miércoles, 28 de mayo de 2014

Juicio oral a Lidia Fanni Villavicencio, médica de Campo de Mayo

Obstetra en una maternidad clandestina

Firmó el certificado falso del nacimiento de Catalina De Sanctis Ovando, en el que figuraba como hija de sus apropiadores.
“Mis abuelos tendrían la misma edad que esta mujer, pero yo no pude conocerlos”, dijo De Sanctis Ovando.

Laura Catalina De Sanctis Ovando creyó hasta los 21 años que era la hija biológica de sus apropiadores. Como suele sucederles a quienes crecen en una familia que no es la de origen, ella sentía cierto extrañamiento pero, salvo alguna respuesta evasiva, no tenía motivos para dudar de su parentesco. Hasta su certificado de nacimiento lo confirmaba y decía que sus papás eran Carlos Hidalgo Garzón y María Francisca Morilla. Lo que ella no sabía era que ese papel mentía, porque Lidia Fanni Villavicencio, obstetra de la maternidad clandestina de Campo de Mayo, había introducido datos falsos en el documento. La médica enfrenta ahora un juicio que concluirá mañana. En la jornada de ayer, las querellas expusieron sus alegatos y pidieron 12 años de prisión para Villavicencio al considerar que sin su labor Catalina no hubiera sido apropiada.

“Pensé que iba a ser más liviano, pero es muy movilizante”, aseguró De Sanctis a Página/12 sobre el proceso judicial que se lleva a cabo. “Este juicio me centró en pensar en mis abuelos, que no pudieron conocerme. Fallecieron muy jóvenes porque el hecho de que yo no estuviera con ellos les destruyó su salud y su vida. Y yo no los pude conocer”, añadió.

Catalina nació el 11 de agosto de 1977. Es hija de Raúl René De Sanctis y Miryam Ovando, dos estudiantes universitarios que militaban en la Juventud Peronista, ambos desaparecidos en la última dictadura. Cuando fue secuestrada el 1º de abril de ese año, Miryam ya transitaba el sexto mes de embarazo.

En el libro de partos de Campo de Mayo, su apellido –Ovando– aparece inscripto el mismo día que nació su hija. Al lado está la palabra “cesárea” tachada y reemplazada por la frase “legrado feto sin vida de 45 días”. Es decir, para ese documento, Miryam, que estaba en fecha de parto, había perdido el bebé.

El otro asiento importante se encuentra cuatro días después y menciona que una bebé llamada María Carolina nació por cesárea, como hija biológica de Morilla e Hidalgo Garzón. Esa información, se supo después, era falsa, pero los nombres y la fecha que la médica obstetra incluyó en el acta de nacimiento posibilitó luego que Catalina fuera inscripta por sus apropiadores.

Tuvieron que pasar 31 años para que, el 8 de septiembre de 2008, ella recuperara su verdadera identidad, luego de un examen de muestras de ADN ordenado por el juez federal Ariel Lijo y al que ella no quiso someterse voluntariamente.

Para ese momento, Catalina ya sabía desde hacía diez años que era hija de desaparecidos. Al ver un anuncio de Abuelas de Plaza de Mayo en la televisión había hablado con su apropiadora y ella admitió la verdad. No dijo ni hizo nada por temor a los delitos y las penas que implicaba para Hidalgo Garzón y Morilla. Pero luego de recuperar su identidad y conocer su historia, Catalina fue querellante en el juicio contra sus apropiadores. Ellos fueron juzgados el año pasado y recibieron una condena de 15 y 12 años, respectivamente. Hidalgo Garzón fue miembro del área de Inteligencia del Ejército.

En diálogo con este diario, la abogada de Abuelas de Plaza de Mayo María Inés Bedia señaló: “Vamos a demostrar que Catalina nació el 11 de agosto y fue arrancada de los brazos de su madre para ser entregada a sus apropiadores, que alteraron sus datos gracias al aporte fundamental de Villavicencio”.

El debate en el tribunal comenzó el martes 20 de mayo, en la primera de las tres jornadas que se programaron en el proceso que lleva adelante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de San Martín. Puntualmente, la partera de la maternidad clandestina de Campo de Mayo está imputada por tres delitos. Se la considera partícipe necesaria de la retención y ocultación de un menor de diez años y de la alteración del estado civil. Además, está acusada de ser la autora del delito de falsedad documental.

