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martes, 11 de septiembre de 2018

PARANA .JUICIO ROBOS DE BEBES. INSPECCIONARON CLINICA PRIVADA DE PEDIATRIA

En la continuidad del juicio por robo de bebés durante la dictadura, la Justicia federal realizó una inspección en el Instituto Privado de Pediatría (IPP) .

Durante el procedimiento se pudieron corroborar las reducidas dimensiones del lugar donde se encontraban internados los neonatos, lo que para las querellas refuerza la hipótesis de que los médicos imputados no pudieron haber estado al margen de la internación allí de los hijos de los detenidos desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela. 

El juicio continuará el miércoles a las 9, en la sede del Tribunal Oral, donde se producirá el careo entre los médicos Juan Ferraroti y Alfredo Berduc y se cumplirá con la última audiencia de la etapa testimonial de este proceso por crímenes de lesa humanidad.

La voz del imputado

Hasta el momento Torrealday no prestó declaración en la sala de audiencias, como tampoco lo hicieron sus socios que ni siquiera concurren al juicio. Durante la inspección de este lunes, sí se pudo oír la voz del médico que todos mencionan como quien tomaba todas las decisiones en el IPP. Por ejemplo, confirmó que había solamente cuatro cunas y cuatro incubadoras.

El abogado querellante Marcelo Boeykens destacó este hecho: "La verdad que es la primera vez que declara en el juicio Torrealday y entendemos que lo hizo también en ejercicio de su propia defensa, así que las consideraciones vertidas por el imputado van a ser merituadas por las querellas y deben ser merituadas también por el juez al momento de dictar sentencia como una declaración de defensa".

Los abogados destacaron que se pudo corroborar que "todo funcionaba ahí dentro"; la administración, la enfermería y el registro de las enfermeras de la evolución de los niños.
Tras haber nacido en el Hospital Militar de Paraná, los mellizos Valenzuela Negro estuvieron internados en el IPP entre el 4 y el 27 de marzo de 1978 en el caso de la niña y entre el 10 y el 27 el niño. Fueron anotados con los nombres falsos de "Soledad López" y "NN López" y entregados a personas ajenas a la familia, sin haber dado aviso a la Justicia de Menores. La beba mujer restituyó su identidad en 2008 y el destino del varón continúa siendo un misterio. Los dueños del IPP se han defendido todos estos años diciendo que no se enteraron de estos hechos. (Nota completa en unoentrerios)

viernes, 6 de noviembre de 2015

Mientras buscábamos a Martín, perdimos a Virginia.

Ayer 5 de Noviembre se conoció la noticia de la aparición de Martín Ogando, hijo de Stella Maris Montesano y Jorge Oscar Ogando.
Al enterarnos de este acontecimiento nos invadió una mezcla de sensaciones, que van desde la satisfacción a la pena y la tristeza.
Porque Martín además de ser nieto de Delia Giovanola de Califano, una de las doce fundadoras de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, es hermano de Virginia Ogando.

Virginia comenzó a militar en HIJOS La Plata en 2005, en la comisión de HERMANOS, espacio que eligió para buscar incansablemente a Martín. Fue ese mismo año que viajamos con ella a Pinamar rastreando un dato que le llegó sobre un chico que podría ser su hermano.
Compartimos con ella asambleas, cumpleaños, asados. Cada paso que Virginia daba tenía un fin: la búsqueda de su hermano. Fuimos también partícipes de la desilusión que le producía cada análisis de ADN que daba resultado negativo, y tratábamos de acompañarla en su dolor.
En agosto de 2011 Virginia se suicidó en Mar del Plata. Su fallecimiento nos generó una impotencia infinita, y nos dejó un vacío inconmensurable.
Al leer en el comunicado emitido por Abuelas, que entre 2006 y 2008, se recibieron tres denuncias anónimas, por teléfono y por mail, en las que se planteaba que quien hoy sabemos es el nieto de Delia y el hermano de Virginia, había sido inscripto como hijo propio de quienes decían ser sus padres, nos llenamos de preguntas, tales como:
¿Por qué se hizo caso omiso a esas denuncias que hacía más de ocho años habían sido recibidas en la Asociación Abuelas? ¿Si se hubiesen investigado a tiempo, hoy Virginia estaría dándole ese anhelado abrazo a Martín?
¿Por qué el Ministro de Ciencia y Tecnología Lino Barañao se empeña es desguazar y trasladar el Banco Nacional de Datos Genéticos, que funciona en el Hospital Durand, en óptimas condiciones desde 1987, siendo que es este la herramienta que se ha encargado de restituirle la identidad a 118 jóvenes?
Seguimos sosteniendo que la restitución de la identidad de las personas apropiadas durante la dictadura es una obligación del Estado, no un patrimonio de un organismo de DD.HH.

Por otro lado, vemos con preocupación la situación del predio del ex Centro Clandestino de Detención "Pozo de Banfield”, donde nació Martín Ogando, frente a una serie de actividades y anuncios oficiales respecto a la inminente utilización del lugar como un “Espacio de Memoria”. A nuestro entender, la medida de no innovar, ordenada por el juez Corazza en 2006, continúa vigente, porque continúa en curso la investigación sobre los crímenes aún impunes cometidos en ese lugar, por lo tanto el lugar debe ser debidamente preservado hasta que se hayan concluido las investigaciones judiciales.
Ninguno de los sectores kirchneristas que se disputan el predio, realizaron aportes sustanciales para el avance de la causa N° 26 por los crímenes en el Pozo de Banfield. Ese expediente tuvo un tortuoso derrotero. El primer tramo fue elevado a juicio oral en abril de 2012, con una pobre instrucción en la que Corazza sólo imputó a 7 represores por 134 casos. En un segundo tramo el juez procesó a 15 represores más, pero les otorgó automáticamente la prisión domiciliaria.
Estamos convencidos que la muerte de Virginia es consecuencia del secuestro de sus viejos, la apropiación de su hermano y las marcas que a largo plazo deja el Terrorismo de Estado. Y que la responsabilidad es de un Estado ausente que tardó demasiado en hacer lo que debería haberse hecho hace mucho.
Quienes la conocimos, hoy queremos recordar más que nunca a Virginia, emocionados al releer las palabras que le escribía en una de sus tantas cartas llenas de amor a su hermano:
“Y, por esas cosas que tiene la magia del pensamiento, al ver tanta y tanta gente festejando, me vi y nos vi, cantando entre esa multitud, y sentí que estaba junto a vos alegre y feliz y que, como consecuencia de tanta memoria acumulada, aquel naufragio se había transformado en dulce reencuentro.”

¡Bienvenido Martín!
¡Delia te abrazamos bien fuerte!
¡Hasta siempre querida compañera Virginia!!
¡30.000 detenidos-desaparecidos PRESENTES!

jueves, 2 de julio de 2015

Los socios de Torrealday y un tal López, las pistas detrás del mellizo

El médico paranaense Miguel Alberto Torrealday quedó procesado por robo de bebés durante la dictadura. Pero la Cámara Federal de Apelaciones se permitió además sugerir dos medidas concretas: investigar la responsabilidad de los otros socios del Instituto Privado de Pediatría e indagar respecto de por qué los mellizos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela fueron inscriptos con el apellido López.
paginajudicial.com  -  Juan Cruz Varela  -  De la Redacción de Página Judicial

Es un hecho probado que los mellizos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela nacieron en el Hospital Militar de Paraná, en los primeros días de marzo de 1978, como también lo es que luego fueron internados en el Instituto Privado de Pediatría (IPP).

