Ya no es más un desaparecido

 Por Ailín Bullentini

Años después de conocer su verdadera identidad, Victoria Montenegro prestó su dedo índice para que le extrajeran una gotita de sangre. Esa gotita fue “lo único voluntario en lo que atañe a la búsqueda de mi verdadera identidad”, recordó ayer la mujer a la que le “costó demasiado esfuerzo” aceptar la falsedad de aquel “María Sol”, el nombre con que su apropiador, Herman Tetzlaff, la había criado. Esa gotita permitió arrancar a su papá de las sombras de la definición de “desaparecido”. “Me abrazo al milagro de que mi papá haya aparecido cuando el Estado terrorista hizo todo lo posible para que nunca jamás apareciera.”

–El proceso que atravesaste para aceptar tu verdadera identidad fue duro. ¿Ahora se abre otro similar?

–Yo no quería descubrir mi identidad. A mi papá lo busqué. Se abre una etapa difícil, porque es difícil entender por lo que tuvo que pasar y cuesta aceptar que efectivamente está muerto. Hasta que apareció lo esperábamos vivo, más allá de que sabíamos la suerte que había corrido. Para mí, los vuelos de la muerte no eran una opción sobre el destino de mi papá, pero que apareciera en las costas de Uruguay me obligó a rearmar todo lo que había reconstruido sobre su final.

–¿Cuál es el siguiente paso?

–Resta investigar dónde estuvo detenido e intentar que ese camino nos lleve a mi mamá. Es necesario quedarse con lo que suma. Ya no es más un desaparecido, recuperó su identidad y le prepararemos un lugar en donde llorarlo y donde recargarnos de su energía.
 
“Es durísimo cerrar la búsqueda”

Para Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, la recuperación de los restos del padre de la nieta recuperada Victoria Montenegro es “un paso más en el avance hacia la verdad completa”.

–¿Qué se logra con la identificación de los restos de Roque Montenegro?

–Es un paso más en la lucha porque la gente que aún descree empiece a creer que las desapariciones, las apropiaciones, las muertes durante la dictadura existieron y que ellos mismos son parte de esta historia, que pueden escribir las páginas de lo que aún no se dijo. Por eso es tan importante que quienes tienen familiares desaparecidos se acerquen a donar sus muestras para encontrarlos, que los jóvenes que dudan de su identidad se acerquen a consultarnos.

–¿Por qué considera que es tan difícil dar ese paso?

–Es durísimo, porque es cerrar la búsqueda encarada con la esperanza de encontrar vivo a quien falta. Chocar con la realidad de sus restos, de sus huesos, es durísimo. He visto abuelas besar huesitos porque es lo que quedaba de su hijo o hija. Pero, a la vez, es la manera que toda la humanidad tiene de cerrar el círculo de la vida. Es tan terrible decir “no vive” como tanta la fuerza que uno toma para seguir avanzando sobre quiénes, por qué, cómo y sobre la Justicia.

Maco Somigliana del EAAF : “La incertidumbre no hace bien”

Hasta ahora hay 515 desaparecidos identificados. Otros 600 cuerpos que fueron recuperados deben ser entrecruzados con el Banco de Sangre de Familiares de Desaparecidos. Las particularidades del caso Montenegro.

 Por Victoria Ginzberg

A fines de 2007, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) había logrado identificar 250 cuerpos de desaparecidos. Hoy, la cifra asciende a 515. En estos cuatro años se implementó la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas, que implicó la sistematización de un Banco de Sangre de Familiares y la posibilidad de usar un laboratorio de ADN para hacer entrecruzamientos masivos. Carlos Somigliana –Maco para todos los que lo conocen– es integrante de EAAF y explica aquí el avance del trabajo del grupo de antropólogos que desde 1984 intenta recuperar los cuerpos, los nombres y las historias de las víctimas de la última dictadura militar. Señala que la identificación de Roque Montenegro permite dar cuenta del vuelo de la muerte más próximo al 24 de marzo de 1976 del que se tiene registro hasta ahora y, por otro lado, involucra a una persona secuestrada antes del golpe de Estado, lo que también lo convierte en un caso único.

–¿Cuántos cuerpos de desaparecidos se identificaron hasta ahora?

–Identificados en total, desde el principio, hay 515. La mitad se hizo en los últimos cuatro años, por la Iniciativa. Y este caso es un buen ejemplo, porque Roque Montenegro no se hubiera identificado nunca sin el ADN masivo. No había elementos para tener una idea de quién era, como en casi todos los casos de la costa, salvo que hubiera huellas que permitieran arrimar el bochín un poco. Sin el ADN masivo nunca hubiéramos podido identificar al papá de Vicky.

–¿Cuántos familiares dejaron las muestras en el Banco del EAAF?

–Debemos tener representados, no bien representados, pero por lo menos representados, poco menos de la mitad de los desaparecidos.

–¿Hay familiares que todavía no saben que existe el Banco, que no tienen acceso, que no quieren dejar la muestra? ¿Puede también haber gente que confunda el Banco de Sangre de Familiares con el Banco de Sangre de las Abuelas?

