martes, 25 de noviembre de 2014

El juicio por el encubrimiento de la apropiación de Pedro Sandoval Fontana

“Tomá, vos dale esto a la policía”

El nieto que recuperó su identidad en 2006 contó que su apropiador estaba avisado del allanamiento que iban a hacer a su casa y que le dio un peine, un cepillo de dientes y una toalla para frustrar la medida. El policía que condujo el operativo es el acusado.

 Por Ailín Bullentini

Para Adolfo Porcel, subcomisario en disponibilidad, el juicio en su contra que comenzó ayer es una “cuestión política”. Está acusado de encubrir la apropiación de Pedro Sandoval Fontana, quien hasta 2004 creyó que sus padres eran el ex agente de inteligencia de Gendarmería Víctor Rei y su esposa, Alicia Arteach. Específicamente, de fraguar el primer allanamiento que la Justicia federal ordenó para obtener el perfil genético del joven y compararlo con el de familias que buscan nietos y nietas nacidos durante la última dictadura cívico-militar. El juicio, a cargo del Tribunal Oral Federal Nº 5 de San Martín, continuará el 9 de diciembre, cuando se oigan los testimonios de los dos testigos que no se presentaron ayer y los jueces den la sentencia.

La audiencia comenzó pasadas las 9.30. Porcel hizo su descargo tras la lectura del auto de elevación a juicio, a cargo del fiscal Carlos Cearra. Luego testimoniaron dos peritos del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) que participaron en la investigación principal de la causa –llegó a dar con la verdadera identidad de Sandoval Fontana y culminó con Rei en la cárcel–. También Antonio Ladra, de la Policía Federal, y el muchacho apropiado. Los abogados de la querella de Abuelas, Alan Iud y Pablo Pachener, y la fiscalía desistieron del testimonio del otro policía federal citado, Daniel Vergara, quien, junto a Ladra, participó con Porcel del allanamiento fraguado. Ambos quedaron fuera del expediente. La ausencia de Tamara Villar, la pareja de Sandoval Fontana entonces, y su padre, Pedro Villar, fue la razón por la que el juicio no culminó ayer mismo. Su testimonio se pospuso para el 9 de diciembre, cuando también se oirán los alegatos y la sentencia.

Frente al TOF 5 de San Martín, Porcel defendió su actuación en el procedimiento de agosto de 2005 en el marco de la causa por la apropiación de Sandoval Fontana y denunció que su acusación era “una cuestión política”. Aseguró haber convocado a los testigos en el momento oportuno y haber seleccionado él mismo los elementos presuntamente contenedores del ADN del joven. Por último, negó haber tenido relación alguna con la última dictadura militar y haber conocido a Rei antes o después del operativo en cuestión.

El relato de Sandoval Fontana reversionó las cosas. El muchacho repasó los hechos que cambiaron su historia: desde la confesión en llanto de su apropiador, en 2004, hasta la propuesta de fraguar el allanamiento que aquél le hizo en Campo de Mayo. “En 48 horas van a allanarte la casa, tomá, vos dale esto a la policía”, recordó Sandoval Fontana.

Rei le entregó una bolsa con un peine, un cepillo de dientes, una remera y una toalla, rememoró el joven. Dos días después, entregó las cosas a Porcel y compañía. Junto a Ladra y Vergara, el entonces subcomisario había ido a buscar al hijo biológico de Liliana Fontana y Pedro Sandoval –aún desaparecidos– a la panadería de su ex suegro, Pedro Villar. Alejandro Rei, como lo llamaron sus apropiadores, los acompañó hasta su casa, en donde les entregó los elementos. Según declararon ayer los peritos del BNDG, contenían varios perfiles genéticos lo que los hizo inutilizables para el propósito con el que habían sido recolectados. Sandoval Fontana recordó que recién después de recibirlos, Porcel notó la falta de testigos. Lo solucionó citando en su informe a dos operarios de la panadería de Villar.

domingo, 16 de noviembre de 2014

La Audiencia Nacional Madrid eguarda una investigación secreta sobre los bebés robados por Videla


El expediente forma parte de la causa tramitada por Garzón contra la dictadura argentina a finales de los 90. Su archivo definitivo podría producirse en las próximas semanas

DANILO ALBIN Bilbao 16/11/2014 23:15 Actualizado: 17/11/2014 00:19


Manifestantes escuchan el veredicto contra Videla en julio de 2012.

Los maquiavélicos métodos represivos aplicados por la dictadura argentina (1976-1983) no sólo incluyeron secuestros, torturas atroces o vuelos de la muerte. Siguiendo un plan sistemático ideado desde las más altas esferas del régimen, sus verdugos se encargaron de separar a cientos de niños de sus verdaderas familias. Muchos nacieron en campos de concentración u hospitales militares. Sus madres, nada más dar a luz, fueron fusiladas o lanzadas al mar aún vivas. En otras ocasiones, las criaturas eran apropiadas durante el secuestro de sus progenitores y entregadas a familias "occidentales y cristianas". La condena era clara: ellos, los "hijos de subversivos", jamás conocerían esta historia.

La lucha incansable de las Abuelas ya ha permitido que 114 jóvenes recuperen su identidad

Las cifras hablan por sí solas: según las Abuelas de Plaza de Mayo, cerca de 500 hijos e hijas de desaparecidos fueron secuestrados por la
dictadura y entregados a familias de militares o civiles cómplices, que los criaron en la más absoluta de las mentiras. Sin embargo, la lucha incansable de las Abuelas ya ha permitido que 114 jóvenes recuperen su identidad. La búsqueda no sólo se realiza en Argentina, sino también en aquellos países donde los apropiadores podrían haberse afincado en la etapa final de la dictadura.

Según ha podido confirmar Público, España figuró entre los destinos elegidos por los ladrones de bebés. No en vano, en una habitación de la Audiencia Nacional existen varios documentos -hoy completamente olvidados- que así lo acreditan. De acuerdo a esos archivos, todo comenzó a mediados de 1996, cuando el juez Baltasar Garzón tramitaba una causa judicial por los crímenes cometidos en la Argentina de Videla. En aquel contexto, Matilde Artés Company, "Sacha", una madre y abuela de desaparecidos que una década antes había logrado rescatar a su nieta Carla -apropiada por un agente de Inteligencia-, presentó una denuncia sobre posibles casos de hijos robados que por entonces podían vivir en España, sin conocer su identidad.

Las informaciones ofrecidas por Matilde Artés dieron lugar a una pieza judicial de carácter secreto, en el marco de la cual se realizaron distintas averiguaciones. Aquellas investigaciones estuvieron a cargo de un grupo conformado por agentes del Cuerpo Nacional de Policía, aunque la Guardia Civil también participaría en determinadas indagaciones. Durante varios meses, los agentes realizaron diferentes pesquisas para tratar de determinar si las denuncias de esta abuela eran ciertas.

Fuentes judiciales consultadas por Público confirmaron que este expediente -que reúne numerosas pruebas fotográficas y documentales- estaría condenado a dormir el sueño de los justos: el juez Pablo Ruz -sustituto de Garzón en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional- considera que los trámites relacionados con Argentina han concluido, por lo que próximamente podría producirse el archivo definitivo de la voluminosa causa. Si eso ocurre, la pieza secreta sobre los hijos robados por la dictadura se perderá para siempre.
Cuestión de sangre

Uno de los casos más llamativos de este expediente es el de P.E.V.B., un joven que por entonces vivía en Alicante. Las sospechas surgieron a raíz del testimonio de un odontólogo valenciano, quien aseguró que "un colega suyo, de unos 60 años de edad, tiene un hijo de unos 20 años, moreno, no guardando parecido físico con los padres". "El padre de este niño, siempre que surgen conversaciones en relación a las personas desaparecidas durante el período de la dictadura militar en la República Argentina, elude éstas, evitando todo tipo de comentarios o impresiones al respecto", añadía la denuncia presentada por Artés.

Las madres eran fusiladas o lanzadas al mar aún vivas nada más dar a luz

Según comprobaron los agentes de la Guardia Civil que investigaron a esta familia en Alicante, P.E.V.B. había nacido en Buenos Aires el 15 de junio de 1979. Sin embargo, su anotación en el Registro Civil de la capital argentina se produjo casi 15 meses después, algo característico en los casos de apropiaciones de bebés por parte de la dictadura de Videla. Por tales motivos, los investigadores planteaban la necesidad de obtener "muestras biológicas de P.E.V.B. para su análisis, remisión y cotejo con el Banco de Muestras Genéticas de desaparecidos existente en Argentina". Las fuentes judiciales consultadas por este periódico informaron que estos exámenes no llegaron a realizarse.

Las sospechas fueron aún mayores tras la declaración ofrecida a la Guardia Civil por un ginecólogo de origen argentino que a finales de los años 80 había atendido a la supuesta madre de este joven. La mujer había acudido a la consulta junto a su marido. Durante la charla con el ginecólogo, el hombre dejó entrever que había sido suboficial de las Fuerzas Armadas. "Se identificaron como argentinos y le dijeron que tenían un niño adoptado; igualmente le manifestaron que no tenían hijos biológicos", recordó el médico. También aseguró que la pareja no le había explicado de qué manera habían realizado la adopción.

Junto a esta declaración judicial figuran fotos del joven y de sus supuestos padres, así como de las propiedades que la pareja tenía en España. También hay datos muy pormenorizados sobre rasgos físicos y hábitos personales del presunto hijo de desaparecidos. "Este caso era uno de los más claros", señalaron desde el entorno de Matilde Artés. En las últimas horas, Público ha logrado confirmar que P.E.V.B. vive actualmente en Buenos Aires.
Dentistas en el punto de mira

Las sospechas también se centraron en J.M.A. y E.M.A., un jubilado argentino y una ciudadana alemana que vivían en Benidorm. En el marco de aquellas averiguaciones, la Guardia Civil obtuvo datos sobre los domicilios y las cuentas bancarias que el matrimonio tenía en esa turística ciudad. También pudo determinar que si bien contaban con residencia legal en España, la pareja mantenía su vivienda en una localidad situada a la orilla del río Meno, cerca de la frontera con Baviera. En los documentos no figuraba que tuviesen hijos, pero los investigadores no lo descartaban. Tal como explicaban en uno de los documentos, todas las pistas apuntaban a que J.M.A. y E.M.A. "se encuentran en este país de descanso, una vez alcanzado el retiro", mientras que sus posibles hijos seguirían "residiendo en Alemania, donde tendrían sus estudios o trabajo".

