lunes, 2 de noviembre de 2015

La historia del Instituto de Menores Mercedes Lasala y Riglos

Un sitio en el que se recuperó la memoria

Por ese instituto de Moreno pasaron hijos de desaparecidos, cuyas historias fueron recuperadas por jóvenes de una escuela de la zona. En su lugar funciona ahora una universidad pública y comenzó a ser señalizado con inscripciones artísticas sobre su pasado.

 Por Alejandra Dandan

El Instituto de Menores Mercedes de Lasala y Riglos fue un lugar de leyendas tenebrosas entre los vecinos de Moreno. Sus pabellones de varios pisos de altura, construidos en peine con patios internos, alojaron hasta 600 niños al mismo tiempo mientras estuvo abierto, entre 1940 y el año 2000. Las leyendas de la zona lo señalaban como un espacio por el que habían pasado hijos e hijas de los desaparecidos de la dictadura. Jóvenes de la escuela pública 35 de Moreno y de la Asociación Civil Moreno por la Memoria comenzaron a investigar esta historia hace unos años, en un camino en el que se fueron encontrando testimonios de algunos de aquellos niños, hoy adultos, secuestrados por el sistema tutelar represivo y encontrados casi al azar por las familias. El Riglos que hoy es sede de una universidad pública de Moreno comenzó a ser señalizado con inscripciones artísticas sobre ese pasado. A esta primera intervención se sumarán las marcaciones con pilares de la Secretaria de Derechos Humanos de Nación.

Andrea Herrera es profesora de historia y coordinadora del grupo de jóvenes investigadores. “El Riglos siempre fue en nuestra zona una suerte de mito urbano –dice–. Siempre se decía que por ese lugar habían pasado además de los miles de chicos que existieron, hijos e hijas de detenidos desaparecidos. Este era el mito. Alrededor había una suerte de monte, donde no se podía ir, sólo iban a veces los varones, a jugar con cascotes, pero siempre era como un lugar donde no te podías acercar. Estaban los peines. Los patios. Unas cinco alas con cuatro patios y unos 600 chicos a la vez. Cuando empezamos a trabajar con esto y a conocer todo te da escalofríos porque además de estos casos, pensás que millones de chicos pudieron haber pasado por ese lugar.”

Camilo Ríos volvió al Riglos por primera vez hace muy poco convocado por estos jóvenes. El es hijo de Carlos Ríos y Juana Armelín, militantes del PCML, secuestrados entre febrero y mayo de 1978 y trasladados al circuito ABO. Camilo tenía 5 años y su hermana Pía tenía 3. El día del secuestro de su madre, a Camilo y a Pía los llevaron a una comisaría y más tarde los derivaron al orfanato. Camilo recorrió lo que ahora es la universidad. “El hogar era un lugar con pasillos largos, yo lo tenía en la memoria”, dice. “Tengo grabado a fuego esos pasillos. Ahora los vi. También reconocí la cocina. Ahora son tres departamentos, pero están los mismos azulejos donde comíamos con los chicos. Después, entre el segundo y tercer piso, estaban las habitaciones. Ahora hay divisiones de Durlock, pero si las sacás, te das cuenta de que eran las mismas habitaciones. Había seis o siete camas de un lado y siete camas del otro. Pero hay ahí un dato. En el orfanato estaba prohibido estar nenes y nenas, pero yo estaba con mi hermana, quiere decir que nosotros estábamos bajo un resguardo del Ejército para tenernos así.” Para Camilo el lugar era un edificio cerrado porque “nunca mirábamos afuera. A pesar de eso, recuerdo jugar en el patio, entre diente y diente, porque eran juegos fuertes. A veces había que jugar y a veces no sé cómo decir, había como que marcar territorio”.

Hoy se sabe que por el Riglos también pasaron Sebastián y Nicolás Koncurat Urondo, los nietos de Paco Urondo, que quedaron en un jardín de infantes, a la deriva, cuando el Grupo de Tareas de la ESMA cercó a sus padres, Mario “El Jote” Koncurat y Claudia Josefina Urondo. “Quisiera tener más recuerdos de esa época pero no los tengo”, dijo Sebastián en su declaración en el juicio de la ESMA. “Lo que me contaron es que mi hermano estaba bastante enfermo y en el hogar lo sedaban para que no llorara. De eso se dio cuenta mi abuelo, que era médico. Yo no hablaba. Reconocía a mi abuela materna, a mi tío Javier Urondo, pero no reconocía a mis abuelos paternos, porque no tenía mucha relación con ellos. Eran nuevos en mi vida. Esa transición horrible fue difícil, la fuimos armando.”

