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martes, 3 de abril de 2012

Alegan los abogados de Chicha en el juicio por robo de bebés

Los representantes de la abuela platense comenzaron hoy su alegato como integrantes de la querella en el último tramo del debate por el plan sistemático de apropiación de menores durante la última dictadura cívico militar.

Chicha Mariani busca a su nieta Clara Anahí hace 36 años (Foto: Matías Adhemar)
 
Los abogados de María “Chicha” Chorobik de Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, denunciaron hoy que el robo de bebés durante la última dictadura fue uno de los pasos que se fijó el régimen en el marco de su “plan criminal de exterminio de personas”.

Los abogados Valeria Tus, Elizabeth Gómez Alcorta y Pablo Lafuente iniciaron esta mañana el alegato de la última de las querellas en el juicio por el denominado "plan sistemático" de robo de bebés nacidos en cautiverio durante la dictadura, en el que proyectan pedir para el ex dictador Jorge Rafael Videla la pena de 50 años de prisión.

Al trazar un contexto histórico, los abogados denunciaron que la dictadura "sembró el país de campos de concentración y exterminio", y contó con "la complicidad de parte de la sociedad civil".

Sobre el delito específico que juzgan los integrantes del Tribunal Oral Federal número cuatro, María del Carmen Roqueta, Julio Panelo y Domingo Luis Altieri, la querella aseguró que existen "innumerables pruebas de la sistematicidad de los robos de niños que luego fueron criados en la mentira".

El alegato continuará esta tarde, con el pedido de penas, y la semana próxima será el turno de la acusación pública, a cargo del fiscal Martín Niklison.

El juicio oral por el "plan sistemático" comenzó a fines de febrero de 2011 y terminará a mediados de abril.

miércoles, 16 de noviembre de 2011

Ampliaron las imputaciones contra el médico acusado de la apropiación de Victoria Donda

El juez federal Daniel Rafecas amplió las imputaciones contra el oficial médico Jorge Luis Magnacco y el represor Adolfo Miguel Donda Tigel como imputados "por su presunta participación en la sustracción y ocultamiento" de la actual diputada Victoria Donda.

Fuentes allegadas a la investigación indicaron a Télam que el magistrado los indagará -en sendas audiencias que se realizarán este martes y el viernes- por el apoderamiento de la hija biológica de María Hilda Pérez y de José María Donda (hermano del represor) quienes permanecen desaparecidos.

En ese expediente, señalaron las fuentes, ya prestaron declaración otros marinos a los que también se les imputó su participación en ese hecho, entre ellos Carlos Octavio Capdevila y Carlos Galián conocido como "Pedro Bolita"-, a quienes se suma el civil Horacio Pessino, médico que firmó "la partida de nacimiento apócrifa" de Donda.

Los informantes recordaron que "en el primer tramo de la causa" el juez Rafecas "procesó y elevó a juicio el expediente en relación a Juan Antonio Azic, quien fuera imputado por la apropiación y ocultamiento de la menor, anotándola como su hija legítima bajo el nombre de Claudia Analía Azic".

Magnacco actuaba como médico ginecólogo en la maternidad clandestina que funcionaba en el centro de detención y torturas que funcionaba en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), perversamente bautizada por los represores como "la pequeña Sardá", donde llevaban a las parturientas que se encontraban ilegalmente prisioneras.

El médico-militar y el represor Donda también están siendo juzgados por el Tribunal Oral en lo Federal Seis (TOF6) junto a los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, entre otros represores, por 34 casos más de apropiación de bebés, incluídos en el "plan sistemático" para el robo de recién nacidos durante la gestión que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976.

lunes, 14 de noviembre de 2011

Testimonio de Mariana Zaffaroni Islas, secuestrada y apropiada cuando tenía 1 año

“Un proceso difícil, pero liberador”

Sus padres, uruguayos, fueron secuestrados en Automotores Orletti. De allí la apropió Miguel Angel Furci, quien llegó a llevársela a Paraguay. En la audiencia de ayer también declaró su tía, Lucía, quien dio detalles del secuestro.

 Por Alejandra Dandan

Hablaron las dos, en contraplano, de la misma historia. Primero entró en la sala de audiencias la tía Lucía, testigo del nacimiento de Mariana Zaffaroni Islas y de la pérdida de todas sus pistas. Luego entró Mariana, secuestrada en Automotores Orletti cuando tenía poco más de un año, robada por Miguel Angel Furci y luego sacada a Paraguay. Mariana dijo en la audiencia que recuperar la identidad fue liberador porque le permitió entender que tenía un espacio de pertenencia. Y cuando uno de los jueces volvió a preguntarle por sus miedos, ella volvió a una escena del baño.
–¿Cómo era eso? –le preguntó la jueza María del Carmen Roqueta.

–Toda la vida tuve miedo al botón del baño –explicó– y a las olas gigantes; eso era en los sueños, no más cuando soñaba con las olas gigantes, pero todavía no pude determinar de dónde vienen. O qué es.

Una nueva audiencia del juicio por el plan sistemático del robo de bebés en los Tribunales de Retiro. Los jueces del Tribunal Oral Federal Nº 6 y la voz de Mariana, que es parte de los 35 expedientes de niños apropiados en investigación. Los nombres de sus apropiadores, la relación con el centro clandestino que fue base del Plan Cóndor en Buenos Aires, el secuestro de sus padres que eran uruguayos y la intervención de un personaje que cobra cada vez más fuerza en los juicios: Eduardo Ruffo, que aparece nuevamente, esta vez como gestor o intermediario en la entrega.

“Una vez lo fui a ver”, dijo Mariana. “Un día le pregunté a Furci si había participado del operativo a mis padres; mi interés era porque en mi terapia aparecía que tenía mucho miedo al ruido del botón del baño. Con la terapeuta nos preguntamos si tendría que ver con las circunstancias del secuestro. Se lo consulté, pero me dijo que no había estado, que creía que Ruffo sí, y que por qué no se lo preguntaba a él. Y fui un día a la casa, me dijo que no se acordaba porque había participado de muchos.”

Furci se llevó a Mariana del centro clandestino. “Siempre la versión consiste en que fue a ese lugar porque lo mandaron a hacer una cosa y que me lleva de ahí. Me ve en una habitación con una mujer con los ojos vendados que supone que es mi mamá, con otros niños. Que vio que más o menos estaba bien y me llevó.” Cuando Roqueta le preguntó si le había preguntado a Furci por sus padres, respondió: “Me dijo que suponía que el final era el que habían tenido todos los desaparecidos, pero no pudo dar especificaciones. Me dijo que él hacía la custodia de una persona importante de la SIDE y por eso a él y a otro compañero los mandaban a buscar documentos y llevar cosas. Que iba a Orletti muy de vez en cuando”.
La historia

Mariana nació en Buenos Aires el 22 de marzo de 1975, cuando sus padres, Jorge Zaffaroni y María Emilia Islas, que tenían poco más de veinte años, estudiaban magisterio y estaban en el país escapados de la dictadura uruguaya. Lucía, la tía de Mariana, compartía su tiempo con ellos hasta junio de 1976 cuando la coordinación del Cóndor empezó a detener masivamente a los uruguayos que estaban de este lado del Río de la Plata. Jorge y María Emilia empezaron a inquietarse.

“Lo que me dicen –dijo Lucía en la audiencia– es que había compañeros de ellos que habían desaparecido, que algunos tenían niños. Luego, atando cabos, sé que se referían al primer vuelo y el niño era el hijo de Sarita (Méndez), pero en ese momento no lo sabíamos. Decidimos tratar de hacer con un escribano un poder para que yo pueda tener la tutoría de Mariana.”

Cuando uno de esos acuerdos falló, Lucía supo que tenía que esperar tres días y comunicarse con sus padres y los de María Emilia. A Jorge, María Emilia y Mariana los secuestraron el 26 de septiembre de 1976.

A comienzos de la democracia, la abuela de Mariana terminó reuniéndose con un espía en un bar de Río de Janeiro porque había hecho declaraciones sobre el destino de los niños robados. Ella le mostró una foto de Mariana y el hombre, del que no saben el nombre, les dijo que estaba muy bien. Con una solicitada en 1983 potenciaron la búsqueda. Un anónimo les dio el dato de Furci y la familia entonces empezó una investigación. Rodearon la casa y hasta contaron con la colaboración de una pareja de ex militantes que se acercaron al colegio donde estudiaba Mariana para sacarle una foto.