Una red de odontólgos "se habrían hecho cargo de sacar de Argentina y apropiarse de niños secuestrados"

Por su parte, la Policía Nacional llegó a elaborar un "listado de familias que tuvieran hijos cuya fecha de nacimiento estuviera comprendida entre 1975 y 1983 y que en el transcurso del tiempo continuaran residiendo en territorio nacional o hubieran obtenido la nacionalidad española". De esta manera, los funcionarios detectaron "la existencia de 243 familias, repartidas en 26 provincias del territorio nacional, que tenían 366 hijos, los cuales se encontraban comprendidos en el objeto de la investigación". Tras revisar los expedientes de cada uno de ellos, los policías aportaron al juzgado 134 fotocopias de partidas de nacimientos que, "una vez cotejadas, no han aportado nada nuevo a las investigaciones llevadas a efecto con anterioridad", explicaban.

Entre las familias investigadas se encontraban el odontólogo V.R.O. y su mujer, R.B.H., quienes tenían una hija adoptada. Los inspectores a cargo de este caso aportaron a la Justicia diferentes documentos relacionados con esta familia, desde fotografías y copias de sus respectivos DNI hasta el expediente judicial sobre un altercado de tráfico que V.R.O. había tenido en 1984. Varios años después, la supuesta hija menor de este matrimonio, una joven que responde a las iniciales de L.O.H., inició su propia búsqueda de la verdad a través de las redes sociales. Si bien su nacimiento se habría producido en 1974, fuentes cercanas a la investigación recordaron a Público que la dictadura argentina solía falsear las fechas en las partidas, con el objetivo de hacer aún más difícil la localización de estos chicos.

En tal sentido, las mismas fuentes incidieron en uno de los nexos en común que tendrían los apropiadores afincados en España: muchos de ellos son dentistas de profesión. En efecto, los abogados de los organismos de derechos humanos ya habían advertido al juez Garzón sobre la "existencia de una suerte de red de odontólogos argentinos en el extranjero que se habrían hecho cargo de sacar del país y apropiarse de estos niños secuestrados". Uno de los sospechosos de formar parte de este entramado, A.E.F., tenía una consulta en Vigo. En su denuncia, Matilde Artés advertía que tendría "dos o tres chicos que son hijos de desaparecidos". Esta familia había llegado a España en junio de 1984, seis meses después de acabada la dictadura. Las sospechas, como en otros casos similares, aún siguen vigentes.

miércoles, 12 de noviembre de 2014

Alegato de la fiscalia en el juicio por la maternidad clandestina de Campo de Mayo

Médicos y partícipes de apropiaciones

Solicitaron penas de entre 13 y 45 años de prisión para los cinco imputados en el juicio por los nacimientos en Campo de Mayo. Señalaron que los delitos fueron realizados “con la participación de toda la estructura sanitaria del hospital”.

 Por Ailín Bullentini

El Ministerio Público Fiscal solicitó penas de entre 13 y 45 años de prisión para los cinco imputados en el juicio por la apropiación de bebés nacidos en la maternidad clandestina del Hospital Militar de Campo de Mayo y el secuestro y tormentos a sus mamás durante la última dictadura.

Los fiscales Martín Niklison, Nuria Piñol y Viviana Sánchez dieron por probados los delitos analizados en el juicio: la apropiación de los hijos de Marta Alvarez, Susana Stritzler, Mónica Masri, Valeria Beláustegui Herrera, María Eva Duarte, Myriam Ovando, Silvia Quintela Dallasta y Liliana Isabel Acuña –algunas parieron en el Hospital Militar de Campo de Mayo, otras en centros clandestinos que funcionaron en esa guarnición militar aunque asistidas por personal de la institución sanitaria– así como el secuestro y las torturas que recibieron durante su encierro.

“Consideramos la existencia y funcionamiento de la maternidad clandestina, el cautiverio en condiciones inhumanas de mujeres embarazadas en el sector de Epidemiología para dar a luz atadas, vendadas, sin poder comunicarse, sin registro de su existencia, a las cuales les fueron arrebatados sus hijos recién nacidos, que no eran anotados debidamente, sino con datos falsos como parte de una práctica sistemática de apropiación de niños allí realizada con la participación de toda la estructura sanitaria del hospital bajo la dirección de las autoridades y médicos militares”, advirtieron durante la introducción de su amplio alegato, que incluyó referencias a una batería de sentencias por delitos de lesa humanidad relacionados con los hechos y los imputados en el debate actual, referencias a pruebas documentales y numerosos testimonios vertidos en el marco de este juicio o incorporados por lectura que describían la maternidad, las condiciones en que eran mantenidas las embarazadas allí y el trato que recibían.

Eugenio Martín fue jefe de Clínica de Campo de Mayo. Para él, la fiscalía solicitó 35 años de cárcel por la privación ilegítima de la libertad y las torturas impuestas a Beláustegui, Masri, Duarte y Quintela Dallasta, así como la sustracción, ocultamiento y retención de sus hijos. Para Norberto Bianco, ex jefe de Traumatología del hospital, la pena pedida fue de 30 años, por los mismos delitos cometidos en los mismos casos. La fiscalía imputó al ex jefe de Comando de Institutos Militares Santiago Riveros por la apropiación de los hijos de Alvarez, Acuña, Ovando y Stritzler y pidió 45 años de cárcel. A quien fue su segundo, Reynaldo Bignone, lo encontraron culpable del robo de los hijos de Beláustegui, Stritzler y Masri, lo que le valdrían 40 años de encierro, si se concede el pedido. Para Arroche, imputada por falsedad de documento público y retención y ocultamiento de Francisco Madariaga Quintela, fueron solicitados 13 años.

El alegato buscó reforzar los argumentos que infieren la responsabilidad de los médicos juzgados: Eugenio Martín, Norberto Bianco y Luisa Arroche. La particularidad del juicio tiene que ver con que parte de los acusados fue personal médico civil y militar del Hospital Militar de Campo de Mayo. Martín y Bianco eran jefes de Servicio de Clínica Médica y Traumatología respectivamente; ambos eran militares. Arroche fue obstetra. Julio César Caserotto fue su contemporáneo al mando de Ginecología y fue, tal vez, quien más habló sobre la relación entre el hospital y los crímenes de lesa humanidad que sucedían entonces. Murió en 2008. Jorge Habbib Haddad, que fue subdirector del centro de salud, y Ramón Capecce, que fue jefe de Cirugía, quedaron fuera del juicio por cuestiones de salud.

A modo de preludio, la fiscalía mencionó el rol de intervención directa que cumplieron los médicos durante el nazismo y dejó abierta la puerta a la comparación de aquél con el de los médicos en juicio. “Es necesario romper con la impunidad alimentada por el mito del guardapolvo blanco y el rol del profesional inocuo que cumple con su función sin mirar a su alrededor y utilizar aquí los estándares de prueba que son aplicables a otros imputados por delitos de lesa humanidad”, advirtieron en relación con los profesionales de la salud y sentenciaron: “Los médicos internos y jefes de servicio fueron militares que prestaron servicio a la llamada lucha antisubversiva” y sus conductas “se apartan notoriamente del acto médico. Son actos delictivos”.

En ese marco, la atención de embarazadas detenidas ilegalmente fue parte de la “misión que como unidad militar el hospital cumplió a disposición del sistema de represión clandestina” que imperaba entonces.

lunes, 10 de noviembre de 2014

Planificadores de apropiaciones

Los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo pidieron penas de entre 10 y 40 años. “En el Hospital Militar de Campo de Mayo se perfeccionó la práctica sistemática y generalizada de la apropiación de niños como en ningún otro centro clandestino de detención”, señalaron.

 Por Ailín Bullentini

La querella de Abuelas de Plaza de Mayo solicitó penas de entre 10 y 40 años para los cinco imputados en el juicio por la apropiación de bebés nacidos en el Hospital Militar de Campo de Mayo y la privación ilegal de la libertad de sus mamás. Basados en una descripción exhaustiva de la maternidad clandestina que funcionó en el sector de Epidemiología de ese hospital, y un tejido detallado entre testimonios ofrecidos específicamente en este debate y aquellos incorporados al juicio pero escuchados a lo largo de los casi 40 años que separan la actualidad de los tiempos en los que tuvieron lugar estos delitos, los abogados Alan Iud y Pablo Lachener pidieron al Tribunal Oral Federal Nº 6 que condene a Santiago Riveros y Reynaldo Bignone a 40 y 35 años de cárcel, respectivamente; que pene con 30 años de encierro a los médicos militares retirados Eugenio Martín y Norberto Bianco; y con 12 a la obstétrica Luisa Arroche. Mañana alegará la fiscalía.

La introducción que eligió Abuelas de Plaza de Mayo para la conclusión del debate que ingresó ayer en su etapa definitoria incluyó una advertencia: este juicio “llega tarde” y luego de una “deficiente instrucción”, expresó Iud. “Una vez más la desidia y morosidad del sistema judicial nos han privado de realizar un debate oral y público mucho más completo”, remarcó el abogado en referencia a los once casos similares a los nueve que ingresaron en el debate que esperan la elevación a juicio. “Muchas familias seguirán esperando justicia, aun después de este juicio. Y la demora es más grave aún si reparamos en la cantidad de imputados que quedaron fuera”; algunos por salud, otros por muerte.

Durante más de seis horas, Iud y Lachener expusieron sobre la maternidad clandestina en la que “gran cantidad de desaparecidas” dieron a luz durante la última dictadura, detallaron su estructura organizativa y funcionamiento. Es en la mitad de 1977 cuando la querella considera que un sector del área de Epidemiología del Hospital Militar de Campo de Mayo fue convertida en maternidad clandestina. Pero también relacionaron el Hospital Militar en el que funcionó con algunos otros centros clandestinos de detención de Campo de Mayo, como El Campito, en los que también se realizaron partos de detenidas. Por último, encajonaron los roles de los imputados para finalmente concluir en los pedidos de pena.

