martes, 28 de junio de 2011

Declara ex partera del Hospital Militar

Nélida Elena Bañaris, ex partera, en el juicio por Robo de bebés
“Yo misma he asistido dos partos”

Balaris relató ante el tribunal cómo la obligaron a asistir a mujeres tabicadas mientras se desempeñaba en el hospital dependiente del Ejército. Ya había declarado ante la Conadep lo que había vivido junto a un grupo de compañeras.

 Por Alejandra Dandan

A poco de arrancar la audiencia, le preguntaron si había visto a embarazadas o supo de partos de personas detenidas. Nélida Elena Balaris dijo rápidamente que sí. “Yo misma he asistido dos partos de esas pacientes; uno en el mismo hospital, o sea, le voy a relatar auténticamente cómo fueron mis registros, que están escritos en el Nunca más, porque voluntariamente fui a declarar a la Conadep, porque cuando nos enteramos de las cosas que habían ocurrido ninguno se sintió responsable de semejante situación.”

Pasaron más de treinta años de la declaración ante la Conadep. Balaris pasó de ser una de las obstetras civiles del Hospital Militar de Campo de Mayo, a irse con un retiro voluntario en democracia apuntalada por el jefe militar de Ginecología, que llegó a advertirle que si hablaba iba a terminar mirando las margaritas desde abajo. La obstetra ahora es licenciada, dirige una escuela de enfermeras y se cree lejos de ese infierno al que cada tanto sin embargo vuelve, en el marco de las causas judiciales que aún siguen buscando datos. “¡Ay... Dios!”, se la escuchó resoplar en un momento, pegada al micrófono, durante la audiencia de robo de bebés. Las querellas le pasaban copias del Libro de Partos que ella leía y releía, buscando cualquier pista, una firma, un dato que sirva aún en el presente.
Los partos

“El primer parto no fue tan terrible”, arrancó. “Era una mujer mayor, estaba con la doctora Petrillo, con un militar adentro de la sala de partos. Me llaman a mí, era un parto expulsivo, la mujer estaba con los ojos vendados, pero la situación más llamativa es que no manifestó ni dolor, ni angustia, ni nada: como si su cabeza estuviera en un lado y su cuerpo en otro.”

No es que no gritó, intentó explicar la obstetra. Y miró a la presidenta del Tribunal: “Usted es mujer y sabe que la mujer hace un grito, pero esta mujer, nada, nada”. Como las vendas no le dejaban verle los ojos, ese lugar del cuerpo capaz de transmitir algunas señales de la edad, Balaris nunca supo cuántos años tenía. Imaginó que poco más de cuarenta, pero le extrañaron la cantidad de canas en el pelo.

¿Cuándo fue?, le preguntó el fiscal Martín Niklison. Pero ella no se acordó: pudo ser a fines del ’76 o comienzos del ’77, pero “es muy difícil” recordar. Tampoco sabe si el bebé fue varón o mujer; sí que todo estuvo normal, que el parto se hizo en la Maternidad y que a la madre la llevaron enseguida a Epidemiología. O mejor, el lugar que todo el Hospital conocía cuando se decía “se la llevaron al Fondo”.

Epidemiología funcionó como área restringida después del golpe de Estado. Se supone que allí permanecieron las embarazadas de ese o de otros centros de exterminio hasta el momento de dar a luz. La obstetra entró seis o siete veces entre 1976, 1977 y algunos meses de 1978, siempre acompañada de algún guardia. Ahí estaban aquellos que el rumor hospitalario identificaba como “subversivos”, “sediciosos” o “NN”. Nunca pudo hablar con ninguna de las mujeres. Siempre las vio con los ojos vendados y custodiadas en el ingreso por algún uniformado. “Lo que nosotros hacíamos era ir a controlar los latidos”, explicó. “¿No tenían ningún diálogo con ellas?”, preguntó la presidenta del Tribunal, María del Carmen Roqueta. “Yo iba, auscultaba, tomaba la presión arterial y los latidos fetales, pero era cuestión de minutos, no nos quedábamos ahí, ni palpándolas, ni nada.”

Balaris está convencida de que pese a que la orden era ingresar sin las credenciales para que las parturientas no pudiesen, eventualmente, saber dónde estaban, ella siempre entró con las credenciales puestas. Que detrás de ella siempre estaba Julio César Caserotto, el jefe militar de Ginecología, el hombre que la amenazó años más tarde, y la misma persona que en el invierno de 1977 o 1978 la obligó a ir atender el segundo parto. “Una mañana viene y me dice que vaya a la Cárcel de Encausados y yo me niego. Entonces Caserotto me amenaza, me dice que el que dio la orden era el director del hospital y no me quedó alternativa: fui; me acompañaron una enfermera y un médico militar que, creo, era de traumatología”.

La cárcel estaba dentro de Campo de Mayo, a unos quince minutos del Hospital. A Balaris la subieron a la parte de atrás de una ambulancia, desde donde vio el recorrido. “Entraron la ambulancia –dijo–; había muchos militares, me llevaron a la enfermería de la cárcel, por lo menos eso parecía, tenía un botiquín, era una habitación con una cama, con una señora acostada con los ojos vendados.”

La mujer había empezado el trabajo de parto. “Entonces, imagínense –explicó–: yo, con muchísimos años menos, la examino y me doy cuenta de que el parto era inminente, que no se la puede trasladar. Les digo eso: que está en cuarto plano, que el chico está por nacer.”

La partera dice que ese fue el momento más traumático de su estadía. Empezó con el trabajo de parto rodeada por cuatro, cinco o seis militares. Era invierno. Para la época sabían que para atender un nacimiento en una cama tenía que atravesar a la mujer en el colchón. Tenía que buscar un modo de hacer palanca con algún espacio de su cuerpo. “Hacía mucho frío”, dijo. La cruzó. “Yo les avisé a los militares que iba a poner al bebé en la panza de la madre para que lo abrigara; se lo puse y le corté el cordón umbilical y creo que ella me miraba, porque la venda la tenía corrida, son cosas que a uno se le quedan en la mente.”

La chica era rubia. No era el primer hijo que tenía. La enfermera enseguida envolvió al niño con una manta y se lo llevó. Balaris terminó de sacarle la placenta, suturó. “Estuve en estado de estrés y cuando volví tuve un enfrentamiento con Caserotto muy severo, que me costó que me trasladaran a la guardia de los domingos.” En el hospital el enfrentamiento fue más que eso. No lo dijo en la audiencia. Pero en la desesperación, la partera agarró de los brazos a su jefe y lo rasguñó.

“Lo inentendible de todo eso –explicó– es ¿por qué a nosotros? ¿Por qué nos ponían a nosotros en estas situaciones si había obstetras militares?”
La Conadep

Balaris estaba en el Hospital Militar desde 1974, y siempre supo que iba a atender a militares y civiles autorizados. Con la apertura democrática, alguna parte del personal del Hospital recibió citaciones para presentarse en la Conadep. Ella fue con otras tres compañeras: Lorena Tasca, Margarita Allende y Silvia Cecilia Bonsignore de Petrillo. Antes de ir, le avisaron a Caserotto: “Nos dijeron que no, que no deberíamos ir y nos citaron del Comando Militar a un Tribunal parecido a este y ahí dijimos los motivos por los que queríamos declarar”. Ante el Tribunal, ella preguntó si no era cierto que Raúl Alfonsín era en ese momento el jefe de las Fuerzas Armadas. Le dijeron que sí. Y en esa lógica ellas encontraron la razón para convencer al Tribunal Militar de que tenían que ir a dar los datos.

Testimonió el único sobreviviente de la familia Lanoscou

El único sobreviviente de la familia querellante recordó el secuestro de su hermano

El único sobreviviente de la familia Lanoscou, querellante en la causa por la identidad de los hijos adoptivos de la directora de Clarín, recordó ayer que vecinos aseguraron que militares se llevaron una beba de la casa donde murieron su hermano, su cuñada y otros dos hijos de la pareja.

David Lanoscou declaró como testigo en la causa que juzga el robo de bebés en la última dictadura y recordó ante el Tribunal que vecinos de su hermano dijeron haber visto a militares llevarse a la beba, tercera hija del matrimonio que sobrevivió.

Esa beba sospecha podría ser Marcela Noble Herrera, quien acaba de someterse a una extracción de sangre y saliva para ser entrecruzada en el Banco Nacional de Datos Genéticos.

En el juicio el testigo se refirió a esta sospecha relativa a que la hija adoptiva de Ernestina Herrera de Noble podría ser su sobrina Matilde, la única sobreviviente de la incursión de militares en la casa familiar el 3 de noviembre de 1976.

Allí fueron asesinados Roberto, Bárbara Miranda y los hijos de ambos Barbarita y Robertito, de 4 y 6 años, recordó.

