lunes, 30 de mayo de 2011

"Los milicos elegían a los bebés por el color de piel o de ojos de sus madres"

Médico Magnacco
Abuelas denunció que "los milicos elegían a los bebés por el color de piel o de ojos de sus madres"

La vicepresidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa Roisinblit, reveló que las embarazadas secuestradas en la ESMA eran obligadas a formar en fila para que las futuras apropiadoras de sus bebés pudieran "elegir el tipo de criatura" que iban a adoptar de manera ilegal una vez que nacieran.

"Las esposas de los milicos iban a ver esas formaciones para ver a las madres y poder elegir el tipo de criatura que se iban a llevar, según el color de los ojos o de la piel de las madres", contó Roisinblit al declarar en una nueva audiencia del juicio oral y público por el Plan Sistemático de Robo de Bebés durante la última dictadura. A los 90 años, con un relato ordenado y vivaz, la vicepresidenta de Abuelas acusó al médico Jorge Luis Magnacco, por haber asistido al parto de su hija detenida-desaparecida Patricia, en noviembre del '78, cuando nació su nieto Guillermo, a quien pudo recuperar recién en el año 2000. "Todo lo que cuento acá lo sé porque hay sobrevivientes que lo vieron, como Sara Osatinsky, que estaba en la cabecera del parto, y Ana María Larralde, que le aplicó el goteo para acelerar el trabajo previo", abundó Roisinblit, quien dijo el sótano de la ESMA era conocida como "la pequeña Sardá".

Patricia Roisinblit y su marido Rodolfo Pérez Rojo fueron secuestrados el 6 de octubre de 1978 y llevados presuntamente a la Mansión Seré, el centro de detención ilegal que manejaba la Fuerza Aérea en Castelar, pero la mujer fue trasladada a la ESMA pocos días antes del parto, contó su madre ante el Tribunal Oral Federal 6, que preside María del Carmen Roqueta, y que juzga, entre otros, a los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone; al jefe operativo de la ESMA, Jorge "el Tigreö Acosta, y al mencionado Magnacco, quien asistió los partos y firmó los certificados de nacimiento falsos. Tras el parto de Patricia, el pequeño fue entregado al matrimonio integrado por Francisco Gómez, personal civil de la Fuerza Aérea, y su mujer, Teodora Yofre, entonces empleada doméstica de un alto oficial de esa fuerza, hecho por el que fueron juzgados y sentenciados.

En casi dos horas de exposición, la vicepresidente las Abuelas contó los orígenes de la querella por la apropiación sistemática de hijos de desaparecidos, los respaldos que recibió la organización de diferentes países, en especial de Canadá y Alemania, y los viajes que realizó denunciando lo ocurrido en la ESMA. "Al Papa Juan Pablo II nosotras le entregamos en mano la tercera carpeta acerca de nuestras denuncias. La primera se la habia entregado el Premio Nobel, Adolfo Pérez Esquivel, y él sabía de qué se trataba porque nos dijo 'oramos por ellos'".

El cardenal responderá por escrito

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, hará uso de un privilegio reservado para “altos dignatarios de la Iglesia”, y dará su testimonio por escrito en la causa en la que se investiga la apropiación de hijos de desaparecidos nacidos durante el cautiverio de sus madres.

Bergoglio hará uso del artículo 250 que establece un “tratamiento especial” para “altos dignatarios de la Iglesia”. Al momento de la citación, el pasado 9 de mayo, los querellantes se opusieron a que el cardenal hiciera uso de tal prerrogativa y solicitaron que Bergoglio acudiera a la audiencia para “garantizar la publicidad de su declaración”, así como también para responder a las preguntas de las partes. “Es un privilegio en función del credo que no puede ser aceptado”, dijo el abogado Alan Iud, quien patrocina en el juicio a Abuelas de Plaza de Mayo.

Por su parte, el embajador argentino en Colombia, Martín Balza, hizo saber al Tribunal Oral en lo Federal 5 que viajará al país en agosto y que puede declarar entonces o que está dispuesto a hacerlo por videoconferencia. Ambas respuestas fueron hechas públicas esta mañana por la camarista María del Carmen Roqueta, presidenta del Tribunal, al inicio de una nueva jornada del juicio oral y público que se sigue contra una veintena de represores.

la audiencia de la jornada, comenzó con la reanudación del testimonio de Claudia Bellingueri, una perito designada por la Comisión Provincial por la Memoria que analizó los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense La perito explicó que "las acciones que iniciaban las Abuelas en Tribunales, ante los juzgados de menores, terminaban en la Dirección de Inteligencia" y señaló que, en el caso de Laura Carlotto, hija de Estela de Carlotto, la presidenta de la entidad, "tenía copia de los expedientes completos".

viernes, 27 de mayo de 2011

Chicha Mariani sospecha que hay algo muy grave se esconde en el caso Noble

“Debe haber algo mucho más grave que se está cubriendo detrás del caso Noble", dijo Mariani
 
La cofundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, María Isabel Chorobick de Mariani, manifestó hoy su "sospecha" sobre la existencia de "un delito mucho más grave que la apropiación" en la causa que investiga si Marcela y Felipe Noble Herrera son hijos de desaparecidos durante la dictadura militar.

"Debe haber algo mucho más grave que se está cubriendo detrás del caso", expresó  "Chicha" Mariani, abuela de Clara Anahí, que fuera secuestrada cuando tenía tres meses de edad por un comando de las fuerzas de seguridad encabezadas por Ramón Camps y Miguel Etchecolatz, de su domicilio de la ciudad de La Plata.

Además, la fundadora de Abuelas consideró que "va a ser muy difícil que se llegue a la verdad" sobre la identidad de los hijos adoptivos de la dueña del grupo Clarín, porque "aún si se hacen el ADN, con una transfusión de sangre se puede modificar".

"Hay trampas y van a usar todo lo que puedan, eso me produce una gran pena", lamentó Mariani, que busca a su nieta desde el mismo día de su secuestro, el 24 de noviembre de 1976.

"Me llama la atención que no terminen con las dudas de tantas abuelas que están esperando saber si Marcela puede ser su nieta, pero al `emporio´ y a la `señora´, eso no le importa", opinó.

Estimó "probable" que Marcela y Felipe "se vayan del país, aunque creo mucho en la buena intención de la jueza -Sandra Arroyo Salgado- que está actuando muy bien", aclaró la abuela de Clara Anahí que mantiene la sospecha de que Marcela "podría ser mi nieta".

"En 1979 comencé a tener dudas por los comentarios de obispos acerca de que mi nieta estaría en un lugar `de mucho poder´", y esas dudas crecieron con el tiempo hasta que "por 1984 o 1985, Guillermo Patricio Kelly -dirigente político fallecido- me dijo que buscara a mi nieta en Clarín".

Relató que a través de fotografías, llegó a la conclusión que por su parecido físico, Marcela Noble Herrera podría ser la nieta buscada, aunque en un principio desechó esa posibilidad debido a que las fechas de adopción de los expedientes eran anteriores al nacimiento de Clara Anahí.

"Al principio una confiaba en esos datos, después renuncié a Abuelas y dejé pasar unos años hasta que el ex juez Marquevich me comunicó la falsedad de los datos", recordó.

Mariani reconoce que por el momento no quiere intervenir como querellante en la causa judicial "para no demorar el trámite", pero que "se muere de ganas por hacerlo".

"Ojalá que mi pesimismo no llegue a ser realidad", dijo la fundadora de Abuelas sobre la causa judicial que desde hace diez años investiga la identidad de Marcela y Felipe Noble Herrera, cuya nueva instancia será el próximo jueves cuando la Cámara Nacional de Casación Penal resuelva si avala la extracción de muestras de sange, saliva o pelos "con o sin consentimiento".

jueves, 26 de mayo de 2011

Casación resolverá sobre la extracción de sangre a los hijos adoptivos de la directora de Clarin

La Cámara Nacional de Casación Penal resolverá el próximo jueves si avala la decisión de extraer sin consentimiento muestras de sangre o saliva a los hijos adoptivos de la directora del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble, para determinar si fueron apropiados en la última dictadura militar.

Durante la audiencia de ayer se denunció que Marcela y Felipe Herrera Noble son "usados como escudo" para proteger a la imputada en la causa.

"Se los usa como escudos para proteger a la imputada", en alusión a Herrera de Noble, sostuvo el abogado querellante Pablo Llonto, uno de los últimos en exponer ante los camaristas de la sala II del máximo tribunal penal del país Raúl Madueño, Luis García y Guillermo Yacobucci.