“En el Hospital Militar de Campo de Mayo se perfeccionó la práctica sistemática y generalizada de la apropiación de niños como en ningún otro centro clandestino de detención”, determinó Abuelas en su alegato debido a que, consideraron sus abogados, lo que sucedió allí “constituye la evidencia más acabada de la organicidad con la cual se llevó adelante la apropiación de hijos de desaparecidos por razones políticas. El Ejército Argentino destinó un espacio específico de ese hospital para mantener cautivas a mujeres próximas a dar a luz, concretar el alumbramiento y quitarles sus bebés”.

Acorde con los testimonios de empleados y ex empleados del hospital que se oyeron durante los dos meses de juicio, más los incorporados por lectura y la prueba documental, la querella pudo detallar las “reglas” que regían para ese sector de Epidemiología, dos habitaciones aisladas y con custodia, y las pacientes que allí eran destinadas. Las detenidas permanecían vendadas y, en algunos casos, atadas a las camas, no se les permitía hablar con nadie y su estancia en el hospital así como sus partos no eran registrados. Parían, estaban algunas horas con sus hijos o hijas, pero luego se los o las quitaban. “Hay evidencias de que se les administraba a las puérperas una inyección para cortar la lactancia”, advierte el alegato. “Transcurrido uno o dos días después del parto, las mujeres eran retiradas del hospital en la mayoría de los casos sin sus bebés”, puntualiza.

Para Riveros, la querella pidió 40 años de cárcel. Era comandante del Comando de Institutos Militares, institución a cargo de la Zona de Defensa IV y del control táctico-operacional del hospital. Se lo considera responsable de la sustracción, retención y ocultamiento de los hijos de Marta Alvares y Susana Stritzler, de los que no se sabe nada aún, y de Catalina De Sanctis Ovando, hija de Miryam Ovando, y Valeria Gutiérrez Acuña, hija de Liliana Acuña. En calidad de comandante segundo de Institutos Militares, para Bignone solicitaron 35 años de prisión, por la sustracción, retención y ocultamiento de los bebés de Stritzler, Mónica Masri y Valeria Beláustegui, de los que tampoco hay noticias.

La querella consideró que, en su rol de jefe del Servicio de Clínica del hospital, Martín “tenía pleno conocimiento” de lo que pasaba con las embarazadas detenidas y “aportó los recursos necesarios para que estos hechos se consumaran formando parte de la cadena de mandos y retransmisión de órdenes”. En cuanto a Blanco, jefe de Traumatología del hospital, “surge con claridad de la prueba reunida que intervino de propia mano en los crímenes que aquí se juzgan”: trasladaba a las mujeres hacia y desde el hospital a los infiernos en los que estaban encerradas. Daba órdenes al personal para que las atendieran: “Era el jefe de la maternidad clandestina” junto con Caserotto, fallecido. Para ambos, la querella pidió 30 años de cárcel; les atribuyen algunos casos de sustracción de chicos, pero también el encierro de las mujeres. Para Arroche, imputada en la sustracción de la identidad de Francisco Madariaga Quintela, el hijo de Silvia Quintela, nacido en el Hospital Militar, por haber falsificado el libro de partos de esa institución, la querella pidió 12 años.

Comienzan los alegatos en el proceso por nueve casos de apropiaciones de bebés

El juicio por la maternidad clandestina

La etapa de alegatos será inaugurada  por Abuelas de Plaza de Mayo. Los acusados por crímenes cometidos en el Hospital Militar de Campo de Mayo son los represores Riveros y Bignone, los médicos Norberto Bianco y Raúl Martín, y la obstetra Luisa Arroche.

 Por Ailín Bullentini

Abuelas de Plaza de Mayo inaugurará hoy la etapa de alegatos en el juicio a los médicos Norberto Bianco y Raúl Martín, a la obstetra Luisa Arroche y a los represores Santiago Riveros y Reynaldo Bignone por la apropiación de nueve bebés nacidos en la maternidad clandestina que funcionó en el Hospital Militar de Campo de Mayo.

El debate oral duró apenas dos meses y contó con el testimonio de una veintena de testigos, la incorporación por lectura de varias otras declaraciones ofrecidas en el juicio por el plan sistemático de apropiación de bebés y otras instancias judiciales. Casi todos los testigos que hablaron ante el Tribunal Oral Federal Nº 6 son o fueron empleados del Hospital Militar de ese gran predio del Ejército que es Campo de Mayo y en cuya área de Epidemiología funcionó, entre 1976 y 1978, una maternidad clandestina en la que parieron, por lo menos, 17 mujeres víctimas del terrorismo de Estado. Las historias de nueve de ellas integran el juicio que hoy ingresa en su etapa definitoria. Otros tantos casos aún esperan en el fuero de Instrucción a que la Justicia los mande a juicio oral. La querella de Abuelas y la Fiscalía, a cargo de Martín Niklison, Nuria Piñol y Viviana Sánchez, abrigaba la esperanza de que fueran incorporados al actual. Pero no ocurrió.

Marta Alvarez, Susana Stritzler, Mónica Masri, Valeria Beláustegui Herrera, María Eva Duarte, Myriam Ovando, Silvia Quintela Dallasta y Liliana Isabel Acuña estaban secuestradas en centros clandestinos que funcionaron en la órbita de Campo de Mayo. Estaban embarazadas. Según la elevación a juicio que enmarcó este debate oral, cuando estas mujeres entraron en trabajo de parto fueron trasladadas desde sus diferentes infiernos de cautiverio al Hospital Militar de Campo de Mayo. Allí fueron internadas en dos habitaciones del área de Epidemiología de esa institución, especialmente acondicionadas para la hospitalización de “guerrilleras subversivas”, hasta el momento del parto, que usualmente tenía lugar en el quirófano. A los pocos días, en algunos casos a las horas, esas mujeres eran regresadas a sus encierros clandestinos sin sus bebés, que fueron entregados a otras familias. Ninguna de ellas sobrevivió. Cinco de esos niños recuperaron su identidad, entre ellos Francisco Madariaga Quintela y Catalina de Sanctis Ovando.

Frente a la presidenta del TOF 6, María del Carmen Roqueta, y los jueces Julio Panello y Jorge Gettas, la querella de Abuelas de Plaza de Mayo será la primera parte acusadora en intentar tejer con el hilo de las pruebas documentales, testimoniales e históricas, esas nueve historias con las responsabilidades de los cinco acusados. Bignone y Riveros deben responder a las acusaciones por haber sido las autoridades máximas de la zona de defensa IV del Ejército nacional, que incluye en su jurisdicción la repartición militar de Campo de Mayo. Ambos ya fueron condenados a 25 y 20 años de cárcel, respectivamente, por apropiación de bebés en el juicio por el Plan Sistemático, llevado adelante por el mismo tribunal.

Martín y Bianco son sólo dos de los más de cinco médicos militares retirados que estuvieron involucrados en la investigación por el funcionamiento de la maternidad clandestina en Campo de Mayo y que por primera vez llegan a juicio por esos hechos. El resto se salvó de la Justicia por problemas de salud o por haber muerto.

Martín fue jefe del servicio de Clínica del Hospital Militar. Según la acusación de la querella, Martín era un “retransmisor” de información relativa a la presencia en el hospital de mujeres secuestradas clandestinamente, a sus partos y al destino de sus bebés.

Bianco fue jefe del Servicio de Traumatología de la institución. En sus respectivas elevaciones a juicio, la querella y la Fiscalía coincidieron en señalarlo como un “personaje clave” en el robo de bebés a detenidas ilegales cuyo destino era la desaparición.

Yolanda Arroche de Sala García fue obstetra de la institución y está acusada de haber firmado el certificado de nacimiento falso de uno de los bebés apropiados y quien ya recuperó su identidad, Francisco Madariaga Quintela.

domingo, 2 de noviembre de 2014

Mensaje de Chicha Mariani ; Acercate a tu familia"

“Querida Clara Anahí, es posible que la familia en la que te criaste te haya dicho muchas veces que sos ‘una chica abandonada’. Qué ironía ésta, porque sos todo lo contrario a una chica abandonada”, escribió la Abuela de Plaza de Mayo, María Isabel “Chicha” Mariani, en Facebook, en un texto dirigido a su nieta apropiada, a la que aún busca. Subió además distintas fotos para que se puedan observar similitudes físicas y la joven sepa que aún la están buscando.

“Tuviste una mamá que te protegió con su vida hasta el último segundo de aquel 24 de noviembre de 1976. Tu papá, sabiendo que lo perseguían, eligió quedarse en La Plata buscándote, hasta que lo asesinaron el 1º de agosto de 1977”, explica Mariani a su nieta en su página de la red social. Clara Anahí Mariani fue secuestrada cuando tenía tres meses de edad después de que un grupo militar de tareas asesinara a su madre. Hace 38 años que la abuela junto a la familia busca a la niña.

El mensaje de Mariani fue acompañado por seis fotos en las que la beba está con su familia. En una está en brazos de sus padres, en otra en brazos de sus abuelos y sus bisabuelos; además está la imagen del DNI que llegaron a sacar sus padres antes de que la patota militar asesinara a la madre, robara a la beba y, posteriormente, también asesinara al papá.

“Si tenés una pequeña duda de tu identidad, permitite hacerlo y acercate a tu verdadera familia, a tu abuela, a tus tíos, a tus primos, que desde hace 38 años te buscan sin descanso... porque te aman, porque te extrañan, porque necesitan encontrarte, conocerte, por eso necesitan que vuelvas!!”, escribió Chicha con la esperanza de que el mensaje pueda llegar a su nieta, utilizando todos los medios posibles para comunicar su búsqueda.




lunes, 20 de octubre de 2014

Conferencia de prensa de la Mesa Todos por el Banco Nacional de Datos Genéticos

Este miércoles 23 de octubre de 2014 a las 11 horas las organizaciones nucleadas en la Mesa Todos X el Banco Nacional de Datos Genéticos convocan a una conferencia de prensa en la puerta del edificio de Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Av. Córdoba 831) para anunciar la presentación de un recurso de impugnación contra el concurso público realizado el mes pasado para cubrir el cargo de Director del BNDG. 