Los atacantes eran miembros de la "Escuela de Comunicaciones de Campo de Mayo" y difundieron la versión "fraguada" sobre la muerte de cuatro subversivos, cuando dos de ellos eran los pequeños niños.

Una cesárea a punta de pistola

Declaración de dos médicos del Hospilta Militar
 Una cesárea a punta de pistola

Julio César Caserotto era jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Militar durante la dictadura. Dos de los médicos que estuvieron bajo sus órdenes ayer recordaron cómo un día –en el que estaba totalmente borracho– obligó a una de las médicas a atender el parto de una detenida. A la médica no le dejaron identificar a la persona ni hacerle la historia clínica, indicó uno de los testigos: “La obligaron a hacer la cesárea a punta de pistola y al terminar ella levantó el bolso y no volvió a aparecer más por el hospital”.

Eduardo Julio Poisson y Carlos Raffinetti declararon ayer en la audiencia de robo de bebés. Ambos eran médicos del Hospital Militar. Hablaron del caso de la médica Silvia Cecilia Bonsignore de Petrillo, que declarará en las próximas audiencias. Raffinetti recordó que Caserotto obligó a Petrillo: “Lo que sé es que la obligaron, prácticamente la levantaron de los pelos, para atender a esta persona”.

Caserotto tenía acceso al área de epidemiología, el área que empezó a estar vedada para el personal civil después del golpe. Y por el que alguna vez pasó y vio embarazadas otro de los médicos que nombraron, que luego discutió con Caserotto, le inventaron un sumario y lo obligaron a renunciar. “Epidemiología era un lugar infranqueable para el personal civil –dijo Poisson–. La presunción es que había personas detenidas.”

Raffinetti había declarado ante la Conadep. Trabajó en el Hospital Militar desde 1958, y para la época de la dictadura estaba en el servicio de ginecología. Cuando le preguntaron, fue más cauteloso que Poisson o por lo menos aparecía más desmemoriado. “Nunca tuve conocimiento”, dijo cuando le preguntaron si existían detenidas en el hospital, aunque también dijo que el área de epidemiología estaba vedada y era el lugar custodiado por soldados. “¿Por qué?”, le preguntaron los jueces. “Se nos explicaba lo menos posible”, indicó.

Una monja del Hospital Militar, ahora no se acuerda de nada....

Testimonio de la monja Nicomendes Zaracho (Felisa) que actuó en el Hospital Militar.
“Yo no sé doctora... yo no sé, no sé”

Ante el tribunal que juzga el plan sistemático de robo de bebés, la monja relativizó su propia declaración del 2007. Esta vez dijo no recordar que entregara sábanas para “las NN” y tampoco supo qué decir sobre el destino de los chicos que vio.

A algunos de ellos siempre les costó contar lo que vieron en el interior del Hospital Militar de Campo de Mayo donde trabajaron durante los años de la dictadura militar, el lugar en el que funcionó la maternidad clandestina que atendió a las parturientas secuestradas. Algunas son religiosas de la Congregación Misericordia de la Tercera Orden regular de San Francisco; algunos son médicos que estaban bajo las órdenes de otros médicos militares. La semana pasada empezaron a pasar por la audiencia del plan sistemático de robo de bebés como ayer lo hizo Felisa, una monja paraguaya, y el médico Carlos Alberto Raffinetti. Ambos habían dicho años atrás algo más de lo que ayer recordaron. La monja, en una declaración de 2007; el médico ante la Conadep. Ayer la presidenta del Tribunal Oral Federal 6 llegó casi a enojarse con la religiosa que sistemáticamente evitó todo tipo de precisiones. “¿Pero usted supo lo que pasó en el país entre los años ’76 y ’82?”, le preguntó María del Carmen Roqueta notoriamente incómoda. “¿Nunca tomó conocimiento de lo que se nombró como guerra? ¿Sabe que en este momento está declarando frente a un tribunal federal de la Nación?”

La hermana Felisa se llama Nicomendes Zaracho, una religiosa que trabajó durante doce años en el Hospital de Campo de Mayo. Zaracho era la encargada de distribuir la comida, cuidar la ropa de los soldados y mantener la limpieza de una de las salas que tenía a cargo. Luego de una larga investigación que logró darles nombre a las personas que habían estado en esos servicios, el Juzgado Federal de Jorge Ballestero la convocó en 2007 para una primera declaración. Zaracho en ese contexto habló de las escenas, por las que la querella de Abuelas de Plaza de Mayo volvió a pedir su presencia. Dijo que alguna vez sirvió el desayuno para tres chicos que de pronto, un día, aparecieron en un área del hospital. Mencionó además que cuando distribuía las sábanas e inscribía los destinos, alguna vez tuvo que poner como destino la inscripción “NN”. Ninguno de esos recuerdos aparecieron ayer con facilidad. Tanto que durante un tramo de la declaración, cuando las idas y venidas de las preguntas no lograban siquiera acercarla a los puntos más tremendos de esos relatos, Roqueta le preguntó si estaba segura de estar bien. “¿Está amenazada? ¿Recibió alguna coacción?”, le dijo. “¿Quiere que desalojemos la sala para que pueda declarar tranquila? ¿Se asesoró con algún abogado antes de venir acá?” La monja, que respondió que no a cada una de las preguntas, hasta con una sonrisa nerviosa, dijo que no también cuando le preguntaron por el abogado, pese a que momentos antes quien la acompañó se presentó como abogado ante alguien de la causa. El hombre, de apellido San Juan, bajó las escalinatas con ella y otras dos religiosas.

La declaración

La hermana Felisa atendía a los enfermos de la Clínica Médica, que luego pasaban al sector de epidemiología, con acceso restringido al personal militar después del golpe de Estado. “¿De dónde le traían la comida?”, preguntó el abogado de Abuelas, Alan Iud. “De la cocina”, dijo ella. “¿Y la vestimenta?” “De la ropería”, agregó.

–¿Quedaba algún tipo de registro?

–Sí –dijo la mujer–, se anotaban cuántas sábanas iban para los soldados, después las traían y les dábamos ropa limpia.

–¿Alguna vez en esos registros leyó o pudo ver que estuviera el término NN? –preguntó Iud.

–Que yo sepa, no –dijo la religiosa.

–¿Escuchó esa expresión?

–No.

–¿Sabe a qué se refiere esa expresión?

–Son... –propuso– personas que no tienen nombre.

Ese fue el trabado ritmo de la declaración. Zaracho respondió breve o con monosílabos. Luego, las preguntas se escuchaban en tonos cada vez más altos, como si todo fuese un problema de audición. Finalmente, Zaracho volvió a hablar de los niños: “Yo me acuerdo de una vez en pediatría que hubo, no un bebé, sino tres chiquitos, uno de siete años. Yo me acuerdo que le mandaron pedir a la superiora para que les vaya a dar el desayuno a esos chicos; era una nena y dos varoncitos”. Zaracho no dijo mucho más. Dijo “no sé” cuando le preguntaron por los padres, aunque no era lo que había dicho años antes. Roqueta empezó a leerle poco después su vieja declaración para recordar alguno de esos puntos. En esa vieja versión, la superiora había recibido una orden durante la noche para darles de comer a unos niños. Zaracho los asistió con otras dos religiosas. “Nos encontramos con un varón de seis o siete años –dijo en ese momento–, y dos hermanos de 2 y 4 años; el varón era primo de los otros chicos; la nena lloraba mucho pidiendo por su madre, y el nene les decía que ya no estaban más. Y decían que los padres los habían puesto debajo de la cama, y sobre ella habían puesto además un colchón.” Era el año 1976, los tres estaban en la maternidad, en el área ginecología.

“¿De todo eso no se acuerda nada?”, le preguntaron a la mujer. “¿Cómo eran esos nenes?” Ella sólo dijo recordar que el niño era flaquito, algo rubio y tenía un jean y un pulóver.

–¿Sabe qué pasó con esos chicos después?

–No –dijo la mujer.

–¿Y no preguntó a las otras religiosas? ¿No lo hablaban entre ustedes?

–No –dijo Zaracho–. Lo que pasa es que habían dicho que les diésemos el desayuno nomás.

“¿Era común ver chicos en ese lugar?”, le preguntaron. “¿Era común ver que lloraran pidiendo por sus padres? ¿Era todo igual? ¿No le llamó la atención?” “No me acuerdo”, respondió Zaracho. “Seguramente me acordaba más en esa (antigua) declaración”, aclaró. Esa vez, la religiosa había hablado lo de las sábanas para NN. “¿Por qué ha dicho ahora todo lo contrario?”, le preguntó el Tribunal. “¿Y qué piensa ahora –insistieron–: por qué se pondrían NN, si antes usted misma dijo que los NN podrían ser las personas que no podían tener nombre? ¿Por qué no podrían tener nombre?” Y ella explicó: “Yo no sé doctora...”.

domingo, 26 de junio de 2011

“Se compraron jueces, como Bergesio y Cavallo”

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, expresó ayer que el Grupo Clarín "compró jueces, como Bergesio y Cavallo" en la causa que investiga si Felipe y Marcela Noble Herrera fueron apropiados ilegalmente.