A lo largo de dos horas, los jueces escucharon todos los argumentos, comenzando por el de los apelantes abogados de Felipe y Marcela Noble Herrera, a quienes se opusieron el fiscal Raúl Plee, los querellantes Abuelas de Plaza de Mayo y los letrados de dos familias que buscan bebés nacidos en centros clandestinos de detención.

El Tribunal anunció la resolución para el jueves próximo, 2 de junio, a las 12, aunque se descuenta que cualquier decisión será recurrida ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como anunciaron todas las partes.

En la apertura, los abogados de los jóvenes sostuvieron que debe revocarse la decisión de la juez federal de San Martín, Sandra Arroyo Salgado, ratificada por la Cámara Federal de San Martín, que ordenó la toma de muestras de sangre, saliva o cabellos "con o sin consentimiento" de las víctimas.

La magistrada busca con esa decisión obtener el ADN y cruzarlo con todas las muestras existentes o de futuro almacenamiento en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) que funciona en el hospital Durand, para determinar si fueron bebés apropiados en la última dictadura.

Los abogados Alejandro Carrió y Roxana Piña argumentaron que sus clientes, Felipe y Marcela, se oponen a la extracción compulsiva por ser "inconstitucional" y "violatoria de su derecho a la autonomía", además de verse eventualmente obligados a aportar con los resultados pruebas que podrían incriminar a la persona a quien "aman" en alusión a la directora de Clarín, imputada en la causa.

Además dijeron a los camaristas que si el caso llegase a la Corte en su opinión habría "por lo menos cuatro votos" contra la decisión tomada para con los Noble, en base a posturas sentadas en otros fallos del máximo tribunal relativos a extracciones compulsivas de sangre por apropiaciones de nacidos en centros clandestinos de detención, algo que fue luego rebatido por los querellantes.

La postura de los abogados de los Herrera Noble fue contrarrestada en primer término por el fiscal ante Casación, Raúl Plee, quien estuvo a favor de rechazar la apelación y ordenar el estudio de histocompatibilidad dispuesto en diciembre pasado.

"Se han dado los motivos de necesidad y razonabilidad" que fundamentan la medida", en el marco de la cual "se están respetando los principios de identidad" de las víctimas en un caso "donde se han agotado todas las demás posibilidades".

Las exposiciones fueron seguidas por la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, sentada junto al abogado del organismo Alan Iud y el fiscal Plée, quien reemplazó a su colega Juan Martín Romero Victorica, denunciado por supuesta protección a un apropiador de una beba nacida en cautiverio y que se apartó de la causa por razones de "delicadeza y decoro".

Plée, el más breve de los expositores, se manifestó a favor de rechazar la apelación porque se sabe que "es la última posibilidad que tiene el Estado de efectuar una medida de estas características".

"Entendemos que concretamente resulta imposible la obtención de muestras y esa frustración es inexorable, porque la defensa se opone a cualquier clase de búsqueda alternativa para extraer ADN para el informe de histocompatibilidad", dijo.

"Hubo privación ilegal de la libertad deliberada, la sustracción de un menor es delito de lesa humanidad y hay una deliberada negativa a informar dónde están los desaparecidos y la prole de ellos, fruto de los nacimientos en cautiverio comprobados.
Estamos en presencia de un delito que en el tiempo ha ido continuando en su ejecución", advirtió.

"No estamos en presencia de un acto más, es un acto del Estado para hacer cesar la ejecución de un delito, se trata concretamente del Estado como coautor de un delito. El Estado sigue siendo el mismo y está obligado de alguna manera a hacerlo cesar", agregó.

Plée consideró que el Estado "está obligado a hacer cesar el delito del que fue coautor y si no lo hiciera seguiría no sólo colaborando con el ilícito sino continuando con el trato inhumano hacia los que piden saber qué ha ocurrido".

"Aquí no se trata de considerar al Estado versus dos personas sino el Estado frente a dos personas y a centenares de familias que son víctimas de un delito cometido desde el propio Estado", agregó en referencia a los Noble y a las familias que buscan bebés apropiados en la dictadura.

A su turno el abogado de Abuelas consideró que "hay sobrados elementos" para barajar la hipótesis de que los dos jóvenes son "hijos biológicos de desaparecidos" por lo cual la medida del análisis sin consentimiento "es legal, constitucional y se adecua a jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", sostuvo Iud.

"El fundamento de la medida es la imposibilidad de obtener ADN por vías alternativas" tras distintos intentos anulados por la justicia por entender que hubo irregularidades, como por ejemplo el secuestro de ropa y elementos personales el año pasado donde según la juez Arroyo Salgado la policía incumplió sus directivas.

Además, argumentó Iud, "nunca queda claro si el agravio es por el resultado de la medida o por el modo en que habrá de practicarse" en alusión a la posibilidad de que su resultado complique la situación de la directora de Clarín.

"En esta causa la hipótesis sólida es que puedan ser hijos de desaparecidos, está probado que los expedientes de guarda tienen innumerables irregularidades, se presentaron testigos de un hallazgo que se verificó que no fue tal, en el caso de Marcela Noble Herrera", quien según su madre adoptiva fue dejada en la puerta de su casa.

"Se verificó que la presunta vivienda de Ernestina Herrera de Noble en San Isidro no era tal y ni siquiera los vecinos que declararon vivían ahí y otro era su chofer personal", agregó.

En el caso de Felipe, "la persona que invocaba que lo dio en adopción no existía", y "se verificó que la misma jueza que dispuso la guarda en favor de Ernestina había dado en guarda a otro niño hijo de desaparecidos sabiendo esa circunstancia", agregó Iud.

La causa penal se abrió hace diez años con denuncia de Estela de Carlotto ante el entonces juez federal de San Isidro, Roberto Marquevich, y desde entonces se consideran probadas las irregularidades en las adopciones y sólo falta el análisis biológico para determinar la identidad de los dos jóvenes.
 
Carta de Paula Logares y Victoria Moyano

“La verdad nunca lastima”

A Marcela, Felipe y todo joven que dude sobre su identidad:

Escribimos esta carta porque queremos acompañar a cada nieto que enfrenta la experiencia de encontrarse con la verdad. Lo hacemos desde nuestro lugar de nietas que hoy sabemos quiénes somos escribiendo a quienes quizá pronto vayan a conocer su verdadera historia. Queremos hacerles saber que no están solos.

Lo peor ya pasó. Eso ocurrió cuando nos apartaron de nuestros padres, cuando fueron desaparecidos, cuando nos privaron de crecer junto a ellos. Ninguno de nosotros fue un chico abandonado. No nos olvidaron en una esquina. Si olvidamos esas vivencias es porque nuestro inconsciente no soporta vivir con eso. Pero forma parte de nuestras experiencias vitales, de quienes somos hoy. ¿Por qué, entonces, ese miedo terrible a conocer la verdad? ¿Por qué negarse a realizarse los exámenes? Con ese procedimiento se puede saber a qué familia de sangre se pertenece. Cada nieto apropiado construyó una identidad propia, una historia y unas características que le pertenecen. Existen otros datos irrevocables e irrefutables que les fueron negados y que, al saberlos, también formarán parte de aquella identidad.

domingo, 22 de mayo de 2011

Expedientes desaparecidos de adopciones durante la dictadura

Legajos desaparecidos

Como en Capital y San Isidro, en San Nicolás estudian viejos casos que pueden ayudar a encontrar jóvenes que fueron apropiados. Pero allí, hay 44 expedientes que no aparecen y un juez que se resiste a entregar dos legajos.

 Por Irina Hauser

La fiscalía federal de San Nicolás, que encabeza Juan Patricio Murray, investiga 66 expedientes de guarda y adopción que tramitaron durante la última dictadura, con la sospecha de que al menos algunos de ellos pudieron haber escondido la entrega de hijos de desaparecidos. Es el mismo tipo de rastreo que, como reveló Página/12, están realizando el juez Norberto Oyarbide en los juzgados de menores de Capital Federal y la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, en el juzgado (de la fallecida Ofelia Heft) que dio en adopción a Marcela y Felipe Noble Herrera, mientras la Corte Suprema bonaerense arma una base de datos de consulta permanente sobre procesos de adopción durante el terrorismo de Estado. El caso de San Nicolás pone en evidencia no sólo las irregularidades en los trámites originales de guarda, sino los mecanismos del propio Poder Judicial para, aún hoy, impedir la reconstrucción de historias de vida y la restitución de la identidad de los chicos apropiados. Tan es así que de los expedientes que están en la mira hay 44 que no aparecen, y hasta le abrieron una causa a un juez por resistirse a entregar dos legajos.

