miércoles, 18 de mayo de 2016

Guillermo Pérez Roisinblit declaró sobre el rol de su apropiador

Un represor con información

El nieto de Rosa Roisinblit contó que los compañeros de celda de su apropiador le hablaron de cómo habían torturado a su padre y que Gómez le reveló que sabía de otros casos de niños secuestrados.

Por Ailín Bullentini

Tras responder preguntas ante el Tribunal Oral Criminal número 5 de San Martín por horas, Guillermo Rodolfo Fernando Pérez Roisinblit tomó las últimas gotas de agua que le quedaban a un vasito plástico, entrecruzó los dedos de sus manos sobre la mesa en donde había colocado más temprano algunas fotos de su infancia, que “no fue feliz”, y cerró su testimonio: “Preciso no solo de la Justicia, sino también de Gómez, para que colabore en la identificación de los restos de mis padres. Estoy absolutamente seguro de que algún tipo de información tiene. Le pido que tenga un poco sensibilidad y declare. Me lo debe”. “Gómez” es Francisco Gómez, uno de los acusados en el juicio por la privación ilegítima de la libertad de Patricia Roisinblit y José Pérez Rojo, los padres de Guillermo y Mariana Pérez. La pareja y su beba de 15 meses fueron secuestradas en octubre de 1978. A Mariana la dejaron a las pocas horas con la familia paterna. José y Patricia, embarazada de ocho meses de Guillermo, fueron llevados a la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA), un organismo de espionaje de la Fuerza Aérea. Guillermo nació en la Esma y fue apropiado por Gómez, quien junto a su pareja de entonces le ocultó su verdadera identidad durante 26 años. “Necesito saber dónde están mis padres para empezar a dejar de estar en duelo constante”, concluyó ayer el nieto de Rosa Roisinblit, la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Su versión fue la tercera pieza –las primeras las aportaron Mariana y Rosa– depositada en este juicio oral del trágico rompecabezas que es la historia de los Pérez Roisinblit, una fotografía de la ferocidad y el ensañamiento con que el genocidio arrasó a familias enteras y las siguió destruyendo durante décadas. La Justicia también avanza de a pedazos en el análisis de los hechos y la condena a los culpables: hace dos años, juzgó y condenó a Gómez y a Teodora Jofré, su ex esposa, por la apropiación de Guillermo. Desde principios de abril, Gómez afronta un nuevo proceso junto a dos “compañeros de armas”: Oscar Graffigna, exjefe de la Fuerza Aérea, y Luis Trillo, exjefe de la RIBA. Todo ellos están acusados de la privación ilegítima de la libertad de los padres de Guillermo y Mariana. Sus homicidios quedaron fuera de la acusación. “No somos la estampa de una familia feliz buscando justicia. Cada uno ha llegado acá como pudo”, resumió Mariana Pérez hace dos semanas, cuando también les reclamó a los jueces que analicen su propio secuestro y las secuelas que que sufre aún hoy. Ese mismo día testimonió también Rosa.

De adelante para atrás

Guillermo no empieza por el principio de la historia que es eje del juicio oral, sino por el hecho que cambió el eje de la suya: el día que Mariana Pérez lo fue a buscar a su trabajo y le entregó una carta en la que le contaba que estaba casi segura de que era el hermano que ella estaba buscando. Recordó que entonces él le dijo que estaba equivocada, pero la información le quedó rebotando. “Esa es tu hermana”, le devolvió su jefe cuando se asomó y descubrió el parecido que compartían Guillermo y Mariana. Se acercó a Abuelas esa misma tarde y, en los días subsiguientes le preguntó a Gómez al respecto.