"Hay que pensar mal porque las cosas están malintencionadas", declaró Carlotto en diálogo con Radio América, luego de afirmar que "se compraron jueces, como Bergesio y Cavallo".

La titular de Abuelas expresó su "sorpresa de que la iniciativa haya surgido de un día para el otro" y consideró la explicación de los hermanos "bastante absurda".

"Aceptan hacer todo y rápidamente, pero empiezan las contradicciones, quizá por estar en una etapa electoral", dijo Carlotto, quien expresó que "la decisión debió darse hace diez años, durante los que hicieron tantas cosas absurdas e ilegales".

Agregó que los hermanos "alegan problemas de salud de su madre adoptiva y dicen cosas que realmente no podemos entender".

"Llegamos a la etapa final, que será en donde corresponde y en tiempo y forma para comprarlo con todo el banco, eso es lo más importante", indicó.

Carlotto expresó: "Es lo que hemos esperado diez años", luego de sostener que "es lo necesario para saber si Felipe y Marcela Noble Herrera son o no los nietos que buscamos".

"De no ser los nietos que buscamos, su sangre quedará en el Banco Nacional de Datos Genéticos a la espera de nuevas denuncias, que se producen permanentemente", concluyó Carlotto.

viernes, 24 de junio de 2011

Caso Herrera Noble : Con reticencias pero dieron las muestras

El primer paso fue largo, pero se hizo

Los hijos adoptivos de la dueña de Clarín estuvieron más de nueve horas en el Hospital Durand. Se resistieron a que sus muestras queden en el BNDG, pero luego hubo acuerdo. La jueza podría ordenar el entrecruzamiento la semana próxima.

 Por Raúl Kollmann e Irina Hauser

Tras más de nueve horas, casi al entrar la noche, terminó el proceso de extracción de muestras de Marcela y Felipe Noble Herrera. La medida se demoró porque durante la jornada hubo numerosos planteos que la jueza Sandra Arroyo Salgado fue resolviendo sobre la marcha. El que más demoró fue un pedido de los abogados de los hijos adoptivos de la dueña de Clarín, que se opusieron a que las muestras queden en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) para ser comparadas, también en el futuro, con las familias que vayan apareciendo porque se enteren de que sus hijas, luego asesinadas, dieron a luz en cautiverio. La jueza sostuvo que las muestras debían quedar en el BNDG e incluso dijo que estaba dispuesta a realizar de forma compulsiva la toma de huellas dactilares que luego dejan pequeños rastros de piel y por lo tanto células para realizar el ADN. Tras una reunión a solas entre Marcela y Felipe y sus abogados, resolvieron cambiar su postura y accedieron a que las muestras de sangre y saliva queden depositadas en el BNDG. De esa manera, se completó el primer paso: la obtención de muestras.

El próximo paso, a partir del lunes, es que el BNDG, bajo la dirección de la doctora Belén Rodríguez Cardozo y con la verificación de todos los peritos de parte, establecerá el perfil genético de Marcela y Felipe. Eso tardará muy pocos días. Después, la decisión sobre el tercer paso queda en manos de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Ella tiene que resolver si ordena el entrecruzamiento de los perfiles genéticos de Marcela y Felipe con todas la familias que buscan a sus nietos y que dejaron las muestras en el BNDG.

La extracción de sangre y saliva se hizo alrededor del mediodía, con Marcela tomando la delantera. Nada menos que 24 personas participaron del proceso. Esto incluyó a los técnicos del Banco, a los peritos genetistas de los Noble Herrera, a los de Abuelas y de las dos familias querellantes. Por supuesto también estaban los abogados, los fiscales y la propia magistrada. El clima fue de tensión, porque la jornada se hizo muy larga por los distintos planteos. Se la vio a Marcela tomando decisiones y a Felipe más bien callado y siguiendo las instrucciones de su hermana adoptiva. Cuando a Marcela le sacaron sangre, la jeringa y la aguja se pusieron en una bolsa y se tiró a uno de esos recipientes destinados luego a la destrucción. Sin embargo, Marcela exigió que le entreguen la bolsa con la jeringa y la aguja y se la llevó consigo, al tiempo que le daba la instrucción a Felipe de que hiciera lo mismo.

Lo que produjo las mayores demoras fue la decisión de los Noble Herrera de no permitir que las muestras queden en el BNDG. La jueza se mantuvo muy firme y adelantó que la extracción se debía hacer como se hizo con todos los posibles hijos de desaparecidos. Se obtienen pequeñas muestras de sangre, saliva y piel y el material queda depositado en el Banco, porque continuamente aparecen nuevas familias que se enteran de que sus hijas podrían haber estado embarazadas en el momento del secuestro. En los últimos tiempos, por ejemplo, aparecieron diez familias nuevas y en un caso ya dio positivo. La pretensión de no dejar las muestras hizo subir la tensión y Arroyo Salgado les dijo a los hermanos y sus abogados que estaba dispuesta a obtener, de forma compulsiva, huellas digitales que, puestas sobre un papel especial, dejan marcas de piel de las que se pueden sacar células que permiten el ADN. Tras muchas idas y vueltas, Marcela y Felipe tomaron la decisión de que las muestras queden en el BNDG.

Están quienes afirman que la jueza ya está facultada para hacer el cotejo porque todas las partes –los Herrera Noble, los fiscales, los querellantes, incluyendo a Abuelas– dijeron por escrito que están dispuestos a que se haga la comparación con todas las familias que figuran en el Banco. Pero otros consideran que hay que atender a la decisión de la Cámara de Casación que limitó el cotejo a un grupo de familias relativamente chico, cuyas hijas fueron secuestradas antes de julio de 1976. Abuelas, las familias querellantes y los fiscales apelaron esa decisión porque no quieren convalidar las fechas que figuran en la adopción realizada por la dueña de Clarín. Esa apelación está todavía sin resolver, aunque Casación decidió suspender su tramitación luego de la novedad de la extracción a la que se sometieron voluntariamente Marcela y Felipe.

No obstante, en tribunales sugieren que Arroyo Salgado daría a conocer el lunes o martes una nueva resolución y que probablemente se incline por hacer el entrecruzamiento con todo el BNDG, como quieren las partes y marca la ley. En ese caso, los resultados –positivos o negativos– estarán listos en pocas semanas.

jueves, 23 de junio de 2011

Caso Herrera Noble: obstaculizaron, adulteraron pruebas... pero hoy entregan muestras

Hace dos semanas, los jueces Guillermo Yacobucci, Luis García y Raúl Madueño legitimaron los trámites de adopción irregulares gestionados en pleno terrorismo de Estado y limitaron el entrecruzamiento de ADN de los jóvenes a las familias cuyas hijas fueron secuestradas antes de las fechas en las que –según esos expedientes– comenzaron los trámites: 13 de mayo de 1976 en el caso de Marcela, 7 de julio del mismo año en el caso de Felipe. Ante un pedido de aclaratoria, Madueño cambió de postura y dijo que el cruce debía hacerse con todo el BNDG. Los abogados Pablo Llonto y Alcira Ríos, y el fiscal Raúl Plee presentaran un recurso extraordinario, los jóvenes se presentaron sorpresivamente ante la jueza de primera instancia, justo cuando se vencía el plazo para apelar y le notificaron su voluntad de someterse a una extracción de muestras de ADN.

Ante el nuevo escenario, ya sin derechos encontrados entre las partes, Arroyo Salgado resolvió el miércoles convocar a Marcela y Felipe al Hospital Durand para concretar el paso inicial del proceso de identificación. El mismo día notificó formalmente sobre las novedades a Casación. El mismo miércoles, el máximo tribunal penal del país suspendió el trámite de las apelaciones, lo que implica que no siguió adelante con los pasos habituales, como dar vista de los recursos extraordinarios a todas las partes antes de resolver.

Los hermanos Marcela y Felipe Noble Herrera deberán entregar sus muestras de sangre y saliva hoy a las 9 en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), según dispuso el miércoles la jueza federal Sandra Arroyo Salgado a cargo de la causa para establecer si son hijos de desaparecidos.

La magistrada resolvió además que los alcances del “posterior cotejo del ADN” que se haga con fines identificatorios “se ajustará a lo que –en definitiva- resulte dispuesto en sede judicial”, independientemente de la “voluntad de terceros interesados intervinientes en el proceso".

Con su expresión, la jueza dejó en claro que ese cotejo, a realizarse en la BNDG del Hospital Durand para determinar si son hijos de desaparecidos, será posterior a que resuelvan los recursos presentados por las querellas y la fiscalía la semana pasada ante la Cámara Nacional de Casación Penal.