“El proceso fue bastante largo”, dijo Mariana después. “En el año ’84, más o menos, vino una señora, me preguntó si podía sacarme una foto y cuándo cumplía años, y me dijo que iba a mandarme la foto para mi cumpleaños. En casa se pusieron bastante alterados cuando les conté. Furci sobre todo, aunque yo no entendía por qué. Para esos años empezaron a aparecer fotos mías en televisión y en afiches de cuando yo era chiquitita, pero no sabía que era yo. Luego apareció la foto del colegio y había una familia que estaba buscando a esa nena, y en esa época empezamos a ir al juzgado de San Isidro. Me decían que había un error, que no era yo la de la foto, después nos fuimos a vivir a Paraguay y cuando volvimos se hizo una especie de acercamiento entre mi familia biológica y Furci.”

Para entonces se había iniciado una causa por apropiación y falsificación de documentos. De regreso en Buenos Aires, Furci y su mujer quedaron detenidos. Mariana tuvo el primer encuentro con su familia. “Fue un momento muy tenso: yo no quería estar ahí, me acuerdo de que lo único que les dije era por qué las cosas se habían hecho de esa manera. Me dijeron que era la única manera que se había podido hacer, pero no para dañarme. Fue muy breve y muy tenso. Después no me acuerdo más de qué se habló, me acuerdo de que yo no tenía ganas de escuchar a nadie.”

Casi al final de la audiencia, luego de recorrer nombres, de hablar de Paraguay, el fiscal Martín Niklison le pidió una “reflexión” sobre el proceso de reencuentro. “Este es un proceso difícil, pero a la larga muy liberador”, dijo Mariana. “Porque uno realmente encuentra el lugar al que pertenece. Se siente cómodo, como en casa. Y digamos que esa sensación de pertenecer yo no la había sentido nunca, a pesar de que tuve excelente relación con Furci y con Adriana, tuve una infancia feliz, esa sensación de pertenecer al lugar donde uno tiene que estar no la había tenido y sí la tuve cuando tuve a mi familia.”

El rol de Pío Laghi

En un momento, la fiscalía le preguntó a Mariana Zaffaroni Islas por los trámites que había hecho su familia para buscarla. Ella habló de un hombre de la Vicaría, alguien a quien una de sus tías había intentado contactar y, finalmente, había conseguido entrevistar. Contó que era Pío Laghi. El vicario les negó a sus tías saber algo de ella, pero contó que en verdad mandaba tarjetas de Navidad y de saludos a su apropiador. “Así que me parecía una coincidencia poco casual; tampoco mandaba todos los años, pero sí recuerdo una o dos tarjetas que llegaron para el año ’82 y ’83”, mencionó Mariana.

viernes, 28 de octubre de 2011

Condenan a 12 años de prisión al apropiador de Jorge Guillermo Martínez Aranda

Es por un caso de apropiación de un menor durante la última dictadura. El Tribunal Oral Federal de San Juan fijó este martes la pena de 12 años de prisión para el ex suboficial Luis Tejada y de 5 años de prisión para su esposa, Raquel Josefina Quinteros.

El Tribunal Oral Federal de San Juan condenó esta tarde a 12 años de prisión al sargento de inteligencia del Ejército Luis Alberto Tejada, que deberá cumplir en una cárcel común, y a cinco años de prisión domiciliaria a su esposa, Raquel Quinteros, al encontrarlos penalmente responsables de la apropiación de Jorge Guillermo Martínez Aranda, hijo de una pareja desaparecida en agosto de 1980 y hermano del militante de HIJOS Chaco y funcionario del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, Emilio Goya.

El que por aquel entonces era un bebé, es hijo del militante montonero Francisco Luis Goya y la ingeniera mejicana María Lourdes Martínez Aranda, había nacido en España a fines de 1979 y traído al país por sus padres en el marco de la operación denominada "Contraofensiva de Montoneros". La pareja y el niño, ingresaron al país por el paso de Los Libertadores de Mendoza, pero fueron detenidos y llevados a la localidad de Punta de Vacas "donde fueron interrogados, torturados y separados del niño", según dijo un testigo protegido.

Aunque no se sabe qué fue de sus padres, la criatura fue llevada a la sede del destacamento de Inteligencia 144 en el centro de la ciudad de Mendoza y fue de allí de donde el suboficial Luis Tejada se lo llevó, porque según él mismo declaró "fue por orden de un superior", aunque tiempo después lo inscribió como hijo propio.

En el juicio el apropiador reconoció que consiguió un certificado médico de nacimiento falso y que con ese documento inscribió al bebé como hijo propio bajo el nombre de Carlos Alberto Tejada en el Registro Civil del departamento de Rivadavia de San Juan.
Tejada le había dicho a su esposa que el niño era hijo suyo y producto de una relación extramatrimonial, y por su propia confesión, se sabe que recién 28 años después, en el año 2008, cuando la Policía Federal allanó su casa para recolectar muestras de ADN del joven apropiado, le contó la verdad.

El veredicto de los jueces Hugo Echegaray de San Juan, Raúl Fourcade de San Luis y Héctor Cortéz de Mendoza, resultó menor a lo que pidió la parte querellante ejercida por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, que fue de 23 años de prisión para Tejada y 18 años de cárcel para la mujer.

También la pena impuesta, fue menos de lo que pidieron para la pareja los fiscales Mateo Bermejo y Dante Vega, que solicitaron 14 años para el militar y 8 para su esposa, en tanto que los defensores Eduardo San Emeterio y Humberto Conti Pico habían pedido la absolución de los imputados al considerar que no habían sido probados los delitos que se imputaban.

La resolución de los jueces no dejó conformes a los abogados de la querella unificada del hermano del joven apropiado y militante de HIJOS Chaco Emilio Goya y la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, María Inés Vedia y Mariano Gaitán, quienes dijeron que "esperábamos una condena mayor en virtud de la gravedad de los delitos cometidos" y anticiparon que "una vez que se conozcan los fundamentos de los jueces, se analizará con detenimiento la sentencia".

FUGA
Los jueces también dictaron la prisión preventiva y determinaron que el suboficial Luis Tejada sea llevado de inmediato al Penal de Chimbas de San Juan, "ante el alto riesgo de fuga por la severidad de la condena", pero dispuso que su esposa, Raquel Quinteros, permanezca en su casa del Barrio Camus de San Juan con detención domiciliaria por entender que "presenta un atenuado riesgo de fuga".

El Tribunal también dispuso enviar al juzgado de primera instancia los antecedentes, para que los hermanos del suboficial condenado, Oscar Alfredo Tejada y María Esther Tejada, sean procesados por falso testimonio o como co-autores del delito de ocultación del menor, como lo habían pedido la querella y la fiscalía.

También decidieron que el testimonio del testigo protegido Antonio Cruz, sea remitido al Tribunal Oral Federal número 6 de la Capital Federal, "por resultar de interés en el marco de la causa 1351, donde se juzga la responsabilidad de los altos mandos de las Fuerzas Armadas" por la implementación de un plan sistemático de sustracción de niños, hijos de desaparecidos.

También remitirán todos los registros del juicio realizado en San Juan, al Juzgado Federal número 1 de Mendoza, que en la causa 663 F, investiga la desaparición de Francisco Luis Goya y María Lourdes Martínez Aranda, que son los padres del niño apropiado por Tejada y su mujer.

lunes, 24 de octubre de 2011

Macarena Gelman declara por teleconferencia desde Montevideo

Una búsqueda que todavía no terminó

La nieta del poeta Juan Gelman detalló ante el tribunal que nunca había sospechado que no fuera hija del policía que la crió. Recién en 2000 conoció su historia. Desde entonces reconstruyó el cautiverio de su madre y su nacimiento.

 Por Alejandra Dandan

Uno de los jueces le preguntó en algún momento por sus apropiadores, pero Macarena Gelman volvió a nombrarlos como los llamó una y otra vez hasta ese momento: padres adoptivos. Antes o después, otra integrante del Tribunal Oral Federal 6 volvió a preguntarle sobre el momento en el que desde el presente de su restitución, ella hizo memoria sobre lo que habían sido las últimas palabras de una de esas personas. Un hombre de la policía uruguaya, masón, retirado en el año ’75 y luego jefe de policía de su distrito en la democracia de la mano del Partido Colorado. Macarena dijo que cuatro días antes de su muerte, en la cama del hospital, entendió que le estaba dejando un mensaje. Primero le dijo que fuera a buscar a la biblioteca de su casa un libro en el que “si mal no recuerdo hablaban de la dictadura argentina y mencionaban nombres como el de Aníbal Gordon. Lo otro que hizo mi papá antes de morirse es que lloraba y me pedía perdón”.