El médico Miguel Alberto Torrealday, uno de los socios del IPP, fue procesado por la Cámara Federal de Apelaciones por permitir el ingreso y permanencia de los mellizos en la sala de neonatología de la clínica privada, donde estuvieron internados con nombre falso (Soledad López) la niña y sin nombre (NN López) el varón; les dio el alta, autorizó su egreso administrativo y su entrega a personas que no eran familiares ni ostentaban ningún poder legal sobre ellos, todo ello sin dar aviso a un Juzgado de Menores. Hasta ahí lo que ya se sabe.

“Estos niños, como todo bebé, estaban en condición extrema de vulnerabilidad, y si bien cualquier paciente es vulnerable, un bebé que no puede siquiera pedir auxilio constituye el ser más vulnerable sobre la faz de la tierra. Si a eso le sumamos el grave estado de vulnerabilidad de ambos padres, secuestrados y separados entre sí, y el eventual estado de salud de Raquel Negro después del parto, la vulnerabilidad de los menores era absoluta”, señala el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones.

El tribunal integrado por Daniel Alonso, Mateo Busaniche y Cintia Gómez agrega más adelante que “los responsables de las instituciones sanitarias, sean estas públicas o privadas, son los garantes de esos seres humanos indefensos y lo mínimo que se espera de ellos es que actúen los controles indispensables para evitar hechos como el que se encuentra investigado en autos” para luego agregar que “cualquier institución o médico que recibiera dos menores debía extremar los recaudos en relación a quien los traía o retiraba y su legitimación para cualquiera de estas acciones”.

Y aquí surge una primera aproximación a las sugerencias que se permite hacer el tribunal: Torrealday asegura que no era jefe de neonatología, que en el IPP no había una relación jerárquica ni distribución de tareas entre los socios. “En el caso no adquiere relevancia la determinación acerca de quién era el jefe o el administrador del IPP, pues considero que Torrealday no solo debería responder en la presente causa por la suerte de los mellizos, (sino) que habría que ampliar el círculo de intervinientes, máxime ante la indeterminación de funciones a la que se aduce”, expresa Alonso en su voto.

Lo que propone es que se investigue la responsabilidad de los otros socios, David Vainstub y Jorge Rossi –Ángel Schroeder está fallecido–, en la sustracción y sustitución de identidad de los mellizos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela.

Más claramente lo expresa más adelante Busaniche: “Corresponde poner de resalto la posible intervención de otros sujetos en el hecho investigado, especialmente de quienes revestían la misma calidad de socio en dicha entidad al momento de los hechos, respecto de lo cual habrá de encomendarse al magistrado actuante a que considere una posible ampliación subjetiva de responsabilidad en relación a dichos sujetos”. Por si quedaban dudas, vuelve a referirse a Vainstub, Rossi y Schroeder.

Volver al punto de partida

El paso de los mellizos por el IPP quedó registrado en el libro de producción, donde se asentaban los ingresos y egresos de pacientes y el origen en los casos de aquellos que llegaban derivados de otros centros asistenciales. Allí consta el ingreso de la nena como “López, Soledad”, el 4 de marzo, y el varón como “López, NN”, el 10 de marzo, ambos procedentes del Hospital Militar, y su egreso, el 27 de marzo.

Nunca se pudo determinar quién fue el médico tratante, ni quién trasladó a los mellizos desde el Hospital Militar. “Es muy probable que quien los introdujo sea la misma persona que los retiró”, dijo Torrealday en su indagatoria. Esos datos, sugirió, deberían constar en las historias clínicas, pero “las historias clínicas se destruyeron luego de una ampliación que se hizo en 1980… estaban en un depósito que se inundó”, repitió el médico en su declaración ante el juez Leandro Ríos.

El fallo de la Cámara Federal de Apelaciones retoma esos puntos para tratar de avanzar en la localización y restitución de identidad del mellizo varón.

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En primer lugar, el camarista Alonso advierte que “no puede resultar de recibo aquello de la pérdida de los registros a raíz de la inundación del sótano de la institución” y destaca que “el libro de producción demuestra que era posible almacenar datos suficientes para responder a ulteriores ideales”; y, en segundo lugar, plantea que más allá de que el IPP fuera una institución abierta, como dice Torrealday, “lo mínimo que debía establecerse es la identidad del médico tratante porque a partir de él podría reconstruirse toda la secuencia y deslindar la responsabilidad del IPP y sus responsables”.

Alonso se pregunta de dónde surge el apellido López con el que fueron registrados los mellizos y ensaya una hipótesis: “No debe desecharse la escasa información disponible, tal el nombre supuesto de Sabrina, esto es ‘Soledad’ y el apellido atribuido a ambos menores, tal es ‘López’. Considero que tal información reviste relevancia porque en el mejor de los casos la profundización del punto puede llevarnos a la persona que llevó y luego retiró a los mellizos. Al respecto, debe presumirse prima facie que al ingreso se requirió a la persona que trasladó a los niños, alguna identificación. Si ello es así, la persona que ingresó y retiró a los menores sería de apellido ‘López’, pues al habérsele requerido alguna identificación lo habría hecho con un documento en que conste tal apellido”.

Luego deja planteada la posibilidad de que en la nómina de personal del Hospital Militar de Paraná, en 1978, hubiera algún médico, médica, enfermero o enfermera de apellido López; o que alguno de los conductores de ambulancia fuera de apellido López; y que eventualmente algún familiar directo de esta persona se llamara Soledad.

Según pudo saber Página Judicial, no había en 1978 nadie que llevara ese apellido en la nómina del personal médico del Hospital Militar de Paraná; aunque sí un enfermero general que se desempeñó en 1976, que ostentaba en ese tiempo el grado de suboficial mayor, que estuvo en actividad hasta fines de 1985 y que hoy tendría 80 años. Su nombre aparece en un listado que las autoridades del nosocomio castrense entregaron a la Justicia Federal previo al juicio contra la patota del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario. Sin embargo, el enfermero no llegó a declarar porque no fue localizado.

lunes, 22 de junio de 2015

Condor y Robos de Bebes: Uruguay: Suprema Corte concedió extradición de Gavazzo, Arab y Soca a Argentina

POR EL CASO DEL NIÑO SIMÓN RIQUELO

El máximo organismo judicial uruguayo rechazó un recurso presentado por la defensa de los militares y confirmó los fallos de primera y segunda instancia.

Los militares José "Nino" Gavazzo, Ricardo Arab y Ernesto Soca serán extraditados a Argentina por el secuestro en 1976, ocurrido en Buenos Aires, del niño Simón Riquelo, hijo de la militante del PVP, Sara Méndez, de acuerdo a un fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

El máximo organismo judicial uruguayo rechazó el recurso presentado por la defensa de los tres militares y ratificó los fallos en primera y segunda instancia.

La SCJ entendió que "la solicitud de extradición cumple con todos los requisitos formales exigidos por el Tratado de Extradición entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina", según el fallo al que accedió Caras y Caretas Portal.

En este expediente también se resolvió la extradición del coronel (r) Luis Maurente, cuya defensa apeló la extradición en forma extemporánea.
Caso Simón.

Sara Méndez, militante del PVP que residía en forma clandestina en Buenos Aires, tuvo a su hijo en la capital argentina en 1976.

Tras ser detenida en el marco de un operativo realizado por militares de ambos países, el pequeño le fue retirado a su madre y dado en adopción ilegal a un policía argentino.

Méndez fue separada de su hijo cuando éste tenía 21 días de nacido, el 13 de julio de 1976. Ese día, un grupo de militares al mando de Gavazzo irrumpió en su casa y así se llevaron al niño.