Gómez le negó su origen tres veces. La cuarta, “se quebró”: “Entre balbuceos reconoció que esa chica, por Mariana, sí era mi hermana, que yo era hijo de una montonera judía estudiante de medicina y un montonero, que a ella no la habían lastimado, pero que a mi papá sí; que él se ocupó de mi mamá, que estaba embarazada, que le daba huevo duro los fines de semana, que la sacaba a pasear y que le decía que se tenía que portar bien porque si no iba a comprometerlo”, reprodujo Guillermo. También intentó consolarlo con que “no era el único caso”: “Él me dijo que sabía de otros tres o cinco”, alcanzó a incorporar Guillermo. Mientras duró su convivencia con Gómez y Jofré, compartió celebraciones con uno de ellos, Ezequiel Rochistein Tauro, cuando aún era Ezequiel Vázquez Sarmiento. El hijo de María Graciela Tauro y Jorge Rochistein, también militantes de montoneros, fue apropiado por el oficial de la Fuerza Aérea Juan Carlos Vázquez Sarmiento, miembro de la RIBA y a quien Guillermo conoció como el “Colo”. Aún permanece prófugo.

Entre otras cosas que recuerda de su niñez, figuran sus días en la RIBA, adónde lo llevó varias veces Gómez, el “judío” que le dedicaban sus apropiadores cuando “hacía berrinches” y la violencia de quien le ocultó su identidad.

A fines de la década del 80 “huimos de Gómez”, recordó ayer, y completó que el ex agente de inteligencia de la RIBA “le pegaba a Jofré de una forma brutal, le daba patadas, le daba trompadas, le ha revoleado objetos, una vez le pegó con el cuerpo de madera de una escopeta, la dejó de cama”.

La negación

La confirmación sobre su identidad llegó a los pocos días de su encuentro con Mariana. Sin embargo, la restitución legítima sucedió recién en 2004, cuando Guillermo decidió finalmente someterse a los análisis de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). Entre una cosa y otra, desarrolló una “absoluta negación” de su historia. Entonces, visitaba a sus apropiadores en donde estaban detenidos. En las dependencias del grupo de Guerra Electrónica, en Palermo, Gómez gozaba de las comodidades de “un cuarto grande, una cama de dos plazas, una heladera y teléfono en la puerta”, así como de “asados y vino” con “compañeros de armas” que lo custodiaban. En uno de esos asados, dos de ellos, a quienes recuerda como el “Patón” y el “Oso”, le confesaron que era muy parecido a José Pérez Rojo, de quien destacaron “el aguante que tenía en la tortura, que no gritaba ni hablaba siquiera”.

El 23 de diciembre de 2003 fue la última vez que visitó a Gómez. Lo encontró “borracho” y amenazante. “Me culpó por estar preso, me dijo que en algún momento iba a salir y que para entonces tenía reservadas para mí, mis abuelas y mi hermana un tiro en la frente”. Guillermo no solo no regresó, sino que reflexionó sobre “de qué lado estaba parado”.

El regreso

Pese al “miedo” que sentía, Guillermo decidió presentarse como querellante en la causa que transita el juicio oral. “Yo quería ser el último desaparecido de mi familia”, explicó. Sus primeras dos declaraciones fueron como testigo protegido, bajo identidad reservada.

Los ojos cerrados, el juego incesante de su boca envolviendo y desenvolviendo labio contra labio, el repiqueteo de sus piernas contra el piso y el refriego constante de sus manos en un lenguaje corporal que al unísono comenzó cuando tuvo que enfrentarse a “las preguntas de las defensas” reflejaron la persistencia de ese temor.

Gómez estuvo presente durante todo su testimonio, así que también escuchó cuando Guillermo le reclamó que “nunca hubo de su parte siquiera un pedido de disculpas por todo esto”.

lunes, 9 de mayo de 2016

Abuelas denuncia el cierre de un área clave para recuperar nietos

El organismo advirtió que la ministra Patricia Bullrich eliminó del Ministerio de Seguridad el grupo que asistía en la toma de ADN a posibles víctimas de apropiación.

Por Gimena Fuertes

Las Abuelas de Plaza de Mayo denunciaron ayer el vaciamiento de áreas sensibles del Ministerio de Seguridad de la Nación dedicadas al sostenimiento de las políticas de Derechos Humanos, y advirtieron sobre la desarticulación del Grupo Especializado de Asistencia Judicial (GEAJ), creado para colaborar con la extracción de muestras de ADN por vía judicial, que permiten la identificación de los hijos de desaparecidos. A través de un comunicado, Abuelas responsabilizó a la ministra Patricia Bullrich por la medida publicada en el Boletín Oficial referida a la nueva estructura orgánica del Ministerio que dirige.