–¿Cómo era el nombre del libro? –le preguntó la presidenta del Tribunal, María del Carmen Roqueta.

–La ira del Leviatán –dijo ella–, de un militar uruguayo, me dijo que lo busque en su casa y se lo lleve.

–¿Y usted qué hizo?

–No, no supe más nada: no presté atención en ese momento, recapacité y es todo cuanto me acuerdo: cuando me entero de todo y recuerdo ese episodio y veo que el libro era referido a ese tema.

–¿Cómo se lo dijo?

–Fue cuatro días antes de morir, en una conversación que tuvimos sobre una serie de operaciones que podían no tener fin y él tenía miedo, me pidió perdón porque no quería dejarme con problemas. Lloraba y me pedía perdón una y otra vez.

–¿Le preguntó cuáles podían ser esos problemas?

–Yo lo que me imaginaba obviamente era sobre lo que podía generar su muerte. Yo no sabía nada de que no era hija biológica de ellos. El era una persona que solía hacerse cargo absolutamente de todo, mi mamá y yo siempre fuimos muy dependientes.

Entre el presente y el pasado de esas dos historias, Macarena declaró conectada a la sala auditorio de los Tribunales de Comodoro Py desde la sede del Mercosur uruguayo. Su nombre es uno de los 35 expedientes que se investigan en el juicio por el plan sistemático de robo de bebés de la dictadura. Esta vez, parte del tramo de los robos de niños que comenzaron en el centro clandestino de Automotores Orletti, base del Plan Cóndor en Argentina y el espacio donde pasaron sus padres Marcelo Gelman y María Claudia Iruretagoyena que llegó embarazada a ese lugar. Macarena inició una causa en Uruguay para encontrar el cuerpo de su madre y para que sean juzgados los responsables de su desaparición.

“A principios del año 2000 un obispo de Uruguay se contacta con mi mamá adoptiva para trasmitirle que se había puesto en contacto mi abuelo Juan Gelman, y le había transmitido su presunción de que podía ser su nieta”, explicó, en el comienzo. “Diez días después, mi mamá adoptiva me dice que yo no soy hija biológica de ellos, me dice que yo había sido dejada en la puerta de su casa en enero del ’77 en una canastita, con un cartelito que decía como que nací el 1º de noviembre: ‘Soy la madre y no puedo cuidarla’. Hasta ese momento, yo no había tenido conocimiento de mi origen, hasta que monseñor Galimberti le transmite esta presunción de mi abuelo y le dice que si yo quería podía hablar de eso con él.”

Su abuelo había llevado adelante durante todos esos años la investigación por su búsqueda, con su mujer e integrantes de los organismos de derechos humanos. A través de un dato que un intermediario obtuvo del represor Alfredo Ruffo supieron que ella podía estar en Uruguay. El 31 de marzo del año 2000 se reunió por primera vez con el poeta Juan Gelman: “Me encuentro con él, me da detalles”, dijo. Los análisis genéticos confirmaron más tarde los datos.

“Los restos de mi papá fueron hallados en 1989, estaba secuestrado en Orletti y en el año ’76 lo asesinan, en septiembre u octubre y sus restos son encontrados por el Equipo Argentino de Antropología Forense.” A su madre la trasladaron de Orletti a Montevideo, donde quedó secuestrada en el Servicio de Informaciones y Defensa. Las referencias indican que Macarena nació a fines de octubre o principios de noviembre del ’76. “La última vez que es vista con vida es el 22 de diciembre de 1976, cuando un soldado ve que se la llevan dos funcionarios militares, con rumbo desconocido y conmigo en una canastita y hace alusión a eso con un comentario, diciendo: ‘A veces hay que hacer cosas embromadas’.”

A esta altura, se sabe que María Claudia estuvo con un grupo de uruguayos que habían sido trasladados antes desde Buenos Aires. “Ellos dicen que alguien ve a una mujer embarazada que no conocían y una noche sienten a un guardia pedir una ambulancia.” En ese momento, en la sala uruguaya, del otro lado de la pantalla, Macarena dejó de hablar. “Aparentemente eso lo deducen porque escuchan que se piden indicaciones como para atender a una mujer que estaba en trabajo de parto. Pocos días después, relatan que se empezó a escuchar el llanto de un bebé. Y como algunas detenidas eran madres recientes, lo identificaron con el llanto de un bebé recién nacido.”

En esa trama de fuentes directas e indirectas, pero siempre ancladas en algún lugar fuera de sí misma, ella reconstruyó detalles apuntalados con la lógica de las referencias que le exige el discurso de las pruebas penales. Datos que sí sabía, datos que no.

“¿Sabe dónde nació?”, le preguntó el fiscal Martín Niklison. “No tengo precisión exacta, se supone que en el Hospital Militar Central, por estas referencias que se hicieron cuando piden la ambulancia.”

Las personas que la criaron la anotaron como hija propia. Alguien le preguntó por la partida de nacimiento. Ella no sabe aún si estuvo falsificada. Le preguntaron por los nombres de los testigos, quiénes eran. Macarena dijo que fueron dos, amigos del policía Angel Tauriño: uno llamado Alberto López, dueño de una automotora, su padrino y muerto en 1995, y una persona llamada Fiori. Macarena no tiene certezas de que hayan tenido vínculos con la dictadura. O por qué su madre terminó en Uruguay.

“Si bien se manejaron distintas hipótesis, desde una confusión con el apellido –porque había otro uruguayo con ese nombre– o hasta el traslado para quedarse conmigo, no he podido confirmar ni descartar nada: lo que sé es que estuvo en el lugar de los uruguayos, que a un grupo los trasladaron previamente. Y que tengo referencias de que los que integraban ese primer vuelo habían sobrevivido, los del segundo vuelo hasta ahora permanecen todos desaparecidos, no han sobrevivido y mi mamá tampoco.”

Tauriño tenía grado de comisario inspector. En 1975 inició el trámite de retiro, una de las hipótesis en las que cree Macarena es que tuvo problemas con el “régimen”. Hizo un reclamo al Ministerio del Interior por hostigamiento. En 1976 estaba retirado. Estuvo en la Asociación de Policías en Retiro y después de 1995 lo nombraron jefe de policía del Departamento de San José por su vinculación con el Partido Colorado. Los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo, pero sobre todo la fiscalía, hicieron preguntas por Tauriño. En Abuelas admiten que todavía no hay demasiados datos, pero su integración a la policía y aquellas últimas palabras alientan una investigación. A tientas, trabado, intentando dejar a un lado los datos para entender acaso otros procesos, el fiscal Niklison le preguntó a Macarena qué le pasó a ella con la restitución: “Y bueno –dijo ella–, qué decir: que me sentí más completa y entiendo lo que antes no entendía y los vacíos que no sabía de dónde salían”.

En ese momento, habló del libro y el pedido de perdón.

martes, 4 de octubre de 2011

Confirman que Macarena Gelman nació en el Servicio de Inteligencia de URUGUAY

Dos ex detenidas en Uruguay señalaron que la niña nació en el Servicio de Inteligencia de ese país.

BUENOS AIRES– Dos ex detenidas uruguayas, secuestradas en Argentina y trasladadas luego a su país por fuerzas conjuntas, confirmaron ayer que el nacimiento de la nieta del poeta Juan Gelman se produjo en una central de inteligencia en la que estuvieron alojadas con un grupo de connacionales repatriados durante la dictadura.
Tanto Ana Inés Quadros como Edelweiss Sahn confirmaron el nacimiento de una criatura en octubre de 1976, en el Servicio de Inteligencia y Defensa (SIDE) del Uruguay, a donde habían sido llevadas por los militares, luego de ser secuestradas y torturadas en Argentina, en el centro clandestino Automotores Orletti.
Respecto de ese bebé, dijeron que como los militares uruguayos no tenían conocimientos para la asistencia en un parto, llamaron al Hospital Militar, a donde la mujer a la que no pudieron ver fue trasladada.
Según el relato de Quadros, dos días después la parturienta regresó “y ahí escuchamos el llanto de un niño, que con el tiempo supimos que esa chica era María Claudia (Iruretagoyena de Gelman) y que la niña era Macarena”, gracias al testimonio de un soldado de apellido “Barboza”, quien resultó una pieza clave para la identificación.
Al declarar desde Montevideo mediante videoconferencia ante el Tribunal Oral Federal 6, ambas mujeres, además de una tercera Alicia Cadenas Rovera, confirmaron el accionar conjunto de las fuerzas represivas argentinas y uruguayas en los años ’70, y la presencia de embarazadas y criaturas en los lugares donde estuvieron detenidas.

