lunes, 9 de julio de 2012

Hubo condenas... pero ¿hubo justicia?


Cincuenta años de condena provoca un impacto indudable; da para alegrías, para comparaciones, da lugar a la referencia especialmente en países que se niega como España –todavía- la posibilidad tan siquiera de investigar… cincuenta años para el genocida Videla y los restantes acusados con condenas menores, aún cuando todos y cada uno de ellos fueron partícipes y ejecutores directos en diversos niveles en la apropiación de menores, la mayoría de ellos nacidos en centros clandestinos de detención durante el cautiverio de sus madres, y en el asesinato posterior de ellas.

La impunidad impuesta  y sustentada por los gobiernos post dictatoriales, ha permitido que se perpetraran y acumularan más delitos contra esos entonces bebés y que hoy rondan la treintena, además de la anulación y sustitución de identidad, en muchos casos, hay que incorporar el maltrato y el abuso… un cúmulo de perversiones para “evitar que se criaran en un ambiente hostil al régimen impuesto”  (Reglamento de las FFAA 1976)

Dada la importancia y trascendencia de este juicio, y de la que debería abarcar, es obligado señalar dos cuestiones impostergables, la primera de ellas, la calificación de los delitos y las penas, que hace al momento judicial transitado, y la segunda, la posibilidad concreta de justicia.

Los apropiadores y ejecutores del plan sistemático en unca juicio de casi un año y medio, han merecido condenas desde un abanico de 50 años a absoluciones.
Este insólito escalafón condenatorio evidencia una vez más, la fragmentación inusitada de los juicios, y la negación por parte de elementos conservadores –y no tanto- del poder judicial y en el ámbito político, que lo instaurado en Argentina por los militares y sus cómplices civiles, fue un genocidio.
El delito más tremendo e innombrable, que comenten los Estados terroristas y que aún cuando se repita una y otra vez, queda sin embargo, "desaparecido” para la mayoría de los tribunales y también de las querellas. El aberrante delito de genocidio abarca:
- matanza de miembros del grupo;
- lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;
- sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear la destrucción física, total o parcial;
- medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo;
- traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.
Todo ello con la intencionalidad, con la sistematización de la ejecución, y se habla de un grupo nacional, étnico, racial o religioso...

