Cuatro procesados en la causa Donda

La apropiación de la diputada nacional Victoria Donda, que nació en la ESMA durante la última dictadura cívico-militar y fue criada por el genocida Juan Antonio Azic y su esposa Esther Abrego, tiene cuatro nuevos presuntos responsables. 

El juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la investigación, procesó a los represores Adolfo Donda y Carlos Galián y a los médicos Jorge Magnacco y Héctor Pessino, por su responsabilidad en la sustracción, retención y ocultamiento de Donda a pocos días de su nacimiento. Donda nació en agosto de 1977 en la ESMA. Su mamá, María Hilda Pérez, había sido secuestrada junto a su esposo, José María Donda, cuando llevaba cinco meses de embarazo. Tras pasar algunos días junto a su madre, la beba fue entregada a Azic, quien purga, desde hace casi una década, una condena de 14 años de prisión por su apropiación y por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA. Donda recuperó su identidad en 2004.

A principios de mes, Rafecas ordenó nuevas medidas en la causa, que hasta entonces contaba con Abrego como única procesada. El 11 de mayo, el magistrado procesó al ex capitán de Fragata Adolfo Donda, apodado Jerónimo o Palito, quien era represor en la ESMA durante la época en que su hermano y su cuñada fueron secuestrados por la Aeronáutica, en marzo de 1977. El magistrado también responsabilizó por la sustracción de la actual diputada al médico naval Jorge Luis Magnacco, que asistió el parto de Pérez en el centro clandestino de detención; a Galián, uno de los encargados del cuidado de las mujeres embarazadas y de los niños nacidos en la ESMA, y al médico Horacio Pessino, quien firmó el certificado de nacimiento falso en el que Donda figuró como hija biológica de Juan Antonio Azic y Esther Noemí Abrego.

Juicio oral por la apropiación de Florencia Laura Reinhold Siver

La historia de la búsqueda

Alicia Margulies de Siver contó que la abuela de la joven apropiada recibió un llamado de su hija desde la ESMA y que su vida fue “buscarla y esperar en el living de su casa a que volviera a sonar el teléfono”.

La segunda y última audiencia de declaraciones en el juicio por la apropiación de Florencia Laura Reinhold Siver transcurrió ayer entre el recuerdo a la distancia de una tía materna de la joven, un yerno de quien fue su entregador, el médico Aldo Chiappe, y un ex colega de Juan Carlos Lavia. Este último, su esposa Serafina Marchese y el obstetra Vicente De Luca están acusados de retención y ocultamiento del origen biológico de la hija de Marcelo Reinhold y Susana Siver –quienes fueron secuestrados en 1977, detenidos en la ESMA y aún están desaparecidos– de haber alterado y suprimido la verdadera identidad de la menor y de falsificar su certificado de nacimiento. Laura Reinhold Siver, al igual que la semana pasada, estuvo presente en la sala de los tribunales de Comodoro Py. El lunes comenzarán los alegatos.

Desde Israel, Alicia Margulies de Siver contó al Tribunal Oral Federal Nº5, a la fiscalía –representada por Miguel Angel Pala- zzani y Pablo Parenti–, a los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo y a los acusados durante casi una hora de la historia que la une a Florencia Laura. Es la tía política de Laura; viuda de Lito, el hermano de Susana, la mamá de la médica clínica de 37 años que recuperó su verdadera identidad en 2011 y desde entonces intenta reconstruir los vínculos con sus familiares de sangre.

Alicia y Lito se instalaron en Israel poco tiempo después del regreso de la democracia a la Argentina. Para entonces, Susana y Marcelo llevaban varios años desaparecidos. Al igual que le sucedió a los Reinhold, la familia Siver también recibió, aunque escasas, noticias de ellos a fines de 1977. Desde su encierro en la ESMA, “Susana llamó a su casa y habló con mi suegra. Desde entonces, la mujer no se despegó nunca más del teléfono. Su vida fue buscarla y esperar en el living de su casa a que volviera a sonar ese teléfono”, reflexionó.