–Debe haber muchas razones: gente que no tiene acceso, que no sabe, gente que está desilusionada...Creo que hay muchos que lo están pensando. En términos de “doy la muestra de sangre y después ¿qué cosa me viene encima?”. Pero la mitad es mucho. Hay familias que faltan, yo conozco varios casos, me acuerdo ahora de una persona que no está denunciada porque era hijo único, padre y madre murieron y nadie se hizo cargo de la denuncia. Hay casos en los que no quedó nadie.

–En la conferencia de prensa (de ayer) pidieron que los familiares de desaparecidos se acerquen al banco porque las identificaciones ayudan a cerrar un ciclo. Según su experiencia ¿eso es así?

–Esa es la idea. Es lo que tiene que pasar. También está el hecho de que esto es voluntario, tiene que ser voluntario. Puede llamar la atención, pero hay que aceptar que algunas personas no quieran dejar su sangre. Más que mi experiencia, está la creencia. Yo creo que esto le hace bien a la gente. Y lo compruebo con algunos casos. En general, las identificaciones les permiten a las personas destrabar otras cosas. Yo veo que a la gente –a los hijos, que son con los que más hablo ahora– le ha ayudado mucho. Para decirlo al revés: la desaparición le hace mal a la gente, todos nos hemos acostumbrado a manejarla, pero a los pocos que han podido elaborarla en los términos más conocidos para el ser humano, que es el de muerte conocida, básicamente les ha hecho bien. La inconsistencia, la incertidumbre no le hace bien a uno en general. Y este es un caso de libro de incertidumbre.

–¿Cuántos cuerpos tienen ustedes ubicados y recuperados pero todavía no fueron identificados?

–Muestras de ADN de esqueletos sin identificar hay alrededor de 600. La cifra se va reduciendo con las identificaciones, pero se va ampliando con nuevos hallazgos, que no son demasiados significativos, pero hay.

–¿Por qué no se identifican? ¿No dan con el Banco?

–Se están haciendo las comparaciones. Es probable que la mayoría se deba a que no tenemos las muestras de sus familiares.

–¿Cuándo comenzó la iniciativa había más de mil cuerpos sin identificar?

–Teníamos 250 identificaciones y más de 800 cuerpos sin identificar.

–Decía en la conferencia que sólo el uno por ciento de los cuerpos de personas asesinadas en vuelos de la muerte se recuperaron. ¿Los cuerpos enterrados en cementerios como NN se recuperaron todos? ¿O la mayoría?

–La mayoría de los cuerpos que estaban en cementerios como NN y que no habían pasado a osario están recuperados. Creemos que en La Perla – pero no se trata de un cementerio– debe haber una fosa grande, pero no apareció. En Córdoba no hubo vuelos. Tampoco en Tucumán y allí se están encontrado algunas cosas. En Capital y Gran Buenos Aires se puede encontrar, como se encontró en Arana, una fosa. Tal vez se podría encontrar en la zona del campo de deportes de la ESMA, pero hay que tener en cuenta que es un terreno que se movió mucho. Y no sería un hallazgo masivo.

–¿Cómo llega Roque Montenegro a la costa? ¿Se sabe dónde lo tuvieron secuestrado?

–No se sabe. Se sabe que en esos tres o cuatro días de mayo de 1976 aparecen tres personas, los tres hombres. Es posible que los tres sean del mismo vuelo. Hasta ahora el único identificado de este vuelo es Roque. Teniendo en cuenta dónde estaba (Herman) Tetzlaff (el apropiador de Victoria) en ese momento, lo más probable es que Roque haya estado en Campo de Mayo. Por ahí las otras dos identificaciones, cuando se hagan, den una pauta mejor. Pero de Campo de Mayo hay pocos testimonios y mucho menos anteriores al 24 de marzo.

–¿Es la primera vez que se sabe de alguien secuestrado antes del golpe de Estado que fue asesinado en un vuelo?

–Sin duda. Hay un caso anterior, del que ya mandamos la pericia, pero todavía lo tiene para resolver el juez de Rocha, que es de abril de 1976, pero es de una persona secuestrada en abril también. A la fecha este es el caso de vuelo más cercano al 24 de marzo de 1976. El vuelo sería de mediados de mayo, 14 o 15 de mayo.

La identificación de Roque Montenegro, papá de la nieta recuperada Victoria Montenegro

Un nuevo paso en el camino de la verdad

Roque Orlando Montenegro desapareció el 13 de febrero de 1976. Su cuerpo fue encontrado en mayo de ese año en las costas uruguayas y enterrado como NN en Colonia. “Estamos todos en carne viva”, contó su hija. También dijo que siente “la paz que da la verdad”.

