Testimonio de Valeria Gutierrez Acuña, nacida en Campo de Mayo durante la dictadura

“Me costó mucho preguntar si era verdad”

Gutiérrez Acuña recién empezó a conocer su historia el año pasado, luego de enterarse de que era adoptada. En febrero pasado los resultados de ADN revelaron que sus padres fueron Liliana Isabel Acuña y Oscar Gutiérrez, que permanecen desaparecidos.

 Por Ailín Bullentini

“Fue todo ganancia para mí”, hizo su balance Valeria Gutiérrez Acuña diez minutos después de haber ofrecido su testimonio en el juicio que investiga su apropiación, entre la de otros nueve bebés nacidos en las inmediaciones del área militar de Campo de Mayo durante la última dictadura. En un primer momento, la reflexión apuntó al descubrimiento de su verdadera identidad, en febrero pasado. Pero de inmediato la hizo extensiva a la mañana de ayer, su primera declaración pública como la hija de Liliana Isabel Acuña y Oscar Gutiérrez, secuestrados en agosto de 1976 y, desde entonces, desaparecidos.

Con frases cortas y carentes casi por completo de valoración emocional, la joven mujer resumió en poco más de una hora, y por primera vez de manera pública, el giro que su vida comenzó a dar a mediados del año pasado y que completó en febrero último. Una nueva vuelta, sobre la que están en plena circulación, reserva para ella los vínculos con la “nueva familia”, tíos y primos paternos, la reconstrucción de la imagen propia a través de viejas fotografías y anécdotas eternas de los padres verdaderos y “buenos momentos”.

Sea como fuere, Valeria se deja traslucir tranquila y sencilla respecto de tantos “momentos contradictorios” por los que aún reconoció que traspasa. “Me sentí contenta con mi nueva identidad, pero fue doloroso enterarme de lo que ocurrió con mis padres”, evaluó ante el Tribunal Oral Federal N° 6 lo experimentado cuando supo “la verdad”. Con preguntas de este estilo, la querella de Abuelas de Plaza de Mayo –parte solicitante del testimonio de la joven– fue guiando el testimonio, que tuvo eje en la historia personal como nieta recuperada y no ofreció aportes sustanciales respecto de Liliana Isabel Acuña, la madre de la que fue separada al nacer y de cuyos restos no se sabe nada.

Valeria reconoció que, hasta mediados de 2013, nunca había dudado de su origen: su partida de nacimiento asegura, falsamente, que nació el 31 de diciembre de 1976 y que es hija biológica de Rita y Rubén Fernández, ella ama de casa, él policía bonaerense fallecido hace 27 años. El puntapié hacia la búsqueda lo dio su prima: “Un día me contó que mi hermano mayor era adoptado y que, cuando le preguntó a mi tía, ella le dijo que yo también lo era”. Dijo que la primera reacción fue la sorpresa, y luego el descrédito. Hasta que le preguntó a su apropiadora: “No me lo negó”, relató.

En noviembre se acercó a Abuelas de Plaza de Mayo. Desde allí, el puente con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) fue directo: en febrero pasado los resultados le revelaron que sus padres verdaderos son Liliana Isabel Acuña y Oscar Gutiérrez, y le quitaron la angustia que la acompañaba desde que su apropiadora le había revelado su verdad. “Me costó mucho preguntarle si era verdad lo que había dicho mi prima. Me habían criado con tanto amor... Cuando finalmente me animé, me dijo que no era hija suya y me contó que unos compañeros de mi papá de trabajo lo habían llamado para ofrecerle si no quería quedarse con una beba, ya que él había adoptado a un nene hacía poco –su hermano mayor, nueve meses más grande que ella–. Me dijo que esa gente me había encontrado abandonada en una ruta, que estaba muy flaquita, que era muy chiquita, que tenía diarrea. Y que ellos me aceptaron”, testimonió. Sus papás no la habían abandonado; sus papás estaban desaparecidos.

Según Valeria, Rita Fernández no supo el origen de esa beba “abandonada” a la que inscribieron ilegalmente como hija propia; tampoco quiénes ni qué fue de sus padres biológicos o de la fecha real de su nacimiento. Tal vez por eso, los únicos datos sobre ellos que Valeria pudo ofrecer cuando la Justicia le consultó fueron los pocos que su familia biológica fue otorgándole: “Sé que eran jóvenes, que eran militantes de Montoneros, que los llevaron de su casa –no recordó el domicilio–”, reseñó.
Los hermanos

Con apenas un poco más de detalle, esos datos fueron ratificados por los tíos paternos de Valeria: José y Ernesto Gutiérrez. Isa y Oscarcito se conocieron algunos años antes de que los cazara el terrorismo de Estado y para aquel día, la familia sabía que iban a ser padres. “El 26 de agosto me llamó mi mamá y me contó. ‘Se llevaron a Oscarcito, se llevaron a Oscarcito’, me gritaba. Me aconsejaron que no fuera por allá”, recordó José. Por el relato de los vecinos de la casa ubicada en Rincón y Avenida de Mayo, en San Justo, la familia se enteró de que esa madrugada unas 12 personas vestidas de civil “y con armas largas a la vista” los habían llevado en autos. Después se enteraría de que en ese momento también secuestraron a la hermana de Acuña, y a su pareja. Los cuatro permanecen desaparecidos.

Los Gutiérrez no eran peronistas, “más bien todo lo contrario”, pero el hijo mayor salió para ese lado. “Sabíamos, pero así, por arriba, que militaba en la Juventud Peronista y que integraba la facción oeste de Montoneros”, contó José. El relato de los hermanos, ayer, coincidió en la búsqueda “incansable” del matrimonio, no sólo por el hijo, sino también por el nieto y la nuera. “Mi papá anotó cada cosa que hizo, por día, por hora, en un cuaderno”, reveló José. Esas anotaciones forman parte de la causa, como prueba.