También se sabe que por el Riglos pasó Yamila Zavala Rodríguez, hija de Olga Irma Cañueto y de Miguel Domingo Zavala Rodríguez, diputado del PJ electo en 1973. El 22 de diciembre de 1976 vivían en un departamento de Lambaré y Corrientes, en Almagro. Faltaban tres días para la Navidad, dice Yamila en un escrito. “Ese día mamá, mi hermana que en ese entonces tenía 2 años y yo casi de 4, íbamos caminando a nuestra casa después de haber comprado gaseosas para las fiestas.” En ese momento paró un auto. Miguel se puso en el medio para protegerlas cuando las vio y lo mataron. A Olga la metieron en un auto. Las dos hermanas se sentaron en el escalón de una puerta. “No puedo expresar lo que sentí en ese momento, pero sabiendo lo que vimos con mi hermana, que maten a nuestro papá delante de nosotras y que se lleven a nuestra mamá con tanta violencia quedándonos solas en el lugar, sin que los secuestradores tengan piedad de semejante crueldad, me conmueve todos los días de mi vida y no puede creer que eso lo viví.” Yamila estuvo tres meses. El grupo de jóvenes también encontró el paso de la hija de una pareja del PRT-ERP secuestrados el 29 de marzo desde una quinta, cinco días después del golpe.

“Tengo recuerdos de la cocina, en particular”, continúa ahora Camilo. “Eran mesas redondas de cinco chicos. Y una señora con guardapolvo celeste pasaba y nos servía la leche. Nosotros tardábamos o nos distraíamos y a la leche se le hacía la nata. Me acuerdo un día, que dos o tres nos mirábamos, así como diciendo ¿qué hacemos con esto? Uno, que era un bardo, y me lo acuerdo porque estaba contra los azulejos, dijo algo, y hace como un doble en la boca y se la traga. Nosotros lo miramos. Dijimos: ¡ah, esto se hace! Y todos hicimos lo mismo. Para mí fue impactante. Eso que parecía medio feo, que te da como asco, el pibe rompió todos los códigos del asco, se la bancó y se la tragó. Un código de cinco años. Era como empezar a saber qué hacer con esto, y ese gesto era una cosa bien simbólica en el orfanato.”

Otro de los recuerdos “no tan metafórico”, dice, aparece el cuarto. “El tema era que nos teníamos que vestir y yo tenía como una presión porque tenía que ponerle los cordones a mi hermana pero no le podía poner las zapatillas. Me puse muy nervioso. Un chico del lado o de enfrente de donde dormíamos, me llama. Hablamos. Me dice no sé qué, cómo te llamas y qué te pasa. Le digo que no sé qué hacer con esa zapatilla, que no me sale ponerle los cordones. ‘¡Vení que yo te ayudo!’, me dijo él. ‘Vos tenés que tranquilizarte, me dijo, porque a vos te van a venir a buscar’.”

Durante el juicio ESMA III, la fiscalía probó el vínculo del Riglos con el GT. “Los institutos de menores no fueron centros clandestinos de detención fueron espacios públicos que facilitaron el ocultamiento de los menores”, señala la fiscal del juicio Mercedes Soiza Reilly.

“Permitieron la continuidad de la privación, en la medida en que las Fuerzas Armadas de un gobierno que subvirtió el orden constitucional, fueron las que autorizaron la entrega de niños a quienes previamente les habían asesinado a sus progenitores. Ilegal por donde se lo analice.”

viernes, 31 de julio de 2015

"Chicha" Mariani publicó fotos de los padres de su nieta apropiada

Mirá las fotos.

La Abuela de Plaza de Mayo María Isabel Chorobik de Mariani, más conocida como "Chicha", publicó en su Facebook cuatro fotos de su hijo y su nuera para que su nieta Clara Anahí, apropiada a los 3 meses de vida durante la última dictadura militar y a quien busca desde hace 39 años, las vea, se reconozca en la fisonomía de sus padres, y puedan reencontrarse.