El Estado nacional había creado en 2009 el GEAJ para dejar de lado la intervención de las fuerzas de seguridad al momento de la toma de muestras de ADN, ya que se constató que en muchas ocasiones los agentes intervinieron de forma maliciosa para complicar la investigación de la búsqueda de los bebés apropiados. De esta manera, se ponía en manos de funcionarios judiciales el contacto con las personas que podrían llegar a ser víctimas de su apropiación.

El organismo advirtió que si no se revierte la medida, denunciará al gobierno ante la CIDH.
Pablo Lachener, abogado de Abuelas detalló la situación a Tiempo: "Desde hace meses notábamos que el área no estaba funcionando bien y con retraso. Argumentaban excusas de sobrecarga de trabajo, y ayer nos desayunamos con la noticia. Este grupo especial se pone en funcionamiento cuando las muestras no pueden ser tomadas de manera voluntaria y hace falta una intervención de personal especializado y adecuado a las víctimas y al delito", expresó. "No es que se deja de buscar a los nietos. Esa es una tarea de toda la sociedad, pero que deje de funcionar este grupo afecta la investigación", detalló el abogado.

Tal como había anticipado Tiempo en su edición especial del 24 de marzo, Bullrich había comenzado a analizar cómo aplicar el "cambio" que prometió Mauricio Macri en su campaña. Días después de asumir, envió al Ministerio de Modernización un nuevo organigrama en el que ya no figuraba un área de Derechos Humanos. En esa área estaba incluido el GEAJ. De hecho, ya se despidió a 15 de los 33 miembros de la Dirección, entre ellos los integrantes del equipo de Investigación, el GEAJ, el de cotejamiento de huellas digitales y de Género. "Los despidos afectan a todas las áreas del Estado relacionadas con las políticas de memoria, verdad y justicia, los relevamientos documentales, la realización de informes sobre la actuación de las fuerzas de seguridad en la dictadura, entre otras tareas. Se cuestiona el trabajo que se realiza, se desmantelan áreas, se quita apoyo", advirtió Lachener. 
 "Era una tarea delicada la toma de muestras de ADN para identificar judicialmente a nuestros nietos, hijos de desaparecidos, no podía quedar en manos de las fuerzas de seguridad, que en muchos casos actuaban con complicidad con los apropiadores, fraguando la toma de muestras para tornar imposible las restituciones", denunció Abuelas.

 La asociación recordó que a fines de 2014 fue condenado el oficial de policía Adolfo Porcel por haber fraguado, en 2005, en complicidad con el ex gendarme y apropiador, Víctor Enrique Rei, las muestras del allanamiento realizado en la restitución del nieto Alejandro Pedro Sandoval Fontana. "Ese policía es el que había remplazado el ADN de la víctima con el de un perro", recordó el abogado.

 Abuelas le reclamó a Macri "que tome las medidas necesarias para dar marcha atrás con la grave decisión adoptada por la ministra Bullrich" bajo advertencia de denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al gobierno nacional por el incumplimiento del acuerdo del año 2009.
En menos de cinco años desde la Dirección se remitieron unas 3500 unidades documentales a distintas investigaciones judiciales y allí se elaboró, por ejemplo, un mecanismo de identificación de cadáveres NN que permitió dar con el paradero de 37 personas desaparecidas, entre ellas, el de Luciano Arruga. 

viernes, 6 de mayo de 2016

El juicio por los secuestros de la RIBA

“Necesito saber qué pasó con ellos”

La vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa Roisinblit, y su nieta, Mariana Pérez, declararon ayer en el juicio en el que se juzga a tres represores, entre ellos al ex jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, Omar Domingo Rubens Graffigna, por la desaparición de Patricia Julia Roisinblit y José Manuel Pérez Rojo.