El ex juzgado de menores (ahora de responsabilidad penal juvenil) de San Nicolás funciona en una casa. Los expedientes de guardas que ya no están en uso fueron quedando amontonados en una habitación al fondo. “Prácticamente a la intemperie, sucios, con manchas de humedad, rotos”, describía un informe de un grupo de especialistas de Abuelas de Plaza de Mayo, que participaron en esta investigación. “Cuando un joven quiere iniciar una búsqueda sobre su origen biológico esta información es fundamental, dato que los empleados (judiciales) no pueden desconocer”, resaltaba el documento. Tanto Abuelas como la fiscalía que asumió la pesquisa parten de la idea de que el recorrido y las anomalías en los papeles que dan cuenta de guardas y adopciones durante la dictadura podrían facilitar el hallazgo de chicos nacidos en cautiverio o arrancados a sus padres secuestrados. A su vez, esta información ayudará a establecer la responsabilidad de los jueces en las apropiaciones, a las que procuraron dar aspecto de legalidad.

El equipo de investigaciones de Abuelas pidió al juzgado de San Nicolás 66 expedientes que debieron haber tramitado allí. La respuesta fue que sólo había 22 y el resto era imposible encontrarlos. La mayoría de los que aparecieron son del período 1976-1979, cuando el juez a cargo era Carlos Marchetti, el mismo que la semana pasada la Cámara Federal de Rosario ordenó volver a investigar por las irregularidades advertidas en la adopción de Manuel Gonçalves Granada, quien había sido entregado a personas conocidas del magistrado, y recuperó su identidad en 1995.

Marchetti había dado en guarda a Manuel a una prima de su primo. Nunca publicó edictos ni solicitadas para intentar hallar a su familia biológica y el único papel que daría cuenta de “citaciones cursadas a los familiares” sería falsa: estaba firmada supuestamente por el principal Jorge Russo, que dijo que no conocía a Marchetti, y además por su rango no podía rubricar ese trámite. Los adoptantes figuraban como casados –aunque no lo eran– y se obviaron los informes socioambientales propios de una adopción. En 1977, a una pareja de San Nicolás que preguntaba por el chiquito, el juez les dijo: “Muerto el perro se acabó la rabia”. Reconstruir todo esto no fue sencillo ya que faltaba lo fundamental para poder empezar: había sido arrancada la hoja del libro índice que es la que permite identificar el expediente de guarda. En muchos de los casos que están bajo investigación sucedió lo mismo. Faltan esa y otras páginas.

Manuel Goncalves se convirtió en el impulsor de la investigación contra Marchetti, el juez civil de Lomas de Zamora Juan Delfín Castro y otros funcionarios judiciales que posibilitaron la supresión de su identidad. El juez de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo los había sobreseído con el increíble argumento –revertido por la Cámara– de que la culpa había sido de Ana, la mamá de Manuel, que como forma de protegerse y protegerlo había cambiado su nombre y el de su bebé.

Los 66 expedientes que Abuelas y la fiscalía de Murray rastrean se corresponden con niños que son hallados y entregados al juzgado como “NN”. Los documentos fueron requeridos al actual juez de esa dependencia, José Emilio Luciano. La primera respuesta del magistrado fue que las causas de guarda con fines de adopción habían sido remitidas a juzgados civiles. Sin embargo, allí informaron que los datos de los libros del juzgado de menores eran inexactos. No fue el único entuerto que tuvieron las Abuelas y la fiscalía con el juez Luciano. Cuando pidieron la búsqueda de los papeles de un caso específico que había sido señalado por la Conadi (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad) como el de un probable hijo de desaparecidos, tanto su juzgado como el de la jueza civil Amalia Fernández Balbis contestaron que no los encontraban. El 21 de marzo último fueron intimados por la Suprema Corte bonaerense a “efectuar una exhaustiva búsqueda”, “con la celeridad que el caso amerita”. Para ese entonces, Luciano ya tenía abierta una causa por resistencia a la autoridad por negarse a dar los expedientes de dos menores hijos de desaparecidos. Murray pidió la indagatoria de Luciano a fines del año pasado, pero hasta ahora el juez Villafuerte Ruzo no le hizo lugar.

Luciano fue secretario de Marchetti en el Juzgado Penal Número 3 de San Nicolás entre 1979 y 1984. Allí tramitó la causa por el asesinato de Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereira Rossi en la que fue sobreseído hacia finales de la dictadura el ex subcomisario Luis Abelardo Patti. Luciano luego devino fiscal y, finalmente, juez de menores. Marchetti se fue a la actividad privada. Es abogado personal de Naldo Brunelli, secretario general de la UOM local quien, según fuentes judiciales, tiene un hijo adoptivo dado en guarda por Marchetti en 1977.

Los 44 expedientes faltantes siguen sin aparecer. Como informó este diario, según explicó el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud, el 30 por ciento de los 104 nietos que pudieron recuperar su identidad “fueron robados por procedimientos de guarda y adopción”, lo que demuestra la importancia de poder sacarlos a la luz.

martes, 17 de mayo de 2011

Delia Giovanola sigue buscando a su nieto

“Pensé que los iban a liberar”

“Me enteré de la desaparición de mi hijo y de mi nuera el 17 de octubre de 1976”, contó Delia y detalló su ingenuidad: creía que el avanzado embarazo de su nuera le garantizaría la libertad. Los secuestraron y dejaron a la hermanita de tres años.

 Por Alejandra Dandan

Las Abuelas de Plaza de Mayo habían conseguido un dato. Eran tiempos de democracia. Le dijeron a Delia Giovanola de Califano que tenían información de alguien que podía ser su nieto y le preguntaron si ella misma quería hacer la investigación. Delia, que llevaba años buscándolo, dijo que sí. Fue hasta una casa de la avenida Garay. “Toqué timbre y dije: ‘Yo soy la abuela del chico que usted está criando’, pero la persona me acuerdo que me sacó volando, me dijo que yo no era la abuela, me dio un portazo y se fue.”

Todavía no sabían cómo hacer con las búsquedas. Delia había sido una de las primeras mujeres que buscaban a sus nietos. Aún eran tres o cuatro, enviaban cartas, presentaban hábeas corpus y se nombraban Abuelas Argentinas que buscan a sus nietos nacidos en cautiverio.

“Yo me enteré de la desaparición de mi hijo y de mi nuera el 17 de octubre de 1976”, dijo ayer en la sala de audiencias de los Tribunales de Retiro, sentada ante el Tribunal Oral Federal 6, en el juicio sobre el plan sistemático de robo de bebés. “Yo era docente y me hablaron por teléfono a la escuela para decirme de la desaparición de mi hijo y mi nuera embarazada de ocho meses; y a mi nieta de 3 años la dejaron solita durmiendo en una cuna, era un día lunes, se los habían llevado un día antes.”

La nieta es Virginia Ogando, ahora una mujer que encabeza la búsqueda de su hermano, en Internet, con afiches, desde Hijos y la que lo buscó hasta a través de un programa de televisión. La noche del operativo era la que estaba en la cuna. La patota avisó a unos vecinos, les ordenó no abrir la puerta y dijeron que era un procedimiento del Ejército. Cuando la vecina vio, por el ojo de la cerradura, que se iban buscó a Virginia y la puso en contacto con los abuelos.

Delia no tenía idea de lo que estaba pasando. No sabía dónde ir. Acudió a ver al marido de una colega, un militar de alto rango, pero no le dio datos. Primero la recibió, pero después le dijo que ella tenía que averiguar: “Eso fue muy al principio, el primero o segundo día, después no volví a verlo porque evidentemente no me quería ayudar o no podía”.

Cada vez que dejaba la casa por un viaje corto, dejaba también los datos de dónde estaba: “Siempre pensé que los iban a liberar por el estado avanzando del embarazo de mi nuera, que los llevaban a declarar y los iban a liberar, pero bueno, no ocurrió”.

La historia

Su nuera, Estela Montesano, era abogada y su hijo, Jorge Ogando, empleado del Banco Provincia. Delia está convencida de que no integraron una organización armada o política, pero habló del compromiso que habían asumido en medio de una ciudad devastada como La Plata, y del miedo. En la casa alojaron al hijo de un militar de Bahía Blanca y cada tanto prestaban la casa para algunas reuniones de las que pese a eso no querían participar.