En una resolución de cuatro carillas, la jueza dejó en claro también que la voluntad expresada por los hijos adoptivos de la dueña del diario Clarín de someterse a una extracción de muestra biológica -a la que hasta ahora se negaban- no tiene ninguna incidencia en el proceso ya que “carecen de legitimación” para ello.

La jueza también desconoció la legitimidad del planteo de Marcela y Felipe Noble Herrera de que el peritaje comparativo “incluya a todas la familias que hayan dejado sus muestras genéticas en el Banco Nacional de Datos Genéticos”.

Por otra parte, la jueza rechazó el escrito presentado por los letrados patrocinantes de los Noble Herrera ante su juzgado y los intimó a que “precisen de manera correcta y fundamentada” la alegada renuncia de derechos constitucionales de sus clientes.

En ese sentido intimó a los abogados Roxana Piña, Horacio Silva, Alejandro Carrió e Ignacio Padilla a que expliciten la aseveración de que “el ejercicio de su derechos en la presenta causa ha sido una fuente de ataques y sufrimientos personales inenarrables” para los jóvenes Noble Herrera.

El viernes de la semana pasada, al vencer los plazos procesales para apelar una resolución de la Cámara de Casación Penal que dispuso la extracción pero limitó la franja a comparar, los hijos adoptivos de la dueña del grupo Clarín se avinieron de propia voluntad a dar sus muestras, en un giro inédito pero sospechoso de su habitual posición.

Por su parte, tanto la querella de las Abuelas de Plaza de Mayo como la de las familias representadas por el abogado Pablo Llonto, al igual que la fiscalía, apelaron el fallo de la Casación y manifestaron su voluntad de que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre el particular.

Este pedido de un recurso extraordinario fue suspendido por la Casación apenas se conoció la nueva voluntad de los Noble Herrera.

Sobreviviente de CCD Campo de Mayo declaró por el plan sistemático de robo de bebés

Las fichas de la vicaría castrense

Beatriz Susana Castiglione contó que el vicario Victorio Bonamín tenía durante la dictadura fichas con personas desaparecidas e información de los represores. Habló de las embarazadas que vio en el centro clandestino.

 Por Alejandra Dandan

Beatriz Susana Castiglione estuvo en Campo de Mayo secuestrada durante casi dos semanas, embarazada de ocho meses. Es una de las pocas sobrevivientes del campo de exterminio y, entonces, testigo en innumerables causas. Es psicóloga, especialista en salud mental. Cuando salió del campo clandestino, un pariente ya había concertado una cita con el vicario castrense Victorio Bonamín y decidió de todos modos ir a verlo. Ante aquel hombre que hablaba de la presencia de dios en los soldados, explicó dónde había estado Beatriz, y que de todos modos ella ya estaba liberada. Bonamín se apartó un momento para buscar algo en unas fichas y ante el descrédito del pariente que como católico no podía creer lo que veía, el vicario preguntó: “¿Usted dice que su parienta salió?”. Y luego: “Porque estaba para salir más adelante”.

Beatriz fue convocada como testigo del juicio de robo de bebés para declarar sobre la presencia de dos embarazadas, parte de los expedientes que se ventilan en la causa: una de ellas, Silvia Quintella, madre de Francisco Madariaga Quintella, y la otra, Norma Tato, madre de Hernán, apropiado por Norberto Atilio Bianco, represor, médico del Ejército en Campo de Mayo y cuyo pedido de extradición todavía está pendiente en Paraguay.
La declaración

Beatriz militó en la JP hasta la muerte de José Ignacio Rucci en 1974. La secuestraron el 17 de abril de 1977 en un departamento en el centro de Buenos Aires. Tenía un hijo de dos años al que la patota dejó con un vecino. Se llevaron a ella, embarazada, y a su marido, Eduardo Cova Rías. “Cómo era el lugar a donde nos llevaron no puedo decirlo porque estaba encapuchada”, advirtió en un juego entre pasado y presente. “Sé que llegamos después de un viaje largo, el auto se paró, nos bajaron, nos recibe una voz y nos dicen ‘éste es un lugar clandestino: ustedes están ilegales, a partir de ahora tienen un numero (a mí me dieron el 229, a mi marido el 230), no pueden decir su nombre, de acá ni Videla los va a sacar y de ahora en adelante se tienen que nombrar con el número’”.

Beatriz estuvo a cargo de esa voz que aún no reconoce. Un alias apodado “Cacho”, quien se presentó como su custodio y a quien le preguntó: “¿Y ahora nos van a matar?”. “No, no, no, no –le advirtió Cacho–, acá no se mata a nadie.”

Después, empezó a reconocer botas, uniformes de fajina verdes y borceguíes. Con los días, después del miedo, habló con otros detenidos. Reconoció a las embarazadas. Norma Tato, a quien no conocía pero sabía que era la segunda mujer de Jorge Carlos Casariego. A Mercedes Barreiro, también embarazada. Y en otro pabellón, a Silvia Quintella, a Casariego y a Beatriz García Recchia, también embarazada.

Las embarazadas eran tratadas como el resto de los detenidos. Beatriz tenía una cama, pero las otras prisioneras dormían en colchones sobre el piso: “Era todo muy arbitrario”, dijo Beatriz. “Cuando me tomaron declaración, me amenazaron diciéndome que no importaba, que si yo no quería decir nada, que no diga nada: me decían mentirosa y ‘nosotros tenemos todo el tiempo del mundo, así que después que tengas a tu pibe, te vamos a reventar’”.
La sospecha

Una vez, le preguntó a Cacho por un detalle. “¿Cómo es que va a llevar la ropita a mis padres? ¿Cómo es que van a llevar a mi hijo?” Estaba segura de que era una cosa complicada: “Era incomprensible –dijo–, porque si te dicen que estás ilegal, que tenés un número, que estás clandestino y te sacan a un hijo y mi hijo aparece y se lo dan a mis padres, quiere decir que yo estoy en algún lugar”. El custodio le dijo que no se preocupe, que era así, que se lo iban a entregar a los familiares. Pero Beatriz no le creyó. Empezó a decirlo entre sus compañeras. “No es lógico”, decía. “Sigamos este razonamiento: ¿cómo van a hacer aparecer la criatura ante nuestros familiares?”.

Y dijo: “A mí no me cerraba esa parte, pero recuerdo como si fuera hoy que Tina me dice: ‘¡Noooo, los milicos con los pibes no joden!’. Me lo acuerdo y lo digo porque era como impensable otra cosa. Te tienen hasta tener el nene o la nena, después nos llevan a matar porque era ésa la amenaza ¿y después nuestro hijo va a aparecer? No era lógico: ¿se entiende lo que estoy diciendo?”.

Beatriz estuvo parte del tiempo destabicada, por eso puede dar cuenta de lo que ahora puede dar cuenta. El 2 de mayo llenó un papel con su nombre; datos sobre la militancia. Ese día pidió hablar con el encargado de inteligencia, el modo de llamar adentro a los torturadores. Le preguntó con la voz quebrada dónde y bajo qué condiciones iba a tener a su hijo. El torturador le preguntó por la fecha de parto. Ella dijo el 25 de mayo. Bueno, piba, le dijo el otro: “Anda, pronto vas a tener noticias mías”.

Al otro día le ordenaron bañarse. Cacho le dijo que iba a recibir el mejor regalo de su vida. Volvieron a juntarla con su marido. “Yo me caí de los nervios –explicó– y nos dijeron: ‘En el nombre del Ejército Argentino les pedimos perdón, con ustedes nos equivocamos’, y nosotros les agradecimos.”

Beatriz no tenía modo de conectarse con familiares de los prisioneros. Y no supo que muchos de-saparecieron hasta el momento de la Conadep. Cuando terminó de declarar dijo: “Lo único que quiero agregar es sobre la importancia de la Justicia en lo personal y como ciudadana –explicó–: cómo me parece fundamental llegar al fondo de esta historia y me parece no ya importante, sino fundamental, que se lleve a cabo, como trabajadora de la salud mental puedo dar testimonio de esto”. Y agregó: “Quiero agradecer a las Abuelas porque yo podría haber estado muerta y las Abuelas buscando a mi hijo”.