“Estoy muy contenta de que llegué a vivir este momento”, dijo casi al finalizar su declaración Rosa Roisinblit, que recién a los 96 años puede presenciar el juicio por la desaparición de su hija y de su yerno, quienes estuvieron secuestrados en la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA), un organismo de espionaje de la Fuerza Aérea en la zona oeste del conurbano que funcionó un centro clandestino de detención.

“Necesito saber quién se los llevó, a dónde se los llevaron, qué pasó con ellos”, reclamó la vicepresidenta de Abuelas. En la sala estaban los tres imputados: Graffigna, el ex jefe de la RIBA, Luis Tomás Trillo, y el ex personal civil de inteligencia Francisco Gómez, quien, junto con su ex mujer, María Teodora Jofré, se apropió del niño que Patricia parió en la ESMA, donde fue llevada desde la RIBA para dar a luz.

Mariana Pérez, hija mayor de Patricia y José, presenció el secuestro de sus padres y luego de unas horas fue llevada a la casa de sus familiares paternos, con quienes se crió. Durante su testimonio pidió que “de alguna manera este proceso dé cuenta de lo que me pasó a mí” y agregó: “No hay una consciencia cabal de lo que significa crecer buscando un hermano”.

“Cuando fue el operativo en el que me secuestraron con mis padres tenía apenas 15 meses. No tengo recuerdos, los primeros recuerdos son de lo que me han dicho mis abuelos”, relató Mariana. También rememoró que debió hacer consciente que su mamá estaba embarazada: “Algo que estaba guardado porque obviamente me habían preparado para la llegada de ese hermano, porque cuando desapareció mi mamá estaba de ocho meses”.

jueves, 3 de marzo de 2016

Procesaron a los médicos del IPP por la apropiación de los mellizos

David Vainstub y Jorge Eduardo Rossi, propietarios del Instituto Privado de Pediatría, fueron procesados por la Cámara Federal de Apelaciones por su responsabilidad en la sustracción y sustitución de identidad de los mellizos de Raquel Negro y Tucho Valenzuela, indicaron fuentes tribunalicias a Página Judicial. Los médicos no serán detenidos pero quedaron muy cerca del juicio oral. En la misma causa ya estaba procesado Miguel Alberto Torrealday.

Juan Cruz Varela - De la Redacción de Página Judicial

La Cámara Federal de Apelaciones lo hizo de nuevo: revocó la falta de mérito y decretó el procesamiento de los médicos David Vainstub y Jorge Eduardo Rossi, en la causa donde se investiga la sustracción y sustitución de identidad de los mellizos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, nacidos en el Hospital Militar de Paraná en marzo de 1978.

Los jueces Daniel Alonso, Mateo Busaniche y Cintia Gómez resolvieron, en forma unánime, hacer lugar a los recursos de apelación interpuestos por los fiscales y querellantes, y no solo revocaron la falta de mérito dispuesta por el juez federal Leandro Ríos, sino que dictaron el procesamiento de los médicos, al igual que lo mismo habían resuelto respecto de Miguel Torrealday.

Vainstub y Rossi están acusados por permitir el ingreso y permanencia de los mellizos en la sala de neonatología del Instituto Privado de Pediatría (IPP), donde estuvieron internados con nombre falso (Soledad López) la niña y sin nombre (NN López) el varón. Según los registros de la propia clínica privada, los mellizos fueron derivados del Hospital Militar. La nena ingresó el 4 de marzo y el varón, el 10 de marzo de 1978. También se les atribuye haberles dado el alta médica, autorizar su egreso administrativo y entrega a personas que no eran familiares ni ostentaban ningún poder legal sobre ellos sin dar aviso a un Juzgado de Menores.

El tribunal consideró que “la existencia de éstos delitos aparece prima facie incontrastable y la prueba más acabada de ello resulta ser Sabrina Gullino”, quien que recuperó su identidad en diciembre de 2008, e hizo hincapié en que “se desconoce hasta el día de la fecha el destino sufrido por el varón”.

