Mostrando entradas con la etiqueta campaña de apoyo juicios. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta campaña de apoyo juicios. Mostrar todas las entradas

martes, 5 de diciembre de 2017

La nieta 126 encontrada es hija de Violeta G.Ortolani y de Edgardo Garnier

4 diciembre, 2017 Redacción InfoBis

Las Abuelas de Plaza de Mayo encontraron hoy a la nieta 126 y si bien la organización brindará detalles mañana al mediodía en una conferencia de prensa, Infobis, está en condiciones de dar un adelanto exclusivo.

La nieta 126 encontrada a través de la incansable lucha de Abuelas, es hija de Violeta Graciela Ortolani, quien cuando tenía 23 años y estaba embarazada de 7 meses fue secuestrada el 14 de diciembre de 1976. Se había casado con el entrerriano Edgardo Garnier.

Violeta nació en Buenos Aires el 11 de octubre de 1953, pero al morir su madre, su padre se radicó en Bolívar. Juntos, pasaron algunos años hasta que la mujer se trasladó a La Plata para comenzar sus estudios universitarios.

Edgardo nació el 7 de agosto de 1955 en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Su familia lo llamaba “Edgar” o “Rober” y sus amigos “El Chueco” o “El Pato”.

Ambos militaron en la FAEP, y particularmente Edgardo también lo hizo en la JP y Violeta en la JUP. Luego compartieron su militancia en la organización Montoneros.

Sus compañeros la llamaban “La Viole” y a él “La Vieja Bordolino” o “El Viejo”.

Violeta fue secuestrada el 14 de diciembre de 1976 en el Barrio La Granja, La Plata. Edgardo fue secuestrado el 8 de febrero de 1977 en la ciudad de La Plata. La joven estaba embarazada de ocho meses. Pensaban llamar Marcos, Enrique o Vanesa al bebé que esperaban.

La pareja continúa desaparecida. Su hija es la nieta 126.

Mañana a las 12, miembros de la organización brindarán una conferencia de prensa junto a su familia, para dar detalles de la historia, dijo la agrupación en un comunicado. El acto se realizará en la sede de Abuelas.

“Estarán presentes familiares y compañeros de militancia del padre y la madre de la nueva nieta, quien se encuentra feliz de haber conocido la verdad”. También solicitaron “a la prensa y a la sociedad en general la prudencia, el respeto y la confidencialidad que estas noticias requieren”.

En lo que va del año, Abuelas de Plaza de Mayo localizó a cinco nietos sustraídos de sus familias en la última dictadura militar. El caso anterior se había conocido el pasado 26 de octubre.

lunes, 9 de mayo de 2016

Abuelas denuncia el cierre de un área clave para recuperar nietos

El organismo advirtió que la ministra Patricia Bullrich eliminó del Ministerio de Seguridad el grupo que asistía en la toma de ADN a posibles víctimas de apropiación.

Por Gimena Fuertes

Las Abuelas de Plaza de Mayo denunciaron ayer el vaciamiento de áreas sensibles del Ministerio de Seguridad de la Nación dedicadas al sostenimiento de las políticas de Derechos Humanos, y advirtieron sobre la desarticulación del Grupo Especializado de Asistencia Judicial (GEAJ), creado para colaborar con la extracción de muestras de ADN por vía judicial, que permiten la identificación de los hijos de desaparecidos. A través de un comunicado, Abuelas responsabilizó a la ministra Patricia Bullrich por la medida publicada en el Boletín Oficial referida a la nueva estructura orgánica del Ministerio que dirige.

El Estado nacional había creado en 2009 el GEAJ para dejar de lado la intervención de las fuerzas de seguridad al momento de la toma de muestras de ADN, ya que se constató que en muchas ocasiones los agentes intervinieron de forma maliciosa para complicar la investigación de la búsqueda de los bebés apropiados. De esta manera, se ponía en manos de funcionarios judiciales el contacto con las personas que podrían llegar a ser víctimas de su apropiación.

El organismo advirtió que si no se revierte la medida, denunciará al gobierno ante la CIDH.
Pablo Lachener, abogado de Abuelas detalló la situación a Tiempo: "Desde hace meses notábamos que el área no estaba funcionando bien y con retraso. Argumentaban excusas de sobrecarga de trabajo, y ayer nos desayunamos con la noticia. Este grupo especial se pone en funcionamiento cuando las muestras no pueden ser tomadas de manera voluntaria y hace falta una intervención de personal especializado y adecuado a las víctimas y al delito", expresó. "No es que se deja de buscar a los nietos. Esa es una tarea de toda la sociedad, pero que deje de funcionar este grupo afecta la investigación", detalló el abogado.

Tal como había anticipado Tiempo en su edición especial del 24 de marzo, Bullrich había comenzado a analizar cómo aplicar el "cambio" que prometió Mauricio Macri en su campaña. Días después de asumir, envió al Ministerio de Modernización un nuevo organigrama en el que ya no figuraba un área de Derechos Humanos. En esa área estaba incluido el GEAJ. De hecho, ya se despidió a 15 de los 33 miembros de la Dirección, entre ellos los integrantes del equipo de Investigación, el GEAJ, el de cotejamiento de huellas digitales y de Género. "Los despidos afectan a todas las áreas del Estado relacionadas con las políticas de memoria, verdad y justicia, los relevamientos documentales, la realización de informes sobre la actuación de las fuerzas de seguridad en la dictadura, entre otras tareas. Se cuestiona el trabajo que se realiza, se desmantelan áreas, se quita apoyo", advirtió Lachener. 
 "Era una tarea delicada la toma de muestras de ADN para identificar judicialmente a nuestros nietos, hijos de desaparecidos, no podía quedar en manos de las fuerzas de seguridad, que en muchos casos actuaban con complicidad con los apropiadores, fraguando la toma de muestras para tornar imposible las restituciones", denunció Abuelas.

 La asociación recordó que a fines de 2014 fue condenado el oficial de policía Adolfo Porcel por haber fraguado, en 2005, en complicidad con el ex gendarme y apropiador, Víctor Enrique Rei, las muestras del allanamiento realizado en la restitución del nieto Alejandro Pedro Sandoval Fontana. "Ese policía es el que había remplazado el ADN de la víctima con el de un perro", recordó el abogado.

 Abuelas le reclamó a Macri "que tome las medidas necesarias para dar marcha atrás con la grave decisión adoptada por la ministra Bullrich" bajo advertencia de denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al gobierno nacional por el incumplimiento del acuerdo del año 2009.
En menos de cinco años desde la Dirección se remitieron unas 3500 unidades documentales a distintas investigaciones judiciales y allí se elaboró, por ejemplo, un mecanismo de identificación de cadáveres NN que permitió dar con el paradero de 37 personas desaparecidas, entre ellas, el de Luciano Arruga. 

jueves, 3 de marzo de 2016

Procesaron a los médicos del IPP por la apropiación de los mellizos

David Vainstub y Jorge Eduardo Rossi, propietarios del Instituto Privado de Pediatría, fueron procesados por la Cámara Federal de Apelaciones por su responsabilidad en la sustracción y sustitución de identidad de los mellizos de Raquel Negro y Tucho Valenzuela, indicaron fuentes tribunalicias a Página Judicial. Los médicos no serán detenidos pero quedaron muy cerca del juicio oral. En la misma causa ya estaba procesado Miguel Alberto Torrealday.

Juan Cruz Varela - De la Redacción de Página Judicial

La Cámara Federal de Apelaciones lo hizo de nuevo: revocó la falta de mérito y decretó el procesamiento de los médicos David Vainstub y Jorge Eduardo Rossi, en la causa donde se investiga la sustracción y sustitución de identidad de los mellizos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, nacidos en el Hospital Militar de Paraná en marzo de 1978.

Los jueces Daniel Alonso, Mateo Busaniche y Cintia Gómez resolvieron, en forma unánime, hacer lugar a los recursos de apelación interpuestos por los fiscales y querellantes, y no solo revocaron la falta de mérito dispuesta por el juez federal Leandro Ríos, sino que dictaron el procesamiento de los médicos, al igual que lo mismo habían resuelto respecto de Miguel Torrealday.

Vainstub y Rossi están acusados por permitir el ingreso y permanencia de los mellizos en la sala de neonatología del Instituto Privado de Pediatría (IPP), donde estuvieron internados con nombre falso (Soledad López) la niña y sin nombre (NN López) el varón. Según los registros de la propia clínica privada, los mellizos fueron derivados del Hospital Militar. La nena ingresó el 4 de marzo y el varón, el 10 de marzo de 1978. También se les atribuye haberles dado el alta médica, autorizar su egreso administrativo y entrega a personas que no eran familiares ni ostentaban ningún poder legal sobre ellos sin dar aviso a un Juzgado de Menores.