La Dra. Mariana Herrera Piñero, primera en la orden de mérito de dicho concurso, fue cuestionada por ser inhábil moralmente para ejercer el cargo al ser presidenta y accionaria de dos laboratorios privados, haber obrado como perito oficial en causas de identificación de personas nacidas en cautiverio en dictadura lo que resulta incompatible, además de irregularidades tales como haber sido la redactora de la reglamentación del mismo concurso y poseer títulos de especialidad en genética otorgados por la Sociedad Argentina de Genética Forense, cuyo consejo directivo integra.

Por el derecho universal a la identidad ¡No al traslado y vaciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos!

Mesa Todos X el BNDG:

Elsa Pavón- Abuela de Plaza de Mayo
Mirta Baravalle- Abuela y Madre de Plaza de Mayo
Asociación Ex- Detenidos Desaparecidos (AEDD)
Asociación Profesionales en Lucha (APEL)
Agrupación por los Derechos Humanos ¿Quiénes Somos?
Colectivo Memoria Militante
Hijos La Plata

domingo, 12 de octubre de 2014

Nuevo reclamo por el inminente traslado del Banco de Datos Genéticos

El control de una institución emblemática El Gobierno convalidó el concurso para designar como nueva directora a una médica que es accionista de un laboratorio privado.

Protesta. Abuelas y una nieta, contra el desguace del BNDG /GERARDO DELL’ORO

 Organismos de derechos humamos lamentaron ayer que se haya dado “un nuevo paso en la privatización del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG)” tras la validación del Ministerio de Ciencia del concurso que ubicó en el primer lugar de postulantes para su presidencia de Mariana Herrera Piñero.

La mesa Todos por el Banco Nacional de Datos Genéticos, que integran la Asociación de ex detenidos-desaparecidos (AEDD), Asociación de Profesionales en Lucha, Colectivo Memoria Militante, HIJOS La Plata y la Agrupación por los Derechos Humanos “¿Quiénes somos?”, viene oponiéndose al desguace y traslado del BNDG ala órbita del Gobierno Nacional, más específicamente al Ministerio de Ciencia y Tecnología.

El BNDG fue creado en 1986, y funcionó desde entonces con autonomía en el Hospital Durand, que depende del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Con prestigio ganado alrededor del mundo, fue el encargado de identificar infinidad de restos de desaparecidos y hacer los análisis que permitieron la recuperación de 115 nietos por parte de las Abuelas de Plaza de Mayo. Hoy se sigue dedicando a ese resabio doloroso de la historia de los 70, pero la mayor parte de su tarea cotidiana tiene que ver con casos actuales en los que hay dudas sobre paternidad u otras vínculos familiares.

Pero en 2009, con el impulso del kirchnerismo, se sancionó la ley 26.548 para el desguace del BNDG y su conversión en una plataforma de un nuevo Instituto de Genómica Humano dentro del Ministerio de Ciencia Nacional. Además, restringió su competencia sólo a los casos de delitos lesa humanidad cometidos hasta 1983, dejando el resto de la tarea en manos de instituciones privadas que hasta ahora competían con el BNDG. De uno de esos laboratorios privados, Genda, es accionista Herrera Piñero, la primera precalificada en el concurso que ahora fue convalidado por el ministro Lino Barañao, a pesar de la impugnación de las ONG.

El traslado del BNDG a un nuevo edificio sobre la Avenida Córdoba sería inminente.

La última preocupación entre sus profesionales es la posibilidad de que sea intervenido el sistema informático, que atesora 253 muestras de otras tantas búsquedas de nietos probablemente desaparecidos en la dictadura que aún son buscados por sus familiares, para reemplazarlo por un nuevo de una empresa vinculada familiarmente a Herrera Piñero.

“La sanción de la ley 26.548 fue el primer paso en el desguace del BNDG para convertirlo en una plataforma asociada a capitales interesados en el negocio de la medicina genómica”, aseguraron las ONG en un comunicado difundido ayer, en el que agregaron que “la restricción de la competencia del BNDG ha convertido el derecho a la identidad en un negocio para un puñado de laboratorios privados”.

Las organizaciones que encabezan el reclamo se comprometieron a seguir luchando desde la mesa conjunta “impugnando el concurso por vía judicial”, batallando contra la privatización del BNDG y a favor del acceso universal al derecho a la identidad”.

jueves, 2 de octubre de 2014

Declaró una partera del Hospital Militar de Campo de Mayo

“Es una mochila muy pesada”

Nélida Valaris atendió al menos dos partos de mujeres que estaban secuestradas en Campo de Mayo. “Si me hubiesen dicho de qué se trataba, me hubiera escapado”, dijo al declarar como testigo.

 Por Ailín Bullentini

La de ayer fue su cuarta declaración ante la Justicia; la segunda frente a un tribunal oral. Como en las anteriores, la licenciada en Obstetricia “a punto de jubilarse” Nélida Valaris hizo la misma reflexión sobre su función como partera del Militar de Campo de Mayo (HMCM) durante la última dictadura: “la mochila pesada” que significa, para ella, el haber formado parte, sin saberlo, del plantel médico que trabajó en la maternidad clandestina de esa institución.

Corpulenta, pelo renegrido y atado hacia atrás, Valaris declaró durante poco menos de dos horas frente al Tribunal Oral Federal Nº 6 en el juicio que se les sigue a los represores Santiago Riveros y Reynaldo Bignone, a los médicos militares jubilados Eugenio Martín y Norberto Bianco y a la partera Luisa Arroche de Sala García por la apropiación de nueve bebés nacidos en el HMCM. De sus siete años de servicios prestados en el sector de Ginecología y Obstetricia de esa institución, Valaris conserva en su memoria algunos nombres –recuerda sin dudar al ex jefe del sector Jorge Caserotto, “personaje bastante siniestro”, y a Agatino Di Benedetto, quien fue uno de los directores del hospital; también al “traumatólogo” Norberto Bianco y a su colega Arroche– y varias experiencias que prefiere “no haber vivido nunca”.

“Si me hubiesen dicho de qué se trataba todo aquello hubiera escapado, me hubiera ido del país. Nunca imaginamos la desaparición de personas”, advirtió en plural, quizá invocando a algunos de sus compañeros de trabajo que, como ella, decidieron acudir al llamado de Raúl Alfonsín cuando, como presidente, invocó a quienes “supieran algo” sobre los horrores del terrorismo de Estado durante la dictadura todavía tibia, a que lo contaran. Valaris declaró sobre lo vivido en varias oportunidades. La primera vez fue ante la Conadep, lo que le valió amenazas explícitas de muerte de parte de Caserotto. “Me dijo que iba a ver crecer las margaritas desde abajo. Y yo le contesté que estaba tranquila porque no necesitaba un litro de vino para dormir”, recordó. Años más tarde aportó detalles en la instrucción de la causa que en la actualidad está en debate. Declaró en el juicio por el Plan Sistemático y recorrió, varios años después de su “retiro voluntario”, las instalaciones del hospital. Ayer, advirtió que aquella época es una “mochila muy pesada que, a medida que pasa el tiempo, profundiza más su pesar”. “Sobre todo los partos”, remarcó.
Los partos

Los dos sucedieron, cree, entre 1976 y 1977. Ambos, también, de día. El primero fue en la sala de partos del hospital: “Era una mujer llamativamente canosa. No me la puedo sacar de la cabeza: tenía los ojos vendados con gasa y estaba custodiada. Así parió, sin hacer ningún tipo de sonido, ni de queja, ni de dolor, de nada. En silencio”.

Para el segundo, “el más doloroso”, Valaris resistió su participación ante Caserotto. “Vino y me dijo que tenía que ir a asistir a una detenida en la cárcel de encausados de Campo de Mayo. Me negué, pero me obligó: dijo que era orden del director del hospital”, relató ante el TOF Nº 6. Más tarde, informó que De Benedetto negó ante la Justicia haber emitido aquella orden. No pudo negarse: con una enfermera y un médico traumatólogo fueron hacia esa dependencia. No recordó quién era el doctor; respecto de la enfermera, también dudó. “Me impresionó la cantidad de hombres de fajina que había. Nos llevaron a la enfermería, donde encontré a una chica joven, rubia, blanca, también vendada. Es una imagen muy fresca la que tengo de ella, aún no se ha borrado”, describió. La mujer estaba para dar a luz, “no había opción”. Le pidió que se atravesara en la cama, “a la vieja usanza”; la chica “colaboró”. Llorando, describió las condiciones: “Tengo el recuerdo presente de que hacía un frío espantoso”. Fue un varón. Lo apoyó en el vientre de la madre para tratar de contener la temperatura. Pero no mucho, porque la custodia se lo llevó apenas Valaris le cortó el cordón. Ella hizo algunos procedimientos más: extrajo la placenta, anestesió a la mujer, la suturó. Y se fue. “Me pareció una injusticia terrible que yo tuviera que pasar por esa situación. No estábamos preparados los civiles para esas cosas”, concluyó luego. No registró ninguna de las dos intervenciones. Tampoco nunca supo cómo se llamaban las pacientes, por qué estaban detenidas y en qué condiciones: “En el cambio de guardia nos referíamos a ellas como las detenidas, las sediciosas, las guerrilleras, porque eso circulaba, pero nunca supimos más. Siempre pensamos que eran detenidas de la cárcel de encausados, no sabíamos de centros clandestinos de detención”, remarcó.
El fondo

“He ido cuatro o cinco veces con Caserotto a la sala de Epidemiología, le decían ‘el fondo’”, contó. Su función, según su recuerdo, era controlar los embarazos de las mujeres que allí estaban internadas. Cuando participó de la recorrida por aquel lugar, en años de democracia y en el marco de investigaciones judiciales sobre los nacimientos clandestinos, notó que lo habían modificado. En su recuerdo, aún sabe caminar por el pasillo e ingresar a la primera habitación de la izquierda, en donde “estaban estas mujeres con los ojos vendados”, sobre una cama cuya cabecera estaba coronada por un ventanal “tapiado o cerrado”. Auscultaba los latidos de los bebés, les tomaba la presión y no mucho más: “Las mujeres parían y se iban y venían otras, no sabíamos su destino”, apuntó.

lunes, 29 de septiembre de 2014

Testimonio de Valeria Gutierrez Acuña, nacida en Campo de Mayo durante la dictadura

“Me costó mucho preguntar si era verdad”

Gutiérrez Acuña recién empezó a conocer su historia el año pasado, luego de enterarse de que era adoptada. En febrero pasado los resultados de ADN revelaron que sus padres fueron Liliana Isabel Acuña y Oscar Gutiérrez, que permanecen desaparecidos.