El fallo –al que accedió Página Judicial– enumera una serie de certezas que, a criterio del tribunal, sostienen la responsabilidad de los médicos y destaca que “no existe constancia alguna de la identidad del médico tratante, de la participación en la internación de familiares de los menores ni que las autoridades del IPP hubieren otorgado intervención a la Justicia de Menores (…) tratándose de sujetos que por su edad carecían de cualquier posibilidad de autodefensa”, en referencia a los recién nacidos.

“Es justamente este cúmulo de irregularidades en el trámite de ingreso, permanencia y egreso de los menores del establecimiento médico en cuestión, lo que forma el cuadro que presenta las notas de probabilidad que ésta instancia requiere para mutar la resolución de falta de mérito a una resolución de signo incriminador positivo respecto de Vainstub y Rossi”, escribió el juez Alonso en su voto –al que adhirieron Busaniche y Gómez–.

La Cámara Federal reafirma que “los hijos de la desaparecida Raquel Negro fueron sustraídos de su esfera de custodia inmediatamente después del alumbramiento” y “a partir de ese momento fueron retenidos, ocultados de su madre y familiares y, asimismo, sus identidades se hicieron inciertas producto de esta misma sustracción”. En la misma línea, se deja en claro que “esta situación se mantiene respecto de uno de los bebés, el varón, cuyo paradero hasta la fecha resulta ser incierto”, es decir, el delito se sigue cometiendo.

La responsabilidad de los médicos del IPP había surgido durante el juicio celebrado en 2011, en el que fueron condenados los integrantes de la patota del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario. Allí se probó que los mellizos nacieron en el Hospital Militar y fueron derivados al IPP e incluso las enfermeras que atendieron a los mellizos recordaron que “en aquella época ellos también hacían guardia”, en referencia a Torrealday, Rossi, Vainstub y Luis Ángel Schroeder (fallecido), y que “los cuatro eran directores, ninguno figuraba como jefe, aunque probablemente lo haya sido Torrealday en los hechos”, como lo hizo notar el Tribunal Oral Federal en la sentencia.

El tribunal de juicio también hizo hincapié en la “desmemoria” de los médicos, algo que calificó de “inexplicable porque fueron momentos históricos impactantes para todos los argentinos” y porque “como profesionales tienen mayor responsabilidad frente a sus pacientes y familiares por su juramento hipocrático”; en contraposición con la actitud que tuvieron las enfermeras, que “registraron con mayor enjundia” y “compromiso” el paso de los mellizos por el IPP.

sábado, 23 de enero de 2016

El represor Menéndez deberá responder por el robo de la nieta 107

La madre estuvo detenida en el D2 de la Policía de Córdoba

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó los recursos presentados por la defensa de Luciano Benjamín Menéndez y confirmó su procesamiento por sustracción de menores, en una causa en la que se investiga la apropiación de la nieta recuperada 107, hija de Carlos Oviedo y María de las Mercedes Moreno. La mujer había tenido a la beba en la Maternidad Provincial de Córdoba, encadenada.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó el procesamiento de Luciano Benjamín Menéndez, en una causa en la que se encuentra imputado, junto con otros represores, por la sustracción de una niña a una mujer que estuvo detenida en el D2 Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba, que funcionó como centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico–militar. El máximo tribunal del país rechazó los recursos presentados por el represor y ratificó su imputación por sustracción de menores.  
Con la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Higthon y Juan Maqueda, la sentencia dio por culminado el último intento de Benjamín Menéndez por esquivar esta causa. Para los magistrados supremos, el recurso “no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal” y por eso lo desestimó el pasado 29 de diciembre.

