentina.
El juicio es contra seis represores acusados por robo de bebés nacidos en cautiverio en el Hospital Militar de Paraná en marzo de 1978.
Comenzó el primer juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia de Entre Ríos. Cinco integrantes de la patota que actuó en Rosario durante la dictadura, además de un médico, están acusados por el secuestro y la sustitución de identidad de los hijos mellizos que dio a luz Raquel Negro en el Hospital Militar de Paraná, en los primeros días de marzo de 1978. En el banquillo de los acusados están sentados los militares Pascual Oscar Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Pagano y Marino Héctor González junto con el médico anestesista Juan Antonio Zaccaría, quien se desempeñaba como jefe de terapia intensiva del hospital. Salvo Guerrieri y Zaccaría, que gozan del beneficio del arresto domiciliario, el resto de los imputados están alojados en la Unidad Penal Nº 1 de la capital entrerriana.

La investigación, iniciada en 2005, permitió la restitución de la identidad de Sabrina Gullino, en diciembre de 2008. Raquel Negro y Edgar Tulio Valenzuela fueron secuestrados el 2 de enero de 1978 en Mar del Plata y el mismo día fueron enviados al centro clandestino de Quinta de Funes, en las afueras de Rosario. Con ellos estaba Sebastián, el hijo de la mujer, que tenía un año y medio. Entre fines de febrero y principios de marzo los integrantes de la patota idearon un plan para trasladar en forma clandestina a Raquel Negro para que diera a luz.

El procedimiento estuvo a cargo de un grupo de operaciones especiales creado en 1975, bajo la órbita del Segundo Cuerpo de Ejército, a cargo del teniente coronel Guerrieri, que era segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército, con sede en Rosario. A su vez, Guerrieri dirigía las detenciones de personas en todos los centros clandestinos que funcionaban en la zona. En la línea de mando seguía el mayor Jorge Alberto Fariña, que actuaba como jefe de operaciones especiales de inteligencia. Como tal tuvo a su cargo la organización y coordinación del plan para el traslado de Raquel Negro.

En el operativo intervinieron también el teniente Juan Daniel Amelong, que era jefe de sección y segundo jefe de operaciones especiales de inteligencia, y Walter Salvador Dionisio Pagano, un civil que revistaba como agente secreto del Destacamento de Inteligencia 121 bajo el seudónimo de Sergio Paz. Ellos fueron los que abandonaron a la nena en un convento de Rosario, presionaron y dejaron trabado el timbre con un escarbadientes y salieron corriendo. Esa fue la pista que permitió localizar y restituir la identidad de Sabrina Gullino, ya que la beba fue entregada a un Juzgado de Menores y luego dada en adopción legal.

El capitán Marino Héctor González, como jefe GT-1 del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército, fue quien ordenó todos los trámites para la internación de Raquel Negro en Paraná, dado que en la capital entrerriana estaba el único hospital militar de la zona, y también coordinó las guardias para la custodia de la mujer mientras duró su convalecencia.

En el operativo intervino también personal civil. Juan Antonio Zaccaría era el médico que estaba a cargo de la unidad de terapia intensiva del Hospital Militar de Paraná cuando se produjo el parto. De la investigación surge que se de-sempeñó como nexo con los represores que ejecutaron el operativo.

El médico anestesista dijo que un día, al inicio de su tarea habitual, se encontró sorpresivamente con un bebé en una incubadora en la sala a su cargo. Sin embargo, una enfermera del hospital contó en sede judicial que fue convocada por Zaccaría para asistir el parto de una mujer que se encontraba en la sala de Ginecología y que luego el propio profesional le ordenó que en el libro de enfermería de la terapia intensiva quedaran registrados como NN tanto Raquel Negro como sus hijos. Esta situación habría generado agrias discusiones entre Zaccaría y otros profesionales del hospital, dada la precariedad con la que fueron asistidos los recién nacidos y la gravedad del estado de salud del varón, lo que motivó su traslado al Instituto Privado de Pediatría, donde se perdió su rastro.

El juicio se extenderá por alrededor de dos meses, ya hay 49 testigos citados a declarar, entre ellos Sabrina Gullino, su hermano Sebastián Alvarez; la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; la directora del Banco Nacional de Datos Genéticos, Belén Cardozo; Jaime Dri, sobreviviente de la Quinta de Funes; el represor Eduardo Costanzo, que aportó datos clave; y las enfermeras que atendieron el parto y a los mellizos
.

miércoles, 24 de agosto de 2011

Entre Ríos: comienza el juicio por robo de bebés en la dictadura

- Seis represores están acusados por los delitos de sustracción de menores y sustitución de identidad de los hijos de Raquel Negro • Cuarenta y nueve testigos están citados a declarar y el debate se extendería por alrededor de dos meses • Es la primera vez que se juzgan crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia de Entre Ríos

Diez mil cuatrocientos ochenta y cuatro días se tomó la democracia para llevar por primera vez a los estrados judiciales en la provincia de Entre Ríos a quienes ejecutaron los crímenes más terribles que se hayan cometido en la Historia argentina.

El miércoles comenzará el juicio contra seis represores acusados por robo de bebés nacidos en cautiverio en el Hospital Militar de Paraná en marzo de 1978.

El Tribunal Oral Federal de Paraná juzgará a cinco militares y un médico con rango militar, acusados por sustracción de menores y sustitución de identidad, en el caso de Sabrina Gullino, hija de Raquel Negro y Tucho Valenzuela. En el banquillo de los acusados estarán los ex militares Pascual Oscar Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Pagano y Marino Héctor González; junto con el médico anestesista Juan Antonio Zaccaría, quien se desempeñaba como jefe de terapia intensiva del Hospital Militar de la capital entrerriana.

Los represores están detenidos y acusados por los delitos de sustracción de menores de 10 años de edad, que establece una pena de tres a diez años de prisión, y supresión de sus estados civiles, con pena de uno a cuatro años, en calidad de autores mediatos.

El tribunal estará integrado Roberto López Arango, Lilia Carnero y Juan Carlos Vallejos –María Ivón Vella será jueza sustituta–. Los fiscales serán Marina Herbel y José Ignacio Candioti (coadyuvante); los querellantes serán Eduardo Duhalde, secretario de Derechos Humanos de la Nación; Ana Oberlin y Álvaro Baella, en representación de Abuelas de Plaza de Mayo; y Álvaro Piérola y Florencia Amore, por Sabrina Gullino y Sebastián Álvarez y la agrupación Hijos. En tanto, Mario Franchi será el defensor oficial de los militares imputados y Humberto Franchi será el abogado de Zaccaría.