Todos y cada uno de los elementos definitorios señalados los encontramos en los juicios que se parcializan, que se reducen a un número mínimo de casos, causas fragmentadas que generan, por un lado la dilación temporal, dónde van muriendo represores, pero también las víctimas, y dan como resultado entonces que injustamente habrá casos que nunca serán mencionados ni siquiera en esta parcialidad, estarán tan desaparecidos como hasta ahora. Sin olvidar la revictimización de los testigos que tienen que declarar una y otra vez ante diferentes o los mismos represores y asesinos.
La declaración sobre que las conductas investigadas y enjuiciadas, fueron genocidas, violatorias de la Convención sobre Prevención y Sanción del Delito de Genocidio concurren ya en varias sentencias que han contemplado la aplicación de la Convención, ya que está previsto desde 1956 en la legislación argentina, fecha de vigencia en la República Argentina del tratado contra el Genocidio. Esto en cuanto a la acción, tipicidad y la culpabilidad de este delito, por lo que resulta coherente solicitar la calificación de genocidio. Respecto a la punibilidad del mismo, la sumatoria de condenas establecidas por los crímenes de eliminación de personas (con devolución de cuerpos o robo de cuerpos), secuestro, tormentos y torturas, violación, robo de menores... Tan contundentes la pruebas como contundentes deben ser las condenas, prisión perpetua en cárcel común, continuando en la jurisprudencia asentada en los emblemáticos juicios contra Miguel Etchekolatz y Von Wernich.  
Hay pruebas tan concluyentes del genocidio y que el desvío de la tipificación a homicidio y/o desaparición forzada de personas, origina situaciones tales como que el mismo día que se condenaba Videla a 50 años, se castigaba también a un individuo a 45 años de reclusión por homicidio en ocasión de robo. Bignone fue condenado a 18 años hasta llegar a dos absoluciones y otras condenas, ciertamente, nada ejemplares. Habrá que recordar siempre que como General en Jefe, Videla en su defensa, sostuvo que los niños fueron robados "unos con la mejor voluntad para darle un buen hogar a los hijos de terroristas, otros para venderlos".
En este proceso judicial, se ha dictaminado las prácticas sistemáticas, y no el plan sistemático elaborado y aplicado para alcanzar la cifra de 500. Queda, asimismo,  irresuelta la colaboración de la jerarquía católica, tan afín a los planes exterminadores, la complicidad de jueces, fiscales, médicos y todos los que participaron para la implementación de este plan sistemático.
Cincuenta años provoca un impacto indudable, pero un desgarro indudable produce el hecho que se considera a una apropiadora como una víctima, o que se hayan excluido casos con sobrados elementos de prueba.
De los 35 casos que se consideraron en este juicio, 28 personas recuperaron su identidad. De los casi 500 casos de menores apropiados, a 105 se les ha podido restituir la identidad. Faltan 400…  
Y este número de personas que andan por ahí no siendo quiénes son, es el segundo punto que surge como consecuencia de la conclusión del juicio por el robo de menores. Y los 400 que faltan ¿dónde y cómo van a dilucidarse? En 1976 se inició la pesadilla del terror, en 1983 comenzó un proceso democrático, en 1987 se establecieron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, en 1991, se otorgó el indulto a los jerarcas genocidas, en 1996 se inician los juicios en España, en 2003 se anulan las leyes exculpatorias, desde el 18 de septiembre de 2006 Jorge Julio López continúa desaparecido, en marzo de 2010 fue asesinada en sospechas circunstancias, Silvia Suppo...
Ya es el tiempo de deconstruir la impunidad, es tiempo que decrezca la magnitud del horror y la naturalidad de su absorción social explicitada en aplausos y festejos. Para la alegría colectiva es imprescindible la memoria colectiva, y en ese fallo judicial, no estaban los 400, no estaban.
La simbología de un cuadro descolgado no consuela por Ana María Lanzillotto, por Liliana Delfino, ni por todas las muchachas parturientas que no entraron en el fallo de la "historia"; no consuela porque no repara el dolor de Juliana García ni de Victoria Ruiz Dameri, ni de Virginia Ogando, ni por Fernando ni María Eugenia Amestoy.... no repara, no repara.
Deconstruir la impunidad es ya sin dilación alguna, la apertura de los archivos de la dictadura, que son el códice maldito de la verdad del paradero de los 400 y de los 30.000 que nos faltan: Este es el segundo punto irrenunciable.
Delito de genocidio, condenas de prisión perpetua para los ejecutores y cómplices y, apertura de los archivos de la dictadura.
Los símbolos son la representación perceptible de ideas.
Ya es tiempo de la presentación palpable de la verdad y de la justicia.
Andrea Benites-Dumont   - 9/07/2012 (AEDD, Casapueblos)
 

viernes, 6 de julio de 2012

Las historias de apropiación que están inconclusas

De las 35 historias de vida que se ventilaron en el juicio para determinar si hubo un plan sistemático de robo de bebés, nueve están incompletas porque no se sabe aún cuál fue el destino de esos niños.

Chicha Mariani busca a su nieta Clara Anahí hace 36 años (Foto: Matías Adhemar)
De las 35 historias de vida que se ventilaron en el juicio para determinar si hubo un plan sistemático de robo de bebés durante la dictadura, nueve están incompletas, porque no se sabe aún cuál fue el destino de esos niños.

Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, aún busca a su nieto "Guido", hijo de Laura Estela y de Horacio Fontán, que nació el 26 de junio de 1978.

Laura estaba embarazada de dos meses y medio cuando fue secuestrada. El 26 de junio de 1978 dio a luz un niño al que llamó Guido.