Allí, por ejemplo, están eternizados los diálogos que José Gutiérrez padre mantuvo con un policía de la Comisaría Cuarta de San Isidro o Las Barrancas, según se lo analice como institución legal o centro clandestino de detención. El hombre fue quien acercó un mensaje de 14 detenidos clandestinos allí encerrados a sus familiares: “Señor, le pedimos por favor avisar a nuestros familiares que estamos con vida”, comenzaba el texto escrito en un pequeño papel con los 14 nombres. Entre ellos, figuraban los de Oscar e Isabel, con mención a su embarazo, y los de Eva, su hermana, y esposo. Gutiérrez padre también registró en ese cuaderno la escueta respuesta que recibió de Jorge Rafael Videla, que en 1977 lo recibió en una reunión privada en Santa Cruz de la Sierra: “Lamentablemente, doctor Gutiérrez –el hombre fue cirujano–, ni usted ni yo vamos a saber nunca el destino de sus hijos”, apuntó el hombre. Para José, su padre entendió el mensaje: “Videla sabía, todos ellos sabían que las familias nunca íbamos a encontrar a nuestros desaparecidos”.

Del nacimiento del hijo de Oscar e Isabel la familia no tiene datos: “No sabemos realmente en dónde ni cuándo pudo haber nacido”, remarcó José frente al tribunal. Sin ir más lejos, reconoció que durante un tiempo “había perdido las esperanzas”. Por eso, la emoción se le cruzó en medio del relato y lo obligó al silencio, que rompió pocos segundos después: “En febrero, cuando me llamó Estela y me contó que Valeria nos había encontrado, que habían encontrado a la nieta 110, lloré tres días seguidos. Es una hermosa mujer, es mi hermano”.

La madre de Astiz está procesada por la apropiación de un menor

De tal astilla, tal palo
La Justicia de Mar del Plata elevó a juicio oral el expediente en el que está acusada María Elena Vázquez por retener a un menor, alterar su estado civil y entregarlo a una pareja. Aunque no se descarta, por ahora no se pudo determinar que sea hijo de desaparecidos.

 Por Alejandra Dandan

María Elena Vázquez es la madre del marino Alfredo Astiz, el Angel Rubio de la Escuela de Mecánica de la Armada. Estuvo casada con Alfredo Bernardo Astiz, también marino y ahora fallecido. A ella le decían Chichita. Vivieron en Mar del Plata entre las familias católicas. Los dos aparecen en una fotografía de 1978 que ahora está en manos de la Justicia. Es una foto tomada en las escalinatas de la parroquia de la Santísima Virgen de Mar del Plata, durante la celebración de un bautismo. Ellos están a la derecha de la imagen. No tienen lazos de sangre con ninguno de los integrantes de la familia que compone la foto. La familia sostiene a un niño, de un año de edad: el niño lleva como segundo nombre Alfredo.

La foto es una prueba clave en un expediente que acaba de ser elevado a juicio oral en Mar del Plata. El fiscal federal Pablo Larriera imputó a la madre de Alfredo Astiz por el delito de retención y ocultamiento de un menor de diez años; también por el de alterar el estado civil y el de falsedad ideológica. También imputó por esos mismos delitos a las personas que en la foto aparecen como supuestos padres del niño. Estos delitos son los mismos que suelen ser invocados en los casos de apropiación de hijos de desaparecidos, pero en este caso, y hasta ahora, la Justicia no pudo probar esa relación: los cruces de muestras con las familias de desaparecidos que constan en el Banco Nacional de Datos Genéticos dieron negativo. Aunque no descartan que eso pueda cambiar en el futuro, los investigadores tampoco descartan que el caso se encuadre en tráfico de niños, parte de la trama habitual sobreimpresa en muchos de aquellos casos del terrorismo de Estado.

El caso, por estos hechos, tiene aspectos jurídicamente novedosos no sólo por la combinación de nombres y de tramas. Sino también porque la persecución penal no está prescripta y todavía es posible porque la ley considera que el delito continúa vigente hasta que se lo hace “cesar”. Eso ocurrió en 2010, cuando el joven supo que no era hijo biológico de quienes hasta ese momento aparecían como sus padres.

“El matrimonio Capelli-Orellano crió a dicha criatura como hijo biológico y mantuvo oculto el verdadero origen hasta el conocimiento que, a partir de la presente causa, se tuvo sobre ello al obtenerse en el mes de agosto de 2010 el resultado del cotejo de ADN con las muestras hemáticas obtenidas”, dice la resolución y agrega: “Como se expresó al comienzo de este dictamen, se desconoce a la fecha la verdadera identidad de esta persona, no pudiendo descartarse atento las diversas pautas detectadas en el sumario que el mismo pueda resultar hijo biológico de personas desaparecidas”.

Los imputados son tres. Además de la madre de Astiz, está acusado el matrimonio compuesto por Carmen Angela Orellano y Mario Guido Capelli. La pareja es muy humilde. Aparentemente no podía tener hijos. Capelli había hecho trabajos de albañilería para los Astiz. Orellano hacía trabajos de limpieza. Ambos vivían como caseros en una casa de la calle Aristóbulo del Valle, en Mar del Plata.

Según los datos probados por la fiscalía, entre 1976 y 1977 María Elena Vázquez les ofreció un bebé que supuestamente era de una empleada doméstica de su casa, que no lo quería. Vázquez llevó adelante la gestión por sí misma, según dijeron los Capelli-Orellano en la causa. Y los vio al menos dos veces para concretar y coordinar la entrega del niño. La primera vez les dijo que el embarazo llevaba cinco meses y se comprometió a avisarles un mes antes del parto. Cuando llegó ese momento, volvió a verlos, esta vez en la vereda de la calle Aristóbulo del Valle. Les dijo que el niño estaba por nacer, que la madre seguía con intención de entregarlo y les pidió sus datos personales para el certificado de nacimiento.

“El 9 de marzo de 1977 los llamó por teléfono la partera llamada Armonía Rosenthal, encargada además de hacer el certificado de nacimiento. Llamó a la casa del tío de Capelli, un hombre llamado Pedro Trinarolo. Les dijo que el niño ya había nacido. Así, Orellano concurrió a una casa ubicada en la calle Balcarce 3966, eran alrededor de las nueve de la mañana. Ella estaba con una prima, Clelia Maria Trinarolli. En la casa las recibió una joven. Le preguntó si era ella, la hizo pasar y le dijo que esperara a la partera. Unos diez minutos después –dice la resolución– apareció la partera, una señora de mediana estatura, con un delantal de mucama atado atrás, de unos cuarenta años, de pelo negro y tez mate, quien tenía aspecto de ama de llaves, y les entregó el bebé y un papel con anotaciones donde estaba la fecha y hora de nacimiento, que había sido la noche anterior. La constancia tenía un sello y figuraban como padres Orellano y su esposo. Le solicitó los datos de su esposo, ya que los suyos ya estaban incorporados y le dijo que lo inscribiera a su nombre.”