Las audiencias se desarrollarán los días miércoles, jueves y viernes en la sala de la Cámara Federal de Apelaciones y el debate se extenderá hasta el 16 de septiembre.
Para el juicio están citados a declarar 49 testigos. La nómina incluye, entre otros, a Sabrina Gullino, su hermano Sebastián Álvarez; la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; la directora del Banco Nacional de Datos Genéticos, Belén Cardozo; Jaime Drí, sobreviviente de la Quinta de Funes; los periodistas Miguel Bonasso, Carlos Del Frade y Reynaldo Sietecase; el represor Eduardo Costanzo, que aportó datos clave sobre el operativo; y las enfermeras que atendieron el parto y luego a los mellizos. Finalizada esta etapa se realizarán inspecciones judiciales en el Hospital Militar y en el Instituto Privado de Pediatría, por lo que el juicio duraría alrededor de dos meses.

Precisamente Costanzo será el primero en declarar, el 31 de agosto, y la policía ya tiene preparado un operativo de seguridad inédito, ya que el represor, que goza del beneficio del arresto domiciliario en Rosario, ha recibido varias amenazas de muerte.
Previo a eso, el abogado defensor de Zaccaría adelantó que planteará la suspensión del proceso en su contra, argumentando problemas de salud, a pesar de que el 3 de junio el médico fue sometido a una pericia en la que se determinó que estaba en condiciones de enfrentar un proceso judicial. De hecho, el tribunal, al momento de fijar la fecha para el debate oral y público, desestimó repetir los estudios por lo reciente del examen anterior.

• Operativo

Raquel Ángela Carolina Negro y Edgar Tulio Valenzuela fueron secuestrados el 2 de enero de 1978 en el centro de Mar del Plata. Con ellos estaba Sebastián, el hijo de la mujer, que tenía un año y medio en ese momento. El mismo día fueron trasladados a la Quinta de Funes, en las afueras de Rosario, donde estaba alojada casi toda la cúpula regional de Montoneros.

Entre fines de febrero y principios de marzo los integrantes del Destacamento de Inteligencia 121 idearon un plan para el traslado en forma clandestina de Raquel Negro para dar a luz. El represor Eduardo Costanzo contó en sede judicial que la mujer fue trasladada a Paraná porque allí estaba “el único hospital militar de la zona” y acotó que “fue internada como sobrina de (Leopoldo Fortunato) Galtieri y siempre estaba custodiada por personal que venía desde Rosario y se relevaba cada 24 horas; tenía una habitación alejada, con dos camas, una ocupada por ella y otra por el custodio”.
Raquel Negro estuvo alojada en la Sala I del Hospital Militar de Paraná, bajo la custodia de personal de las Fuerzas Armadas, hasta que dio a luz a mellizos, un varón y una nena.

Según la investigación judicial, horas después de nacer los mellizos fueron derivados al Instituto Privado de Pediatría, por complicaciones en su salud, e ingresados como “López, Soledad” y “López, NN”. Una vez dada de alta, la nena fue dejada en el Hogar del Huérfano de Rosario, desde allí entregada a la Justicia de Menores y dada en adopción legal. Recién en diciembre de 2008 se logró restituir la identidad a Sabrina Gullino; pero hasta el momento nada se sabe del otro bebé.

Raquel Negro fue devuelta sin vida a Rosario y su cuerpo habría sido arrojado en los denominados “vuelos de la muerte”, junto con otros 14 dirigentes montoneros que estaban secuestrados en el centro clandestino de detención La Intermedia, una quinta propiedad de la familia Amelong, ubicada en el kilómetro 24 de la autopista Rosario-Santa Fe.

• Civiles y militares

El operativo para el traslado de Raquel Negro a Paraná estuvo a cargo de un grupo de operaciones especiales que funcionaba bajo la órbita del Segundo Cuerpo de Ejército. El responsable era el teniente coronel Pascual Oscar Guerrieri, que a vez era segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército, con sede en Rosario, y dirigía las detenciones de personas en los centros clandestinos de detención que había en la zona.

Por debajo suyo en la línea de mando estaba el mayor Jorge Alberto Fariña, que se desempeñaba como jefe de operaciones especiales de inteligencia. Como tal tuvo a su cargo la organización y coordinación del plan para el traslado de Raquel Negro desde la Quinta de Funes al Hospital Militar de Paraná.

En el operativo intervinieron también el teniente Juan Daniel Amelong, que era jefe de sección y segundo jefe de operaciones especiales de inteligencia, y Walter Salvador Dionisio Pagano, un civil que revistaba como agente secreto del Destacamento de Inteligencia 121 bajo el seudónimo de Sergio Paz. Ellos fueron quienes abandonaron a la nena en un convento en Rosario –luego se supo que era el Hogar del Huérfano–, dejaron el timbre conectado con un escarbadientes y salieron corriendo.

• Paraná

Por su parte, el capitán Marino Héctor González era jefe GT-1 del Destacamento de Inteligencia 121, fue quien ordenó todos los trámites para la internación de Raquel Negro en Paraná y coordinó la custodia de la mujer mientras duró su convalecencia.

En tanto Juan Antonio Zaccaría estaba a cargo de la unidad de terapia intensiva del Hospital Militar de Paraná cuando se produjo el parto. De la investigación surge que el médico se desempeñó como nexo con los militares que ejecutaron la operación.

El médico anestesista dijo que un día, al inicio de su tarea habitual, se encontró sorpresivamente con un bebé en una incubadora en la sala a su cargo. Sin embargo, una enfermera del hospital contó en sede judicial que fue convocada por Zaccaría para asistir el parto de una mujer que se encontraba en la Sala de Ginecología del nosocomio y que luego el propio profesional le ordenó que en el libro de enfermería de la terapia intensiva, tanto Raquel Negro como sus hijos, quedaran registrados como NN.

Inclusive, esta situación habría generado agrias discusiones entre Zaccaría y otros profesionales del nosocomio, dada la precariedad con la que fueron asistidos los recién nacidos y la gravedad en el estado de salud del varón, lo que motivó su traslado al Instituto Privado de Pediatría, donde se perdió su rastro

martes, 23 de agosto de 2011

Una hermana que busca a su mellizo

El miércoles comienza en Paraná el juicio oral y público por el funcionamiento de una maternidad clandestina en el hospital militar de esa ciudad y puntualmente por el robo de los mellizos, hijos de Raquel Negro y Edgar Tulio Valenzuela.

En esta historia, el hijo mayor de Raquel, Sebastián Alvarez, es querellante en el juicio; Sabrina, una de los mellizos nacidos en cautiverio recuperó su identidad en diciembre de 2008, mientras que el otro niño sigue siendo buscado.

Según información de la Abuelas, la santafesina Raquel Negro tuvo a su primer hijo, Sebastián, junto a Marcelino Alvarez, desaparecido a fines de 1976.

El sanjuanino Edgar formó pareja con Alcira Fidalgo, secuestrada y desaparecida el 4 de diciembre de 1977 en la ciudad de Buenos Aires. Tiempo después, conoció a Norma Espinosa con quien tuvo a su primer hijo, Matías Nicolás, nacido en 1976.

Raquel "María" y Edgar "Tucho" o "Marcos", se conocieron en Rosario por su militancia en Montoneros, formaron pareja y por un tiempo vivieron en Brasil, cuando regresaron en enero de 1978 se asentaron en Mar del Plata, donde fueron secuestrados a los pocos días de llegar.