El tribunal consideró que “la existencia de éstos delitos aparece prima facie incontrastable y la prueba más acabada de ello resulta ser Sabrina Gullino”, quien que recuperó su identidad en diciembre de 2008, e hizo hincapié en que “se desconoce hasta el día de la fecha el destino sufrido por el varón”.

El fallo –al que accedió Página Judicial– enumera una serie de certezas que, a criterio del tribunal, sostienen la responsabilidad de los médicos y destaca que “no existe constancia alguna de la identidad del médico tratante, de la participación en la internación de familiares de los menores ni que las autoridades del IPP hubieren otorgado intervención a la Justicia de Menores (…) tratándose de sujetos que por su edad carecían de cualquier posibilidad de autodefensa”, en referencia a los recién nacidos.

“Es justamente este cúmulo de irregularidades en el trámite de ingreso, permanencia y egreso de los menores del establecimiento médico en cuestión, lo que forma el cuadro que presenta las notas de probabilidad que ésta instancia requiere para mutar la resolución de falta de mérito a una resolución de signo incriminador positivo respecto de Vainstub y Rossi”, escribió el juez Alonso en su voto –al que adhirieron Busaniche y Gómez–.

La Cámara Federal reafirma que “los hijos de la desaparecida Raquel Negro fueron sustraídos de su esfera de custodia inmediatamente después del alumbramiento” y “a partir de ese momento fueron retenidos, ocultados de su madre y familiares y, asimismo, sus identidades se hicieron inciertas producto de esta misma sustracción”. En la misma línea, se deja en claro que “esta situación se mantiene respecto de uno de los bebés, el varón, cuyo paradero hasta la fecha resulta ser incierto”, es decir, el delito se sigue cometiendo.

La responsabilidad de los médicos del IPP había surgido durante el juicio celebrado en 2011, en el que fueron condenados los integrantes de la patota del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario. Allí se probó que los mellizos nacieron en el Hospital Militar y fueron derivados al IPP e incluso las enfermeras que atendieron a los mellizos recordaron que “en aquella época ellos también hacían guardia”, en referencia a Torrealday, Rossi, Vainstub y Luis Ángel Schroeder (fallecido), y que “los cuatro eran directores, ninguno figuraba como jefe, aunque probablemente lo haya sido Torrealday en los hechos”, como lo hizo notar el Tribunal Oral Federal en la sentencia.

El tribunal de juicio también hizo hincapié en la “desmemoria” de los médicos, algo que calificó de “inexplicable porque fueron momentos históricos impactantes para todos los argentinos” y porque “como profesionales tienen mayor responsabilidad frente a sus pacientes y familiares por su juramento hipocrático”; en contraposición con la actitud que tuvieron las enfermeras, que “registraron con mayor enjundia” y “compromiso” el paso de los mellizos por el IPP.

sábado, 23 de enero de 2016

El represor Menéndez deberá responder por el robo de la nieta 107

La madre estuvo detenida en el D2 de la Policía de Córdoba

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó los recursos presentados por la defensa de Luciano Benjamín Menéndez y confirmó su procesamiento por sustracción de menores, en una causa en la que se investiga la apropiación de la nieta recuperada 107, hija de Carlos Oviedo y María de las Mercedes Moreno. La mujer había tenido a la beba en la Maternidad Provincial de Córdoba, encadenada.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó el procesamiento de Luciano Benjamín Menéndez, en una causa en la que se encuentra imputado, junto con otros represores, por la sustracción de una niña a una mujer que estuvo detenida en el D2 Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba, que funcionó como centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico–militar. El máximo tribunal del país rechazó los recursos presentados por el represor y ratificó su imputación por sustracción de menores.  
Con la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Higthon y Juan Maqueda, la sentencia dio por culminado el último intento de Benjamín Menéndez por esquivar esta causa. Para los magistrados supremos, el recurso “no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal” y por eso lo desestimó el pasado 29 de diciembre.

La sustracción
María de las Mercedes Moreno fue detenida por personal policial del D2 en septiembre de 1978, cuando estaba embarazada. En octubre de ese mismo año fue trasladada a la maternidad provincial, donde tuvo a su hija, encadenada. Se la sacaron de forma inmediata y trasladaron a María de las Mercedes otra vez al centro clandestino, donde permaneció hasta abril de 1979. La niña fue llevada a la Casa Cuna.
En septiembre de 1979, un juez cordobés ordenó el egreso de la beba luego de otorgarle la guarda judicial a un matrimonio que inscribió a la niña como propia. Cuando María de las Mercedes salió en “libertad vigilada”, la buscó junto a dos de sus hermanas en la Casa Cuna. Una monja no les brindó información. Recién en 2012, con la ayuda de la filial de Abuelas de Plaza de Mayo, en Córdoba, María de las Mercedes logró que la justicia federal convocara a la joven, que accedió a realizarse el examen ADN, y confirmó que era su hija, la nieta recuperada 107.

El camino judicial
Allí comenzó la investigación por la sustracción de la menor. En su inscripción, por ejemplo, el matrimonio que se la apropió había presentado un certificado médico de Vicente Antonio Spitale donde daba cuenta, falsamente, que el 11 de octubre de 1980 había atendido a la mujer, en un supuesto parto natural. La investigación, aún en proceso, tuvo varias decisiones, una de las cuales llegó al máximo tribunal del país.   

En 2013, el juez federal N° 3 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, procesó a Laura Dorila Caligaris y Osvaldo Roger Agüero, los apropiadores, por el delito de supresión del estado civil y a Spitale y Adela María González, como partícipes necesarios. En esa misma sentencia, el magistrado dictó el sobreseimiento por esos delitos de Luciano Benjamín Menéndez, Alberto Carlos Lucena, Jorge González Navarro, Héctor Hugo Lorenzo Chilo, Jorge Eduardo Gorleri, Roberto Villagra, Alberto Bonadero, Carlos Sem Rodríguez y Ana María Rigutto de Oliva Otero.

Todos estos sobreseimientos fueron revocados por la Cámara Federal de Córdoba, que ratificó los procesamientos, confirmados luego por la Cámara Federal de Casación Penal. La defensa de Luciano Benjamín Menéndez, en manos de María Eugenia Di Laudo, defensora pública coadyuvante, llegó con una queja hasta la Corte Suprema de Justicia, que terminó rechazándola.

Sergio Goya

domingo, 10 de enero de 2016

Uruguay: Plenaria Memoria y Justicia envió regalos de Reyes al ex represor José Gavazzo por niños secuestrados en dictadura

Los regalos que no llegaron: la organización Plenaria Memoria y Justicia colocó “regalos de Reyes” en la puerta de la casa del ex represor José “Nino” Gavazzo, en representación de los niños secuestrados durante la dictadura. También repartieron volantes y hablaron con los vecinos del barrio Pocitos.

Desde el martes, la organización lleva a cabo una manifestación pacífica para dar a conocer las atrocidades cometidas por José Gavazzo. “Estuvimos por el barrio repartiendo volantes y hablando con los vecinos, informándoles que tienen a un torturador, asesino, secuestrador, etc. entre ellos”, comunicó Plenaria Memoria y Justicia. “Los regalos que no llegaron” es el nombre de esta campaña, dirigida a generar conciencia.

Aprovechando que Gavazzo cumple prisión domiciliaria en su casa en el barrio Pocitos, los integrantes de la organización colocaron paquetes de regalos con los nombres de los niños que fueron secuestrados durante la dictadura. Mariana Zaffaroni, Macarena Gelman, Simón Méndez, Amaral García Hernández y Victoria Moyano Artigas son algunos de los nombres que estuvieron presentes.

“Dejamos constancia de que no olvidamos a esos más de 100 niños nacidos en cautiverio, secuestrados y/o desaparecidos por la dictadura uruguaya… No olvidamos a los culpables”, declaró la organización.

“Gavazzo hoy cumple su ‘condena’ en su casa por razones humanitarias. Este ser que nunca mostró ni el más mínimo de humanidad se encuentra libre mientras todas sus víctimas aún esperan por justicia. Por todos esos niños nacidos en cautiverio, secuestrados… por todos los compañeros y compañeras asesinados, desaparecidos, nosotros no olvidamos, no perdonamos”, expresó Plenaria Memoria y Justicia.

En la campaña señalan también que más de 500 represores identificados “siguen en su casa, sueltos e impunes”.
 