Delia los vio por última vez ocho días antes del secuestro, en una misa por el aniversario de la muerte de su madre. Su hijo estaba nervioso. Salía y entraba por un pasillo. Llevó a su nuera al cementerio y en el camino pararon el auto: “Ella me dice que estaban muy preocupados porque había desaparecido el muchacho del matrimonio que estaba con ellos”, explicó. “Yo me quedé muy mal porque no le di ninguna importancia, les dije: ‘Bueno, mejor solos’. Yo no sabía lo que estaba ocurriendo en La Plata, era ajena. Cuando ella me contó seguramente quería contarme algo más, pero yo dije: ‘Mejor así, el matrimonio solo’.”

Esa desaparición los puso en la boca del lobo. Su hijo hizo la denuncia en la base de Inteligencia del Ejército en La Plata y ahí le pidieron los datos y hasta le dijeron que el chico era muy peligroso. Eso es lo que Delia cree que quería decirle su nuera. Después de la desaparición de ese muchacho apodado Bigo, desapareció Emilio Horacio García Ogando, uno de los tíos de Jorge, que se reunía en la casa, y un día después se los llevaron a ellos.

“Durante años juré que no tenían nada que ver con nada, pero el tiempo me fue dando pautas de que estaban comprometidos, de todos modos me llama la atención de que estando comprometidos hayan ido a hacer la denuncia al Servicio de Inteligencia del Ejército: se metieron en la boca del lobo.”

El pozo

En dictadura, Delia firmó solicitadas, peregrinó con Abuelas, participó en ese proceso por el que ellas entendieron que debían realizar una búsqueda específica sobre los nietos. Se reunió en el Tortoni o en Las Violetas y en su casa con las otras mujeres “tratando de disimular porque teníamos miedo”. Esperó hasta la democracia, sin embargo, para reunirse con Alicia Carminatti, una de las sobrevivientes del Pozo de Banfield que podía darle datos de su nuera. A ella la encontró en una confitería de la avenida Pueyrredón. Delia llevó una lista de preguntas: “Hablamos mucho tiempo y me fue contestado algunas cosas, pero otras no, en esos momentos me preguntaba si realmente quería saber porque era muy duro”.

Alicia estuvo en la misma celda de Estela hasta el 29 de diciembre de 1976. “Me dijo que tuvo familia esposada, en un lugar ajeno al lugar donde estaban las celdas y volvió a los tres o cuatro días sin el bebé, que en ese momento le dio una desesperación, llantos y gritos porque reclamaba a su bebé, volvió con el cordón umbilical en la mano que lo fue pasando hasta que llegó donde estaba el marido. El bebé era rubio y de ojos celestes, y le mandó a decir que haga de cuenta que otra vez nació Virginia, que era igualito a ella, que iba a ponerle Martín.”

A través de la Conadep recibió un anónimo de un militar que decía que podía aportar datos sobre el lugar donde habían sido desaparecidos Estela y Jorge. Finalmente no lo vio porque ese militar supuestamente arrepentido seguía trabajando en Campo de Mayo.

En el ’85, Abuelas recibió el dato de la calle Garay. A través de los vecinos supieron el nombre de la escuela. La directora la puso en contacto con el niño, que no era rubio ni de ojos celestes, y al cual Delia le miraba los pies intentando saber si eran un poco chuecos como los de su nuera. En esos rasgos buscaba algo que le dijera algo. La directora sacó la partida de nacimiento. Mientras ella se convencía de que no era su nieto, leyeron que –como en otras apropiaciones– el niño había nacido en una casa particular. Con el tiempo, supieron que era Sebastián Casado Tasca, hijo de otra pareja de desaparecidos.

Durante el testimonio, ella mencionó a Robert Cox. El director del Buenos Aires Herald un día les dijo que no tenía ninguna duda de que en los ministerios de Marina, del Ejército y de la Aeronáutica había listas en espera para esos chicos nacidos en cautiverio y que la suerte de las embarazadas quedaba sellada en el mismo momento del secuestro. Las querellas y el fiscal Martín Niklison pidieron al final de la audiencia que Cox fuera citado a declarar.

Caso Cabandie : la condena más alta para un apropiador

18 años de prisión para el policía que se apropió de Juan Candie, nacido en la ESMA
Con la condena más alta para un apropiador

El ex agente de inteligencia de la Policía Federal Luis Antonio Falco recibió la máxima pena otorgada hasta el momento para ese delito. Juan Cabandié fue querellante en la causa. El testimonio de la hija del represor fue clave.

 Por Victoria Ginzberg

Dieciocho años. La pena máxima que, hasta ahora, recibió un apropiador de un hijo de desaparecidos. Esa fue la condena impuesta por la jueza María Servini de Cubría a Luis Antonio Falco por retener y ocultar a Juan Cabandié, además de adulterar su estado civil y falsificar sus documentos. Dieciocho años. Uno más que los que tenía Alicia Alfonsín cuando parió en un cuartito de la Escuela de Mecánica de la Armada. “Estoy aliviado. Feliz de que la Justicia haya actuado”, dijo el legislador kirchnerista con voz pausada y calma cuando lo rodearon los micrófonos y las cámaras, todavía dentro de la sala del Palacio de Tribunales.

La audiencia fue corta. La secretaria leyó la condena. La jueza habló poco. Dijo que las fotocopias de la resolución se iban a entregar en la oficina 2113. Se hizo un silencio. El público –compañeros de Juan, su familia, amigos, otros nietos recuperados– y los periodistas se quedaron como esperando algo más. “Queda finalizado el acto”, aclaró Servini de Cubría. Había terminado. Y entonces llegaron los aplausos y los abrazos, entre ellos el de Juan y su hermana Vanina, la hija biológica de Falco, que declaró contra su padre en el juicio. Por la ventana entraba la música, el sonido del acto que se estaba preparando a unos metros por los diez años de la causa en la que se investiga si los hijos adoptivos de la dueña de Clarín son víctimas del terrorismo de Estado.

El acusado no estaba. Como la causa se tramitó bajo el viejo código –lo que implicó que el proceso fuera escrito–, el apropiador pidió no concurrir a la lectura del veredicto. Falco, ex agente de inteligencia de la Policía Federal, fue arrestado la semana pasada. El juez Rodolfo Canicoba Corral lo había beneficiado con una eximición de prisión al inicio de la investigación, a pesar de que había estado prófugo. Servini de Cubría lo mandó detener el jueves pasado. Si hubiera ordenado su arresto ayer, en el momento de la sentencia, Falco podría haber seguido en libertad mientras apelaba el fallo. Ahora seguirá preso. Los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo Alan Iud, Luciano Hazan y Agustín Chit se retiraron satisfechos: habían logrado la condena más importante para un apropiador. “Poco a poco vamos mejorando”, decía Abel Madariaga, secretario de Abuelas y padre de un nieto recuperado.

Cabandié, que fue querellante en la causa, dijo que no le importaba cuantificar la condena, sino que se había hecho justicia. Que siempre pensaba en los 400 chicos que siguen desaparecidos y que fue por eso, justamente, por lo que se había animado a hablar en el acto del 24 de marzo de 2004, cuando se anunció que la ESMA sería un Espacio para la Memoria. “La verdad es la libertad absoluta”, dijo en un conmovedor discurso ese día, a tres meses de haber recuperado su identidad. También agradeció a los que lo habían acompañado y habló de Vanina: “Mi hermana fue la primera persona a la que acudí. Hoy somos hermanos más que nunca”.

Vanina Falco es la hija del apropiador de Cabandié. Hace 14 años que no lo ve. Antes de las dudas de Juan. Se alejó de la casa por la intolerancia y la violencia de Falco. En un hecho inédito, fue testigo de la causa y declaró contra su padre. “El primer recuerdo que tengo de él –de Juan– es con mi padre entrando con él en brazos. Estaba toda la familia reunida para recibirlo”, contó en esa oportunidad. Que Falco esté preso no le genera contradicciones. Ayer estaba feliz. Y emocionada. Se acordaba del día en que Juan la citó en un bar del centro para decirle que creía que no era hijo de “ellos” y que pensaba que a lo mejor era hijo de desaparecidos. En ese momento, vio su vida como una película: la violencia de su padre, su discurso, que Juan nació en 1978, los nombres falsos hallados en una tarjeta, las diferencias físicas, las cosas que Falco le decía (“Yo sé lo que es que me pidan piedad de rodillas”, la increpó una vez durante una discusión). Le cayó la ficha al instante y fue como si las piezas del rompecabezas se acomodaran solas.