Edgar y Sebastián fueron secuestrados en la "Tienda Los Gallegos" y Raquel, embarazada de siete meses de mellizos, en la esquina de Luro y Catamarca.

Todos fueron llevados al centro clandestino de detención "Quinta de Funes", en las afueras de Rosario, donde se organizó un operativo en el que Edgar fue obligado a salir clandestinamente del país junto a represores con el fin de concretar un operativo de secuestro de dirigentes políticos en el exterior.

La pareja simuló aceptar el plan negociando la restitución de Sebastián a su familia materna.

Tulio salió del país con los represores y una vez que pisó suelo mexicano, se fugó y denunció los crímenes de la dictadura en Argentina.

Permaneció en México y el 25 de mayo de 1978 estableció el último contacto con su familia. Si bien se sabe que ingresó al país en el marco de la "Contraofensiva", no hay exactitud acerca de las circunstancias de su secuestro.

De Raquel se supo que a principios de marzo de 1978 dio a luz una niña y un niño en el Hospital Militar de Paraná y ambos bebés permanecieron internados en la unidad de terapia intensiva.

Luego fueron llevados al Instituto Médico de Pediatría donde ingresaron a la niña como "Soledad López" y al niño como "NN López".

Las fuerzas de seguridad abandonaron a la pequeña en la puerta de un convento y fue dada en adopción de buena fe a la familia Gullino, información que pudo obtenerse a partir de una causa iniciada en mayo de 2005 en el Juzgado Federal 1 de Paraná, con una denuncia realizada por el coordinador del Registro Único de la Verdad, Guillermo Germano.

En la causa también se presentaron como querellantes Sebastián Álvarez, el hermano mayor, Abuelas de Plaza de Mayo y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Paralelamente, a fines de noviembre de 2008, una joven que dudaba de su identidad se presentó en la filial de Abuelas de Rosario y a los pocos días de su entrevista la joven recibió una citación de la jueza que ordenaba la pericia genética dando intervención a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) en el caso.

El 23 de diciembre de 2008, la jueza informó a Sabrina, por entonces de 31 años, que los resultados confirmaban que era hija de Raquel y Edgar.

Sabrina Gullino Valenzuela Negro, como le gusta presentarse, es la nieta recuperada 96 y ya contó su historia en el juicio oral que se realizó en Rosario por delitos de lesa humanidad.

En tanto, continúa la busqueda de ese niño, que hoy tiene 33 años, hermano mellizo de Sabrina y hermano menor de Sebastián.

viernes, 19 de agosto de 2011

Los niños apropiados en Campo de Mayo

Los represores Antonio Bussi y Santiago Onar Riveros otra vez a juicio.

La Cámara Federal rechazó un planteo de nulidad de la defensa de los dos jefes de la represión y confirmó que van a juicio. También serán juzgados dos médicos.
     
El ex gobernador tucumano Antonio Domingo Bussi y el ex jefe de Campo de Mayo Santiago Omar Riveros irán a un nuevo juicio oral, esta vez por apropiación de bebés en esa guarnición durante la dictadura. Así lo confirmó la Cámara Federal porteña, que rechazó los planteos de nulidad formulados por las defensas de los represores y de dos médicos acusados en la causa.

Riveros fue titular del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo y Bussi segundo comandante, luego de haber estado a cargo en Tucumán del Operativo Independencia. Los médicos acusados son Jorge Habid Haddad, que se de-sempeñó como subdirector del Hospital Militar de Campo de Mayo, y Ramón Oscar Capecce, ex jefe del Servicio de Cirugía, ambos a cargo de la maternidad clandestina donde las mujeres secuestradas dieron a luz a sus hijos luego apropiados.

Los represores deberán responder por los delitos de “sustracción, retención, ocultamiento y supresión de identidad” de los bebés nacidos en Campo de Mayo entre 1976 y 1978. Los casos concretos que se ventilarán en el juicio oral ahora confirmado son el robo de los bebés de María Eva Duarte de Aranda, Marta Graciela Alvarez, Susana Stritzler, Myriam Ovando y Liliana Isabel Acuña.

Los abogados defensores de los acusados habían pedido la nulidad de las elevaciones a juicio, aduciendo que los pedidos de la fiscalía y de los querellantes –entre quienes están la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y Abuelas de Plaza de Mayo– eran “imprecisas”.

Sin embargo, la Cámara Federal señaló que no encontró “defectos formales que justifiquen la sanción procesal pretendida”. El fallo fue firmado por los jueces Eduardo Farah y Jorge Ballestero.

Bussi tiene en el haber una condena a prisión perpetua, que cumple en un country de Yerba Buena, en Tucumán. Riveros, que también fue condenado a cadena perpetua por violaciones a los derechos humanos, consiguió que la Cámara de Casación le concediera el beneficio de la prisión domiciliaria.

miércoles, 17 de agosto de 2011

Reclamo contra un prófugo

Carlos Viñas, tío del joven apropiado por el represor Jorge Vildoza

Pidió que busquen y arresten al represor Jorge Vildoza, que está prófugo. “Mientras no se haga justicia, no sé si ese chico está libre de verdad o en libertad vigilada –dijo–. Pudo haber recuperado su identidad, pero no su libertad.”
Por Alejandra Dandan

Javier Gonzalo Penino Viñas recuperó su identidad en 1998, pero como su apropiador sigue prófugo, la familia está convencida de que aún no recuperó la libertad. Su historia es una de las que se investigan en el juicio por el plan sistemático de apropiación de niños y por lo que se busca al marino y represor Jorge Vildoza, uno de los jefes de la patota de la ESMA. Ayer declaró Carlos Roberto Viñas, el hermano de la madre de Javier, y pidió a la Justicia que acelere la búsqueda de Vildoza: “Mientras no se haga justicia, no sé si ese chico está libre de verdad o en libertad vigilada” porque “pudo haber recuperado su identidad –explicó–, pero no su libertad”.

“Mi sobrino fue restituido en el año ’98 y nos encontramos con una persona sorprendida porque había vivido 21 años con una mentira en un ambiente en el que, cuando leo o escucho declaraciones de otros chicos, descubro lo que le estuvo pasando”, dijo el tío. Javier fue a un colegio inglés, como los de las películas, con carácter, y según las denuncias le tenía terror a su apropiador. “Que cuando estaba por retarlo, él mismo decía: ‘Yo me pego’, ‘Yo me pego’, antes de que el otro le infligiera el castigo”, por eso dijo que “mientras no tengamos a Vildoza, mientras no se haga justicia, ese chico no sé si está libre”. Javier sabe quién es, dijo Carlos, lleva el apellido de la madre y del padre, “no tiene dudas porque es igual a los primos, el parecido es impresionante, pero cómo sé yo que así puede superar la perversidad con la que fue criado”.
Las llamadas de Cecilia

El caso Viñas ganó visibilidad porque Cecilia se comunicó por teléfono con su familia después de estar siete años desaparecida. Su hermano Carlos siguió cada una de las ocho llamadas que hizo su hermana entre fines de 1983 y 1984 desde distintos lugares, entre ellos uno que hoy se supone fue una de las bases operativas de la marina que siguieron funcionando hasta esa época, por lo menos, cerca de Mar del Plata. Carlos también habló con su hermana y más tarde se empantanó con las promesas de una investigación encarada por el primer alfonsinismo, que los puso en manos de supuestos cuerpos de elite de la misma policía que había formado parte de los grupos operativos. Con los años, Carlos siguió las pistas para encontrar a su sobrino. Cecilia estaba embarazada de siete meses cuando la secuestraron y por los testimonios de los sobrevivientes de la ESMA supieron que había tenido un varón.