El 25 de agosto de 1978 Laura fue asesinada y en 1985 sus restos fueron exhumados en el Cementerio de La Plata e identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

Clara Anahí Mariani, nieta de una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, la emblemática "Chicha" Mariani, e hija de Diana Esmeralda Teruggi y de Daniel Mariani, nació el 12 de agosto de 1976.

El 24 de noviembre de 1976 la casa de la familia fue allanada y tiroteada por fuerzas de seguridad. Diana intentó escapar con su pequeña hija pero fue asesinada en el operativo. A partir de ese día, Clara Anahí permanece desaparecida.

La hija de María Eloísa Castellini y Constantino Petrakos, nació entre el 8 y 12 de abril de 1977.
María Eloísa estaba embarazada entre 3 y 4 meses cuando fue secuestrada y llevada al "Pozo de Banfield" donde dio a luz a una niña que llamó Victoria, según testimonios de sobrevivientes.
El hijo de Stella Maris Montesano y Jorge Oscar Ogando, nació el 5 de diciembre de 1976.

Stella Maris estaba embarazada de 8 meses cuando fue secuestrada y dio a luz en el "Pozo de Banfield" a un niño que llamó Martín, según datos de sobrevivientes.

El hijo o hija de Gabriela Carriquiriborde y Jorge Repetur nació a fines de diciembre de 1976.
Gabriela estaba embarazada de 6 meses cuando fue secuestrada y por testimonios pudo saberse que estuvo detenida en el "Pozo de Arana" y en el "Pozo de Banfield", donde nació su bebé. La hija de Elena de De la Cuadra y Héctor Baratti nació el 16 de junio de 1977.

Elena estaba embarazada de 5 meses cuando fue secuestrada y por testimonios pudo saberse que dio a luz una niña a la que llamó Ana Libertad en la Comisaría Quinta de La Plata.

La hija de María del Carmen Moyano y Carlos Poblete nació a fines de junio de 1977
María del Carmen estaba embarazada de ocho o nueve meses. Fueron vistos por sobrevivientes en "La Perla" de Córdoba y ella fue llevada a la ESMA donde dio a luz una niña.

El hijo de Ana Rubel y Hugo Alberto Castro nació en junio de 1977. Ana fue secuestrada embarazada de dos meses. Según testimonios de sobrevivientes, en junio de 1977, Ana tuvo un parto prematuro en el que dio a luz un varón.

jueves, 5 de julio de 2012

Hubo plan sistemático porque hubo genocidio

50 años de prisión para Videla,  15 para Bignone y otras menores

Después de quince meses de debate el Tribunal Oral Federal 6 que integran los jueces María del Carmen Roqueta, Julio Luis Penala y Domingo Altieri condenó a los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Benito Bignone por "sustracción, retención y ocultamiento" de hijas e hijos de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, en veinte y treinta y un casos, respectivamente, y dictó 30 y 40 años de "prisión e inhabilitación absoluta" a los genocidas Antonio Vañek y Jorge "El Tigre" Acosta. En tanto, el represor Santiago Omar Riveros fue condenado a 20 años de prisión; los apropiadores Víctor Gallo e Inés Susana Colombo a 15 y 5 años, respectivamente; Juan Antonio Azic a 14 y 10 años para el médico Jorge Luis Magnacco. Además, el TOF6 definió el robo de niños como plan sistemático, producto de una práctica organizada desde la cúpula del poder militar, y fijó para el 17 de septiembre próximo la audiencia de lectura de los fundamentos de la sentencia.

A más de tres décadas de cometidos los delitos, y al cabo de dieciséis años de la denuncia original realizada por Abuelas de Plaza de Mayo, la justicia encontró a Videla penalmente "responsable por la sustracción, retención y ocultamiento de menores y la supresión de su identidad, en 20 oportunidades", la cantidad de casos ventilados en el juicio durante los últimos 15 meses.