 Por Ailín Bullentini

Victoria Montenegro toma aire, resuelve romper el silencio que hasta entonces reinaba en la pequeña sala de la sede de Abuelas de Plaza de Mayo y habla: “Quizá se trate de un milagro, de otro más”. Se refiere a la identificación de los restos de su papá, Roque Orlando Montenegro, que estaba desaparecido desde el 13 de febrero de 1976. “Como lo fue la búsqueda de Abuelas, que con una gota de sangre de mi familia me encontraron a más de dos mil kilómetros de mi verdadero hogar, el hecho de que con una gota de mi sangre, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) haya encontrado a mi papá, que estuvo tantos años enterrado en Uruguay, también es un milagro”, explicó ayer, cuando en compañía de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y el integrante del EAAF Carlos Somigliana, hizo pública la noticia. “Acá hay una mezcla de sensaciones: el dolor de saber que Victoria sólo puede abrazar los restos de su papá y la alegría de saber que finalmente lo tiene”, reflexionó Carlotto.

La sensación de la hija de “Toti”, como le decían a Roque, e Hilda Ramona Torres, aún desaparecida, también es una combinación “difícil de explicar”. Porque el dolor de conocer el destino final de su padre y de “saber que tuvo que atravesar situaciones que creía ajenas a él” está, claro. Pero también siente paz, “la paz que da la verdad”, expresó. “Es un proceso, todavía estamos todos en carne viva”, explicó a Página/12 (ver aparte).

Fue en agosto de 2011 cuando Victoria recibió la confirmación oficial de que los restos de un hombre que había permanecido casi 30 años enterrado como NN en el cementerio de la ciudad uruguaya de Colonia eran los de su padre. Poco menos de once años atrás, el 5 de julio de 2000, un análisis de ADN le había restituido su verdadera identidad. En el camino de asimilación de su nueva realidad, Victoria aceptó dar una muestra de su sangre al EAAF y comenzar así la búsqueda de su familia.

Según detalló Somigliana, Roque Montenegro apareció muerto el 17 de mayo de 1976 en la costa de Colonia. Allí fue enterrado junto a otros siete cuerpos que fueron hallados en condiciones similares, aunque en diferentes momentos. El de Roque fue exhumado en 2002. “A partir de 2005, mediante el mejoramiento y el avance de técnicas en genética, comenzamos a trabajar con los restos. Recién en marzo de 2011 se pudo extraer una muestra apta para ser utilizada, que coincidió exactamente con el ADN que había dado Vicky”, explicó el integrante del grupo de investigadores.

Victoria lo supo fehacientemente en agosto de ese año, con los resultados positivos de la pericia genética. La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires formalizó la identificación el 29 de diciembre pasado y, previo a la autorización de la Justicia de Uruguay –que actuaba en la causa por la aparición de cuerpos sin identidad en Colonia–, dispuso la entrega del cuerpo a la familia. El lunes, Victoria y sus hijos depositaron provisoriamente los restos de Roque en la iglesia de la Santa Cruz. En agosto lo llevarán a Metán, “su pueblo natal, ese que siempre amó”, en Salta, para que descanse cerca de sus seis hermanos.

Somigliana coincidió con la idea del “milagro” planteada por la nieta recuperada, sobre todo al considerar la “eficacia” de los vuelos de la muerte a la hora de “desaparecer personas”. “Entre 50 y 70 cuerpos aparecieron en circunstancias que permiten suponer que fueron víctimas de los vuelos, lo que sería cerca del uno por ciento del total de las víctimas que se calcula fueron sometidas a esa metodología. En el 99 por ciento de los casos fue eficiente y no hay rastros”, calculó. Del grupo de cuerpos enterrados sin identificación en Uruguay, el caso de Montenegro es el segundo que el EAAF cierra con éxito. El anterior fue el de Horacio Abeledo, que llegó a las costas del país vecino en septiembre de 1976. Los demás permanecen bajo la investigación del equipo de antropología.

“Todo esto me hace pensar que antes que el espanto que nos pasó está la fuerza del milagro con la que todo cobra sentido: la lucha de las Abuelas y de los organismos de derechos humanos, el trabajo del EAAF y el compromiso de tantas personas anónimas permitieron devolverle la dignidad a mi papá”, analizó la nieta recuperada que, a más de 35 años de haber perdido todo, sigue recuperando su historia. “Estamos hablando de la libertad de una nieta, de una hija”, consideró luego Carlotto, quien evaluó que “la verdad a veces provoca dolor, pero siempre suma fuerzas para seguir” y concluyó: “Victoria va a acompañar los restos de su papá hasta su provincia y junto con sus familiares van a poder hacer el duelo. Con lágrimas, pero con más fuerza. Eso es lo importante”.

La identificación del cuerpo de Roque no solo suma verdad a la historia de su única hija, sino también a la del país. El hecho de haber aparecido en las costas uruguayas en mayo de 1976, casi tres meses después de haber desaparecido, es una prueba más de que el plan sistemático de desaparición de personas aplicado por la última dictadura no comenzó el mismo 24 de marzo de 1976, cuando los uniformados se instalaron en el poder. “Mi papá es uno de los cuerpos que denuncia Rodolfo Walsh en su Carta Abierta a la Junta Militar y es la prueba cabal en sí misma del macabro accionar de la última dictadura –denunció Victoria–. Pero por sobre todas las cosas es mi papá, el abuelo de mis hijos, el hermano de mis tíos. El que hace un tiempo atrás empecé a extrañar y quien de alguna forma me ayudó y ayuda a acomodar la verdad, que es la que alumbra lo que perdura y lo que seguimos construyendo.”