El 14 o 15 de marzo de 1977, Capelli fue al Registro de las Personas de Mar del Plata. Presentó el supuesto certificado de nacimiento ante una persona de esa dependencia. El niño quedó inscripto con los datos falsos: que nació el 9 de marzo de 1977 en la calle Balcarce 3966, que el parto fue constatado por la partera Armonía B. de Rosenthal y que los padres biológicos eran Carmen Angela Orellano y Mario Guido Capelli.

Durante años, la madre de Astiz negó todo vínculo con este caso. Siempre dijo que no conocía a esta pareja. Los Orellano-Capelli para defenderse siempre dijeron que ella se los había propuesto. Y consiguieron la foto. Por eso, hoy la foto es una prueba valiosa de la causa porque a partir de ese momento la madre de Astiz no pudo negar el vínculo con ellos.

El caso empezó a ser investigado en 2006, a partir de una denuncia que recibió Abuelas de Plaza de Mayo de Mar del Plata. La denuncia la presentó Mónica Roldán, hermana Omar Tristán Roldán, secuestrado en septiembre de 1976 con su pareja Delia Elena Garaguso, que estaba embarazada de tres meses. En la denuncia, Mónica pidió que investiguen el origen del niño y a los padres de Astiz.

Dos médicos y una obstetra en el banquillo

Por Ailín Bullentini

Valeria Beláustegui Herrera llevaba apenas dos meses de embarazo cuando fue secuestrada por personal militar en mayo de 1977. La panza de Liliana Isabel Acuña era un poco más grande cuando corrió la misma mala suerte, en agosto de 1976. Tenía 24 años, cinco más que Miryam Ovando, también embarazada. El destino de todas ellas comparte, junto con el de otras seis, dos elementos fundamentales que las convierten en eje del juicio por delitos de lesa humanidad que hoy comienza bajo la dirección del Tribunal Oral Federal Nº 6 de la ciudad de Buenos Aires: víctimas del terrorismo de Estado de los ’70, parieron en cautiverio, la inmensa mayoría en la maternidad clandestina que funcionó en el Hospital Militar de Campo de Mayo, a sus hijos. El debate oral, que continúa a aquel que condenó por el plan sistemático de robo de bebés a represores que integraron las cúpulas militares de la última dictadura, analizará por primera vez la responsabilidad de médicos militares que actuaron en ese hospital en la sustracción de esos bebés y la supresión de su verdadera identidad. La querella la impulsó Abuelas de Plaza de Mayo y la Fiscalía la representará Martín Niklison.

Entre 1976 y 1980, Norberto Bianco y Raúl Martín se desempeñaron como jefes de los servicios de Clínica y Traumatología del Hospital Militar que aún funciona en Campo de Mayo. Entonces, Luisa Arroche de Sala García fue obstetra de esa institución. Su presencia entre los acusados vuelve a este juicio fundante: es la primera vez, en 38 años, que la Justicia enjuicia a profesionales de la salud castrense que actuaron en Campo de Mayo, quienes, a pesar de existir indicios suficientes de su responsabilidad, quedaron fuera de la causa que derivó en las sentencias por el Plan Sistemático de Robo de Bebés.
gew
Martín, Arroche y Bianco, quien fue condenado hace varios años por la apropiación del hijo de Norma Tato y Jorge Casariego –la sustracción también integra los casos a evaluar en este debate– y recién en 2001 fue extraditado de Paraguay, donde vivía prófugo, son los únicos profesionales de la salud castrenses que acompañan a los represores Santiago Omar Riveros y Reynaldo Bignone entre los imputados en la causa. El resto de los médicos militares que sonaron fuerte durante la instrucción de la causa, como Ramón Capecce, Jorge Habib Haddad o Julio César Caserotto, quedaron fuera de juicio por cuestiones de salud o de muerte.

Dos médicos y una obstetra serán juzgados por su relación con la apropiación de niños en la dictadura

Los doctores de los campos clandestinos

Los médicos Norberto Bianco y Raúl Martín y la obstetra Luisa Arroche serán juzgados por la apropiación de niños durante la dictadura. Se desempeñaban en la maternidad clandestina que funcionaba en Campo de Mayo.

 Por Ailín Bullentini

Por primera vez serán juzgados profesionales de la salud que participaron en partos clandestinos de concentración donde dieron a luz hijos de prisioneras que permanecen desaparecidas. Los médicos están acusados por su participación en la apropiación de los bebés de las prisioneras. Como antecedente a este juicio, en uno de los fallos judiciales por delitos de lesa humanidad más trascendentes, el Tribunal Oral Federal Nº 6 había determinado que el robo de bebés paridos por mujeres secuestradas en centros clandestinos de detención fue una práctica sistemática y generalizada del terrorismo de Estado desatado durante la última dictadura cívico-militar. Por esos crímenes, los integrantes de la cúpula militar que gobernó al país aquellos años fue severamente condenada. Dos años después, y bajo la misma mecánica, el mismo tribunal comenzará a juzgar este miércoles a integrantes del personal médico militar vinculados con la apropiación de bebés nacidos en la maternidad clandestina que funcionó en Campo de Mayo y cuyas responsabilidades no fueron analizadas en aquel mítico juicio. Cada uno en el caso que corresponda, los acusados, los médicos Norberto Bianco y Raúl Martín, y la obstetra Luisa Arroche y los represores que tuvieron a su cargo la zona, Santiago Riveros y Reynaldo Bignone, deberán responder por el robo de nueve bebés –cinco de los cuales lograron recuperar su verdadera identidad–, según el requerimiento de elevación a juicio de Abuelas de Plaza de Mayo. Las historias de los nietos recuperados Francisco Madariaga Quintela y Catalina de Sanctis Ovando serán algunas de las tratadas a lo largo del debate.

