Segunda jornada del alegato de la Fiscalía

Hubo un apartado para Adriana Calvo, casi a modo de homenaje  

“Eran recluidas y obligadas a dar a luz”

El fiscal Martín Niklison reconstruyó, a partir de los testimonios recabados, los 35 casos del juicio y se concentró en los niños nacidos en la Comisaría V de La Plata y en el Pozo de Banfield, donde “se montó una verdadera maternidad
clandestina”, dijo.

Por Alejandra Dandan

El modo “curioso y significativo” con el que el Poder Judicial rechazó u omitió los trámites de quienes buscaron a las embarazadas durante la dictadura. Las gestiones ante obispos y curas que hoy, más de 36 años después, hicieron que una de las fiscales del juicio por el plan sistemático de apropiación de bebés todavía se pregunte: “¿Qué tipo de gestiones realizaba la Iglesia, ante cuál de las autoridades de facto y qué respuestas obtenían?”. O el rol de un Estado, que “tenía la obligación de suministrar información”, pero no lo hizo. 

Estos fueron algunos de los subrayados que hizo la Fiscalía Federal a cargo de Martín Niklison, en el segundo día de sus alegatos. Durante la reconstrucción de los casos y (ayer) del funcionamiento de la maternidad clandestina del Pozo de Banfield, la Fiscalía asumió la acusación de los crímenes del Estado terrorista de la dictadura. Retomó, en ese contexto, las últimas palabras con que los niños apropiados, hoy adultos, les hablaron a los jueces, sumándose a los reclamos que hicieron ellos. Y nombró a cada una de las víctimas desde sus identidades políticas.

El Servicio Penitenciario Federal trasladó a todos los acusados a los tribunales de Comodoro Py, pero recibió un reto de la presidenta del Tribunal Oral Federal Nº 6, María del Carmen Roqueta. Los problemas en los traslados provocaron que el martes el Tigre Jorge Acosta quedara en Comodoro Py hasta las once de la noche. O que el dictador Jorge Rafael Videla llegara a Campo de Mayo pasada la una de la mañana. Ayer estuvo sentado siempre en una esquina, al lado de Reynaldo Bignone, como si buscaran seguir manteniendo distancia. Ninguna cámara mostró la cara de Videla cada vez que la Fiscalía volvía a nombrarlo, como cuando le dijeron que no habla y, cuando lo hace, “decide hablar en una entrevista en la que reivindica su accionar como jefe de la dictadura”.

La Fiscalía avanzó con el rearmado de los 35 casos del juicio, a partir de los aportes dispersos de cada testigo. Concentró el alegato en dos puntos del Circuito Camps: los niños nacidos en la Comisaría V de La Plata y en el Pozo de Banfield, entendido ahora como la maternidad clandestina de ese circuito, y una de las tres que se investigan en el proceso.

“En el Pozo de Banfield, además de haberse alojado a cientos de detenidos-desaparecidos –dijo Niklison–, se montó una verdadera maternidad clandestina donde las madres eran recluidas hasta el término de su embarazo y obligadas a dar a luz. Luego del alumbramiento, el destino de los recién nacidos y de sus madres estaba sellado: los niños eran apropiados por fuerzas de la represión o familias allegadas, y sus madres, en cambio, integrarían la lista de desaparecidos.”

Las embarazadas parían en la “enfermería”: sus embarazos sucedían en el encierro, tabicadas y vendadas como los demás, y en condiciones de desnudez casi total en algunos casos, dijeron. En contadas ocasiones, las futuras madres fueron provistas de algún medicamento o alimento distinto, aunque cuando se “acercaba la fecha del alumbramiento generalmente eran puestas al cuidado de alguno de sus compañeros, había controles médicos y los partos eran usualmente atendidos por el médico policial Jorge Antonio Bergés”.

Esas “señales claras” demuestran “el interés de los represores de mantener la gestación de los hijos de las desaparecidas”. Un dato que reforzaron poco más tarde al describir cómo, tras el parto, esos mismos cuidados se desvanecían.

“Otra constante del Pozo de Banfield –dijo el fiscal– fue que, luego de tener a sus hijos, las madres eran libradas a su suerte, teniendo que lidiar por sí solas con los dolores postparto y las infecciones que se les generaban por la acumulación de leche. Ya nadie iba a controlar su estado de salud ni se interesaba por ellas. Sólo se las volvía a buscar, a fin de ser trasladadas.

Esto demostraba que el interés de la organización represiva por el estado de estas mujeres desaparecía luego del nacimiento de los niños.”