La mujer fue trasladada al centro de detención clandestina conocido como Automotores Orletti. Méndez, luego de una investigación que realizaron el senador frenteamplista Rafael Michelini y el periodista Roger Rodríguez, recién recuperó contacto con su hijo en marzo de 2002.

El nombre de Simón Riquelo fue inventado por Méndez cuando tuvo que internarse para dar a luz al pequeño. Simón Riquelo, cuyo verdadero nombre es Aníbal Simón Méndez, en una entrevista publicada a fines de 2012 por La Diaria, dijo que fue "rarísmo" conocer a su madre biológica a los 26 años de edad pero resaltó que tiene una muy buena relación con ella y también muchas cosas en común.

martes, 26 de mayo de 2015

Cuatro procesados en la causa Donda

La apropiación de la diputada nacional Victoria Donda, que nació en la ESMA durante la última dictadura cívico-militar y fue criada por el genocida Juan Antonio Azic y su esposa Esther Abrego, tiene cuatro nuevos presuntos responsables. 

El juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la investigación, procesó a los represores Adolfo Donda y Carlos Galián y a los médicos Jorge Magnacco y Héctor Pessino, por su responsabilidad en la sustracción, retención y ocultamiento de Donda a pocos días de su nacimiento. Donda nació en agosto de 1977 en la ESMA. Su mamá, María Hilda Pérez, había sido secuestrada junto a su esposo, José María Donda, cuando llevaba cinco meses de embarazo. Tras pasar algunos días junto a su madre, la beba fue entregada a Azic, quien purga, desde hace casi una década, una condena de 14 años de prisión por su apropiación y por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA. Donda recuperó su identidad en 2004.

A principios de mes, Rafecas ordenó nuevas medidas en la causa, que hasta entonces contaba con Abrego como única procesada. El 11 de mayo, el magistrado procesó al ex capitán de Fragata Adolfo Donda, apodado Jerónimo o Palito, quien era represor en la ESMA durante la época en que su hermano y su cuñada fueron secuestrados por la Aeronáutica, en marzo de 1977. El magistrado también responsabilizó por la sustracción de la actual diputada al médico naval Jorge Luis Magnacco, que asistió el parto de Pérez en el centro clandestino de detención; a Galián, uno de los encargados del cuidado de las mujeres embarazadas y de los niños nacidos en la ESMA, y al médico Horacio Pessino, quien firmó el certificado de nacimiento falso en el que Donda figuró como hija biológica de Juan Antonio Azic y Esther Noemí Abrego.

jueves, 21 de mayo de 2015

Confirmado el procesamiento de dos auxiliares judiciales y dos administradores por apropiación de menores y otros delitos

La Cámara Federal de La Plata confirmó los procesamientos de dos ex auxiliares judiciales y dos administradores del "Hogar de Belén", que funcionó en la última dictadura cívico militar, por abuso a tres hermanitos de 4, 2 y 5 años entregados en guarda a ese lugar luego del secuestro de la madre de los pequeños, en marzo de 1977. 

La decisión de la sala II del Tribunal de Apelaciones platense recayó sobre quien era la encargada del lugar, Dominga Vera; un ex miembro de su comisión directiva, Juan Carlos Milone; la ex secretaria del juzgado de menores a cargo de los chicos, Nora Pellicier y una psicóloga que actuaba como auxiliar, María Teresa Gómez,. Vera, Milone y Gómez están procesados con prisión preventiva y Pellicier fue excarcelada.

El caso es el de los hermanos María Ester, Alejandro y Carlos Ramírez, quienes desde marzo de 1977 a diciembre de 1983 permanecieron alojados en ese hogar de la localidad bonaerense de Banfield por orden de la ya fallecida jueza de menores Martha Delia Pons. Los tres quedaron desamparados tras el asesinato de su madre el 15 de marzo de 1977, y la por entonces titular del Tribunal de Menores 1 de Lomas de Zamora omitió buscar a sus familiares biológicos y alojó a los niños en el citado hogar.

El padre de los chicos había sido encarcelado por la dictadura y luego se exilió.

Los camaristas confirmaron los procesamientos por entender probado que los niños fueron violados reiteradamente en el hogar durante años.

Milone quedó procesado como "autor del delito de violación doblemente agravada" y Vera como "partícipe necesaria". En cuanto a Pellicer, se le confirmo el procesamiento como partícipe secundaria de apropiación de menores y alteración y supresión del estado civil, y a la psicóloga Gómez como partícipe necesaria de los delitos y abandono de persona agravado.

Para la Cámara, en el hogar "emplearon violencia verbal y física contra los menores como método de disciplina, y permanentemente los obligaban a decirles 'papá' y 'mamá' y los alejaban de todo recuerdo de sus padres, diciéndoles que “su madre era una puta y su padre un terrorista subversivo”.

"Allí se hacían presentes con frecuencia “el Flaco" o "Darío”, que es Juan Carlos Milone -procesado-, integrante de la Comisión Directiva, y “el Gordo" o "Marcelo”, respecto de cuya identidad existen dudas", agregó el fallo, que consideró probado que "ambos abusaron sexualmente, de forma reiterada, a María Ester Ramírez, desde los 6 años de edad". También sufrieron abusos los hermanos de la nena, Carlos y Alejandro. "Dominga Vera no abusó de propia mano a ninguno de los hermanos Ramírez, pero conoció efectivamente las situaciones de abuso y no hizo nada al respecto", concluyeron los camaristas Leopoldo Héctor Schiffrin y César Álvarez.

En el fallo se consideró, además, como "evidente" que el Hogar Casa de Belén "estuvo gobernado por un grupo de tareas" por lo cual se encomendó al juez del caso "recabar más datos que clarifiquen los pormenores de este aspecto de los hechos".

En 1982, desde su exilio, el padre reclamó la devolución de los niños, pero la jueza Pons lo rechazó.

Los tres hermanos viven ahora en Suecia, país al que se fueron con su padre en 1983 y actúan como querellantes en la causa. Todos los acusados fueron procesados por el juez de Lomas de Zamora, Carlos Ferreiro Pella.

domingo, 14 de septiembre de 2014

Dos médicos y una obstetra serán juzgados por su relación con la apropiación de niños en la dictadura

Los doctores de los campos clandestinos

Los médicos Norberto Bianco y Raúl Martín y la obstetra Luisa Arroche serán juzgados por la apropiación de niños durante la dictadura. Se desempeñaban en la maternidad clandestina que funcionaba en Campo de Mayo.

 Por Ailín Bullentini

Por primera vez serán juzgados profesionales de la salud que participaron en partos clandestinos de concentración donde dieron a luz hijos de prisioneras que permanecen desaparecidas. Los médicos están acusados por su participación en la apropiación de los bebés de las prisioneras. Como antecedente a este juicio, en uno de los fallos judiciales por delitos de lesa humanidad más trascendentes, el Tribunal Oral Federal Nº 6 había determinado que el robo de bebés paridos por mujeres secuestradas en centros clandestinos de detención fue una práctica sistemática y generalizada del terrorismo de Estado desatado durante la última dictadura cívico-militar. Por esos crímenes, los integrantes de la cúpula militar que gobernó al país aquellos años fue severamente condenada. Dos años después, y bajo la misma mecánica, el mismo tribunal comenzará a juzgar este miércoles a integrantes del personal médico militar vinculados con la apropiación de bebés nacidos en la maternidad clandestina que funcionó en Campo de Mayo y cuyas responsabilidades no fueron analizadas en aquel mítico juicio. Cada uno en el caso que corresponda, los acusados, los médicos Norberto Bianco y Raúl Martín, y la obstetra Luisa Arroche y los represores que tuvieron a su cargo la zona, Santiago Riveros y Reynaldo Bignone, deberán responder por el robo de nueve bebés –cinco de los cuales lograron recuperar su verdadera identidad–, según el requerimiento de elevación a juicio de Abuelas de Plaza de Mayo. Las historias de los nietos recuperados Francisco Madariaga Quintela y Catalina de Sanctis Ovando serán algunas de las tratadas a lo largo del debate.