Julia Plaza


Julia Plaza era compañera de militancia de Norma Tato y de Jorge Carlos Casariego. Fue convocada a la audiencia de robo de bebés para declarar sobre ellos, el embarazo y la detención en Campo de Mayo. Es una de las pocas testigos que pueden declarar. Los padres de Norma y de Jorge están muertos. Julia, que estuvo exiliada durante la dictadura, sin embargo pudo verlos antes de la muerte, en 1978, durante una de sus vueltas transitorias. En esa ocasión, el padre de Jorge le advirtió que su hijo y su nuera, que estaba embarazada de cinco meses, estaban desaparecidos. Le dijo además que estaban convencidos de que estaban por dejarlos en libertad. Que habían vendido un departamento y un campo pequeño para pagar el rescate a un tal Bianco, alguien de Campo de Mayo. Ese Bianco de quien Julia no sabía más datos podría ser el médico de Campo de Mayo, el único Bianco del centro de exterminio, la persona que terminó apropiándose del niño.

martes, 21 de junio de 2011

El largo y tortuoso camino hacia la verdad


La causa judicial abierta por las Abuelas de Plaza de Mayo para conocer la verdadera identidad de los hijos adoptivos de la dueña del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble, comenzó hace diez años.
IRINA SANTESTEBAN
Durante diez años hubo una cerrada negativa de la empresaria del multimedios Clarín, Ernestina Herrera de Noble, y de sus hijos presuntamente apropiados, a realizarles a ambos jóvenes las pruebas de ADN, para cotejarlas con las que están en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Con esto se acentuó la sospecha en la sociedad argentina de que tanto Felipe como Marcela podían ser hijos de desaparecidos.
Los expedientes de ambas adopciones están plagados de irregularidades, desde la insólita declaración de la señora Herrera respecto a que encontró a los bebés "en el jardín", hasta la identidad de la supuesta madre que habría entregado a uno de los niños. Todo fue falso, y se comprobó judicialmente.
Para despejar las dudas sobre la identidad de esos jóvenes, nada más acertado que realizar una prueba genética, y compararla con las muestras que han dejado los familiares de centenares de mujeres desaparecidas que fueron secuestradas estando embarazadas, y cuyos niños nacieron en cautiverio, desde que se creó el BNDG, en el ámbito del Hospital Durand, en 1987. Son miles los datos depositados en ese Banco, pero corresponden a 256 familias.

Suposiciones.
Hoy se especula que una de las causas por las cuales los jóvenes han aceptado realizarse las pruebas y compararlas con la totalidad de las que se encuentran en el BNDG, y no sólo con las de las familias querellantes, como habían insistido durante casi diez años, es que los abogados de la familia Noble conocerían que esas pruebas darían resultados negativos.
¿Es posible que esa suposición sea cierta? Claro que lo es, y no significa que la sospecha de las Abuelas de Plaza de Mayo sea infundada, pues ha habido otros casos de jóvenes cuyas muestras no demostraron compatibilidad con las del BNDG, y dos años después, al cotejarlas con nuevas muestras de otra familia, dio resultado positivo. Así sucedió con Martín, hijo de Guillermo Amarilla y Marcela Molfino, que al sospechar que podría ser hijo de desaparecidos, se dirigió a Abuelas y al banco genético, pero sus muestras no coincidían con ninguna de las depositadas en ese organismo.
Los familiares de la pareja Amarilla-Molfino no habían dejado sus muestras porque nunca supieron que Marcela estaba embarazada. Por eso, cuando uno de los centenares de testimonios que se están escuchando en los juicios por crímenes de lesa humanidad reveló que Marcela Molfino había sido vista embarazada en Campo de Mayo, sus familiares concurrieron a dejar sus muestras de sangre. Y ahí saltó la coincidencia con Martín, dos años después de haberse acercado a las Abuelas para conocer su identidad. Recuperó a sus hermanos y tíos, porque su abuela, Noemí Gianetti de Molfino, fue secuestrada en Perú en junio de 1980, cuando buscaba a su hija y yerno, y denunciaba las desapariciones de la dictadura militar. Su cuerpo sin vida apareció un mes después en un hotel de Madrid.

Daño psicológico.

Aunque resulte una posibilidad remota por el nivel de rechazo a conocer su identidad que manifestaron siempre Marcela y Felipe, finalmente nadie puede descartar que, como tantos jóvenes hijos de desaparecidos que se negaban a saber sobre su verdadero origen, a ellos también les haya llegado ese momento.
Según el artículo dominical de Horacio Verbitsky en Página 12, el abogado Ignacio Padilla ya había advertido varias veces el daño psicológico que ambos jóvenes estaban sufriendo.
Pero en este caso, resulta tanto más perverso el aprovechamiento que está haciendo de esa circunstancia tan dolorosa, el multimedios y sus poderosos bufetes de abogados. Así, los diarios Clarín y La Nación, más las cadenas de noticias afines, intentaron mostrar que los jóvenes van a someterse a esas pruebas "cansados de tanta persecución" y luego de "sufrimientos personales inenarrables" .
La mayoría de quienes descreen de las intenciones de Marcela y Felipe, especulan con el supuesto asesoramiento de la ex titular del BNDG, Ana María Di Lonardo, a los abogados de la familia Noble, quien podría haber revelado datos que llevarían a presumir que ninguna de las muestras allí depositadas sería de familiares de ambos. De esta forma, siempre según estas especulaciones, se desprestigiaría a las Abuelas de Plaza de Mayo y, por elevación, al gobierno de la presidenta Cristina Fernández, que ha hecho de la causa por los derechos humanos, una de sus principales banderas.
Si esto fuera así, demostraría una mezquindad sin límites, porque se estaría utilizando el dolor de las familias que buscan a sus nietos desde hace más de 30 años, para desacreditar al gobierno y a una institución como las Abuelas, que hasta han sido propuestas para el Premio Nobel de la Paz.

Larga historia.
Y queda para la reflexión, cómo se ha ido alargando la historia de los nietos recuperados, ya que luego de 35 años del golpe de Estado cívico-militar de Videla-Agosti-Massera, sólo han sido recuperados 104 nietos, de los casi 500 niños nacidos en cautiverio y que fueron apropiados por los militares o entregados clandestinamente a civiles cómplices o hasta familias de buena fe.
La mayoría de los responsables de esos crímenes de lesa humanidad hoy están cumpliendo largas condenas, algunos en cárceles comunes, muchos en prisiones domiciliarias. Pero conocen el destino de esos niños que entregaron luego de arrancarlos de los brazos de sus madres cautivas. Nadie ha hablado ni dicho una palabra sobre eso, y revela la crueldad de quienes, aún cumpliendo condenas efectivas, no intentan siquiera redimirse de un delito tan aberrante como la apropiación de menores y la supresión de sus identidades, para informar a sus familias y propiciar un reencuentro que demora ya más tres décadas.

Perversidad duradera.

Fueron varios los jóvenes que renegaron de sus familias de sangre y se aferraron a sus apropiadores, por muy duro que esto parezca. Lo vimos incluso por televisión, en los años 90, cuando los adolescentes mellizos Reggiardo Tolosa, Gonzalo y Matías, manifestaban públicamente su cariño hacia Samuel Miara, torturador y asesino, y su esposa Beatriz Castillo. Cuando fueron restituidos a su tío materno, fue una experiencia muy dolorosa y los jóvenes finalmente no quisieron vivir más con él, pasaron por familias sustitutas, hasta que volvieron a residir con Castillo, a quien llaman "mamá". Hoy han restablecido la relación con su tío, pero siguen viviendo con su apropiadora
Lo mismo sucedió con Victoria Montenegro, criada por el coronel Herman Tetzlaff, quien no sólo se apropió de ella cuando tenía 6 meses sino que fue el asesino de su padre. Victoria renegó de su familia de origen durante varios años después de conocer su verdadera identidad, y siguió vinculada sentimentalmente a su apropiador, en una especie de vínculo perverso, a pesar que éste le había contado que había matado a sus padres.
Hoy Victoria, ya muerto Tetzlaff, ha recuperado el vínculo con su familia, es una activa militante de Hijos y una defensora de las Abuelas, a quienes hace unos pocos años denostaba.
Estas experiencias negativas han sido un minoría y no oscurecen la de muchísimos jóvenes que casi inmediatamente han reconocido y valorado a sus familias de origen. Pero a la vez revela la perversidad de la dictadura militar y su plan de apropiación sistemática de bebés.
¿Sería muy ingenuo pensar que a Marcela y Felipe les puede haber llegado también la hora de pensar en el reencuentro con su verdadera identidad?

Abuelas pide que el análisis de ADN de los Noble Herrera se haga de inmediato

Para que se concrete el estudio

La jueza Sandra Arroyo Salgado analiza si convoca a los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) o espera que la Cámara de Casación resuelva los recursos pendientes.

 Por Raúl Kollmann e Irina Hauser

Las Abuelas de Plaza de Mayo pidieron ayer a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado que disponga la inmediata extracción de muestras de sangre, pelo y saliva de los hermanos Felipe y Marcela Noble Herrera. Pero la magistrada empezó a analizar ayer el complejo cuadro judicial que afronta el expediente. Por un lado están quienes sostienen que Arroyo Salgado puede dar ya mismo el paso de convocar a los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), concretar la extracción y ordenar de inmediato que se haga la comparación con todos los perfiles genéticos de las familias que buscan nietos. Otros, en cambio, afirman que la jueza tiene que esperar que la Cámara de Casación resuelva los recursos pendientes –de Abuelas, de las familias querellantes y del fiscal Raúl Plee–, que se presentaron el viernes. Otra opción es que Casación suspenda provisionalmente el trámite de los recursos, le devuelva el expediente a la magistrada para que haga la extracción y recién después, ya aseguradas las muestras genéticas, declare abstractos esos recursos.