"Mi querida Clara Anahí, ellos son tus padres Diana Teruggi y Daniel Mariani", explica "Chicha" junto a la publicación de cuatro fotos en blanco y negro donde se ve a su hijo y a su nuera.

Dos de las fotos muestran a la pareja, sonrientes, en una reunión familiar y en una jornada de pesca; la tercer foto es un primer plano de Daniel Maniani y la cuarta un primer plano de Diana Teruggi.

La Abuela de Plaza de Mayo desde hace más de un año usa su muro de Facebook para tratar de localizar a su nieta apropiada por los represores en noviembre de 1976, luego de un operativo de fuerzas conjuntas en la vivienda que habitaba el matrimonio en La Plata donde resultó asesinada Diana Teruggi y cuatro militantes más.

"Vos naciste en la ciudad de La Plata el 12 de agosto de 1976. A los 3 meses, el 24 de noviembre, las fuerzas armadas te sacaron de tu casa y fuiste entregada a otra familia", cuenta esta "ciber-abuela" de 91 años.

Le ruega "por favor, revisa tus fotos y compáralas. Búscate de cuando eras una beba, alguna foto debes tener, y mirá si te encontrás parecida con las que están puestas en mensajes anteriores".

"Mientras tanto te sigo buscando mi amor...mi Clarita", finaliza "Chicha".

El 24 de noviembre de 1976 fuerzas militares y policiales atacaron la vivienda de Diana Teruggi y Daniel Mariani, ubicada en las calles 30 entre 55 y 56 de La Plata.

En el lugar fueron asesinados Diana Teruggi y cuatro compañeros de militancia: Juan Carlos Peiris, Daniel Mendiburu Elicabe, Roberto Porfirio y Alberto Bossio.

Diana fue acribillada por la espalda y cayó cubriendo con su cuerpo a su pequeña hija Clara Anahí, que fue secuestrada por los represores y hasta el momento no pudo ser recuperada. Daniel Mariani no estaba en la propiedad al momento del ataque, pero fue asesinado en agosto de 1977.

En la casa, declarada Sitio de Memoria del Terrorismo de Estado, funcionaba una imprenta que publicaba la revista "Evita Montonera", donde se denunciaron por primera vez las desapariciones de personas, los "vuelos de la muerte" y la existencia de centros clandestinos de detención.

La propiedad exhibe hoy en su frente varios orificios de bala que impactaron durante el ataque de las fuerzas conjuntas de la dictadura y un enorme boquete provocado por un proyectil de tanqueta que atravesó esa pared y otra del interior, revelando la saña empleada por los represores.

domingo, 19 de julio de 2015

Presentación para que avancen causas contra medios y civiles cómplices del genocidio

El 15 de julio,  personalidades de los derechos humanos se presentaron en los tribunales de Comodoro Py para reclamar por el avance de la causa contra los directivos de la exeditorial Atlántida y los civiles que fueron parte del genocidio.

En esta oportunidad, acompañaron el reclamo de Alejandrina Barry es hija de desaparecidos e integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) quien lleva adelante una querella contra los directivos de la exeditorial Atlántida por haber realizado un operativo de prensa en común con los militares de la Marina, cuando sólo tenía 3 años y sus padres acababan de ser asesinados por fuerzas conjuntas de Argentina y Uruguay.


Alejandrina Barry estuvo acompañada hoy en Tribunales por Graciela Rosenblum, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre; Patricia Walsh; Enrique Fukman, de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos; Miguel Bonasso; Pablo Pimentel de la APDH Matanza; María del Carmen Verdú de CORREPI, Eduardo Soares de la Asociación Gremial de Abogados, además de los abogados del CeProDH, Luis Bonomi y Paolo Zaniratto.


También acompañaron la presentación judicial la Madre de Plaza de Mayo Elia Espen y delegados del nuevo sindicato de prensa SiPreBA como Raúl Ferrari, delegado de Telam, Tomás Eliaschev delegado de la Revista 23, Agustín Lecchi, delegado de la TV Pública, entre otros periodistas e integrantes de organismos de derechos humanos, quienes se presentaron como Amicus Curiae, una figura legal que permite a organizaciones e individuos con interés especial en la causa, constituirse ante el juez “en virtud de que la demora en el avance de la investigación implica una nueva forma de impunidad para los perpetradores de los crímenes denunciados”.