También dieron cuenta de la búsqueda emprendida por otra de las detenidas, Sara Rita Méndez, quien declarará en las próximas semanas y a quien le quitaron al momento de su detención a su bebé de dos meses, Simón Riquello, con el que recién pudo reencontrarse en los últimos años,
“El de Sara era un pedido constante, pero los represores le decían que no tenía nada que temer. Una vez que pasé por donde ella estaba colgada le salía leche de los pechos, una señal inequívoca de una persona que ha tenido familia hace poco”, recordó la testigo.
A su turno Sahn también recordó los reclamos de Sara y ahondó en ellos al señalar la presencia de dos chicos que fueron trasladados desde Orletti en Argentina a la SIDE en Uruguay, y que fueron luego abandonados en una plaza en Santiago de Chile.
Se trata de Anatole y Victoria Julien, quienes recuperaron su identidad y se constituyeron, junto con Simón, en casos emblemáticos en la búsqueda de criaturas secuestradas de origen uruguayo.
“La parte de la apropiación de los chicos supera el dolor que sufrimos nosotros”, reflexionó la mujer ante el tribunal argentino, a la vez que reiteró que Anatole y Victoria tenían la edad de sus hijos cuando fueron secuestrados, 4 y 5 años, pero que también a ellos “les hicieron pagar” por la militancia política de sus padres.

Al respecto, dijo que cuando su marido y sus hijos, que no habían sido detenidos, intentaron salir de la Argentina para asilarse en Francia, la nena de 5 años “fue sometida a un interrogatorio y a un examen ginecológico”.
“Sólo cuando fue adolescente me reveló lo que le había ocurrido y me pidió que lo contara en el juicio”, reveló la mujer.

martes, 7 de junio de 2011

La abuela de Macarena Gelman

“El dolor que tengo es que mi hijo no haya podido ver a su hija; la esperábamos con mucho amor, no puedo superar el dolor de que mi hijo no la haya podido conocer. A ella la mataron, le sacaron la criatura de sus brazos para dársela a otra familia.” Berta Shuberoff es la madre de Marcelo Gelman, suegra de María Claudia García Iruretagoyena y abuela de Macarena Gelman. Dio testimonio en la causa por el plan sistemático de robo de bebés en el marco de la declaración que esta semana están haciendo las abuelas que buscaron o buscan a los 35 niños apropiados que integran este tramo de la causa.

A Marcelo y a María Claudia los secuestraron el 24 de agosto de 1976 a las dos de la mañana. María Claudia estaba embarazada de siete meses. Durante los dos o tres primeros días, con ellos estuvo secuestrada, además, la hermana de Marcelo, todos en el centro clandestino de Automotores Orletti. “A Marcelo lo torturaron y a mi nuera no le pegaron, la trataron bien, le llevaron comida y ropa limpia: la estaban cuidando para alguien”, dijo Shuberoff. Juan Gelman estuvo en el Vaticano en 1983 y un sacerdote le dijo que la niña había nacido. “Yo no pensaba en la criatura, todo mi dolor estaba en la desaparición de mi hijo –dijo Berta–. Recién en 1984, cuando volví de España, entré a Abuelas y me metí en el tema.”

“Ahora estamos otra vez lejos, mamá”

Cecilia Viñas hizo escuchar a la Justicia lavoz de su hija, que la llamó desde un centro clandestinos

La hija de Cecilia, secuestrada el 13 de julio de 1977 con un embarazo de cinco meses, permanece desaparecida. Llamó por teléfono a su madre hasta 1984. Su hijo Javier Gonzalo Penino Viñas fue apropiado por el marino prófugo Jorge Vildoza.

 Por Alejandra Dandan

Cecilia Viñas se levantó de la silla para no escuchar otra vez unos llamados que de octubre de 1983 a marzo de 1984 logró hacer su hija desde lo que se lee todavía como un centro clandestino. Cecilia les pidió a los jueces que escucharan esa grabación porque no es lo mismo, dijo, lo que ella podía decir de las llamadas que la voz. Entonces dejó la sala, anciana como está, acompañada de una asistente terapéutica mientras la presidenta del Tribunal Oral Federal 6, María del Carmen Roqueta, anunciaba el comienzo del sonido, esa voz, que repuso en el presente de la sala el tono insoportable de algo parecido a un infierno.

“Hablale, hablale a papá, hablale, decile, porque le mienten”, se alcanza a escuchar desde el fondo. “Ahora estamos otra vez lejos..., mamá”, dice casi sin aire. Algo de un enojo, porque alguien “no va a buscar a mi hijo”, se oye en medio de la conversación de uno o dos minutos durante la cual madre e hija quieren sentirse. La madre pide perdón por haberle dicho algo sobre el destino de ese hijo, acaso las noticias del robo, porque “yo tenía que decirte la verdad”. Mientras se intuye una despedida, Cecilia pierde el tono de madre para decirle casi desesperadamente que por favor sepa, que “te queremos con nosotros, pensá que yo estoy sola y que puedo irme a cualquier lado del mundo”.

Las grabaciones estremecieron al mundo político en los primeros meses de la democracia como vuelven a hacerlo en este mismo presente. La hija de Cecilia desapareció el 13 de julio de 1977, con un embarazo de cinco meses, y esas grabaciones –a tantos años del secuestro– eran la voz de esos desaparecidos que seguían hablando desde algún espacio del tiempo. A esa altura, sus familiares sabían poco de lo que había pasado con ella. Un grupo de sobrevivientes dijo que había pasado en algún momento por la ESMA, que ahí había tenido a su hijo y había sido atendida por Jorge Luis Magnacco, el doctor de la muerte. Después, todo el mundo perdió sus rastros hasta los primeros llamados en octubre de 1983, cuando aún los dictadores manejaban la Casa Rosada. En los llamados, que fueron ocho en total, ella decía que había todo un grupo de sobrevivientes, que seguían secuestrados y pedían dinero para un rescate.

La historia

Hugo Reinaldo Penino y Cecilia Viñas Moreno de Penino eran de Mar del Plata, pero en 1977 estaban instalados en Buenos Aires. El 13 de julio de 1977 los secuestraron del departamento donde vivían en la calle Corrientes al 3600 y el portero del edificio identificó a la patota como de Coordinación Federal. Pese a que no hay certezas porque tampoco hay testigos, la abogada Alcira Ríos –cabeza de la querella de este tramo de la causa– está convencida de que primero estuvieron secuestrados en la Base de Submarinos y Buzos Tácticos de Mar del Plata y que desde ahí –como sucedió en la mayor parte de los casos– los marinos trasladaron a Cecilia Viñas Moreno a parir a la ESMA. “Como cada arma se hacía cargo del destino de los niños de los desaparecidos que ellos secuestraban, ellos mandaron de nuevo a Cecilia a Mar del Plata y entregaron al niño.”

El niño es Javier Gonzalo Penino Viñas, apropiado por el marino Jorge Vildoza, jefe del grupo de tareas 3.3.2 de la Escuela Mecánica de la Armada hasta 1979, echado por ladrón y quien pese a tener pedido de captura sigue en libertad. La casa de las Abuelas de Plaza de Mayo recibió cinco denuncias sobre el posible paradero de Javier luego de la apropiación, entre ellas, llamaron los amigos de los hermanos de crianza, los más grandes, que eran jóvenes de 18 años cuando él cumplía los cinco.

“No necesitaban siquiera hacerle el ADN para saber que no era quien decían que era”, dijo su abuela Cecilia en la audiencia. Decían que ese niño no podía ser hijo de esa “señora mayor que parecía una abuela” y de ese militar que aparecía en una foto de la casa. Cuando uno de ellos vio la foto de cinco años de una prima de Javier, quedó impactado: sería él si no fuera una nena, explicó.

¿Tuvo conversaciones con él?, preguntó la jueza María del Carmen Roqueta. “Yo evité siempre perturbarlo o molestarlo –dijo la abuela–; la jueza Servini nos pidió que no le pidamos más de lo que puede dar. Yo esperaba que me llamara o viniera. En mi casa, conoció a la prima. Vino a un cumpleaños mío en el que estábamos todos y yo por eso tengo esa sensación de que él sabe quién es y que cada vez que se mira al espejo va a ver la cara del padre y de la madre, porque tiene los ojos de la madre, los rulos del padre, camina como su tío, es impresionante cómo se parece a la prima, que es la que más se parece a mi hija.”

