El represor Menéndez deberá responder por el robo de la nieta 107

La madre estuvo detenida en el D2 de la Policía de Córdoba

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó los recursos presentados por la defensa de Luciano Benjamín Menéndez y confirmó su procesamiento por sustracción de menores, en una causa en la que se investiga la apropiación de la nieta recuperada 107, hija de Carlos Oviedo y María de las Mercedes Moreno. La mujer había tenido a la beba en la Maternidad Provincial de Córdoba, encadenada.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó el procesamiento de Luciano Benjamín Menéndez, en una causa en la que se encuentra imputado, junto con otros represores, por la sustracción de una niña a una mujer que estuvo detenida en el D2 Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba, que funcionó como centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico–militar. El máximo tribunal del país rechazó los recursos presentados por el represor y ratificó su imputación por sustracción de menores.  

Con la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Higthon y Juan Maqueda, la sentencia dio por culminado el último intento de Benjamín Menéndez por esquivar esta causa. Para los magistrados supremos, el recurso “no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal” y por eso lo desestimó el pasado 29 de diciembre.

La sustracción

María de las Mercedes Moreno fue detenida por personal policial del D2 en septiembre de 1978, cuando estaba embarazada. En octubre de ese mismo año fue trasladada a la maternidad provincial, donde tuvo a su hija, encadenada. Se la sacaron de forma inmediata y trasladaron a María de las Mercedes otra vez al centro clandestino, donde permaneció hasta abril de 1979. La niña fue llevada a la Casa Cuna.

En septiembre de 1979, un juez cordobés ordenó el egreso de la beba luego de otorgarle la guarda judicial a un matrimonio que inscribió a la niña como propia. Cuando María de las Mercedes salió en “libertad vigilada”, la buscó junto a dos de sus hermanas en la Casa Cuna. Una monja no les brindó información. Recién en 2012, con la ayuda de la filial de Abuelas de Plaza de Mayo, en Córdoba, María de las Mercedes logró que la justicia federal convocara a la joven, que accedió a realizarse el examen ADN, y confirmó que era su hija, la nieta recuperada 107.

El camino judicial

Allí comenzó la investigación por la sustracción de la menor. En su inscripción, por ejemplo, el matrimonio que se la apropió había presentado un certificado médico de Vicente Antonio Spitale donde daba cuenta, falsamente, que el 11 de octubre de 1980 había atendido a la mujer, en un supuesto parto natural. La investigación, aún en proceso, tuvo varias decisiones, una de las cuales llegó al máximo tribunal del país.   

En 2013, el juez federal N° 3 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, procesó a Laura Dorila Caligaris y Osvaldo Roger Agüero, los apropiadores, por el delito de supresión del estado civil y a Spitale y Adela María González, como partícipes necesarios. En esa misma sentencia, el magistrado dictó el sobreseimiento por esos delitos de Luciano Benjamín Menéndez, Alberto Carlos Lucena, Jorge González Navarro, Héctor Hugo Lorenzo Chilo, Jorge Eduardo Gorleri, Roberto Villagra, Alberto Bonadero, Carlos Sem Rodríguez y Ana María Rigutto de Oliva Otero.

Todos estos sobreseimientos fueron revocados por la Cámara Federal de Córdoba, que ratificó los procesamientos, confirmados luego por la Cámara Federal de Casación Penal. La defensa de Luciano Benjamín Menéndez, en manos de María Eugenia Di Laudo, defensora pública coadyuvante, llegó con una queja hasta la Corte Suprema de Justicia, que terminó rechazándola.

Sergio Goya

Bebé chileno robado en dictadura se reencuentra con su madre biológica 41 años después

Una joven madre, de entonces 19 años, dio a luz un bebé que fue dado por muerto en el Hospital Van Buren en noviembre de 1973. Hoy, 41 años después, Travis Tolliver se reunió con su madre biológica. Esta es su emocionante historia.

Travis Tolliver habría sido uno de los denominados “niños del silencio”, bebés que eran robados que pertenecen al denominado caso del sacerdote Gerardo Joannon -quien actuó como intermediario secreto entre las familias acomodadas de Chile-, dados por muertos y entregados en adopción ilegalmente. Recientemente logró encontrar a su madre biológica, Nelly Reyes, de quien nació en el recinto hospitalario de Valparaíso y donde no le ningún certificado de defunción.

El bebé recién nacido terminó viviendo a miles de kilómetros de allí; creció en Tacoma, Washington (Estados Unidos), con una pareja que no tenía idea de que su madre biológica lloraba y trataba desesperadamente de encontrar a su hijo.

Tolliver dice que siempre supo que era adoptado. Lo que el supervisor de un centro de distribución de importaciones de 41 años no sabía es que lo habían robado cuando era bebé en su natal Chile, unas horas después de haber nacido.

Espera que saber la verdad sobre su pasado le permita superar un trauma psicológico que ha sufrido desde que tiene memoria. Dice que tiene “problemas de abandono”.

“Ya saben, no me habían entregado voluntariamente como lo creí durante todos estos años, así que eso hace que mi corazón se sienta maravillosamente, pero se trata de reconciliarse con eso. Todo esto me parece irreal”, dijo Tolliver.

Según reveló la investigación periodística emitida en CNN en Español, Nelly Reyes, la madre de Travis, había tenido un embarazo normal cuando tenía 19 años y que terminó a las 16:00 del 15 de noviembre de 1973. Sin embargo, “más tarde me dijeron que había muerto” producto de un trastorno cardíaco, pero nunca le mostraron el cadáver ni le dieron un certificado de defunción.

Travis y Nelly se conocieron finalmente, después de 40 años, y ahora investigan junto al Sename qué pasó en realidad. “Lo abrazaré todos los días. Lo amo tanto”, dijo la madre que no habla inglés y su hijo, tampoco español.

Los sentimientos que afloraron en ese abrazo en el aeropuerto fueron la culminación de cuatro décadas de tribulación, de mentiras, de engaños, de delitos y de una injusticia que separó a una madre de su hijo al nacer.

Él, en tanto, contó que siempre pensó que había sido abandonado porque eso le dijeron sus papás, y eso le produjo un trauma que ahora debe superar con más fuerza.

Tolliver lloraba de alegría. “No sé cómo me siento. ¡Es una locura! No pensé que esto podría pasar. Ya saben, no me habían entregado voluntariamente como lo creí durante todos estos años, así que eso hace que mi corazón se sienta maravillosamente, pero se trata de reconciliarse con eso. Todo esto me parece irreal”, dijo.

Su madre, Nelly Reyes, de 61 años, apenas podía hablar. “Lo abrazaré todos los días. Lo amo tanto”, dijo. Reyes, ha cocinado para él todos los días y se afana por hacerlo sentir bienvenido. Él no habla español y ella no habla inglés.

Pero más que nada, ella le ha estado demostrando su amor; le da a su hijo los abrazos y los besos que no pudo darle en todos los años que han pasado.

https://www.youtube.com/watch?t=163&v=pGYoF4f4hIs

Condenan a tres apropiadores

El cirujano Juan Carlos Lavia y su esposa Serafina Marchese recibieron ocho y seis años de prisión por la apropiación de Florencio Laura Reinhold Silver. Pena de cinco años para el médico que firmó la partida de nacimiento.

Tras un breve juicio oral, el Tribunal Oral Federal 5 condenó ayer al mediodía a los apropiadores de la nieta restituida Florencia Laura Reinhold Silver, así como al médico que firmó su partida de nacimiento falsa.
Minutos después de las 12 los jueces Oscar Alberto Hergott, Adriana Palliotti y Daniel Horacio Obligado dieron a conocer la sentencia en la que encontraron culpable al médico cirujano Juan Carlos Lavia y a su esposa Serafina Marchese por la apropiación de la joven. Para Lavia, la pena fue de ocho años de prisión, mientras que Marchese recibió seis años y medio como coautores de los delitos de retención y ocultamiento de Florencia, así como la supresión de su identidad.

También condenó  a cinco años de cárcel al médico Francisco De Luca por haber firmado la partida de nacimiento falsa donde la joven fue anotada como hija biológica del matrimonio Lavia Marchese.
Las penas fueron levemente menores a las pedidas por la querella de Abuelas de Plaza de Mayo y la fiscalía, representada en este debate por Miguel Palazzani y el titular a la Unidad de Apropiaciones, Pablo Parenti.
Las dos partes acusadoras habían reclamado diez años de prisión para Lavia y ocho para su esposa, mientras que para el médico el pedido fue de seis años y medio por parte de la querella y de siete por la fiscalía.

En el fallo, los jueces declararon los hechos como crímenes de lesa humanidad e imprescriptibles y rechazaron el pedido de la querella de Abuelas de inhabilitar a Lavia a ejercer la medicina por el tiempo que dure su condena.

Durante el juicio oral, que se extendió durante menos de un mes, los testimonios recorrieron la historia de Florencia Laura y de sus padres, Susana Siver, quien permanece desaparecida, y Marcelo Reinhold, asesinados en la última dictadura.