El Amicus Curiae recayó en el Juzgado 12 de juez federal Torres, quien deberá dar respuesta a lo solicitado para el avance de la causa contra los civiles implicados.

Al respecto, Alejandrina Barry señalo: “Esta presentación de hoy es para darle mayor fuerza a la pelea por juicio y castigo a todos los responsables civiles del genocidio. Hace muchos años que vengo peleando por encarcelar a los asesinos de mis viejos, a los que me secuestraron a mí y a los civiles que me utilizaron para justificar los más atroces crímenes de lesa humanidad. A pesar de todas las pruebas ofrecidas y los testimonios de decenas de testigos prosigue la impunidad. En mi causa se ha dictado falta de mérito a uno de los editores responsables de Para Ti, Agustín Botinelli y el resto de la causa continúa paralizada". Y agregó: “Con la presentación que hicimos hoy queremos decir también que no vamos a aceptar que permanezca la impunidad a los civiles que fueron quienes idearon y sostuvieron el plan genocida”, en referencia a una serie de fallos a favor de empresarios como Blaquier.

Contactos:

Alejandrina Barry: 115834 2351

martes, 14 de julio de 2015

Bebé chileno robado en dictadura se reencuentra con su madre biológica 41 años después

Una joven madre, de entonces 19 años, dio a luz un bebé que fue dado por muerto en el Hospital Van Buren en noviembre de 1973. Hoy, 41 años después, Travis Tolliver se reunió con su madre biológica. Esta es su emocionante historia.

Travis Tolliver habría sido uno de los denominados “niños del silencio”, bebés que eran robados que pertenecen al denominado caso del sacerdote Gerardo Joannon -quien actuó como intermediario secreto entre las familias acomodadas de Chile-, dados por muertos y entregados en adopción ilegalmente. Recientemente logró encontrar a su madre biológica, Nelly Reyes, de quien nació en el recinto hospitalario de Valparaíso y donde no le ningún certificado de defunción.

El bebé recién nacido terminó viviendo a miles de kilómetros de allí; creció en Tacoma, Washington (Estados Unidos), con una pareja que no tenía idea de que su madre biológica lloraba y trataba desesperadamente de encontrar a su hijo.

Tolliver dice que siempre supo que era adoptado. Lo que el supervisor de un centro de distribución de importaciones de 41 años no sabía es que lo habían robado cuando era bebé en su natal Chile, unas horas después de haber nacido.

Espera que saber la verdad sobre su pasado le permita superar un trauma psicológico que ha sufrido desde que tiene memoria. Dice que tiene “problemas de abandono”.

“Ya saben, no me habían entregado voluntariamente como lo creí durante todos estos años, así que eso hace que mi corazón se sienta maravillosamente, pero se trata de reconciliarse con eso. Todo esto me parece irreal”, dijo Tolliver.

Según reveló la investigación periodística emitida en CNN en Español, Nelly Reyes, la madre de Travis, había tenido un embarazo normal cuando tenía 19 años y que terminó a las 16:00 del 15 de noviembre de 1973. Sin embargo, “más tarde me dijeron que había muerto” producto de un trastorno cardíaco, pero nunca le mostraron el cadáver ni le dieron un certificado de defunción.

Travis y Nelly se conocieron finalmente, después de 40 años, y ahora investigan junto al Sename qué pasó en realidad. “Lo abrazaré todos los días. Lo amo tanto”, dijo la madre que no habla inglés y su hijo, tampoco español.

Los sentimientos que afloraron en ese abrazo en el aeropuerto fueron la culminación de cuatro décadas de tribulación, de mentiras, de engaños, de delitos y de una injusticia que separó a una madre de su hijo al nacer.

Él, en tanto, contó que siempre pensó que había sido abandonado porque eso le dijeron sus papás, y eso le produjo un trauma que ahora debe superar con más fuerza.

Tolliver lloraba de alegría. “No sé cómo me siento. ¡Es una locura! No pensé que esto podría pasar. Ya saben, no me habían entregado voluntariamente como lo creí durante todos estos años, así que eso hace que mi corazón se sienta maravillosamente, pero se trata de reconciliarse con eso. Todo esto me parece irreal”, dijo.

Su madre, Nelly Reyes, de 61 años, apenas podía hablar. “Lo abrazaré todos los días. Lo amo tanto”, dijo. Reyes, ha cocinado para él todos los días y se afana por hacerlo sentir bienvenido. Él no habla español y ella no habla inglés.