Los primeros datos del destino del niño hablaban de Vildoza, el segundo jefe de la Escuela de Mecánica de la Armada entre el ’76 y el ’80. La información llegó a Abuelas de Plaza de Mayo a través de un médico pediatra que atendió a un niño en una casa del barrio de Martínez. El médico se topó en el living con la foto de un marino, encontró a una madre con la edad de una abuela y la habitación del niño como una especie de “quirófano”. “No era la pieza normal de un bebé –dijo su tío– sino de un chico muy reprimido, digamos, y cuando vimos al médico él nos dijo que el chico le había llamado la atención porque era un chico triste.”

Las investigaciones se extendieron hasta 1998, cuando Javier recuperó su identidad, pero de algún modo todavía no terminan.

El primer juez que tuvo la causa trató a Vildoza “con sumo respeto, le preguntó si estaba de acuerdo en hacerse un análisis para saber su relación con Javier, pero se negó porque dijo que era una práctica cruenta”. Cuando, más tarde, otro juez, en otro juzgado, volvió a llamarlo, Vildoza estaba fugado. En el medio, Carlos descubría datos cada vez más insólitos, como que uno de los hijos del marino hasta los años ’90 prestó, paradójicamente, servicio en la Inteligencia Naval. Años después, en medio de las investigaciones que hizo en España el juez Baltasar Garzón, Carlos y su madre viajaron para declarar. A partir de una entrevista en televisión, repetida en países de la Unión Europea, Vildoza supo que lo estaban denunciando. Llamó al juzgado de María Servini de Cubría para decir que era todas mentiras. La jueza lo invitó a viajar a Buenos Aires para despejar las dudas porque él estaba en Londres, pero el marino no lo hizo.

“Creo que ahí hay un punto en el que la Justicia está en deuda con la sociedad y con nosotros –dijo Carlos–. Porque el apropiador de mi sobrino sigue prófugo y desde que se hizo la restitución evidentemente hay cosas que no se entienden, como la invisibilización de este personaje, que curiosamente en este juicio no está ni como imputado.”

Carlos está convencido de que Vildoza también puede decirle algo más de dónde estuvo su hermana. De qué pasó con ella. De qué eran esas llamadas. Carlos terminó asociando la inmunidad de este personaje con datos que aparecieron en las declaraciones de Adolfo Scilingo, el tráfico de armas y los negocios que se protegieron en los años ‘90. “Creo que esto tiene que ver con que nosotros no hagamos juicio testimonial sino un juicio que tenga efectos, que realmente cumpla el objetivo que es no sólo que se fundamente el robo sistemático de bebés, sino que quienes hicieron y fueron parte activa, muy activa, no sé si en este momento no están operando todavía.”

La declaración de Carlos estuvo atravesada por la relación con Javier, que los Viñas parecen no terminar de resolver, porque él aparece tironeado por sensaciones de dos mundos, que sin una cárcel de por medio, como dicen muchas de las víctimas, parecen perpetuarse.

“Yo no hace mucho leí historias de recuperación, y éste creo que es el hilo que le va a permitir a mi sobrino saber exactamente quién era el monstruo que lo apropió, que eso le va a permitir a él moverse con libertad total, saber que ese tipo que lo reprimía de chico no está en libertad, que está siendo juzgado como corresponde.”

martes, 16 de agosto de 2011

Una sobreviviente de la ESMA, una nena secuestrada con sus padres

"Creía que me habían abandonado”

Víctor Basterra contó en el juicio por robo de bebés que vio en la ESMA a a los padres de María Ruiz Dameri y a sus hijos. Ella y un hermano fueron dejados en un hospital y entregados en adopción. Su hermana fue apropiada por el represor Azic.

 Por Alejandra Dandan

–¿Su nombre?

–Biológicamente, María de las Victorias Ruiz Dameri. Según mi DNI, Victoria Torres.

–¿Lugar de nacimiento?

–Biológicamente en Suiza. Según el DNI, en Argentina.

–¿Fecha de nacimiento?

–Biológicamente, 25 de marzo de 1978; según el DNI, 17 de diciembre de 1977.

La jueza María del Carmen Roqueta le preguntó a María de las Victorias si tenía algún vínculo de parentesco o deuda pendiente con alguno de los represores acusados en el contexto de esa audiencia del Juicio por el Plan sistemático de robo de bebés. Respondió corto, muy corto, pero dijo que sí: “Con uno de ellos sí, con el señor Azic, porque se apropió de mi hermana; porque mi mamá, mi papá, mi hermano y yo estuvimos en la Escuela Mecánica de la Armada y sé por testimonios que él participó de las torturas”.

María de las Victorias acababa de sentarse en la silla que hasta poco antes había ocupado Víctor Basterra, uno de los sobrevivientes de la ESMA que vio a su madre embarazada, que estuvo cerca del nacimiento de su hermana, que había llegado a tener a esa niña en brazos por unos segundos y que llegó a ver en un pasillo del sótano de la Escuela de Mecánica la imagen absurda de dos niños: “Yo dije que fue conmovedor el caso de Silvia y Orlando”, había dicho Basterra sobre los padres. “Yo calculo que los secuestraron aproximadamente para mayo o junio del año 1980; Silvia tenía un embarazo muy pronunciado y lo notable es que habían sido secuestrados con dos criaturas, tendrían tres o cuatro años y en ese sótano tenebroso, en donde estaban torturando en la pieza de al lado a Orlando Ruiz, ellos corrían y se deslizaban por los pasillos porque resbalaban y era como un juego. Yo fui secuestrado con mi hija de dos meses, pero que haya una criatura en esa situación es muy conmovedor por lo menos.”