Cuando Marcelo y Susana fueron secuestrados, Alicia transitaba el cuarto mes de uno de sus cuatro embarazos: su panza estaba en la misma etapa de crecimiento que la de Susana. La hija del matrimonio exiliado nació en enero de 1978; igual que Florencia Laura. Del hecho, no obstante, las familias Reinhold y Siver se enterarían mucho tiempo después. Durante la audiencia de ayer fueron reproducidos los testimonios que algunas sobrevivientes de la ESMA –Sara Solarz de Osatinsky, Lila Pastoriza, Marta Alvarez, entre otras– ofrecieron en el marco del juicio por el plan sistemático de apropiación de niños y que aportaron información sobre el embarazo de Siver, su traslado al Hospital Naval para dar a luz, el nacimiento de Florencia Laura y cómo ambas fueron separadas a los pocos días de vida de la bebé.

Cuando supo de la recuperación de Florencia Laura, en 2011, Alicia viajó desde Israel junto a sus cuatro hijos. Lito había fallecido más de una década atrás. “Siempre tuvo presente a su hermana y a su sobrina”, recordó ayer. “Yo no entiendo qué pensaban”, reflexionó en referencia al matrimonio que la crió y que, recién cuando la joven llegó a la mayoría de edad, le advirtió que podía llegar a ser hija de desaparecidos: “¿Qué se pensaban? ¿Que (la niña que Lavia recibió de parte de Chiappe, que participó en la ESMA) no tenía familia, abuelos, primos, tíos que la estaban buscando? ¡Cómo puede ser que exista gente mala, gente así?”, se preguntó.

La reconstrucción de Alicia y la reproducción de los testimonios de las sobrevivientes no fueron las únicas palabras oídas en la audiencia de ayer. El ex yerno de Chiappe, Santiago Colomer, fue bastante más generoso que Juan Carlos Gesualdo, un médico que trabajó con Chiappe y Lavia en el sanatorio de la UOM. Colomer, que novió con una de las hijas de ese obstetra, se enteró de su desempeño en el centro clandestino de detención más grande del país cuando su por entonces suegro quiso suicidarse en la Navidad de 2003, atormentado por las violaciones a los derechos humanos de las que había participado. Gesualdo, testigo de la defensa, no aportó demasiada información. “A la mayoría de las preguntas respondió con un ‘no sé’ y por eso fue advertido por el tribunal, parecía que se estaba haciendo el zonzo”, apuntó Adriana Reinhold, tía de Florencia Laura, quien escuchó la audiencia junto con su hermano Augusto. En la sala también estuvo la joven acompañada de su esposo. Los testimonios de ayer fueron los últimos del debate oral y público que, a partir de la semana que viene, ingresará en etapa de alegatos.

Chicha: "Buscate que me encontrás"

La fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo volvió a publicar una carta en Facebook. A sus 92 años no descansa en su lucha por encontrar a la nieta que le robó la dictadura.

Por Redacción Diagonales

La abuela de Plaza de Mayo María Isabel "Chicha" Chorobick de Mariani sigue con la búsqueda de su nieta Clara Anahí Mariani, apropiada a los tres meses de vida durante la última dictadura cívico-militar, y publica en su Facebook fotos de su nuera, madre de la beba robada, para que la joven las mire y encuentre parecidos físicos.

"Buscate que me encontrarás tan pronto como quieras", ruega "Chicha" en su red social, junto a 4 fotos de la madre de su nieta, Diana Teruggi, quien fue asesinada en un operativo de fuerzas conjuntas en noviembre de 1976, tras querer proteger a la beba de la balacera que atacaba la vivienda que ocupaban, en la ciudad de La Plata.

A "Chicha" le gusta contar historias familiares a su nieta, aún cuando en esta oportunidad no la tenga sentada al lado. Con este objetivo tan caro a su corazón, a sus 92 años, Chicha no teme a la tecnología y utiliza a su favor las redes sociales sabedora del alcance que éste sistema tiene.
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Una de las fotos de Diana Teruggi que publicó Chicha

"Clara Anahí, mi querida nieta, espero que te lleguen estas líneas y así puedas ver algo de vos reflejado en ella. Diana, tu mamá, nació el 3 de diciembre de 1950 en la ciudad de La Plata. Ella te protegió, con su vida, hasta el momento antes de que las fuerzas armas te entregaran a otra familia para que te críe aquel 24 de noviembre de 1976", comienza a contar.