Cámara de Casación anuló el sobreseimiento del ex secretario del Ejército

Un beneficio que se deshizo

Alfonso está acusado de haber participado en el operativo en el que se asesinó a Antonio Domingo García y se secuestró embarazada a su mujer, Beatriz Recchia. “Esperamos que en forma expeditiva se detenga y se procese al represor”, dijeron las Abuelas.

Al ex secretario general del Ejército Eduardo Alfonso se le complicó el frente judicial. La Cámara de Casación ordenó revocar el sobreseimiento que le había dictado la Cámara Federal de San Martín. Alfonso está acusado de haber participado en el operativo en el que se asesinó a Antonio Domingo García y se secuestró embarazada a su mujer, Beatriz Recchia. La prueba que compromete al militar está en su propio legajo.

La información institucional del Ejército permitió establecer sin lugar a dudas que Alfonso participó del operativo en la casa de la familia García Recchia: fue condecorado por eso. Pero una vez citado a declarar, intentó negarlo. El juez Alberto Suares Araujo no le creyó y lo procesó. Los jueces de la Cámara Federal de San Martín Jorge Eduardo Barral y Hugo Rodolfo Fossati tampoco le creyeron, pero lo liberaron. Los magistrados sostuvieron que “no puede afirmarse fechacientemente” que Alfonso “conociera la finalidad del grupo operativo” y que a consecuencia del disparo que recibió “se impone aceptar que no habría llegado a participar de ninguno de los hechos que podrían considerarse delictivos”.

“Desde la perspectiva de la lógica, no se advierte que de la referida intervención en el hecho de ‘personal vestido de combate’, ‘en móviles identificables y al mando de sus superiores’, pueda derivarse como conclusión necesaria el desconocimiento de la ilegitimidad del procedimiento por parte del encausado”, dijeron los jueces de Casación.

“Lo que surge de la sentencia –agregaron– es que se llega a una conclusión a la que se le asigna carácter dirimente (esto es, que el encartado no conocía la ilegitimidad del procedimiento), omitiendo evaluar otras circunstancias fácticas que –más allá de que en esta instancia no se abra juicio respecto de si acaecieron como se dice–, la propia Cámara a quo tiene por ciertas, lo que consecuentemente invalida el razonamiento.”

La jueza federal de San Martín Alicia Vence debe ahora revisar “con la celeridad y resguardos que el caso impone” la situación de Alfonso y lo mismo ocurrirá con la Sala I de la Cámara Federal de San Martín. Estimamos que los jueces de esa sala, que con su decisión consagraron una obediencia debida de facto, no continuarán interviniendo en la causa contra este represor. Y esperamos que en forma expeditiva se detenga y se procese al represor, conforme la prueba recolectada durante la investigación”, señalaron las Abuelas de Plaza de Mayo.

En búsqueda de atenuantes

Los alegatos de las defensas. En búsqueda de atenuantes

Los abogados de Eduardo Ruffo, acusado en este juicio por ocultar la identidad del hijo de Sara Méndez, y de Susana Colombo, apropiadora de Francisco Madariaga, intentaron exculparlos y destacaron que colaboraron para que encontraran su identidad.

 Por Alejandra Dandan

Empezó la etapa de alegatos de la defensa en el juicio por el plan sistemático de robo de bebés. Los abogados defensores de Eduardo Ruffo y de Susana Colombo pidieron absoluciones para los acusados. El ex agente de inteligencia Eduardo “Zapato” Ruffo está acusado por la sustracción, ocultamiento y sustitución de la identidad de Simón Méndez, el hijo de la uruguaya Sara Méndez. Susana Colombo, la ex mujer del represor de Campo de Mayo y ex carapintada Víctor Gallo, está acusada por la apropiación de Francisco Madariaga. Los casos tienen puntos en común. Los dos son “autores directos”, imputados que llegaron a juicio acusados por un hecho puntual y no por todos los expedientes. Y algo del rol que tuvieron en el momento en el que aquellos niños, muchos años después, conocieron sus identidades emparienta las dos situaciones. Ese fue uno de los aspectos sobre los que recayó la estrategia de la defensa y también un aspecto que la fiscalía ya había ponderado y por el que atenuó el pedido de condena.

Con esta etapa empieza uno de los últimos momentos del juicio. Hoy por la mañana alegarán los defensores de Víctor Gallo, también acusado por la apropiación de Francisco Madariaga, y del prefecto Juan Antonio “Piraña” Azic, uno de los torturadores de la ESMA, apropiador de dos niñas y acusado en este contexto por la de Victoria Donda. También ellos llegaron a juicio acusados como autores directos de los delitos, los responsables que tuvieron en sus manos la ejecución de los crímenes. Luego será el turno de los defensores de los “autores mediatos”, los represores de mayor peso en las fuerzas represivas de la dictadura que tuvieron en manos la organización del plan de robo de niños. Entre otros, son Jorge Rafael Videla, Reynaldo Bignone, Santiago Riveros o Jorge “El Tigre” Acosta, representados en general por la defensa oficial. Todos ellos aparecen en general como responsables de la mayor cantidad de los 36 expedientes del juicio, con pedidos de prisión de 50 años.

