viernes, 31 de julio de 2015

"Chicha" Mariani publicó fotos de los padres de su nieta apropiada

Mirá las fotos.

La Abuela de Plaza de Mayo María Isabel Chorobik de Mariani, más conocida como "Chicha", publicó en su Facebook cuatro fotos de su hijo y su nuera para que su nieta Clara Anahí, apropiada a los 3 meses de vida durante la última dictadura militar y a quien busca desde hace 39 años, las vea, se reconozca en la fisonomía de sus padres, y puedan reencontrarse.

"Mi querida Clara Anahí, ellos son tus padres Diana Teruggi y Daniel Mariani", explica "Chicha" junto a la publicación de cuatro fotos en blanco y negro donde se ve a su hijo y a su nuera.

Dos de las fotos muestran a la pareja, sonrientes, en una reunión familiar y en una jornada de pesca; la tercer foto es un primer plano de Daniel Maniani y la cuarta un primer plano de Diana Teruggi.

La Abuela de Plaza de Mayo desde hace más de un año usa su muro de Facebook para tratar de localizar a su nieta apropiada por los represores en noviembre de 1976, luego de un operativo de fuerzas conjuntas en la vivienda que habitaba el matrimonio en La Plata donde resultó asesinada Diana Teruggi y cuatro militantes más.

"Vos naciste en la ciudad de La Plata el 12 de agosto de 1976. A los 3 meses, el 24 de noviembre, las fuerzas armadas te sacaron de tu casa y fuiste entregada a otra familia", cuenta esta "ciber-abuela" de 91 años.

Le ruega "por favor, revisa tus fotos y compáralas. Búscate de cuando eras una beba, alguna foto debes tener, y mirá si te encontrás parecida con las que están puestas en mensajes anteriores".

"Mientras tanto te sigo buscando mi amor...mi Clarita", finaliza "Chicha".

El 24 de noviembre de 1976 fuerzas militares y policiales atacaron la vivienda de Diana Teruggi y Daniel Mariani, ubicada en las calles 30 entre 55 y 56 de La Plata.

En el lugar fueron asesinados Diana Teruggi y cuatro compañeros de militancia: Juan Carlos Peiris, Daniel Mendiburu Elicabe, Roberto Porfirio y Alberto Bossio.

Diana fue acribillada por la espalda y cayó cubriendo con su cuerpo a su pequeña hija Clara Anahí, que fue secuestrada por los represores y hasta el momento no pudo ser recuperada. Daniel Mariani no estaba en la propiedad al momento del ataque, pero fue asesinado en agosto de 1977.

En la casa, declarada Sitio de Memoria del Terrorismo de Estado, funcionaba una imprenta que publicaba la revista "Evita Montonera", donde se denunciaron por primera vez las desapariciones de personas, los "vuelos de la muerte" y la existencia de centros clandestinos de detención.

La propiedad exhibe hoy en su frente varios orificios de bala que impactaron durante el ataque de las fuerzas conjuntas de la dictadura y un enorme boquete provocado por un proyectil de tanqueta que atravesó esa pared y otra del interior, revelando la saña empleada por los represores.

domingo, 19 de julio de 2015

Presentación para que avancen causas contra medios y civiles cómplices del genocidio

El 15 de julio,  personalidades de los derechos humanos se presentaron en los tribunales de Comodoro Py para reclamar por el avance de la causa contra los directivos de la exeditorial Atlántida y los civiles que fueron parte del genocidio.

En esta oportunidad, acompañaron el reclamo de Alejandrina Barry es hija de desaparecidos e integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) quien lleva adelante una querella contra los directivos de la exeditorial Atlántida por haber realizado un operativo de prensa en común con los militares de la Marina, cuando sólo tenía 3 años y sus padres acababan de ser asesinados por fuerzas conjuntas de Argentina y Uruguay.


Alejandrina Barry estuvo acompañada hoy en Tribunales por Graciela Rosenblum, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre; Patricia Walsh; Enrique Fukman, de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos; Miguel Bonasso; Pablo Pimentel de la APDH Matanza; María del Carmen Verdú de CORREPI, Eduardo Soares de la Asociación Gremial de Abogados, además de los abogados del CeProDH, Luis Bonomi y Paolo Zaniratto.