 Por Ailín Bullentini

“Fue todo ganancia para mí”, hizo su balance Valeria Gutiérrez Acuña diez minutos después de haber ofrecido su testimonio en el juicio que investiga su apropiación, entre la de otros nueve bebés nacidos en las inmediaciones del área militar de Campo de Mayo durante la última dictadura. En un primer momento, la reflexión apuntó al descubrimiento de su verdadera identidad, en febrero pasado. Pero de inmediato la hizo extensiva a la mañana de ayer, su primera declaración pública como la hija de Liliana Isabel Acuña y Oscar Gutiérrez, secuestrados en agosto de 1976 y, desde entonces, desaparecidos.

Con frases cortas y carentes casi por completo de valoración emocional, la joven mujer resumió en poco más de una hora, y por primera vez de manera pública, el giro que su vida comenzó a dar a mediados del año pasado y que completó en febrero último. Una nueva vuelta, sobre la que están en plena circulación, reserva para ella los vínculos con la “nueva familia”, tíos y primos paternos, la reconstrucción de la imagen propia a través de viejas fotografías y anécdotas eternas de los padres verdaderos y “buenos momentos”.

Sea como fuere, Valeria se deja traslucir tranquila y sencilla respecto de tantos “momentos contradictorios” por los que aún reconoció que traspasa. “Me sentí contenta con mi nueva identidad, pero fue doloroso enterarme de lo que ocurrió con mis padres”, evaluó ante el Tribunal Oral Federal N° 6 lo experimentado cuando supo “la verdad”. Con preguntas de este estilo, la querella de Abuelas de Plaza de Mayo –parte solicitante del testimonio de la joven– fue guiando el testimonio, que tuvo eje en la historia personal como nieta recuperada y no ofreció aportes sustanciales respecto de Liliana Isabel Acuña, la madre de la que fue separada al nacer y de cuyos restos no se sabe nada.

Valeria reconoció que, hasta mediados de 2013, nunca había dudado de su origen: su partida de nacimiento asegura, falsamente, que nació el 31 de diciembre de 1976 y que es hija biológica de Rita y Rubén Fernández, ella ama de casa, él policía bonaerense fallecido hace 27 años. El puntapié hacia la búsqueda lo dio su prima: “Un día me contó que mi hermano mayor era adoptado y que, cuando le preguntó a mi tía, ella le dijo que yo también lo era”. Dijo que la primera reacción fue la sorpresa, y luego el descrédito. Hasta que le preguntó a su apropiadora: “No me lo negó”, relató.

En noviembre se acercó a Abuelas de Plaza de Mayo. Desde allí, el puente con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) fue directo: en febrero pasado los resultados le revelaron que sus padres verdaderos son Liliana Isabel Acuña y Oscar Gutiérrez, y le quitaron la angustia que la acompañaba desde que su apropiadora le había revelado su verdad. “Me costó mucho preguntarle si era verdad lo que había dicho mi prima. Me habían criado con tanto amor... Cuando finalmente me animé, me dijo que no era hija suya y me contó que unos compañeros de mi papá de trabajo lo habían llamado para ofrecerle si no quería quedarse con una beba, ya que él había adoptado a un nene hacía poco –su hermano mayor, nueve meses más grande que ella–. Me dijo que esa gente me había encontrado abandonada en una ruta, que estaba muy flaquita, que era muy chiquita, que tenía diarrea. Y que ellos me aceptaron”, testimonió. Sus papás no la habían abandonado; sus papás estaban desaparecidos.

Según Valeria, Rita Fernández no supo el origen de esa beba “abandonada” a la que inscribieron ilegalmente como hija propia; tampoco quiénes ni qué fue de sus padres biológicos o de la fecha real de su nacimiento. Tal vez por eso, los únicos datos sobre ellos que Valeria pudo ofrecer cuando la Justicia le consultó fueron los pocos que su familia biológica fue otorgándole: “Sé que eran jóvenes, que eran militantes de Montoneros, que los llevaron de su casa –no recordó el domicilio–”, reseñó.
Los hermanos

Con apenas un poco más de detalle, esos datos fueron ratificados por los tíos paternos de Valeria: José y Ernesto Gutiérrez. Isa y Oscarcito se conocieron algunos años antes de que los cazara el terrorismo de Estado y para aquel día, la familia sabía que iban a ser padres. “El 26 de agosto me llamó mi mamá y me contó. ‘Se llevaron a Oscarcito, se llevaron a Oscarcito’, me gritaba. Me aconsejaron que no fuera por allá”, recordó José. Por el relato de los vecinos de la casa ubicada en Rincón y Avenida de Mayo, en San Justo, la familia se enteró de que esa madrugada unas 12 personas vestidas de civil “y con armas largas a la vista” los habían llevado en autos. Después se enteraría de que en ese momento también secuestraron a la hermana de Acuña, y a su pareja. Los cuatro permanecen desaparecidos.

Los Gutiérrez no eran peronistas, “más bien todo lo contrario”, pero el hijo mayor salió para ese lado. “Sabíamos, pero así, por arriba, que militaba en la Juventud Peronista y que integraba la facción oeste de Montoneros”, contó José. El relato de los hermanos, ayer, coincidió en la búsqueda “incansable” del matrimonio, no sólo por el hijo, sino también por el nieto y la nuera. “Mi papá anotó cada cosa que hizo, por día, por hora, en un cuaderno”, reveló José. Esas anotaciones forman parte de la causa, como prueba.

Allí, por ejemplo, están eternizados los diálogos que José Gutiérrez padre mantuvo con un policía de la Comisaría Cuarta de San Isidro o Las Barrancas, según se lo analice como institución legal o centro clandestino de detención. El hombre fue quien acercó un mensaje de 14 detenidos clandestinos allí encerrados a sus familiares: “Señor, le pedimos por favor avisar a nuestros familiares que estamos con vida”, comenzaba el texto escrito en un pequeño papel con los 14 nombres. Entre ellos, figuraban los de Oscar e Isabel, con mención a su embarazo, y los de Eva, su hermana, y esposo. Gutiérrez padre también registró en ese cuaderno la escueta respuesta que recibió de Jorge Rafael Videla, que en 1977 lo recibió en una reunión privada en Santa Cruz de la Sierra: “Lamentablemente, doctor Gutiérrez –el hombre fue cirujano–, ni usted ni yo vamos a saber nunca el destino de sus hijos”, apuntó el hombre. Para José, su padre entendió el mensaje: “Videla sabía, todos ellos sabían que las familias nunca íbamos a encontrar a nuestros desaparecidos”.

Del nacimiento del hijo de Oscar e Isabel la familia no tiene datos: “No sabemos realmente en dónde ni cuándo pudo haber nacido”, remarcó José frente al tribunal. Sin ir más lejos, reconoció que durante un tiempo “había perdido las esperanzas”. Por eso, la emoción se le cruzó en medio del relato y lo obligó al silencio, que rompió pocos segundos después: “En febrero, cuando me llamó Estela y me contó que Valeria nos había encontrado, que habían encontrado a la nieta 110, lloré tres días seguidos. Es una hermosa mujer, es mi hermano”.

domingo, 21 de septiembre de 2014

La madre de Astiz está procesada por la apropiación de un menor

De tal astilla, tal palo
La Justicia de Mar del Plata elevó a juicio oral el expediente en el que está acusada María Elena Vázquez por retener a un menor, alterar su estado civil y entregarlo a una pareja. Aunque no se descarta, por ahora no se pudo determinar que sea hijo de desaparecidos.

 Por Alejandra Dandan

María Elena Vázquez es la madre del marino Alfredo Astiz, el Angel Rubio de la Escuela de Mecánica de la Armada. Estuvo casada con Alfredo Bernardo Astiz, también marino y ahora fallecido. A ella le decían Chichita. Vivieron en Mar del Plata entre las familias católicas. Los dos aparecen en una fotografía de 1978 que ahora está en manos de la Justicia. Es una foto tomada en las escalinatas de la parroquia de la Santísima Virgen de Mar del Plata, durante la celebración de un bautismo. Ellos están a la derecha de la imagen. No tienen lazos de sangre con ninguno de los integrantes de la familia que compone la foto. La familia sostiene a un niño, de un año de edad: el niño lleva como segundo nombre Alfredo.

La foto es una prueba clave en un expediente que acaba de ser elevado a juicio oral en Mar del Plata. El fiscal federal Pablo Larriera imputó a la madre de Alfredo Astiz por el delito de retención y ocultamiento de un menor de diez años; también por el de alterar el estado civil y el de falsedad ideológica. También imputó por esos mismos delitos a las personas que en la foto aparecen como supuestos padres del niño. Estos delitos son los mismos que suelen ser invocados en los casos de apropiación de hijos de desaparecidos, pero en este caso, y hasta ahora, la Justicia no pudo probar esa relación: los cruces de muestras con las familias de desaparecidos que constan en el Banco Nacional de Datos Genéticos dieron negativo. Aunque no descartan que eso pueda cambiar en el futuro, los investigadores tampoco descartan que el caso se encuadre en tráfico de niños, parte de la trama habitual sobreimpresa en muchos de aquellos casos del terrorismo de Estado.

El caso, por estos hechos, tiene aspectos jurídicamente novedosos no sólo por la combinación de nombres y de tramas. Sino también porque la persecución penal no está prescripta y todavía es posible porque la ley considera que el delito continúa vigente hasta que se lo hace “cesar”. Eso ocurrió en 2010, cuando el joven supo que no era hijo biológico de quienes hasta ese momento aparecían como sus padres.

“El matrimonio Capelli-Orellano crió a dicha criatura como hijo biológico y mantuvo oculto el verdadero origen hasta el conocimiento que, a partir de la presente causa, se tuvo sobre ello al obtenerse en el mes de agosto de 2010 el resultado del cotejo de ADN con las muestras hemáticas obtenidas”, dice la resolución y agrega: “Como se expresó al comienzo de este dictamen, se desconoce a la fecha la verdadera identidad de esta persona, no pudiendo descartarse atento las diversas pautas detectadas en el sumario que el mismo pueda resultar hijo biológico de personas desaparecidas”.