Durante los años que llevó la investigación judicial hasta el juicio oral, se obtuvieron muchos testimonios, pero uno de los más reveladores fue el de la nieta Victoria Montenegro, cuando denunció la complicidad del fiscal Juan Martín Romero Victorica con su apropiador, el excoronel Herman Tetzlaff y su esposa María del Carmen Duartes.

Antes de la sentencia, Montenegro, que se reencontró con su familia en 2001, aseguró que "llamar a las cosas por su nombre nos va a hacer mejor a todos", en referencia a la expectativa de que el Tribunal Oral Federal 6 defina como "plan sitemático" el robo de bebés. "Este juicio cierra muchos años de lucha sostenida por parte de las Abuelas de Plaza de Mayo", sostuvo. Durante el juicio, Victoria Montenegro denunció la complicidad del fiscal Juan Martín Romero Victorica con su apropiador, el ex coronel Herman Tetzlaff y su esposa María del Carmen Duartes, hecho que inmediatamente provocó su renuncia.

Para la joven, que este año también recuperó los restos de su padre, gracias a la tarea del Equipo Argentino de Antropología Forense, el significado de alcanzar justicia "sirve para reparar heridas, aunque sabemos que falta mucho más, sabemos que forma parte de la batalla cultural que estamos dando".

Entre las 35 apropiaciones hay nombres de quienes nacieron en cautiverio y una pequeña proporción de apropiados o dados en adopción luego de ser secuestrados con sus padres. De los 35 niños, 26 recuperaron la identidad. De ellos, 20 declararon durante el juicio. 

Ejecutadas después de los nacimientos 
 
Desde que comenzó el proceso, hace tres años, la fiscalía se empeñó en demostrar que el secuestro de los recién nacidos respondía a un plan sistemático, elaborado por la propia cúpula castrense. Que la dictadura incluso confeccionó un 'protocolo secreto' consistente en que las reclusas que se encontraban en avanzado estado de embarazo, fueran mantenidas con vida hasta el parto, lo cual no evitaba que fueran torturadas. Tan pronto como daban a la luz, a las mujeres se les ponía un saco en la cabeza y eran ejecutadas

Las abuelas y familias siguen buscando a los que faltan; sus nombres ayer quedaron escritos a modo de marca en una gacetilla que distribuyó Abuelas de Plaza de Mayo por la sentencia: son Guido Carlotto, Ana Libertad Baratti De la Cuadra, Clara Anahí Mariani Teruggi; el/la hijo/a de Gabriela Carriquiriborde y Jorge Repetur; Martín Ogando Montesano; Victoria Petrakos Castellini; la hija de María Moyano y Carlos Poblete y la hija de Ana Rubén y Hugo Castro que “continúan viviendo con una identidad falsa”.

Al plan plan y a los represores, represores

A la espera de la sentencia por el robo de hijos e hijas de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, la nieta recuperada Victoria Montenegro, cuyo caso fue uno de los emblemáticos de los expuestos durante las audiencias, aseguró que "llamar a las cosas por su nombre nos va a hacer mejor a todos", en referencia a la expectativa de que el Tribunal Oral Federal 6 defina como "plan sitemático" el robo de bebés. Además, los organismos de derechos humanos esperan la condena a dos apropiadores y nueve represores, entre ellos Jorge Rafael Videla. "Este juicio cierra muchos años de lucha sostenida por parte de las Abuelas de Plaza de Mayo", sostuvo Montenegro.

Durante los quince años que llevó la investigación judicial hasta el juicio oral, se obtuvieron muchos testimonios, pero uno de los más reveladores fue el de Victoria, cuando denunció la complicidad del fiscal Juan Martín Romero Victorica con su apropiador, el excoronel Herman Tetzlaff y su esposa María del Carmen Duartes.

Para Montenegro, que se reencontró con su familia en 2001, el papel del exjuez Roberto Marquevich fue clave porque "fue el primero que habló de plan sistemático y el que abrió la grieta para que estos crímenes se puedan investigar como delitos de lesa humanidad".