José Nino Gavazzo
El militar fue procesado en el 2006 por violaciones a los derechos humanos en dictadura por 28 delitos de homicidio muy especialmente agravado en reiteración real.
El pasado 24 de diciembre, se le otorgó prisión domiciliaria por “estrictas razones humanitarias”. El 31 de diciembre, la asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos manifestó su repudio a la decisión.
En un comunicado, la organización denunció que estos militares (Gavazzo y Ernesto Ramas, también en prisión domiciliaria) piden gestos humanitarios pero “no muestran el más mínimo gesto humanitario cuando se trata de dar las informaciones necesarias para ubicar los restos de nuestros familiares (que ellos asesinaron e hicieron desaparecer). Son ellos, más que nadie, quienes saben dónde están”.

<iframe width="460" height="215" src="https://www.youtube.com/embed/gBPlhzawEEE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

martes, 17 de noviembre de 2015

Comenzó el juicio por la apropiación de PABLO GERMAN ATHANASIU LASCHAN

Con la ausencia a flor de piel

El ex agente de inteligencia de la Policía Federal de Rosario Enrique López, su mujer, Carmen Saunier, y el comisario Juan Dib comenzaron a ser juzgados por la apropiación del hijo de Angel Athanasiu y Frida Laschan, quien se suicidó hace menos de un año.

  Por Ailín Bullentini

En junio de 1976, el ex agente de inteligencia de la Policía Federal de Rosario Enrique López inscribió como hijo propio a Pablo Germán Athanasiu Laschan. Lo nombró Carlos López en un trámite para el que presentó un certificado de nacimiento que aseguraba, falsamente, que su concubina, Carmen Saunier, había parido al niño. Según la fiscalía y Abuelas de Plaza de Mayo, López y Saunier recibieron en la sede rosarina de la Federal, de manos del entonces comisario Juan Dib, a ese bebé que había sido secuestrado meses antes junto a sus verdaderos padres, militantes del PRT-ERP que permanecen desaparecidos. Ayer, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 5 de la ciudad de Buenos Aires comenzó el debate oral en el que se determinarán las responsabilidades penales por la sustracción y la apropiación de Athanasiu Laschan quien conoció su verdadera identidad hace dos años y se suicidó hace poco menos de uno; la alteración de su estado civil y la falsificación de documentos que acreditaban quién era. El caso, para Pablo Parenti, titular de la unidad fiscal especializada en apropiación de niños durante la última dictadura y representante del Ministerio Público en el debate junto a Miguel Osorio, “claramente exhibe el vínculo estrecho entre el terrorismo de estado y el robo de bebés durante la última dictadura: los acusados de entregar y de apropiarse de Pablo Athanasiu Laschan eran partícipes activos de la estructura represiva del Estado”. López y Dib se negaron a declarar. Por un “contratiempo doméstico”, Saunier no participó de la audiencia, aunque deberá acudir a la siguiente, que se llevará a cabo el viernes próximo.

Los jueces Adriana Palliotti, Oscar Hergott y Daniel Obligado inauguraron el juicio con la lectura de las acusaciones en contra de los imputados López y Dib. El viernes, el tribunal deberá definir sobre el pedido de suspensión del juicio en contra de Saunier que realizó su defensa. La apropiadora de Pablo Athanasiu Laschan sufrió un ACV meses atrás, aunque los peritos consideraron que está en condiciones “tanto físicas como psíquicas” de participar del juicio.

López y Dib sí estuvieron presentes ayer, aunque se negaron a declarar. El tribunal ordenó la lectura de lo expresado por Dib durante la instrucción, cuando negó todo vínculo con los delitos por los que se lo acusa. De López no hay declaración alguna, ya que siempre prefirió el silencio.

La querella de Abuelas de Plaza de Mayo responsabilizó a la pareja de criar a Pablo Germán Athanasiu Laschan “en un ambiente falso, de imponerle lazos familiares falsos en el marco de una realidad falsa; de alterar su identidad con nombres y apellidos extraños”. “Sus familias realizaron constantes reclamos a las autoridades argentinas, sin éxito. Pero jamás prestaron confianza a López y Saunier” para que ellos lo inscribieran como hijo propio, sostuvo Iud en el requerimiento de elevación a juicio.

Angel Athanasiu y Frida Laschan, los padres, eran militantes chilenos del Movimiento de Izquierda Revolucionaria cuando la dictadura pinochetista los obligó a escapar hacia Argentina, en 1974. Frida le contó a su papá, a principios de 1975, que estaba embarazada. Pablo nació en octubre de ese año. En abril de 1976 los tres fueron secuestrados y llevados, se cree, al centro clandestino Automotores Orletti. Angel y Frida permanecen desaparecidos y, mientras pudieron, sus familias biológicas nunca dejaron de buscarlos. En 1982, Abuelas de Plaza de Mayo radicó la denuncia por la apropiación de Pablo en el juzgado de María Servini de Cubría, que luego fue ratificada por su abuelo materno. Pasaron tres décadas; los abuelos maternos y paternos de Pablo fallecieron en el camino, sin poder conocerlo. La causa judicial avanzó cuando el joven buscado se convirtió en el nieto número 109 identificado por Abuelas de Plaza de Mayo. Pablo se suicidó en abril pasado.

No es el único delito de lesa humanidad por el que López está siendo investigado. De hecho, llegó al juicio oral que comenzó ayer detenido en Marcos Paz. Dib, por su parte, también está sospechado de haber participado en secuestros y torturas en Rosario. En cuanto a él, las partes acusadoras también coinciden en señalarlo como el “entregador” del hijo de Angel y Frida, por lo que le endilgan la participación necesaria en su retención, ocultamiento y alteración de su estado civil. Cuando el hecho bajo análisis sucedió, Dib era comisario de la delegación rosarina de la Policía Federal y López, agente de inteligencia de esa fuerza, estaba a su cargo, aseguraron tanto la fiscalía cuando la querella en sus respectivos requerimientos.

domingo, 8 de noviembre de 2015

Mi querida Clara Anahí te sigo buscando


Mi querida Clara Anahí te sigo buscando. 

Los nietos que han sido entregados a otras familias, al igual que vos, siguen apareciendo porque cada uno dentro suyo algo les dice que su verdadera identidad es otra. 

Ya han transcurrido 39 años desde la última vez que nos vimos, tenías tan solo 3 meses y eras una beba hermosa. 

Hoy sos una mujer hermosa y así es como continuo buscándote. 

A las dos nos esta costando encontrarnos pero siento que nos falta muy poco. 

Tienes a una abuela, tíos y primos que te esperamos... 

Espero que te llegue este mensaje mi amor.


viernes, 6 de noviembre de 2015

Mientras buscábamos a Martín, perdimos a Virginia.

Ayer 5 de Noviembre se conoció la noticia de la aparición de Martín Ogando, hijo de Stella Maris Montesano y Jorge Oscar Ogando.
Al enterarnos de este acontecimiento nos invadió una mezcla de sensaciones, que van desde la satisfacción a la pena y la tristeza.
Porque Martín además de ser nieto de Delia Giovanola de Califano, una de las doce fundadoras de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, es hermano de Virginia Ogando.

Virginia comenzó a militar en HIJOS La Plata en 2005, en la comisión de HERMANOS, espacio que eligió para buscar incansablemente a Martín. Fue ese mismo año que viajamos con ella a Pinamar rastreando un dato que le llegó sobre un chico que podría ser su hermano.
Compartimos con ella asambleas, cumpleaños, asados. Cada paso que Virginia daba tenía un fin: la búsqueda de su hermano. Fuimos también partícipes de la desilusión que le producía cada análisis de ADN que daba resultado negativo, y tratábamos de acompañarla en su dolor.
En agosto de 2011 Virginia se suicidó en Mar del Plata. Su fallecimiento nos generó una impotencia infinita, y nos dejó un vacío inconmensurable.
Al leer en el comunicado emitido por Abuelas, que entre 2006 y 2008, se recibieron tres denuncias anónimas, por teléfono y por mail, en las que se planteaba que quien hoy sabemos es el nieto de Delia y el hermano de Virginia, había sido inscripto como hijo propio de quienes decían ser sus padres, nos llenamos de preguntas, tales como:
¿Por qué se hizo caso omiso a esas denuncias que hacía más de ocho años habían sido recibidas en la Asociación Abuelas? ¿Si se hubiesen investigado a tiempo, hoy Virginia estaría dándole ese anhelado abrazo a Martín?
¿Por qué el Ministro de Ciencia y Tecnología Lino Barañao se empeña es desguazar y trasladar el Banco Nacional de Datos Genéticos, que funciona en el Hospital Durand, en óptimas condiciones desde 1987, siendo que es este la herramienta que se ha encargado de restituirle la identidad a 118 jóvenes?
Seguimos sosteniendo que la restitución de la identidad de las personas apropiadas durante la dictadura es una obligación del Estado, no un patrimonio de un organismo de DD.HH.