Los imputados son tres. Además de la madre de Astiz, está acusado el matrimonio compuesto por Carmen Angela Orellano y Mario Guido Capelli. La pareja es muy humilde. Aparentemente no podía tener hijos. Capelli había hecho trabajos de albañilería para los Astiz. Orellano hacía trabajos de limpieza. Ambos vivían como caseros en una casa de la calle Aristóbulo del Valle, en Mar del Plata.

Según los datos probados por la fiscalía, entre 1976 y 1977 María Elena Vázquez les ofreció un bebé que supuestamente era de una empleada doméstica de su casa, que no lo quería. Vázquez llevó adelante la gestión por sí misma, según dijeron los Capelli-Orellano en la causa. Y los vio al menos dos veces para concretar y coordinar la entrega del niño. La primera vez les dijo que el embarazo llevaba cinco meses y se comprometió a avisarles un mes antes del parto. Cuando llegó ese momento, volvió a verlos, esta vez en la vereda de la calle Aristóbulo del Valle. Les dijo que el niño estaba por nacer, que la madre seguía con intención de entregarlo y les pidió sus datos personales para el certificado de nacimiento.

“El 9 de marzo de 1977 los llamó por teléfono la partera llamada Armonía Rosenthal, encargada además de hacer el certificado de nacimiento. Llamó a la casa del tío de Capelli, un hombre llamado Pedro Trinarolo. Les dijo que el niño ya había nacido. Así, Orellano concurrió a una casa ubicada en la calle Balcarce 3966, eran alrededor de las nueve de la mañana. Ella estaba con una prima, Clelia Maria Trinarolli. En la casa las recibió una joven. Le preguntó si era ella, la hizo pasar y le dijo que esperara a la partera. Unos diez minutos después –dice la resolución– apareció la partera, una señora de mediana estatura, con un delantal de mucama atado atrás, de unos cuarenta años, de pelo negro y tez mate, quien tenía aspecto de ama de llaves, y les entregó el bebé y un papel con anotaciones donde estaba la fecha y hora de nacimiento, que había sido la noche anterior. La constancia tenía un sello y figuraban como padres Orellano y su esposo. Le solicitó los datos de su esposo, ya que los suyos ya estaban incorporados y le dijo que lo inscribiera a su nombre.”

El 14 o 15 de marzo de 1977, Capelli fue al Registro de las Personas de Mar del Plata. Presentó el supuesto certificado de nacimiento ante una persona de esa dependencia. El niño quedó inscripto con los datos falsos: que nació el 9 de marzo de 1977 en la calle Balcarce 3966, que el parto fue constatado por la partera Armonía B. de Rosenthal y que los padres biológicos eran Carmen Angela Orellano y Mario Guido Capelli.

Durante años, la madre de Astiz negó todo vínculo con este caso. Siempre dijo que no conocía a esta pareja. Los Orellano-Capelli para defenderse siempre dijeron que ella se los había propuesto. Y consiguieron la foto. Por eso, hoy la foto es una prueba valiosa de la causa porque a partir de ese momento la madre de Astiz no pudo negar el vínculo con ellos.

El caso empezó a ser investigado en 2006, a partir de una denuncia que recibió Abuelas de Plaza de Mayo de Mar del Plata. La denuncia la presentó Mónica Roldán, hermana Omar Tristán Roldán, secuestrado en septiembre de 1976 con su pareja Delia Elena Garaguso, que estaba embarazada de tres meses. En la denuncia, Mónica pidió que investiguen el origen del niño y a los padres de Astiz.

martes, 16 de septiembre de 2014

Dos médicos y una obstetra en el banquillo

Por Ailín Bullentini

Valeria Beláustegui Herrera llevaba apenas dos meses de embarazo cuando fue secuestrada por personal militar en mayo de 1977. La panza de Liliana Isabel Acuña era un poco más grande cuando corrió la misma mala suerte, en agosto de 1976. Tenía 24 años, cinco más que Miryam Ovando, también embarazada. El destino de todas ellas comparte, junto con el de otras seis, dos elementos fundamentales que las convierten en eje del juicio por delitos de lesa humanidad que hoy comienza bajo la dirección del Tribunal Oral Federal Nº 6 de la ciudad de Buenos Aires: víctimas del terrorismo de Estado de los ’70, parieron en cautiverio, la inmensa mayoría en la maternidad clandestina que funcionó en el Hospital Militar de Campo de Mayo, a sus hijos. El debate oral, que continúa a aquel que condenó por el plan sistemático de robo de bebés a represores que integraron las cúpulas militares de la última dictadura, analizará por primera vez la responsabilidad de médicos militares que actuaron en ese hospital en la sustracción de esos bebés y la supresión de su verdadera identidad. La querella la impulsó Abuelas de Plaza de Mayo y la Fiscalía la representará Martín Niklison.

Entre 1976 y 1980, Norberto Bianco y Raúl Martín se desempeñaron como jefes de los servicios de Clínica y Traumatología del Hospital Militar que aún funciona en Campo de Mayo. Entonces, Luisa Arroche de Sala García fue obstetra de esa institución. Su presencia entre los acusados vuelve a este juicio fundante: es la primera vez, en 38 años, que la Justicia enjuicia a profesionales de la salud castrense que actuaron en Campo de Mayo, quienes, a pesar de existir indicios suficientes de su responsabilidad, quedaron fuera de la causa que derivó en las sentencias por el Plan Sistemático de Robo de Bebés.
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Martín, Arroche y Bianco, quien fue condenado hace varios años por la apropiación del hijo de Norma Tato y Jorge Casariego –la sustracción también integra los casos a evaluar en este debate– y recién en 2001 fue extraditado de Paraguay, donde vivía prófugo, son los únicos profesionales de la salud castrenses que acompañan a los represores Santiago Omar Riveros y Reynaldo Bignone entre los imputados en la causa. El resto de los médicos militares que sonaron fuerte durante la instrucción de la causa, como Ramón Capecce, Jorge Habib Haddad o Julio César Caserotto, quedaron fuera de juicio por cuestiones de salud o de muerte.

domingo, 14 de septiembre de 2014

Dos médicos y una obstetra serán juzgados por su relación con la apropiación de niños en la dictadura

Los doctores de los campos clandestinos

Los médicos Norberto Bianco y Raúl Martín y la obstetra Luisa Arroche serán juzgados por la apropiación de niños durante la dictadura. Se desempeñaban en la maternidad clandestina que funcionaba en Campo de Mayo.

 Por Ailín Bullentini

Por primera vez serán juzgados profesionales de la salud que participaron en partos clandestinos de concentración donde dieron a luz hijos de prisioneras que permanecen desaparecidas. Los médicos están acusados por su participación en la apropiación de los bebés de las prisioneras. Como antecedente a este juicio, en uno de los fallos judiciales por delitos de lesa humanidad más trascendentes, el Tribunal Oral Federal Nº 6 había determinado que el robo de bebés paridos por mujeres secuestradas en centros clandestinos de detención fue una práctica sistemática y generalizada del terrorismo de Estado desatado durante la última dictadura cívico-militar. Por esos crímenes, los integrantes de la cúpula militar que gobernó al país aquellos años fue severamente condenada. Dos años después, y bajo la misma mecánica, el mismo tribunal comenzará a juzgar este miércoles a integrantes del personal médico militar vinculados con la apropiación de bebés nacidos en la maternidad clandestina que funcionó en Campo de Mayo y cuyas responsabilidades no fueron analizadas en aquel mítico juicio. Cada uno en el caso que corresponda, los acusados, los médicos Norberto Bianco y Raúl Martín, y la obstetra Luisa Arroche y los represores que tuvieron a su cargo la zona, Santiago Riveros y Reynaldo Bignone, deberán responder por el robo de nueve bebés –cinco de los cuales lograron recuperar su verdadera identidad–, según el requerimiento de elevación a juicio de Abuelas de Plaza de Mayo. Las historias de los nietos recuperados Francisco Madariaga Quintela y Catalina de Sanctis Ovando serán algunas de las tratadas a lo largo del debate.

Pasaron dos años de aquel primer y emblemático acto de justicia y casi una década desde que Abuelas de Plaza de Mayo le pidió al Poder Judicial que, sin perder de vista a “los Videla, los Massera, los Riveros y Bignone”, investigara a las segundas y terceras líneas de las Fuerzas Armadas que participaron en el proceso de robo y entrega de bebés que varias mujeres parieron en el Hospital Militar de Campo de Mayo durante su cautiverio clandestino. El funcionamiento de esa “maternidad clandestina”, como la parte de la sociedad que se preocupó por que la Justicia analizara los horrores de aquellos años, rebautizó a esa institución sanitaria que aún respira recostada sobre la avenida Pablo Ricchieri de la guarnición militar de Campo de Mayo, fue ventilado en el juicio por el plan sistemático, con lo cual, muchos testimonios desplegados entonces serán incorporados en este debate vía reproducción audiovisual. Algunas otras versiones de los hechos ofrecidas durante la intrucción también serán sumadas sin necesidad de ser reiteradas frente a los jueces María del Carmen Roqueta, Julio Luis Panelo y Jorge Humberto Gettas. En los pasillos de Comodoro Py apuestan a que la sentencia llegue antes de fin de año.
El juicio a los médicos

Riveros y Bignone fueron condenados a en el juicio por el Plan Sistemático. A Bignone, no obstante, se lo juzgó como miembro de la última junta de comandantes que dirigió la última dictadura cívico-militar. Recibió 15 años de cárcel, condena que fue incrementada a 25 por la Cámara de Casación. Riveros, condenado a 20 años, fue responsabilizado como jerarca del Comando de Institutos Militares que tenían, bajo su órbita, a Campo de Mayo. Sin embargo, el marco de acusaciones que decantó en ese debate oral no tuvo siquiera desde su etapa de instrucción en cuenta a los médicos militares que integraron el organigrama delictivo. Los médicos que dirigían el Hospital Militar de Campo de Mayo y especialmente quienes tenían a su cargo el área obtétrica de esa institución “habían quedado afuera del ojo de la Justicia”, determinó Alan Iud, que representará junto a Pablo Lachener a la querella de Abuelas de Plaza de Mayo en el debate oral que arrancará el miércoles.