También acompañaron la presentación judicial la Madre de Plaza de Mayo Elia Espen y delegados del nuevo sindicato de prensa SiPreBA como Raúl Ferrari, delegado de Telam, Tomás Eliaschev delegado de la Revista 23, Agustín Lecchi, delegado de la TV Pública, entre otros periodistas e integrantes de organismos de derechos humanos, quienes se presentaron como Amicus Curiae, una figura legal que permite a organizaciones e individuos con interés especial en la causa, constituirse ante el juez “en virtud de que la demora en el avance de la investigación implica una nueva forma de impunidad para los perpetradores de los crímenes denunciados”.

El Amicus Curiae recayó en el Juzgado 12 de juez federal Torres, quien deberá dar respuesta a lo solicitado para el avance de la causa contra los civiles implicados.

Al respecto, Alejandrina Barry señalo: “Esta presentación de hoy es para darle mayor fuerza a la pelea por juicio y castigo a todos los responsables civiles del genocidio. Hace muchos años que vengo peleando por encarcelar a los asesinos de mis viejos, a los que me secuestraron a mí y a los civiles que me utilizaron para justificar los más atroces crímenes de lesa humanidad. A pesar de todas las pruebas ofrecidas y los testimonios de decenas de testigos prosigue la impunidad. En mi causa se ha dictado falta de mérito a uno de los editores responsables de Para Ti, Agustín Botinelli y el resto de la causa continúa paralizada". Y agregó: “Con la presentación que hicimos hoy queremos decir también que no vamos a aceptar que permanezca la impunidad a los civiles que fueron quienes idearon y sostuvieron el plan genocida”, en referencia a una serie de fallos a favor de empresarios como Blaquier.

Contactos:

Alejandrina Barry: 115834 2351

martes, 14 de julio de 2015

Bebé chileno robado en dictadura se reencuentra con su madre biológica 41 años después

Una joven madre, de entonces 19 años, dio a luz un bebé que fue dado por muerto en el Hospital Van Buren en noviembre de 1973. Hoy, 41 años después, Travis Tolliver se reunió con su madre biológica. Esta es su emocionante historia.

Travis Tolliver habría sido uno de los denominados “niños del silencio”, bebés que eran robados que pertenecen al denominado caso del sacerdote Gerardo Joannon -quien actuó como intermediario secreto entre las familias acomodadas de Chile-, dados por muertos y entregados en adopción ilegalmente. Recientemente logró encontrar a su madre biológica, Nelly Reyes, de quien nació en el recinto hospitalario de Valparaíso y donde no le ningún certificado de defunción.

El bebé recién nacido terminó viviendo a miles de kilómetros de allí; creció en Tacoma, Washington (Estados Unidos), con una pareja que no tenía idea de que su madre biológica lloraba y trataba desesperadamente de encontrar a su hijo.

Tolliver dice que siempre supo que era adoptado. Lo que el supervisor de un centro de distribución de importaciones de 41 años no sabía es que lo habían robado cuando era bebé en su natal Chile, unas horas después de haber nacido.

Espera que saber la verdad sobre su pasado le permita superar un trauma psicológico que ha sufrido desde que tiene memoria. Dice que tiene “problemas de abandono”.

“Ya saben, no me habían entregado voluntariamente como lo creí durante todos estos años, así que eso hace que mi corazón se sienta maravillosamente, pero se trata de reconciliarse con eso. Todo esto me parece irreal”, dijo Tolliver.

Según reveló la investigación periodística emitida en CNN en Español, Nelly Reyes, la madre de Travis, había tenido un embarazo normal cuando tenía 19 años y que terminó a las 16:00 del 15 de noviembre de 1973. Sin embargo, “más tarde me dijeron que había muerto” producto de un trastorno cardíaco, pero nunca le mostraron el cadáver ni le dieron un certificado de defunción.