El cuadro de situación pinta las enormes desconfianzas que mantienen las partes desde hace diez años.

Ni Abuelas ni los abogados de las familias querellantes, Alcira Ríos y Pablo Llonto, ni el fiscal Plee desisten de los recursos ante la Corte Suprema. El motivo es sencillo: “Supongamos que nos echamos atrás porque ellos ya dijeron que se sacaban la sangre –explicó–. De golpe ellos se arrepienten con un simple escrito diciendo que no se sacan nada, y otra vez estamos en cero. Lo que corresponde es que mantengamos los recursos y, en todo caso, que Casación suspenda los efectos, le diga a Arroyo Salgado que proceda con la extracción y si se hace, quedarán abstractos nuestros recursos, algo que deberá declarar Casación”. El viernes, Alcira Ríos le dijo a este diario que no da marcha atrás con la apelación a la Corte Suprema porque su parte no quiere dejar sentado ningún precedente de límites en las comparaciones de los perfiles genéticos. Casación dijo que se podía comparar únicamente con las familias cuyas hijas fueron secuestradas hasta la fecha en que los jóvenes fueron supuestamente adoptados. Ríos explicó que eso era, de hecho, convalidar fechas de las adopciones falsas pergeñadas por los represores.

Queda entonces planteada la duda de si la jueza va a esperar o no lo que diga Casación y también qué es lo que va a contestar el tribunal.

Al mismo tiempo, Arroyo Salgado se disponía ayer a analizar la presentación de los abogados de Felipe y Marcela Noble Herrera. El texto incluye una cantidad de consideraciones que la magistrada seguramente va a evaluar: “renunciamos a nuestros derechos constitucionales”; “el ejercicio de nuestros derechos ha sido fuente de ataques”, pero, sobre todo, en ninguna parte de la presentación se sostiene que Marcela y Felipe aceptan la extracción de muestras de sangre, saliva y pelo, sino que se dice en forma un poco confusa que “se fije una fecha para nuestra concurrencia al BNDG para la extracción de muestras”. Tal vez se trate únicamente de un tema de redacción, pero lo más probable es que Arroyo Salgado convoque a los jóvenes a su juzgado para que firmen ellos personalmente –no sólo sus abogados– el pedido de que se les saque sangre, pelo y saliva. Además, que queden claras las reglas de juego y, entre otras cosas, establecer que las muestras quedarán en el BNDG para el caso de que aparezcan nuevas familias que están buscando a nietos. Este año, por ejemplo, ya se sumaron diez familias, en algunos casos porque recién ahora se enteraron –por algún testigo– de que su hija estaba embarazada o porque recién ahora se animan a dar un paso que antes no querían o anímicamente no podían dar.

Abuelas insistió en que las cosas se hagan rápidamente. “Se pide a la jueza la inmediata realización de la prueba porque consideramos que quedó firme su resolución de diciembre en la que ordenaba la extracción de muestras –dice la presentación hecha por Iud–. Ese mes, Felipe y Marcela no acataron la decisión de la jueza y los recursos presentados quedarían sin efecto, por lo que no hay nada que obstaculice la inmediata realización de la prueba.”

Abel Madariaga y su hijo Francisco, en la causa por robo de bebés

“Fui para él el hijo del enemigo”

Francisco fue apropiado por el ex carapintada Víctor Gallo y su mujer, Inés Susana Colombo; su padre Abel lo buscó durante treinta y dos años. La perversión del represor que lo llevaba a jugar a El Campito, donde habían tenido secuestrada a su madre.

 Por Alejandra Dandan

Los compañeros de Hijos lo escuchaban sentados en los únicos espacios libres que quedaban: el balcón donde habitualmente se sientan los camaradas de los represores porque ninguno estaba presente. Francisco Madariaga Quintella empezó por el comienzo: pronunció su nombre completo, así de corrido, como atragantado o expiando de alguna manera tantos años de espanto, los treinta y dos años y medio que permaneció apropiado o esclavo del carapintada Víctor Gallo. “La infancia nuestra no era escuchar a los Parchís –explicó–: era escuchar la Marcha de San Lorenzo y ponernos en fila.” Los únicos lugares a los que su apropiador lo llevaba a jugar como los padres llevan a sus hijos era a ver a los paracaidistas caer en Campo de Mayo. “¡O me llevaba a jugar al Campito!”, dijo después: “¡Al Campito donde yo estuve en cautiverio con mi mamá, es loco eso!”.

Hacía una semana, quienes ocupaban la sala de audiencias de los Tribunales de Retiro esperaban la declaración. El Tribunal Oral Federal 6 había agregado a sus dos apropiadores al banquillo de acusados del Plan sistemático de robo de bebés: el ex carapintada Víctor Gallo y su mujer, Inés Susana Colombo. Gallo la semana pasada no declaró. Ella dijo que había sido quien acompañó a Francisco por primera vez a Abuelas y en medio de su estrategia de defensa, se presentó como víctima de las imparables formas de una violencia doméstica de alguien a quien definió como psicópata.

Francisco empezó a recuperar su identidad en el verano de 2010. Desde el balcón, uno de los Hijos decía que su vida tuvo algo de lo de Victoria Donda: sin saberlo, Francisco se construyó una vida en paralelo a la apropiación, era artista callejero, sobrevivió malabareando en los semáforos, un juego que los apropiadores jamás entendieron, pero que lo llevó de a poco a las fiestas organizadas por Hijos y especialmente al momento de las preguntas que alguna vez empezó a responderse.

“¿Cómo llegó usted a saber quién era?”, preguntó el fiscal Martín Niklison a poco de arrancar. “Después de vivir una vida, treinta y dos años y medio, en una mentira y una familia violenta, calculo que me vienen unas dudas. Desde chico me sugerían; cuando veían a mis supuestos hermanos menores, me decían que no me parecía a nadie, pero tampoco eso me significaba algo como para dudar. Pero con el tiempo, los malos tratos dentro de la familia, o no poder entender cómo criaban a esas criaturas maltratándonos tanto, a los veinte años me había ido de la casa, estaba haciendo mi vida, andar por la calle como artista callejero, me iba enterando de las cosas que pasaron en el país, de los ’70, juntando información y además me decían que yo había nacido el 7 del 7 del ’77 en Campo de Mayo, y me venían las dudas de si no podía ser hijo de desaparecidos.”

“Uno” había empezado a entender, dijo Francisco: “Uno frecuentaba las familias de los amigos y eran familias normales, no había nada de lo que uno veía en esta familia: la familia de Colombo estaba peleada a muerte con la hija o el padre le corría directamente la cara”.
Lentamente

Francisco declaró después que su padre. Abel Madariaga que es secretario de Abuelas de Plaza de Mayo: pasó esos 32 años y medio buscándolo. En la audiencia de ayer, antes que Francisco, explicó que su hijo está enfermo de diabetes desde los 14 años, un cuadro que lo convirtió en insulino-dependiente, que no heredó de la familia biológica, que según la historia clínica del Hospital Militar es producto del estado nervioso.

“Me decían también a mí que era un tema nervioso”, dijo Francisco. “Nervioso porque genético no era, porque no sabían o mejor, sí sabían de dónde venía: pero yo tenía diabetes por culpa de ellos, porque un día la encuentro a Colombo con un charco de sangre porque él le había dado un golpe en la cara y para que no la mate nos colgamos de él. Gallo me apunta en la cabeza con un revólver, ahí conmigo en el piso, el momento fue horrible, la diabetes se desemboca y era nervioso, no era normal.”

Niklison le preguntó a Francisco por las veces en las que Gallo estuvo preso. Por esa la mitad de la vida que pasó en una cárcel, por estafas financieras, por la masacre de Benavídez. Y luego le preguntó si se acordaba del levantamiento carapintada. “Totalmente”, dijo él. “Gallo decía que era una guerra, todo el tiempo hablaba del supuesto enemigo, aunque para él todos eran enemigos: todo el tiempo con odio, toda la familia, con eso nos criaban a los tres.”

En diciembre de 2009, cuando empezaban a cerrarse algunas respuestas y alguno de sus amigos le propuso acompañarlo a Abuelas, Francisco volvió a la boca del lobo. Gallo tenía una cooperativa de seguridad. Y así flaco como es, con el cuadro de diabetes, decidió pedirle trabajo. “Yo lo tenía adentro mío con una angustia muy grande, vi la manipulación, sabía que era psicópata y yo tenía ya la edad de sacar conclusiones.” Y luego: “Le pedí trabajo y ahí empecé a enfrentarlo para ver cuáles eran sus intenciones conmigo y me fue demostrando en tres meses que todavía en su cabeza figuraba como un enemigo; por episodios que hubo pude llegar a que se quiebre, y que Colombo me diga la verdad”.