Le explica a esa nieta a la que no ve desde 1976: "Tenías tan solo 3 meses de edad. Por eso es que te pido que busques parecidos, hasta en tus fotos viejas… y te animes!".

Y prosigue: "Tu mamá medía un metro setenta, era delgada, tenía piel clara, cabello ondulado y castaño tirando a rubio, ojos color miel y una hermosísima sonrisa que desnudaba sus dientes muy blancos y parejos. Sus voz tenía una dulzura particular porque cuando hablaba se le patinaba un poco la 'ese'"..

Recuerda que "aunque, a raíz de su ímpetu juvenil, caminaba siempre apurada (en alusión a Diana Teruggi) y de un modo algo atolondrada, era realmente delicada".

"Quienes la conocieron comentan que Diana llamaba la atención por su `brillantez intelectual`, por ser “excelente alumna” y por sus vehementes `discursos de asambleas`”, rememora.

"Chicha" le expresa a su nieta que "el amor y esperanza" que tiene en su corazón es tan grande que espera llegue. "Búscate que me encontraras tan pronto como quieras. Te espero, te busco y te quiero mucho mi querida Clara Anahí".

El 24 de noviembre de 1976 la casa de Diana Teruggi y su esposo Daniel Mariani, ubicada en la calle 30 número 1134 de La Plata, fue atacada por las fuerzas represivas.

Diana fue acribillada por la espalda y cayó cubriendo con su cuerpo a su pequeña hija Clara Anahí, que fue secuestrada por los represores y hasta el momento no pudo ser recuperada.

Daniel Mariani no estaba en la propiedad al momento del ataque, pero fue asesinado en agosto de 1977.

En la casa, declarada sitio de mmoria, funcionaba una imprenta que publicaba la revista "Evita Montonera", desde donde se denunciaron por primera vez las desaparición de personas durante la última última dictadura militar, los denominados "vuelos de la muerte" y la existencia de centros clandestinos de detención.

La propiedad exhibe en su frente varios cientos de orificios de bala que impactaron durante el ataque de las fuerzas represivas y un enorme boquete provocado por un proyectil de tanqueta, que atravesó esa pared y otra del interior de la vivienda.

Confirmado el procesamiento de dos auxiliares judiciales y dos administradores por apropiación de menores y otros delitos

La Cámara Federal de La Plata confirmó los procesamientos de dos ex auxiliares judiciales y dos administradores del "Hogar de Belén", que funcionó en la última dictadura cívico militar, por abuso a tres hermanitos de 4, 2 y 5 años entregados en guarda a ese lugar luego del secuestro de la madre de los pequeños, en marzo de 1977. 

La decisión de la sala II del Tribunal de Apelaciones platense recayó sobre quien era la encargada del lugar, Dominga Vera; un ex miembro de su comisión directiva, Juan Carlos Milone; la ex secretaria del juzgado de menores a cargo de los chicos, Nora Pellicier y una psicóloga que actuaba como auxiliar, María Teresa Gómez,. Vera, Milone y Gómez están procesados con prisión preventiva y Pellicier fue excarcelada.

El caso es el de los hermanos María Ester, Alejandro y Carlos Ramírez, quienes desde marzo de 1977 a diciembre de 1983 permanecieron alojados en ese hogar de la localidad bonaerense de Banfield por orden de la ya fallecida jueza de menores Martha Delia Pons. Los tres quedaron desamparados tras el asesinato de su madre el 15 de marzo de 1977, y la por entonces titular del Tribunal de Menores 1 de Lomas de Zamora omitió buscar a sus familiares biológicos y alojó a los niños en el citado hogar.

El padre de los chicos había sido encarcelado por la dictadura y luego se exilió.

Los camaristas confirmaron los procesamientos por entender probado que los niños fueron violados reiteradamente en el hogar durante años.

Milone quedó procesado como "autor del delito de violación doblemente agravada" y Vera como "partícipe necesaria". En cuanto a Pellicer, se le confirmo el procesamiento como partícipe secundaria de apropiación de menores y alteración y supresión del estado civil, y a la psicóloga Gómez como partícipe necesaria de los delitos y abandono de persona agravado.

Para la Cámara, en el hogar "emplearon violencia verbal y física contra los menores como método de disciplina, y permanentemente los obligaban a decirles 'papá' y 'mamá' y los alejaban de todo recuerdo de sus padres, diciéndoles que “su madre era una puta y su padre un terrorista subversivo”.