Como la causa por el Plan Sistemático ya estaba elevada a juicio oral, Abuelas decidió impulsar la investigación en el mismo expediente que investigaba los crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo, que recorría, entonces, instancias preliminares. Año 2006. Justicia del distrito de San Martín. Varios años después, la Cámara local decidió que esa investigación debía entenderse como una continuidad de la causa mayor y, como aquélla, tramitarse en la Justicia federal. Ocho años después de aquel primer paso, la causa llegó a su juicio oral, que en un primer momento tuvo como fecha de inicio en julio, pero fue pospuesto por las recusaciones que las defensas de los imputados presentaron contra la presidenta del tribunal y su coequipier, Panelo, y que no prosperaron.
Los casos

En el Pabellón de Epidemiología del Hospital Militar de Campo de Mayo existieron, entre fines de 1976 y fines de 1978, dos habitaciones “especiales”: ventanas enrejadas, cerrojos en las puertas, sin luz. Por esas habitaciones pasaron, por lo menos, 17 jóvenes embarazadas cautivas de la cacería del terrorismo de Estado que desató su furia en el país entre 1976 y 1983. Hasta allí eran trasladadas, en autos particulares, tabicadas, esposadas, desde diferentes centros clandestinos de detención que funcionaron en la órbita de Campo de Mayo, cuando se acercaba su fecha de parto. Los alumbramientos sucedían, la mayoría de las veces inducidos y por cesárea, en el quirófano del hospital. Luego, las mujeres eran despojadas de sus bebés, a los que le perdían el rastro, y depositadas nuevamente en las habitaciones privadas de Epidemiología hasta su alta. El destino siguiente era de nuevo el centro clandestino. Y, desde allí, la desaparición. La muerte.

Detalles más, detalles menos, así fueron los últimos días de Marta Alvarez, Susana Stritzler, Mónica Masri, Valeria Beláustegui Herrera, María Eva Duarte, Myriam Ovando, Silvia Quintela Dallasta, Norma Tato y Liliana Isabel Acuña, cuyas historias serán el eje del debate oral que comenzará esta semana y quienes permanecen desaparecidas. Existen otros ocho casos similares cuyas causas aún no fueron elevadas a juicio oral, paso burocrático que la querella de Abuelas espera que suceda en el transcurso de estos meses. Dependerá del TOF 6 que puedan ser, luego de esa elevación, incorporados al debate.

Detalles más, detalles menos, fueron los primeros días de, por lo menos, Francisco Madariaga Quintela, Catalina de Sanctis Ovando, Belén Altamiranda Taranto, Pablo Casariego Tato y Valeria Acuña Gutiérrez: hijos de algunas de aquellas víctimas y recuperados, a lo largo de los años siguientes y con la fuerza de la búsqueda incansable de Abuelas de Plaza de Mayo. La mayoría de las historias de estos nietos recuperados fueron ventiladas en el juicio por el Plan Sistemático, como el caso de Madariaga, Casariego Tato o Altamiranda Taranto, o en debates orales individuales contra apropiadores o entregadores, como lo tuvo de Sanctis Ovando.
Los acusados

En sus primeros años, el expediente que indagó lo sucedido en la maternidad clandestina que funcionó en el Hospital Militar de Campo de Mayo contaba con una decena de imputados. Más de la mitad no ocupará el banquillo de los acusados: algunos fallecieron, otros fueron salvados por “cuestiones de salud”.

Por ser las autoridades máximas de la zona de defensa IV del Ejército nacional, que incluye en su jurisdicción la repartición militar de Campo de Mayo, Riveros y Bignone volverán a ocupar el banquillo de los acusados en este juicio. Son los únicos dos imputados a los que el funcionamiento vertical de la jerarquía militar no los deja despegarse de los delitos a exponer en el debate oral que comenzará el miércoles. En esa misma línea de responsabilidades la querella de Abuelas ubicaba a Antonio Bussi, quien falleció en noviembre de 2011.

De los médicos militares retirados que aportarían su responsabilidad en este debate, só´lo dos finalmente llegaron a juicio. Raúl Martín y Norberto Bianco. Martín fue jefe del servicio de Clínica del Hospital Militar en el que parieron más de una quincena de mujeres, en su mayoría jóvenes, secuestradas clandestinamente por el terrorismo de Estado y en donde les arrebataron a sus hijos. Según la acusación de la querella, Martín era un “retransmisor” de información relativa a la presencia de esas mujeres en el hospital, a sus partos y al destino de sus bebés. Bianco fue jefe del Servicio de Traumatología de la institución. La querella y la Fiscalía, a cargo de Martín Niklison, coinciden en señalarlo como un “personaje clave” en la asociación que los unificó junto a otros profesionales militares cuyo objetivo fue despojar de sus niños a detenidas ilegales cuyo destino era la desaparición. Yolanda Arroche de Sala García fue obstetra de la institución y está acusada de haber firmado el certificado de nacimiento falso de uno de los bebés apropiados y quien ya recuperó su identidad, Francisco Madariaga Quintela. El milico médico Julio Caserotto, quien tenía a su cargo el servicio de Obstetricia del hospital, falleció. Jorge Habib Haddad fue subdirector del centro de salud de la fuerza, mientras que Ramón Capecce era jefe de Cirugía. Ambos fueron declarados “incapaces de defenderse” por deficiencias en su estado psíquico. Los tres se salvaron de la Justicia.

sábado, 23 de agosto de 2014

La abuela Licha

La primera presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo murió en 2008. No pudo abrazar a su nieta Ana Libertad. En esta nota, publicada el 26 de mayo de 2006, Página/12 contó la conmovedora historia de su búsqueda.

 Por Victoria Ginzberg

En el sillón de pana verde que todavía está en el comedor de su casa comenzó a gestarse en 1977 la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo. Fue una mañana en que Chicha Mariani, otra señora de La Plata que estaba tratando de dar con Clara Anahí, secuestrada cuando tenía tres meses, le tocó el timbre. Alicia Zubasnabar de De la Cuadra –Licha para casi todo el mundo– le contó su historia y la de otras mujeres que se reunían en La Plata o en Buenos Aires, en la Plaza de Mayo. Al poco tiempo, las que buscaban a sus nietos secuestrados o que debían haber nacido en cautiverio sumaban doce, entre ellas estaba Estela Carlotto.

Licha fue la primera presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Nació en Sauce, un pueblo correntino. Y allí se casó con Roberto Luis De la Cuadra. La pareja decidió mudarse a La Plata para educar a sus cinco hijos: Estela, Soledad, Luis Eduardo, Roberto José y Elena. La década del ’70 encontró a los jóvenes De la Cuadra comprometidos con la militancia política, social y sindical. Y como muchas familias platenses, los De la Cuadra fueron atravesados por el terror de la dictadura.

Licha sintió que el espanto se apoderaba de su cuerpo el 2 de septiembre de 1976, cuando un grupo de hombres, algunos con la cara tapada con medias, otros con ropa de fajina y armas, irrumpió en su departamento para buscar a Roberto José, que en ese entonces trabajaba como obrero en YPF. “Yo a ese muchacho no lo conozco”, dijo Licha en la puerta, cuando la patota estaba a punto de subirla a un auto y se encontró con Roberto José, que llegaba a la casa paterna. La frase de la madre no convenció a los represores, que empujaron a la mujer al ascensor a punta de pistola y se llevaron al hijo.

La desaparición de Roberto José movilizó a la familia De la Cuadra y las gestiones se incrementaron con el secuestro de Elena y su marido, Héctor Baratti, en febrero de 1977, y de Gustavo Freire, esposo de Estela, en diciembre de 1977.

Elena estaba embarazada de cinco meses cuando desapareció. En julio, Licha recibió una llamada telefónica que le anunció que su hija había tenido una niña y que le había puesto Ana Libertad. Sobrevivientes del centro clandestino que funcionó en la comisaría quinta de La Plata le fueron aportando detalles, como la discusión de Héctor con el cura Christian von Wernich, quien se negaba a entregar a la niña a sus abuelos porque “la iban a criar igual que a sus hijos”.

Sin imaginar que la Iglesia estaba aún dentro de los campos de concentración, Licha recurrió a distintas autoridades eclesiásticas hasta que terminó en el despacho de monseñor Emilio Graselli. “Usted no me dijo que Elenita estaba embarazada”, le dijo el cura en el segundo encuentro, demostrando que manejaba buena información. Graselli sabía que Elena estaba “en alguna comisaría”, pero no quiso aportar detalles. “Si se lo digo va a ser para peor, porque usted va a empezar a rondar y le va a ir peor a ella”, fueron sus palabras.

La búsqueda constante de Ana Libertad no hizo que Licha dejara de hacer gestiones por sus hijos y yernos. Su nombre figura en el escrito con el que la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata pidió que se iniciaran las audiencias del Juicio de la Verdad en esa ciudad. Y durante años estuvo cada miércoles en la sala de audiencias, mirando con sus ojos claros a los testigos o acusados, entre ellos a Von Wernich. El año pasado cumplió noventa años y fue declarada Ciudadana Ilustre de Corrientes. Las Abuelas la homenajearon con el título de Presidenta Honoraria.

Durante muchos años, Licha pensó que sabía quién podía ser su nieta. Inició una causa judicial que sufrió innumerables trabas, hasta que, hace unos meses, logró que la joven en cuestión se hiciera un estudio de ADN. Todavía no tiene el resultado y ahora no está convencida de que esa chica sea Ana Libertad, pero sabe que, de cualquier forma, si no es su nieta, hay grandes posibilidades que sea la nieta de alguna de sus compañeras. Licha es una de las tantas mujeres que esperan. Pero no se quedó sentada en el sillón de pana verde. Pelea y, a pesar del tiempo, no se cansa de exigir respuestas: ¿dónde está su nieta?, ¿dónde están sus hijos, sus yernos? Cuando estas preguntas se contesten, Licha será noticia. Pero Licha –como todas las Abuelas– espera todos los días. Todos los días busca.

miércoles, 20 de agosto de 2014

Victoria Moyano: “Cada nieto que se recupera es un hermano nuestro que aparece”

Recuperó su identidad y decidió seguir la senda que sus padres no pudieron continuar

Victoria Moyano: “Cada nieto que se recupera es un hermano nuestro que aparece”
La aparición de Guido Montoya Carlotto, nieto de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, fue una noticia que se difundió por todo el planeta e impactó profundamente en los argentinos. Quizás sea el hito más significativo de los últimos años para las Abuelas, que desde hace décadas luchan por la restitución de sus nietos, apropiados durante la última dictadura militar. Guido (Ignacio Hurban, su nombre de crianza) es el nieto número 114 que recupera su identidad en una búsqueda que lleva más de 35 años.