Por otro lado, vemos con preocupación la situación del predio del ex Centro Clandestino de Detención "Pozo de Banfield”, donde nació Martín Ogando, frente a una serie de actividades y anuncios oficiales respecto a la inminente utilización del lugar como un “Espacio de Memoria”. A nuestro entender, la medida de no innovar, ordenada por el juez Corazza en 2006, continúa vigente, porque continúa en curso la investigación sobre los crímenes aún impunes cometidos en ese lugar, por lo tanto el lugar debe ser debidamente preservado hasta que se hayan concluido las investigaciones judiciales.
Ninguno de los sectores kirchneristas que se disputan el predio, realizaron aportes sustanciales para el avance de la causa N° 26 por los crímenes en el Pozo de Banfield. Ese expediente tuvo un tortuoso derrotero. El primer tramo fue elevado a juicio oral en abril de 2012, con una pobre instrucción en la que Corazza sólo imputó a 7 represores por 134 casos. En un segundo tramo el juez procesó a 15 represores más, pero les otorgó automáticamente la prisión domiciliaria.
Estamos convencidos que la muerte de Virginia es consecuencia del secuestro de sus viejos, la apropiación de su hermano y las marcas que a largo plazo deja el Terrorismo de Estado. Y que la responsabilidad es de un Estado ausente que tardó demasiado en hacer lo que debería haberse hecho hace mucho.
Quienes la conocimos, hoy queremos recordar más que nunca a Virginia, emocionados al releer las palabras que le escribía en una de sus tantas cartas llenas de amor a su hermano:
“Y, por esas cosas que tiene la magia del pensamiento, al ver tanta y tanta gente festejando, me vi y nos vi, cantando entre esa multitud, y sentí que estaba junto a vos alegre y feliz y que, como consecuencia de tanta memoria acumulada, aquel naufragio se había transformado en dulce reencuentro.”

¡Bienvenido Martín!
¡Delia te abrazamos bien fuerte!
¡Hasta siempre querida compañera Virginia!!
¡30.000 detenidos-desaparecidos PRESENTES!

martes, 14 de julio de 2015

Bebé chileno robado en dictadura se reencuentra con su madre biológica 41 años después

Una joven madre, de entonces 19 años, dio a luz un bebé que fue dado por muerto en el Hospital Van Buren en noviembre de 1973. Hoy, 41 años después, Travis Tolliver se reunió con su madre biológica. Esta es su emocionante historia.

Travis Tolliver habría sido uno de los denominados “niños del silencio”, bebés que eran robados que pertenecen al denominado caso del sacerdote Gerardo Joannon -quien actuó como intermediario secreto entre las familias acomodadas de Chile-, dados por muertos y entregados en adopción ilegalmente. Recientemente logró encontrar a su madre biológica, Nelly Reyes, de quien nació en el recinto hospitalario de Valparaíso y donde no le ningún certificado de defunción.

El bebé recién nacido terminó viviendo a miles de kilómetros de allí; creció en Tacoma, Washington (Estados Unidos), con una pareja que no tenía idea de que su madre biológica lloraba y trataba desesperadamente de encontrar a su hijo.

Tolliver dice que siempre supo que era adoptado. Lo que el supervisor de un centro de distribución de importaciones de 41 años no sabía es que lo habían robado cuando era bebé en su natal Chile, unas horas después de haber nacido.

Espera que saber la verdad sobre su pasado le permita superar un trauma psicológico que ha sufrido desde que tiene memoria. Dice que tiene “problemas de abandono”.

“Ya saben, no me habían entregado voluntariamente como lo creí durante todos estos años, así que eso hace que mi corazón se sienta maravillosamente, pero se trata de reconciliarse con eso. Todo esto me parece irreal”, dijo Tolliver.

Según reveló la investigación periodística emitida en CNN en Español, Nelly Reyes, la madre de Travis, había tenido un embarazo normal cuando tenía 19 años y que terminó a las 16:00 del 15 de noviembre de 1973. Sin embargo, “más tarde me dijeron que había muerto” producto de un trastorno cardíaco, pero nunca le mostraron el cadáver ni le dieron un certificado de defunción.

Travis y Nelly se conocieron finalmente, después de 40 años, y ahora investigan junto al Sename qué pasó en realidad. “Lo abrazaré todos los días. Lo amo tanto”, dijo la madre que no habla inglés y su hijo, tampoco español.

Los sentimientos que afloraron en ese abrazo en el aeropuerto fueron la culminación de cuatro décadas de tribulación, de mentiras, de engaños, de delitos y de una injusticia que separó a una madre de su hijo al nacer.

Él, en tanto, contó que siempre pensó que había sido abandonado porque eso le dijeron sus papás, y eso le produjo un trauma que ahora debe superar con más fuerza.

Tolliver lloraba de alegría. “No sé cómo me siento. ¡Es una locura! No pensé que esto podría pasar. Ya saben, no me habían entregado voluntariamente como lo creí durante todos estos años, así que eso hace que mi corazón se sienta maravillosamente, pero se trata de reconciliarse con eso. Todo esto me parece irreal”, dijo.

Su madre, Nelly Reyes, de 61 años, apenas podía hablar. “Lo abrazaré todos los días. Lo amo tanto”, dijo. Reyes, ha cocinado para él todos los días y se afana por hacerlo sentir bienvenido. Él no habla español y ella no habla inglés.

Pero más que nada, ella le ha estado demostrando su amor; le da a su hijo los abrazos y los besos que no pudo darle en todos los años que han pasado.

https://www.youtube.com/watch?t=163&v=pGYoF4f4hIs

miércoles, 10 de junio de 2015

Condenan a tres apropiadores

El cirujano Juan Carlos Lavia y su esposa Serafina Marchese recibieron ocho y seis años de prisión por la apropiación de Florencio Laura Reinhold Silver. Pena de cinco años para el médico que firmó la partida de nacimiento.

Tras un breve juicio oral, el Tribunal Oral Federal 5 condenó ayer al mediodía a los apropiadores de la nieta restituida Florencia Laura Reinhold Silver, así como al médico que firmó su partida de nacimiento falsa.
Minutos después de las 12 los jueces Oscar Alberto Hergott, Adriana Palliotti y Daniel Horacio Obligado dieron a conocer la sentencia en la que encontraron culpable al médico cirujano Juan Carlos Lavia y a su esposa Serafina Marchese por la apropiación de la joven. Para Lavia, la pena fue de ocho años de prisión, mientras que Marchese recibió seis años y medio como coautores de los delitos de retención y ocultamiento de Florencia, así como la supresión de su identidad.

También condenó  a cinco años de cárcel al médico Francisco De Luca por haber firmado la partida de nacimiento falsa donde la joven fue anotada como hija biológica del matrimonio Lavia Marchese.
Las penas fueron levemente menores a las pedidas por la querella de Abuelas de Plaza de Mayo y la fiscalía, representada en este debate por Miguel Palazzani y el titular a la Unidad de Apropiaciones, Pablo Parenti.
Las dos partes acusadoras habían reclamado diez años de prisión para Lavia y ocho para su esposa, mientras que para el médico el pedido fue de seis años y medio por parte de la querella y de siete por la fiscalía.

En el fallo, los jueces declararon los hechos como crímenes de lesa humanidad e imprescriptibles y rechazaron el pedido de la querella de Abuelas de inhabilitar a Lavia a ejercer la medicina por el tiempo que dure su condena.

Durante el juicio oral, que se extendió durante menos de un mes, los testimonios recorrieron la historia de Florencia Laura y de sus padres, Susana Siver, quien permanece desaparecida, y Marcelo Reinhold, asesinados en la última dictadura.

La pareja, que militaba en Montoneros, fue secuestrada en agosto de 1977 por miembros del Servicio de Inteligencia Naval y llevada al centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA.
En ese momento, Susana estaba embarazada de cuatro meses y fue alojada en lo que se conoció como la "pieza de las embarazadas", que funcionó como una maternidad clandestina. El 15 de enero de 1978 fue llevada al Hospital Naval para dar a luz, ya que no estaba el médico de la Marina, Jorge Magnacco, quien se encargaba de los partos en la ESMA.

Florencia nació por cesárea. Inmediatamente después, madre e hija fueron llevadas de nuevo a la ESMA, donde permanecieron juntas dos semanas más. "Supongo que hasta febrero lo pasé con ella, que me pudo amamantar. Sé que me apodó 'Lauchita', porque era muy chiquita", contó la joven en el juicio oral.
A comienzos de febrero, su madre fue "trasladada" de la ESMA y permanece desaparecida. Ella, según lo reconstruyó en el debate, fue llevada por el fallecido médico militar Aldo Clemente Chiappe, quien la entregó a Lavia, su compañero de guardia.