Pasaron dos años de aquel primer y emblemático acto de justicia y casi una década desde que Abuelas de Plaza de Mayo le pidió al Poder Judicial que, sin perder de vista a “los Videla, los Massera, los Riveros y Bignone”, investigara a las segundas y terceras líneas de las Fuerzas Armadas que participaron en el proceso de robo y entrega de bebés que varias mujeres parieron en el Hospital Militar de Campo de Mayo durante su cautiverio clandestino. El funcionamiento de esa “maternidad clandestina”, como la parte de la sociedad que se preocupó por que la Justicia analizara los horrores de aquellos años, rebautizó a esa institución sanitaria que aún respira recostada sobre la avenida Pablo Ricchieri de la guarnición militar de Campo de Mayo, fue ventilado en el juicio por el plan sistemático, con lo cual, muchos testimonios desplegados entonces serán incorporados en este debate vía reproducción audiovisual. Algunas otras versiones de los hechos ofrecidas durante la intrucción también serán sumadas sin necesidad de ser reiteradas frente a los jueces María del Carmen Roqueta, Julio Luis Panelo y Jorge Humberto Gettas. En los pasillos de Comodoro Py apuestan a que la sentencia llegue antes de fin de año.
El juicio a los médicos

Riveros y Bignone fueron condenados a en el juicio por el Plan Sistemático. A Bignone, no obstante, se lo juzgó como miembro de la última junta de comandantes que dirigió la última dictadura cívico-militar. Recibió 15 años de cárcel, condena que fue incrementada a 25 por la Cámara de Casación. Riveros, condenado a 20 años, fue responsabilizado como jerarca del Comando de Institutos Militares que tenían, bajo su órbita, a Campo de Mayo. Sin embargo, el marco de acusaciones que decantó en ese debate oral no tuvo siquiera desde su etapa de instrucción en cuenta a los médicos militares que integraron el organigrama delictivo. Los médicos que dirigían el Hospital Militar de Campo de Mayo y especialmente quienes tenían a su cargo el área obtétrica de esa institución “habían quedado afuera del ojo de la Justicia”, determinó Alan Iud, que representará junto a Pablo Lachener a la querella de Abuelas de Plaza de Mayo en el debate oral que arrancará el miércoles.

Como la causa por el Plan Sistemático ya estaba elevada a juicio oral, Abuelas decidió impulsar la investigación en el mismo expediente que investigaba los crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo, que recorría, entonces, instancias preliminares. Año 2006. Justicia del distrito de San Martín. Varios años después, la Cámara local decidió que esa investigación debía entenderse como una continuidad de la causa mayor y, como aquélla, tramitarse en la Justicia federal. Ocho años después de aquel primer paso, la causa llegó a su juicio oral, que en un primer momento tuvo como fecha de inicio en julio, pero fue pospuesto por las recusaciones que las defensas de los imputados presentaron contra la presidenta del tribunal y su coequipier, Panelo, y que no prosperaron.
Los casos

En el Pabellón de Epidemiología del Hospital Militar de Campo de Mayo existieron, entre fines de 1976 y fines de 1978, dos habitaciones “especiales”: ventanas enrejadas, cerrojos en las puertas, sin luz. Por esas habitaciones pasaron, por lo menos, 17 jóvenes embarazadas cautivas de la cacería del terrorismo de Estado que desató su furia en el país entre 1976 y 1983. Hasta allí eran trasladadas, en autos particulares, tabicadas, esposadas, desde diferentes centros clandestinos de detención que funcionaron en la órbita de Campo de Mayo, cuando se acercaba su fecha de parto. Los alumbramientos sucedían, la mayoría de las veces inducidos y por cesárea, en el quirófano del hospital. Luego, las mujeres eran despojadas de sus bebés, a los que le perdían el rastro, y depositadas nuevamente en las habitaciones privadas de Epidemiología hasta su alta. El destino siguiente era de nuevo el centro clandestino. Y, desde allí, la desaparición. La muerte.

Detalles más, detalles menos, así fueron los últimos días de Marta Alvarez, Susana Stritzler, Mónica Masri, Valeria Beláustegui Herrera, María Eva Duarte, Myriam Ovando, Silvia Quintela Dallasta, Norma Tato y Liliana Isabel Acuña, cuyas historias serán el eje del debate oral que comenzará esta semana y quienes permanecen desaparecidas. Existen otros ocho casos similares cuyas causas aún no fueron elevadas a juicio oral, paso burocrático que la querella de Abuelas espera que suceda en el transcurso de estos meses. Dependerá del TOF 6 que puedan ser, luego de esa elevación, incorporados al debate.

Detalles más, detalles menos, fueron los primeros días de, por lo menos, Francisco Madariaga Quintela, Catalina de Sanctis Ovando, Belén Altamiranda Taranto, Pablo Casariego Tato y Valeria Acuña Gutiérrez: hijos de algunas de aquellas víctimas y recuperados, a lo largo de los años siguientes y con la fuerza de la búsqueda incansable de Abuelas de Plaza de Mayo. La mayoría de las historias de estos nietos recuperados fueron ventiladas en el juicio por el Plan Sistemático, como el caso de Madariaga, Casariego Tato o Altamiranda Taranto, o en debates orales individuales contra apropiadores o entregadores, como lo tuvo de Sanctis Ovando.
Los acusados

En sus primeros años, el expediente que indagó lo sucedido en la maternidad clandestina que funcionó en el Hospital Militar de Campo de Mayo contaba con una decena de imputados. Más de la mitad no ocupará el banquillo de los acusados: algunos fallecieron, otros fueron salvados por “cuestiones de salud”.

Por ser las autoridades máximas de la zona de defensa IV del Ejército nacional, que incluye en su jurisdicción la repartición militar de Campo de Mayo, Riveros y Bignone volverán a ocupar el banquillo de los acusados en este juicio. Son los únicos dos imputados a los que el funcionamiento vertical de la jerarquía militar no los deja despegarse de los delitos a exponer en el debate oral que comenzará el miércoles. En esa misma línea de responsabilidades la querella de Abuelas ubicaba a Antonio Bussi, quien falleció en noviembre de 2011.

De los médicos militares retirados que aportarían su responsabilidad en este debate, só´lo dos finalmente llegaron a juicio. Raúl Martín y Norberto Bianco. Martín fue jefe del servicio de Clínica del Hospital Militar en el que parieron más de una quincena de mujeres, en su mayoría jóvenes, secuestradas clandestinamente por el terrorismo de Estado y en donde les arrebataron a sus hijos. Según la acusación de la querella, Martín era un “retransmisor” de información relativa a la presencia de esas mujeres en el hospital, a sus partos y al destino de sus bebés. Bianco fue jefe del Servicio de Traumatología de la institución. La querella y la Fiscalía, a cargo de Martín Niklison, coinciden en señalarlo como un “personaje clave” en la asociación que los unificó junto a otros profesionales militares cuyo objetivo fue despojar de sus niños a detenidas ilegales cuyo destino era la desaparición. Yolanda Arroche de Sala García fue obstetra de la institución y está acusada de haber firmado el certificado de nacimiento falso de uno de los bebés apropiados y quien ya recuperó su identidad, Francisco Madariaga Quintela. El milico médico Julio Caserotto, quien tenía a su cargo el servicio de Obstetricia del hospital, falleció. Jorge Habib Haddad fue subdirector del centro de salud de la fuerza, mientras que Ramón Capecce era jefe de Cirugía. Ambos fueron declarados “incapaces de defenderse” por deficiencias en su estado psíquico. Los tres se salvaron de la Justicia.