De las dos defensas de ayer, la mejor fundada técnicamente fue la de Ruffo y es la que más hará trabajar a los fiscales. Ruffo es investigado desde 1983 y fue condenado, entre otras causas, por la apropiación de Carla Rutila Artés, a quien ella le abrió una causa paralela por abusos y fue condenado por su responsabilidad en los crímenes de Orletti. Llegó a este juicio porque Sara Méndez lo situó en el operativo de la noche del 13 de julio de 1976, cuando la secuestraron a ella y le robaron a su hijo recién nacido, apropiado por el comisario de esa zona. Ruffo es la persona que además, 26 años más tarde, aportó un dato que permitió ubicar a Simón. Su abogado Cristian Calé cuestionó puntos que eran previsibles. El recuerdo de Sara que permitió ubicar a Ruffo en el operativo, un recuerdo rememorado en 2004 a partir de la publicación de una foto en una revista donde él aparece de cuerpo entero. Cuestionó además que se lo haya acusado de participar en un operativo cuando en la causa Orletti lo condenaron por haber participado esa misma noche o esos días de otros distintos. Y cuestionó la figura de la sustracción y “ocultamiento”, entre otras razones, porque según su teoría, cuando le preguntaron por el paradero de Simón, Ruffo dijo que no tenía la información sino que salió a buscarla.

La fiscalía rebatirá estos puntos en lo que se llama etapa de “réplicas”. Podría decirse sin embargo que la defensa de Ruffo no dijo nada sobre el modo en el que opera la memoria en el cuestionamiento al recuerdo de Sara. Cómo son los mecanismos de memoria y olvido. Cuándo se recuerda y por qué. El juicio a los autores directos, esto es a quienes intervinieron con el cuerpo en los operativos, no tiene la prueba de los muchos testimonios que suelen sostener las acusaciones a los cuadros medios o jefes. Son recuerdos de una persona como en este caso, la única sobreviviente de aquel día enfrentado con quien integró el circuito represivo.

La pregunta sobre si Ruffo tenía los datos de Simón o tuvo que salir a buscarlos no altera la acusación en su contra en cuanto que tuvo durante 26 años la forma de encontrar esos datos que finalmente encontró, y no lo hizo, según creen los fiscales. En este punto hay un aspecto que tiene que ver con una de las características de estos delitos que es que no cesan hasta que dejan de cometerse. Los fiscales habían dicho durante la acusación que esa misma disposición a ir a buscar el dato, fue uno de los elementos que permite atenuar la pena pero no exime de culpas: “Veintiséis años después colaboró para que se reencontraran; esa actitud al menos lo pone en un lugar diferente con todos los otros imputados –habían dicho–. Pero también es cierto que eso lo pudo hacer cualquier día de esos 26 años y evitar un inmenso dolor, pero recién lo hizo en 2001”.

La defensa de Colombo presentó a la mujer como una víctima de la violencia doméstica, física y psicológica de Gallo, y en ese contexto aseguró que esperar que ella hubiese podido hacer algo en 1977 con ese niño es pedirle un acto de heroísmo porque implicaba poner en riesgo su vida. Colombo acompañó a Francisco a Abuelas de Plaza de Mayo, luego de una situación extrema, en la que admitió que él podía ser hijo de desaparecidos. Por eso la defensa pidió la absolución o la figura de la “necesidad disculpante o exculpante” que es causa de inimputabilidad. Para los fiscales y los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo, para quienes esa conducta atenuó el pedido de penas, Colombo tenía herramientas para poder actuar de modo autónomo y no redime su grado de responsabilidad por haber sustraído, ocultado y sustituido la identidad de Francisco durante años.

“No son pobres ancianos, han envejecido impunes”

La Fiscalía pidió penas de entre 14 y 50 años de prisión para los acusados por robo de bebés. “No merecen ninguna indulgencia”

“No son pobres ancianos, han envejecido impunes”, dijo el fiscal Martín Niklison al hablar sobre el dictador Jorge Rafael Videla, Ruben Oscar Franco, Reynaldo Bignone, Antonio Vañek y Jorge “El Tigre” Acosta, entre otros acusados.

 Por Alejandra Dandan

“Algún desprevenido podrá apiadarse de los acusados por su ancianidad, pero no son pobres ancianos, sino que han envejecido impunes, guardando para ellos la información que ayudaría a las víctimas a encontrarse con la verdad. No merecen ninguna indulgencia. Ni en el epílogo de sus vidas se percibe en ellos un atisbo de intentar mitigar el dolor que causaron, por el contrario, reivindican sus crímenes y los ratifican con su silencio permanente.” Con esas palabras, el fiscal Martín Niklison marcó el carácter de esos ancianos represores acusados por el plan sistemático de robo de niños durante la última dictadura, en el último día de alegato. Tras analizar los dilemas sobre cómo cuantificar la magnitud de delitos de “una gravedad extraordinaria” y comparándolos con las sanciones de que dispone la nueva ley de desaparición forzada de personas, en línea con las querellas, la fiscalía federal pidió la pena máxima de 50 años de prisión para el dictador Jorge Rafael Videla, como autor mediato por veintiún apropiaciones de niños. El pedido del tope máximo de condenas de 50 años alcanzó además a Ruben Oscar Franco, Reynaldo Bignone, Antonio Vañek y Jorge “El Tigre” Acosta. La fiscalía pidió además el inicio de una investigación sobre el obispo castrense Emilio Graselli, para que se indague sobre su posible complicidad o encubrimiento de los crímenes.