En junio de 2011, Florencia, que siempre había tenido dudas sobre su origen, accedió a realizarse voluntariamente los análisis de ADN y el 1 de agosto de ese año recuperó su identidad. «

martes, 26 de mayo de 2015

Cuatro procesados en la causa Donda

La apropiación de la diputada nacional Victoria Donda, que nació en la ESMA durante la última dictadura cívico-militar y fue criada por el genocida Juan Antonio Azic y su esposa Esther Abrego, tiene cuatro nuevos presuntos responsables. 

El juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la investigación, procesó a los represores Adolfo Donda y Carlos Galián y a los médicos Jorge Magnacco y Héctor Pessino, por su responsabilidad en la sustracción, retención y ocultamiento de Donda a pocos días de su nacimiento. Donda nació en agosto de 1977 en la ESMA. Su mamá, María Hilda Pérez, había sido secuestrada junto a su esposo, José María Donda, cuando llevaba cinco meses de embarazo. Tras pasar algunos días junto a su madre, la beba fue entregada a Azic, quien purga, desde hace casi una década, una condena de 14 años de prisión por su apropiación y por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA. Donda recuperó su identidad en 2004.

A principios de mes, Rafecas ordenó nuevas medidas en la causa, que hasta entonces contaba con Abrego como única procesada. El 11 de mayo, el magistrado procesó al ex capitán de Fragata Adolfo Donda, apodado Jerónimo o Palito, quien era represor en la ESMA durante la época en que su hermano y su cuñada fueron secuestrados por la Aeronáutica, en marzo de 1977. El magistrado también responsabilizó por la sustracción de la actual diputada al médico naval Jorge Luis Magnacco, que asistió el parto de Pérez en el centro clandestino de detención; a Galián, uno de los encargados del cuidado de las mujeres embarazadas y de los niños nacidos en la ESMA, y al médico Horacio Pessino, quien firmó el certificado de nacimiento falso en el que Donda figuró como hija biológica de Juan Antonio Azic y Esther Noemí Abrego.

domingo, 24 de mayo de 2015

Chicha: "Buscate que me encontrás"

La fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo volvió a publicar una carta en Facebook. A sus 92 años no descansa en su lucha por encontrar a la nieta que le robó la dictadura.

Por Redacción Diagonales

La abuela de Plaza de Mayo María Isabel "Chicha" Chorobick de Mariani sigue con la búsqueda de su nieta Clara Anahí Mariani, apropiada a los tres meses de vida durante la última dictadura cívico-militar, y publica en su Facebook fotos de su nuera, madre de la beba robada, para que la joven las mire y encuentre parecidos físicos.

"Buscate que me encontrarás tan pronto como quieras", ruega "Chicha" en su red social, junto a 4 fotos de la madre de su nieta, Diana Teruggi, quien fue asesinada en un operativo de fuerzas conjuntas en noviembre de 1976, tras querer proteger a la beba de la balacera que atacaba la vivienda que ocupaban, en la ciudad de La Plata.

A "Chicha" le gusta contar historias familiares a su nieta, aún cuando en esta oportunidad no la tenga sentada al lado. Con este objetivo tan caro a su corazón, a sus 92 años, Chicha no teme a la tecnología y utiliza a su favor las redes sociales sabedora del alcance que éste sistema tiene.
    GG    
Una de las fotos de Diana Teruggi que publicó Chicha

"Clara Anahí, mi querida nieta, espero que te lleguen estas líneas y así puedas ver algo de vos reflejado en ella. Diana, tu mamá, nació el 3 de diciembre de 1950 en la ciudad de La Plata. Ella te protegió, con su vida, hasta el momento antes de que las fuerzas armas te entregaran a otra familia para que te críe aquel 24 de noviembre de 1976", comienza a contar.

Le explica a esa nieta a la que no ve desde 1976: "Tenías tan solo 3 meses de edad. Por eso es que te pido que busques parecidos, hasta en tus fotos viejas… y te animes!".

Y prosigue: "Tu mamá medía un metro setenta, era delgada, tenía piel clara, cabello ondulado y castaño tirando a rubio, ojos color miel y una hermosísima sonrisa que desnudaba sus dientes muy blancos y parejos. Sus voz tenía una dulzura particular porque cuando hablaba se le patinaba un poco la 'ese'"..

Recuerda que "aunque, a raíz de su ímpetu juvenil, caminaba siempre apurada (en alusión a Diana Teruggi) y de un modo algo atolondrada, era realmente delicada".

"Quienes la conocieron comentan que Diana llamaba la atención por su `brillantez intelectual`, por ser “excelente alumna” y por sus vehementes `discursos de asambleas`”, rememora.

"Chicha" le expresa a su nieta que "el amor y esperanza" que tiene en su corazón es tan grande que espera llegue. "Búscate que me encontraras tan pronto como quieras. Te espero, te busco y te quiero mucho mi querida Clara Anahí".

El 24 de noviembre de 1976 la casa de Diana Teruggi y su esposo Daniel Mariani, ubicada en la calle 30 número 1134 de La Plata, fue atacada por las fuerzas represivas.

Diana fue acribillada por la espalda y cayó cubriendo con su cuerpo a su pequeña hija Clara Anahí, que fue secuestrada por los represores y hasta el momento no pudo ser recuperada.

Daniel Mariani no estaba en la propiedad al momento del ataque, pero fue asesinado en agosto de 1977.

En la casa, declarada sitio de mmoria, funcionaba una imprenta que publicaba la revista "Evita Montonera", desde donde se denunciaron por primera vez las desaparición de personas durante la última última dictadura militar, los denominados "vuelos de la muerte" y la existencia de centros clandestinos de detención.

La propiedad exhibe en su frente varios cientos de orificios de bala que impactaron durante el ataque de las fuerzas represivas y un enorme boquete provocado por un proyectil de tanqueta, que atravesó esa pared y otra del interior de la vivienda.

martes, 25 de noviembre de 2014

El juicio por el encubrimiento de la apropiación de Pedro Sandoval Fontana

“Tomá, vos dale esto a la policía”

El nieto que recuperó su identidad en 2006 contó que su apropiador estaba avisado del allanamiento que iban a hacer a su casa y que le dio un peine, un cepillo de dientes y una toalla para frustrar la medida. El policía que condujo el operativo es el acusado.

 Por Ailín Bullentini

Para Adolfo Porcel, subcomisario en disponibilidad, el juicio en su contra que comenzó ayer es una “cuestión política”. Está acusado de encubrir la apropiación de Pedro Sandoval Fontana, quien hasta 2004 creyó que sus padres eran el ex agente de inteligencia de Gendarmería Víctor Rei y su esposa, Alicia Arteach. Específicamente, de fraguar el primer allanamiento que la Justicia federal ordenó para obtener el perfil genético del joven y compararlo con el de familias que buscan nietos y nietas nacidos durante la última dictadura cívico-militar. El juicio, a cargo del Tribunal Oral Federal Nº 5 de San Martín, continuará el 9 de diciembre, cuando se oigan los testimonios de los dos testigos que no se presentaron ayer y los jueces den la sentencia.

La audiencia comenzó pasadas las 9.30. Porcel hizo su descargo tras la lectura del auto de elevación a juicio, a cargo del fiscal Carlos Cearra. Luego testimoniaron dos peritos del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) que participaron en la investigación principal de la causa –llegó a dar con la verdadera identidad de Sandoval Fontana y culminó con Rei en la cárcel–. También Antonio Ladra, de la Policía Federal, y el muchacho apropiado. Los abogados de la querella de Abuelas, Alan Iud y Pablo Pachener, y la fiscalía desistieron del testimonio del otro policía federal citado, Daniel Vergara, quien, junto a Ladra, participó con Porcel del allanamiento fraguado. Ambos quedaron fuera del expediente. La ausencia de Tamara Villar, la pareja de Sandoval Fontana entonces, y su padre, Pedro Villar, fue la razón por la que el juicio no culminó ayer mismo. Su testimonio se pospuso para el 9 de diciembre, cuando también se oirán los alegatos y la sentencia.

Frente al TOF 5 de San Martín, Porcel defendió su actuación en el procedimiento de agosto de 2005 en el marco de la causa por la apropiación de Sandoval Fontana y denunció que su acusación era “una cuestión política”. Aseguró haber convocado a los testigos en el momento oportuno y haber seleccionado él mismo los elementos presuntamente contenedores del ADN del joven. Por último, negó haber tenido relación alguna con la última dictadura militar y haber conocido a Rei antes o después del operativo en cuestión.