Pasaron dos años de aquel primer y emblemático acto de justicia y casi una década desde que Abuelas de Plaza de Mayo le pidió al Poder Judicial que, sin perder de vista a “los Videla, los Massera, los Riveros y Bignone”, investigara a las segundas y terceras líneas de las Fuerzas Armadas que participaron en el proceso de robo y entrega de bebés que varias mujeres parieron en el Hospital Militar de Campo de Mayo durante su cautiverio clandestino. El funcionamiento de esa “maternidad clandestina”, como la parte de la sociedad que se preocupó por que la Justicia analizara los horrores de aquellos años, rebautizó a esa institución sanitaria que aún respira recostada sobre la avenida Pablo Ricchieri de la guarnición militar de Campo de Mayo, fue ventilado en el juicio por el plan sistemático, con lo cual, muchos testimonios desplegados entonces serán incorporados en este debate vía reproducción audiovisual. Algunas otras versiones de los hechos ofrecidas durante la intrucción también serán sumadas sin necesidad de ser reiteradas frente a los jueces María del Carmen Roqueta, Julio Luis Panelo y Jorge Humberto Gettas. En los pasillos de Comodoro Py apuestan a que la sentencia llegue antes de fin de año.
El juicio a los médicos

Riveros y Bignone fueron condenados a en el juicio por el Plan Sistemático. A Bignone, no obstante, se lo juzgó como miembro de la última junta de comandantes que dirigió la última dictadura cívico-militar. Recibió 15 años de cárcel, condena que fue incrementada a 25 por la Cámara de Casación. Riveros, condenado a 20 años, fue responsabilizado como jerarca del Comando de Institutos Militares que tenían, bajo su órbita, a Campo de Mayo. Sin embargo, el marco de acusaciones que decantó en ese debate oral no tuvo siquiera desde su etapa de instrucción en cuenta a los médicos militares que integraron el organigrama delictivo. Los médicos que dirigían el Hospital Militar de Campo de Mayo y especialmente quienes tenían a su cargo el área obtétrica de esa institución “habían quedado afuera del ojo de la Justicia”, determinó Alan Iud, que representará junto a Pablo Lachener a la querella de Abuelas de Plaza de Mayo en el debate oral que arrancará el miércoles.

Como la causa por el Plan Sistemático ya estaba elevada a juicio oral, Abuelas decidió impulsar la investigación en el mismo expediente que investigaba los crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo, que recorría, entonces, instancias preliminares. Año 2006. Justicia del distrito de San Martín. Varios años después, la Cámara local decidió que esa investigación debía entenderse como una continuidad de la causa mayor y, como aquélla, tramitarse en la Justicia federal. Ocho años después de aquel primer paso, la causa llegó a su juicio oral, que en un primer momento tuvo como fecha de inicio en julio, pero fue pospuesto por las recusaciones que las defensas de los imputados presentaron contra la presidenta del tribunal y su coequipier, Panelo, y que no prosperaron.
Los casos

En el Pabellón de Epidemiología del Hospital Militar de Campo de Mayo existieron, entre fines de 1976 y fines de 1978, dos habitaciones “especiales”: ventanas enrejadas, cerrojos en las puertas, sin luz. Por esas habitaciones pasaron, por lo menos, 17 jóvenes embarazadas cautivas de la cacería del terrorismo de Estado que desató su furia en el país entre 1976 y 1983. Hasta allí eran trasladadas, en autos particulares, tabicadas, esposadas, desde diferentes centros clandestinos de detención que funcionaron en la órbita de Campo de Mayo, cuando se acercaba su fecha de parto. Los alumbramientos sucedían, la mayoría de las veces inducidos y por cesárea, en el quirófano del hospital. Luego, las mujeres eran despojadas de sus bebés, a los que le perdían el rastro, y depositadas nuevamente en las habitaciones privadas de Epidemiología hasta su alta. El destino siguiente era de nuevo el centro clandestino. Y, desde allí, la desaparición. La muerte.

Detalles más, detalles menos, así fueron los últimos días de Marta Alvarez, Susana Stritzler, Mónica Masri, Valeria Beláustegui Herrera, María Eva Duarte, Myriam Ovando, Silvia Quintela Dallasta, Norma Tato y Liliana Isabel Acuña, cuyas historias serán el eje del debate oral que comenzará esta semana y quienes permanecen desaparecidas. Existen otros ocho casos similares cuyas causas aún no fueron elevadas a juicio oral, paso burocrático que la querella de Abuelas espera que suceda en el transcurso de estos meses. Dependerá del TOF 6 que puedan ser, luego de esa elevación, incorporados al debate.

Detalles más, detalles menos, fueron los primeros días de, por lo menos, Francisco Madariaga Quintela, Catalina de Sanctis Ovando, Belén Altamiranda Taranto, Pablo Casariego Tato y Valeria Acuña Gutiérrez: hijos de algunas de aquellas víctimas y recuperados, a lo largo de los años siguientes y con la fuerza de la búsqueda incansable de Abuelas de Plaza de Mayo. La mayoría de las historias de estos nietos recuperados fueron ventiladas en el juicio por el Plan Sistemático, como el caso de Madariaga, Casariego Tato o Altamiranda Taranto, o en debates orales individuales contra apropiadores o entregadores, como lo tuvo de Sanctis Ovando.
Los acusados

En sus primeros años, el expediente que indagó lo sucedido en la maternidad clandestina que funcionó en el Hospital Militar de Campo de Mayo contaba con una decena de imputados. Más de la mitad no ocupará el banquillo de los acusados: algunos fallecieron, otros fueron salvados por “cuestiones de salud”.

Por ser las autoridades máximas de la zona de defensa IV del Ejército nacional, que incluye en su jurisdicción la repartición militar de Campo de Mayo, Riveros y Bignone volverán a ocupar el banquillo de los acusados en este juicio. Son los únicos dos imputados a los que el funcionamiento vertical de la jerarquía militar no los deja despegarse de los delitos a exponer en el debate oral que comenzará el miércoles. En esa misma línea de responsabilidades la querella de Abuelas ubicaba a Antonio Bussi, quien falleció en noviembre de 2011.