Travis y Nelly se conocieron finalmente, después de 40 años, y ahora investigan junto al Sename qué pasó en realidad. “Lo abrazaré todos los días. Lo amo tanto”, dijo la madre que no habla inglés y su hijo, tampoco español.

Los sentimientos que afloraron en ese abrazo en el aeropuerto fueron la culminación de cuatro décadas de tribulación, de mentiras, de engaños, de delitos y de una injusticia que separó a una madre de su hijo al nacer.

Él, en tanto, contó que siempre pensó que había sido abandonado porque eso le dijeron sus papás, y eso le produjo un trauma que ahora debe superar con más fuerza.

Tolliver lloraba de alegría. “No sé cómo me siento. ¡Es una locura! No pensé que esto podría pasar. Ya saben, no me habían entregado voluntariamente como lo creí durante todos estos años, así que eso hace que mi corazón se sienta maravillosamente, pero se trata de reconciliarse con eso. Todo esto me parece irreal”, dijo.

Su madre, Nelly Reyes, de 61 años, apenas podía hablar. “Lo abrazaré todos los días. Lo amo tanto”, dijo. Reyes, ha cocinado para él todos los días y se afana por hacerlo sentir bienvenido. Él no habla español y ella no habla inglés.

Pero más que nada, ella le ha estado demostrando su amor; le da a su hijo los abrazos y los besos que no pudo darle en todos los años que han pasado.

https://www.youtube.com/watch?t=163&v=pGYoF4f4hIs

jueves, 2 de julio de 2015

Los socios de Torrealday y un tal López, las pistas detrás del mellizo

El médico paranaense Miguel Alberto Torrealday quedó procesado por robo de bebés durante la dictadura. Pero la Cámara Federal de Apelaciones se permitió además sugerir dos medidas concretas: investigar la responsabilidad de los otros socios del Instituto Privado de Pediatría e indagar respecto de por qué los mellizos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela fueron inscriptos con el apellido López.
paginajudicial.com  -  Juan Cruz Varela  -  De la Redacción de Página Judicial

Es un hecho probado que los mellizos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela nacieron en el Hospital Militar de Paraná, en los primeros días de marzo de 1978, como también lo es que luego fueron internados en el Instituto Privado de Pediatría (IPP).

El médico Miguel Alberto Torrealday, uno de los socios del IPP, fue procesado por la Cámara Federal de Apelaciones por permitir el ingreso y permanencia de los mellizos en la sala de neonatología de la clínica privada, donde estuvieron internados con nombre falso (Soledad López) la niña y sin nombre (NN López) el varón; les dio el alta, autorizó su egreso administrativo y su entrega a personas que no eran familiares ni ostentaban ningún poder legal sobre ellos, todo ello sin dar aviso a un Juzgado de Menores. Hasta ahí lo que ya se sabe.

“Estos niños, como todo bebé, estaban en condición extrema de vulnerabilidad, y si bien cualquier paciente es vulnerable, un bebé que no puede siquiera pedir auxilio constituye el ser más vulnerable sobre la faz de la tierra. Si a eso le sumamos el grave estado de vulnerabilidad de ambos padres, secuestrados y separados entre sí, y el eventual estado de salud de Raquel Negro después del parto, la vulnerabilidad de los menores era absoluta”, señala el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones.

El tribunal integrado por Daniel Alonso, Mateo Busaniche y Cintia Gómez agrega más adelante que “los responsables de las instituciones sanitarias, sean estas públicas o privadas, son los garantes de esos seres humanos indefensos y lo mínimo que se espera de ellos es que actúen los controles indispensables para evitar hechos como el que se encuentra investigado en autos” para luego agregar que “cualquier institución o médico que recibiera dos menores debía extremar los recaudos en relación a quien los traía o retiraba y su legitimación para cualquiera de estas acciones”.

Y aquí surge una primera aproximación a las sugerencias que se permite hacer el tribunal: Torrealday asegura que no era jefe de neonatología, que en el IPP no había una relación jerárquica ni distribución de tareas entre los socios. “En el caso no adquiere relevancia la determinación acerca de quién era el jefe o el administrador del IPP, pues considero que Torrealday no solo debería responder en la presente causa por la suerte de los mellizos, (sino) que habría que ampliar el círculo de intervinientes, máxime ante la indeterminación de funciones a la que se aduce”, expresa Alonso en su voto.