La abuela Licha

La primera presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo murió en 2008. No pudo abrazar a su nieta Ana Libertad. En esta nota, publicada el 26 de mayo de 2006, Página/12 contó la conmovedora historia de su búsqueda.

 Por Victoria Ginzberg

En el sillón de pana verde que todavía está en el comedor de su casa comenzó a gestarse en 1977 la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo. Fue una mañana en que Chicha Mariani, otra señora de La Plata que estaba tratando de dar con Clara Anahí, secuestrada cuando tenía tres meses, le tocó el timbre. Alicia Zubasnabar de De la Cuadra –Licha para casi todo el mundo– le contó su historia y la de otras mujeres que se reunían en La Plata o en Buenos Aires, en la Plaza de Mayo. Al poco tiempo, las que buscaban a sus nietos secuestrados o que debían haber nacido en cautiverio sumaban doce, entre ellas estaba Estela Carlotto.

Licha fue la primera presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Nació en Sauce, un pueblo correntino. Y allí se casó con Roberto Luis De la Cuadra. La pareja decidió mudarse a La Plata para educar a sus cinco hijos: Estela, Soledad, Luis Eduardo, Roberto José y Elena. La década del ’70 encontró a los jóvenes De la Cuadra comprometidos con la militancia política, social y sindical. Y como muchas familias platenses, los De la Cuadra fueron atravesados por el terror de la dictadura.

Licha sintió que el espanto se apoderaba de su cuerpo el 2 de septiembre de 1976, cuando un grupo de hombres, algunos con la cara tapada con medias, otros con ropa de fajina y armas, irrumpió en su departamento para buscar a Roberto José, que en ese entonces trabajaba como obrero en YPF. “Yo a ese muchacho no lo conozco”, dijo Licha en la puerta, cuando la patota estaba a punto de subirla a un auto y se encontró con Roberto José, que llegaba a la casa paterna. La frase de la madre no convenció a los represores, que empujaron a la mujer al ascensor a punta de pistola y se llevaron al hijo.

La desaparición de Roberto José movilizó a la familia De la Cuadra y las gestiones se incrementaron con el secuestro de Elena y su marido, Héctor Baratti, en febrero de 1977, y de Gustavo Freire, esposo de Estela, en diciembre de 1977.

Elena estaba embarazada de cinco meses cuando desapareció. En julio, Licha recibió una llamada telefónica que le anunció que su hija había tenido una niña y que le había puesto Ana Libertad. Sobrevivientes del centro clandestino que funcionó en la comisaría quinta de La Plata le fueron aportando detalles, como la discusión de Héctor con el cura Christian von Wernich, quien se negaba a entregar a la niña a sus abuelos porque “la iban a criar igual que a sus hijos”.

Sin imaginar que la Iglesia estaba aún dentro de los campos de concentración, Licha recurrió a distintas autoridades eclesiásticas hasta que terminó en el despacho de monseñor Emilio Graselli. “Usted no me dijo que Elenita estaba embarazada”, le dijo el cura en el segundo encuentro, demostrando que manejaba buena información. Graselli sabía que Elena estaba “en alguna comisaría”, pero no quiso aportar detalles. “Si se lo digo va a ser para peor, porque usted va a empezar a rondar y le va a ir peor a ella”, fueron sus palabras.

La búsqueda constante de Ana Libertad no hizo que Licha dejara de hacer gestiones por sus hijos y yernos. Su nombre figura en el escrito con el que la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata pidió que se iniciaran las audiencias del Juicio de la Verdad en esa ciudad. Y durante años estuvo cada miércoles en la sala de audiencias, mirando con sus ojos claros a los testigos o acusados, entre ellos a Von Wernich. El año pasado cumplió noventa años y fue declarada Ciudadana Ilustre de Corrientes. Las Abuelas la homenajearon con el título de Presidenta Honoraria.

Durante muchos años, Licha pensó que sabía quién podía ser su nieta. Inició una causa judicial que sufrió innumerables trabas, hasta que, hace unos meses, logró que la joven en cuestión se hiciera un estudio de ADN. Todavía no tiene el resultado y ahora no está convencida de que esa chica sea Ana Libertad, pero sabe que, de cualquier forma, si no es su nieta, hay grandes posibilidades que sea la nieta de alguna de sus compañeras. Licha es una de las tantas mujeres que esperan. Pero no se quedó sentada en el sillón de pana verde. Pelea y, a pesar del tiempo, no se cansa de exigir respuestas: ¿dónde está su nieta?, ¿dónde están sus hijos, sus yernos? Cuando estas preguntas se contesten, Licha será noticia. Pero Licha –como todas las Abuelas– espera todos los días. Todos los días busca.

Victoria Moyano: “Cada nieto que se recupera es un hermano nuestro que aparece”

Recuperó su identidad y decidió seguir la senda que sus padres no pudieron continuar

Victoria Moyano: “Cada nieto que se recupera es un hermano nuestro que aparece”
La aparición de Guido Montoya Carlotto, nieto de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, fue una noticia que se difundió por todo el planeta e impactó profundamente en los argentinos. Quizás sea el hito más significativo de los últimos años para las Abuelas, que desde hace décadas luchan por la restitución de sus nietos, apropiados durante la última dictadura militar. Guido (Ignacio Hurban, su nombre de crianza) es el nieto número 114 que recupera su identidad en una búsqueda que lleva más de 35 años.

El Intransigente entrevistó a Victoria Moyano, una de las nietas primeras nietas recuperadas. Su historia tiene algunas variantes respecto de la de Guido. A diferencia de él, Victoria pudo recuperar su identidad cuando tenía sólo nueve años y forjó su personalidad en base a la militancia social por la que, considera, sus padres dieron la vida. Hoy, a los treinta y cinco años, participa activamente en organismos de Derechos Humanos y acompaña la lucha de trabajadores en conflicto.