La pareja, que militaba en Montoneros, fue secuestrada en agosto de 1977 por miembros del Servicio de Inteligencia Naval y llevada al centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA.
En ese momento, Susana estaba embarazada de cuatro meses y fue alojada en lo que se conoció como la "pieza de las embarazadas", que funcionó como una maternidad clandestina. El 15 de enero de 1978 fue llevada al Hospital Naval para dar a luz, ya que no estaba el médico de la Marina, Jorge Magnacco, quien se encargaba de los partos en la ESMA.

Florencia nació por cesárea. Inmediatamente después, madre e hija fueron llevadas de nuevo a la ESMA, donde permanecieron juntas dos semanas más. "Supongo que hasta febrero lo pasé con ella, que me pudo amamantar. Sé que me apodó 'Lauchita', porque era muy chiquita", contó la joven en el juicio oral.
A comienzos de febrero, su madre fue "trasladada" de la ESMA y permanece desaparecida. Ella, según lo reconstruyó en el debate, fue llevada por el fallecido médico militar Aldo Clemente Chiappe, quien la entregó a Lavia, su compañero de guardia.

En junio de 2011, Florencia, que siempre había tenido dudas sobre su origen, accedió a realizarse voluntariamente los análisis de ADN y el 1 de agosto de ese año recuperó su identidad. «

Chicha: "Buscate que me encontrás"

La fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo volvió a publicar una carta en Facebook. A sus 92 años no descansa en su lucha por encontrar a la nieta que le robó la dictadura.

Por Redacción Diagonales

La abuela de Plaza de Mayo María Isabel "Chicha" Chorobick de Mariani sigue con la búsqueda de su nieta Clara Anahí Mariani, apropiada a los tres meses de vida durante la última dictadura cívico-militar, y publica en su Facebook fotos de su nuera, madre de la beba robada, para que la joven las mire y encuentre parecidos físicos.

"Buscate que me encontrarás tan pronto como quieras", ruega "Chicha" en su red social, junto a 4 fotos de la madre de su nieta, Diana Teruggi, quien fue asesinada en un operativo de fuerzas conjuntas en noviembre de 1976, tras querer proteger a la beba de la balacera que atacaba la vivienda que ocupaban, en la ciudad de La Plata.

A "Chicha" le gusta contar historias familiares a su nieta, aún cuando en esta oportunidad no la tenga sentada al lado. Con este objetivo tan caro a su corazón, a sus 92 años, Chicha no teme a la tecnología y utiliza a su favor las redes sociales sabedora del alcance que éste sistema tiene.
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Una de las fotos de Diana Teruggi que publicó Chicha

"Clara Anahí, mi querida nieta, espero que te lleguen estas líneas y así puedas ver algo de vos reflejado en ella. Diana, tu mamá, nació el 3 de diciembre de 1950 en la ciudad de La Plata. Ella te protegió, con su vida, hasta el momento antes de que las fuerzas armas te entregaran a otra familia para que te críe aquel 24 de noviembre de 1976", comienza a contar.

Le explica a esa nieta a la que no ve desde 1976: "Tenías tan solo 3 meses de edad. Por eso es que te pido que busques parecidos, hasta en tus fotos viejas… y te animes!".

Y prosigue: "Tu mamá medía un metro setenta, era delgada, tenía piel clara, cabello ondulado y castaño tirando a rubio, ojos color miel y una hermosísima sonrisa que desnudaba sus dientes muy blancos y parejos. Sus voz tenía una dulzura particular porque cuando hablaba se le patinaba un poco la 'ese'"..

Recuerda que "aunque, a raíz de su ímpetu juvenil, caminaba siempre apurada (en alusión a Diana Teruggi) y de un modo algo atolondrada, era realmente delicada".

"Quienes la conocieron comentan que Diana llamaba la atención por su `brillantez intelectual`, por ser “excelente alumna” y por sus vehementes `discursos de asambleas`”, rememora.

"Chicha" le expresa a su nieta que "el amor y esperanza" que tiene en su corazón es tan grande que espera llegue. "Búscate que me encontraras tan pronto como quieras. Te espero, te busco y te quiero mucho mi querida Clara Anahí".

El 24 de noviembre de 1976 la casa de Diana Teruggi y su esposo Daniel Mariani, ubicada en la calle 30 número 1134 de La Plata, fue atacada por las fuerzas represivas.

Diana fue acribillada por la espalda y cayó cubriendo con su cuerpo a su pequeña hija Clara Anahí, que fue secuestrada por los represores y hasta el momento no pudo ser recuperada.

Daniel Mariani no estaba en la propiedad al momento del ataque, pero fue asesinado en agosto de 1977.

En la casa, declarada sitio de mmoria, funcionaba una imprenta que publicaba la revista "Evita Montonera", desde donde se denunciaron por primera vez las desaparición de personas durante la última última dictadura militar, los denominados "vuelos de la muerte" y la existencia de centros clandestinos de detención.

La propiedad exhibe en su frente varios cientos de orificios de bala que impactaron durante el ataque de las fuerzas represivas y un enorme boquete provocado por un proyectil de tanqueta, que atravesó esa pared y otra del interior de la vivienda.

Planificadores de apropiaciones

Los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo pidieron penas de entre 10 y 40 años. “En el Hospital Militar de Campo de Mayo se perfeccionó la práctica sistemática y generalizada de la apropiación de niños como en ningún otro centro clandestino de detención”, señalaron.

 Por Ailín Bullentini

La querella de Abuelas de Plaza de Mayo solicitó penas de entre 10 y 40 años para los cinco imputados en el juicio por la apropiación de bebés nacidos en el Hospital Militar de Campo de Mayo y la privación ilegal de la libertad de sus mamás. Basados en una descripción exhaustiva de la maternidad clandestina que funcionó en el sector de Epidemiología de ese hospital, y un tejido detallado entre testimonios ofrecidos específicamente en este debate y aquellos incorporados al juicio pero escuchados a lo largo de los casi 40 años que separan la actualidad de los tiempos en los que tuvieron lugar estos delitos, los abogados Alan Iud y Pablo Lachener pidieron al Tribunal Oral Federal Nº 6 que condene a Santiago Riveros y Reynaldo Bignone a 40 y 35 años de cárcel, respectivamente; que pene con 30 años de encierro a los médicos militares retirados Eugenio Martín y Norberto Bianco; y con 12 a la obstétrica Luisa Arroche. Mañana alegará la fiscalía.

La introducción que eligió Abuelas de Plaza de Mayo para la conclusión del debate que ingresó ayer en su etapa definitoria incluyó una advertencia: este juicio “llega tarde” y luego de una “deficiente instrucción”, expresó Iud. “Una vez más la desidia y morosidad del sistema judicial nos han privado de realizar un debate oral y público mucho más completo”, remarcó el abogado en referencia a los once casos similares a los nueve que ingresaron en el debate que esperan la elevación a juicio. “Muchas familias seguirán esperando justicia, aun después de este juicio. Y la demora es más grave aún si reparamos en la cantidad de imputados que quedaron fuera”; algunos por salud, otros por muerte.

Durante más de seis horas, Iud y Lachener expusieron sobre la maternidad clandestina en la que “gran cantidad de desaparecidas” dieron a luz durante la última dictadura, detallaron su estructura organizativa y funcionamiento. Es en la mitad de 1977 cuando la querella considera que un sector del área de Epidemiología del Hospital Militar de Campo de Mayo fue convertida en maternidad clandestina. Pero también relacionaron el Hospital Militar en el que funcionó con algunos otros centros clandestinos de detención de Campo de Mayo, como El Campito, en los que también se realizaron partos de detenidas. Por último, encajonaron los roles de los imputados para finalmente concluir en los pedidos de pena.

“En el Hospital Militar de Campo de Mayo se perfeccionó la práctica sistemática y generalizada de la apropiación de niños como en ningún otro centro clandestino de detención”, determinó Abuelas en su alegato debido a que, consideraron sus abogados, lo que sucedió allí “constituye la evidencia más acabada de la organicidad con la cual se llevó adelante la apropiación de hijos de desaparecidos por razones políticas. El Ejército Argentino destinó un espacio específico de ese hospital para mantener cautivas a mujeres próximas a dar a luz, concretar el alumbramiento y quitarles sus bebés”.

Acorde con los testimonios de empleados y ex empleados del hospital que se oyeron durante los dos meses de juicio, más los incorporados por lectura y la prueba documental, la querella pudo detallar las “reglas” que regían para ese sector de Epidemiología, dos habitaciones aisladas y con custodia, y las pacientes que allí eran destinadas. Las detenidas permanecían vendadas y, en algunos casos, atadas a las camas, no se les permitía hablar con nadie y su estancia en el hospital así como sus partos no eran registrados. Parían, estaban algunas horas con sus hijos o hijas, pero luego se los o las quitaban. “Hay evidencias de que se les administraba a las puérperas una inyección para cortar la lactancia”, advierte el alegato. “Transcurrido uno o dos días después del parto, las mujeres eran retiradas del hospital en la mayoría de los casos sin sus bebés”, puntualiza.