El día del cumpleaños de la abuela, él no llegó con un regalo cualquiera. “Yo tenía un gato que cuando quería salir levantaba la patita para hacer ruido con la llave. El observó un día al gato y me dijo: ¿le puedo abrir la puerta? ¡¿Y qué me regaló?! –explicó en la sala–: un almanaque en inglés con gatos en el campo, cada hoja del almanaque tiene gatos distintos, unos con ponnies, otros con conejos, algo que me produjo mucha emoción porque no me compró bombones, pensó en mi gato.”

Javier todavía vive en Londres. “A Vildoza yo quisiera que lo encuentren porque es como cerrarle a mi nieto la posibilidad de saber quién es quién: que él es Javier Penino Viñas y que si tiene un hijo un día podría ponerle el nombre con toda tranquilidad.”

La sala

Once días después de la asunción de Raúl Alfonsín, a las 6 de la mañana, Cecilia llamó por primera vez a su padre a Buenos Aires. Le dijo que no se preocupara, que era ella, y preguntó qué pasaba que su madre no contestaba el teléfono en Mar del Plata. También ahí le habló del dinero, que viajara con mucho dinero a Mar del Plata. “Mi hijo me llamó para contarme”, dijo Cecilia. “Imaginen el impacto después de siete años de desaparecida, nos fuimos con mi marido a Mar del Plata”. La segunda llamada fue el 5 de enero. “Mi hijo me había preparado un chupete y la grabamos”, dijo la mujer. “Ella tenía que llamar en una fecha determinada, pero no lo hizo y ahí me contó que estuvo enferma: ‘Me tuvieron que llevar a la enfermería’”. Cecilia preguntó cómo era que podía llamar: “De noche hay muchachos buenos que me marcan el teléfono, de día hay otra gente, respondió”.

Cuando Cecilia dejó la silla, la sala empezó a escuchar la voz en directo de su hija. Una sola grabación de las ocho llamadas que mantuvo la familia. Una cinta cuya existencia se conoció en esos años porque la noticia empezaba a difundirse y la familia entendió que era lo mejor. Pero la difusión clausuró las negociaciones. Mientras el ex ministro Antonio Tróccoli puso la investigación en manos de Coordinación Federal como si fuese una fuerza de la democracia, las llamadas terminaron: Cecilia sigue desaparecida. Y una causa en Mar del Plata permite probar en este tiempo que el centro clandestino funcionó hasta 1984.

lunes, 6 de junio de 2011

El blanqueo de las apropiaciones

Testimonios de abuelas.

La declaración de Irma Rojas volvió a plantear el vínculo del Movimiento Familiar Cristiano con el Ejército en la entrega de hijos de víctimas del terrorismo de Estado. También declararon Mirta Acuña de Baravalle y Angélica Chimeno.

 Por Alejandra Dandan

Empezó la semana de las abuelas. En el juicio oral por el plan sistemático de robo de bebés esta semana declararán varias Abuelas de Plaza de Mayo que hasta ahora no lo hicieron. Ayer lo hizo Irma Rojas, que recuperó a su nieta María Belén en julio de 2007. Su testimonio, plagado de intentos por recordar aquello que la memoria parece dispuesta a llevarse, reabrió la trama sobre el vínculo del Movimiento Familiar Cristiano con el Ejército, en la entrega y apropiación de los niños de las víctimas del terrorismo de Estado. También hablaron Mirta Acuña de Baravalle y Angélica Chimeno.

La nieta de Irma Rojas trabaja en la casa de las Abuelas de Plaza de Mayo de la provincia de Córdoba. El Movimiento Familiar Cristiano intervino en el blanqueo de esa adopción como parte de la tarea constante que mantuvo con el Ejército. El vínculo sobre el que aún trabajan los abogados de Abuelas incluyó una relación estable en la que el Ejército entregó a este sector de la Iglesia parte del trabajo de las apropiaciones-adopciones que ellos llevaban a cabo e incluía entrevistas con posibles adoptantes. Un vínculo que explica, por ejemplo, la presencia de monjas en centros clandestinos como Campo de Mayo.

Esos datos que Irma conoce o conoció en algún otro momento ayer no los recordó. Ella tiene más de 75 años, y ya en la Conadep declaró lo que sabía de lo que sucedió en los años de la dictadura con su hijo Horacio Altamiranda y su nuera Rosa Luján Taranto. Aquella vez dijo que estuvieron en El Vesubio, que su nuera estaba embarazada de siete meses cuando se la llevaron, pero ahora algo de su memoria le juega una mala pasada. Cuando la audiencia parecía terminada, la presidenta del Tribunal Oral Federal 6 descomprimió los nervios. María del Carmen Roqueta le dijo que la declaración estaba finalizando y le preguntó si todavía quería decir algo. En ese momento, cuando las presiones se fueron, Irma empezó a recordar. “La trasladaron del Vesubio a Campo de Mayo –explicó sobre su nuera–. Ya estaba descompuesta, la llevaron ahí, me dijeron que cuando volvió no sabía si había tenido una nena o un varón, pero me dijeron que dijo: ‘lo único que escuché es el llanto de mi hijo’.”

El hijo y la nuera de Irma eran militantes del ERP. “¿No sé si se puede decir?”, dijo cuando Roqueta le preguntó sobre la participación en alguna organización política detrás de un intento de identificación que parece parte del camino que se abre en los juicios para recuperar las historias políticas de los desaparecidos. “Estaban en el ERP –dijo Irma–, pero ahora si me preguntan qué es, yo no sé.”

Horacio y Rosa Luján tenían dos hijos pequeños y vivían en Florencio Varela. “A ellos los secuestraron el 13 de mayo de 1977 en su propio domicilio”, dijo Irma. “Yo me entero porque una vecina vino a mi casa con los dos chicos de mi hijo, pensé que se habían descompuesto.” Con su hijo y su nuera, la patota se llevó también a una hermana de Rosa Luján por unos días. “En ese momento yo no sabía qué pensar”, dijo Irma. “El 15 yo salgo a caminar por muchos lugares: hospitales, pregunto en comisarías; entonces me dijo una persona que estaba ahí: ‘¿Por qué no se va al Ejército?’. Voy a mi casa y mi marido me dijo: ‘Bueno, si vos querés, andá’, porque él trabajaba, yo también, pero abandono mi trabajo para buscar a mi hijo y mi nuera y hasta me he animado a entrar a los hospitales y preguntar en la morgue por cualquier motivo, por si habían tenido un accidente.”

En medio de esa búsqueda llegó alguna vez a Campo de Mayo con fotos de sus desaparecidos. Uno de los colimbas le aseguró que los había visto adentro, que no lo comprometiera, pero eso bastó para que ella volviera por lo menos tres veces. “Quiero que me digan la verdad”, le dijo a quien la atendió. “Quiero saber, lo que sea, si están mal, o no, lo que sea.”

Irma no supo dónde estuvieron hasta años después. “Unicamente puedo contar lo que caminé para buscarlos a ellos y nunca supe nada, hasta el día de hoy, ni siquiera puedo tener el cuerpo de ellos. Nada nada nada.” Durante una marcha con las Abuelas, se le acercó una sobreviviente de El Vesubio para decirle que había estado con Rosita; le habló del traslado a Campo de Mayo y del nacimiento de una niña. “También me acuerdo ahora de que esa chica me dijo algo, no sé si del Día del Padre, pero que en ese momento traen a todos los maridos y mi hijo, pobre, se pone a llorar, se arrodilla donde está ella para darle tres besos a la panza de mi nuera, diciendo: ‘Quiero que mi hijo nazca bien’.”

María Belén siempre supo que había sido adoptada. Alguna vez, mientras trabajaba a una cuadra de la casa de las Abuelas en Córdoba, se acercó a hacer una consulta pero no volvió más. Mientras tanto, avanzó una causa judicial en paralelo en Buenos Aires, instruida por María Romilda Servini de Cubría, que fue quien finalmente la llamó para que se extrajera sangre en el Banco Nacional de Datos Genéticos y luego presentó a abuela y nieta en el despacho. Irma está convencida de que la adopción se hizo de buena fe, pero todavía no entiende cómo es que la madre adoptiva de María Belén no se preguntó nada cuando le dijeron que la niña había nacido en Campo de Mayo. “Yo no sabía que era hija de desaparecidos”, le explicó Ana, aquella mujer. “Pero si a usted le dicen que la criatura viene de Campo de Mayo, ¿qué pensaba?”, dijo Irma. Pero ella insistió: “Yo no pensaba nada”.