Pero más que nada, ella le ha estado demostrando su amor; le da a su hijo los abrazos y los besos que no pudo darle en todos los años que han pasado.

https://www.youtube.com/watch?t=163&v=pGYoF4f4hIs

jueves, 2 de julio de 2015

Los socios de Torrealday y un tal López, las pistas detrás del mellizo

El médico paranaense Miguel Alberto Torrealday quedó procesado por robo de bebés durante la dictadura. Pero la Cámara Federal de Apelaciones se permitió además sugerir dos medidas concretas: investigar la responsabilidad de los otros socios del Instituto Privado de Pediatría e indagar respecto de por qué los mellizos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela fueron inscriptos con el apellido López.
paginajudicial.com  -  Juan Cruz Varela  -  De la Redacción de Página Judicial

Es un hecho probado que los mellizos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela nacieron en el Hospital Militar de Paraná, en los primeros días de marzo de 1978, como también lo es que luego fueron internados en el Instituto Privado de Pediatría (IPP).

El médico Miguel Alberto Torrealday, uno de los socios del IPP, fue procesado por la Cámara Federal de Apelaciones por permitir el ingreso y permanencia de los mellizos en la sala de neonatología de la clínica privada, donde estuvieron internados con nombre falso (Soledad López) la niña y sin nombre (NN López) el varón; les dio el alta, autorizó su egreso administrativo y su entrega a personas que no eran familiares ni ostentaban ningún poder legal sobre ellos, todo ello sin dar aviso a un Juzgado de Menores. Hasta ahí lo que ya se sabe.

“Estos niños, como todo bebé, estaban en condición extrema de vulnerabilidad, y si bien cualquier paciente es vulnerable, un bebé que no puede siquiera pedir auxilio constituye el ser más vulnerable sobre la faz de la tierra. Si a eso le sumamos el grave estado de vulnerabilidad de ambos padres, secuestrados y separados entre sí, y el eventual estado de salud de Raquel Negro después del parto, la vulnerabilidad de los menores era absoluta”, señala el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones.

El tribunal integrado por Daniel Alonso, Mateo Busaniche y Cintia Gómez agrega más adelante que “los responsables de las instituciones sanitarias, sean estas públicas o privadas, son los garantes de esos seres humanos indefensos y lo mínimo que se espera de ellos es que actúen los controles indispensables para evitar hechos como el que se encuentra investigado en autos” para luego agregar que “cualquier institución o médico que recibiera dos menores debía extremar los recaudos en relación a quien los traía o retiraba y su legitimación para cualquiera de estas acciones”.

Y aquí surge una primera aproximación a las sugerencias que se permite hacer el tribunal: Torrealday asegura que no era jefe de neonatología, que en el IPP no había una relación jerárquica ni distribución de tareas entre los socios. “En el caso no adquiere relevancia la determinación acerca de quién era el jefe o el administrador del IPP, pues considero que Torrealday no solo debería responder en la presente causa por la suerte de los mellizos, (sino) que habría que ampliar el círculo de intervinientes, máxime ante la indeterminación de funciones a la que se aduce”, expresa Alonso en su voto.

Lo que propone es que se investigue la responsabilidad de los otros socios, David Vainstub y Jorge Rossi –Ángel Schroeder está fallecido–, en la sustracción y sustitución de identidad de los mellizos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela.

Más claramente lo expresa más adelante Busaniche: “Corresponde poner de resalto la posible intervención de otros sujetos en el hecho investigado, especialmente de quienes revestían la misma calidad de socio en dicha entidad al momento de los hechos, respecto de lo cual habrá de encomendarse al magistrado actuante a que considere una posible ampliación subjetiva de responsabilidad en relación a dichos sujetos”. Por si quedaban dudas, vuelve a referirse a Vainstub, Rossi y Schroeder.

Volver al punto de partida

El paso de los mellizos por el IPP quedó registrado en el libro de producción, donde se asentaban los ingresos y egresos de pacientes y el origen en los casos de aquellos que llegaban derivados de otros centros asistenciales. Allí consta el ingreso de la nena como “López, Soledad”, el 4 de marzo, y el varón como “López, NN”, el 10 de marzo, ambos procedentes del Hospital Militar, y su egreso, el 27 de marzo.