Para Riveros, la querella pidió 40 años de cárcel. Era comandante del Comando de Institutos Militares, institución a cargo de la Zona de Defensa IV y del control táctico-operacional del hospital. Se lo considera responsable de la sustracción, retención y ocultamiento de los hijos de Marta Alvares y Susana Stritzler, de los que no se sabe nada aún, y de Catalina De Sanctis Ovando, hija de Miryam Ovando, y Valeria Gutiérrez Acuña, hija de Liliana Acuña. En calidad de comandante segundo de Institutos Militares, para Bignone solicitaron 35 años de prisión, por la sustracción, retención y ocultamiento de los bebés de Stritzler, Mónica Masri y Valeria Beláustegui, de los que tampoco hay noticias.

La querella consideró que, en su rol de jefe del Servicio de Clínica del hospital, Martín “tenía pleno conocimiento” de lo que pasaba con las embarazadas detenidas y “aportó los recursos necesarios para que estos hechos se consumaran formando parte de la cadena de mandos y retransmisión de órdenes”. En cuanto a Blanco, jefe de Traumatología del hospital, “surge con claridad de la prueba reunida que intervino de propia mano en los crímenes que aquí se juzgan”: trasladaba a las mujeres hacia y desde el hospital a los infiernos en los que estaban encerradas. Daba órdenes al personal para que las atendieran: “Era el jefe de la maternidad clandestina” junto con Caserotto, fallecido. Para ambos, la querella pidió 30 años de cárcel; les atribuyen algunos casos de sustracción de chicos, pero también el encierro de las mujeres. Para Arroche, imputada en la sustracción de la identidad de Francisco Madariaga Quintela, el hijo de Silvia Quintela, nacido en el Hospital Militar, por haber falsificado el libro de partos de esa institución, la querella pidió 12 años.

Dos médicos y una obstetra en el banquillo

Por Ailín Bullentini

Valeria Beláustegui Herrera llevaba apenas dos meses de embarazo cuando fue secuestrada por personal militar en mayo de 1977. La panza de Liliana Isabel Acuña era un poco más grande cuando corrió la misma mala suerte, en agosto de 1976. Tenía 24 años, cinco más que Miryam Ovando, también embarazada. El destino de todas ellas comparte, junto con el de otras seis, dos elementos fundamentales que las convierten en eje del juicio por delitos de lesa humanidad que hoy comienza bajo la dirección del Tribunal Oral Federal Nº 6 de la ciudad de Buenos Aires: víctimas del terrorismo de Estado de los ’70, parieron en cautiverio, la inmensa mayoría en la maternidad clandestina que funcionó en el Hospital Militar de Campo de Mayo, a sus hijos. El debate oral, que continúa a aquel que condenó por el plan sistemático de robo de bebés a represores que integraron las cúpulas militares de la última dictadura, analizará por primera vez la responsabilidad de médicos militares que actuaron en ese hospital en la sustracción de esos bebés y la supresión de su verdadera identidad. La querella la impulsó Abuelas de Plaza de Mayo y la Fiscalía la representará Martín Niklison.

Entre 1976 y 1980, Norberto Bianco y Raúl Martín se desempeñaron como jefes de los servicios de Clínica y Traumatología del Hospital Militar que aún funciona en Campo de Mayo. Entonces, Luisa Arroche de Sala García fue obstetra de esa institución. Su presencia entre los acusados vuelve a este juicio fundante: es la primera vez, en 38 años, que la Justicia enjuicia a profesionales de la salud castrense que actuaron en Campo de Mayo, quienes, a pesar de existir indicios suficientes de su responsabilidad, quedaron fuera de la causa que derivó en las sentencias por el Plan Sistemático de Robo de Bebés.
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Martín, Arroche y Bianco, quien fue condenado hace varios años por la apropiación del hijo de Norma Tato y Jorge Casariego –la sustracción también integra los casos a evaluar en este debate– y recién en 2001 fue extraditado de Paraguay, donde vivía prófugo, son los únicos profesionales de la salud castrenses que acompañan a los represores Santiago Omar Riveros y Reynaldo Bignone entre los imputados en la causa. El resto de los médicos militares que sonaron fuerte durante la instrucción de la causa, como Ramón Capecce, Jorge Habib Haddad o Julio César Caserotto, quedaron fuera de juicio por cuestiones de salud o de muerte.

Victoria Moyano: “Cada nieto que se recupera es un hermano nuestro que aparece”

Recuperó su identidad y decidió seguir la senda que sus padres no pudieron continuar

Victoria Moyano: “Cada nieto que se recupera es un hermano nuestro que aparece”
La aparición de Guido Montoya Carlotto, nieto de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, fue una noticia que se difundió por todo el planeta e impactó profundamente en los argentinos. Quizás sea el hito más significativo de los últimos años para las Abuelas, que desde hace décadas luchan por la restitución de sus nietos, apropiados durante la última dictadura militar. Guido (Ignacio Hurban, su nombre de crianza) es el nieto número 114 que recupera su identidad en una búsqueda que lleva más de 35 años.

El Intransigente entrevistó a Victoria Moyano, una de las nietas primeras nietas recuperadas. Su historia tiene algunas variantes respecto de la de Guido. A diferencia de él, Victoria pudo recuperar su identidad cuando tenía sólo nueve años y forjó su personalidad en base a la militancia social por la que, considera, sus padres dieron la vida. Hoy, a los treinta y cinco años, participa activamente en organismos de Derechos Humanos y acompaña la lucha de trabajadores en conflicto.

A diferencia de otros miembros de los organismos, nunca se ha sentido tentada por cómodos despachos en la administración pública, ni ha cedido a las mieles del oficialismo. Por el contrario, suele ser vista en las calles, participando de marchas y actos por los Derechos Humanos de ayer y de hoy. Su compromiso con el presente incluso la ha llevado a ser detenida de manera violenta, pero nada de ello parece minar sus convicciones. "Las libertades democráticas no son sólo lo que implica el juicio y castigo al genocidio. Desde ya, seguimos defendiendo ese proceso y luchamos a diario para que los genocidas vayan a la cárcel. Pero nosotros también creemos que tenemos que defender todas aquellas libertades que hacen a la vida cotidiana, y que están siendo vulneradas”, sostiene.

El Intransigente: ¿Cómo te toca a vos la historia de la recuperación de Guido Montoya Carlotto, el nieto de Estela?

Victoria Moyano: La aparición de Guido Carlotto significa para todos una alegría enorme. Cada vez que se recupera un nieto es como recuperar a un hermano nuestro. Hoy, nuestro hermano tiene 35 años, con una identidad fraguada, pero emprenderá un nuevo camino sabiendo su verdad”.

A diferencia de Guido, Victoria sí fue criada por su apropiador. Nació en el Pozo de Banfield y, desde antes del parto, su mamá, María Asunción Artigas Milo, era vigilada porque la bebé tenía un destino prefijado. Fue robada por un comisario, Oscar Penna, para entregársela a su hermano, Víctor, y su cuñada, María Elena Mauriño, que la inscribieron como su hija biológica. Víctor falleció un año después y Oscar, el apropiador, se hizo cargo de la familia. Victoria creció con la idea de que era adoptada y esa fue la clave para su restitución.

Su maestra de primer grado, sabiendo que ella era adoptada, fotocopió los papeles de su inscripción a la escuela, donde figuraba como hija biológica de los Penna. Sabía que su tío era comisario. Fue ella quien denunció el caso a Abuelas de Plaza de Mayo y se constituyó, más tarde, en uno de sus sostenes emocionales para comprender lo que estaba pasando.

Cuando tenía nueve años, personal del Juzgado se presentó en su casa y le habló de una familia que quería saber quién era ella. Su tío comisario ya se había fugado y el 30 de diciembre  de 1987  Victoria comenzaba el camino hacia la restitución de su identidad. Conoció a su familia biológica y a sus abuelas, a todas ellas, a las de Plaza de Mayo. Vio fotos de sus padres, conoció sus historias y empezó a entender la causa por la que habían dado la vida. Decidió no abandonar la senda que ellos habían comenzado a andar. El proceso, asegura, no fue sencillo, pero la búsqueda de la verdad es un camino que no tiene retorno.

El Intransigente: La vicepresidenta de Abuelas, Rosa Roisinblit, dijo recientemente que una cosa es recuperar un nieto, pero otra distinta es conquistar su amor. ¿Cómo fue tu experiencia en este camino de reconquistarte con tu familia de sangre?