Niklison y las fiscales ad hoc Nuria Piñol, María Saavedra y Viviana Sánchez lograron explicar por qué muchos de los niños que nacieron en el Pozo de Banfield eran hijos de parejas uruguayas, secuestradas en Argentina. Para eso, reconstruyeron la historia del Pozo, la relación con el Plan Cóndor, la conexión con el Pozo de Quilmes y la Brigada de San Justo y explicaron cómo luego de la caída de un militante montonero con documentos uruguayos empezó a caer ahí el último grupo de uruguayos.

Hubo un apartado para Adriana Calvo, casi a modo de homenaje, pero que permitió a la vez plantear su caso como “una excepción”. Muerta el año pasado, su nombre se repitió innumerables veces en las audiencias no sólo porque dio a luz en un patrullero, secuestrada, y salió viva con su hija, sino porque mientras estuvo cautiva asistió a las embarazadas, hizo las primeras sistematizaciones de los partos y ayudó a los familiares de los desaparecidos a encontrarse con los niños robados o les acercó datos y relatos de su gente. “Lamentamos enormemente que no haya podido relatarnos en esta sala el calvario que vivió y el crudo nacimiento de su hija Teresa en un patrullero de la policía”, dijo Niklison.

“Si bien ella no pudo darnos presencialmente su testimonio, su declaración ante la Cámara Federal en 1984 ha sido proyectada innumerables veces y quedará grabada para siempre en nuestras memorias. Su testimonio pone en voz presente el horror que sufrieron las madres desaparecidas que nunca pudieron relatar el nacimiento de sus hijos.”
Adriana, que parió mientras la llevaban de la Comisaría V al Pozo de Banfield, donde Bergés le sacó el tabique de los ojos y “bruscamente” le quitó la placenta y la obligó a limpiar el lugar frente al oficial de guardia y a otros carceleros que se reían, fue una “circunstancia excepcional, única en el Pozo de Banfield”: la organización represiva postergó su liberación ya decidida por la atención que les demandó el caso de los Graiver.

Más tarde, el fiscal Niklison volvió a hablarle a Videla. Hablaba de las fichas que elaboró el Ejército con los desaparecidos, un dato evidente a partir de legajos incorporados al expediente sobre las víctimas de La Noche de los Lápices. “Estas fichas demuestran cabalmente el riguroso control de información que el Ejército llevaba de los operativos –dijo el fiscal–. Nos preguntamos dónde estarán las fichas con la información de las embarazadas que parieron o pasaron por ese centro clandestino. Nos gustaría que el ex comandante en jefe del Ejército aquí presente nos lo diga.”

La Iglesia presente

Por Alejandra Dandan

La sala del recinto de audiencias del juicio por el robo sistemático de bebés apenas tenía a unos pocos sentados en la zona del público. La abuela de Paula Logares, Elsa Pavón, era la única que ocupaba las dos primeras filas. Como sosteniendo un espacio que le reporte finalmente la justicia que todavía le debe el Estado, permaneció en silencio. Y sólo dijo algo sobre la Iglesia, de cómo sus autoridades se lavaron las manos en 1983, cuando con el último aliento, la Junta de Comandantes buscó con el documento de autoamnistía el modo de perpetuar la impunidad también en el robo de niños.

Elsa dijo aquello de la Iglesia cuando los integrantes del Tribunal Oral Federal Nº 6 anunciaron que no llegaría a declarar el último testigo programado para el debate. El abogado Juan José Prado es un antiguo integrante de la APDH, que en aquellos años les exigió sin éxito a los represores que se dispongan a resolver antes de la salida el tema de los niños entregados a las familias de militares y de personas cercanas. Y que para ello podrían pedir la mediación de la Iglesia. Prado, que fue integrante de la Comisión de Vedia que investigó al comienzo de la democracia el robo de niños, no se presentó, pese a que se sabe que quiere hacerlo, porque de momento no lo encuentran en su domicilio. A uno de los abogados querellantes que se sentó a su lado, Elsa le susurró, entonces, aquello de que la Iglesia no se opuso a participar en el robo de los niños, pero que puso objeciones para mediar en las restituciones.

Con esa situación de fondo, mientras se aguarda que aparezca el testigo, se anunció que Simón Riquelo, el hijo de Sara Méndez, finalmente consiguió por vía judicial la restitución de su nombre verdadero en su documento de identidad y la corrección también del de su hijo. Y además, el fiscal Martín Niklison pidió la incorporación por lectura de varios testigos clave de la causa que están muertos. Entre otros, las múltiples declaraciones de Adriana Calvo y las de Juan Carlos “Cacho” Scarpati.