Durante un cuarto intermedio de la audiencia, se produjo una escena que reafirmó las palabras con las que el fiscal recordó una y otra vez el cinismo y el silencio que aún guardan los represores. Franco y Bignone se levantaron campantemente de sus sillas para acercarse a Omar Riveros. El ex jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo acababa de ser acusado por dos hechos: la apropiación de Pablo Casariego Tato y de Francisco Madariaga Quintela. Ahí, en medio de lo que parecía hacerlos revivir la escena de una vieja reunión de gabinete, Bignone le preguntó a Riveros: “¿Así que te acusan por dos casos?: ¡Ajá! ¡Sos un angelito!”.

Las querellas los escucharon. También lo hicieron las Abuelas. Elsa Pavón, la abuela de Paula Logares, estaba sentada entre el público, al lado de la madre de Cecilia Viñas y de Rosario Isabella Valenzi. Elsa no dijo nada. Uno de los abogados susurró lo que aquéllas no pueden decir: “A estos hombres –dijo– no les importa nada”.
La acusación

El final de los seis días de lectura de pruebas tuvo dos aspectos importantes. El primero, la necesidad de señalar lo atípico de la apropiación, cuyos efectos continúan en el presente amparados por el silencio de los represores. El segundo, más técnico pero probablemente significativo para otras causas, fue la forma que encontró la fiscalía para saltar el escollo que provoca fundamentar el pedido de penas de 50 años de prisión en la llamada y polémica ley Blumberg, comparando los casos con el corazón de la ley de 2011 de desaparición forzada de personas.

Durante la lectura del primer punto, Niklison estuvo varias veces a punto de estallar en lágrimas. “Al momento de fijar la pena también habrá que tener en cuenta que a estos hombres nunca les importó el suplicio a que sometían, y siguen sometiendo, en muchos casos, a los familiares que buscaban a esos niños y los largos años de duración de sus crímenes”, dijo. “Parece difícil encontrar muchos casos de mayor crueldad y sadismo que el de quienes sabían –saben– que había y hay mujeres buscando a sus nietos.” Que había una madre, dijo, buscando a su hijo como lo era Sara Méndez. Que había un padre en igual situación como Abel Madariaga. “Y pese a que ellos podían hacer cesar ese sufrimiento optaron por no responder a sus reclamos, por no recibirlos, por hacer silencio sobre el tema, por no decir nada.”

En la sala escuchaba un grupo de Abuelas. Niklison recordó que, “peor aún”, esas abuelas se convirtieron para ellos “en otra cara de la subversión que buscaba destruir familias cristianas sacándoles a esos niños”. Mencionó la complicidad de jueces y de los medios de comunicación, como lo hicieron las querellas, resaltando la construcción de humanidad que les dieron a los apropiadores. También dijo: “Contaron con sus abogados que se encargaban de descalificar denunciantes y obispos que hablaban de reconciliación sin exigir antes la verdad”.

Durante el juicio, recordó, se quitó la vida una joven que desde su infancia intentaba saber qué pasó con sus padres. O dónde estaba su hermano nacido en cautiverio. Y se preguntó: “¿Cómo medir el dolor de Chicha Mariani y de Estela de Carlotto que hace más de treinta años buscan a sus nietos? ¿Y el de Licha de la Cuadra, primera presidenta de Abuelas, que murió antes de encontrar a su nieta Ana Libertad? ¿Cómo ponerse en el lugar de Clara Petrakos y comprender algo de su sufrimiento tras 35 años de no saber qué pasó con sus padres y su hermana?”. Y dijo: “También resulta imposible ponerse en el lugar de los imputados para comprender qué los llevó a cometer semejantes crímenes, qué los hace mantenerse incólumes en su discurso y en la negación de lo sucedido, específicamente con estos niños”. Detrás de las palabras del fiscal aparecía una réplica a las supuestas confesiones que Videla viene haciendo a la prensa sin decir nada de los niños.