La sustracción
María de las Mercedes Moreno fue detenida por personal policial del D2 en septiembre de 1978, cuando estaba embarazada. En octubre de ese mismo año fue trasladada a la maternidad provincial, donde tuvo a su hija, encadenada. Se la sacaron de forma inmediata y trasladaron a María de las Mercedes otra vez al centro clandestino, donde permaneció hasta abril de 1979. La niña fue llevada a la Casa Cuna.
En septiembre de 1979, un juez cordobés ordenó el egreso de la beba luego de otorgarle la guarda judicial a un matrimonio que inscribió a la niña como propia. Cuando María de las Mercedes salió en “libertad vigilada”, la buscó junto a dos de sus hermanas en la Casa Cuna. Una monja no les brindó información. Recién en 2012, con la ayuda de la filial de Abuelas de Plaza de Mayo, en Córdoba, María de las Mercedes logró que la justicia federal convocara a la joven, que accedió a realizarse el examen ADN, y confirmó que era su hija, la nieta recuperada 107.

El camino judicial
Allí comenzó la investigación por la sustracción de la menor. En su inscripción, por ejemplo, el matrimonio que se la apropió había presentado un certificado médico de Vicente Antonio Spitale donde daba cuenta, falsamente, que el 11 de octubre de 1980 había atendido a la mujer, en un supuesto parto natural. La investigación, aún en proceso, tuvo varias decisiones, una de las cuales llegó al máximo tribunal del país.   

En 2013, el juez federal N° 3 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, procesó a Laura Dorila Caligaris y Osvaldo Roger Agüero, los apropiadores, por el delito de supresión del estado civil y a Spitale y Adela María González, como partícipes necesarios. En esa misma sentencia, el magistrado dictó el sobreseimiento por esos delitos de Luciano Benjamín Menéndez, Alberto Carlos Lucena, Jorge González Navarro, Héctor Hugo Lorenzo Chilo, Jorge Eduardo Gorleri, Roberto Villagra, Alberto Bonadero, Carlos Sem Rodríguez y Ana María Rigutto de Oliva Otero.

Todos estos sobreseimientos fueron revocados por la Cámara Federal de Córdoba, que ratificó los procesamientos, confirmados luego por la Cámara Federal de Casación Penal. La defensa de Luciano Benjamín Menéndez, en manos de María Eugenia Di Laudo, defensora pública coadyuvante, llegó con una queja hasta la Corte Suprema de Justicia, que terminó rechazándola.

Sergio Goya

lunes, 11 de enero de 2016

Mariana Zaffaroni hija de desaparecidos en Argentina en campaña mundial por otros en su situación, incluido su hermano

La uruguaya Mariana Zaffaroni Islas, nacida en 1975 y secuestrada un año más tarde junto a sus padres en Argentina, en el marco del Plan Cóndor, participa de una campaña mundial en busca de otros en su situación, además de persistir en encontrar a su hermano que habría nacido en un centro de detención clandestino.

Mariana fue entrevistada por Radio Francia Internacional, y reconoció que aún carece de pruebas sobre el nacimiento de su hermana o hermano. Según relató a la cadena francesa tampoco está claro el final de sus padres. “Hubo un vuelo clandestino donde todos los detenidos de Orletti habrían sido llevados a Montevideo” donde habrían sido asesinados, aunque no hay pruebas de ese final.

Ha logrado tener conocimiento que su madre presa “estaba embarazada, siempre pensé que con un embarazo tan reciente probablemente en las condiciones en que estaba retenida no habría resistido el embarazo, pero después, cuando empecé a conocer casos de otros nietos cuyas madres habían sido mantenidas con vida todo el tiempo del embarazo para quedarse con los chicos, ahí empecé a albergar la esperanza de que, tal vez, si se enteraron de que estaba embarazada, de pronto la hubiesen podido mantener con vida”, afirmó en declaraciones que reproduce Montevideo Portal.

Además hay tres testigos que afirman que María Emilia Iglesias, la madre de Mariana, esperaba un hijo de Jorge Zaffaroni –su padre- cuando ocurrió el secuestro; habría estado embarazada de tres meses, según las mismas fuentes.

Durante 16 años su abuela la buscó

Fue el empecinamiento y la fe de su abuela María Esther Gatti de Islas, los sentimientos que después de 16 años tuvieron su fruto, cuando, tras infinitas diligencias y averiguaciones llegaron a la verdad. De esa historia es una de las primeras películas que abordan el tema a nivel rioplatense: “Por esos ojos” el film que recorre las vicisitudes de su abuela durante la búsqueda.