A diferencia de otros miembros de los organismos, nunca se ha sentido tentada por cómodos despachos en la administración pública, ni ha cedido a las mieles del oficialismo. Por el contrario, suele ser vista en las calles, participando de marchas y actos por los Derechos Humanos de ayer y de hoy. Su compromiso con el presente incluso la ha llevado a ser detenida de manera violenta, pero nada de ello parece minar sus convicciones. "Las libertades democráticas no son sólo lo que implica el juicio y castigo al genocidio. Desde ya, seguimos defendiendo ese proceso y luchamos a diario para que los genocidas vayan a la cárcel. Pero nosotros también creemos que tenemos que defender todas aquellas libertades que hacen a la vida cotidiana, y que están siendo vulneradas”, sostiene.

El Intransigente: ¿Cómo te toca a vos la historia de la recuperación de Guido Montoya Carlotto, el nieto de Estela?

Victoria Moyano: La aparición de Guido Carlotto significa para todos una alegría enorme. Cada vez que se recupera un nieto es como recuperar a un hermano nuestro. Hoy, nuestro hermano tiene 35 años, con una identidad fraguada, pero emprenderá un nuevo camino sabiendo su verdad”.

A diferencia de Guido, Victoria sí fue criada por su apropiador. Nació en el Pozo de Banfield y, desde antes del parto, su mamá, María Asunción Artigas Milo, era vigilada porque la bebé tenía un destino prefijado. Fue robada por un comisario, Oscar Penna, para entregársela a su hermano, Víctor, y su cuñada, María Elena Mauriño, que la inscribieron como su hija biológica. Víctor falleció un año después y Oscar, el apropiador, se hizo cargo de la familia. Victoria creció con la idea de que era adoptada y esa fue la clave para su restitución.

Su maestra de primer grado, sabiendo que ella era adoptada, fotocopió los papeles de su inscripción a la escuela, donde figuraba como hija biológica de los Penna. Sabía que su tío era comisario. Fue ella quien denunció el caso a Abuelas de Plaza de Mayo y se constituyó, más tarde, en uno de sus sostenes emocionales para comprender lo que estaba pasando.

Cuando tenía nueve años, personal del Juzgado se presentó en su casa y le habló de una familia que quería saber quién era ella. Su tío comisario ya se había fugado y el 30 de diciembre  de 1987  Victoria comenzaba el camino hacia la restitución de su identidad. Conoció a su familia biológica y a sus abuelas, a todas ellas, a las de Plaza de Mayo. Vio fotos de sus padres, conoció sus historias y empezó a entender la causa por la que habían dado la vida. Decidió no abandonar la senda que ellos habían comenzado a andar. El proceso, asegura, no fue sencillo, pero la búsqueda de la verdad es un camino que no tiene retorno.

El Intransigente: La vicepresidenta de Abuelas, Rosa Roisinblit, dijo recientemente que una cosa es recuperar un nieto, pero otra distinta es conquistar su amor. ¿Cómo fue tu experiencia en este camino de reconquistarte con tu familia de sangre?

Victoria Moyano: "Para mí fue muy importante poder conocer mi historia. Yo pude acceder a mis nueve años a mi familia. Creo que hay una etapa de conocimiento mutuo, de aceptación que tus padres fueron desaparecidos, secuestrados y asesinados por las fuerzas represivas que llevaron adelante el genocidio en la Argentina. Entonces, desde ese punto de vista, primero hay que aceptar que uno tiene esa historia. Después, tener la predisposición de escuchar y tratar de establecer lazos con tu familia biológica, teniendo en cuenta que no compartiste tu vida con ellos, producto de una apropiación, no porque esa familia no te haya estado buscando. La historia de Guido, como la de los otros nietos, forma parte de familias que durante años los han estado buscando. Entonces, desde ese punto de vista, creo que ese amor que se expresa sirve mucho para que podamos conquistar una relación con nuestras familias y tratar de acercarnos también a nuestros padres. Cuando yo recuperé mi identidad no recuperé sólo mi nombre. En mi caso, siento que recuperé la historia de lucha de mis padres, por lo que ellos dieron su vida, la lucha que ellos amaban. También tuve la recuperación de esa lucha, que es muy importante para mí. Creo que en estos momentos hay un proceso muy importante de los nietos que es recuperar a los padres biológicamente, pero también su militancia.

El Intransigente: Estela de Carlotto pidió que se respetara a la familia que crió a Guido durante todos estos años. ¿Ves un trato diferente de parte de la prensa y de sectores políticos en este caso en particular?

Victoria Moyano: No conozco realmente cómo Guido llegó a los brazos de la familia que lo crió. En general, si hubo una apropiación, significa que no existió una adopción legal. Por lo tanto, hay una conducta criminal. La Justicia penal interviene inmediatamente, se los procesa y se los condena. Yo no sé cómo fue el caso. Por eso, no puedo opinar acerca de lo que dice Estela, que se trata de una buena familia. Sólo puedo decir que cuando hubo apropiación, los apropiadores han cometido un delito.

Su activa militancia la llevó a apoyar los reclamos de los trabajadores despedidos de la empresa Lear. Victoria nunca escondió su militancia por los derechos de los trabajadores y llevó con orgullo las banderas de sus padres. Por ello, días atrás fue detenida en un escandaloso operativo de Gendarmería, junto a dos militantes por los Derechos Humanos y un legislador electo. La indignación se esparció por todo el país y fue liberada horas más tarde.

El Intransigente: Hoy la vida te encuentra militando activamente con los trabajadores de Lear. ¿Trabajás en la empresa o militás con ellos?

Victoria Moyano: No trabajo en la empresa, yo me acerco de manera solidaria como parte de los organismos de Derechos Humanos que venimos acompañando a los trabajadores de Lear. Lo hacemos con distintas luchas desde hace años. Entiendo que los trabajadores de LEAR se encuentran en una situación donde se le ha limitado todo tipo de goce de libertad democrática, desde la libertad sindical hasta la de trabajar. Se ha incumplido una docena de fallos judiciales que sostienen que esos despidos son ilegales. Por esa razón, junto a otros organismos de Derechos Humanos, acompañamos la lucha de los trabajadores, como parte de la lucha por las libertades democráticas de este país. No lo vemos como algo escindido. Las libertades democráticas no son sólo lo que implica el juicio y castigo al genocidio. Desde ya, lo seguimos defendiendo y luchamos a diario para que los genocidas vayan a la cárcel. Nosotros también creemos que tenemos que defender todas aquellas libertades que hacen a la vida cotidiana que están siendo vulneradas”.