El relato de Sandoval Fontana reversionó las cosas. El muchacho repasó los hechos que cambiaron su historia: desde la confesión en llanto de su apropiador, en 2004, hasta la propuesta de fraguar el allanamiento que aquél le hizo en Campo de Mayo. “En 48 horas van a allanarte la casa, tomá, vos dale esto a la policía”, recordó Sandoval Fontana.

Rei le entregó una bolsa con un peine, un cepillo de dientes, una remera y una toalla, rememoró el joven. Dos días después, entregó las cosas a Porcel y compañía. Junto a Ladra y Vergara, el entonces subcomisario había ido a buscar al hijo biológico de Liliana Fontana y Pedro Sandoval –aún desaparecidos– a la panadería de su ex suegro, Pedro Villar. Alejandro Rei, como lo llamaron sus apropiadores, los acompañó hasta su casa, en donde les entregó los elementos. Según declararon ayer los peritos del BNDG, contenían varios perfiles genéticos lo que los hizo inutilizables para el propósito con el que habían sido recolectados. Sandoval Fontana recordó que recién después de recibirlos, Porcel notó la falta de testigos. Lo solucionó citando en su informe a dos operarios de la panadería de Villar.

domingo, 16 de noviembre de 2014

La Audiencia Nacional Madrid eguarda una investigación secreta sobre los bebés robados por Videla


El expediente forma parte de la causa tramitada por Garzón contra la dictadura argentina a finales de los 90. Su archivo definitivo podría producirse en las próximas semanas

DANILO ALBIN Bilbao 16/11/2014 23:15 Actualizado: 17/11/2014 00:19


Manifestantes escuchan el veredicto contra Videla en julio de 2012.

Los maquiavélicos métodos represivos aplicados por la dictadura argentina (1976-1983) no sólo incluyeron secuestros, torturas atroces o vuelos de la muerte. Siguiendo un plan sistemático ideado desde las más altas esferas del régimen, sus verdugos se encargaron de separar a cientos de niños de sus verdaderas familias. Muchos nacieron en campos de concentración u hospitales militares. Sus madres, nada más dar a luz, fueron fusiladas o lanzadas al mar aún vivas. En otras ocasiones, las criaturas eran apropiadas durante el secuestro de sus progenitores y entregadas a familias "occidentales y cristianas". La condena era clara: ellos, los "hijos de subversivos", jamás conocerían esta historia.

La lucha incansable de las Abuelas ya ha permitido que 114 jóvenes recuperen su identidad

Las cifras hablan por sí solas: según las Abuelas de Plaza de Mayo, cerca de 500 hijos e hijas de desaparecidos fueron secuestrados por la
dictadura y entregados a familias de militares o civiles cómplices, que los criaron en la más absoluta de las mentiras. Sin embargo, la lucha incansable de las Abuelas ya ha permitido que 114 jóvenes recuperen su identidad. La búsqueda no sólo se realiza en Argentina, sino también en aquellos países donde los apropiadores podrían haberse afincado en la etapa final de la dictadura.

Según ha podido confirmar Público, España figuró entre los destinos elegidos por los ladrones de bebés. No en vano, en una habitación de la Audiencia Nacional existen varios documentos -hoy completamente olvidados- que así lo acreditan. De acuerdo a esos archivos, todo comenzó a mediados de 1996, cuando el juez Baltasar Garzón tramitaba una causa judicial por los crímenes cometidos en la Argentina de Videla. En aquel contexto, Matilde Artés Company, "Sacha", una madre y abuela de desaparecidos que una década antes había logrado rescatar a su nieta Carla -apropiada por un agente de Inteligencia-, presentó una denuncia sobre posibles casos de hijos robados que por entonces podían vivir en España, sin conocer su identidad.

Las informaciones ofrecidas por Matilde Artés dieron lugar a una pieza judicial de carácter secreto, en el marco de la cual se realizaron distintas averiguaciones. Aquellas investigaciones estuvieron a cargo de un grupo conformado por agentes del Cuerpo Nacional de Policía, aunque la Guardia Civil también participaría en determinadas indagaciones. Durante varios meses, los agentes realizaron diferentes pesquisas para tratar de determinar si las denuncias de esta abuela eran ciertas.

Fuentes judiciales consultadas por Público confirmaron que este expediente -que reúne numerosas pruebas fotográficas y documentales- estaría condenado a dormir el sueño de los justos: el juez Pablo Ruz -sustituto de Garzón en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional- considera que los trámites relacionados con Argentina han concluido, por lo que próximamente podría producirse el archivo definitivo de la voluminosa causa. Si eso ocurre, la pieza secreta sobre los hijos robados por la dictadura se perderá para siempre.
Cuestión de sangre

Uno de los casos más llamativos de este expediente es el de P.E.V.B., un joven que por entonces vivía en Alicante. Las sospechas surgieron a raíz del testimonio de un odontólogo valenciano, quien aseguró que "un colega suyo, de unos 60 años de edad, tiene un hijo de unos 20 años, moreno, no guardando parecido físico con los padres". "El padre de este niño, siempre que surgen conversaciones en relación a las personas desaparecidas durante el período de la dictadura militar en la República Argentina, elude éstas, evitando todo tipo de comentarios o impresiones al respecto", añadía la denuncia presentada por Artés.

Las madres eran fusiladas o lanzadas al mar aún vivas nada más dar a luz

Según comprobaron los agentes de la Guardia Civil que investigaron a esta familia en Alicante, P.E.V.B. había nacido en Buenos Aires el 15 de junio de 1979. Sin embargo, su anotación en el Registro Civil de la capital argentina se produjo casi 15 meses después, algo característico en los casos de apropiaciones de bebés por parte de la dictadura de Videla. Por tales motivos, los investigadores planteaban la necesidad de obtener "muestras biológicas de P.E.V.B. para su análisis, remisión y cotejo con el Banco de Muestras Genéticas de desaparecidos existente en Argentina". Las fuentes judiciales consultadas por este periódico informaron que estos exámenes no llegaron a realizarse.

Las sospechas fueron aún mayores tras la declaración ofrecida a la Guardia Civil por un ginecólogo de origen argentino que a finales de los años 80 había atendido a la supuesta madre de este joven. La mujer había acudido a la consulta junto a su marido. Durante la charla con el ginecólogo, el hombre dejó entrever que había sido suboficial de las Fuerzas Armadas. "Se identificaron como argentinos y le dijeron que tenían un niño adoptado; igualmente le manifestaron que no tenían hijos biológicos", recordó el médico. También aseguró que la pareja no le había explicado de qué manera habían realizado la adopción.

Junto a esta declaración judicial figuran fotos del joven y de sus supuestos padres, así como de las propiedades que la pareja tenía en España. También hay datos muy pormenorizados sobre rasgos físicos y hábitos personales del presunto hijo de desaparecidos. "Este caso era uno de los más claros", señalaron desde el entorno de Matilde Artés. En las últimas horas, Público ha logrado confirmar que P.E.V.B. vive actualmente en Buenos Aires.
Dentistas en el punto de mira

Las sospechas también se centraron en J.M.A. y E.M.A., un jubilado argentino y una ciudadana alemana que vivían en Benidorm. En el marco de aquellas averiguaciones, la Guardia Civil obtuvo datos sobre los domicilios y las cuentas bancarias que el matrimonio tenía en esa turística ciudad. También pudo determinar que si bien contaban con residencia legal en España, la pareja mantenía su vivienda en una localidad situada a la orilla del río Meno, cerca de la frontera con Baviera. En los documentos no figuraba que tuviesen hijos, pero los investigadores no lo descartaban. Tal como explicaban en uno de los documentos, todas las pistas apuntaban a que J.M.A. y E.M.A. "se encuentran en este país de descanso, una vez alcanzado el retiro", mientras que sus posibles hijos seguirían "residiendo en Alemania, donde tendrían sus estudios o trabajo".

Una red de odontólgos "se habrían hecho cargo de sacar de Argentina y apropiarse de niños secuestrados"

Por su parte, la Policía Nacional llegó a elaborar un "listado de familias que tuvieran hijos cuya fecha de nacimiento estuviera comprendida entre 1975 y 1983 y que en el transcurso del tiempo continuaran residiendo en territorio nacional o hubieran obtenido la nacionalidad española". De esta manera, los funcionarios detectaron "la existencia de 243 familias, repartidas en 26 provincias del territorio nacional, que tenían 366 hijos, los cuales se encontraban comprendidos en el objeto de la investigación". Tras revisar los expedientes de cada uno de ellos, los policías aportaron al juzgado 134 fotocopias de partidas de nacimientos que, "una vez cotejadas, no han aportado nada nuevo a las investigaciones llevadas a efecto con anterioridad", explicaban.