"Allí se hacían presentes con frecuencia “el Flaco" o "Darío”, que es Juan Carlos Milone -procesado-, integrante de la Comisión Directiva, y “el Gordo" o "Marcelo”, respecto de cuya identidad existen dudas", agregó el fallo, que consideró probado que "ambos abusaron sexualmente, de forma reiterada, a María Ester Ramírez, desde los 6 años de edad". También sufrieron abusos los hermanos de la nena, Carlos y Alejandro. "Dominga Vera no abusó de propia mano a ninguno de los hermanos Ramírez, pero conoció efectivamente las situaciones de abuso y no hizo nada al respecto", concluyeron los camaristas Leopoldo Héctor Schiffrin y César Álvarez.

En el fallo se consideró, además, como "evidente" que el Hogar Casa de Belén "estuvo gobernado por un grupo de tareas" por lo cual se encomendó al juez del caso "recabar más datos que clarifiquen los pormenores de este aspecto de los hechos".

En 1982, desde su exilio, el padre reclamó la devolución de los niños, pero la jueza Pons lo rechazó.

Los tres hermanos viven ahora en Suecia, país al que se fueron con su padre en 1983 y actúan como querellantes en la causa. Todos los acusados fueron procesados por el juez de Lomas de Zamora, Carlos Ferreiro Pella.

COMUNICADO DE PRENSA: Situación del Banco Nacional de Datos Genéticos

La Plata, 7 de mayo de 2015

Consideramos necesario expresar nuestra opinión y sentir acerca del traslado del Banco Nacional de Datos Genéticos, ese Banco contiene la esperanza de encontrar a nuestros nietos desaparecidos por la última dictadura cívica militar y eclesiástica.

Luego de una búsqueda incansable logramos al fin lo que tanto ansiábamos, poder identificar a nuestros nietos con respaldo científico y el Banco empezó a funcionar en el año 1984. Mucha gente de todas partes nos ayudó con donaciones, consejos, en tan difícil materia para nosotras y el mundo.

Allí están depositadas las muestras de sangre de familiares que buscan a sus nietos desaparecidos, y guardadas celosamente las de los familiares de los nietos que faltan recuperar, destinadas a perdurar hasta el año 2050. Ese Banco ya recuperó más de un centenar de chicos robados por la dictadura, ha funcionado normalmente con mucho sacrificio a veces por falta de reactivos u otros elementos, que durante muchos años ayudamos a conseguir. No entendemos por qué hoy quieren anular esos más de 30 años de trabajo y sacrificios. Es un lugar que debería ser respetado, resguardado, preservado de todo intento de hacerlo desaparecer, nos resulta muy difícil entender si ésta es una maniobra para finalizar con nuestra búsqueda de niños , hoy adultos, o si se trata de una cuestión de intereses económicos y/o personales.

Como ex integrantes y fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, hemos trabajado en aquel tiempo intensamente para encontrar la manera de demostrar a través de la ciencia, la identidad de nuestros nietos secuestrados solos, con sus padres o nacidos en el cautiverio de sus madres. No podemos menos que expresar nuestra preocupación y rechazo ante este atropello a la historia y a la memoria de nuestros desaparecidos.

Queremos hacer llegar nuestro reconocimiento al personal técnico y administrativo del BNDG, sin cuyo aporte no podría haber funcionado, y hacemos extensivo nuestro afecto y agradecimiento a las directoras Dra. Ana María Di Lonardo y Dra. María Belén Rodríguez Cardozo por su incansable y muy eficiente labor desempeñada en la conducción del Banco.

Elsa Beatriz Pavón Presidenta de la Asociación Anahí, Mirta Nicasia Baravalle Co-fundadora de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Socia Fundadora de Asociación Anahí ,  María Isabel Chorobik de Mariani Vicepresidenta de la Asociación Anahí

El juicio por el encubrimiento de la apropiación de Pedro Sandoval Fontana

“Tomá, vos dale esto a la policía”

El nieto que recuperó su identidad en 2006 contó que su apropiador estaba avisado del allanamiento que iban a hacer a su casa y que le dio un peine, un cepillo de dientes y una toalla para frustrar la medida. El policía que condujo el operativo es el acusado.