El Intransigente entrevistó a Victoria Moyano, una de las nietas primeras nietas recuperadas. Su historia tiene algunas variantes respecto de la de Guido. A diferencia de él, Victoria pudo recuperar su identidad cuando tenía sólo nueve años y forjó su personalidad en base a la militancia social por la que, considera, sus padres dieron la vida. Hoy, a los treinta y cinco años, participa activamente en organismos de Derechos Humanos y acompaña la lucha de trabajadores en conflicto.

A diferencia de otros miembros de los organismos, nunca se ha sentido tentada por cómodos despachos en la administración pública, ni ha cedido a las mieles del oficialismo. Por el contrario, suele ser vista en las calles, participando de marchas y actos por los Derechos Humanos de ayer y de hoy. Su compromiso con el presente incluso la ha llevado a ser detenida de manera violenta, pero nada de ello parece minar sus convicciones. "Las libertades democráticas no son sólo lo que implica el juicio y castigo al genocidio. Desde ya, seguimos defendiendo ese proceso y luchamos a diario para que los genocidas vayan a la cárcel. Pero nosotros también creemos que tenemos que defender todas aquellas libertades que hacen a la vida cotidiana, y que están siendo vulneradas”, sostiene.

El Intransigente: ¿Cómo te toca a vos la historia de la recuperación de Guido Montoya Carlotto, el nieto de Estela?

Victoria Moyano: La aparición de Guido Carlotto significa para todos una alegría enorme. Cada vez que se recupera un nieto es como recuperar a un hermano nuestro. Hoy, nuestro hermano tiene 35 años, con una identidad fraguada, pero emprenderá un nuevo camino sabiendo su verdad”.

A diferencia de Guido, Victoria sí fue criada por su apropiador. Nació en el Pozo de Banfield y, desde antes del parto, su mamá, María Asunción Artigas Milo, era vigilada porque la bebé tenía un destino prefijado. Fue robada por un comisario, Oscar Penna, para entregársela a su hermano, Víctor, y su cuñada, María Elena Mauriño, que la inscribieron como su hija biológica. Víctor falleció un año después y Oscar, el apropiador, se hizo cargo de la familia. Victoria creció con la idea de que era adoptada y esa fue la clave para su restitución.

Su maestra de primer grado, sabiendo que ella era adoptada, fotocopió los papeles de su inscripción a la escuela, donde figuraba como hija biológica de los Penna. Sabía que su tío era comisario. Fue ella quien denunció el caso a Abuelas de Plaza de Mayo y se constituyó, más tarde, en uno de sus sostenes emocionales para comprender lo que estaba pasando.

Cuando tenía nueve años, personal del Juzgado se presentó en su casa y le habló de una familia que quería saber quién era ella. Su tío comisario ya se había fugado y el 30 de diciembre  de 1987  Victoria comenzaba el camino hacia la restitución de su identidad. Conoció a su familia biológica y a sus abuelas, a todas ellas, a las de Plaza de Mayo. Vio fotos de sus padres, conoció sus historias y empezó a entender la causa por la que habían dado la vida. Decidió no abandonar la senda que ellos habían comenzado a andar. El proceso, asegura, no fue sencillo, pero la búsqueda de la verdad es un camino que no tiene retorno.

El Intransigente: La vicepresidenta de Abuelas, Rosa Roisinblit, dijo recientemente que una cosa es recuperar un nieto, pero otra distinta es conquistar su amor. ¿Cómo fue tu experiencia en este camino de reconquistarte con tu familia de sangre?

Victoria Moyano: "Para mí fue muy importante poder conocer mi historia. Yo pude acceder a mis nueve años a mi familia. Creo que hay una etapa de conocimiento mutuo, de aceptación que tus padres fueron desaparecidos, secuestrados y asesinados por las fuerzas represivas que llevaron adelante el genocidio en la Argentina. Entonces, desde ese punto de vista, primero hay que aceptar que uno tiene esa historia. Después, tener la predisposición de escuchar y tratar de establecer lazos con tu familia biológica, teniendo en cuenta que no compartiste tu vida con ellos, producto de una apropiación, no porque esa familia no te haya estado buscando. La historia de Guido, como la de los otros nietos, forma parte de familias que durante años los han estado buscando. Entonces, desde ese punto de vista, creo que ese amor que se expresa sirve mucho para que podamos conquistar una relación con nuestras familias y tratar de acercarnos también a nuestros padres. Cuando yo recuperé mi identidad no recuperé sólo mi nombre. En mi caso, siento que recuperé la historia de lucha de mis padres, por lo que ellos dieron su vida, la lucha que ellos amaban. También tuve la recuperación de esa lucha, que es muy importante para mí. Creo que en estos momentos hay un proceso muy importante de los nietos que es recuperar a los padres biológicamente, pero también su militancia.

El Intransigente: Estela de Carlotto pidió que se respetara a la familia que crió a Guido durante todos estos años. ¿Ves un trato diferente de parte de la prensa y de sectores políticos en este caso en particular?

Victoria Moyano: No conozco realmente cómo Guido llegó a los brazos de la familia que lo crió. En general, si hubo una apropiación, significa que no existió una adopción legal. Por lo tanto, hay una conducta criminal. La Justicia penal interviene inmediatamente, se los procesa y se los condena. Yo no sé cómo fue el caso. Por eso, no puedo opinar acerca de lo que dice Estela, que se trata de una buena familia. Sólo puedo decir que cuando hubo apropiación, los apropiadores han cometido un delito.

Su activa militancia la llevó a apoyar los reclamos de los trabajadores despedidos de la empresa Lear. Victoria nunca escondió su militancia por los derechos de los trabajadores y llevó con orgullo las banderas de sus padres. Por ello, días atrás fue detenida en un escandaloso operativo de Gendarmería, junto a dos militantes por los Derechos Humanos y un legislador electo. La indignación se esparció por todo el país y fue liberada horas más tarde.

El Intransigente: Hoy la vida te encuentra militando activamente con los trabajadores de Lear. ¿Trabajás en la empresa o militás con ellos?

Victoria Moyano: No trabajo en la empresa, yo me acerco de manera solidaria como parte de los organismos de Derechos Humanos que venimos acompañando a los trabajadores de Lear. Lo hacemos con distintas luchas desde hace años. Entiendo que los trabajadores de LEAR se encuentran en una situación donde se le ha limitado todo tipo de goce de libertad democrática, desde la libertad sindical hasta la de trabajar. Se ha incumplido una docena de fallos judiciales que sostienen que esos despidos son ilegales. Por esa razón, junto a otros organismos de Derechos Humanos, acompañamos la lucha de los trabajadores, como parte de la lucha por las libertades democráticas de este país. No lo vemos como algo escindido. Las libertades democráticas no son sólo lo que implica el juicio y castigo al genocidio. Desde ya, lo seguimos defendiendo y luchamos a diario para que los genocidas vayan a la cárcel. Nosotros también creemos que tenemos que defender todas aquellas libertades que hacen a la vida cotidiana que están siendo vulneradas”.

El Intransigente: Hay, en cambio, otros nietos que han optado por otro tipo de militancia, que hoy son diputados u ocupan cargos en ministerios nacionales. ¿Vos crees que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner cooptaron esa lucha militante?

Victoria Moyano: Lo que pasó con el gobierno de los Kirchner fue que, cuando Néstor tuvo que legitimar ese 22% de votos que obtuvo en las elecciones nacionales, tomaron las banderas de algo muy sentido: la lucha por los Derechos Humanos en este país. En ese sentido, muchos de los organismos de Derechos Humanos se han acercado políticamente y han defendido toda la gestión kirchnerista. Creo que, por principios, los organismos de Derechos Humanos deberían mantenerse independientes de todos los gobiernos y del Estado, que son los que vulneran la libertad democrática. Yo tengo una posición muy crítica sobre cómo ha actuado este gobierno con la política de Derechos Humanos”.

El Intransigente: El gobierno y algunos organismos de Derechos Humanos sostienen y defienden al Jefe del Ejército, César Milani.

Victoria Moyano: Creo que de ninguna manera puede estar al frente del Ejército un personaje perverso como Milani después de todas las denuncias que hay alrededor de su persona sobre delitos de lesa humanidad. Ese caso fue una divisoria de aguas alrededor de la valoración de la política de Derechos Humanos de este gobierno. Desde hace muchísimos años vengo exigiendo la apertura de los archivos, es decir,  las nóminas de las fuerzas que revistieron en los centros clandestinos entre el 76 y el 83, para poder acceder a los datos de dónde podrían estar nuestros hermanos y nuestros padres. Pero este gobierno, al igual que los anteriores, no ha querido entregar esas nóminas. Entonces, todo lo que avanzamos en materia de Derechos Humanos es producto de la lucha incansable de las organizaciones y no de este gobierno. Por eso no compartimos la lectura con otros nietos y otros organismos”.

El Intransigente: ¿Servirá la aparición de Guido como incentivo para que otras personas que duden de su identidad se acerquen a Abuelas?

Victoria Moyano: Es posible, de hecho ya se habla que hay jóvenes que se han acercado a conocer su identidad. Pero, como te dije anteriormente, me parece que es una política insuficiente. Nosotros no podemos dejar todo en manos de las dudas de los jóvenes, en que se animen denunciarlo y, luego, que se animen a hacer el ADN. Esa responsabilidad no puede quedar en nuestras manos. Es la inversión de la prueba. Nosotros tenemos que probar todo. Si es el Estado el que desapareció a nuestros padres, es el mismo Estado el que tiene que devolvernos nuestra identidad”

Por Guido Baistrocchi - para El Intransigente