El control de una institución emblemática El Gobierno convalidó el concurso para designar como nueva directora a una médica que es accionista de un laboratorio privado.
Protesta. Abuelas y una nieta, contra el desguace del BNDG /GERARDO DELL’ORO
Organismos de derechos humamos lamentaron ayer que se haya dado “un nuevo paso en la privatización del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG)” tras la validación del Ministerio de Ciencia del concurso que ubicó en el primer lugar de postulantes para su presidencia de Mariana Herrera Piñero.
La mesa Todos por el Banco Nacional de Datos Genéticos, que integran la Asociación de ex detenidos-desaparecidos (AEDD), Asociación de Profesionales en Lucha, Colectivo Memoria Militante, HIJOS La Plata y la Agrupación por los Derechos Humanos “¿Quiénes somos?”, viene oponiéndose al desguace y traslado del BNDG ala órbita del Gobierno Nacional, más específicamente al Ministerio de Ciencia y Tecnología.
El BNDG fue creado en 1986, y funcionó desde entonces con autonomía en el Hospital Durand, que depende del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Con prestigio ganado alrededor del mundo, fue el encargado de identificar infinidad de restos de desaparecidos y hacer los análisis que permitieron la recuperación de 115 nietos por parte de las Abuelas de Plaza de Mayo. Hoy se sigue dedicando a ese resabio doloroso de la historia de los 70, pero la mayor parte de su tarea cotidiana tiene que ver con casos actuales en los que hay dudas sobre paternidad u otras vínculos familiares.
Pero en 2009, con el impulso del kirchnerismo, se sancionó la ley 26.548 para el desguace del BNDG y su conversión en una plataforma de un nuevo Instituto de Genómica Humano dentro del Ministerio de Ciencia Nacional. Además, restringió su competencia sólo a los casos de delitos lesa humanidad cometidos hasta 1983, dejando el resto de la tarea en manos de instituciones privadas que hasta ahora competían con el BNDG. De uno de esos laboratorios privados, Genda, es accionista Herrera Piñero, la primera precalificada en el concurso que ahora fue convalidado por el ministro Lino Barañao, a pesar de la impugnación de las ONG.
El traslado del BNDG a un nuevo edificio sobre la Avenida Córdoba sería inminente.
La última preocupación entre sus profesionales es la posibilidad de que sea intervenido el sistema informático, que atesora 253 muestras de otras tantas búsquedas de nietos probablemente desaparecidos en la dictadura que aún son buscados por sus familiares, para reemplazarlo por un nuevo de una empresa vinculada familiarmente a Herrera Piñero.
“La sanción de la ley 26.548 fue el primer paso en el desguace del BNDG para convertirlo en una plataforma asociada a capitales interesados en el negocio de la medicina genómica”, aseguraron las ONG en un comunicado difundido ayer, en el que agregaron que “la restricción de la competencia del BNDG ha convertido el derecho a la identidad en un negocio para un puñado de laboratorios privados”.
Las organizaciones que encabezan el reclamo se comprometieron a seguir luchando desde la mesa conjunta “impugnando el concurso por vía judicial”, batallando contra la privatización del BNDG y a favor del acceso universal al derecho a la identidad”.