Basterra vio a esos dos niños varias veces ahí. Alguna vez también dejó de verlos. Para septiembre, Silvia había tenido el parto y durante mucho tiempo él le perdió la pista. Alguna vez vio una foto con su imagen en una pileta y supuso que era en una de las quintas que los marinos usaban como casas operativas. Le llamó la atención no sólo la imagen sino el contexto, se quedó pensando, porque los marinos a veces buscaban revelar las fotos de familia en el laboratorio del centro clandestino. Meses después preguntó por los otros dos hijos de Silvia a un guardia, un chofer, apodado Merluza, de apellido Martín. El hombre le dijo que los niños habían sido entregados a un hogar naval, y durante años no supo más nada.
María de las Victorias

María de las Victorias no escuchó su testimonio porque así son las reglas de los juicios. Ahora estaba sentada frente al Tribunal Oral Federal 6 e intentaba responder a la fiscalía “¿Cuándo supo que usted tenía otra identidad biológica?”, le preguntó Martín Niklison. Y ella dijo que lo supo en el año 2000, cuando la llamaron del Banco Nacional de Datos Genéticos para decirle que era hija de Silvia y Orlando. “Viví anteriormente con mi familia adoptiva –explicó–, Norma y Humberto Torres, que me adoptaron después de que alguien me dejara abandonada en la puerta de un sanatorio de niños en Rosario. Estaban en trámite de adopción desde hacía diez años, les toqué yo y me llevaron a vivir al pueblo donde todavía vivo, en Figueras. Tenía casi tres años, por lo que siempre supe que no era hija biológica del matrimonio y siempre me comentaron la realidad de que no era su hija. Viví creyendo esa historia, sintiéndome abandonada.”

–¿Cómo llegó a la idea de hacerse el ADN? –preguntó el fiscal. Y ella dijo: “Un día estábamos con mi familia adoptiva leyendo Clarín, y había fotos de niños, de varios chicos, con un título que decía ‘Más de 20 años’. En esa página veo una foto de una nena que se llamaba María de las Victorias Ruiz Dameri y empecé a gritar: ¡¡¡Esta nena soy yo!!!”.

Era domingo. El lunes hablaron al diario, pidieron un teléfono de algún organismo de derechos humanos en Buenos Aires. Les dieron un turno para el estudio y con el resultado empezó a conocer la historia familiar. Supo que a su hermano Marcelo se lo habían llevado a Córdoba, que había sido adoptado por una familia y restituido en los ’90 por las Abuelas. Que a él, como a ella, los habían dejado con un cartel colgado en el cuello con el nombre y una leyenda diciendo que sus padres no los podían mantener, y Dios los ayude. Además supo que tenía otra hermana. Que esa hermana era la que había nacido en la ESMA y había sido apropiada por Juan Antonio Azic, el mismo que se apropió de Victoria Donda.

Durante años, hubo imágenes infantiles con esas escenas. María de las Victorias dijo que cuando era chica y veía la imagen de Menotti en televisión salía corriendo a esconderse abajo de una mesa y gritaba que por favor no llegue a buscarla el Tío Tommy. “Y también recuerdo –aclaró– haber tenido durante mucho tiempo muchas pesadillas con personas disfrazadas de payasos que siempre se aproximaban a mí. Yo era muy chica, y esos sueños lo que hacían eran levantarme fiebre.”

Los abogados de Abuelas sentados atrás, entre las querellas, le preguntaron de quién hablaba cuando hablaba de Tommy. Ella dijo que con el tiempo supo que Tommy era el apodo del médico represor Carlos Octavio Capdevilla, la persona a quien Basterra había mencionado a cargo del parto de la madre, el mismo que después del parto levantó a su hermana todavía con líquido amniótico. Que la puso en los brazos de Basterra, que la pasó a otro compañero, que volvió a llevársela a la huevera, la sala de torturas más importante que tuvo la ESMA, usada en el momento del parto.

El fiscal Martín Niklison le preguntó a María de las Victorias por su hermana. Ella dijo poco. Dijo que siempre vivió con Azic. “Y las pocas veces que pudimos hablar, me dijo que ama mucho a su apropiador.”

Una noche, ocho años atrás, María de las Victorias llamó a la casa de Víctor Basterra. Era la una de la mañana. “¿Víctor Basterra?”, preguntó. “Sí”, respondió él, que habló del llamado en la audiencia. “Soy Victoria Ruiz, me dijo la voz y a mí se me heló la sangre –explicó–, yo tenía la incertidumbre de qué es lo que había pasado con esas criaturas, por una versión sabía que estaban en Córdoba y en Rosario, pero ella ahora me llamaba porque hacía cuatro meses que estaba embarazada y tenía el alma agitada porque quería encontrar a su hermana.” Todavía no la había visto. Basterra habló de Azic. “Yo lo conocí como un torturador de mucho predicamento entre sus compañeros, incluso le tenían un poco de temor y lo conocí bien porque fue el que participó en el robo de mi casa. Fue el que se llevó a mi madre, la obligó a firmar un poder especial en connivencia con Adolfo Donda Tigel, y esa persona es la que se había apropiado de esa criatura que yo había tenido en mis brazos.” Basterra recordó que en los últimos días el Tribunal Oral Federal 5 autorizó a Azic, detenido y a punto de ser condenado, a asistir al casamiento de esa joven.

martes, 9 de agosto de 2011

Las huellas de los partos

Reconocimiento judicial en la maternidad clandestina de Campo de Mayo

Enfermeras y médicos que trabajaron en el Hospital Militar de Campo de Mayo recorrieron el predio –algunos sitios fueron desmantelados– y contaron dónde y cómo atendieron a secuestradas embarazadas.

 Por Alejandra Dandan

Nélida Elena Balaris tenía los ojos llenos de lágrimas. A esa altura, había recorrido casi a tientas buena parte del Hospital Militar de Campo de Mayo, la antigua maternidad, la zona del quirófano donde alguna vez atendió en su rol de enfermera el parto de una secuestrada y ahora estaba entrando en la última etapa, el sector de lo que funcionó como cárcel de encausados, otro centro clandestino, ubicado a seis kilómetros del hospital, dentro del mismo predio del Ejército. Ante la mirada de los jueces del Tribunal Oral Federal 6 y una comitiva de fiscales, querellantes y defensores, avanzó hasta la enfermería de la vieja cárcel, recorrió el pasillo principal, vio las puertas, unas detrás de otras, de pequeños boxes cerrados y finalmente llegó hasta el mismo espacio donde alguna vez, hace más de treinta años, atendió de urgencia el parto de otra prisionera, haciéndose fuerte porque un cordón de soldados no querían dejarla sola. Nélida entró y salió enseguida de ese lugar. “La angustia que yo siento en ese momento –explicó–, no la siente ninguno de ustedes.”

Nélida había llegado al Hospital Militar temprano, antes que los integrantes del tribunal encabezado por María del Carmen Roqueta, que se desplazaba de Retiro al interior de la guarnición militar de Campo de Mayo para llevar adelante un reconocimiento en el lugar en el que funcionó una de las maternidades clandestinas de la dictadura. Nélida no volvía ahí desde hacía años. Había declarado ante la Conadep y luego en cada uno de los juicios, en una suerte de peregrinación que siente que no termina. “A mí me habían dicho que venía acá para atender a soldados, pero me enfrentaron con esto”, dijo en un momento mientras se acomodaba al lado de médicos y enfermeros con quienes también había dejado de verse, y ahora se reunían para entrar al túnel del tiempo.