Después de Irma, Mirta Acuña de Baravalle ocupó el lugar de los testigos y no paró de hablar desde que le hicieron la primera pregunta. Especialmente se detuvo en el absurdo, ese camino en el que las Abuelas se inventaban las formas de burlar a la represión para reunirse o se venían una y otra vez con jueces y representantes de la Iglesia que llegaron a decirle a Mirta, cuando ella habló del embarazo de su hija, que no fuera anticuada porque las jóvenes de hoy piensan en los abortos.

Ella jugaba al scrabel en la casa de San Martín con su hija y su yerno, el 27 de agosto de 1976. El que perdía cebaba mate. “Esos éramos los terroristas que buscaban”, dijo. Su hija no sólo estaba embarazada de cinco meses; ese día se hizo el último control médico con un obstetra que la había felicitado por cómo iba el embarazo. Después no tuvo más pistas. “Tomábamos un tren e íbamos buscando a ver dónde había distritos militares para ver dónde podía estar nuestro yerno, a ver qué pasaba.” Y dijo: “Viajábamos tanto a La Tablada, a Paso del Rey. No importaban los lugares, nosotras nos juntábamos donde podíamos y para que fuera bastante invisible nos encontrábamos en lugares muy lejanos, de alguna manera no estábamos todavía acostumbradas a eso de estar en lugares que no conocíamos, pero lo hacíamos sabiendo que podían dar su frutos esos encuentros”.

domingo, 5 de junio de 2011

Bergoglio en su laberinto

 Por Carlos Pisoni *

Un nuevo hecho de impunidad vuelve a marcar la siniestra y cómplice relación entre la Iglesia Católica argentina y la dictadura cívico militar: el cardenal Jorge Bergoglio fue citado a declarar en el marco del juicio a genocidas por el plan sistemático de robo de hijos de desaparecidos.

Bergoglio fue convocado en calidad de testigo, a partir del testimonio de Estela de la Cuadra, hija de una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, quien además sigue buscando a su sobrina, Ana. En el marco del juicio a cargo del Tribunal Oral y Federal (TOF) número 6, Estela manifestó que el cardenal estaba al tanto de su caso y que a través de sus gestiones pudo saber que su hermana Elena había parido una nena. “¿Por qué no lo citan? ¿No amerita que diga qué pasó con Ana de la Cuadra?”, dijo ante los jueces.

Estela dio detalles sobre la búsqueda de su sobrina, arrebatada de los brazos de su madre, mientras estaba secuestrada en la comisaría 5ª de La Plata. “¿Qué pasó con Ana? ¿Qué pasó con todos los niños?” Sobre esto debería hablar Bergoglio y eligió hacerlo por escrito, de espaldas a la sociedad, evitar ir a una audiencia pública.

El cardenal huye de la Justicia. Ya se había excusado de presentarse a declarar en la megacausa ESMA, aunque el TOF 5, haciendo una excepción a la regla, decidió ir hasta el Episcopado a tomarle declaración, en la que sostuvo que se enteró de la apropiación de menores hace tan solo diez años, algo que se contradice con la declaración de Estela de la Cuadra.

Ahora, en la causa por el plan sistemático, vuelve a las evasivas, esta vez amparándose en el artículo 250 del Código Procesal Penal, que justifica a los altos dignatarios de la Iglesia a declarar por escrito, siendo así el único testigo que lo ha hecho por esta vía en esta causa. Tiene motivos para huir y no enfrentarse a la mirada de las familias que buscan a los hijos de desaparecidos que fueron robados al nacer y que hoy podrían tener su verdadera identidad si gente como Bergoglio diera la información que tiene.

Tal como investigó y denunció este diario, y como lo hizo en su momento el ex presidente del CELS Emilio Mignone, hay pruebas más que suficientes para que el cardenal tenga que dar cuentas ante la Justicia por su actuación durante la dictadura. Al caso de De la Cuadra se le suma el de los jesuitas, entre los que se encontraban Jalic y Yorio, secuestrados, torturados y detenidos en la ESMA, y posteriormente liberados por la presión internacional. Las víctimas y sus familiares, así como los archivos desclasificados, complicaron al cardenal y lo relacionaron con el secuestro de sus discípulos jesuitas. Otro hecho, relacionado con el anterior, la desaparición de siete catequistas militantes de la JP, entre los cuales había dos embarazadas que también estuvieron en la ESMA, guarda un manto de sospechas aún mayor.

Bergoglio propone el perdón y la reconciliación. Bergoglio propone el olvido: no revisar el pasado. Tiene motivos para hacerlo: está en su laberinto. Veremos si el Poder Judicial, como ha hecho hasta aquí, sigue indicándole la salida o si finalmente seguirá ejerciendo la religión, pero tras las rejas.

* Integrante de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (Hijos).

Revocaron la prisión domiciliaria de un condenado por violaciones a los derechos humanos

Lo resolvió el TOF1 de La Plata. Se trata de Omar Alonso, condenado en diciembre del 2010 a la pena de 10 años de prisión por retención y ocultamiento de una niña sustraída antes de los diez años de edad, alteración de estado civil y falsedad de documento

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Plata N° 1 revocó la prisión domiciliaria de Omar Alonso, condenado a diez años de prisión en diciembre del 2010 por los delitos de retención y ocultamiento de una niña sustraída antes de los diez años de edad, alteración de su estado civil y falsedad ideológica de instrumento público.

El condenado se encontraba detenido en su domicilio, pero ante pedidos de la fiscalía y la querella, y luego de analizar una serie de exámenes médicos ordenados al Cuerpo Médico Forense, los jueces resolvieron “que Alonso puede y debe cumplir su condena en un establecimiento carcelario común, que cuente con la infraestructura necesaria para atender las patologías que presenta”.

“Por todo ello, entendemos que corresponde revocar la detención domiciliaria que actualmente goza Omar Alonso y por lo tanto oficiar al Complejo Penitenciario II de Marcos Paz del Servicio Penitenciario Federal para que lo aloje en ese establecimiento carcelario, en un sector acorde a su situación de salud, debiendo realizarse un exhaustivo y periódico control sobre el estado de salud del nombrado”, agregaron.

viernes, 3 de junio de 2011

Ordenan la extracción de sangre o saliva pero limitan los casos para comparar

La Corte se queda con la palabra final

La Cámara de Casación Penal ordenó que Marcela y Felipe Noble Herrera se sometan “a la extracción directa, con o sin consentimiento, de mínimas muestras” para obtener ADN, pero sólo con un grupo restringido de familias de desaparecidos.

 Por Irina Hauser

La Sala II de la Cámara de Casación Penal ordenó que Marcela y Felipe Noble Herrera, los hijos adoptivos de la dueña de Clarín, se sometan “a la extracción directa, con o sin consentimiento, de mínimas muestras de sangre, saliva, piel, cabello u otras muestras biológicas” que les pertenezcan de “manera indubitable” para poder determinar si son hijos de desaparecidos. El tribunal, así, hizo lugar a un reclamo de las Abuelas de Plaza de Mayo y movió un casillero una causa judicial que ya lleva diez años de indefinición. Sin embargo, simultáneamente, fijó un límite y sólo habilitó la comparación de los perfiles genéticos de los jóvenes con el ADN de las familias de personas “detenidas o desaparecidas con certeza” hasta el 13 de mayo de 1976, en el caso de Marcela, y hasta el 7 de julio del mismo año en el de Felipe. La obtención del material genético no será inmediata, ya que algunas de las partes apelarán y el tema inevitablemente desembocará a la Corte Suprema, que tendrá la palabra final sobre la discusión de fondo.

“Es una de cal y otra de arena, es querer quedar bien con Dios y con el diablo”, resumió la presidenta de Abuelas, Estela Carlotto, su primera impresión de la resolución que firmaron Guillermo Yacobucci, Luis García y Raúl Madueño. Aun así la evaluó como “un paso importante” porque determina que “sí o sí la extracción de sangre o de elementos que contengan ADN debe proceder”. “Lo que nos cayó mal”, acotó, es “la limitación” temporal que permitirá que la comparación se haga sólo con un grupo de familias. “Seguimos con la historia de que acá hay de primera y de segunda. ¿Por qué todos los demás casos siempre se han comparado con el Banco (de Datos Genéticos) completo y en éste no?”, se preguntó.

En diciembre último la jueza Sandra Arroyo Salgado, a cargo de la causa en la que se investiga la identidad de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble, dispuso que se les haga una extracción de sangre, pelos o saliva que fuera voluntaria o se transformara en compulsiva si ponían reparos. Los jóvenes apelaron ante Casación, segundo tribunal del país, después de que la Cámara de San Martín avalara a la jueza.