 Por Ailín Bullentini

Para Adolfo Porcel, subcomisario en disponibilidad, el juicio en su contra que comenzó ayer es una “cuestión política”. Está acusado de encubrir la apropiación de Pedro Sandoval Fontana, quien hasta 2004 creyó que sus padres eran el ex agente de inteligencia de Gendarmería Víctor Rei y su esposa, Alicia Arteach. Específicamente, de fraguar el primer allanamiento que la Justicia federal ordenó para obtener el perfil genético del joven y compararlo con el de familias que buscan nietos y nietas nacidos durante la última dictadura cívico-militar. El juicio, a cargo del Tribunal Oral Federal Nº 5 de San Martín, continuará el 9 de diciembre, cuando se oigan los testimonios de los dos testigos que no se presentaron ayer y los jueces den la sentencia.

La audiencia comenzó pasadas las 9.30. Porcel hizo su descargo tras la lectura del auto de elevación a juicio, a cargo del fiscal Carlos Cearra. Luego testimoniaron dos peritos del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) que participaron en la investigación principal de la causa –llegó a dar con la verdadera identidad de Sandoval Fontana y culminó con Rei en la cárcel–. También Antonio Ladra, de la Policía Federal, y el muchacho apropiado. Los abogados de la querella de Abuelas, Alan Iud y Pablo Pachener, y la fiscalía desistieron del testimonio del otro policía federal citado, Daniel Vergara, quien, junto a Ladra, participó con Porcel del allanamiento fraguado. Ambos quedaron fuera del expediente. La ausencia de Tamara Villar, la pareja de Sandoval Fontana entonces, y su padre, Pedro Villar, fue la razón por la que el juicio no culminó ayer mismo. Su testimonio se pospuso para el 9 de diciembre, cuando también se oirán los alegatos y la sentencia.

Frente al TOF 5 de San Martín, Porcel defendió su actuación en el procedimiento de agosto de 2005 en el marco de la causa por la apropiación de Sandoval Fontana y denunció que su acusación era “una cuestión política”. Aseguró haber convocado a los testigos en el momento oportuno y haber seleccionado él mismo los elementos presuntamente contenedores del ADN del joven. Por último, negó haber tenido relación alguna con la última dictadura militar y haber conocido a Rei antes o después del operativo en cuestión.

El relato de Sandoval Fontana reversionó las cosas. El muchacho repasó los hechos que cambiaron su historia: desde la confesión en llanto de su apropiador, en 2004, hasta la propuesta de fraguar el allanamiento que aquél le hizo en Campo de Mayo. “En 48 horas van a allanarte la casa, tomá, vos dale esto a la policía”, recordó Sandoval Fontana.

Rei le entregó una bolsa con un peine, un cepillo de dientes, una remera y una toalla, rememoró el joven. Dos días después, entregó las cosas a Porcel y compañía. Junto a Ladra y Vergara, el entonces subcomisario había ido a buscar al hijo biológico de Liliana Fontana y Pedro Sandoval –aún desaparecidos– a la panadería de su ex suegro, Pedro Villar. Alejandro Rei, como lo llamaron sus apropiadores, los acompañó hasta su casa, en donde les entregó los elementos. Según declararon ayer los peritos del BNDG, contenían varios perfiles genéticos lo que los hizo inutilizables para el propósito con el que habían sido recolectados. Sandoval Fontana recordó que recién después de recibirlos, Porcel notó la falta de testigos. Lo solucionó citando en su informe a dos operarios de la panadería de Villar.

La Audiencia Nacional Madrid eguarda una investigación secreta sobre los bebés robados por Videla

El expediente forma parte de la causa tramitada por Garzón contra la dictadura argentina a finales de los 90. Su archivo definitivo podría producirse en las próximas semanas

DANILO ALBIN Bilbao 16/11/2014 23:15 Actualizado: 17/11/2014 00:19

Manifestantes escuchan el veredicto contra Videla en julio de 2012.