Nunca se pudo determinar quién fue el médico tratante, ni quién trasladó a los mellizos desde el Hospital Militar. “Es muy probable que quien los introdujo sea la misma persona que los retiró”, dijo Torrealday en su indagatoria. Esos datos, sugirió, deberían constar en las historias clínicas, pero “las historias clínicas se destruyeron luego de una ampliación que se hizo en 1980… estaban en un depósito que se inundó”, repitió el médico en su declaración ante el juez Leandro Ríos.

El fallo de la Cámara Federal de Apelaciones retoma esos puntos para tratar de avanzar en la localización y restitución de identidad del mellizo varón.

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En primer lugar, el camarista Alonso advierte que “no puede resultar de recibo aquello de la pérdida de los registros a raíz de la inundación del sótano de la institución” y destaca que “el libro de producción demuestra que era posible almacenar datos suficientes para responder a ulteriores ideales”; y, en segundo lugar, plantea que más allá de que el IPP fuera una institución abierta, como dice Torrealday, “lo mínimo que debía establecerse es la identidad del médico tratante porque a partir de él podría reconstruirse toda la secuencia y deslindar la responsabilidad del IPP y sus responsables”.

Alonso se pregunta de dónde surge el apellido López con el que fueron registrados los mellizos y ensaya una hipótesis: “No debe desecharse la escasa información disponible, tal el nombre supuesto de Sabrina, esto es ‘Soledad’ y el apellido atribuido a ambos menores, tal es ‘López’. Considero que tal información reviste relevancia porque en el mejor de los casos la profundización del punto puede llevarnos a la persona que llevó y luego retiró a los mellizos. Al respecto, debe presumirse prima facie que al ingreso se requirió a la persona que trasladó a los niños, alguna identificación. Si ello es así, la persona que ingresó y retiró a los menores sería de apellido ‘López’, pues al habérsele requerido alguna identificación lo habría hecho con un documento en que conste tal apellido”.

Luego deja planteada la posibilidad de que en la nómina de personal del Hospital Militar de Paraná, en 1978, hubiera algún médico, médica, enfermero o enfermera de apellido López; o que alguno de los conductores de ambulancia fuera de apellido López; y que eventualmente algún familiar directo de esta persona se llamara Soledad.

Según pudo saber Página Judicial, no había en 1978 nadie que llevara ese apellido en la nómina del personal médico del Hospital Militar de Paraná; aunque sí un enfermero general que se desempeñó en 1976, que ostentaba en ese tiempo el grado de suboficial mayor, que estuvo en actividad hasta fines de 1985 y que hoy tendría 80 años. Su nombre aparece en un listado que las autoridades del nosocomio castrense entregaron a la Justicia Federal previo al juicio contra la patota del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario. Sin embargo, el enfermero no llegó a declarar porque no fue localizado.

lunes, 22 de junio de 2015

Condor y Robos de Bebes: Uruguay: Suprema Corte concedió extradición de Gavazzo, Arab y Soca a Argentina

POR EL CASO DEL NIÑO SIMÓN RIQUELO

El máximo organismo judicial uruguayo rechazó un recurso presentado por la defensa de los militares y confirmó los fallos de primera y segunda instancia.

Los militares José "Nino" Gavazzo, Ricardo Arab y Ernesto Soca serán extraditados a Argentina por el secuestro en 1976, ocurrido en Buenos Aires, del niño Simón Riquelo, hijo de la militante del PVP, Sara Méndez, de acuerdo a un fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

El máximo organismo judicial uruguayo rechazó el recurso presentado por la defensa de los tres militares y ratificó los fallos en primera y segunda instancia.

La SCJ entendió que "la solicitud de extradición cumple con todos los requisitos formales exigidos por el Tratado de Extradición entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina", según el fallo al que accedió Caras y Caretas Portal.

En este expediente también se resolvió la extradición del coronel (r) Luis Maurente, cuya defensa apeló la extradición en forma extemporánea.
Caso Simón.

Sara Méndez, militante del PVP que residía en forma clandestina en Buenos Aires, tuvo a su hijo en la capital argentina en 1976.

Tras ser detenida en el marco de un operativo realizado por militares de ambos países, el pequeño le fue retirado a su madre y dado en adopción ilegal a un policía argentino.