Vanina y Juan esperan que Falco sea investigado por su rol en la represión ilegal. “Nosotros teníamos que decir que él era visitador médico. El se jactaba de haber hecho allanamientos y obtener artículos como una guitarra o discos. Estaba armado en cualquier momento del día. Y en la casa en la que me hicieron vivir había numerosos recuerdos, platos con escudos”, recordó Juan cuando declaró en la causa. El testimonio de Vanina coincidió: “En el Mundial del ’78 mi padre realizaba tareas especiales de control. Estaba en seguridad”. También se acordó de la guitarra con la que jugaba Juan. “¿Sabés de dónde la saqué? Me la traje de souvenir de un procedimiento”, le dijo Falco. Y de las amenazas e interrogatorios que ella misma sufría. “Una vez, cuando yo tenía alrededor de doce años, encuentro encima de su cómoda una credencial con la foto de él y el nombre de Leonardo Fajardo. Le pregunto quién es y él me dice que era un nombre que utilizaba para hacer ciertas tareas”, contó.

Ante la cercanía de la sentencia y con el arresto de Falco, Cabandié no pensó mucho en su apropiador. En cambio, se acordaba de sus padres, Alicia Alfonsín y Damián Cabandié, y del ex presidente Néstor Kirchner, que siempre le marcaba qué jóvenes habían sido ellos cuando se los llevaron.

Alicia y Damián fueron secuestrados el 23 de noviembre de 1977. Ella tenía 16 años (cumplió 17 durante su cautiverio) y estaba embarazada de siete meses. Fueron vistos en el centro clandestino El Banco y desde allí Alicia fue llevada a la ESMA. “Llegó casi rapada. Eso se lo habían hecho en El Banco. Era muy bonita, de una cara angelical, además de una sonrisa cautivante, era realmente un bebé embarazado que causaba ternura. Daban ganas de abrazarla todo el tiempo, era como mi nieta”, narró Sara Solarz de Osatinsky, sobreviviente de la ESMA, que acompañó a la mamá de Juan durante el parto. “Nació un varón a quien Bebé (así le decían a Alicia) tenía en brazos siempre y mostraba con mucho orgullo y amor. El nene Cabandié quedó durante un tiempo junto a su madre, supongo que no sabían qué hacer con él o buscaban a quién dárselo.” Juan y Alicia estuvieron juntos en la ESMA durante quince días. “Pienso que mis viejos estarían felices por esto. Lo más difícil de todos estos años fue saber que nunca más los voy a ver”, dijo Cabandié a Página/12 antes de salir de tribunales.

domingo, 15 de mayo de 2011

Clara Petrakos busca a una hermana nacida en cautiverio

“Que pregunten a Juan Wolk”

Su madre fue secuestrada cuando tenía cuatro meses de embarazo y estuvo detenida en el Pozo de Banfield junto a otras embarazadas y donde habría dado a luz. Juan Miguel Wolk era el jefe de ese centro clandestino.

 Por Alejandra Dandan

Otros sobrevivientes habían hablado de su madre, del nacimiento de un niño y también habían hablado de Clara. Clara Petrakos finalmente se sentó en la sala de audiencias de los Tribunales de Retiro para contar su historia en nombre propio. Y ante preguntas que la llevaban directamente al centro clandestino, se abrió paso a los tumbos para quedarse en los momentos previos, en el antes, en las historias de sus padres vivos, en el compromiso político.

Clara nació el 6 de febrero de 1976, nueve meses más tarde secuestraron a su madre, María Eloísa Castellini. María tenía un embarazo de cuatro meses. Poco tiempo después desapareció su padre, Constantino Petrakos. Su madre, su padre y una hermana o hermano que nació en cautiverio están desaparecidos.

“Quiero seguir un orden cronológico para no olvidarme de nada”, dijo Clara ante una pregunta de la fiscalía. A principios de 1974, su madre, que tenía 18 años, trabajaba con un grupo de estudiantes universitarios y con un sacerdote. “Durante el verano se fueron a hacer trabajos voluntarios en vez de irse de vacaciones a Mar del Plata, hacían albañilería y construyeron una escuela, y mi mamá pensaba que era necesaria porque todos debían tener acceso a la educación.” Para 1976, ella era maestra en un jardín de Merlo. El 11 de noviembre de ese año la secuestró una patota desde la puerta de la escuela a las 12.45 del mediodía.

“Lo que conozco de ese episodio lo sé por los relatos de las personas que estuvieron con ella”, explicó Clara, que una y otra vez intentó fundar el relato en esos datos, tomando en manos un cruce que debería haber hecho la Justicia.

“Mi mamá iba a tomar un colectivo a media cuadra de la escuela, en ese momento se acercan dos o tres, la agarran de los pelos y la meten adentro de un auto.”

Clara estaba en ese momento con una de sus tías. A las siete de la tarde, una patota entró al departamento con la madre. “Mamá estaba embarrada y lastimada, yo no me acuerdo pero leí el testimonio de mi tía del ’83 y el del portero del edificio que también la ve embarrada, y que por el estado no la reconoce.” Dicen que María estaba con signos de tortura en el cuerpo, en la boca, en el pecho y en la ingle a pesar del embarazo. Que no podía comer ni hablar demasiado, y le pidió a su hermana que la cambiara. La patota estaba ahí esperando a su padre, que nunca llegó porque vio el operativo desde la calle y escapó. Clara estuvo con él algún tiempo, pero después él viajó a España, desde donde desapareció a fines de 1977.

Por mucho tiempo tampoco supo cuál fue el recorrido de su madre. En 2003 conoció a una sobreviviente del Protobanco en Puente 12 que reconoció una foto en una marcha de Abuelas. “Cristina Comandé tenía presente la imagen de mamá, pero mi mamá no le había dicho cómo se llamaba, así que ella no sabía su nombre y ni de mi existencia hasta que me reconoce en la muestra de fotos, reconoce a mi mamá.”

María estuvo en el Protobanco hasta fines de diciembre de 1976. Entre enero y marzo no se sabe dónde estuvo y en abril de 1977 estuvo en el Pozo de Banfield.

“Además de mi mamá –dijo Clara– se sabe que hubo otras veinte mujeres embarazadas ahí, hay constancias de que diez tuvieron a sus hijos. Hubo dos abortos por los malos tratos y del resto no se sabe cuál fue el destino. De los diez nacimientos de los que existen constancias, sólo cuatro recuperaron su identidad y muchos años más tarde: María José Lavalle Lemos, Carlos D’Elía, Carmen Gallo Sanz y Victoria Moyano.” Entre los que nacieron está además su propia hermana, que todavía no está ubicada.
Las pruebas

“Cuando mi mamá empieza con el trabajo de parto, las compañeras de celda empiezan a gritar o pedir que se acerque alguien para que pueda salir –dijo Clara–, pero lo único que consiguen es que un guardia abra la puerta de la celda, la celda era muy chiquita, un lugar en el que ni siquiera entraba acostada. Ahí la hacen acostarse en el pasillo, nace mi hermano, la ayudó Patricia Uchanski, que está desaparecida.” Todo esto, dijo Clara, me lo “relató” Adriana Calvo, que llegó al Pozo de Banfield cuando Patricia todavía estaba ahí. Entre otros datos, Clara supo que el guardia cortó el cordón umbilical con un cuchillo de la cocina y que después de unas horas a su madre le sacaron al niño al que todos mencionan como niña, “Mi mamá siguió ahí hasta el 25 de abril del ’77, cuando hubo un traslado masivo, sólo quedaron Adriana y Ana de Gatica, que son liberadas.”

“El Estado que debería haber buscado en los primeros años hizo poco y nada, no las buscó”, dijo Clara. “La excepción fue una comisión que en algún momento pidió investigar las adopciones y las partidas de nacimiento firmadas por el médico Bergés. Las partidas se encontraron en los ochenta, tres de esas partidas recuperaron la identidad, pero muchos años después porque durante años no se hizo nada.” La primera causa del caso es de 1986. Entre 1997 y 1998, Clara se acercó a Abuelas. Había leído la historia de Ana Caracoche de Gatica, que había estado con su madre. “Tuvo dos hijos secuestrados en distintos operativos y luego de que es liberada, por muchos años los buscaron hasta que finalmente los ubicaron a los dos, la hija había sido apropiada por un comisario. Yo me dije: ‘¿Cómo teniendo dos hijos apropiados los pudo recuperar a los dos y relativamente en pocos años?’. Ahí fue cuando dije: ‘Tengo que participar en la búsqueda’, y empecé haciendo difusión en los diarios, en las revistas, en Internet.”