Los maquiavélicos métodos represivos aplicados por la dictadura argentina (1976-1983) no sólo incluyeron secuestros, torturas atroces o vuelos de la muerte. Siguiendo un plan sistemático ideado desde las más altas esferas del régimen, sus verdugos se encargaron de separar a cientos de niños de sus verdaderas familias. Muchos nacieron en campos de concentración u hospitales militares. Sus madres, nada más dar a luz, fueron fusiladas o lanzadas al mar aún vivas. En otras ocasiones, las criaturas eran apropiadas durante el secuestro de sus progenitores y entregadas a familias "occidentales y cristianas". La condena era clara: ellos, los "hijos de subversivos", jamás conocerían esta historia.

La lucha incansable de las Abuelas ya ha permitido que 114 jóvenes recuperen su identidad

Las cifras hablan por sí solas: según las Abuelas de Plaza de Mayo, cerca de 500 hijos e hijas de desaparecidos fueron secuestrados por la

dictadura y entregados a familias de militares o civiles cómplices, que los criaron en la más absoluta de las mentiras. Sin embargo, la lucha incansable de las Abuelas ya ha permitido que 114 jóvenes recuperen su identidad. La búsqueda no sólo se realiza en Argentina, sino también en aquellos países donde los apropiadores podrían haberse afincado en la etapa final de la dictadura.

Según ha podido confirmar Público, España figuró entre los destinos elegidos por los ladrones de bebés. No en vano, en una habitación de la Audiencia Nacional existen varios documentos -hoy completamente olvidados- que así lo acreditan. De acuerdo a esos archivos, todo comenzó a mediados de 1996, cuando el juez Baltasar Garzón tramitaba una causa judicial por los crímenes cometidos en la Argentina de Videla. En aquel contexto, Matilde Artés Company, "Sacha", una madre y abuela de desaparecidos que una década antes había logrado rescatar a su nieta Carla -apropiada por un agente de Inteligencia-, presentó una denuncia sobre posibles casos de hijos robados que por entonces podían vivir en España, sin conocer su identidad.

Las informaciones ofrecidas por Matilde Artés dieron lugar a una pieza judicial de carácter secreto, en el marco de la cual se realizaron distintas averiguaciones. Aquellas investigaciones estuvieron a cargo de un grupo conformado por agentes del Cuerpo Nacional de Policía, aunque la Guardia Civil también participaría en determinadas indagaciones. Durante varios meses, los agentes realizaron diferentes pesquisas para tratar de determinar si las denuncias de esta abuela eran ciertas.

Fuentes judiciales consultadas por Público confirmaron que este expediente -que reúne numerosas pruebas fotográficas y documentales- estaría condenado a dormir el sueño de los justos: el juez Pablo Ruz -sustituto de Garzón en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional- considera que los trámites relacionados con Argentina han concluido, por lo que próximamente podría producirse el archivo definitivo de la voluminosa causa. Si eso ocurre, la pieza secreta sobre los hijos robados por la dictadura se perderá para siempre.
Cuestión de sangre

Uno de los casos más llamativos de este expediente es el de P.E.V.B., un joven que por entonces vivía en Alicante. Las sospechas surgieron a raíz del testimonio de un odontólogo valenciano, quien aseguró que "un colega suyo, de unos 60 años de edad, tiene un hijo de unos 20 años, moreno, no guardando parecido físico con los padres". "El padre de este niño, siempre que surgen conversaciones en relación a las personas desaparecidas durante el período de la dictadura militar en la República Argentina, elude éstas, evitando todo tipo de comentarios o impresiones al respecto", añadía la denuncia presentada por Artés.

Las madres eran fusiladas o lanzadas al mar aún vivas nada más dar a luz

Según comprobaron los agentes de la Guardia Civil que investigaron a esta familia en Alicante, P.E.V.B. había nacido en Buenos Aires el 15 de junio de 1979. Sin embargo, su anotación en el Registro Civil de la capital argentina se produjo casi 15 meses después, algo característico en los casos de apropiaciones de bebés por parte de la dictadura de Videla. Por tales motivos, los investigadores planteaban la necesidad de obtener "muestras biológicas de P.E.V.B. para su análisis, remisión y cotejo con el Banco de Muestras Genéticas de desaparecidos existente en Argentina". Las fuentes judiciales consultadas por este periódico informaron que estos exámenes no llegaron a realizarse.