Victoria Moyano: "Para mí fue muy importante poder conocer mi historia. Yo pude acceder a mis nueve años a mi familia. Creo que hay una etapa de conocimiento mutuo, de aceptación que tus padres fueron desaparecidos, secuestrados y asesinados por las fuerzas represivas que llevaron adelante el genocidio en la Argentina. Entonces, desde ese punto de vista, primero hay que aceptar que uno tiene esa historia. Después, tener la predisposición de escuchar y tratar de establecer lazos con tu familia biológica, teniendo en cuenta que no compartiste tu vida con ellos, producto de una apropiación, no porque esa familia no te haya estado buscando. La historia de Guido, como la de los otros nietos, forma parte de familias que durante años los han estado buscando. Entonces, desde ese punto de vista, creo que ese amor que se expresa sirve mucho para que podamos conquistar una relación con nuestras familias y tratar de acercarnos también a nuestros padres. Cuando yo recuperé mi identidad no recuperé sólo mi nombre. En mi caso, siento que recuperé la historia de lucha de mis padres, por lo que ellos dieron su vida, la lucha que ellos amaban. También tuve la recuperación de esa lucha, que es muy importante para mí. Creo que en estos momentos hay un proceso muy importante de los nietos que es recuperar a los padres biológicamente, pero también su militancia.

El Intransigente: Estela de Carlotto pidió que se respetara a la familia que crió a Guido durante todos estos años. ¿Ves un trato diferente de parte de la prensa y de sectores políticos en este caso en particular?

Victoria Moyano: No conozco realmente cómo Guido llegó a los brazos de la familia que lo crió. En general, si hubo una apropiación, significa que no existió una adopción legal. Por lo tanto, hay una conducta criminal. La Justicia penal interviene inmediatamente, se los procesa y se los condena. Yo no sé cómo fue el caso. Por eso, no puedo opinar acerca de lo que dice Estela, que se trata de una buena familia. Sólo puedo decir que cuando hubo apropiación, los apropiadores han cometido un delito.

Su activa militancia la llevó a apoyar los reclamos de los trabajadores despedidos de la empresa Lear. Victoria nunca escondió su militancia por los derechos de los trabajadores y llevó con orgullo las banderas de sus padres. Por ello, días atrás fue detenida en un escandaloso operativo de Gendarmería, junto a dos militantes por los Derechos Humanos y un legislador electo. La indignación se esparció por todo el país y fue liberada horas más tarde.

El Intransigente: Hoy la vida te encuentra militando activamente con los trabajadores de Lear. ¿Trabajás en la empresa o militás con ellos?

Victoria Moyano: No trabajo en la empresa, yo me acerco de manera solidaria como parte de los organismos de Derechos Humanos que venimos acompañando a los trabajadores de Lear. Lo hacemos con distintas luchas desde hace años. Entiendo que los trabajadores de LEAR se encuentran en una situación donde se le ha limitado todo tipo de goce de libertad democrática, desde la libertad sindical hasta la de trabajar. Se ha incumplido una docena de fallos judiciales que sostienen que esos despidos son ilegales. Por esa razón, junto a otros organismos de Derechos Humanos, acompañamos la lucha de los trabajadores, como parte de la lucha por las libertades democráticas de este país. No lo vemos como algo escindido. Las libertades democráticas no son sólo lo que implica el juicio y castigo al genocidio. Desde ya, lo seguimos defendiendo y luchamos a diario para que los genocidas vayan a la cárcel. Nosotros también creemos que tenemos que defender todas aquellas libertades que hacen a la vida cotidiana que están siendo vulneradas”.

El Intransigente: Hay, en cambio, otros nietos que han optado por otro tipo de militancia, que hoy son diputados u ocupan cargos en ministerios nacionales. ¿Vos crees que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner cooptaron esa lucha militante?

Victoria Moyano: Lo que pasó con el gobierno de los Kirchner fue que, cuando Néstor tuvo que legitimar ese 22% de votos que obtuvo en las elecciones nacionales, tomaron las banderas de algo muy sentido: la lucha por los Derechos Humanos en este país. En ese sentido, muchos de los organismos de Derechos Humanos se han acercado políticamente y han defendido toda la gestión kirchnerista. Creo que, por principios, los organismos de Derechos Humanos deberían mantenerse independientes de todos los gobiernos y del Estado, que son los que vulneran la libertad democrática. Yo tengo una posición muy crítica sobre cómo ha actuado este gobierno con la política de Derechos Humanos”.

El Intransigente: El gobierno y algunos organismos de Derechos Humanos sostienen y defienden al Jefe del Ejército, César Milani.

Victoria Moyano: Creo que de ninguna manera puede estar al frente del Ejército un personaje perverso como Milani después de todas las denuncias que hay alrededor de su persona sobre delitos de lesa humanidad. Ese caso fue una divisoria de aguas alrededor de la valoración de la política de Derechos Humanos de este gobierno. Desde hace muchísimos años vengo exigiendo la apertura de los archivos, es decir,  las nóminas de las fuerzas que revistieron en los centros clandestinos entre el 76 y el 83, para poder acceder a los datos de dónde podrían estar nuestros hermanos y nuestros padres. Pero este gobierno, al igual que los anteriores, no ha querido entregar esas nóminas. Entonces, todo lo que avanzamos en materia de Derechos Humanos es producto de la lucha incansable de las organizaciones y no de este gobierno. Por eso no compartimos la lectura con otros nietos y otros organismos”.

El Intransigente: ¿Servirá la aparición de Guido como incentivo para que otras personas que duden de su identidad se acerquen a Abuelas?

Victoria Moyano: Es posible, de hecho ya se habla que hay jóvenes que se han acercado a conocer su identidad. Pero, como te dije anteriormente, me parece que es una política insuficiente. Nosotros no podemos dejar todo en manos de las dudas de los jóvenes, en que se animen denunciarlo y, luego, que se animen a hacer el ADN. Esa responsabilidad no puede quedar en nuestras manos. Es la inversión de la prueba. Nosotros tenemos que probar todo. Si es el Estado el que desapareció a nuestros padres, es el mismo Estado el que tiene que devolvernos nuestra identidad”

Por Guido Baistrocchi - para El Intransigente

Clara Anahí cumple 38 años y Chicha la sigue buscando

 La beba fue robada cuando tenía tres meses, durante el ataque a la casa de la calle 30. Nació el 12 de agosto de 1976, y su abuela sigue luchando para encontrarla. El sábado se realiza la tradicional ceremonia de cumpleaños en ausencia.

Por Redacción Diagonales

El próximo sábado se celebrará en ausencia el cumpleaños 38 de Clara Anahí Mariani, quien fue apropiada por represores durante la última dictadura cívico militar cuando tenía tres meses y desde entonces es intensamente buscada por su abuela María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani. La beba, robada cuando tenía tres meses, nació el 12 de agosto de 1976.

El "cumpleaños en ausencia por su desaparición forzada" se celebrará desde las 15 frente a la Casa Mariani-Teruggi, ubicada en la calle 30 N° 1134 e\ 55 y 56.

La conducción del acto estará a cargo de Cristina Solano, quien además leerá los mensajes, y hablarán el abogado Alejo Ramos Padilla, Juez Federal de Dolores; e integrantes del equipo de guías de la Casa. Luego se escuchará una canción interpretada por alumnos del Liceo Víctor Mercante y al coro Nonthué conducido por Silvina Cañoni.

El acto finalizará con la tradicional suelta de globos, uno por cada año de vida cumplido, mientras permanece secuestrada sin conocer su origen y su verdadera identidad.

El 24 de noviembre de 1976 la casa de Diana Teruggi y su esposo Daniel Mariani fue atacada por las fuerzas represivas.

Diana fue acribillada por la espalda y cayó cubriendo con su cuerpo a su pequeña hija Clara Anahí, que fue secuestrada por los represores y hasta el momento no pudo ser recuperada. Daniel Mariani, padre de la beba e hijo de Chicha, no estaba en la propiedad al momento del ataque, pero fue asesinado el 1º de agosto de 1977.

En el ataque también fueron asesinados sus compañeros de militancia, Daniel Mendiburu Eliçabe, Roberto César Porfidio, Juan Carlos Peiris y Alberto Oscar Bossio.

En la casa, declarada sitio de memoria, funcionaba una imprenta que publicaba la revista "Evita Montonera" donde se denunciaron por primera vez las desapariciones de personas durante la última última dictadura militar, los denominados "vuelos de la muerte" y la existencia de centros clandestinos de detención.

La propiedad exhibe en su frente varios cientos de orificios de bala que impactaron durante el ataque de las fuerzas represivas y un enorme boquete provocado por un proyectil de tanqueta que atravesó esa pared y otra más del interior.

Juicio Oral por la apropiación de un niño durante la dictadura en Reconquista

Un nacimiento en las peores condiciones

El jefe del grupo de tareas, Sambuelli; la apropiadora Cecilia Góngora y la médica que atendió el parto, Elsa Nasatsky de Martino, estarán en el banquillo por robar a José Luis Maulín, hijo de dos sobrevivientes del terrorismo de estado.

 Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe

El bebé nació el 26 de marzo de 1977, en un sanatorio privado de Reconquista, donde a la madre ni siquiera le preguntaron su nombre. El 6 de abril, sus apropiadores lo inscribieron como si fuera hijo legítimo. Treinta y seis años después, el 13 de marzo de 2014, el Tribunal Oral de Santa Fe, comenzará el primer juicio de lesa humanidad por la apropiación de aquel niño, que el mes que viene cumplirá 37, en el transcurso del debate oral. El análisis genético ya confirmó que es el hijo biológico de Rubén Maulin y Luisa Pratto, dos sobrevivientes del terrorismo de estado. En el banquillo, estarán el jefe del grupo de tareas que operó en la III Brigada Aérea de Reconquista, Danilo Sambuelli; la apropiadora Cecilia Góngora -como se conoce la causa- y la médica que atendió el parto, Elsa Nasatsky de Martino. Sambuelli ya cumple una condena --en su casa-﷓ a 21 años de prisión por secuestros y torturas de 38 militantes políticos, entre ellos Maulín y la "violación agravada" de Griselda Pratto, hermana de Luisa. Mientras que las dos mujeres imputadas están "en libertad bajo caución".

El fiscal Roberto Salum investigó el caso de José Luis (que aún tiene el apellido de sus apropiadores) como uno de los "niños robados como 'botín de guerra'. De manera de hacerlos desaparecer, anular su identidad y privarlos de vivir con su legítima familia, de todos sus derechos y de su libertad", dijo al citar a las Abuelas de Plaza de Mayo.

"El núcleo de ese accionar delictivo radicó en el traspaso de niños de un grupo a otro, produciéndose en ese contexto otros posibles delitos, tales como la falsificación de certificaciones de niños nacidos vivos, la inscripción dolosa de los recién nacidos como hijos de sus sustractores, o bien adopciones fraguadas. Todos, tendientes a asegurar la impunidad de los autores y partícipes, resultando esos niños sometidos al mismo proceso de desaparición y victimización, sustraídos de sus madres luego del parto, o en otros lugares, puestos fuera del ámbito familiar, retenidos, ocultados, o sea privados de libertad y de identidad", planteó Salum en el requerimiento del juicio.

José Luis nació mientras su familia biológica sufría la persecución del terrorismo de estado. Maulín y su madre ya habían sido detenidos, lo mismo ocurrió con tres hermanos de Luisa Pratto y otros compañeros de militancia. Luisa había quedado sola, embarazada y con dos hijos pequeños. Una semana antes del parto, una tía de Maulín le presentó a Cecilia Góngora. "Ella te va a ayudar a tener el bebé porque acá no podés quedarte con otro chico más", le dijo. "Ahí conocí a esa señora Cecilia Góngora de Segretin. Ella me dijo que me iba a ayudar con el bebé. 'Yo te voy a llevar al sanatorio, te voy a pagar todo'. No me dijo que me iba a robar el bebé", declaró en la causa.

El 26 de marzo de 1977, Góngora llevó a Luisa al Sanatorio Reconquista. "Llegué a las diez de la mañana", dijo. Nunca le preguntaron su nombre. "Paso directamente a la sala de parto, donde estaba la doctora Nasatsky de Martino. Tengo el bebé a las diez y media, un varón. Me descompuse ese día, estaba mal emocionalmente. La doctora me dijo que me llevaran a una sala".

A las tres horas, llegó "el médico pediatra, el doctor Restanio. Me trae el bebé y me dice que le diera de mamar. Ahí me doy cuenta de que me decía Cecilia, no dije nada". Poco después, llegó al sanatorio Griselda Pratto, la hermana menor de Luisa. Sambuelli la había liberado en la III Brigada Aérea, donde cumplió sus 17 años en un martirio. Un secuestro de casi un mes y medio, entre el 5 de febrero y el 26 de marzo, torturada y convertida en esclava sexual del grupo de tareas. Sambuelli la dejó ir ese 26 de marzo, el día del parto, "le dio unas monedas y le dijo que fuera al Sanatorio Reconquista", donde estaba Luisa.

"Griselda llegó justo cuando el doctor Restanio me había traído el bebé. Ella lo alzó y yo le dije que no lo quería ver. Mi hermana me preguntó si lo iba a dejar ahí y le dije que yo no lo podía llevar, que lo tenía que entregar. Mi hermana me dijo que no y le dije que si no lo hacía me iban a matar. Le dije que no podía hablar. Llegó entonces la doctora Martino y se lo sacó de los brazos porque Griselda hablaba muy fuerte y no se tenían que enterar otras personas. Salí del sanatorio sin mi hijo", relató Luisa.

Hubo plan sistemático porque hubo genocidio

50 años de prisión para Videla,  15 para Bignone y otras menores

Después de quince meses de debate el Tribunal Oral Federal 6 que integran los jueces María del Carmen Roqueta, Julio Luis Penala y Domingo Altieri condenó a los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Benito Bignone por "sustracción, retención y ocultamiento" de hijas e hijos de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, en veinte y treinta y un casos, respectivamente, y dictó 30 y 40 años de "prisión e inhabilitación absoluta" a los genocidas Antonio Vañek y Jorge "El Tigre" Acosta. En tanto, el represor Santiago Omar Riveros fue condenado a 20 años de prisión; los apropiadores Víctor Gallo e Inés Susana Colombo a 15 y 5 años, respectivamente; Juan Antonio Azic a 14 y 10 años para el médico Jorge Luis Magnacco. Además, el TOF6 definió el robo de niños como plan sistemático, producto de una práctica organizada desde la cúpula del poder militar, y fijó para el 17 de septiembre próximo la audiencia de lectura de los fundamentos de la sentencia.

A más de tres décadas de cometidos los delitos, y al cabo de dieciséis años de la denuncia original realizada por Abuelas de Plaza de Mayo, la justicia encontró a Videla penalmente "responsable por la sustracción, retención y ocultamiento de menores y la supresión de su identidad, en 20 oportunidades", la cantidad de casos ventilados en el juicio durante los últimos 15 meses.

Durante los años que llevó la investigación judicial hasta el juicio oral, se obtuvieron muchos testimonios, pero uno de los más reveladores fue el de la nieta Victoria Montenegro, cuando denunció la complicidad del fiscal Juan Martín Romero Victorica con su apropiador, el excoronel Herman Tetzlaff y su esposa María del Carmen Duartes.

Antes de la sentencia, Montenegro, que se reencontró con su familia en 2001, aseguró que "llamar a las cosas por su nombre nos va a hacer mejor a todos", en referencia a la expectativa de que el Tribunal Oral Federal 6 defina como "plan sitemático" el robo de bebés. "Este juicio cierra muchos años de lucha sostenida por parte de las Abuelas de Plaza de Mayo", sostuvo. Durante el juicio, Victoria Montenegro denunció la complicidad del fiscal Juan Martín Romero Victorica con su apropiador, el ex coronel Herman Tetzlaff y su esposa María del Carmen Duartes, hecho que inmediatamente provocó su renuncia.

Para la joven, que este año también recuperó los restos de su padre, gracias a la tarea del Equipo Argentino de Antropología Forense, el significado de alcanzar justicia "sirve para reparar heridas, aunque sabemos que falta mucho más, sabemos que forma parte de la batalla cultural que estamos dando".

Entre las 35 apropiaciones hay nombres de quienes nacieron en cautiverio y una pequeña proporción de apropiados o dados en adopción luego de ser secuestrados con sus padres. De los 35 niños, 26 recuperaron la identidad. De ellos, 20 declararon durante el juicio. 

Ejecutadas después de los nacimientos 

 

Desde que comenzó el proceso, hace tres años, la fiscalía se empeñó en demostrar que el secuestro de los recién nacidos respondía a un plan sistemático, elaborado por la propia cúpula castrense. Que la dictadura incluso confeccionó un 'protocolo secreto' consistente en que las reclusas que se encontraban en avanzado estado de embarazo, fueran mantenidas con vida hasta el parto, lo cual no evitaba que fueran torturadas. Tan pronto como daban a la luz, a las mujeres se les ponía un saco en la cabeza y eran ejecutadas

Las abuelas y familias siguen buscando a los que faltan; sus nombres ayer quedaron escritos a modo de marca en una gacetilla que distribuyó Abuelas de Plaza de Mayo por la sentencia: son Guido Carlotto, Ana Libertad Baratti De la Cuadra, Clara Anahí Mariani Teruggi; el/la hijo/a de Gabriela Carriquiriborde y Jorge Repetur; Martín Ogando Montesano; Victoria Petrakos Castellini; la hija de María Moyano y Carlos Poblete y la hija de Ana Rubén y Hugo Castro que “continúan viviendo con una identidad falsa”.

“Queremos que la condena sea ejemplar”

EL jueves se conocerá la sentencia en la causa ppor el plan sistemático de robo de bebés. 

 
Abel Madariaga y su hijo Francisco reclaman que la Justicia tenga en cuenta la gravedad del delito de apropiación.