Un defensor le preguntó en la audiencia por los padres. Puntualmente por la militancia política con esa pose con la que intentan volver a la lógica de la guerra.

“Empecé hablando de la militancia, pero no veo la relación del plan sistemático de apropiación de niños y esa pregunta –le dijo Clara–: pero sí, militaban en el PRT.”

–¿Qué es el PRT? –la provocó el abogado. Clara no respondió. No inmediatamente. Lo miró con una mueca. La presidenta del Tribunal, María del Carmen Roqueta, respondió para salir del apuro que era Partido Revolucionario de los Trabajadores. “¿Es así?”, le preguntó a Clara. Y entonces Clara dijo que sí.

“Yo quisiera que el Estado busque y encuentre los archivos en donde están los datos de qué pasó con mi hermana y los niños robados”, dijo al terminar. “Que pregunten a Juan Miguel Wolk, jefe del Pozo, qué sabe de mi hermana, dónde están los otros chicos, dónde están las personas

Paula Logares tenía ocho años cuando fue una de las primeras nietas recuperadas

“Esas mujeres eran locas y sus hijos tirabombas”

Su abuela Elsa la ubicó en poder de los apropiadores en 1982, pero recién logró que Paula recuperara su identidad en 1987. Con ella se utilizaron por primera vez las pruebas de ADN que finalmente se convirtieron en una herramienta indiscutible.

 Por Alejandra Dandan

Paula Logares tiene un recuerdo antiguo de las playas de Mar del Plata, de haber estado una o dos veces ahí. En esas playas aparece una escena, la imagen de los aplausos de la gente. Cree que alguna vez preguntó a quienes suponía sus padres qué es lo que hacía esa gente. Que en ese momento le explicaron que los aplausos eran porque un niño se había perdido, y eran señales para buscar a la familia. “No me acuerdo bien –dice Paula ahora, miles de años después–, pero creo que en ese momento, yo misma, entonces, fragüé una pequeña perdidita, creo que fue así.”

Hubo otras dos veces en las que intentó perderse como si intuyera algo de su historia y de un padre que era subcomisario de la brigada de San Justo y, aún bajo la dictadura, aparecía con autos de la Mercedes Benz porque estaba contratado por la compañía. Una vez sucedió en el patio, cuando se quedó mirando una puerta pequeña convencida de que podía llevarla a algún lado. Otra vez ocurrió cerca del Obelisco. Quien hacía de madre entró a un hotel, ella se quedó atrás, imaginó qué pasaría si no la seguía. Lo hizo. No la siguió. Caminó unos metros en dirección contraria hasta que de repente sintió que su apropiadora la agarraba de los brazos.

“Me parece interesante marcar esto de que yo no estaba tan cómoda ahí, desde la perspectiva de una nena”, dice Paula. “Yo les decía papá y mamá a ellos pero era como si eso no fuese natural, como si yo estuviese de alguna manera enajenada, viviendo una situación sin vivirla y aun así es como que podía ver los roles de cada uno, tal vez algo que para una criatura no es habitual.”

A Paula la secuestraron a los 23 meses de edad. El 18 de mayo de 1978 en Uruguay una patota se la llevó con su madre Mónica Grinspon y su padre Claudio Logares. Era un día feriado, ellos bajaban de un colectivo y subían a otro camino al parque Rodó. Paula estuvo los siguientes seis años con los apropiadores: Raquel Teresa Mendiondo y Rubén Lavallén, el subcomisario de San Justo. Su abuela Elsa Pavón caminó todos esos años para encontrarla. La vio una vez cuando Paula había cumplido seis años, pero cuando quiso volver a verla los Lavallén habían dejado la casa. Las dos contaron la historia en las audiencias por el plan sistemático de robo de bebés. Elsa habló tres horas. Lloró la sala, los abogados y tres de los cuatro jueces del Tribunal Oral Federal 6 que no sabían cómo taparse la cara. La mujer habló de esa lógica siniestra del “acá está” y “acá no está” que reproducen las vueltas de una calesita. Y mientras lo hacía, y revivía cada aparición y desaparición, dijo lo que respondió cuando estaba a punto de encontrarla: “Y si me dicen finalmente que no es ella, no importa: al otro día me pongo los zapatos y empiezo otra vez”.
La reconstrucción de Paula

Paula está convencida de que Lavallén conoció a sus padres porque pasaron por el centro clandestino de la Brigada de San Justo. Los Lavallén la anotaron como hija biológica con dos años menos de edad, como si hubiese nacido más tarde.

Una vez, dice, escuchó en televisión una especie de juego en el que decían: socorro y auxilio. “Me acuerdo que con Lavallén nos pusimos a jugar en la calle, íbamos caminando y cuando él me agarraba yo empezaba a gritar socorro y auxilio. Era un juego –dice–, pero hoy lo miro distinto: creo que hay juegos y juegos y uno no se pone a jugar así, a pedir socorro y auxilio en la calle porque sí.”

Dicen que sus apropiadores no pudieron cambiarle el nombre. Que cuando llegó a la casa Paula lo repetía constantemente. “Del nombre yo no me acuerdo tanto –dice Paula–, pero sí de un juego que se repetía. Un día estaba ella, Raquel, y una especie de vecina en el departamento y me dicen: ‘A ver, hoy jugamos a que te llamás de tal manera’. Yo en esos momentos me recostaba en la cama, daba vueltas y cuando me insistían era como si me cansara y me iba a jugar a otra parte.”

Años más tarde, ya en casa de su abuela, Paula le preguntó si tenía su ropa de bebé. Habían pasado pocos días desde la recuperación, Paula la estaba midiendo. Ante una imagen de las rondas de las Madres por televisión, ya le había dicho a su abuela que esas mujeres eran locas y los hijos tirabombas. Ahora pedía la ropa. Elsa se la dio. Paula le dijo que una vez también se la había pedido a su apropiadora. La primera vez, la mujer le dijo que no la tenía porque la había donado a los chicos pobres. La segunda vez le dijo lo mismo, pero le preguntó si era egoísta. La tercera vez, le dijo egoísta y le dio una cachetada.

Paula no se acuerda. “Siempre me acuerdo que él le pegaba a ella en general en el baño –dice–, aunque alguna vez lo hizo delante mío. Me acuerdo que ella me pegó una vez, y es más, yo siempre pensé que era la única: yo tiré un plato de porcelana, tendría cerca de ocho años, y sólo me acuerdo que la miré y no volvió a pegarme.”
La búsqueda

Elsa buscó y buscó. Su consuegro le dijo una vez: “¿Se miró al espejo, Elsa?”. O: “¿Vio en qué estado está?”. Le sugirió que dejase la búsqueda, que a lo mejor su nieta ya estaba con otra familia: “¿Y usted qué va a hacer? ¿Va a volver a sacarle a los padres?”. Elsa respondió con lo que iba a decir siempre: que iba a seguir, que ésos no eran los padres.

Con el tiempo, Abuelas tuvo fotos de los Lavallén por una vecina que escuchó una discusión. Elsa vio a Paula en la puerta de la casa, pero cuando intentó volver encontró un cartel de alquiler con el departamento vacío. Dos años después, con la apertura democrática y los murales de Abuelas en las calles, alguien aportó otro dato. Paula estaba ahora a cuatro cuadras de Chacarita. Elsa viajó todos los días desde Banfield a comprar verduras frente a la casa. La primera vez que la vio entró en shock porque su nieta tenía un guardapolvo de preescolar cuando debería haber tenido uno de primaria. Elsa no sabía de la inscripción de nacimiento retrasada ni de lo que después los psicólogos le explicaron como estrés de guerra: desde el secuestro, Paula había empezado a tener retrasos de crecimiento.

Un día siguió a un micro, y supo dónde estaba la escuela. Otro día le pidió a su marido que se acerque a la niña para preguntarle nombre y apellido para la denuncia. Cuando su marido se topó con la niña tuvo la impresión de que ella estuvo a punto de decirle “abuelo”. “Mi abuela me contó eso después, pero yo tengo presente otra escena –dice Paula–: tengo el registro de gente que me miraba, y un día hubo alguien que me llama la atención y entonces me acuerdo de haber mantenido la mirada, era la hora de la salida de la escuela, yo iba camino al micro. Yo miro, sostengo la mirada pero no de forma desafiante sino como para ver qué pasaba”.