El reconocimiento empezó por el viejo espacio de la maternidad, un pasillo largo desmantelado después de la dictadura. Luego, las habitaciones preparadas como salas de parto y el quirófano donde pasaron las secuestradas. El fiscal Martín Niklison, los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo y las defensas se hacían espacio para avanzar entre pasillos. Escaleras arriba, todos se detuvieron ante un marco casi arrancado de lo que alguien dijo que funcionó como la ventana de la nursery y ahora es un ingreso en ruinas hacia una sala de espera completamente vacía.

“Doctora, acá estaba la maternidad, ginecología y obstetricia”, dijo el director a Roqueta. La caravana avanzó por el pasillo de las habitaciones; Nely reconoció en el fondo una vieja área de cocina y enfrente el acceso a dos pequeñas salas de parto. Se detuvo ahí. Dijo que cuando el hospital cambió el turno de las guardias médicas de nacimientos de pasivas a activas, cambiaron las salas. Que entonces, la sala se instaló más cerca del quirófano que es donde se hicieron las cesáreas, en un período que coincide con el momento del golpe de Estado.

“¿Alguno de ustedes atendió acá algún parto de una detenida?”, preguntó Roqueta. Rosalinda Libertad Salguero dijo que sí. Ella es otra enfermera: “Yo sí –explicó–, pero no me acuerdo dónde, señora”.

Poco más tarde, la comisión entró en la zona del quirófano. Nely atendió ahí el parto de una secuestrada, la habían llamado de urgencia y en una audiencia dijo que aquella mujer tenía el pelo canoso, que no era la primera vez que tenía hijos, que lo que más le llamó la atención fue su completo silencio.

Al cabo de unos minutos, el grupo estaba nuevamente afuera, en una de las calles del interior de hospital. Los jueces caminaron un trecho al lado de Ernesto Petro-cchi, un viejo médico que en el juicio confirmó que las secuestradas embarazadas parecían una “estrella fugaz”, porque entraban y salían del hospital donde les aceleraban el parto con goteo y cesárea. Por ahí también estaba José Soria, uno de los enfermeros. En ese momento, la comitiva descifró entre lo nuevo y lo viejo la estructura casi en ruinas del pabellón de Infectología. Soria buscó uno de los cuartos. Atravesó el piso sin puertas, avanzó hasta una de las ventanas. Y ahí dijo que las ventanas en su época estaban tapiadas, que los cuartos tampoco tenían otro tipo de luz porque los cables estaban eliminados, que las parturientas, entonces, quedaban todo el tiempo a oscuras, excepto cuando ellos, quienes las atendían, entraban en algún momento por la puerta.

“¿Usted dijo que tampoco tenían colchones?”, preguntó Mariano Gaitán, de Abuelas. “Las camas tenían elásticos, tenían un cubre elástico, era lo único que tenían porque no había sábanas ni frazadas, sólo tenían un camisolín blanco.” “Yo habré visto a seis o siete en total”, dijo él. Una vez, vio tres mujeres y un varón, el chico estaba con una herida de bala en las rodillas.

Soria siguió parado en ese lugar en el que años atrás entraba y salía haciendo curaciones o con la comida. Donde encontró una vez sobre la mesa de luz y escrita con migas de pan la palabra “gracias”. Y otra vez encontró migas de pan formando algo parecido a un número de teléfono. “Son cosas que no me lo olvido más”, dijo. “¿Y qué podía hacer yo? Tenía a los guardias respirando atrás mío.” Recordó las dos veces que sacó a secuestradas después del parto. Casi inmediatamente. Primero con una. “Yo la saqué de la mano –dijo–, se las llevaba de la mano porque tenían anteojos oscuros, la llevaba hasta afuera, a la calle, la subí a un Renault 12, ella tenía que subir adelante y a mí me decían que suba en la parte de atrás. Yo tenía que llevarlos hasta la salida de la guarnición, bajaba del coche y volvía.”

El recorrido terminó más tarde en el Campito, el lugar que funcionó como centro clandestino. El coronel que guió la exploración dijo que Campo de Mayo tiene la forma de un trapecio, que hay que entender que ahora, en ese Campito, todos estaban justo en el centro. En las manos, para observar el terreno, el hombre llevaba un mapa dibujado hace muchos años por el sobreviviente Cacho Scarpati.

lunes, 8 de agosto de 2011

La nieta 105 se llama : LAURA REINHOLD SIVER

Fue Laura la que se acercó a Abuelas de Plaza de Mayo.  

Las Abuelas de Plaza de Mayo brindaron detalles sobre una nueva restitución llevada a cabo por la entidad, que ya había sido anunciada el viernes. Se trata de Laura Reinhold Siver, hija de Marcelo Reinhold y de Susana Siver,  matrimonio secuestrado en agosto de 1977 en el oeste bonaerense y llevado a la ESMA. Estela de Carlotto destacó "la cooperación entre nuestra organización, los sobrevivientes de los centros clandestinos y el Estado".
 
Susana fue secuestrada por fuerzas de seguridad el 14 de agosto de 1977, en Haedo (Provincia de Buenos Aires). Marcelo fue secuestrado el mismo día en Capital Federal. Susana estaba embarazada de 4 meses. Marcelo fue visto en el CCD Esma, el 1 de noviembre de 1977.

Pudo saberse por personas que compartieron su cautiverio, que Susana es atendida en la ESMA por el Jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Naval ­Jorge Luis Magnacco­ quien determina la necesidad de que se le practique una cesárea que no puede efectuarse en dicho lugar, por lo cual es llevada en Enero de 1978 al Hospital Naval, donde se le practica el parto.

A las pocas horas de nacer su hija es llevada nuevamente a la ESMA y 10 días despues es "trasladada". Durante el tiempo en el que el Doctor Magnacco está de vacaciones, Susana es atendida por un médico llevado a la ESMA a tal fín, que responde a la identidad de Teniente de Navio Raúl Scheller, nacido el 7 de julio de 1945 con DNI argentino 4.642.837.

miércoles, 3 de agosto de 2011

Victoria Donda declaró en el juicio por el robo de bebés

“No sé cuál es el día de mi cumpleaños”

Es hija de María Hilda Pérez y José María Laureano Donda, ambos desaparecidos. Victoria Donda fue entregada por su tío Adolfo Miguel Donda, jefe de la ESMA, a su apropiador, Azic. “Celebro este juicio”, destacó ante el tribunal.

 Por Alejandra Dandan

Quizás en un momento hacía falta decirlo con esas palabras. “Yo entiendo todas las preguntas que me hacen para encontrar el contexto en el que cada uno vive su infancia –dijo Victoria Donda ante la sala de audiencias, en los Tribunales de Retiro–. Mi infancia no puedo decir que no haya sido normal; me mintieron, pero pude elegir mi camino en la vida, pero eso no es el objeto de este juicio. No estamos juzgando si nos criaron con amor, yo sentí amor y siento amor, pero acá estamos juzgando otra cosa: el plan sistemático con el que se apropiaron de niñas y niños que nacimos en las detenciones clandestinas de nuestros padres. Eso estamos juzgando. El contexto puede ser objeto de otro tipo de reproche penal.”