La magistrada había dispuesto el análisis forzoso como consecuencia de una sucesión de irregularidades que impidieron que se obtuviera un perfil genético “indubitable” de Marcela y Felipe. En mayo de 2010 había mandado a secuestrarles prendas de vestir en un allanamiento en el que la policía los dejó solos durante unos veinte minutos, lo que generó fuertes dudas sobre la ropa incautada que, de hecho, tenía impregnado ADN de varias personas de distinto sexo. Algo similar ocurrió en un procedimiento en 2009, ordenado por el juez Conrado Bergesio, quien además admitió una muestra de sangre y saliva que los jóvenes entregaron por su cuenta en el Cuerpo Médico Forense y con la condición de que sólo se compararan con dos familias querellantes, ya que desconocen el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) que interviene por ley. El problema no sólo fue el mecanismo que usaron, sino que Bergesio no tomó recaudos para la conservación de las muestras.

La lectura del fallo fue televisada y la hizo Yacobucci, quien preside la Sala II de Casación. En pocos minutos punteó las dos disposiciones claves: la que respalda la orden de Arroyo Salgado para obtener “con o sin consentimiento” muestras de sangre u otros tejidos, basándose entre otras cosas en que la ley vigente (conocida como ley de ADN) otorga suficientes garantías “de protección”, y la que establece que los datos genéticos obtenidos sólo se podrán comparar con los aportados al BNDG “por parientes de personas detenidas o desaparecidas –con certeza (sic)– hasta el 13 de mayo de 1976” en el caso de Marcela, y hasta el 7 de julio de 1976 en el caso de Felipe. Las fechas elegidas son aquellas en que se dispuso –en teoría– la entrega judicial en guarda de los niños a la dueña de Clarín. Una se corresponde con el acta del día en que Herrera de Noble se supone que se presentó en el juzgado diciendo que había encontrado a la beba en una cajita. La otra coincide con el acta de la aparición de una mujer, Carmen Luisa Delta, que manifestaba su voluntad de dar un bebé en adopción, aunque el ex juez Roberto Marquevich constató que nunca existió una persona con ese nombre y que el número de documento consignado era de un varón. Según los datos de Abuelas, las familias comprendidas en el período definido por los camaristas son unas veinticuatro.

Las dos caras del fallo despertaron desconcierto entre las Abuelas, sus abogados, los fiscales, los nietos recuperados presentes entre el público, Madres de Plaza de Mayo y otros organismos de derechos humanos que llenaron el recinto. Marcela y Felipe Noble Herrera no fueron a la audiencia.

Al pasar en limpio el resultado, el abogado de Abuelas, Alan Iud, le dijo a Página/12: “Nos dieron la razón en el principal punto en discusión al establecer que se puede determinar la identidad de alguien contra su voluntad, incluso llevándolo por la fuerza pública al BNDG. Cualquier persona presuntamente hija de desaparecidos se debe realizar los análisis de ADN, es lo que dice la ley. El fallo dice que es un procedimiento constitucional y acorde a la jurisprudencia internacional”. “El punto negativo –alertó– es la limitación para comparar el ADN. No vemos fundamentos para tener por ciertas las fechas en que se dispusieron las guardas a favor de Herrera de Noble siendo que surgen de expedientes que contienen elementos falsos. Además, el objeto de investigación definido por la fiscalía y la jueza es verificar si son hijos de desaparecidos, no si son hijos de desaparecidos nacidos en 1976 o de tal o cual familia.”

“Es un fallo con trampa, envenenado, un retroceso”, advirtió el abogado Pablo Llonto, que representa a las familias García-Gualdero y Miranda Lanuscou. “Primero muestran el dulce y admiten los estudios de ADN ordenados por Arroyo Salgado, pero después inventan un límite que no estaba en discusión porque nadie lo había planteado. Y lo hacen dándole crédito a un expediente de adopción objetado de punta a punta”, dijo. Según Llonto, “también traerá problemas la frase que hable de comparar con familiares de personas desaparecidas con ‘certeza’ en tal fecha. Es una expresión envenenada, que dará pie a más planteos. Por ley la comparación debe hacerse con todas las muestras del BNDG”.

Los abogados de Marcela y Felipe difundieron sus propias quejas. Dijeron que la resolución es “inconstitucional” y”desconoce la jurisprudencia de la Corte Suprema”, adonde apelarán según anunciaron (ver aparte). El abogado Llonto también irá al máximo tribunal. El equipo jurídico de Abuelas evalúa alternativas, igual que los fiscales. La discusión desembarcará como sea en los despachos supremos, que en 2009 falló sobre los estudios de ADN en casos distintos del de los hermanos Noble Herrera y antes de que se aprobara la ley que habilitó a los jueces a disponer análisis compulsivos. Carlotto anticipó: “Como no hay tiempos, ahí (en la Corte) empieza otra guerra, a ver si se expide rápido o no”.

jueves, 2 de junio de 2011

Amplia cobertura informativa de ciertos organismos

Detalloso informe del alegato del CELS y de Abuelasa
La maternidad clandestina

Carolina Varsky, del Centro de Estudios Legales y Sociales, pidió que el fallo reconozca por primera vez que en la Escuela de la Armada funcionó una maternidad clandestina. Hicieron eje en el abuso a las mujeres secuestradas.

 Por Alejandra Dandan

El desmenuzamiento y rearmado de la intrincada organización de la Armada a la luz de las nuevas pruebas, el rol de la Escuela de Mecánica como centro clandestino y estructura burocrática de la represión fueron ejes que abordó el Centro de Estudios Legales y Sociales como cabeza de querella en la primera jornada de alegatos pronunciados ayer en el juicio oral por los crímenes en la ESMA. El CELS incluyó además un pedido para que el Tribunal Oral Federal 5 reconozca en su fallo, y por primera vez judicialmente, la maternidad clandestina en la ESMA. Pidió además la apertura de una investigación autónoma por los delitos de violencia de género y compuso un cuadro estremecedor con la presencia de los hijos secuestrados con sus padres en el centro de exterminio y usados como herramienta de coerción.

Cada alegato reúne el cúmulo de pruebas del juicio y la lectura final compone de un modo nuevo cada circuito. El CELS alegó en representación también de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Abuelas y, entre otros, de Lilia Ferreyra, la compañera de Rodolfo Walsh. La abogada Carolina Varsky dio por acreditada la responsabilidad de los 18 procesados por delitos de lesa humanidad, celebró “el tramo final de un juicio sin dudas histórico”, pero acentuó que a la Justicia argentina le falta un largo camino: “Llega demasiado tarde para muchas víctimas y sus familiares que murieron sin poder alcanzarla”.

Uno de los aportes de la reconstrucción de la ESMA –con un andamiaje todavía enmarañado por la lógica clandestina, la destrucción de información y los falsos relatos de los imputados– se hizo a partir del cruce de reglamentos, documentos y después de limpiar las declaraciones de los imputados. Eso permitió empezar a construir tal vez hipótesis finales. Entre otros aspectos sobre la estructura y por qué sus responsables, por ejemplo, ocuparon cargos de jerarquía superior cuando tenían grados menores. “Es sabido que aún después del 24 de marzo de 1976, las tres fuerzas mantenían diferencias entre sí: especialmente el Ejército y la Armada”, dijo Varsky. “Videla, Massera y Agosti acordaron repartirse el poder con un esquema de 33 por ciento para cada arma. Los navales retuvieron dos ministerios de mayor gravitación: Relaciones Exteriores y Bienestar Social, impusieron a un civil en Educación, en algunas gobernaciones e intendencias de sus principales unidades como Bahía Blanca y Ensenada, entre otras”, dijo Varsky. Después del 24 de marzo, esa “lucha por el poder se acrecentó y cada arma libró su propia guerra contra la subversión, tratando de ganar espacio político sobre las otras: se mostraban unidos e indisolubles para la comunidad aunque se pateaban los tobillos debajo de la mesa”. Dentro de esta competencia interfuerzas, “la Armada concibió la idea de forzarle la mano a Videla con la política exterior y obtuvo la complicidad de la Fuerza Aérea: la forma en que la Armada llevó adelante su cometido fue a través del GT 3.3 con asiento en la ESMA”.