Cada una de esas invocaciones fundamentaron el segundo aspecto: el pedido extraordinario de 50 años de prisión para los cerebros del plan. En términos técnicos, el número está habilitado desde 2004 por la sanción de la ley Blumberg y puede usarse en estos casos porque el delito de la apropiación no termina de cometerse hasta que los niños recuperan la identidad. Como algunos de los 34 niños que integran el juicio recuperaron su identidad después de 2004 –es decir después de la sanción de la ley– y otros aún no la recuperaron, la figura está habilitada. En eso se basaron las querellas para pedir 50 años para Videla. En este caso, la fiscalía agregó además a otros represores. Para no basarse exclusivamente en una ley controvertida, evocó para dar “un buen indicio de la gravedad de estos delitos en el ámbito nacional” la ley 26.679, que tipifica la desaparición forzada de mujeres embarazadas y expresamente de personas nacidas durante la desaparición forzada de la madre e impone penas de prisión perpetua. “No se pretende la aplicación de esa ley –aclaró el fiscal–, sino sólo ejemplificar sobre la gravedad con la que en la actualidad los poderes del Estado consideran estos delitos. Así como existen los delitos de bagatela, existen estos delitos que hacen estallar los máximos penales: una sola desaparición es tan grave como para imponer una pena máxima.”

En concreto, los cargos dividieron a los acusados en dos grupos: Videla, Riveros, Vañek, Franco y Bignone fueron acusados como coautores mediatos, por ocupar los escalones superiores “desde donde emanaron las órdenes”, todos “eran altos jerarcas del sistema represivo”, hombres que estaban por atrás o arriba de los autores directos: “Asignaron personal destinado al equipamiento y aseguraron un sistema criminal para que nadie perturbara a los apropiadores”, fueron indicando las fiscales ad hoc Nuria Piñol y Viviana Sánchez. A Videla se lo acusó por 21 hechos; a Riveros le pidieron 30 años por dos casos; a Franco y Bignone se los acusó por 31 hechos, en otro de los giros del alegato: sus responsabilidades son por el “Documento Final” de la Junta que declaró la muerte de los desaparecidos y por ende la muerte de los niños. Y que prohibía además toda investigación. A Bignone le pesa además la ley de autoanmistía. A Vañek lo imputaron por sustracción, retención y ocultamiento de diez hechos.

Acosta, el prefecto Juan Antonio Azic, el médico Jorge Luis Magnacco, Eduardo Ruffo, Víctor Alejandro Gallo y Susana Colombo fueron descriptos como autores directos. A Acosta se le imputaron once hechos, entre ellos el de Victoria Donda y Juan Cabandié. Para Magnacco pidieron 19 años de prisión por el caso de Cecilia Viñas. Y a Azic, Gallo y Colombo se los acusó además como apropiadores directos porque “mantuvieron la mentira día a día haciéndoles creer a los jóvenes apropiados que eran sus padres”. Para Azic y Gallo, 25 años, y para Colombo, 14 años de prisión.

Un párrafo aparte merece Ruffo. Llegó a este juicio acusado por participar del secuestro y apropiación del hijo de Sara Méndez. Está acusado y condenado por otra apropiación; se le abrió una causa por abusos a esa niña y tiene condenas por delitos comunes. Veintiséis años después del secuestro del hijo de Sara Méndez aportó datos para ubicarlo a él y a Macarena Gelman. Los fiscales ponderaron esa situación como un atenuante y bajaron la pena máxima de 19 años para este caso a 17 años de prisión: “Esa actitud lo pone en un lugar diferente de los otros imputados. Pero también es cierto que eso lo pudo hacer cualquier día de esos 26 años y evitar un inmenso dolor, pero recién lo hizo en 2001”.

Las pruebas contra Videla y Bignone

Responsables del robo de bebés

Después de casi dos semanas de fundamentar su alegato, la fiscalía pedirá a partir de hoy las penas para los dictadores que están siendo juzgados por treinta y cuatro apropiaciones de bebés. Videla sigue negando que haya sido un plan sistemático.

 Por Alejandra Dandan

A días de las declaraciones públicas leídas como “confesión”, el dictador Jorge Rafael Videla volvió a sentarse entre los acusados del juicio por el plan sistemático de robo de bebés para escuchar el alegato de la fiscalía. Con la cara levantada y entre cabeceos que cada tanto parecían capturarlo para el lado de los sueños, oyó al fiscal Martín Niklison referirse a esas declaraciones públicas que por haber sido transmitidas en televisión o difundidas en los diarios parecen haber adquirido, de hecho, el carácter de prueba para la trama del juicio. En esa línea, Niklison le recordó que pese a que todavía lo niega, Videla fue el único dictador latinoamericano que aceptó el robo sistemático de niños.

“No tengo dudas de que en este juicio se ha podido demostrar la responsabilidad de Videla en tan aberrantes hechos –dijo el fiscal–. En esas declaraciones (públicas) se refiere a la cuestión de la apropiación de niños, pero las redujo a actos individuales de militares y policías que por caridad entregaron niños abandonados, buscando de ese modo (Videla) despegarse de estos hechos y no pasar a la historia como el único dictador latinoamericano de esa época que organizó la apropiación de los hijos de sus víctimas.” En este juicio, agregó, “no hemos visto esos supuestos actos de caridad, sino el horror que implica arrancarles los niños a sus padres y madres y la organización dispuesta para los partos y el posterior reparto de los bebés”.

A horas del pedido de condenas que se escuchará durante la mañana de hoy, la fiscalía federal leyó las acusaciones de los trece imputados del debate. Entre ellos, Videla quedó situado como el “organizador” y principal responsable, pero también acusó a Santiago Omar Riveros, por entonces jefe del Instituto Militar de Campo de Mayo, y a Reynaldo Bignone y Oscar Francos, integrantes de la última junta de comandantes.