Entre las familias investigadas se encontraban el odontólogo V.R.O. y su mujer, R.B.H., quienes tenían una hija adoptada. Los inspectores a cargo de este caso aportaron a la Justicia diferentes documentos relacionados con esta familia, desde fotografías y copias de sus respectivos DNI hasta el expediente judicial sobre un altercado de tráfico que V.R.O. había tenido en 1984. Varios años después, la supuesta hija menor de este matrimonio, una joven que responde a las iniciales de L.O.H., inició su propia búsqueda de la verdad a través de las redes sociales. Si bien su nacimiento se habría producido en 1974, fuentes cercanas a la investigación recordaron a Público que la dictadura argentina solía falsear las fechas en las partidas, con el objetivo de hacer aún más difícil la localización de estos chicos.

En tal sentido, las mismas fuentes incidieron en uno de los nexos en común que tendrían los apropiadores afincados en España: muchos de ellos son dentistas de profesión. En efecto, los abogados de los organismos de derechos humanos ya habían advertido al juez Garzón sobre la "existencia de una suerte de red de odontólogos argentinos en el extranjero que se habrían hecho cargo de sacar del país y apropiarse de estos niños secuestrados". Uno de los sospechosos de formar parte de este entramado, A.E.F., tenía una consulta en Vigo. En su denuncia, Matilde Artés advertía que tendría "dos o tres chicos que son hijos de desaparecidos". Esta familia había llegado a España en junio de 1984, seis meses después de acabada la dictadura. Las sospechas, como en otros casos similares, aún siguen vigentes.

lunes, 10 de noviembre de 2014

Planificadores de apropiaciones

Los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo pidieron penas de entre 10 y 40 años. “En el Hospital Militar de Campo de Mayo se perfeccionó la práctica sistemática y generalizada de la apropiación de niños como en ningún otro centro clandestino de detención”, señalaron.

 Por Ailín Bullentini

La querella de Abuelas de Plaza de Mayo solicitó penas de entre 10 y 40 años para los cinco imputados en el juicio por la apropiación de bebés nacidos en el Hospital Militar de Campo de Mayo y la privación ilegal de la libertad de sus mamás. Basados en una descripción exhaustiva de la maternidad clandestina que funcionó en el sector de Epidemiología de ese hospital, y un tejido detallado entre testimonios ofrecidos específicamente en este debate y aquellos incorporados al juicio pero escuchados a lo largo de los casi 40 años que separan la actualidad de los tiempos en los que tuvieron lugar estos delitos, los abogados Alan Iud y Pablo Lachener pidieron al Tribunal Oral Federal Nº 6 que condene a Santiago Riveros y Reynaldo Bignone a 40 y 35 años de cárcel, respectivamente; que pene con 30 años de encierro a los médicos militares retirados Eugenio Martín y Norberto Bianco; y con 12 a la obstétrica Luisa Arroche. Mañana alegará la fiscalía.

La introducción que eligió Abuelas de Plaza de Mayo para la conclusión del debate que ingresó ayer en su etapa definitoria incluyó una advertencia: este juicio “llega tarde” y luego de una “deficiente instrucción”, expresó Iud. “Una vez más la desidia y morosidad del sistema judicial nos han privado de realizar un debate oral y público mucho más completo”, remarcó el abogado en referencia a los once casos similares a los nueve que ingresaron en el debate que esperan la elevación a juicio. “Muchas familias seguirán esperando justicia, aun después de este juicio. Y la demora es más grave aún si reparamos en la cantidad de imputados que quedaron fuera”; algunos por salud, otros por muerte.

Durante más de seis horas, Iud y Lachener expusieron sobre la maternidad clandestina en la que “gran cantidad de desaparecidas” dieron a luz durante la última dictadura, detallaron su estructura organizativa y funcionamiento. Es en la mitad de 1977 cuando la querella considera que un sector del área de Epidemiología del Hospital Militar de Campo de Mayo fue convertida en maternidad clandestina. Pero también relacionaron el Hospital Militar en el que funcionó con algunos otros centros clandestinos de detención de Campo de Mayo, como El Campito, en los que también se realizaron partos de detenidas. Por último, encajonaron los roles de los imputados para finalmente concluir en los pedidos de pena.

“En el Hospital Militar de Campo de Mayo se perfeccionó la práctica sistemática y generalizada de la apropiación de niños como en ningún otro centro clandestino de detención”, determinó Abuelas en su alegato debido a que, consideraron sus abogados, lo que sucedió allí “constituye la evidencia más acabada de la organicidad con la cual se llevó adelante la apropiación de hijos de desaparecidos por razones políticas. El Ejército Argentino destinó un espacio específico de ese hospital para mantener cautivas a mujeres próximas a dar a luz, concretar el alumbramiento y quitarles sus bebés”.

Acorde con los testimonios de empleados y ex empleados del hospital que se oyeron durante los dos meses de juicio, más los incorporados por lectura y la prueba documental, la querella pudo detallar las “reglas” que regían para ese sector de Epidemiología, dos habitaciones aisladas y con custodia, y las pacientes que allí eran destinadas. Las detenidas permanecían vendadas y, en algunos casos, atadas a las camas, no se les permitía hablar con nadie y su estancia en el hospital así como sus partos no eran registrados. Parían, estaban algunas horas con sus hijos o hijas, pero luego se los o las quitaban. “Hay evidencias de que se les administraba a las puérperas una inyección para cortar la lactancia”, advierte el alegato. “Transcurrido uno o dos días después del parto, las mujeres eran retiradas del hospital en la mayoría de los casos sin sus bebés”, puntualiza.

Para Riveros, la querella pidió 40 años de cárcel. Era comandante del Comando de Institutos Militares, institución a cargo de la Zona de Defensa IV y del control táctico-operacional del hospital. Se lo considera responsable de la sustracción, retención y ocultamiento de los hijos de Marta Alvares y Susana Stritzler, de los que no se sabe nada aún, y de Catalina De Sanctis Ovando, hija de Miryam Ovando, y Valeria Gutiérrez Acuña, hija de Liliana Acuña. En calidad de comandante segundo de Institutos Militares, para Bignone solicitaron 35 años de prisión, por la sustracción, retención y ocultamiento de los bebés de Stritzler, Mónica Masri y Valeria Beláustegui, de los que tampoco hay noticias.

La querella consideró que, en su rol de jefe del Servicio de Clínica del hospital, Martín “tenía pleno conocimiento” de lo que pasaba con las embarazadas detenidas y “aportó los recursos necesarios para que estos hechos se consumaran formando parte de la cadena de mandos y retransmisión de órdenes”. En cuanto a Blanco, jefe de Traumatología del hospital, “surge con claridad de la prueba reunida que intervino de propia mano en los crímenes que aquí se juzgan”: trasladaba a las mujeres hacia y desde el hospital a los infiernos en los que estaban encerradas. Daba órdenes al personal para que las atendieran: “Era el jefe de la maternidad clandestina” junto con Caserotto, fallecido. Para ambos, la querella pidió 30 años de cárcel; les atribuyen algunos casos de sustracción de chicos, pero también el encierro de las mujeres. Para Arroche, imputada en la sustracción de la identidad de Francisco Madariaga Quintela, el hijo de Silvia Quintela, nacido en el Hospital Militar, por haber falsificado el libro de partos de esa institución, la querella pidió 12 años.

domingo, 12 de octubre de 2014

Nuevo reclamo por el inminente traslado del Banco de Datos Genéticos

El control de una institución emblemática El Gobierno convalidó el concurso para designar como nueva directora a una médica que es accionista de un laboratorio privado.

Protesta. Abuelas y una nieta, contra el desguace del BNDG /GERARDO DELL’ORO

 Organismos de derechos humamos lamentaron ayer que se haya dado “un nuevo paso en la privatización del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG)” tras la validación del Ministerio de Ciencia del concurso que ubicó en el primer lugar de postulantes para su presidencia de Mariana Herrera Piñero.

La mesa Todos por el Banco Nacional de Datos Genéticos, que integran la Asociación de ex detenidos-desaparecidos (AEDD), Asociación de Profesionales en Lucha, Colectivo Memoria Militante, HIJOS La Plata y la Agrupación por los Derechos Humanos “¿Quiénes somos?”, viene oponiéndose al desguace y traslado del BNDG ala órbita del Gobierno Nacional, más específicamente al Ministerio de Ciencia y Tecnología.