Como lo son los testimonios de cada uno de los hijos robados por la última dictadura argentina, la voz de Victoria Donda sumergió a la sala de audiencias otra vez en el camino inencastrable de una identidad construida entre los dos lados del mundo. Pese a eso, a los intentos de explicar –a partir de las preguntas de los defensores de su apropiador, José Antonio Azic– cómo es que él la acompañó a algunos trabajos sociales dentro del barrio donde inició su militancia territorial. Cómo discutió. Cómo compró sillas para uno de los comedores. Cómo su apropiadora hizo tortas para los cumpleaños de los pibes de la villa. O cómo el hermano de su padre –el represor Adolfo Miguel Donda– hizo para estar en la Escuela Mecánica de la Armada asistiendo al secuestro de sus padres. Pese a todo eso, Victoria intentó más de una vez hacer eje en lo específico: “No estamos juzgando acá casos individuales –repitió al final–, porque a unos nos trataron bien y a otros mal, pero la verdad es que lo que hicieron tiene que ser juzgado, así que celebro este juicio”.

Hacia el final, Victoria pronunció como lo había hecho antes el nombre de sus padres biológicos. “Estoy orgullosa de ser hija de María Hilda Pérez, que era petisa, le decían Cori y militaba en Montoneros, y de mi papá, José María Laureano Donda, que le decían Pato y era muy alto. Hasta 2006 me alcanzaba con eso, no quería conocerlos más porque cuando uno conoce a alguien lo extraña y yo pensaba que si me concentraba en la vida y la militancia no iba a necesitar conocerlos. Después me entero de que mi abuela Leontina Puebla tenía Alzheimer y si quería conocer cómo era mi mamá de chiquita, tenía que apurarme a verla, porque a mis familiares paternos todavía no los veía y a Donda lo único que le preguntaría no es cómo eran, sino dónde están mi mamá y mi papá”.
“Mi nombre es Victoria”

Victoria empezó de algún modo su declaración con las preguntas siempre protocolares del Tribunal.

–¿Jura o promete decir la verdad? –le preguntó la jueza María Roqueta.

–Prometo –dijo Victoria, y la jueza preguntó su nombre y la fecha de nacimiento. “La fecha de nacimiento es eh... 1977.... eso es lo que dice el documento, 17 de septiembre de 1977, pero no sé cuál es el día verdadero.”

–Con respecto a los acusados, ¿tiene algún vínculo de parentesco, pleito o deuda pendiente?

–Con respecto a uno de ellos, no tengo vínculo de parentesco biológico, pero sí personal.

–¿Con quién? –preguntó Roqueta.

–Con Azic.

El prefecto Juan Antonio Azic robó a dos niñas. Victoria creció convencida de que quien ahora es Carla Valeria Dameri era su hermana. Niklison le preguntó al comienzo desde cuándo sabe que es quien es. “Desde el 8 de octubre de 2004 –dijo Victoria–. Cuando el juez Oyarbide me leyó el resultado del análisis de ADN que se llevó adelante en el Banco de Datos Genéticos del Hospital Durand. El proceso en realidad empezó antes de que yo me enterara de que era hija de desaparecidos, por una investigación que había llevado adelante la comisión Hermanos de Hijos y Abuelas, a partir de denuncias anónimas de vecinos del lugar donde me habían criado.”

Con su identidad, supo que el hermano mayor de su padre, a quien su padre admiraba, por el que entró al Liceo Militar, al que convirtió en testigo de casamiento, era uno de los jefes de tareas de la ESMA y que estuvo “cuando a mi mamá la llevan para tenerme”. Victoria no quiso conocerlo. Supo que tenía una hermana dos años más grande. Que con las leyes de impunidad en vigencia, Donda logró sacarle a su abuela la tenencia de esa hermana, Eva Daniela Donda. También habló con su abuela Leontina, que por lo de la tenencia a fines de los ’80 se había ido a Toronto. Victoria viajó a conocerla en abril de 2006. “Nos vimos como abuela y nieta. Al principio fue medio raro, pero cuando me abrazó sentí que era mi abuela. Me hizo sopa de verduras los quince días que estuve en Toronto, y me di cuenta ahí de que era bastante obsesiva y teníamos cosas en común.”

El abogado de Abuelas Luciano Hazan le pidió que explicara qué significó para ella, personalmente, recuperar su identidad. “La identidad para mí se construye todos los días –dijo ella–. Yo recuperé la identidad biológica, creo que nadie puede vivir sin saber de dónde viene.”

La vida de Victoria empezó a cambiar en las asambleas barriales en la crisis de 2001. Una vez levantó la mano para anotarse en la lista de oradores. Un vecino que había militado en el PC y la había visto de chica al lado de Azic, les dijo a sus responsables políticos que ella podía ser “un servicio” o “podía ser hija de desaparecidos”. En 2003, después de la investigación que empezaron así sus compañeros, a sus 18 años, lo primero que supo fue que la persona que la crió era un represor que había estado en la ESMA. “Y por el gran afecto que le tenía y le sigo temiendo, pensé que iba a tener que dejar de militar porque... –se detuvo– sentía que era una contradicción ese afecto con mi práctica política y práctica de vida.” Cuando empezó a ver papeles, el domicilio de un hospital que no existía, el nombre de un médico que había firmado otras actas de niños apropiados, “me di cuenta de cosas que me habían pasado y eran raras”. Nunca, por ejemplo, había hecho la renovación del DNI en un registro civil. Había leído el Nunca Más, pero nunca se dio cuenta de que figuraba su apellido. Se dio cuenta de que no tenía fotos de recién nacida. Reconstruyó que Héctor Febres, a quien de chica veía y llamaba “padrino”, alguna vez cuando ella leía el libro del Che Guevara y decía que era “guevarista”, y se empezaba a vestir como el Che, dejó de decirle “turquita”, le dijo “zurdita”. Y murmuró: “Hay algunas cosas que no tienen arreglo”.

Tampoco había preguntado dónde había nacido. Y cuando lo hizo, de chica, su apropiadora, que ahora está muerta, le dijo que “era un regalo de Dios”.
La búsqueda

A la madre de Victoria la secuestraron cuando estaba con un embarazo de cinco meses. Se la llevaron de la Plaza de Morón. Ella intentó escaparse, se le rompió un taco y volvieron a agarrarla. Dos horas después, su padre, en esa plaza, encontró los zapatos de Hilda. A él lo secuestraron dos meses después. Estuvieron en la comisaría de Castelar, y a ella luego se la llevaron a la ESMA. Hilda supo que ahí también estaba Donda. Victoria supo que por eso recibió algo que llamó “beneficios” entre comillas. Una mandarina de más o grilletes con los que podía caminar. A pedido suyo, Donda se comprometió a entregar el bebé a la abuela Leontina. Hilda dio a luz en el cuarto de embarazadas, no quiso ser asistida por el médico. José Luis Magnacco sólo entró a cortar el cordón umbilical. Como su madre y las compañeras temían que la mandaran a un orfanato, le punzaron la oreja con una aguja para enhebrar un hilo azul.