Las sospechas fueron aún mayores tras la declaración ofrecida a la Guardia Civil por un ginecólogo de origen argentino que a finales de los años 80 había atendido a la supuesta madre de este joven. La mujer había acudido a la consulta junto a su marido. Durante la charla con el ginecólogo, el hombre dejó entrever que había sido suboficial de las Fuerzas Armadas. "Se identificaron como argentinos y le dijeron que tenían un niño adoptado; igualmente le manifestaron que no tenían hijos biológicos", recordó el médico. También aseguró que la pareja no le había explicado de qué manera habían realizado la adopción.

Junto a esta declaración judicial figuran fotos del joven y de sus supuestos padres, así como de las propiedades que la pareja tenía en España. También hay datos muy pormenorizados sobre rasgos físicos y hábitos personales del presunto hijo de desaparecidos. "Este caso era uno de los más claros", señalaron desde el entorno de Matilde Artés. En las últimas horas, Público ha logrado confirmar que P.E.V.B. vive actualmente en Buenos Aires.
Dentistas en el punto de mira

Las sospechas también se centraron en J.M.A. y E.M.A., un jubilado argentino y una ciudadana alemana que vivían en Benidorm. En el marco de aquellas averiguaciones, la Guardia Civil obtuvo datos sobre los domicilios y las cuentas bancarias que el matrimonio tenía en esa turística ciudad. También pudo determinar que si bien contaban con residencia legal en España, la pareja mantenía su vivienda en una localidad situada a la orilla del río Meno, cerca de la frontera con Baviera. En los documentos no figuraba que tuviesen hijos, pero los investigadores no lo descartaban. Tal como explicaban en uno de los documentos, todas las pistas apuntaban a que J.M.A. y E.M.A. "se encuentran en este país de descanso, una vez alcanzado el retiro", mientras que sus posibles hijos seguirían "residiendo en Alemania, donde tendrían sus estudios o trabajo".

Una red de odontólgos "se habrían hecho cargo de sacar de Argentina y apropiarse de niños secuestrados"

Por su parte, la Policía Nacional llegó a elaborar un "listado de familias que tuvieran hijos cuya fecha de nacimiento estuviera comprendida entre 1975 y 1983 y que en el transcurso del tiempo continuaran residiendo en territorio nacional o hubieran obtenido la nacionalidad española". De esta manera, los funcionarios detectaron "la existencia de 243 familias, repartidas en 26 provincias del territorio nacional, que tenían 366 hijos, los cuales se encontraban comprendidos en el objeto de la investigación". Tras revisar los expedientes de cada uno de ellos, los policías aportaron al juzgado 134 fotocopias de partidas de nacimientos que, "una vez cotejadas, no han aportado nada nuevo a las investigaciones llevadas a efecto con anterioridad", explicaban.

Entre las familias investigadas se encontraban el odontólogo V.R.O. y su mujer, R.B.H., quienes tenían una hija adoptada. Los inspectores a cargo de este caso aportaron a la Justicia diferentes documentos relacionados con esta familia, desde fotografías y copias de sus respectivos DNI hasta el expediente judicial sobre un altercado de tráfico que V.R.O. había tenido en 1984. Varios años después, la supuesta hija menor de este matrimonio, una joven que responde a las iniciales de L.O.H., inició su propia búsqueda de la verdad a través de las redes sociales. Si bien su nacimiento se habría producido en 1974, fuentes cercanas a la investigación recordaron a Público que la dictadura argentina solía falsear las fechas en las partidas, con el objetivo de hacer aún más difícil la localización de estos chicos.

En tal sentido, las mismas fuentes incidieron en uno de los nexos en común que tendrían los apropiadores afincados en España: muchos de ellos son dentistas de profesión. En efecto, los abogados de los organismos de derechos humanos ya habían advertido al juez Garzón sobre la "existencia de una suerte de red de odontólogos argentinos en el extranjero que se habrían hecho cargo de sacar del país y apropiarse de estos niños secuestrados". Uno de los sospechosos de formar parte de este entramado, A.E.F., tenía una consulta en Vigo. En su denuncia, Matilde Artés advertía que tendría "dos o tres chicos que son hijos de desaparecidos". Esta familia había llegado a España en junio de 1984, seis meses después de acabada la dictadura. Las sospechas, como en otros casos similares, aún siguen vigentes.