Fue en 1993, cuando tras hacerse análisis de sangre recuperó su identidad, pese a que quienes se habían apropiado de su vida -el agente de inteligencia Miguel Ángel Furci y su esposa Adriana-, siguieron llamándola Daniela y dando versiones sobre como había llegado a esa situación. “Furci me dijo que él no trabajaba en Automotores Orletti, lugar de donde me retiró, y que iba eventualmente. Ruffo le dijo que allí había una nena pero que para sacarme debía hablar con Gavazzo y Gordon. En una de esas visitas dice que vio a una mujer encapuchada, que él supone que era mi madre. 

Se encontraba con varios niños. Me dijo que me había entregado Aníbal Gordon pero también me dijo que me había recibido de brazos de mi madre cuando estaba en el avión que la llevaría a Uruguay”, relató Mariana durante el inicio en Buenos Aires del juicio oral y público para investigar la existencia de un plan sistemático de robo de bebes durante la dictadura en Argentina.

Lucho Soria

domingo, 10 de enero de 2016

Uruguay: Plenaria Memoria y Justicia envió regalos de Reyes al ex represor José Gavazzo por niños secuestrados en dictadura

Los regalos que no llegaron: la organización Plenaria Memoria y Justicia colocó “regalos de Reyes” en la puerta de la casa del ex represor José “Nino” Gavazzo, en representación de los niños secuestrados durante la dictadura. También repartieron volantes y hablaron con los vecinos del barrio Pocitos.

Desde el martes, la organización lleva a cabo una manifestación pacífica para dar a conocer las atrocidades cometidas por José Gavazzo. “Estuvimos por el barrio repartiendo volantes y hablando con los vecinos, informándoles que tienen a un torturador, asesino, secuestrador, etc. entre ellos”, comunicó Plenaria Memoria y Justicia. “Los regalos que no llegaron” es el nombre de esta campaña, dirigida a generar conciencia.

Aprovechando que Gavazzo cumple prisión domiciliaria en su casa en el barrio Pocitos, los integrantes de la organización colocaron paquetes de regalos con los nombres de los niños que fueron secuestrados durante la dictadura. Mariana Zaffaroni, Macarena Gelman, Simón Méndez, Amaral García Hernández y Victoria Moyano Artigas son algunos de los nombres que estuvieron presentes.

“Dejamos constancia de que no olvidamos a esos más de 100 niños nacidos en cautiverio, secuestrados y/o desaparecidos por la dictadura uruguaya… No olvidamos a los culpables”, declaró la organización.

“Gavazzo hoy cumple su ‘condena’ en su casa por razones humanitarias. Este ser que nunca mostró ni el más mínimo de humanidad se encuentra libre mientras todas sus víctimas aún esperan por justicia. Por todos esos niños nacidos en cautiverio, secuestrados… por todos los compañeros y compañeras asesinados, desaparecidos, nosotros no olvidamos, no perdonamos”, expresó Plenaria Memoria y Justicia.

En la campaña señalan también que más de 500 represores identificados “siguen en su casa, sueltos e impunes”.
 

José Nino Gavazzo
El militar fue procesado en el 2006 por violaciones a los derechos humanos en dictadura por 28 delitos de homicidio muy especialmente agravado en reiteración real.
El pasado 24 de diciembre, se le otorgó prisión domiciliaria por “estrictas razones humanitarias”. El 31 de diciembre, la asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos manifestó su repudio a la decisión.
En un comunicado, la organización denunció que estos militares (Gavazzo y Ernesto Ramas, también en prisión domiciliaria) piden gestos humanitarios pero “no muestran el más mínimo gesto humanitario cuando se trata de dar las informaciones necesarias para ubicar los restos de nuestros familiares (que ellos asesinaron e hicieron desaparecer). Son ellos, más que nadie, quienes saben dónde están”.

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