Paula después supo que ése era su abuelo. Que ese día se quedó preocupado porque no sabía si ella había reconocido en forma instintiva algún detalle y que pudiera decir algo en la casa.

Luego de las búsquedas, llegó la denuncia. Hubo jueces que hicieron todo lo posible para retrasar el encuentro. No ordenaron allanamientos, no permitieron los exámenes con los que pese a la diferencia de edad entre las dos Paulas se podía saber si era o no. Cuando el dato finalmente estuvo, hubo quien no quiso entregar a la niña hasta que no resolviera la cuestión de fondo de la causa. Paula finalmente conoció a su abuela en diciembre de 1987, fue la primera nieta restituida por ADN. El juez Andrés D’Alessio de la Cámara de Casación las presentó: “El lugar era como un castillo con sillones enormes y había una mesa ratona. Me acuerdo que me presentan a mi abuela y yo daba vueltas alrededor de la mesa porque no quería entrar en contacto con ella, ella se sienta y me muestra unas fotos de cuando yo era chica, una a upa de mis padres y otra donde estaba yo de beba. Lo que sucedió en ese momento es que en una de esas fotos yo me reconozco, me doy cuenta de que era yo, porque era una foto igual a las primeras que me habían sacado en la otra casa, pero miro y en ese momento no dije nada, y no dije nada por mucho tiempo, tal vez se lo dije años después”.

Paula tenía ocho años. “Eso era por el escepticismo que yo tenía, creo que me manejaba un poco así, desconfiaba. De pronto no sé muy bien cómo pero estoy llorando y me agarra sueño, y no era natural. Quería dormirme, como si necesitara descansar, pero no me animaba porque no estaba segura dónde hacerlo. Ahí había una asistente social. Me acuerdo que me dijo que me duerma tranquila, que ella me daba un anillito que tenía: ‘Vos te dormís con el anillo y cuando te despertás me lo das’. Yo le dije que no, y le pedí el otro anillo que tenía en la mano porque me imaginaba que si no me lo había ofrecido era porque tenía más valor.”
Un mensaje a los otros chicos

En casa de los abuelos, nunca pidió ver a los Lavallén. No quiso verlos. Una vez, un juez la obligó a sentarse nuevamente frente a ellos. Paula le preguntó a él qué había hecho con sus padres. Lavallén le dijo: “¡Cómo! ¡Yo soy tu padre!”. Le gritó a su apropiadora por qué la había engañado. La mujer no respondió, dio media vuelta y se fue llorando.

En Banfield, recuperó el modo normal de crecimiento. No tuvo más pesadillas.

En la audiencia no habló de Noble Herrera, pero les envió un mensaje. “Como nos arrancaron a nosotros de nuestras familias, ahora hay una obligación del Estado de ocuparse de cada uno porque podés querer a tu familia de crianza pero vos también tenés que saber que tenés tus padres y que no te abandonaron.”

jueves, 12 de mayo de 2011

¿No es hora ya de hacer públicos ya todos los archivos de las fuerzas represivas?

Se dan a conocer documentos de inteligencia de la policía bonaerense sobre las Abuelas de Plaza de Mayo y los niños apropiados
 
Abuelas y nietos, “delincuentes subversivos”

La perito de la Comisión Provincial por la Memoria, Claudia Bellingeri, explicó ayer en el juicio por robo de bebés los documentos hallados en el archivo de la Dippba que dan cuenta del seguimiento a las Abuelas y la preocupación por las denuncias sobre niños apropiados.

 Por Irina Hauser

“DS” no son las iniciales de un nombre. Es una sigla: “Delincuente Subversivo”. Era el sello que la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba) usaba para identificar a los “enemigos”, incluso a los niños secuestrados con sus padres o nacidos en cautiverio durante el terrorismo de Estado. Así los rotulaba en las “fichas” donde se dejaba constancia de sus datos personales, pero que conducían a otra parte, a su legajo, donde había más información todavía sobre sus características o actividades. “Extremista”, decía, por ejemplo, en el caso de Clara Anahí Mariani, cuando era una beba de cinco meses, a quien su abuela María Isabel Chorobik de Mariani –fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo– todavía busca.

El material fue exhibido ayer en pantalla gigante durante el juicio sobre el plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos por Claudia Bellingeri, la perito del archivo del viejo organismo de inteligencia policial que ahora gestiona la Comisión Provincial por la Memoria, y que está plagado de evidencias sobre la persecución planificada y organizada a las embarazadas, a sus hijos, a las abuelas que los buscaban y a jueces que intentaban restituirles su identidad. Los documentos exhibidos forman parte de un informe entregado al Tribunal Oral Federal 6 (TOF6) y revelan seguimientos en dictadura y en democracia, e incluso la entrega de expedientes íntegros por parte de los Tribunales de Menores (donde las Abuelas llevaban sus denuncias) a la policía de Ramón Camps.

Bellingeri, designada por la Cámara Federal de La Plata, mostró imágenes del archivo de la Dippba y le explicó al TOF6 –que preside la jueza María Roqueta– que fueron peritados 363 documentos. Se calcula, estimó, que hay más de 300 mil fichas personales de toda la provincia de Buenos Aires elaboradas por esa central de espionaje que “tenía por función perseguir e investigar a los ciudadanos considerados peligrosos”. Funcionó, precisó, desde 1956 y fue desactivada en 1998.
Buscadoras buscadas

Aquellas mujeres que desde los inicios conformaron Abuelas de Plaza de Mayo tenían fichas y legajos con los que la Dippba seguía sus actividades en torno de la búsqueda de sus nietos, las controlaba y a la vez relevaba la información que ellas recopilaban acerca de la posible suerte de los niños y sobre sus captores. Hay fichas por lo menos de dieciséis abuelas, entre ellas de la actual titular de la entidad, Estela Carlotto, de Chicha Mariani y de Alicia Zubasnabar de De la Cuadra. Algunas se pudieron ver en el juicio. Fueron elaboradas, explica el informe escrito de la comisión, entre los años setenta y el comienzo de los ochenta. A las abuelas también las clasificaban como “DS”.

Hay reportes de inteligencia que describen sus actividades. Especifican que “medios propios” –o sea, “infiltrados” de la Dippba– “han logrado establecer que la Agrupación denominada Abuelas de Plaza de Mayo realizaron una acción panfletaria en la zona céntrica de Quilmes”. Añaden el horario, recorrido, participantes. Otros partes reproducen sus afiches: “Mi abuela me está buscando, ayúdela a encontrarme”; “Día Universal de los Derechos Humanos”. Así, hay un seguimiento de todos los carteles callejeros, con los cuales la inteligencia policial armaba listados de los niños secuestrados, y de este modo se centraliza la información tanto sobre ellos como sobre los familiares que los buscaban.

“Medios propios obtuvieron ejemplar de folleto” que “describe a algunos de los niños desaparecidos con sus fotos (...) en la fecha personal de esta delegación actuando en cobertura en la Facultad de Bellas Artes, obtuvo el original de una carta que las Abuelas de Plaza de Mayo enviaron a los alumnos de la UNLP por el ayuno para la libertad de los presos políticos”, dice otro memorando. En él también se agrega un listado de 103 jóvenes embarazadas cuyos bebés nacieron en cautiverio, con su fecha de secuestro, armado por un informante en base a datos que circulaban públicamente y que él mismo señala como “parciales”, explicó la perito Bellingeri. “Medios propios han logrado obtener mediante infiltración” una “fotocopia de comunicado cuyo título es Situación 1º Localización de niños Post Morten” (sic), dice otro reporte de la Dippba. Del mismo modo, los agentes seguían de cerca todo lo que se publicaba o decía en los medios sobre el tema. Se hallaron 250 casetes de video VHS con filmaciones propias del organismo y programas televisivos, además de 160 casetes de audio.