En la primera jornada se leyó el requerimiento de elevación a juicio de la fiscalía y, tras ese paso, se dio la palabra a Villavicencio, pero la mujer se negó a declarar. “Entonces se leyó la indagatoria que prestó por escrito durante la etapa de instrucción del juicio”, explicó Bedia.

Villavicencio se había descompuesto cuando le tomaron declaración testimonial durante la fase de instrucción, por lo que presentó luego una declaración por escrito “con las mismas formalidades que la indagatoria”. Esa versión fue la leída en la primera audiencia y, allí, la acusada contó que atendió a una mujer, que pudo advertir que estaba detenida, pero que tenía la orden de no hablar con ella. Además, relató que el parto se realizó en una sala que no era la habitual.

Respecto de los datos falsos que insertó en el certificado de nacimiento de Catalina, la partera explicó que la información se la dieron y que ella no conocía a los apropiadores. “Vamos a demostrar que sí tenía conocimiento tanto de que esa mujer estaba en situación de desaparición forzada y que sabía que esos datos eran falsos”, remarcó la abogada querellante.

Durante el juicio declararon cuatro testigos. La propia Catalina, su marido Rodrigo, que la acompañó durante todo el proceso de recuperación de la identidad, el perito calígrafo Guillermo Anzorena, que certificó que la firma existente en los documentos modificados es de la médica y Jorge Villavicencio, el hijo de la obstetra.

La médica tiene ahora 91 años. Al ingresar el martes pasado a la sala del tribunal caminó muy despacio, con un bastón, pero los años, para De Sanctis, no la liberan de su responsabilidad. “Tuvo toda una vida para pensar en esto y en hacer algo para contar lo que sabía”, remarcó.

“Cuando escuché su edad, pensé que me habría gustado estar con mis abuelos de la misma manera que ella pudo estar con los hijos y sus nietos”, contó Catalina, pero es probable que lo haya sintetizado mejor el martes pasado en la audiencia. “Si vivieran, mis abuelos tendrían la misma edad que esta mujer pero, por ella, yo no pude conocerlos”, declaró.

viernes, 2 de mayo de 2014

Se identificaron tres mujeres asesinadas embarazadas.

COMUNICADO DE PRENSA

Abuelas de Plaza de Mayo informa que en los últimos tiempos el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), a través de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas (ILIP), identificó tres mujeres que fueron asesinadas embarazadas por el terrorismo de Estado. Mónica Edith De Olaso, Alicia Beatriz Tierra y Laura Gladys Romero fueron secuestradas embarazadas, por lo que hasta el momento de su identificación buscábamos a sus hijos. A pesar de la tristeza de conocer ese final atroz, y confirmar que las jóvenes fueron asesinadas antes de dar a luz, pudimos conocer la verdad sobre lo ocurrido.
 
Los casos
Mónica De Olaso nació el 12 de agosto de 1958 en la localidad de Tolosa, provincia de Buenos Aires. Sus familiares y amigos la llamaban "Moniquita". Su compañero Alejandro Ford nació el 1° de marzo de 1957 en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. Sus amigos lo llamaban "El Negro". Ambos militaban en el Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Fueron secuestrados el 11 de mayo de 1977 en la casa de unos amigos en la localidad de Tolosa. Mónica estaba embarazada de dos meses. Ambos permanecieron detenidos en el Centro Clandestino de Detención "La Cacha". La joven estuvo detenida también en la Comisaría 5° de La Plata y en el Penal de Olmos. Los restos de ambos fueron identificados en el cementerio de Ezpeleta (Quilmes), y gracias al trabajo de identificación del EAAF se confirmó que la joven fue asesinada el 24 de junio de 1977, con tres meses de embarazo.

Alicia Tierra nació el 16 de junio de 1953 en Pérez, provincia de Santa Fe. Su familia la llamaba "Lali". Fue secuestrada el 31 de diciembre de 1976 en su domicilio de la ciudad de Rosario, embarazada de seis meses. Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse que permaneció detenida en el Servicio de Información de la Jefatura de Policía de Rosario. El EAAF logró identificar a Alicia en el Cementerio de la Piedad de esa ciudad y determinó que fue asesinada el 28 de enero de 1977.