 Por Victoria Ginzberg

Abel y Francisco Madariaga son padre e hijo. Se conocen hace un poco más de dos años. Francisco recuperó su identidad y con ella a Abel, que lo buscaba desde el día en que su compañera Silvia Quintela fue secuestrada embarazada y llevada a Campo de Mayo. Para Francisco estos dos años fueron como una carrera de Fórmula 1, pero este jueves tendrá, tal vez, la oportunidad de aminorar la marcha. Ese día se conocerá la sentencia del juicio sobre el plan sistemático de robo de niños durante la última dictadura y entre los acusados están sus apropiadores: el ex capitán del Ejército Víctor Galo y su mujer, Susana Colombo. Abel y Francisco piden “que la condena sea ejemplar”.

“Quiero llamar a una reflexión de la Justicia en general, de los jueces a los que les toca fallar en particular y de toda la sociedad. La apropiación de un menor, para mí, en este caso 32 años y medio sin mi hijo, es más que un delito de lesa humanidad. Creo que la Cámara de Diputados de la Nación también debería reflexionar sobre este tipo de delitos, que se siguen cometiendo, porque faltan más de 300 nietos por encontrar”, dice Abel.

El reclamo está relacionado con una particularidad del juicio que, luego de más de un año y medio de audiencias, terminará esta semana. Los imputados son los dictadores Jorge Videla y Reynaldo Bignone, los represores Jorge Acosta, Santiago Riveros, Rubén Franco, Antonio Vañek, Jorge Magnacco (médico de la ESMA), Eduardo Ruffo, Juan Azic y Víctor Gallo y Susana Colombo. La mayoría fue acusada por su participación en el plan sistemático y se descuenta que recibirán una importante pena, pero Azic, Gallo y Colombo afrontan condenas por haberse quedado ellos mismos con hijos de desaparecidos. El Código Penal contempla para este hecho, la apropiación de menores, penas de entre 5 y 25 años (la máxima se alcanza si se suman todos los delitos que se suelen cometer a la vez: retención de un menor, alteración de identidad y falsificación de documentos públicos). Hasta ahora, la condena más alta aplicada por este crimen fue para el ex agente de inteligencia de la Policía Federal Luis Falco, apropiador del legislador porteño Juan Cabandié. Falco recibió en el juicio oral 18 años de prisión, pero luego la pena fue reducida a 14 por la Cámara Federal.

“Ellos (Colombo y Gallo) fueron partícipes de todo este plan sistemático de robo de bebés. Yo lo viví. Lo mamé. Trataron de darme vuelta para que compre ese paquete, pero no pudieron. Fueron y son parte todavía. Gallo debe seguir afirmando que estuvo bien lo que hizo”, dice Francisco. Y entre él y su padre repasan casi a dúo los antecedentes del militar: fue carapintada, fue condenado por la Masacre de Benavídez, en la que fue asesinada una familia en 1994 (Gallo no pudo ser relacionado directamente con los homicidios, pero recibió diez años por robo y tenencia de arma de guerra), asaltó financieras... “Y es golpeador, de género... y de niños”, agrega Francisco. Cuando él tenía 13 años, Gallo le apuntó a la cabeza con una 9 milímetros. Antes, había “molido a palos” a la que ahora es su ex mujer. A raíz de ese episodio, dice Francisco, se le desencadenó una diabetes. Pero ésa no fue la única vez que fue maltratado: “Yo era su juguete de guerra. El entraba vestido de militar y era agarrársela directamente conmigo. Le viene del Operativo Independencia (la represión en Tucumán previa al golpe de Estado) porque yo recuerdo desde que tengo uso de razón que me colgaba una cruz de plomo del operativo y me lo contaba todo. Y el tema que volvió a tocar Videla de ‘las guerrilleras que usaban los chicos como escudo’ es otra cosa que yo crecí escuchando en esa familia. Es parte de las excusas tontas que siguen dando y no se las cree nadie. Espero que la sociedad entienda lo que es esto”. Abel dice que las palabras de Videla le dan “más asco” del que ya le tenía, que es “un cobarde” y que todos son iguales.

Silvia Quintela, la mamá de Francisco, fue secuestrada el 17 de enero de 1977 y llevada al centro clandestino de Campo de Mayo. En la maternidad clandestina que se montó en el Hospital Militar, nació Francisco, que sólo estuvo con su madre unas horas. “Sabemos que la trajeron después de la cesárea y que se la llevaron en el primer traslado posterior, es decir, un vuelo. Sabíamos que había tenido un varón porque en Campo de Mayo la vio Juan Carlos “Chacho” Scarpati, que la conocía de la militancia. El llegó herido a Campo de Mayo y Silvia, que era casi cirujana, le faltaban seis meses de residencia, lo atendió”, cuenta Abel.

Poco después de que Francisco recuperara su identidad escuchó junto a su padre la sentencia a Santiago Omar Riveros y otros represores responsables del cautiverio de su madre en Campo de Mayo. El jueves irán juntos a tribunales. Pero ambos temen que esta vez las condenas no sean lo que esperan. Además, creen que debe ponerse la lupa sobre los represores prófugos y las condiciones de detención de los presos por delitos de lesa humanidad. Sobre todo, sostienen que debería reformularse el monto de la pena para los apropiadores y piden que Colombo no reciba pocos años con el argumento de que fue maltratada por el militar. “Cuando se quedaron conmigo eran una pareja hecha y derecha y ella tuvo muchas oportunidades para decirme la verdad. Ahora se hace la víctima”, sostiene Francisco. Abel, incluso, propone un proyecto que dé seis meses de plazo para que quienes tengan todavía “esclavos del alma” confiesen y sean juzgados con el Código actual y que al resto se le aplique la condena perpetua.

Sea cual fuera el resultado del jueves, Francisco dice que no “festejará” la sentencia porque “en mi corazón siempre queda eso oscurito que me pasó”, pero que la condena es lo que busca porque, más allá de su historia personal es importante socialmente. “Ese pedacito oscuro no me lo saca nadie –asegura–, pero la vida sigue y hay que llenarla. Por eso, mi relación con Abel es una construcción para delante. No pienso en quedarme con lo que no pudo ser, porque si no seguís en el papel de víctima. Lo mejor es pensar en lo que queda de vida.”

La pantalla y la Bersuit

Las Abuelas de Plaza de Mayo convocan a presenciar la sentencia del juicio por el Plan Sistemático de Apropiación, el jueves a las 17, en los tribunales de Comodoro Py. El veredicto se transmitirá desde una pantalla en las afueras del tribunal y el cierre musical estará a cargo de la banda Bersuit Bergarabat. La causa, en manos del Tribunal Oral Federal 6, había comenzado en diciembre de 1996 y, al momento de ser elevada a juicio oral, integró 35 casos de apropiación, sólo como un muestrario del plan sistemático. Se investigan algunos hechos de La Cacha, la Comisaría 5ª de La Plata, el Pozo de Banfield, Campo de Mayo, Vesubio, Olimpo, Orletti y ESMA. De los casos incluidos en este juicio, 26 nietos recuperaron su identidad.

Tarea de "odio y venganza”

Por Alejandra Dandan

Francisco Madariaga respondió las declaraciones que su apropiador, Víctor Gallo, hizo ayer ante el Tribunal del juicio por el robo de bebés. Gallo inscribió su defensa en la lógica de un conflicto doméstico, habló de la “novela de violencia de género” construida supuestamente por su ex mujer para perjudicarlo. Y explicó que no fueron a buscar al niño porque estaban incluidos en una lista sino que lo recibieron, y que “nadie se embarca en tamaña tarea si no es desde el corazón”. Francisco le respondió a todo: “Yo le respondo que nadie se embarca en tamaña tarea si no es desde el odio y la venganza”, explicó.

Otro de los argumentos de Gallo fue sobre cuán violento podía ser con su ex esposa, si estaba mucho tiempo fuera de la casa. “Gallo habla de que el trabajo militar implicaba abandono de la familia –dijo Francisco–, pero en su caso el abandono del hogar se debía a que, a partir de 1987, estuvo prácticamente todo el tiempo detenido por su participación en el levantamiento carapintada y otros delitos comunes por los que se lo encontró culpable. Toda su vida fue un delincuente, robó una financiera, me robó a mí.” Y luego: “Me molesta el cinismo de los dos (su ex mujer, Susana Colombo, también lo dijo cuando declaró). Dicen que se alegraron cuando se enteraron de que yo tenía familia. Pero si realmente yo les importara, se hubiesen ocupado de decirme la verdad, entonces podría haberme encontrado con mi familia mucho antes”.

Gallo era violento, dijo Francisco, es mentira que no ejercía violencia de género. “Es increíble que hable de que tenían la certeza de que yo era huérfano y que no me buscaba nadie, cuando él mismo dijo en este juicio que me sacó de Campo de Mayo, que me entregó un militar entre gallos y medianoche.”