Lo que propone es que se investigue la responsabilidad de los otros socios, David Vainstub y Jorge Rossi –Ángel Schroeder está fallecido–, en la sustracción y sustitución de identidad de los mellizos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela.

Más claramente lo expresa más adelante Busaniche: “Corresponde poner de resalto la posible intervención de otros sujetos en el hecho investigado, especialmente de quienes revestían la misma calidad de socio en dicha entidad al momento de los hechos, respecto de lo cual habrá de encomendarse al magistrado actuante a que considere una posible ampliación subjetiva de responsabilidad en relación a dichos sujetos”. Por si quedaban dudas, vuelve a referirse a Vainstub, Rossi y Schroeder.

Volver al punto de partida

El paso de los mellizos por el IPP quedó registrado en el libro de producción, donde se asentaban los ingresos y egresos de pacientes y el origen en los casos de aquellos que llegaban derivados de otros centros asistenciales. Allí consta el ingreso de la nena como “López, Soledad”, el 4 de marzo, y el varón como “López, NN”, el 10 de marzo, ambos procedentes del Hospital Militar, y su egreso, el 27 de marzo.

Nunca se pudo determinar quién fue el médico tratante, ni quién trasladó a los mellizos desde el Hospital Militar. “Es muy probable que quien los introdujo sea la misma persona que los retiró”, dijo Torrealday en su indagatoria. Esos datos, sugirió, deberían constar en las historias clínicas, pero “las historias clínicas se destruyeron luego de una ampliación que se hizo en 1980… estaban en un depósito que se inundó”, repitió el médico en su declaración ante el juez Leandro Ríos.

El fallo de la Cámara Federal de Apelaciones retoma esos puntos para tratar de avanzar en la localización y restitución de identidad del mellizo varón.

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En primer lugar, el camarista Alonso advierte que “no puede resultar de recibo aquello de la pérdida de los registros a raíz de la inundación del sótano de la institución” y destaca que “el libro de producción demuestra que era posible almacenar datos suficientes para responder a ulteriores ideales”; y, en segundo lugar, plantea que más allá de que el IPP fuera una institución abierta, como dice Torrealday, “lo mínimo que debía establecerse es la identidad del médico tratante porque a partir de él podría reconstruirse toda la secuencia y deslindar la responsabilidad del IPP y sus responsables”.

Alonso se pregunta de dónde surge el apellido López con el que fueron registrados los mellizos y ensaya una hipótesis: “No debe desecharse la escasa información disponible, tal el nombre supuesto de Sabrina, esto es ‘Soledad’ y el apellido atribuido a ambos menores, tal es ‘López’. Considero que tal información reviste relevancia porque en el mejor de los casos la profundización del punto puede llevarnos a la persona que llevó y luego retiró a los mellizos. Al respecto, debe presumirse prima facie que al ingreso se requirió a la persona que trasladó a los niños, alguna identificación. Si ello es así, la persona que ingresó y retiró a los menores sería de apellido ‘López’, pues al habérsele requerido alguna identificación lo habría hecho con un documento en que conste tal apellido”.

Luego deja planteada la posibilidad de que en la nómina de personal del Hospital Militar de Paraná, en 1978, hubiera algún médico, médica, enfermero o enfermera de apellido López; o que alguno de los conductores de ambulancia fuera de apellido López; y que eventualmente algún familiar directo de esta persona se llamara Soledad.

Según pudo saber Página Judicial, no había en 1978 nadie que llevara ese apellido en la nómina del personal médico del Hospital Militar de Paraná; aunque sí un enfermero general que se desempeñó en 1976, que ostentaba en ese tiempo el grado de suboficial mayor, que estuvo en actividad hasta fines de 1985 y que hoy tendría 80 años. Su nombre aparece en un listado que las autoridades del nosocomio castrense entregaron a la Justicia Federal previo al juicio contra la patota del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario. Sin embargo, el enfermero no llegó a declarar porque no fue localizado.