Laura Romero
nació el 29 de diciembre de 1956 en La Quiaca, provincia de Jujuy. Su compañero Luis Guillermo Vega Ceballos, el 18 de septiembre de 1947, en Santiago de Chile. Su familia lo llamaba "Willy". Ambos militaban en el PRT-ERP. Fueron secuestrados el 9 de abril de 1976 en el barrio de la Boca, Capital Federal. La joven estaba embarazada de cuatro meses. El 22 de abril de 1976 apareció el cuerpo de una mujer en la costa uruguaya, en la Barra de la Laguna de Rocha, a 14 kilómetros de La Paloma. Del cuerpo se pudieron extraer impresiones digitales y fue inhumado como NN en el cementerio. Allí se enterró a su compañero Luis, también como NN. Gracias al trabajo del EEAF ambos fueron identificados. Habrían sido asesinados en unos de los llamados “Vuelos de la muerte”.
La noticia confirma, una vez más, la virulencia con que los represores se ensañaron con nuestros hijos. Los secuestraron, torturaron, a algunas mujeres las dejaron con vida hasta el momento de dar a luz, para luego robarles sus bebés; a otras las acribillaron aún con su hijo en el vientre.

Las Abuelas de Plaza de Mayo buscamos a nuestros nietos desde el momento en que desaparecieron a sus padres y en este camino también buscamos saber qué ocurrió con nuestras hijas e hijos desparecidos. Hoy sabemos cuál fue el destino final de Mónica, Alicia y Laura, y con dolor cerramos la búsqueda de tres nietos, no porque hayamos restituido su identidad, sino porque sus madres fueron asesinadas embarazadas. Con esta información el número de casos resueltos por la institución asciende a 113. Esperamos que el próximo comunicado sea para anunciar que un nuevo nieto restituye su identidad y comienza a vivir con la libertad que solo nos asegura la verdad.
Miércoles 30 de abril de 2014, Ciudad de Buenos Aires.

miércoles, 16 de abril de 2014

Una muestra con la búsqueda de la abuela Maria Isabel Chorobik de Mariani

“Una forma de llegar a Clara Anahí”

En el hall de la Biblioteca Nacional se inauguró la exposición itinerante en la que hay fotos y cartas que cuentan la historia de Chicha Mariani y sus intentos por recuperar a su nieta, secuestrada durante la última dictadura.

 Por Ailín Bullentini

La foto de una beba recostada en una silla mecedora azul y blanca, cachetona, sonriente, protegida del sol por las ramas de un frondoso jardín, se repite en diferentes tamaños y formatos. Está ampliada y en tamaño carnet; encabeza almanaques y folletos; se convierte en postal, mural, portada de libros. Esa bebé, Clara Anahí Mariani Teruggi, congelada para siempre en sus tres meses de vida, es el denominador común de la muestra itinerante que lleva su nombre y que resume, en varios documentos, elementos y fotografías, el camino que su abuela paterna, María Isabel Chorobik de Mariani, recorrió para buscarla. Uno que aún no termina de construirse porque Clara Anahí, como otros 400 nietos arrebatados durante la última dictadura cívico militar, no aparece. La muestra itinerante llegó ayer al hall de entrada de la Biblioteca Nacional.

El recorrido en exhibición fue creado hace aproximadamente un lustro por miembros de la Asociación Anahí, el organismo de derechos humanos que Chicha Mariani fundó cuando se fue de Abuelas de Plaza de Mayo, espacio que ayudó a fundar. Su compañera incansable en esta nueva etapa fue Elsa Pavón, quien continúa a su lado. “La muestra es una forma más de intentar llegar a Clara Anahí. Con las fotos de ella de bebé, de su familia, deseamos llegar a ella donde quiera que esté”, introduce Pavón, quien asegura haber llevado la exhibición “por todo el país”.

Las fotos de Daniel Mariani y Diana Teruggi sonríen desde una tela, en blanco y negro que inaugura la exhibición. La misma tela aloja las fotos y los nombres de los otros cuatro hombres que fueron acribillados en la casa de la joven pareja, en la calle 30, en La Plata, por una patota de las “fuerzas conjuntas” de la última dictadura, el 24 de noviembre de 1976. Varias fotografías de aquella casa, del estado en que quedó tras el ataque, de las marcas de los tiros en la fachada y de los destrozos de su interior también testifican en el recorrido itinerante sobre aquel día en el que la nieta de Chicha, de sólo tres meses de vida, fue robada.

Los registros fotográficos son más amplios, ofrecen una ventana hacia el antes de aquel punto de inflexión trágico y otra hacia los años que vendrían. Dan cuenta de meses felices, cuando el nacimiento de Clara Anahí o los primeros arrorrós de abuela Chicha y abuelo José –el papá de Daniel–, y del aprendizaje en plena lucha, luego, con años venideros de marchas, encuentros con otras mujeres en la misma situación, el nacimiento de Abuelas, algunos viajes con el reclamo por los bebés robados por los milicos a cuestas.