De los médicos militares retirados que aportarían su responsabilidad en este debate, só´lo dos finalmente llegaron a juicio. Raúl Martín y Norberto Bianco. Martín fue jefe del servicio de Clínica del Hospital Militar en el que parieron más de una quincena de mujeres, en su mayoría jóvenes, secuestradas clandestinamente por el terrorismo de Estado y en donde les arrebataron a sus hijos. Según la acusación de la querella, Martín era un “retransmisor” de información relativa a la presencia de esas mujeres en el hospital, a sus partos y al destino de sus bebés. Bianco fue jefe del Servicio de Traumatología de la institución. La querella y la Fiscalía, a cargo de Martín Niklison, coinciden en señalarlo como un “personaje clave” en la asociación que los unificó junto a otros profesionales militares cuyo objetivo fue despojar de sus niños a detenidas ilegales cuyo destino era la desaparición. Yolanda Arroche de Sala García fue obstetra de la institución y está acusada de haber firmado el certificado de nacimiento falso de uno de los bebés apropiados y quien ya recuperó su identidad, Francisco Madariaga Quintela. El milico médico Julio Caserotto, quien tenía a su cargo el servicio de Obstetricia del hospital, falleció. Jorge Habib Haddad fue subdirector del centro de salud de la fuerza, mientras que Ramón Capecce era jefe de Cirugía. Ambos fueron declarados “incapaces de defenderse” por deficiencias en su estado psíquico. Los tres se salvaron de la Justicia.

sábado, 23 de agosto de 2014

La abuela Licha

La primera presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo murió en 2008. No pudo abrazar a su nieta Ana Libertad. En esta nota, publicada el 26 de mayo de 2006, Página/12 contó la conmovedora historia de su búsqueda.

 Por Victoria Ginzberg

En el sillón de pana verde que todavía está en el comedor de su casa comenzó a gestarse en 1977 la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo. Fue una mañana en que Chicha Mariani, otra señora de La Plata que estaba tratando de dar con Clara Anahí, secuestrada cuando tenía tres meses, le tocó el timbre. Alicia Zubasnabar de De la Cuadra –Licha para casi todo el mundo– le contó su historia y la de otras mujeres que se reunían en La Plata o en Buenos Aires, en la Plaza de Mayo. Al poco tiempo, las que buscaban a sus nietos secuestrados o que debían haber nacido en cautiverio sumaban doce, entre ellas estaba Estela Carlotto.

Licha fue la primera presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Nació en Sauce, un pueblo correntino. Y allí se casó con Roberto Luis De la Cuadra. La pareja decidió mudarse a La Plata para educar a sus cinco hijos: Estela, Soledad, Luis Eduardo, Roberto José y Elena. La década del ’70 encontró a los jóvenes De la Cuadra comprometidos con la militancia política, social y sindical. Y como muchas familias platenses, los De la Cuadra fueron atravesados por el terror de la dictadura.

Licha sintió que el espanto se apoderaba de su cuerpo el 2 de septiembre de 1976, cuando un grupo de hombres, algunos con la cara tapada con medias, otros con ropa de fajina y armas, irrumpió en su departamento para buscar a Roberto José, que en ese entonces trabajaba como obrero en YPF. “Yo a ese muchacho no lo conozco”, dijo Licha en la puerta, cuando la patota estaba a punto de subirla a un auto y se encontró con Roberto José, que llegaba a la casa paterna. La frase de la madre no convenció a los represores, que empujaron a la mujer al ascensor a punta de pistola y se llevaron al hijo.

La desaparición de Roberto José movilizó a la familia De la Cuadra y las gestiones se incrementaron con el secuestro de Elena y su marido, Héctor Baratti, en febrero de 1977, y de Gustavo Freire, esposo de Estela, en diciembre de 1977.

Elena estaba embarazada de cinco meses cuando desapareció. En julio, Licha recibió una llamada telefónica que le anunció que su hija había tenido una niña y que le había puesto Ana Libertad. Sobrevivientes del centro clandestino que funcionó en la comisaría quinta de La Plata le fueron aportando detalles, como la discusión de Héctor con el cura Christian von Wernich, quien se negaba a entregar a la niña a sus abuelos porque “la iban a criar igual que a sus hijos”.

Sin imaginar que la Iglesia estaba aún dentro de los campos de concentración, Licha recurrió a distintas autoridades eclesiásticas hasta que terminó en el despacho de monseñor Emilio Graselli. “Usted no me dijo que Elenita estaba embarazada”, le dijo el cura en el segundo encuentro, demostrando que manejaba buena información. Graselli sabía que Elena estaba “en alguna comisaría”, pero no quiso aportar detalles. “Si se lo digo va a ser para peor, porque usted va a empezar a rondar y le va a ir peor a ella”, fueron sus palabras.

La búsqueda constante de Ana Libertad no hizo que Licha dejara de hacer gestiones por sus hijos y yernos. Su nombre figura en el escrito con el que la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata pidió que se iniciaran las audiencias del Juicio de la Verdad en esa ciudad. Y durante años estuvo cada miércoles en la sala de audiencias, mirando con sus ojos claros a los testigos o acusados, entre ellos a Von Wernich. El año pasado cumplió noventa años y fue declarada Ciudadana Ilustre de Corrientes. Las Abuelas la homenajearon con el título de Presidenta Honoraria.

Durante muchos años, Licha pensó que sabía quién podía ser su nieta. Inició una causa judicial que sufrió innumerables trabas, hasta que, hace unos meses, logró que la joven en cuestión se hiciera un estudio de ADN. Todavía no tiene el resultado y ahora no está convencida de que esa chica sea Ana Libertad, pero sabe que, de cualquier forma, si no es su nieta, hay grandes posibilidades que sea la nieta de alguna de sus compañeras. Licha es una de las tantas mujeres que esperan. Pero no se quedó sentada en el sillón de pana verde. Pelea y, a pesar del tiempo, no se cansa de exigir respuestas: ¿dónde está su nieta?, ¿dónde están sus hijos, sus yernos? Cuando estas preguntas se contesten, Licha será noticia. Pero Licha –como todas las Abuelas– espera todos los días. Todos los días busca.

jueves, 14 de agosto de 2014

El apropiador de Guido y la sombra de Amalia Fortabat en la Olavarría sangrienta

El hombre que apropió a Guido Montoya-Carlotto era un influyente miembro de la Sociedad Rural. 

El crimen del abogado platense Carlos Moreno y los cabos sueltos que la Justicia debe atar sobre empresarios y militares en la ciudad de Fortabat.

Carlos Moreno, el abogado platense asesinado en 1977 por defender a obreros de Loma Negra S:A.
 
Detrás de la alegría por la recuperación del nieto secuestrado de Estela Carlotto hay una historia terrible, medular, que la Justicia ahora deberá desentrañar. El objetivo no pasa solamente por conocer lo que pasó con Guido sino lo que pudo haber pasado con otros Guidos apropiados en las mismas condiciones y por personas con las mismas influencias políticas, económicas y sociales que el "influyente" que lo llevó desde el Hospital Miitar de Buenos Aires a Olavarría. Conocer el camino que le hicieron seguir a ese bebé puede, por ejemplo, permitir echar luz sobre las sombras que hace 37 años rodean a la apropiaciòn de Clara Anahi, la nieta de Chicha Mariani.
De ahi y no de otro lado, la importancia de la tarea judicial emprendida por la jueza María Romilda Servini de Cubría y el valor de los datos que pueda aportar Guido Montoya Carlotto sobre su infancia, su adolescencia y las razones por las que un día, después de 35 años, decidió hacerse un ADN.
OLAVARRIA, TIERRA DE PLOMO Y CEMENTO

En ese escenario, el distrito bonaerense de Olavarría constituye una de las claves del caso. Además de ser cuna del Servicio Penitenciario Bonaerense ha sido, durante la dictadura militar, emblema de un sector de la burgesía empresaria nacional a partir de un nombre emblemático: Amalia Lacroze de Fortabat y la empresa cementera Loma Negra, que heredó de su difundo marido, Luciano y que administró durante décadas junto a su mano derecha: el rígido Coronel Prémoli.
- "Cabos, hay que atar cabos", dijo una fuente a Diario Full mientras en la noche posterior a la apariciòn de Guido, tiraba sobre la mesa de un café ubicado en 7 y 43, en La Plata, una copia del expediente y la sentencia por el aesinato del abogado platense Carlos Alberto Moreno.secuestrado en Olavarría el 29 de abril de 1977, torturado en un centro clandestino de detención de Tandil y asesinado al intentar huir de sus captores.
Por ese homicidio el Tribunal Oral en lo Criminal de Mar del Plata condenó a tres militares y dos civiles. Esos dos civiles, "hombres de campo", fueron acusados de prestar una estancia que poseían para armar el "chupadero" donde detuvieron y ejecutaron a Moreno.
AMALIA FORTABAT, IMPUTADA