Gallo era el jefe de la cooperativa. Francisco había trabajado doce años de cadete, podía manejar una moto, hacer trámites, lo que sea, pero con su cuerpo flaco lo que jamás imaginó hacer era trabajar de custodio de camiones: “Mi vida era de artista callejero y que me dé la custodia de camiones era algo que no me cerró. Me manda a la sucursal de Los Polvorines. Me pongo a trabajar y mi intención no era trabajar, era ver la manipulación del tipo. Llegado un momento, yo sabía que cuando le agradecía algo, pasaban dos minutos y la cosa se daba vuelta: así que le agradecí por eso, y a los dos o tres días me cambia de sucursal y me manda a San Martín, la zona más peligrosa de la provincia de Buenos Aires”.

A esa altura, Francisco quiso irse. “Yo estaba empezando a asustarme: no sabía cómo podía salir todo esto, quería que me pague el sueldo, con eso me compraba una moto y listo, pero él me dijo que no: ‘No, vos tenés que estar conmigo. ¡Vos sos mi hijo! Este es mi primer trabajo como jefe y vos tenés que ser mi mano derecha’.”

Los compañeros de Los Polvorines eran personas que trabajaban por necesidad, pero en San Martín todos eran ex militares y ex policías. “A la mañana era estar puteando a la Presidenta, diciendo ‘que vuelva Videla, que vuelva Massera, el golpe de Estado...’ ¡Era imbancable estar con esa gente!”

El tercer día era sábado. Había tres camiones para custodiar. Lo mandaron con uno que iba a un supermercado chino, pegado a un “aguantadero”. “¡Ocho veces lo habían asaltado y Gallo me manda ahí!”, dijo Francisco. Los compañeros no lo podían creer: “Decían que cualquiera estaba más preparado que yo, pero yo quería terminar el día, y bueno, de inconsciente, estábamos armados, con armas truchas, largas para todos, había que salir armado y bueno, yo salí. Cuando estoy saliendo, se mete un compañero mío al camión; me dice que no me va a dejar ir solo, ‘porque vos no entendés nada de nada’”, le dijo. También le dijo que tenía un hijo de su edad que tocaba batería. Y lo acompañó.

Después del primer destino, llegaron a otro lugar. Francisco se separó del camión unos metros. Se puso a escuchar música con los auriculares, de camisa y jean. Por el físico, no daba el look del custodia que sí daba su compañero que minutos después cayó al suelo con la cabeza llena de tiros.

“Pasaron cuatro tipos con buzos, tatuados por todos lados, armados y van a atacar directamente al custodio del camión; el camión estaba en marcha, no se llevan el camión, el conductor y el acompañante salen corriendo y no volvieron más por el susto. Yo no sabía qué hacer. No sabía si tirar el arma, no quería que nadie se dé cuenta de que era custodio; que corría peligro. Después empiezan a tirar tiros para mi lado, pero yo ya me había metido adentro de la casa de una vecina.”

Llamó a Gallo. Gallo le dijo que estaba a quince cuadras. ¿Por qué?, dijo Francisco. ¿Qué hacía a quince cuadras? ¿Estaba esperando? ¿Sabía lo que iba a pasar? Gallo le había dado un arma tiempo antes: “Cuando me da el arma, me la da para que me suicide o para que me mande una macana con el arma –dijo él–, pero ahí tenía la forma de hacer desaparecer a alguien en democracia”.

Francisco se preguntaba por qué mientras los otros chicos podían jugar en sus casas con las computadoras, él no: “Yo siempre fui para él el hijo del enemigo”.

Francisco no terminó de hablar. Se cortó la luz en Comodoro Py. Su testimonio se reprogramó para hoy. Pero ¿puede ser que Gallo lo haya querido matar? ¿Es consciente o inconsciente? Desde la fiscalía dicen que sí: Gallo es un psicópata y el psicópata es un perverso que puede planificar cualquiera de esas cosas.

domingo, 19 de junio de 2011

Treinta y cinco historias de vida buscan probar si hubo un plan sistemático de robo de bebés

Mariana Menzulio
Treinta y cinco historias de vida buscan demostrar si hubo un plan sistemático de robo de bebés durante la dictadura, pero no son simples biografías sino vidas que hasta que no recuperaron su identidad estuvieron incompletas y otras que aún no han podido completarse y son buscadas por sus familiares en una lucha que nunca cesará.

De los 35 casos, 25 niños, hoy jóvenes de más de 30 años y en algunos casos con una militancia política activa, como Juan Cabandié, Victoria Donda, María Victoria Moyano Artigas, Victoria Montenegro, Alejandro Sandoval, entre otros, recuperaron su identidad.

A continuación, el relato de las historias que se pudieron reconstruir y que hoy tienen el nombre y apellido, mamá y papá.

El caso de Paula Eva Logares es el primero en el que la justicia utilizó como prueba de filiación la realización de análisis genéticos y en diciembre de 1984 se le restituyó su verdadera identidad y fue criada por su abuela materna.

Paula, junto a su mamá Mónica y su papá Ernesto, fue secuestrada con menos de dos años en Montevideo.

Su mamá estaba esperando a su segundo hija o hijo.

En 1983, Abuelas localizó a una niña que había sido inscripta como hija propia por un subcomisario de la policía bonaerense y retornada la democracia, se iniciaron las acciones legales.

Su hermana o hermano, que debió haber nacido en cautiverio, aún permanece desaparecido.

El caso de Natalia Suárez Nelson Corvalán es el primero en el que se determina la identidad de una hija de desaparecidos a través de una medida judicial alternativa a la extracción de sangre ya que se tomaron muestras de ADN de objetos personales.

Sus papás María Elena y Mario fueron secuestrados en junio de 1977 en La Plata. Ella estaba embarazada de siete u ocho meses y posiblemente haya dado a luz a Natalia en la maternidad clandestina que funcionó en el Penal de Olmos.

En 1985, Abuelas inició una causa a partir de denuncias que aseguraban que un comerciante de La Plata tenía una niña anotada como propia que podía ser hija de desaparecidos. Cuando el matrimonio fue citado por la justicia brindó un relato falso y se opusieron a las pericias científicas.

En 1986 se fugaron a Paraguay con la niña y en 2005, la justicia ordenó realizar los análisis y ante la negativa de la joven, se recogieron objetos personales de su domicilio.

En junio de 2006 los resultados confirmaron que era la hija de María Elena y Mario.

Carlos D’Elia Casco reconstruyó su historia en 1998 cuando la justicia le restituyó su verdadera identidad luego del primer juicio oral que llevó adelante Abuelas donde la apropiadora confesó que el joven no era su hijo biológico.

Sus papás Julio y Yolanda eran uruguayos, y ella estaba embarazada de ocho meses y medio cuando fue secuestrada.

Tras un proceso judicial, en agosto de 1994 Carlos confirmó su identidad.

Leonardo Fossati Ortega, fue uno de esos jóvenes que dudó de su identidad y se acercó a Abuelas para poder reconstruir su historia.

Sus padres Inés y Rubén fueron secuestrados en enero de 1977 y ella estaba embarazada de siete meses. El 12 de marzo de 1977 dio a luz un varón al que llamó Leonardo.

En marzo de 2004, Leonardo dudó de su identidad y se acercó a Abuelas. Poco tiempo después se ordenó la pericia genética y en agosto de 2005 confirmó que era el hijo de Inés y Rubén.

Otro caso es el de Macarena Gelman, nieta del poeta Juan Gelman, cuyos padres Marcelo y María Claudia fueron secuestrados en agosto de 1976. Ella estaba embarazada de siete meses.

El 7 de enero de 1990 el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó los restos de su padre, y ocho años más tarde se supo que su madre había sido trasladada a Uruguay y mantenida con vida hasta dar a luz a una niña en el Hospital Militar de Montevideo.

Su abuelo Juan exigió la colaboración de los estados argentino y uruguayo en la investigación con el fin de hallar a su nieta y en 2000 fue encontrada y Gelman pudo reunirse con ella.

El caso de Simón Antonio Gatti Mendez, hijo de Sara Rita y Mauricio, es uno de aquellos en el que los padres buscaron a su hijo luego de ser liberados, ya que el niño fue secuestrado junto a su madre en julio de 1976 y se vio obligada a abandonarlo.

Sara permaneció detenida en "Automotores Orletti" y fue trasladada ilegalmente al Uruguay.

Tras cuatro meses se la oficializó como presa política y permaneció detenida hasta 1981. Después de su liberación, la pareja se puso en contacto con Abuelas para iniciar la búsqueda del niño, período en el que Mauricio falleció.