El secuestro de Clara Anahí

Por Alejandra Dandan

Lilian Marta Stancati esperó muchos años para permitirse recordar lo que escuchó sobre varios operativos sucedidos en su calle durante la última dictadura. Y luego para contarlos. Un día, alrededor del año 2000, supo que María Isabel de Mariani todavía no sabía qué había pasado con su nieta Clara Anahí. Lilian apenas tenía un dato, cuando encontró la forma de acercarse, se lo dijo. En noviembre de 1976, Lilian trabajaba en la delegación municipal de City Bell. En la delegación había dos policías encargados de la seguridad. Uno de ellos, el más charlatán, le contó a Lilian días después que en el bombardeo a la casa de la calle 30 no habían muerto todos, que se salvó una nena: “Me dijo que la nena no había muerto porque la guardaron muy bien adentro de una bañera o a veces me parece que me dijo del placard, no me acuerdo, sí que la resguardaron con mantas y colchones y le guardaron la vida”. Ese policía también le aseguró que la nena se la había entregado a un alto jefe de la policía, cuya mujer no podía tener hijos

Partos en la comisaría

Testimonio de Hugo Pablo Marini, sobreviviente de la comisaría 5a de La Plata

Por Alejandra Dandan

La causa por el plan sistemático del robo de bebés volvió a situarse en la comisaría 5ª de La Plata. Uno de los sobrevivientes del centro clandestino habló ayer del embarazo de Inés Ortega, del nacimiento de su hijo y de las otras parturientas que estaban en el lugar: “Cuando se llevaron a Inés se escuchaban los gritos y de repente sentimos una alegría un poco rara –dijo Hugo Pablo Marini–, porque se escucharon los llantos, había mucho alboroto, felicitaciones, llantos y bronca, todas emociones encontradas”.

Hasta antes de sentarse ante el Tribunal Oral Federal 6 que ayer lo escuchó hablar, Marini no sabía qué había sucedido con ese niño. Sabía que el bebé había vuelto con su madre a la celda enseguida, que estuvo con ella durante unos días y que luego se lo habían robado. Minutos después, ya en el pasillo, supo que ese chico recuperó su identidad, se llama Leonardo Fosatti, trabaja con las Abuelas de Plaza de Mayo y declaró la semana pasada.

Marini era vicepresidente del centro universitario de Chacabuco, militaba en la Juventud Peronista Universitaria y se había afiliado al Partido Auténtico. Lo secuestraron el 11 de enero de 1977. Primero lo llevaron a la Brigada de San Nicolás, luego al Pozo de Arana y finalmente a la comisaría 5ª de La Plata, donde permaneció hasta el 30 de marzo.

“Estuve esposado, con las manos atadas a las espaldas la mayor parte del tiempo, tabicado, pero no considero que se me hayan cometido actos de tortura a sabiendas de lo que sufrieron los demás compañeros. No considero que mis dichos puedan ser relevantes, pero sí me golpearon, estuvimos días sin comer, me dieron toques de picana, simulacros de tiros”, dijo.

Marini explicó que cuando llegó a la comisaría 5ª había unas cuatro o cinco embarazadas. “Las chicas eran llevadas al baño para bañarse cada dos o tres días, las traían de a tres o de a cuatro, una se quedaba en el patio, otra se bañaba y la otra, que podía ser la esposa de algún compañero, se quedaba charlando con nosotros.”

Entre las embarazadas estaba Adriana Calvo, que murió el año pasado, pero durante su cautiverio ayudó a Inés Ortega con el trabajo de parto. Marini nombró además a Inés y a Elena de la Cuadra.

“Inés había entrado en trabajo de parto y me acuerdo que pedían por favor que el cabo de guardia la fuera a atender. Las chicas gritaban, todo era un infierno hasta que se la llevaron. Sacaron a Inés y a alguien que la acompañaba, mientras tanto le gritaban y le decían de todo. Pasaron unas horas y volvieron con el bebé, después supe que el nacimiento fue en la misma comisaría.” Inés tuvo a su hijo en la cocina. Cuando la devolvieron, la llevaron a bañarse y en ese momento logró hablar por la mirilla con su marido, que también estaba secuestrado”, dijo Marini. Los padres de Leandro estuvieron unos días más en el lugar. Ambos están desaparecidos.

Cuando Marini recuperó la libertad, el 30 de marzo, Inés todavía estaba ahí. A él lo llevaron a hablar con una persona que parecía el jefe. “Era alguien muy, muy importante. Se notaba por el rigor que tenían todos los demás, era una persona muy rígida, un hombre muy puntilloso, no se oía una voz que no fuera la de él mientras hablaba; por debajo de la venda se le veían los zapatos lustrados, el pantalón a rayitas muy definidas, tenía un lenguaje muy propio, hablaba con mucha precisión.”

Un día y medio después de esa reunión, a Marini lo sacaron en un auto y lo dejaron en la Circunvalación de La Plata, a unas cinco cuadras de la comisaría 5ª. En ese momento escuchó lo de siempre, que el silencio es salud, que no dijera nada.