Bignone habló sobre cómo proceder en caso de "menores nacidos en cautiverio

“No se habló del tema de los menores”

En la causa por robo de bebés, el último presidente de facto dijo que en una reunión con “políticos” después de la guerra de Malvinas nadie tocó el tema del robo de bebés. El médico de la ESMA, Magnaco, intentó justificarse.

 Por Alejandra Dandan

En el tramo final del juicio por el robo de bebés declaró el dictador Reynaldo Bignone, el partero de la ESMA Jorge Magnaco y el apropiador de Francisco Madariaga, Víctor Gallo. Los tres habían pedido hablar para defenderse antes de la instancia final. Gallo se presentó como víctima y llegó a blandir teorías sobre la “violencia de género”. Magnaco reconoció su rol como partero del centro clandestino e intentó defenderse diciendo que lo que hizo con las embarazadas fue “calmar sus miedos, sus angustias por tener que parir” en esas condiciones. De los tres, Bignone fue el que se tomó el tiempo para un discurso más político: habló de 1982 y de los dirigentes de los partidos políticos y en un tramo buscó el modo de responder específicamente al testimonio de un ex funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos que durante el juicio oral explicó que su país “sabía” del robo de bebés.

De traje verde y corbata al tono, Bignone se sentó mirando exclusivamente el espacio de los jueces del Tribunal Oral Federal 6. Ratificó todo lo dicho hasta ahora, negó su intervención en la ley de autoanmistía o en la orden de destrucción de documentos, por lo que se lo acusa. Y hacia el final, le respondió a Elliot Abrams, subsecretario de Derechos Humanos del Departamento de Estado entre 1982 y 1985, que declaró en la causa.

“Veinticuatro horas después (de las elecciones de 1983) –dijo– recibo como respuesta una carta del presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, dirigida para mi persona y mi gobierno y para el pueblo argentino por el hecho de regresar a la democracia de esa forma tan explícita y tan limpia. Por eso dudo mucho –aclaró– que la Casa Blanca hubiera hecho semejante cosa si fuera mínimamente cierto lo que en esta misma sala dijo alguien que fuera funcionario de esa época. Que los Estados Unidos tuvieran conocimiento de un plan sistemático de robo de bebés yo creo que (no puede) ser esto, así tal cual.”

Leída de otra forma, la frase de Bignone podría tomarse como una revelación: el gobierno de los Estados Unidos le envió en ese momento una carta de agradecimiento, aun sabiendo de los crímenes de la dictadura y del robo de niños.

Bignone, Magnaco y Gallo pidieron declarar porque el juicio se acerca al final, pero además porque desde la última disposición de Casación cambiaron algunas reglas del juego. Los acusados ya no dispondrán de tiempos eternos para decir lo que quieran decir en el tramo de las “últimas palabras”, como hicieron en la ESMA. Y empezaron a hacerlo ahora.

De los tres, Magnaco tuvo tal vez la intervención más inesperada. Con el aspecto de quien acaba de sacar la ropa de la tintorería, la barba impecable, atildado, el médico apeló a la ética profesional para defenderse de lo que hizo en la ESMA, aceptar que intervino en los partos, pero aclarar que no sabía cuál era el destino de los niños.

“Considero que a estas mujeres les he brindado mucho más que a otras pacientes”, dijo en un momento. “¿Por qué? –se preguntó–. Porque comprendí la difícil situación en la que estaban.”

Según el relato que reconstruyó, en octubre de 1976 tenía grado de teniente y estaba a cargo de ginecología del Hospital Naval de Buenos Aires: “En ese contexto –dijo–, mi jefe me dice que ambos debíamos concurrir circunstancialmente para atender pacientes embarazadas a la ESMA, cuando ello fuera ordenado por la superioridad. Cuando esto ocurrió así lo hice y recibí instrucción de cómo debía ser (...). Me aboqué a prestar la asistencia médica pertinente y la atención al recién nacido con lo mejor de mi conocimiento ¿En qué consistía? En higienizarlo, verificar orificios naturales, controlar el estado físico, el aparato cardiovascular, el sistema nervioso y una vez determinado que estaba en buenas condiciones, lo depositaba en el regazo de su madre para que lo amamantara y una vez finalizado, como había dado término a la atención médica, me retiraba de inmediato”.

Magnaco admitió que no inscribía los nacimientos porque “no existía un libro de nacimientos en los que dejar constancia de mi actuación y tampoco se extendían certificados”. Y en un tramo en el que pareció copiar los argumentos de los médicos civiles convocados a declarar por los nacimientos en el sector de Epidemiología de Campo de Mayo, dijo que “no me fue posible oponerme porque de haberlo hecho era poner en riesgo la salud de las pacientes y su feto”. Y que “no cometí jamás un abandono de paciente, lo que me fue ordenado lo cumplí y creo que asistí mejor a ellas que a otras pacientes que haya asistido en el medio privado”.

Para la querella de Abuelas de Plaza de Mayo y la fiscalía de Martín Niklison, la declaración no sólo no lo ayudó sino que potenció los argumentos en su contra. Magnaco no era médico civil sino militar, lo que le da otro peso en la estructura y cadena de mandos. Tampoco creyeron en el argumento de que no podía abandonar a las parturientas como elemento de peso, porque los otros médicos que dijeron lo mismo denunciaron lo que estaba pasando apenas pudieron, muchos en espacios como la Conadep durante la recuperación de la democracia. El otro dato importante del que el médico no habló indica que no estaba a disgusto en ese lugar: el dato está incluido en las fojas de concepto que poseen los fiscales: allí figura que entre 1976 y 1983, cuando se le preguntó, en caso de cambiar de destino –el suyo era el Hospital Naval de Buenos Aires–, cuál sería de su preferencia, Magnaco puso la ESMA. Un lugar ideal para un ginecólogo y obstetra.

En cuanto a Bignone, negó la relación con el documento final de la Junta Militar; la destrucción de documentos y la ley de autoanmistía, los tres aspectos por los que está acusado en esta causa. Esto es así pese a que hizo toda su carrera de ascenso durante la dictadura. O que en 1977, cuando se produjeron buena parte de los nacimientos de niños robados en Campo de Mayo, él era jefe de Institutos Militares en esa guarnición.

Por otra parte, así como el dictador Rafael Videla ante la revista CambioI16 habló de la cercanía con la Iglesia y con las empresas, Bignone pareció querer mostrar ciertas articulaciones con otros actores políticos. Habló de la carta de Reagan y le dejó una copia al Tribunal. Pero antes, habló bastante de un encuentro que organizó antes de asumir la presidencia de facto con “todos” los referentes de los partidos políticos. Se ocupó de decir que estaban todos, “de derecha a izquierda”. Y como al paso, o como un mensaje destinado a esta época, recordó que todos ponderaron la acción sobre Malvinas e insistió en que también lo había hecho una de las líneas de la izquierda.

En ese momento, Bignone dio un dato importante: mientras hablaba de aquella reunión, de cómo lo aplaudieron, dijo que no se habló del “robo de niños”, no porque no existiera, sino porque “no era el tema de esa ocasión”: “Y debo decir que la reunión terminó con un aplauso de la dirigencia política –explicó–. Ninguno de los presentes se refirió en ningún momento, yo tampoco, al tema memores porque no era el tema de ese momento”.

Otro de los datos que dio en otro momento es sobre un anexo, con instrucciones de Suárez Mason para ver qué hacer en casos de niños que quedaran huérfanos después de los operativos. El anexo se conoce y es materia del juicio. Pero Bignone, buscando defenderse, dijo que había presentado un listado en la causa en 1999 con copia de ese anexo. El problema es que en vez de decir niños huérfanos dijo: “Un anexo sobre cómo proceder en caso de menores nacidos en cautiverio y cuando no se pueda dar con los familiares”. Nadie sabe si se equivocó.

Paula Logares tenía ocho años cuando fue una de las primeras nietas recuperadas

“Esas mujeres eran locas y sus hijos tirabombas”

Su abuela Elsa la ubicó en poder de los apropiadores en 1982, pero recién logró que Paula recuperara su identidad en 1987. Con ella se utilizaron por primera vez las pruebas de ADN que finalmente se convirtieron en una herramienta indiscutible.

 Por Alejandra Dandan

Paula Logares tiene un recuerdo antiguo de las playas de Mar del Plata, de haber estado una o dos veces ahí. En esas playas aparece una escena, la imagen de los aplausos de la gente. Cree que alguna vez preguntó a quienes suponía sus padres qué es lo que hacía esa gente. Que en ese momento le explicaron que los aplausos eran porque un niño se había perdido, y eran señales para buscar a la familia. “No me acuerdo bien –dice Paula ahora, miles de años después–, pero creo que en ese momento, yo misma, entonces, fragüé una pequeña perdidita, creo que fue así.”