El Intransigente: Hay, en cambio, otros nietos que han optado por otro tipo de militancia, que hoy son diputados u ocupan cargos en ministerios nacionales. ¿Vos crees que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner cooptaron esa lucha militante?

Victoria Moyano: Lo que pasó con el gobierno de los Kirchner fue que, cuando Néstor tuvo que legitimar ese 22% de votos que obtuvo en las elecciones nacionales, tomaron las banderas de algo muy sentido: la lucha por los Derechos Humanos en este país. En ese sentido, muchos de los organismos de Derechos Humanos se han acercado políticamente y han defendido toda la gestión kirchnerista. Creo que, por principios, los organismos de Derechos Humanos deberían mantenerse independientes de todos los gobiernos y del Estado, que son los que vulneran la libertad democrática. Yo tengo una posición muy crítica sobre cómo ha actuado este gobierno con la política de Derechos Humanos”.

El Intransigente: El gobierno y algunos organismos de Derechos Humanos sostienen y defienden al Jefe del Ejército, César Milani.

Victoria Moyano: Creo que de ninguna manera puede estar al frente del Ejército un personaje perverso como Milani después de todas las denuncias que hay alrededor de su persona sobre delitos de lesa humanidad. Ese caso fue una divisoria de aguas alrededor de la valoración de la política de Derechos Humanos de este gobierno. Desde hace muchísimos años vengo exigiendo la apertura de los archivos, es decir,  las nóminas de las fuerzas que revistieron en los centros clandestinos entre el 76 y el 83, para poder acceder a los datos de dónde podrían estar nuestros hermanos y nuestros padres. Pero este gobierno, al igual que los anteriores, no ha querido entregar esas nóminas. Entonces, todo lo que avanzamos en materia de Derechos Humanos es producto de la lucha incansable de las organizaciones y no de este gobierno. Por eso no compartimos la lectura con otros nietos y otros organismos”.

El Intransigente: ¿Servirá la aparición de Guido como incentivo para que otras personas que duden de su identidad se acerquen a Abuelas?

Victoria Moyano: Es posible, de hecho ya se habla que hay jóvenes que se han acercado a conocer su identidad. Pero, como te dije anteriormente, me parece que es una política insuficiente. Nosotros no podemos dejar todo en manos de las dudas de los jóvenes, en que se animen denunciarlo y, luego, que se animen a hacer el ADN. Esa responsabilidad no puede quedar en nuestras manos. Es la inversión de la prueba. Nosotros tenemos que probar todo. Si es el Estado el que desapareció a nuestros padres, es el mismo Estado el que tiene que devolvernos nuestra identidad”

Por Guido Baistrocchi - para El Intransigente

Una causa que pueda arrojar luz sobre la apropiación de Ignacio Guido Montoya Cartlotto

Los 21 secuestros en Olavarría

En Olavarría funcionó el campo clandestino de detención Monte Peloni. En septiembre comienza un juicio contra los militares represores y podrá dilucidarse la relación con el fallecido empresario rural Pancho Aguilar.

 Por Irina Hauser

La ciudad de Olavarría y los crímenes de lesa humanidad que allí se cometieron durante la última dictadura recobraron dimensión a partir de la restitución de Ignacio/Guido Montoya Carlotto, quien creció en un campo de la zona criado por una pareja de trabajadores rurales. El interrogante sobre cómo y a través de qué nexos llegó hasta allí, teniendo en cuenta que su mamá, Laura Carlotto, estuvo secuestrada en La Cacha, en La Plata, conduce al intento por desentrañar las complicidades civiles y militares en el pueblo, que de todos modos exceden este caso y han sido un sello local. Olavarría tuvo su propio centro clandestino, llamado Monte Peloni, y casualmente el juicio por 21 casos de secuestros y torturas ocurridos allí comenzará el próximo 22 de septiembre. Un tribunal oral de Mar del Plata se trasladará al lugar de los hechos para llevar adelante las audiencias. Estarán en el banquillo por secuestros, torturas y homicidio los principales responsables del Ejército en el área 124, empezando por el jefe, Ignacio Verdura; el jefe de Inteligencia, Walter Grosse; el oficial Horacio Leites y el suboficial mayor retirado Omar “Pájaro” Ferreyra, conocido por cumplir funciones en democracia cuando el ex intendente radical Helios Eseverri lo puso a cargo de Control Urbano.

El juicio en puerta no tiene relación directa con la apropiación del nieto de Estela Carlotto, pero inevitablemente lleva a poner la atención sobre el entramado cívico-militar. Una denuncia que recibió Abuelas de Plaza de Mayo cuatro años atrás, como informó Página/12, señalaba como presunto entregador de Ignacio/Guido, cuando era apenas un bebé, al empresario rural Carlos Francisco “Pancho” Aguilar, dueño del campo Los Aguilares, donde trabajaba el matrimonio que finalmente lo crió. En la presentación que recibió Abuelas, el denunciante daba precisiones sobre la vida del joven y describía a Aguilar (quien falleció en marzo) como un personaje con fuertes vínculos con las Fuerzas Armadas y con la Iglesia. También dirigió la Sociedad Rural local y fue candidato a concejal de Unión PRO en 2007. En Olavarría es vox populi que, como era experto en caballos y practicaba equitación, se vinculó con varios militares, entre ellos con Verdura, que era el jefe del Regimiento de Caballería de Tanques 2.

Verdura está preso y es un acusado clave del juicio que comienza. Un dato que ha llamado la atención de los investigadores es que Ignacio, el nombre de crianza de Guido Montoya Carlotto, es el nombre de pila de Verdura. Ha sido común que los entregadores figuren como padrinos de los niños robados o que les pongan algún nombre vinculado con ellos.

La historia de la actuación del terrorismo de Estado en Olavarría muestra que la persecución siguió cierta “lógica”: en la antesala y los inicios de la dictadura, tras el golpe de 1976, estuvo focalizada en los trabajadores, luego se trasladó a los abogados que los defendían, y por último en el movimiento estudiantil. Las primeras detenciones, algunas disfrazadas de legalidad en comisarías y en la cárcel de Azul, afectaron a los obreros de FABI (Fábrica Argentina de Bolsas Industriales) que intentaban organizarse. La represión llegó luego a los trabajadores de Loma Negra, que habían hecho un paro ante la falta de respuesta a sus reclamos. La empresa convocó al Ejército y también hubo detenciones. Pasó algo similar en otra firma, Ladrillos Olavarría Sociedad Anónima (LOSA), donde acusaban a los empleados de sabotaje.