Méndez fue separada de su hijo cuando éste tenía 21 días de nacido, el 13 de julio de 1976. Ese día, un grupo de militares al mando de Gavazzo irrumpió en su casa y así se llevaron al niño.

La mujer fue trasladada al centro de detención clandestina conocido como Automotores Orletti. Méndez, luego de una investigación que realizaron el senador frenteamplista Rafael Michelini y el periodista Roger Rodríguez, recién recuperó contacto con su hijo en marzo de 2002.

El nombre de Simón Riquelo fue inventado por Méndez cuando tuvo que internarse para dar a luz al pequeño. Simón Riquelo, cuyo verdadero nombre es Aníbal Simón Méndez, en una entrevista publicada a fines de 2012 por La Diaria, dijo que fue "rarísmo" conocer a su madre biológica a los 26 años de edad pero resaltó que tiene una muy buena relación con ella y también muchas cosas en común.

miércoles, 10 de junio de 2015

Condenan a tres apropiadores

El cirujano Juan Carlos Lavia y su esposa Serafina Marchese recibieron ocho y seis años de prisión por la apropiación de Florencio Laura Reinhold Silver. Pena de cinco años para el médico que firmó la partida de nacimiento.

Tras un breve juicio oral, el Tribunal Oral Federal 5 condenó ayer al mediodía a los apropiadores de la nieta restituida Florencia Laura Reinhold Silver, así como al médico que firmó su partida de nacimiento falsa.
Minutos después de las 12 los jueces Oscar Alberto Hergott, Adriana Palliotti y Daniel Horacio Obligado dieron a conocer la sentencia en la que encontraron culpable al médico cirujano Juan Carlos Lavia y a su esposa Serafina Marchese por la apropiación de la joven. Para Lavia, la pena fue de ocho años de prisión, mientras que Marchese recibió seis años y medio como coautores de los delitos de retención y ocultamiento de Florencia, así como la supresión de su identidad.

También condenó  a cinco años de cárcel al médico Francisco De Luca por haber firmado la partida de nacimiento falsa donde la joven fue anotada como hija biológica del matrimonio Lavia Marchese.
Las penas fueron levemente menores a las pedidas por la querella de Abuelas de Plaza de Mayo y la fiscalía, representada en este debate por Miguel Palazzani y el titular a la Unidad de Apropiaciones, Pablo Parenti.
Las dos partes acusadoras habían reclamado diez años de prisión para Lavia y ocho para su esposa, mientras que para el médico el pedido fue de seis años y medio por parte de la querella y de siete por la fiscalía.

En el fallo, los jueces declararon los hechos como crímenes de lesa humanidad e imprescriptibles y rechazaron el pedido de la querella de Abuelas de inhabilitar a Lavia a ejercer la medicina por el tiempo que dure su condena.

Durante el juicio oral, que se extendió durante menos de un mes, los testimonios recorrieron la historia de Florencia Laura y de sus padres, Susana Siver, quien permanece desaparecida, y Marcelo Reinhold, asesinados en la última dictadura.

La pareja, que militaba en Montoneros, fue secuestrada en agosto de 1977 por miembros del Servicio de Inteligencia Naval y llevada al centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA.
En ese momento, Susana estaba embarazada de cuatro meses y fue alojada en lo que se conoció como la "pieza de las embarazadas", que funcionó como una maternidad clandestina. El 15 de enero de 1978 fue llevada al Hospital Naval para dar a luz, ya que no estaba el médico de la Marina, Jorge Magnacco, quien se encargaba de los partos en la ESMA.

Florencia nació por cesárea. Inmediatamente después, madre e hija fueron llevadas de nuevo a la ESMA, donde permanecieron juntas dos semanas más. "Supongo que hasta febrero lo pasé con ella, que me pudo amamantar. Sé que me apodó 'Lauchita', porque era muy chiquita", contó la joven en el juicio oral.
A comienzos de febrero, su madre fue "trasladada" de la ESMA y permanece desaparecida. Ella, según lo reconstruyó en el debate, fue llevada por el fallecido médico militar Aldo Clemente Chiappe, quien la entregó a Lavia, su compañero de guardia.

En junio de 2011, Florencia, que siempre había tenido dudas sobre su origen, accedió a realizarse voluntariamente los análisis de ADN y el 1 de agosto de ese año recuperó su identidad. «