Para la joven, que este año también recuperó los restos de su padre, gracias a la tarea del Equipo Argentino de Antropología Forense, el significado de alcanzar justicia "sirve para reparar heridas, aunque sabemos que falta mucho más, sabemos que forma parte de la batalla cultural que estamos dando".

El TOF 6 dará a conocer a partir de las 18 su veredicto en la causa que investiga 35 casos de apropiación de niños y que tiene como imputados, además de Videla, al dictador Reynaldo Benito Bignone, los represores Jorge "el Tigre" Acosta, Santiago Omar Riveros, Rubén Oscar Franco, Antonio Vañek, el médico Jorge Magnacco, Juan Antonio Azic y Eduardo Ruffo, y los apropiadores Víctor Gallo y Susana Inés Colombo

martes, 3 de julio de 2012

Cayó la mujer de Vildoza

La Justicia detuvo a la esposa del exjefe de la ESMA, Jorge Vildoza, imputado en la causa del plan sistemático de robo de bebés, quien estaba prófuga desde 1988, acusada de la apropiación del hijo biológico de Cecilia Viñas, actualmente detenida desaparecida. Ana María Grimaldos fue capturada en la localidad bonaerense de Acassuso y puesta a disposición de la jueza María Romilda Servini de Cubría.

Grimaldos, de 76 años, quien se declaró viuda, ingresó al país con una identidad falsa y fue descubierta luego de realizar llamadas telefónicas desde la propiedad de Acassuso a sus hijas, quienes siempre vivieron en la Argentina pese a que sus padres se fugaron con el niño secuestrado en 1986 y se radicaron en el exterior.

El matrimonio Vildoza Grimaldos está acusado de la apropiación de Javier Gonzalo Penino Viñas, criado como hijo biológico de ambos tras ser apropiado por Vildoza en la ESMA. Poco después, la madre fue trasladada a la Base Naval de Mar del Plata.

La Justicia sospecha que Grimaldos entró y salió muchas veces del país con dos identidades falsas -Ana María Marianuchi y Ana María Sedano- y fue detenida cuando estaba a punto de viajar a Londres, para conocer a la tercera hija de Javier, quien recuperó su identidad en 1999, luego de someterse voluntariamente a un exámen de ADN.

Cecilia Viñas
En el allanamiento realizado anoche a otro departamento que la mujer ocupaba de manera alternativa, se secuestraron numerosas fotos de familia tomadas en las últimas dos décadas, cuando ella y el excapitán de navío Vildoza ya estaban prófugos: una de ellas muestra el casamiento de Penino Viñas en Inglaterra y aparece posando junto con sus apropiadores en la fiesta.

Cecilia Viñas fue secuestrada en 1977 y fue la única detenida desaparecida que se comunicó con su familia hasta abril de 1984, ya en democracia. En aquellas conversaciones con su madre siempre denunció que estaba bajo "custodia militar" y le pidió a su familia que buscara a su hijo. Había sido secuestrada, en el barrio porteño de Almagro, con siete meses de embarazo, junto con su marido Hugo Pinino, y según testimonios de sobrevivientes fue llevada a la ESMA para dar a luz en septiembre de 1977 en la maternidad clandestina que funcionaba en la Escuela de Mecánica de la Armada, para luego ser trasladada a la Base Naval de Mar del Plata.

Su familia registró ocho llamados y se entrevistó con el entonces ministro de Interior, Antonio Tróccoli, quien puso a su disposición un grupo de investigación de la Policía Federal, sin resultado alguno.

Vildoza fue segundo jefe de la ESMA entre 1976 y 1980, a cargo del grupo de tareas 3.3.2, y se apropió del bebé de Viñas, quien fue apadrinado por el represor Roberto Pertussio, jefe de la fuerza de submarinos de la base naval marplatense y condenado a prisión perpetua por los delitos de lesa humanidad cometidos en aquel centro clandestino.