El BNDG fue creado en 1986, y funcionó desde entonces con autonomía en el Hospital Durand, que depende del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Con prestigio ganado alrededor del mundo, fue el encargado de identificar infinidad de restos de desaparecidos y hacer los análisis que permitieron la recuperación de 115 nietos por parte de las Abuelas de Plaza de Mayo. Hoy se sigue dedicando a ese resabio doloroso de la historia de los 70, pero la mayor parte de su tarea cotidiana tiene que ver con casos actuales en los que hay dudas sobre paternidad u otras vínculos familiares.

Pero en 2009, con el impulso del kirchnerismo, se sancionó la ley 26.548 para el desguace del BNDG y su conversión en una plataforma de un nuevo Instituto de Genómica Humano dentro del Ministerio de Ciencia Nacional. Además, restringió su competencia sólo a los casos de delitos lesa humanidad cometidos hasta 1983, dejando el resto de la tarea en manos de instituciones privadas que hasta ahora competían con el BNDG. De uno de esos laboratorios privados, Genda, es accionista Herrera Piñero, la primera precalificada en el concurso que ahora fue convalidado por el ministro Lino Barañao, a pesar de la impugnación de las ONG.

El traslado del BNDG a un nuevo edificio sobre la Avenida Córdoba sería inminente.

La última preocupación entre sus profesionales es la posibilidad de que sea intervenido el sistema informático, que atesora 253 muestras de otras tantas búsquedas de nietos probablemente desaparecidos en la dictadura que aún son buscados por sus familiares, para reemplazarlo por un nuevo de una empresa vinculada familiarmente a Herrera Piñero.

“La sanción de la ley 26.548 fue el primer paso en el desguace del BNDG para convertirlo en una plataforma asociada a capitales interesados en el negocio de la medicina genómica”, aseguraron las ONG en un comunicado difundido ayer, en el que agregaron que “la restricción de la competencia del BNDG ha convertido el derecho a la identidad en un negocio para un puñado de laboratorios privados”.

Las organizaciones que encabezan el reclamo se comprometieron a seguir luchando desde la mesa conjunta “impugnando el concurso por vía judicial”, batallando contra la privatización del BNDG y a favor del acceso universal al derecho a la identidad”.

domingo, 21 de septiembre de 2014

La madre de Astiz está procesada por la apropiación de un menor

De tal astilla, tal palo
La Justicia de Mar del Plata elevó a juicio oral el expediente en el que está acusada María Elena Vázquez por retener a un menor, alterar su estado civil y entregarlo a una pareja. Aunque no se descarta, por ahora no se pudo determinar que sea hijo de desaparecidos.

 Por Alejandra Dandan

María Elena Vázquez es la madre del marino Alfredo Astiz, el Angel Rubio de la Escuela de Mecánica de la Armada. Estuvo casada con Alfredo Bernardo Astiz, también marino y ahora fallecido. A ella le decían Chichita. Vivieron en Mar del Plata entre las familias católicas. Los dos aparecen en una fotografía de 1978 que ahora está en manos de la Justicia. Es una foto tomada en las escalinatas de la parroquia de la Santísima Virgen de Mar del Plata, durante la celebración de un bautismo. Ellos están a la derecha de la imagen. No tienen lazos de sangre con ninguno de los integrantes de la familia que compone la foto. La familia sostiene a un niño, de un año de edad: el niño lleva como segundo nombre Alfredo.

La foto es una prueba clave en un expediente que acaba de ser elevado a juicio oral en Mar del Plata. El fiscal federal Pablo Larriera imputó a la madre de Alfredo Astiz por el delito de retención y ocultamiento de un menor de diez años; también por el de alterar el estado civil y el de falsedad ideológica. También imputó por esos mismos delitos a las personas que en la foto aparecen como supuestos padres del niño. Estos delitos son los mismos que suelen ser invocados en los casos de apropiación de hijos de desaparecidos, pero en este caso, y hasta ahora, la Justicia no pudo probar esa relación: los cruces de muestras con las familias de desaparecidos que constan en el Banco Nacional de Datos Genéticos dieron negativo. Aunque no descartan que eso pueda cambiar en el futuro, los investigadores tampoco descartan que el caso se encuadre en tráfico de niños, parte de la trama habitual sobreimpresa en muchos de aquellos casos del terrorismo de Estado.

El caso, por estos hechos, tiene aspectos jurídicamente novedosos no sólo por la combinación de nombres y de tramas. Sino también porque la persecución penal no está prescripta y todavía es posible porque la ley considera que el delito continúa vigente hasta que se lo hace “cesar”. Eso ocurrió en 2010, cuando el joven supo que no era hijo biológico de quienes hasta ese momento aparecían como sus padres.

“El matrimonio Capelli-Orellano crió a dicha criatura como hijo biológico y mantuvo oculto el verdadero origen hasta el conocimiento que, a partir de la presente causa, se tuvo sobre ello al obtenerse en el mes de agosto de 2010 el resultado del cotejo de ADN con las muestras hemáticas obtenidas”, dice la resolución y agrega: “Como se expresó al comienzo de este dictamen, se desconoce a la fecha la verdadera identidad de esta persona, no pudiendo descartarse atento las diversas pautas detectadas en el sumario que el mismo pueda resultar hijo biológico de personas desaparecidas”.

Los imputados son tres. Además de la madre de Astiz, está acusado el matrimonio compuesto por Carmen Angela Orellano y Mario Guido Capelli. La pareja es muy humilde. Aparentemente no podía tener hijos. Capelli había hecho trabajos de albañilería para los Astiz. Orellano hacía trabajos de limpieza. Ambos vivían como caseros en una casa de la calle Aristóbulo del Valle, en Mar del Plata.

Según los datos probados por la fiscalía, entre 1976 y 1977 María Elena Vázquez les ofreció un bebé que supuestamente era de una empleada doméstica de su casa, que no lo quería. Vázquez llevó adelante la gestión por sí misma, según dijeron los Capelli-Orellano en la causa. Y los vio al menos dos veces para concretar y coordinar la entrega del niño. La primera vez les dijo que el embarazo llevaba cinco meses y se comprometió a avisarles un mes antes del parto. Cuando llegó ese momento, volvió a verlos, esta vez en la vereda de la calle Aristóbulo del Valle. Les dijo que el niño estaba por nacer, que la madre seguía con intención de entregarlo y les pidió sus datos personales para el certificado de nacimiento.

“El 9 de marzo de 1977 los llamó por teléfono la partera llamada Armonía Rosenthal, encargada además de hacer el certificado de nacimiento. Llamó a la casa del tío de Capelli, un hombre llamado Pedro Trinarolo. Les dijo que el niño ya había nacido. Así, Orellano concurrió a una casa ubicada en la calle Balcarce 3966, eran alrededor de las nueve de la mañana. Ella estaba con una prima, Clelia Maria Trinarolli. En la casa las recibió una joven. Le preguntó si era ella, la hizo pasar y le dijo que esperara a la partera. Unos diez minutos después –dice la resolución– apareció la partera, una señora de mediana estatura, con un delantal de mucama atado atrás, de unos cuarenta años, de pelo negro y tez mate, quien tenía aspecto de ama de llaves, y les entregó el bebé y un papel con anotaciones donde estaba la fecha y hora de nacimiento, que había sido la noche anterior. La constancia tenía un sello y figuraban como padres Orellano y su esposo. Le solicitó los datos de su esposo, ya que los suyos ya estaban incorporados y le dijo que lo inscribiera a su nombre.”

El 14 o 15 de marzo de 1977, Capelli fue al Registro de las Personas de Mar del Plata. Presentó el supuesto certificado de nacimiento ante una persona de esa dependencia. El niño quedó inscripto con los datos falsos: que nació el 9 de marzo de 1977 en la calle Balcarce 3966, que el parto fue constatado por la partera Armonía B. de Rosenthal y que los padres biológicos eran Carmen Angela Orellano y Mario Guido Capelli.

Durante años, la madre de Astiz negó todo vínculo con este caso. Siempre dijo que no conocía a esta pareja. Los Orellano-Capelli para defenderse siempre dijeron que ella se los había propuesto. Y consiguieron la foto. Por eso, hoy la foto es una prueba valiosa de la causa porque a partir de ese momento la madre de Astiz no pudo negar el vínculo con ellos.

El caso empezó a ser investigado en 2006, a partir de una denuncia que recibió Abuelas de Plaza de Mayo de Mar del Plata. La denuncia la presentó Mónica Roldán, hermana Omar Tristán Roldán, secuestrado en septiembre de 1976 con su pareja Delia Elena Garaguso, que estaba embarazada de tres meses. En la denuncia, Mónica pidió que investiguen el origen del niño y a los padres de Astiz.