En ese esquema de lucha entre las fuerzas, muchos marinos con rango de oficiales superiores pasaron a ocupar tareas en la administración pública. “Con lo cual –dijo Varsky–, los oficiales subalternos debían ocupar lugares de excepción”, dijo la abogada sobre una lógica que explicó el rol que tuvieron Jorge “El Tigre” Acosta o Adolfo Miguel Donda que en su coartada dijo: “Yo no era miembro del Estado Mayor, era miembro de la facción Operaciones”.

Agustín Chit, en representación de Abuelas de Plaza de Mayo, fue quien pidió el reconocimiento de la maternidad clandestina que funcionó como tal en el Casino de Oficiales. “El objetivo principal –dijo– fue garantizar que las mujeres cautivas en estado de gravidez llegaran a término y dieran a luz a sus hijos, para luego separarlos de sus madres y entregarlos a terceros, sustituyendo así sus identidades.”

También él a la luz de los datos del juicio rearmó el funcionamiento del lugar: por la maternidad también llamada “Sardá por izquierda” o “la Sardá de Chamorro”, dijo, pasaron embarazadas de la ESMA y de otros centros; con controles compartidos con miembros del centro de proveniencia y niños que en general eran entregados a las Armas de origen. Hubo una primera etapa con embarazadas alojadas en “capucha” con grilletes, esposas y capuchas a pesar del estado de gravidez. Y una segunda desde 1977 con partos en “la pieza de las embarazadas” y atención diferencial, como recibir una fruta en medio del horror. En ese momento, hubo médicos designados y enfermeros: entre otros Jorge Luis Magnacco, jefe del servicio de Ginecología; Carlos Octavio Capdevilla, Rogelio José Martínez Pizarro.
Niños en cautiverio

El alegato se detuvo especialmente en los niños secuestrados con sus padres. Utilizados como “objeto de coerción durante las sesiones de tortura a las que fueron sometidos sus padres”, dijo Carolina Varsky. Entre otros recordó a Ana María Martí, secuestrada con sus hijos de 6 y 8 años: “Me decían que era una mala madre, que era mi culpa. Prácticamente perdí la razón, mis compañeros de la pecera trataban de controlarme”. Ella fue quien pidió por ellos al coronel Roualdes: “¡Le imploré que no mataran a mis hijos!” Cuando volvió a verlos: “Estaban muy mal, flaquitos, desesperados”. Otro caso simbólico es de Carlos Gregorio Lorkipanidse. Durante la tortura, Azic le arrancó el bebé a su mujer que estaba en el cuarto de al lado. Entró a la habitación donde estaba él y le dijo: “Si no cantás, le vamos a reventar la cabeza contra el piso”. Puso al niño sobre el pecho y pasaron corriente eléctrica: “El bebé llora y dura varios minutos. Y escucho que Liliana grita: ‘Con el bebé no, hijos de puta’”.
Violencia de género

Como en otros juicios orales y como lo hicieron otras querellas en la ESMA, el CELS pidió que se separen las declaraciones de violencia de género para impulsar una investigación como delito autónomo. “Los delitos contra la integridad sexual configuraron una más de las prácticas aberrantes a las que fueron sometidos la gran mayoría de los detenidos y detenidas”, dijo Varsky. En la ESMA, las agresiones de índole sexual fueron sistemáticas, dijo. Pese a que ninguna de las víctimas de este tramo del juicio denunció ser sexualmente abusada, lo hicieron las y los sobrevivientes que declararon como testigos. Varsky habló de las particularidades de ser mujer en la ESMA: la esclavitud sexual; las obligadas a mantener relaciones sexuales estables con los oficiales de la UT 3.3.2; los abusos sexuales sobre la vulnerabilidad psíquica y mental de la víctima y la idea de “feminizar a las víctimas como señoras” en el proceso de resocialización. “Siguiendo a Catherine McKinnon en Are Women Human? –explicó–, podemos decir que la violencia sexual y su máxima expresión, la violación sexual sistemática, no sólo inflige un daño físico y mental severo sino que, por ser sistemática e impuesta como una condición de vida, es destructiva.”

lunes, 30 de mayo de 2011

"Los milicos elegían a los bebés por el color de piel o de ojos de sus madres"

Médico Magnacco
Abuelas denunció que "los milicos elegían a los bebés por el color de piel o de ojos de sus madres"

La vicepresidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa Roisinblit, reveló que las embarazadas secuestradas en la ESMA eran obligadas a formar en fila para que las futuras apropiadoras de sus bebés pudieran "elegir el tipo de criatura" que iban a adoptar de manera ilegal una vez que nacieran.

"Las esposas de los milicos iban a ver esas formaciones para ver a las madres y poder elegir el tipo de criatura que se iban a llevar, según el color de los ojos o de la piel de las madres", contó Roisinblit al declarar en una nueva audiencia del juicio oral y público por el Plan Sistemático de Robo de Bebés durante la última dictadura. A los 90 años, con un relato ordenado y vivaz, la vicepresidenta de Abuelas acusó al médico Jorge Luis Magnacco, por haber asistido al parto de su hija detenida-desaparecida Patricia, en noviembre del '78, cuando nació su nieto Guillermo, a quien pudo recuperar recién en el año 2000. "Todo lo que cuento acá lo sé porque hay sobrevivientes que lo vieron, como Sara Osatinsky, que estaba en la cabecera del parto, y Ana María Larralde, que le aplicó el goteo para acelerar el trabajo previo", abundó Roisinblit, quien dijo el sótano de la ESMA era conocida como "la pequeña Sardá".

Patricia Roisinblit y su marido Rodolfo Pérez Rojo fueron secuestrados el 6 de octubre de 1978 y llevados presuntamente a la Mansión Seré, el centro de detención ilegal que manejaba la Fuerza Aérea en Castelar, pero la mujer fue trasladada a la ESMA pocos días antes del parto, contó su madre ante el Tribunal Oral Federal 6, que preside María del Carmen Roqueta, y que juzga, entre otros, a los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone; al jefe operativo de la ESMA, Jorge "el Tigreö Acosta, y al mencionado Magnacco, quien asistió los partos y firmó los certificados de nacimiento falsos. Tras el parto de Patricia, el pequeño fue entregado al matrimonio integrado por Francisco Gómez, personal civil de la Fuerza Aérea, y su mujer, Teodora Yofre, entonces empleada doméstica de un alto oficial de esa fuerza, hecho por el que fueron juzgados y sentenciados.

En casi dos horas de exposición, la vicepresidente las Abuelas contó los orígenes de la querella por la apropiación sistemática de hijos de desaparecidos, los respaldos que recibió la organización de diferentes países, en especial de Canadá y Alemania, y los viajes que realizó denunciando lo ocurrido en la ESMA. "Al Papa Juan Pablo II nosotras le entregamos en mano la tercera carpeta acerca de nuestras denuncias. La primera se la habia entregado el Premio Nobel, Adolfo Pérez Esquivel, y él sabía de qué se trataba porque nos dijo 'oramos por ellos'".

El cardenal responderá por escrito

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, hará uso de un privilegio reservado para “altos dignatarios de la Iglesia”, y dará su testimonio por escrito en la causa en la que se investiga la apropiación de hijos de desaparecidos nacidos durante el cautiverio de sus madres.

Bergoglio hará uso del artículo 250 que establece un “tratamiento especial” para “altos dignatarios de la Iglesia”. Al momento de la citación, el pasado 9 de mayo, los querellantes se opusieron a que el cardenal hiciera uso de tal prerrogativa y solicitaron que Bergoglio acudiera a la audiencia para “garantizar la publicidad de su declaración”, así como también para responder a las preguntas de las partes. “Es un privilegio en función del credo que no puede ser aceptado”, dijo el abogado Alan Iud, quien patrocina en el juicio a Abuelas de Plaza de Mayo.

Por su parte, el embajador argentino en Colombia, Martín Balza, hizo saber al Tribunal Oral en lo Federal 5 que viajará al país en agosto y que puede declarar entonces o que está dispuesto a hacerlo por videoconferencia. Ambas respuestas fueron hechas públicas esta mañana por la camarista María del Carmen Roqueta, presidenta del Tribunal, al inicio de una nueva jornada del juicio oral y público que se sigue contra una veintena de represores.

la audiencia de la jornada, comenzó con la reanudación del testimonio de Claudia Bellingueri, una perito designada por la Comisión Provincial por la Memoria que analizó los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense La perito explicó que "las acciones que iniciaban las Abuelas en Tribunales, ante los juzgados de menores, terminaban en la Dirección de Inteligencia" y señaló que, en el caso de Laura Carlotto, hija de Estela de Carlotto, la presidenta de la entidad, "tenía copia de los expedientes completos".