La causa se abrió en 1984 por la denuncia de Cecilia Fernández de Viñas, la abuela de Javier Gonzalo. Dos años más tarde Vildoza y su esposa se fugaron a Suiza con el niño y dejaron en el país a sus tres hijos biológicos. Desde entonces se sospechaba que estaban radicados en el exterior.

En 1998, cuando Javier Gonzalo Penino Viñas se enteró, navegando en internet, que "sus padres" tenían pedido de captura internacional, le envió una carta a Servini de Cubría, solicitando una prueba de ADN, y recuperó su identidad un año más tarde.

domingo, 1 de julio de 2012

“Queremos que la condena sea ejemplar”

EL jueves se conocerá la sentencia en la causa ppor el plan sistemático de robo de bebés. 
 
Abel Madariaga y su hijo Francisco reclaman que la Justicia tenga en cuenta la gravedad del delito de apropiación.

 Por Victoria Ginzberg

Abel y Francisco Madariaga son padre e hijo. Se conocen hace un poco más de dos años. Francisco recuperó su identidad y con ella a Abel, que lo buscaba desde el día en que su compañera Silvia Quintela fue secuestrada embarazada y llevada a Campo de Mayo. Para Francisco estos dos años fueron como una carrera de Fórmula 1, pero este jueves tendrá, tal vez, la oportunidad de aminorar la marcha. Ese día se conocerá la sentencia del juicio sobre el plan sistemático de robo de niños durante la última dictadura y entre los acusados están sus apropiadores: el ex capitán del Ejército Víctor Galo y su mujer, Susana Colombo. Abel y Francisco piden “que la condena sea ejemplar”.

“Quiero llamar a una reflexión de la Justicia en general, de los jueces a los que les toca fallar en particular y de toda la sociedad. La apropiación de un menor, para mí, en este caso 32 años y medio sin mi hijo, es más que un delito de lesa humanidad. Creo que la Cámara de Diputados de la Nación también debería reflexionar sobre este tipo de delitos, que se siguen cometiendo, porque faltan más de 300 nietos por encontrar”, dice Abel.

El reclamo está relacionado con una particularidad del juicio que, luego de más de un año y medio de audiencias, terminará esta semana. Los imputados son los dictadores Jorge Videla y Reynaldo Bignone, los represores Jorge Acosta, Santiago Riveros, Rubén Franco, Antonio Vañek, Jorge Magnacco (médico de la ESMA), Eduardo Ruffo, Juan Azic y Víctor Gallo y Susana Colombo. La mayoría fue acusada por su participación en el plan sistemático y se descuenta que recibirán una importante pena, pero Azic, Gallo y Colombo afrontan condenas por haberse quedado ellos mismos con hijos de desaparecidos. El Código Penal contempla para este hecho, la apropiación de menores, penas de entre 5 y 25 años (la máxima se alcanza si se suman todos los delitos que se suelen cometer a la vez: retención de un menor, alteración de identidad y falsificación de documentos públicos). Hasta ahora, la condena más alta aplicada por este crimen fue para el ex agente de inteligencia de la Policía Federal Luis Falco, apropiador del legislador porteño Juan Cabandié. Falco recibió en el juicio oral 18 años de prisión, pero luego la pena fue reducida a 14 por la Cámara Federal.