“A los trabajadores detenidos, mi papá los sacaba de la comisaría”, recordó Matías Moreno, hijo de Carlos Moreno, abogado laboralista que representaba a AOMA, la asociación de los obreros de las cementeras, en especial de Loma Negra. Moreno fue secuestrado en Olavarría y llevado a Tandil, donde estuvo cautivo en una chacra de los hermanos Emilio y Julio Méndez, fue torturado, intentó escapar y terminó asesinado de un disparo en el pecho en mayo de 1977. El fallo que condenó a tres integrantes del Ejército y a los Méndez en marzo de 2012 fue emblemático, no sólo porque avanzó sobre esos civiles vinculados con el aparato represivo que había cedido su casaquinta como centro clandestino sino porque, con las pruebas surgidas, ordenaron abrir una investigación sobre el directorio de Loma Negra –que presidía la fallecida Amalia Lacroze de Fortabat– y otra sobre miembros de la Corte Suprema bonaerense y el entonces ministro de Gobierno, Jaime Smart, por la difusión de un comunicado falso del Primer Cuerpo de Ejército que presentaba el homicidio como un enfrentamiento.

“Aunque casi todos los miembros del directorio fallecieron, se pudo demostrar que, antes de la dictadura, Loma Negra daba pérdidas y en dictadura triplicó sus ganancias. Luego del secuestro de mi papá, que tuvo un objetivo disciplinador, bajó el costo laboral. Todos los secuestros tenían ese objetivo”, dijo Moreno hijo, y recuerda que otros dos abogados de Olavarría secuestrados fueron José Alfredo Pareja y Mario Gubitosi. El tribunal federal marplatense que juzgó el asesinato de Moreno –integrado por Roberto Falcone, Mario Portela y Néstor Parra– se trasladó a Tandil para hacer el juicio. A Olavarría irán los mismos jueces, con el mismo gesto de hacer las audiencias en el escenario de los secuestros y las desapariciones. Los fiscales serán Walter Romero y Marcos Silvagni. Las querellas estarán representadas por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, con los abogados César Sivo y Manuel Marañón.

“Olavarría, una ciudad de no más de 100 mil habitantes, tenía a mediados de los ‘70 un movimiento estudiantil y juvenil con participación y militancia fuerte, al que también le llegó la represión”, cuenta Carmelo Vinci, de la Comisión por la Memoria de Olavarría y sobreviviente del centro clandestino Monte Peloni. Su caso es uno de los que entrarán en el juicio del mes próximo, que se hará en la Universidad del Centro. La fecha de su secuestro coincide con el inicio de las audiencias: fue un 22 de septiembre, pero de 1977. A la madrugada se lo llevó una patota del Ejército, fue torturado con picana eléctrica y pasó 15 días sin ingerir alimentos, el modo en que habitualmente se iniciaba la detención ilegal allí, según contaron varios sobrevivientes. Igual que él, todas las personas secuestradas que pasaban por allí eran estudiantes militantes, sobre todo de la Juventud Universitaria Peronista, de la Unión de Estudiantes Secundarios y del Frente Territorial.

Monte Peloni era un establecimiento rural ubicado en Sierras Bayas y se sabe que funcionó como campo de concentración por lo menos en 1977. Tenía unas 323 hectáreas y estaba cerca de las rutas 226 y 76. El edificio principal era un casco de estancia, con techo a dos aguas, ventanas enrejadas y pisos de ladrillo. Estaba entre las sierras, protegido por una ladera, rodeado por un bosque y se llegaba por un camino de tierra. El centro clandestino dependía del Regimiento de Caballería de Tanques 2 “Lanceros General Paz” de Olavarría. El viejo casco fue declarado Monumento Histórico Provincial y Patrimonio Cultural.

La cadena de secuestros en los que se concentrará este juicio comenzó con la detención ilegal en Tandil de un subcomisario, Francisco Nicolás Gutiérrez, el 13 de septiembre de 1977. Quería que marcara dónde vivían su hija Isabel Gutiérrez y su yerno, Juan Carlos Ledesma, quienes fueron secuestrados en Olavarría un día después y continúan desaparecidos. Muchos de los que serían secuestrados a continuación tenían como rasgo común que eran jóvenes que venían escapando de La Plata para instalarse en Olavarría. Los dos homicidios que serán juzgados son los de Jorge Oscar Fernández y Alfredo Serafín Maccarini. Este último había sido guardiacárcel en el penal de Sierra Chica, tenía contacto con los presos políticos y las Fuerzas Armadas lo rotularon como un traidor. La única mujer sobreviviente que declarará en este juicio es Lidia Araceli Gutiérrez, torturada y violada en Monte Peloni.

Los represores que estarán en el banquillo se encuentran todos detenidos. Verdura tiene prisión domiciliaria en Corrientes, aunque el tribunal le exigió que para el juicio fije domicilio en Olavarría. Vinci recuerda que en democracia “Verdura fue ascendido a jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, en Córdoba”. Estaba en ese cargo en 1986 el día que el entonces presidente Raúl Alfonsín se salvó de un atentado cuando fue hallada (y desactivada) una bomba en una alcantarilla precisamente del Tercer Cuerpo por donde pasaría. Grosse, capitán retirado y oficial de Inteligencia de la plana mayor, está detenido en Marcos Paz, igual que Ferreyra, suboficial mayor que integró el grupo de operaciones del Escuadrón del Regimiento de Olavarría, y que Leites, teniente retirado que participó del golpe de Estado del ‘76. El coronel retirado Juan Carlos Castigani falleció hace un año. Este juicio es sólo un inicio, porque habrá otro por 23 víctimas más, con unos 70 imputados.

Moreno hijo cuenta la coincidencia de que con su familia vivían exactamente al lado de Verdura, compartían la medianera. “El día que lo secuestran a mi papá, el colimba que siempre estaba apostado allí en la vereda, casualmente no estaba”, cuenta. Igual que muchos en Olavarría, Matías Moreno dice: “Tengo la impresión de que este juicio que viene destapará muchas cosas, complicidades civiles que no se conocen”.