En 2001 se sumó a esta búsqueda la Comisión por la Paz de Uruguay, pero Sara inició una búsqueda personal y en marzo de 2002 los análisis genéticos confirmaron que un joven argentino que había sido adoptado era Simón y Sara se reencontró con él.

Federico Cagnola Pereyra, su mamá Liliana y su papá Eduardo, fueron secuestrados en octubre de 1977. Ella estaba embarazada de cinco meses.

Según testimonios, Liliana dio a luz en la ESMA en febrero de 1978 a un niño al que llamó Federico.

Fue asesinada el 15 de julio de 1978 y su cuerpo fue identificado en 1985 por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

En 1981, se comenzó la búsqueda y años más tarde llegaron a Abuelas denuncias sobre un matrimonio que tendría en su poder un posible hijo de desaparecidos.

Se iniciaron las averiguaciones y la justicia ordenó la medida para obtener muestras de ADN de las pertenencias del joven, quien el 9 de septiembre de 2008 supo que era hijo de Liliana y Eduardo, quien continúa desaparecido.

Ezequiel Rochistein Tauro, es hijo de María Graciela y Jorge, secuestrados el 15 de mayo de 1977 cuando ella tenía cuatro meses y medio de embarazo. Dio a luz a un varón en la ESMA en noviembre de 1977.

La investigación que permitió encontrar a Ezequiel fue a partir de la denuncia de un represor.

Se iniciaron las acciones judiciales y ante la negativa del joven de realizarse los análisis, Abuelas presentó el caso en la Corte Suprema de Justicia, la cual se expidió en contra de la extracción obligatoria, considerando que existían medidas alternativas para obtener muestras de ADN.

A partir de este dictamen, la justicia ordenó la realización de un allanamiento para recoger objetos personales y debido a las irregularidades en la toma de las muestras resultó imposible reconstruir el perfil genético.

Estas dificultades llevaron a que la justicia adoptara una medida como último recurso que permitiera resolver el caso, una requisa imprevista de ropa del joven posibilitó obtener las muestras genéticas. En septiembre de 2010 se confirmó que se trataba del hijo de Graciela y Jorge.

El caso de (Evelyn) Bauer Pegoraro, hija de Rubén y Susana, quien estaba embarazada de cinco meses cuando fue secuestrada, tuvo en su momento notoriedad ya que la joven se negaba a hacerse los análisis por temor a que los resultados fueran usados en contra de sus apropiadores.

Por testimonios, pudo saberse que Susana dio a luz en la ESMA, a una niña a fines de noviembre de 1977.

La niña fue entregada a un ex marino quien la anotó como hija propia, pero en 1999 reconoció que recibió a Evelyn mientras desempeñaba tareas en el Edificio Libertad.

Evelyn siempre se negó a realizar la extracción de sangre, pero en 2008 la justicia ordenó recoger objetos personales de su domicilio para extraer muestras de ADN.

Dos meses después, el BNDG informó a la justicia que la joven era la hija de Rubén Bauer y Susana Pegoraro.

El de Mariana Zaffaroni Islas, hija de María Emilia y de Jorge, es otro de los casos en los que una familia completa fue secuestrada y ella busca a su hermano o hermana nacido en cautiverio.

Mariana nació en marzo de 1975 y el 27 de septiembre de 1976 toda la familia fue secuestrada, estando su madre embarazada de tres meses.

En 1983, Abuelas localizó a Mariana apropiada por el agente de inteligencia, que se fugó con la niña.

En 1991 se logró dar con el paradero y en julio de ese mismo año se realizaron los análisis que confirmaron que se trataba de Mariana Zaffaroni Islas y en 1993 se le restituyó su identidad.

El caso de los hermanos Julien Grisonas, hijos de Victoria y Anatole, marca el inicio de las recuperaciones de identidad, ya que fueron localizados en 1979 en Chile.

Anatole Boris nació en Montevideo el 25 de septiembre de 1972 y su hermana, Victoria Eva, el 9 de mayo de 1975 en la ciudad de Buenos Aires.

El 26 de septiembre de 1976 la familia fue secuestrada. En 1979 los niños fueron localizados mientras se encontraban viviendo en Chile junto a una familia que los había adoptado, luego de que fueran abandonados en una plaza de Valparaíso en diciembre de 1977.

Anatole y Victoria continuaron viviendo con su familia adoptiva pero en contacto con sus familiares biológicos.

María Belén Altamiranda Taranto, nació en junio de 1977 durante el cautiverio de su madre Rosa, quien fue llevada a dar a luz en su octavo mes de embarazo al Hospital Militar de Campo de Mayo donde se le practicó una cesárea.

La niña fue entregada al Movimiento Familiar Cristiano quienes a los tres meses la entregaron en adopción. La joven siempre supo que era adoptada y en el 2005 decidió comenzar la búsqueda para conocer su origen y se presentó voluntariamente en Abuelas.

A mediados de 2006, se ordenaron los análisis genéticos y un año más tarde se supo que era la hija de Rosa Luján y Horacio.

Claudia Victoria Poblete Hlaczik, es hija de Gertrudis y José, nació el 25 de marzo de 1978.

Luego del secuestro de su padre, ella y su madre fueron secuestradas.

Abuelas junto a los familiares iniciaron las causas judiciales hasta que en 1999, una joven fue citada por la Justicia para que se realizara los análisis genéticos. Había sido inscripta como hija propia por un integrante de la estructura de inteligencia del ejército.

La joven accedió a realizarse los análisis que a fines de 1999 confirmaron que se trataba de Claudia Victoria. El 7 de febrero de 2000 la justicia le restituyó su verdadera identidad.

Javier Gonzalo Penino Viñas, hijo de Hugo y Cecilia, quien estaba embarazada de siete meses y dio a luz en la ESMA a mediados de septiembre de 1977.

En 1984, Abuelas inició una causa judicial contra el marino Jorge Vildoza, que se había desempeñado en la ESMA, y tenía en su poder un niño que podía ser hijo de desaparecidos.

Vildoza y su esposa se fugaron con el niño y en 1998, Javier se presentó ante la Justicia solicitando que se le realizaran los análisis, ya que había tomado conocimiento sobre la investigación.

En julio de 1998 los resultados del BNDG confirmaron que se trataba del hijo de Cecilia y Hugo y en diciembre de 1999 la justicia le restituyó su verdadera identidad.

Guillermo Rodolfo Fernando Pérez Roisinblit, nació el 15 de noviembre de 1978 durante el cautiverio de su madre Patricia, quien fue secuestrada con ocho meses de embarazo, junto a su compañero José Manuel.

El 28 de junio de 1977 nació su primera hija, Mariana Eva, quien fue secuestrada junto con su madre y luego del operativo, la niña fue entregada a su familia paterna.

Patricia fue trasladada a la ESMA donde dio a luz un varón al que llamó Rodolfo Fernando el 15 de noviembre de 1978.

En abril de 2000, Abuelas recibió una denuncia anónima que afirmaba que el agente civil de la Fuerza Aérea tenía un niño inscripto como hijo propio con una falsa partida de nacimiento.

Después de ser visitado por su hermana, el joven aceptó realizarse los análisis y el 2 de junio de 2000 los resultados del análisis de ADN indicaron que el joven era el hijo de Patricia y José.

En 2004, el BNDG confirmó la filiación del joven, que es nieto de la vicepresidenta de Abuelas Rosa Roisinblit.

En el caso de Pablo Casariego Tato, su mamá Norma estaba embarazada de cinco meses cuando fue secuestrada y en agosto de 1977 dio a luz un varón.

Desde 1984 Abuelas recibió denuncias sobre dos niños presuntamente hijos de desaparecidos anotados como hijos propios por un mayor médico del Ejército.

En 1985 las Abuelas iniciaron acciones legales y en 1986, ante el requerimiento judicial, se fugaron al Paraguay junto a los dos niños, hasta que en 2003 se logró el acercamiento al joven a través de una nieta.

El 3 de enero de 2007 se realizaron los estudios que en febrero confirmaron que se trataba del hijo de Norma y Jorge.

El último caso que se agregó, hasta el momento al juicio, es el de Francisco Madariaga Quintela, quien fue buscado por su padre, Abel Madariaga, cuando este regresó del exilio en 1983.

Su mamá, Silvia lo tuvo en "El Campito", en Campo de Mayo.

Francisco se acercó junto a "su madre" Inés Colombo, a Abuelas en febrero de 2010, bajo el nombre de Alejandro Ramiro Gallo, manifestando creer ser hijo de desaparecidos.

Inés Colombo manifestó que su ex esposo, era oficial de Inteligencia del Ejército, miembro del batallón 601, y que en el año 1977 le dijo que había un niño abandonado en el Hospital Militar de Campo de Mayo.

A los 13 días de haber acudido al Banco Nacional de Datos Genéticos, el miércoles 17 de febrero, la justicia le comunicó que hijo de Silvia y Abel.