Entre los legajos individuales que consigna el acecho a las Abuelas, quizás uno de los más elocuentes es el de Chicha Mariani. “Regreso al país de la Sra. Mariani”, dice, y está basado en información del 17 de marzo de 1982, cuando ella volvía efectivamente después de haber participado en el Congreso de Derechos Humanos de Amnistía Internacional. Al lado del texto de la Dippba tipeado a máquina, aparece una nota manuscrita que dice que se “sugiere” la intervención de su delegación en Capital Federal y que se pase la información al coronel Enrique Rospide (ya fallecido) para que “colabore”. Según explicó la experta Bellingeri, del análisis de los documentos se desprende que Rospide, que era uno de los asesores de confianza de Camps, centralizaba “el seguimiento de casos de niños apropiados, organismos de derechos humanos internacionales, Madres, Abuelas y Familiares”. Eran una suerte de vector de la llamada “información sensible” que a menudo le derivaba el comisario Pedro Domingo Costilla, uno de los agentes de planta de la Dippba, que intervenía en forma directa en el control, especialmente, de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
“Factor extremismo”

“Clara Anahí Mariani, con sólo cinco meses de vida, posee un legajo en el que se la cataloga como ‘extremista’”, o ‘factor extremismo’”, destaca el informe de la Comisión por la Memoria, que también hace notar que como sus “antecedentes” se adjunta el reporte de seguimientos a su padre, Daniel Enrique Mariani, asesinado en 1977. “La ubicación de los legajos con los nombres de los niños que fueron secuestrados en una mesa que la Dippba llamaba ‘DS’”, como figuraba en las fichas, “convalida la idea que Camps tenía respecto de ellos: eran ‘hijos de los subversivos’ y por lo tanto víctimas de la violencia estatal”, dice el análisis de la documentación. Uno de los legajos, referido al seguimiento de la mamá de Clara Anahí, antes de su asesinato en una verdadera masacre el 24 de noviembre de 1976 (cuando la beba tenía tres meses), muestra que había un pedido del Batallón 601 a la Dirección de Inteligencia para que se identificara a la ginecóloga y la dentista que la habían atendido durante el embarazo.

Otro legajo, que mostró la perito en la audiencia ante el TOF6, revela el seguimiento a María José Lavalle Lemos, quien había sido entregada a Teresa Isabel González, una suboficial de la brigada de San Justo y su esposo, Nelson Rubén, en el momento mismo en que el juez Juan Ramos Padilla viaja a Mar del Plata, cuando buscaba restituirle su identidad, algo que se logró. La chiquita era hija de Mónica María Lemos y Gustavo Antonio Lavalle, secuestrados en 1977 en José C. Paz, y nació en cautiverio. Los informes de inteligencia de carácter confidencial muestran preocupación de la policía por la detención de González así: “Se sabe que la criatura se la entregaron en la brigada de San Justo y el que el certificado lo firmó Vidal”, “es evidente (...) que la Policía de la Provincia volverá a estar en los diarios” y “es probable que Ramos Padilla intente hacer otra cosa en la zona. Adoptamos las previsiones del caso y esperamos confiadamente”.
Justicia cómplice

Los expedientes judiciales que se abrían con los hábeas corpus o denuncias “de personas que buscaban saber sobre el paradero de sus nietos se transforman en un material de inteligencia para la persecución de los familiares de las víctimas que reclaman y para el análisis al interior” de la Dirección de Inteligencia de “la información que las abuelas tenían respecto del secuestro de niños y mujeres embarazadas”, advierte el informe de la CPPM. Esto, dice, se producía a través de dos mecanismos. En uno de ellos, el aparato de inteligencia policial trata los “hábeas corpus” como búsquedas de paradero que “concluyen de manera negativa, es decir, sin informar el destino de la víctima aun cuando se trate de menores de edad o de mujeres embarazadas”. Peor aún: Se “crean acontecimientos fraguados” como “falsos enfrentamientos” en los que se identifica a las víctimas pero jamás se usa esa la información para responder un hábeas corpus y no aparece ningún pedido posterior de las autoridades judiciales. Pero los investigadores de la comisión han advertido también que había un seguimiento directo a las acciones judiciales específicas de las Abuelas de Plaza de Mayo, al punto de que ciertos tribunales de menores le giraban a la Dippba los expedientes completos basados en sus presentaciones. Quien era juez de Menores de Junín, Juan José Rogger –por caso–, manda una copia del expediente impulsado por Abuelas, una de ellas María Paulina Ferrarese de Urra, cuyo nieto habría nacido en cautiverio. Lo mismo hace el juez de San Martín, Eduardo Basso, y la lista sigue.

La declaración de Bellingeri no terminó y seguirá otro día seguramente con la explicación de cómo se construían los legajos de todas las víctimas, entre los cuales se encuentra, como muchos otros, el de Laura, la hija asesinada de Estela Carlotto, que estuvo detenida en La Cacha y dio a luz un niño, uno de los 400 que aún no pudieron recuperar su identidad. Todos estos documentos serán muy importantes para el Tribunal Oral a la hora de evaluar las pruebas que muestren un plan sistemático para apropiarse de los hijos de desaparecidos.

martes, 10 de mayo de 2011

Un juicio a dos jueces por apropiación de menores durante la dictadura

Manuel Gonçalves Granada
 Por Irina Hauser

La Cámara Federal de Rosario dio un paso clave para esclarecer la responsabilidad de jueces en la apropiación de hijos de desaparecidos. El tribunal revocó el sobreseimiento y ordenó reabrir la investigación contra Juan Carlos Marchetti, juez de Menores durante la última dictadura, y Delfín Castro, entonces juez civil, implicados en el proceso irregular de guarda y adopción de Manuel Gonçalves Granada, quien recuperó su identidad en 1995. La misma medida se extiende a dos asesores de Menores. El fallo señala que no se realizaron medidas básicas para reconstruir cómo fue entregado Manuel, que era un bebé, a personas conocidas y sin realizar el más mínimo intento por hallar a su familia biológica. Los cuatro funcionarios judiciales habían sido beneficiados en abril de 2010 por el juez de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo, quien los sobreseyó con el argumento de que la culpa de la supresión de identidad la había tenido la madre del chico, Ana María Granada, asesinada en la llamada Masacre de Juan B. Justo, meses después de la desaparición de su compañero, Gastón Gonçalvez.

El 19 de noviembre de 1976 un centenar de militares y policías federales y bonaerenses rodearon la casa donde vivía Ana María con Manuel, de seis meses, y con otra pareja, los Amestoy y sus hijitos de 5 y 3 años. Todos fueron asesinados en el sangriento operativo menos Manuel, a quien su mamá había escondido en el placard. Los vecinos advirtieron que no se llevaban al chiquito, que finalmente fue hallado y llevado al hospital de San Nicolás por indicación del coronel Fernando Saint Amat, que dio intervención al Juzgado de Menores. El juez era Marchetti, que terminó dando al bebé en guarda a una pareja conocida, Luis Avelino Novoa y Elena Yolanda Rodríguez.

Los abogados querellantes Ana Oberlin y Lucas Ciarniello Ibáñez –que representan a Manuel–, la fiscalía federal de Juan Murray, la Secretaría de Derechos Humanos y Abuelas de Plaza de Mayo denunciaron numerosas irregularidades en los expedientes de guarda a cargo de Marchetti, de San Nicolás, y en la posterior adopción, consolidada por el juez Castro, del departamento de Lomas de Zamora, y ratificada por los asesores de Menores Juan Carlos Magni y Francisco García Cortina. Mostraron que no se había hecho nada por dar con familiares del niño (como publicar solicitadas o fotos de la madre), ni se buscó contactar a los parientes o allegados que retiraron los cuerpos tras la masacre. Los documentos que daban cuenta de citaciones serían fraguados, los adoptantes figuraban como casados –no era cierto– y se eludieron los informes socioambientales de rigor en una adopción.

Marchetti, sostuvo la fiscalía, “evitó voluntariamente la identificación” de la familia. “El juez no pudo desconocer en absoluto la situación de Manuel por el contexto en que lo hallaron y las irregularidades fueron tantas que no se puede hablar de desconocimiento”, le dijo Oberlin a Página/12. El argumento de Villafuerte Ruzo para sobreseer a los cuatro funcionarios judiciales doblaba la apuesta: culpó a la mamá de Manuel, ya que tras el secuestro de su esposo el 24 de marzo de 1976 se había ido a vivir a San Nicolás cambiando su nombre y el de su bebé para protegerse. “Quien suprimió la identidad de Manuel desde el momento de su nacimiento fue su madre”, la culpabilizó el juez. Además sugirió que fueron sus familiares los que no habían buscado al chico. La fiscalía retrucó: “El Poder Judicial debió ser el órgano encargado de tutelar el debido proceso y los derechos de las personas”.

La Cámara de Rosario finalmente les dio la razón a la fiscalía y los querellantes y ordenó reabrir la pesquisa contra los funcionarios judiciales por la supresión de identidad de Manuel.