Hubo otras dos veces en las que intentó perderse como si intuyera algo de su historia y de un padre que era subcomisario de la brigada de San Justo y, aún bajo la dictadura, aparecía con autos de la Mercedes Benz porque estaba contratado por la compañía. Una vez sucedió en el patio, cuando se quedó mirando una puerta pequeña convencida de que podía llevarla a algún lado. Otra vez ocurrió cerca del Obelisco. Quien hacía de madre entró a un hotel, ella se quedó atrás, imaginó qué pasaría si no la seguía. Lo hizo. No la siguió. Caminó unos metros en dirección contraria hasta que de repente sintió que su apropiadora la agarraba de los brazos.

“Me parece interesante marcar esto de que yo no estaba tan cómoda ahí, desde la perspectiva de una nena”, dice Paula. “Yo les decía papá y mamá a ellos pero era como si eso no fuese natural, como si yo estuviese de alguna manera enajenada, viviendo una situación sin vivirla y aun así es como que podía ver los roles de cada uno, tal vez algo que para una criatura no es habitual.”

A Paula la secuestraron a los 23 meses de edad. El 18 de mayo de 1978 en Uruguay una patota se la llevó con su madre Mónica Grinspon y su padre Claudio Logares. Era un día feriado, ellos bajaban de un colectivo y subían a otro camino al parque Rodó. Paula estuvo los siguientes seis años con los apropiadores: Raquel Teresa Mendiondo y Rubén Lavallén, el subcomisario de San Justo. Su abuela Elsa Pavón caminó todos esos años para encontrarla. La vio una vez cuando Paula había cumplido seis años, pero cuando quiso volver a verla los Lavallén habían dejado la casa. Las dos contaron la historia en las audiencias por el plan sistemático de robo de bebés. Elsa habló tres horas. Lloró la sala, los abogados y tres de los cuatro jueces del Tribunal Oral Federal 6 que no sabían cómo taparse la cara. La mujer habló de esa lógica siniestra del “acá está” y “acá no está” que reproducen las vueltas de una calesita. Y mientras lo hacía, y revivía cada aparición y desaparición, dijo lo que respondió cuando estaba a punto de encontrarla: “Y si me dicen finalmente que no es ella, no importa: al otro día me pongo los zapatos y empiezo otra vez”.
La reconstrucción de Paula

Paula está convencida de que Lavallén conoció a sus padres porque pasaron por el centro clandestino de la Brigada de San Justo. Los Lavallén la anotaron como hija biológica con dos años menos de edad, como si hubiese nacido más tarde.

Una vez, dice, escuchó en televisión una especie de juego en el que decían: socorro y auxilio. “Me acuerdo que con Lavallén nos pusimos a jugar en la calle, íbamos caminando y cuando él me agarraba yo empezaba a gritar socorro y auxilio. Era un juego –dice–, pero hoy lo miro distinto: creo que hay juegos y juegos y uno no se pone a jugar así, a pedir socorro y auxilio en la calle porque sí.”

Dicen que sus apropiadores no pudieron cambiarle el nombre. Que cuando llegó a la casa Paula lo repetía constantemente. “Del nombre yo no me acuerdo tanto –dice Paula–, pero sí de un juego que se repetía. Un día estaba ella, Raquel, y una especie de vecina en el departamento y me dicen: ‘A ver, hoy jugamos a que te llamás de tal manera’. Yo en esos momentos me recostaba en la cama, daba vueltas y cuando me insistían era como si me cansara y me iba a jugar a otra parte.”

Años más tarde, ya en casa de su abuela, Paula le preguntó si tenía su ropa de bebé. Habían pasado pocos días desde la recuperación, Paula la estaba midiendo. Ante una imagen de las rondas de las Madres por televisión, ya le había dicho a su abuela que esas mujeres eran locas y los hijos tirabombas. Ahora pedía la ropa. Elsa se la dio. Paula le dijo que una vez también se la había pedido a su apropiadora. La primera vez, la mujer le dijo que no la tenía porque la había donado a los chicos pobres. La segunda vez le dijo lo mismo, pero le preguntó si era egoísta. La tercera vez, le dijo egoísta y le dio una cachetada.

Paula no se acuerda. “Siempre me acuerdo que él le pegaba a ella en general en el baño –dice–, aunque alguna vez lo hizo delante mío. Me acuerdo que ella me pegó una vez, y es más, yo siempre pensé que era la única: yo tiré un plato de porcelana, tendría cerca de ocho años, y sólo me acuerdo que la miré y no volvió a pegarme.”
La búsqueda

Elsa buscó y buscó. Su consuegro le dijo una vez: “¿Se miró al espejo, Elsa?”. O: “¿Vio en qué estado está?”. Le sugirió que dejase la búsqueda, que a lo mejor su nieta ya estaba con otra familia: “¿Y usted qué va a hacer? ¿Va a volver a sacarle a los padres?”. Elsa respondió con lo que iba a decir siempre: que iba a seguir, que ésos no eran los padres.

Con el tiempo, Abuelas tuvo fotos de los Lavallén por una vecina que escuchó una discusión. Elsa vio a Paula en la puerta de la casa, pero cuando intentó volver encontró un cartel de alquiler con el departamento vacío. Dos años después, con la apertura democrática y los murales de Abuelas en las calles, alguien aportó otro dato. Paula estaba ahora a cuatro cuadras de Chacarita. Elsa viajó todos los días desde Banfield a comprar verduras frente a la casa. La primera vez que la vio entró en shock porque su nieta tenía un guardapolvo de preescolar cuando debería haber tenido uno de primaria. Elsa no sabía de la inscripción de nacimiento retrasada ni de lo que después los psicólogos le explicaron como estrés de guerra: desde el secuestro, Paula había empezado a tener retrasos de crecimiento.

Un día siguió a un micro, y supo dónde estaba la escuela. Otro día le pidió a su marido que se acerque a la niña para preguntarle nombre y apellido para la denuncia. Cuando su marido se topó con la niña tuvo la impresión de que ella estuvo a punto de decirle “abuelo”. “Mi abuela me contó eso después, pero yo tengo presente otra escena –dice Paula–: tengo el registro de gente que me miraba, y un día hubo alguien que me llama la atención y entonces me acuerdo de haber mantenido la mirada, era la hora de la salida de la escuela, yo iba camino al micro. Yo miro, sostengo la mirada pero no de forma desafiante sino como para ver qué pasaba”.

Paula después supo que ése era su abuelo. Que ese día se quedó preocupado porque no sabía si ella había reconocido en forma instintiva algún detalle y que pudiera decir algo en la casa.

Luego de las búsquedas, llegó la denuncia. Hubo jueces que hicieron todo lo posible para retrasar el encuentro. No ordenaron allanamientos, no permitieron los exámenes con los que pese a la diferencia de edad entre las dos Paulas se podía saber si era o no. Cuando el dato finalmente estuvo, hubo quien no quiso entregar a la niña hasta que no resolviera la cuestión de fondo de la causa. Paula finalmente conoció a su abuela en diciembre de 1987, fue la primera nieta restituida por ADN. El juez Andrés D’Alessio de la Cámara de Casación las presentó: “El lugar era como un castillo con sillones enormes y había una mesa ratona. Me acuerdo que me presentan a mi abuela y yo daba vueltas alrededor de la mesa porque no quería entrar en contacto con ella, ella se sienta y me muestra unas fotos de cuando yo era chica, una a upa de mis padres y otra donde estaba yo de beba. Lo que sucedió en ese momento es que en una de esas fotos yo me reconozco, me doy cuenta de que era yo, porque era una foto igual a las primeras que me habían sacado en la otra casa, pero miro y en ese momento no dije nada, y no dije nada por mucho tiempo, tal vez se lo dije años después”.

Paula tenía ocho años. “Eso era por el escepticismo que yo tenía, creo que me manejaba un poco así, desconfiaba. De pronto no sé muy bien cómo pero estoy llorando y me agarra sueño, y no era natural. Quería dormirme, como si necesitara descansar, pero no me animaba porque no estaba segura dónde hacerlo. Ahí había una asistente social. Me acuerdo que me dijo que me duerma tranquila, que ella me daba un anillito que tenía: ‘Vos te dormís con el anillo y cuando te despertás me lo das’. Yo le dije que no, y le pedí el otro anillo que tenía en la mano porque me imaginaba que si no me lo había ofrecido era porque tenía más valor.”
Un mensaje a los otros chicos

En casa de los abuelos, nunca pidió ver a los Lavallén. No quiso verlos. Una vez, un juez la obligó a sentarse nuevamente frente a ellos. Paula le preguntó a él qué había hecho con sus padres. Lavallén le dijo: “¡Cómo! ¡Yo soy tu padre!”. Le gritó a su apropiadora por qué la había engañado. La mujer no respondió, dio media vuelta y se fue llorando.

En Banfield, recuperó el modo normal de crecimiento. No tuvo más pesadillas.

En la audiencia no habló de Noble Herrera, pero les envió un mensaje. “Como nos arrancaron a nosotros de nuestras familias, ahora hay una obligación del Estado de ocuparse de cada uno porque podés querer a tu familia de crianza pero vos también tenés que saber que tenés tus padres y que no te abandonaron.”