Victoria subrayó otras dos cosas. La primera, que no entendía cómo Donda no está siendo juzgado en esta causa por su caso, porque su acusación todavía está en la primera instancia. Y explicó lo de su cumpleaños. “La verdad es que no voy a seguir festejando el día que no nací –dijo–. Tienen 365 días del año para regalarme cosas.”

martes, 2 de agosto de 2011

El testimonio de Miriam Lewin en el juicio por el plan de apropiación de bebés

“La ESMA era una verdadera maternidad”

La periodista Miriam Lewin, que estuvo secuestrada en el centro clandestino de la Marina, contó cómo funcionaba la enfermería y cómo actuaban los represores con las embarazadas para quedarse con los bebés.

 Por Alejandra Dandan

Miriam Lewin habló de la enfermería en la Escuela Mecánica de la Armada, del parto de Patricia Roisinblit, de cómo cubrieron al bebé con una frazada y lo pusieron sobre el pecho de su madre. Dijo que todavía cree que las dos compañeras que la atendieron asistieron más de quince partos ahí. Explicó cómo el represor Héctor Febres pedía a las parturientas cartas con indicaciones y consejos, convenciéndolas de que los niños iban a ser entregados a las familias. “Treinta años después –dijo Lewin– todavía me reprocho cómo no nos dábamos cuenta de que se iban a quedar con los bebés. Si se quedaban con las casas, las vidas, con nuestros cuerpos, quedarse con nuestros bebés era algo natural para ellos, pero, para nosotros, pensarlo era algo monstruoso. A ninguna se le hubiese pasado por la cabeza que un ser humano quisiera hacer tanto mal a otro al punto de quedarse con su hijo. Yo no lo podía concebir.”

Lewin dejó de hablar en ese momento. La jueza María del Carmen Roqueta, a cargo del Tribunal Oral Federal 6, llamó a un cuarto intermedio. Sobreviviente pero a la vez testigo e investigadora del terrorismo de Estado, Lewin reconstruyó durante cuatro horas los días en el centro de extermino y, especialmente, el destino de las embarazadas. Su testimonio hizo eje esta vez en el robo de bebés y abrió un nuevo tramo del juicio por el plan sistemático de robo de niños durante la dictadura, que a partir de ahora ingresa en la ESMA, donde funcionó una de las maternidades clandestinas. La declaración entró en tensión cuando el abogado defensor del represor Jorge Acosta la acosó a preguntas, lentas y dispersas. “Esto es un juicio oral –le recordó la jueza–, intente ser ágil con las preguntas, doctor, y si necesita ayuda, tráigase un asistente.”

A Lewin la secuestraron en mayo de 1977, a los 19 años. Pasó por lo que cree era la comisaría 44ª y luego por una casa en la calle Virrey Ceballos, de la Fuerza Aérea, donde estuvo diez meses. “Hasta que un día me dijeron que me iban a trasladar a un centro de recuperación, no me dijeron la ESMA, me dijeron que iba a estar un tiempo, que iba a mantener contacto con mi familia y después iba a ir a una cárcel para cumplir una condena.”

Llegó a la ESMA en el baúl de un coche. Su caso estuvo a cargo del prefecto Raúl Scheller como oficial interrogador. Al comienzo, la alojaron en Capucha. “En un momento, en el que yo estaba ahí, comiendo sandwiches de carne mal oliente y tazones de mate cocido, pido ir al baño y cuando me levanto un poco el antifaz para no caerme veo, para mi sorpresa, en el pasillo que conducía al baño, a una chica con un bebé en brazos.”

Con el tiempo supo que era Alicia Elena Alfonsín de Cabandié. “Era bajita, tenía el pelo entre castaño y rubio, la piel blanca, muy bonita, los pechos hinchados y el vientre hinchado como quien dio a luz hace muy poco. Su bebé estaba recién nacido –dijo– y ella tenía un camisón azul largo. La escena me chocó, me parecía discordante en el entorno. Ella estaba como enseñándoles con alegría el bebé a otras mujeres.” Un poco más atrás estaba otra chica, morena, pelo largo, más delgada, con un pañuelo en la cabeza. También estaba embarazada. Años más tarde, Lewin supo que era Liliana Pereyra.

Sólo algunas prisioneras tenían un permiso “no escrito” para acompañar a las embarazadas, explicó. Una era Elisa Tokar; otra, Sara de Osatinsky, encargada de acompañar los partos, partos que Lewin hoy enumera en más de quince. Y también estaba Amalia Larralde, enfermera. “Sabíamos que el responsable era el prefecto Febres, el Gordo Selva, entraba y salía con mucha frecuencia del cuarto de embarazadas.” Ese cuarto estaba camino al Pañol, con la puerta generalmente cerrada. Lewin la vio entreabierta una vez y, adentro, camitas y una cómoda. “Por las compañeras que tenían autorización para acompañarlas –le dijo al fiscal Martín Niklison– sabíamos que los bebés los iban a entregar a las familias mientras ellas permanecían secuestradas.” Con el tiempo, “nos fuimos dando cuenta de que la ESMA era una verdadera maternidad donde se concentraban mujeres de distintos centros clandestinos que no tenían facilidad de albergar embarazadas o de llevar adelante el parto”.

En noviembre de 1978 llegó a la ESMA Patricia Roisinblit. Lewin la conocía como Mariana, la mujer de Matías, es decir, de José Manuel Pérez Rojo, con quienes había militado en el oeste del conurbano. Tenían una hija de más de un año y ahora Patricia estaba otra vez embarazada. Los marinos la pusieron en el tercer piso, en un cuarto sin ventilación ni luz natural. “Yo estaba autorizada para hablar con ella y acompañarla –dijo Lewin–, así que pasaba a verla. Le daban refuerzo de comida, uno o dos sachets de leche al día.”

Patricia estaba convencida de que su hija había quedado con sus padres, de que había estado secuestrada con Matías en una especie de quinta en el oeste, donde había quedado su marido. Lewin intentó convencerla de que para salvarse debía quedarse en la ESMA y también habló con Scheller. Pero el prefecto le recordó algo que explica por qué la ESMA era para algunas de las parturientas un lugar de paso: “Nos dijo que no podía hacer nada –contó Lewin–, porque tanto ella como el bebé pertenecían a la Fuerza Aérea”.

Un día le dijeron que Patricia estaba dando a luz y la llevaron al sótano: “Abro la puerta de la enfermería, la veo, le estaban cortando el cordón umbilical y estaban envolviendo al bebito y colocándoselo en el pecho. Era un varón. Estaban Sara y Amalia y había un médico que después identifiqué como Magnacco”. Lewin siguió: “Patricia estaba feliz, creo que nunca se imaginó lo que iba a pasar. Y dijo que se llamara Rodolfo... Rodolfo le puso. El médico le dijo que se había portado muy bien y había sido muy valiente. Nos quedamos mirando el bebé, era lindo... rubiecito, calculo que pesaría más de tres kilos. Y después no la vi más”.