El día después de conocida la sentencia, el periodista Pablo Roesler escribió en el diario digital Diagonales: "Amalia Lacroze de Fortabat murió en el justo momento en que su nombre comenzaba a repetirse en el juicio por el secuestro y asesinato en dictadura de Carlos Alberto Moreno, un abogado laboralista representante de trabajadores de la cementera Loma Negra, empresa con la que la mujer amasó su fortuna. Dejó de existir también en el justo momento en que el máximo asesino del país, Jorge Rafael Videla, recordó el acompañamiento de los empresarios nacionales al proyecto político económico de los genocidas. Por eso con su muerte se instala la urgencia de avanzar en el análisis de las posibles complicidades civiles de la dictadura. Pero aunque quizá la muerte la haya dispensado de la instancia de la justicia, su rol durante los años de plomo será, de una u otra forma, develado por el proceso de Memoria, Verdad y Justicia". Unos meses antes, cuando el juicio no había terminado, la viuda de Moreno había pedido públicamente avanzar sobre Amalia Fortabat y citarla a declarar como imputada en el crímen de su marido, cuyo nombre lleva ahora una calle de Tandil en homenaje a su lucha y compromiso social.
LA ENFERMEDAD DEL CEMENTO
¿Y por qué mataron a Moreno?. Por aquellos años Moreno era abogado de un grupo de trabajadores cementeros nucleados en la Asociación de Obreros Mineros Argentinos (AOMA) y la mayoría de sus clientes los contaba entre los obreros de la cementera Loma Negra, que Lacroze de Fortabat vendió en 2005 a un grupo brasilero. Los hombres habían contraído una terrible enfermedad, mortal, la silicosis una intoxicación pulmonar con sílice. Morían antes de poder jubilarse por el contacto con el cemento.
Se reclamaba judicialmente a la empresa que invirtiese en maquinaria y equipos modernos para embolsar el cemento y evitar el contacto físico con ese material. Cuentan que el Coronel Luis Prémoli puso en grito en el cielo. Los costos de producción se irían a las nubes
“Era mucho más barato mandar a secuestrar y matar al Negro Moreno que solucionar los problemas de salud de los trabajadores de Loma Negraa", dijo al borde las lágrimas Susana Mabel Lofeudo de Moreno, viuda de Carlos Alberto Moreno en un artículo publicado en La Voz de Tandil. Durante el juicio declararon el hermano de la víctima, Héctor Alfredo, sus hijos Martín y Matías (uno de ellos es actual funcionario de la Municipalidad de La Plata) y el abogado Adolfo Rocha Campos, quién presentó junto a otros colegas de esa región bonaerense un hábeas corpus que no logró evitar el trágico final con que se encontró la vida del laboralista olavarriense.
Martín, el hijo más chico del abogado, que todavía estaba en la panza de su madre cuando mataron a Moreno, recordó lo que falta: “Ahora vamos por los empresarios de Loma Negra, que son los verdaderos responsables de la muerte de mi padre, porque eran los perjudicados de que se investigue y se exijan condiciones de trabajo dignas para sus empleados”.
LA SOCIEDAD RURAL DE OLAVARRIA
En un artículo escrito en Página 12, el periodista Por Diego Martínez pintó una inmejorable postal de la Olavarría de los tiempos de la dictadura, cuando mataron al abogado platense Carlos Moreno.
"La relación de la cementera Loma Negra con el terrorismo de Estado está en la mira de la Justicia. El fiscal Daniel Adler y el abogado César Sivo, representante de la familia de Carlos Moreno, abogado de los obreros de la empresa hasta su asesinato en 1977, le pidieron al Tribunal Oral Federal 1º de Mar del Plata que promueva una investigación criminal contra los directivos de la firma que desde 1976 dirigía Amalia Lacroze de Fortabat, que murió impune el mes pasado.
Los letrados, en sus alegatos, pidieron penas de prisión perpetua para los coroneles retirados Roque Pappalardo y Julio Tomassi, y para el suboficial José Luis Ojeda, como coautores de la privación ilegal de la libertad, las torturas y el asesinato de Moreno. Para los hermanos Emilio y Julio Méndez, dos civiles que facilitaron su chacra de Tandil como centro clandestino, Sivo pidió veinte años de prisión; Adler 16 y 14 años respectivamente".
Y al contar detalles sobre la vida de los imputados, dijo: "Tommasi era jefe de área, un burócrata orgulloso de su eficaz subordinado Pappalardo. Pappalardo “hizo historia en Tandil: varios sobrevivientes lo reconocieron en la tortura. Yo no compartía el método, dijo el militar en el juicio, con crucifijo y rosario en mano. En el caso específico fue quien ordenó recapturar a Moreno. Se ocupaba de custodiar los intereses de las empresas que perdían juicios por demandas de sus empleados, dijo el fiscal. En el caso de la Cooperativa Cretal mencionó dos secuestros de “actores del juicio”. En el caso de Loma Negra fue más lejos: directamente secuestró al abogado de los trabajadores. El mismo grupo operativo, los mismos intereses: que las empresas no sufran el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores”.
"ALCAHUETES DE MILITARES"
El cabo primero Ojeda, según testigos, persiguió a Moreno a los tiros tras la evasión e informó a Pappalardo. Los Méndez aportaron su propiedad como centro clandestino. “Alcahuetes de los militares”, los definió Matías Moreno, hijo del abogado. Emilio Méndez, que reconoció su relación con los militares, era gerente del Banco Comercial de Tandil y vicepresidente de la Usina Popular.
“El trueque era evidente”, dijo el fiscal. “Cedieron su chacra a los militares, que tenían el poder político, económico y social, y mantuvieron su cuota de poder, todos manchados con sangre”, resumió.
“Moreno era una molestia para el poder económico”, destacó el fiscal. Recordó que junto a su socio Mario Gubitosi “se metieron de lleno con el tema de la silicosis”, enfermedad que sufrían los obreros, e intercedieron por despidos y aportes. Destacó el rol del juez Carlos Pagliere, que en plena dictadura “selló el destino de los imputados” al recoger pruebas, y se detuvo en los indicios de la relación de Loma Negra con los militares y “la posibilidad de que estemos frente a un crimen por encargo”.
El superintendente Ernesto Cladera le dijo al socio de Moreno “que no molestaran, que había ido el jefe del regimiento y que haga la lista de los que andaban jodiendo, que él era dueño de la vida y de los bienes”.
El hijo del vicepresidente de la cementera contó que ambos abogados eran “muy mal nombrados” en las reuniones de empresarios y militares".
Reuniones de abogados y militares de Olavarría...
La viuda de Moreno, en tanto, reiteró en varios tramos de su declaración el protagonismo central del por entonces Teniente del Regimiento de Ejército en Olavarría Ignacio Aníbal Verdura, vecino de la víctima, quien si bien en principio argumentó desconocer las circunstancias en las que fue secuestrado el abogado terminó facilitando la restitución del cuerpo sin vida, pero en la morgue de la ciudad de La Plata.
LOMA NEGRA
Lo cierto es que la mujer además aseveró que luego debieron afrontar un violento desalojo de su domicilio como consecuencia de “un operativo ordenado por Verdura", que terminó informando a la viuda cómo podría recuperar los restos de su marido. “El cuerpo lo vas a tener, pero para llevarlo a cualquier lugar menos a Olavarría", fue una de las frases que usó el militar, antes de indicarle que finalmente sería en la morgue platense, tal como narró la viuda al tribunal.
Los imputados son dos militares de apellido Pappalardo y Tomassi y tres civiles, entre ellos los hermanos Méndez, conocidos en Olavarría por su rol de productores rurales.
En su sentencia, conocida el año pasado, los jueces dijeron que "las pruebas acumuladas hacen sospechar que integrantes del directorio de la cementera Loma Negra pudieron inducir los delitos, corresponde remitir las copias de los antecedentes para que los investigue la Justicia”.
"Hay que atar cabos", insistió anoche el informante.
SECRETOS A LA TUMBA
El apropiador de quien fuera el bebé Guido Montoya Carlotto era un destacado vecino de Olavarría. Un hombre con fuertes relaciones con el poder político y empresario de esa ciudad. Periodistas de Radio Rivadavia primiciaron señalando que el apropiador pertenecía a la Sociedad Rural de Olavarría, una de las seccionales más fuertes y emblemáticas en el mosaico de esa entidad a nivel nacional.
- "Pueblo chico, infierno grande. La misma ideología, las mismas relaciones, los mismos intereses. Si van por ahi, algo pueden llegar a encontrar", insistió el confidente mientras ojeaba delante de Diario Full la causa Moreno en la que se ven imágenes que, pese al tiempo y la borrosidad de las fotocopias, todavía estremecen.
Estela Carlotto se ha ocupado por estas horas de "proteger" a Clemente y Juana Hurban, los peones rurales que criaron a Guido. Vivían en un campo del pueblo de Loma Negra, el pueblo cuya fundación fue inspirada en Luciano Fortabat y en su cementera. Si hasta llegó a tener un equipo de fútbol que estuvo a punto de subir a primera división y en el que descollaron, entre otros, Charly Carrió. Así el poder de Amalita, así el poder de Loma Negra. Así el poder de Olavarría y sus vinculaciones con una de las dictaduras más sangrietas que conoció América Latina.
El apropiador que tomaba whisky caro en el salón de reuniones de la Sociedad Rural de Olavarría y que, uno se imagina, una noche golpeó la puerta de la humilde casita de sus peones Clemente y Juana y les entregó un bebé, murió hace dos años.
Después de la muerte de ese hombre, el destacado músico Ignacio "Pacho" Hurbán, decidió hacerse un ADN para conocer su verdadera identidad.
Una de las preguntas que la jueza Servini de Cubría le hará seguramente a Guido es si conoció, en su infancia o juventud, a ese hombre.
Un hombre de la Sociedad Rural que por lo visto sabía y podía conseguir bebés en aquellos años de plomo.
Y que quizá se ha llevado a la tumba secretos valiosos. Para Guido y acaso para los otros 400 nietos que faltan restituir.