“Ellos (Colombo y Gallo) fueron partícipes de todo este plan sistemático de robo de bebés. Yo lo viví. Lo mamé. Trataron de darme vuelta para que compre ese paquete, pero no pudieron. Fueron y son parte todavía. Gallo debe seguir afirmando que estuvo bien lo que hizo”, dice Francisco. Y entre él y su padre repasan casi a dúo los antecedentes del militar: fue carapintada, fue condenado por la Masacre de Benavídez, en la que fue asesinada una familia en 1994 (Gallo no pudo ser relacionado directamente con los homicidios, pero recibió diez años por robo y tenencia de arma de guerra), asaltó financieras... “Y es golpeador, de género... y de niños”, agrega Francisco. Cuando él tenía 13 años, Gallo le apuntó a la cabeza con una 9 milímetros. Antes, había “molido a palos” a la que ahora es su ex mujer. A raíz de ese episodio, dice Francisco, se le desencadenó una diabetes. Pero ésa no fue la única vez que fue maltratado: “Yo era su juguete de guerra. El entraba vestido de militar y era agarrársela directamente conmigo. Le viene del Operativo Independencia (la represión en Tucumán previa al golpe de Estado) porque yo recuerdo desde que tengo uso de razón que me colgaba una cruz de plomo del operativo y me lo contaba todo. Y el tema que volvió a tocar Videla de ‘las guerrilleras que usaban los chicos como escudo’ es otra cosa que yo crecí escuchando en esa familia. Es parte de las excusas tontas que siguen dando y no se las cree nadie. Espero que la sociedad entienda lo que es esto”. Abel dice que las palabras de Videla le dan “más asco” del que ya le tenía, que es “un cobarde” y que todos son iguales.

Silvia Quintela, la mamá de Francisco, fue secuestrada el 17 de enero de 1977 y llevada al centro clandestino de Campo de Mayo. En la maternidad clandestina que se montó en el Hospital Militar, nació Francisco, que sólo estuvo con su madre unas horas. “Sabemos que la trajeron después de la cesárea y que se la llevaron en el primer traslado posterior, es decir, un vuelo. Sabíamos que había tenido un varón porque en Campo de Mayo la vio Juan Carlos “Chacho” Scarpati, que la conocía de la militancia. El llegó herido a Campo de Mayo y Silvia, que era casi cirujana, le faltaban seis meses de residencia, lo atendió”, cuenta Abel.

Poco después de que Francisco recuperara su identidad escuchó junto a su padre la sentencia a Santiago Omar Riveros y otros represores responsables del cautiverio de su madre en Campo de Mayo. El jueves irán juntos a tribunales. Pero ambos temen que esta vez las condenas no sean lo que esperan. Además, creen que debe ponerse la lupa sobre los represores prófugos y las condiciones de detención de los presos por delitos de lesa humanidad. Sobre todo, sostienen que debería reformularse el monto de la pena para los apropiadores y piden que Colombo no reciba pocos años con el argumento de que fue maltratada por el militar. “Cuando se quedaron conmigo eran una pareja hecha y derecha y ella tuvo muchas oportunidades para decirme la verdad. Ahora se hace la víctima”, sostiene Francisco. Abel, incluso, propone un proyecto que dé seis meses de plazo para que quienes tengan todavía “esclavos del alma” confiesen y sean juzgados con el Código actual y que al resto se le aplique la condena perpetua.

Sea cual fuera el resultado del jueves, Francisco dice que no “festejará” la sentencia porque “en mi corazón siempre queda eso oscurito que me pasó”, pero que la condena es lo que busca porque, más allá de su historia personal es importante socialmente. “Ese pedacito oscuro no me lo saca nadie –asegura–, pero la vida sigue y hay que llenarla. Por eso, mi relación con Abel es una construcción para delante. No pienso en quedarme con lo que no pudo ser, porque si no seguís en el papel de víctima. Lo mejor es pensar en lo que queda de vida.”

La pantalla y la Bersuit

Las Abuelas de Plaza de Mayo convocan a presenciar la sentencia del juicio por el Plan Sistemático de Apropiación, el jueves a las 17, en los tribunales de Comodoro Py. El veredicto se transmitirá desde una pantalla en las afueras del tribunal y el cierre musical estará a cargo de la banda Bersuit Bergarabat. La causa, en manos del Tribunal Oral Federal 6, había comenzado en diciembre de 1996 y, al momento de ser elevada a juicio oral, integró 35 casos de apropiación, sólo como un muestrario del plan sistemático. Se investigan algunos hechos de La Cacha, la Comisaría 5ª de La Plata, el Pozo de Banfield, Campo de Mayo, Vesubio, Olimpo, Orletti y ESMA. De los casos incluidos en este juicio, 26 nietos recuperaron su identidad.