Lo que el juicio debe probar, y es lo que intentan demostrar en estos días los alegatos de los acusadores, es que el robo de bebés fue un plan sistemático organizado desde la cúpula militar y ejercido por intermediarios que actuaron en cada uno de los centros clandestinos o en la distribución de los niños. Videla viene negando la lógica del plan con el argumento de que no hubo una orden escrita que lo haya avalado, como si ése fuera el único modo de probar una práctica sistemática. Los acusadores intentan demostrar, en cambio, que sin aquella orden el plan puede probarse por los efectos, es decir por lo que sucedió con los niños robados. O por la organización, por ejemplo, de las maternidades clandestinas, que estructuraron el alojamiento de las embarazadas, los nacimientos y la distribución de los niños. Pero además, intentan probar que es necesario recordar que cuando se probaron las desapariciones, los desaparecedores también decían que no existían porque no había órdenes escritas. Videla terminó de admitir las desapariciones más de 35 años después, en esas declaraciones públicas en las que reconoce el “pongamos que fueron siete u ocho mil”, recordó en un pasillo el fiscal federal.

En este caso, Videla está acusado por la mayor parte de los 34 expedientes de apropiación de menores que llegaron a juicio. “Si hubo centros clandestinos, fue su voluntad; si hubo desaparecidos, fue su voluntad; si hubo torturas, fue su voluntad y si hubo apropiación de menores, fue su voluntad”, dijo el fiscal.

Las acusaciones avanzaron sobre el resto de los imputados. Entre ellos, Bignone y Franco. Pese a que hicieron la carrera de ascenso militar durante la dictadura e intervinieron en lugares de decisión e incluso llevaron adelante personalmente gestiones donde hubo casos de robos de niños, están en el juicio acusados sólo “por un tramo puntual”: la orden que impartieron mientras formaban parte del último gobierno de las Juntas y que disponía la destrucción de documentos y por la ley que intentó garantizar la impunidad de quienes intervinieron en la dictadura. En palabras del equipo de fiscales, integrado además por Nuria Piñol y Viviana Sánchez, “se les atribuye los últimos actos realizados por el aparato represivo estatal para lograr que las apropiaciones se puedan seguir cometiendo y gozando de impunidad, permitiendo que quienes se habían apoderado de los menores no vieran perturbado el dominio que bajo una apariencia legal ellos ejercían”.

En ese sentido, la acusación hacia ellos desde el primer momento fue un desafío, porque se debía equiparar la sanción de una ley y una orden con las acciones de los crímenes. Para demostrar, entonces, la dimensión y el peso que puede tener una ley o una orden, la fiscalía habló de cómo normas similares pueden decretar una guerra o decidir una masacre. Compararon el acta de la Junta con una “tapa” que buscó cerrar entre otras cosas el tema de los niños y dijeron: “Un acta de la junta era un acto de voluntad de sus integrantes por el cual se podía hacer cualquier cosa mientras tuvieran el respaldo militar para hacerlo. Un acta de la junta tenía el sentido que sus integrantes quisieran darle y en este caso era poner una tapa sobre el tema desaparecidos y asegurarse de que nadie pudiera abrirla. Respecto de los niños, el objetivo era que nadie pudiera perturbar a lo que ellos llamaban familias adoptivas”.

Sólo por mencionar un ejemplo más, el llamado “Documento Final” afirma que los desaparecidos “a los efectos jurídicos y administrativos se consideran muertos”. Una “muerte” que por otra parte intentó alcanzar la figura de los niños desaparecidos.

Entre las pruebas de cada uno fueron revisados nuevamente los casos de las víctimas. El de Macarena Gelman y la decisión adjudicada a Videla del traslado de su madre a Uruguay. Aquello que Juan Gelman mencionó en su declaración de que a su nuera Claudia Iruretagoyena se la llevaron como parte de un “robo de vientres”. Las dudas que todavía quedan sobre las razones por las que se hizo el traslado. Pero la certeza a la vez de que eso también se hizo porque hubo una decisión del comandante. En esa línea, mientras se enumeraban las pruebas contra Videla apareció en primer plano la responsabilidad de Bignone en un caso por el que no está imputado: es sobre la intervención que tuvo sobre lo que sucedió con Claudia, la hija de Estela de Carlotto. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo lo visitó a través de algunas relaciones para pedirle por su hija y para decirle que si iban a asesinarla al menos le devolvieran su cuerpo. El cuerpo efectivamente apareció, luego de que Claudia diera a luz en el Hospital Militar central y le robaran a su hijo. En el juicio se indicó que la intervención de Bignone permitió que reapareciera el cuerpo de Claudia, un dato sobre el que Niklison reparó: “De los 34 casos en que acusa la Fiscalía, es el único cuerpo de una madre asesinada que fue entregado”.

Eso, por otro lado, era una respuesta al propio Bignone, que en su última intervención durante el juicio dijo que no sabía de la existencia del robo de bebés