martes, 12 de agosto de 2014

El presunto entregador de Ignacio/Guido

El gran bonete

Francisco Aguilar fue candidato de Unión-PRO en 2007. Ninguno de los integrantes de lo que fue ese espacio se hace cargo.

 Por Werner Pertot

El presunto entregador de Ignacio/Guido Montoya Carlotto, Francisco Aguilar, fue candidato suplente a concejal por la lista de Unión-PRO en 2007, cuando Mauricio Macri y Francisco de Narváez eran aliados. ¿Cómo llegó a formar parte de esa lista? Desde los partidos que integraron esa alianza se pasaron la pelota: nadie se quiso hacer cargo de la presencia del presunto entregador. “La séptima sección electoral (Olavarría) la armó De Narváez”, lanzaron desde el PRO bonaerense. Desde otro sector, indicaron que los integrantes de la lista eran cercanos a la diputada macrista Gladys González, quien dice que no tuvo nada que ver. Página/12 conversó con quien encabezó esa lista como candidato a intendente, el empresario rural Julián Abad, quien dijo que lo conocía de la Sociedad Rural local. “Se acercó como un vecino más”, intentó minimizar.

Aguilar es una de las figuras clave de una de las líneas de investigación por las que se intenta determinar cómo llegó a Olavarría el nieto de Estela de Carlotto. El empresario rural sería dueño del campo donde se crió Ignacio/Guido, tenía un lazo muy cercano con las Fuerzas Armadas, fue presidente de la Sociedad Rural local, del club Estudiantes y del Centro de Equitación de Olavarría. Su incursión en la política partidaria fue en 2007, bajo la escudería de la alianza Unión-PRO. Falleció en marzo de este año y poco después el nieto recuperado se enteró de que no era el hijo biológico de los peones rurales que lo criaron.

En 2007, Aguilar entró a la sede de Unión-PRO, que habían inaugurado frente al municipio, junto con el resto de los candidatos. “Nos sentimos identificados con estos empresarios que deciden saltar a la política. Nosotros estamos haciendo lo mismo”, dijo Abad, candidato a intendente por esa lista en 2007. Tanto él como Aguilar eran empresarios rurales.

Conocidos los antecedentes de Aguilar en el caso Carlotto, entre Unión Celeste y Blanco y el PRO comenzaron a pasarse la responsabilidad por el armado de aquella lista como si fuera una papa caliente. “En la séptima, las listas las armó De Narváez”, fueron tajantes en el macrismo bonaerense. La pelota pasó al lado de De Narváez. En el espacio del Colorado no quisieron sumarse al mismo juego. Pero una fuente del peronismo de Olavarría destacó que aquella lista fue armada por la diputada macrista. La pelota volvió al lado del PRO.

“Esa lista fue armada para que entrara como concejala Carola Patané, la amiga de Gladys González. Los que la integraron eran gente de confianza de ellos”, sostuvieron desde el peronismo local. “No participé del armado en la provincia. Era directora del Banco Ciudad en 2007”, contestó González a la consulta de este diario. Sí confirmó su relación con Patané.

“Luego de que ganó Patané, Abad quiso ser candidato a diputado en 2009 y no lo dejaron. Le agradecieron por los servicios prestados y lo borraron de un plumazo. Terminó siendo funcionario del intendente José Eseverri”, indicó el dirigente del peronismo local. Eseverri actualmente forma parte del Frente Renovador. En diálogo con este diario, el ex candidato Julián Abad recordó que Macri no fue a Olavarría a apoyarlo, pero sí De Narváez. Sobre la participación de Aguilar, consideró que “se sumó como un vecino más. Venía de la Sociedad Rural. Nos conocíamos de ese ámbito. Fue una participación en la política local”.

Por que los jóvenes se acercan a las abuelas en busca de su identidad

La estrategia de la duda

El nieto de Estela de Carlotto llegó a la institución luego de campañas que apuntan a interpelar a los nacidos entre 1976 y 1983. Esas convocatorias también arman una red social y cultural que sostienen la necesidad de saber la verdad.

 Por Alejandra Dandan

La librería Insurgente de Olavarría lo cruzó varias veces con Juan Weisz, otro hijo de desaparecidos. Pasó por Música por la Identidad. Están sus tuits, uno sobre el dictador Jorge Rafael Videla, otro un 24 de marzo. Mensajes lanzados a una comunidad con la que se comparte un lenguaje. Ignacio/Guido Montoya Carlotto se acercó a Abuelas de Plaza de Mayo hace menos de dos meses, pero llegó habiendo atravesado distintos espacios que lo emparentaron con su historia antes de decidirse a hacer la prueba de ADN. La noticia de su recuperación fue una ocasión para repensar esa trama: la red que generó el trabajo de las Abuelas en clave de comunicación y para rastrear las corrientes que lo arrastraron a él hasta ahí, pero que al mismo tiempo arrastraron a quienes salieron inmediatamente a festejarlo. Hubo un mensaje que llegó.

Abel Madariaga es parte de la casa de las Abuelas desde siempre. Camina por un pasillo de ida y de vuelta y otra vez de ida y de vuelta cuando se entera de que un nuevo joven fue identificado. Es un padre entre las Abuelas y encontró a su hijo Francisco en 2010. “En 1986 y luego, mientras estaban en vigencia el indulto y las leyes de impunidad, de obediencia debida y punto final, las Abuelas pensaban que al volver la democracia les iban a devolver a sus nietos, y no ocurrió. Yo ya participaba de Abuelas y escuché en ese momento a una de ellas que dijo algo que me impactó: ‘Cuando sean grandes nos van a buscar’. Cero logros tuvimos en esa etapa, pero a mí me quedó dando vueltas en la cabeza esa idea. Hará unos veinte años, un día, cuando los chicos empezaron a ser grandes, inventamos una consigna que la pusimos en un volantito que hicimos de prueba. Decía: ‘Si dudás, te esperamos con amor. Abuelas de Plaza de Mayo’. ¡Era una tirita mal impresa! Un asco comunicacionalmente, pero era lo que uno sentía. Y ahí empezamos a dar los primeros pasos.”

Los pasos evolucionaron. 1997 marcó un punto de quiebre. Cuando se cumplieron veinte años de la fundación de Abuelas, eran 59 los chicos que habían recuperado su identidad. “Cuando las Abuelas tomaron conciencia de que sus nietos habían crecido y que eso implicaba la posibilidad de contar con ellos en la búsqueda de su identidad, cambiaron la metodología de búsqueda: ya no se trataba de buscar a los niños, se trataba de acercar a los jóvenes a las Abuelas”, explica la página web de la institución.

Hubo festivales de rock, pusieron colores a los mensajes cuando el resto de los organismos de derechos humanos usaba blanco y negro y articularon con otros. Llegó Teatro por la Identidad, pero también la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida. La Justicia empezó a decir que lo que había pasado estaba mal: estaba mal torturar, desaparecer y robar niños. Otro 24 de marzo. La necesidad de llegar a los pueblitos. Telefe pasó la novela Montecristo, cuya protagonista era una joven apropiada durante la última dictadura. Llegó Música por la Identidad, Tango, el acompañamiento de futbolistas y concursos hasta por tuiter. En medio de todas esas actividades, las condenas por el plan sistemático de apropiación de niños y un juicio oral en Azul por un abogado de Olavarría asesinado durante la dictadura.

Tatiana Ruarte Britos recuperó su identidad en 1980, cuando tenía 6 años. “Está bueno ampliar la pregunta sobre cómo se llega –dice–. Guido hizo un recorrido del que hablará él, pero que haya iniciado la búsqueda al participar de Musica por la Identidad, aproximándose a su modo y finalmente, que haya sucedido esto, parece como mágico. Por eso es tan importante no sólo la bajada institucional, sino los lazos y las redes que se generan. El tenía amigos de amigos en común, estaba en el círculo.”

Esta idea de un lazo político o cultural que se fue tejiendo en estos años por el trabajo de las Abuelas también pareció oírse el viernes en la conferencia de prensa que dio el nieto de Estela de Carlotto.

Valeria Barbuto es antropóloga y representante de los organismos de derechos humanos en el directorio del Espacio de Memoria ex ESMA. “Hubo ahí algo de lo que le pasa a él, pero que al mismo tiempo nos pasa a todos –dice–. Cuando dijo: ‘Yo estoy contento por esta gente que está contenta’. Eso para mí fue impactante, verdaderamente, y creo que es una frase histórica.”

En la Casa de las Abuelas no dejó de sonar el teléfono desde el martes. Llamaron de los lugares mas raros del mundo. Se encontraron notas en diarios de Malasia, de Japón y de Sudáfrica. Llamaron de Australia. Montaron cámaras equipos de Colombia, Chile y Brasil. Entre martes y viernes por la mañana, Abuelas recibió unos 200 llamados concretos de personas con consultas puntuales sobre su identidad. El martes hubo gente en la calle. “Se vio una respuesta social muy linda, porque nunca se amontonó tanta gente en la calle y yo nunca tuve que salir al balcón a saludar”, dijo Estela. Se habló del “nieto de todos”. El viernes un periodista le dijo a Guido/Ignacio algo así como “Quiero que sepas que sos la noticia más importante que me tocó cubrir en toda mi vida”.

“Personalmente –dice Tatiana– lo que me sucedió es haber tenido la misma sensación, pero a la inversa, del momento en el que encarcelan a Videla. Me salió eso del ¡¿cómo puede ser si esto no era posible?! Y sin embargo, sí, es cierto. Se te da vuelta toda la cabeza: algo que parecía infinitamente imposible se acaba de alcanzar, y esto simbólicamente en la sociedad va a dejar una marca super importante.”

Lita Boitano vivió hace unos días algo de esa sensación en su barrio. Vive en Barrio Norte. Cada vez que va a la carnicería, el carnicero suele esperar quedarse a solas para hablar de política, pero esta vez la foto de Lita al lado de Estela había aparecido en todos lados y todo el mundo se acercó a saludarla. En ese momento, sintió que ahí, en su barrio, entre sus vecinos, hostiles a ciertos temas, volvía a recuperar su condición de “madre”: “Yo sentí que volví a ser la madre de mis hijos desaparecidos”.

En Abuelas, el tono que alcanzó estos días la celebración por la noticia de Guido fue algo que sorprendió. Un dato nuevo. El más destacado.

Manuel Gonçalves, otro nieto que hoy es parte de la Comisión Directiva de Abuelas, pone en perspectiva histórica esta sensación: “Es innegable que en los últimos diez años se ha podido hablar de la identidad como no se había podido hacer antes –dice–. A mediados de los ’90 era un momento muy distinto, era otro país, la sociedad todavía decía que los chicos se tenían que quedar con las familias que los habían criado y dado de comer. Hoy no se discute eso. Entendimos que hay que saber la verdad. Y esto tiene que ver con las Abuelas enseñando a la sociedad y al mundo entero.”

Es en ese sentido en el que llegó el mensaje. Más allá de las estrategias de comunicación, esto terminó transformándose en parte de un sentido compartido. “Las estrategias de comunicación son muy buenas, inteligentes, pero vistas en el tiempo son mucho más que eso, son una acción permanente que logró transformaciones culturales y sociales muy profundas, igual que la acción del movimiento de derechos humanos logró un sentido particular sobre los derechos humanos y la democracia. En el reconocimiento del valor de la verdad, en lo que significa la identidad, la huella es profunda porque no se trata sólo de lo que pensamos sobre las apropiaciones en dictadura sino también sobre cualquier adopción. Lo que lograron imprimir las Abuelas son principios básicos sobre la vida como personas y como sociedad. No sé cuántas sociedades reconocen de esta manera a sus víctimas, seguramente pocas. Sin duda, una sociedad que acompaña a sus víctimas es una sociedad más democrática”, señala Barbuto. Más democrática respecto de otras sociedades, seguramente. Pero también más democrática respecto de sí misma, de ese sí misma poco tiempo atrás.