Pero no sólo de fotos está hecha la muestra itinerante, que también cuenta con elementos testigo de la espera de la abuela. La máquina de escribir en la que Chicha tipeó las primeras cartas pidiendo por su nieta. Los pañuelos blancos que utilizó a lo largo de los pasos dados, algunos bordados, otros pintados a mano alzada, algunos de regalo, otros con ausentes ajenos y aún así tan propios. Las muñecas que compró, año tras año, con la esperanza de poder acompañar su niñez, envueltas en nylon transparente, fechadas y ubicadas geográficamente. Y, desplazada en tres gigantografías, la carta que esa abuela le escribió a esa bebé arrebatada, esperada, imaginada, al cumplirse cinco años de su nacimiento. “Clara Anahí, mi chiquita, hoy 12 de agosto es tu cumpleaños. Cumples cinco años, mi vida, y yo sólo puedo imaginarte”, afronta la realidad la abuela que no dejó de ejercitar jamás su imaginación. Son, hoy, casi 38 los años que lleva en ese plan, mientras el otro, el de la búsqueda incansable, no le devuelve negativos.

“Me sigue emocionando y sobrecogiendo como el primer día la búsqueda de Chicha. La ausencia de ella la siento injusta más que ninguna. Ha sido una leona buscando a nuestros chicos y la de ella nunca apareció”, confesó Pavón, que pudo reencontrarse con su nieta en 1984. Que ese pedazo de historia, aquel que cuenta el recorrido de Chicha y que grita desde allí mismo un constante “Clara Anahí, te estamos esperando”, sea exhibido en lugares como la biblioteca –lo hizo en centros culturales, espacios de organismos de derechos humanos– es importante para la búsqueda. “En lugares como éstos transita mucha gente, incluso de otros países. Y realmente no sabemos dónde está, por lo que es una puerta para que alguien más la vea o ella misma se reconozca de chiquita... En fin, esos caminos que tiene Dios y el destino para acercarnos a nuestros chicos”, concluyó Pavón.

lunes, 17 de febrero de 2014

Juicio Oral por la apropiación de un niño durante la dictadura en Reconquista

Un nacimiento en las peores condiciones

El jefe del grupo de tareas, Sambuelli; la apropiadora Cecilia Góngora y la médica que atendió el parto, Elsa Nasatsky de Martino, estarán en el banquillo por robar a José Luis Maulín, hijo de dos sobrevivientes del terrorismo de estado.

 Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe

El bebé nació el 26 de marzo de 1977, en un sanatorio privado de Reconquista, donde a la madre ni siquiera le preguntaron su nombre. El 6 de abril, sus apropiadores lo inscribieron como si fuera hijo legítimo. Treinta y seis años después, el 13 de marzo de 2014, el Tribunal Oral de Santa Fe, comenzará el primer juicio de lesa humanidad por la apropiación de aquel niño, que el mes que viene cumplirá 37, en el transcurso del debate oral. El análisis genético ya confirmó que es el hijo biológico de Rubén Maulin y Luisa Pratto, dos sobrevivientes del terrorismo de estado. En el banquillo, estarán el jefe del grupo de tareas que operó en la III Brigada Aérea de Reconquista, Danilo Sambuelli; la apropiadora Cecilia Góngora -como se conoce la causa- y la médica que atendió el parto, Elsa Nasatsky de Martino. Sambuelli ya cumple una condena --en su casa-﷓ a 21 años de prisión por secuestros y torturas de 38 militantes políticos, entre ellos Maulín y la "violación agravada" de Griselda Pratto, hermana de Luisa. Mientras que las dos mujeres imputadas están "en libertad bajo caución".

El fiscal Roberto Salum investigó el caso de José Luis (que aún tiene el apellido de sus apropiadores) como uno de los "niños robados como 'botín de guerra'. De manera de hacerlos desaparecer, anular su identidad y privarlos de vivir con su legítima familia, de todos sus derechos y de su libertad", dijo al citar a las Abuelas de Plaza de Mayo.

"El núcleo de ese accionar delictivo radicó en el traspaso de niños de un grupo a otro, produciéndose en ese contexto otros posibles delitos, tales como la falsificación de certificaciones de niños nacidos vivos, la inscripción dolosa de los recién nacidos como hijos de sus sustractores, o bien adopciones fraguadas. Todos, tendientes a asegurar la impunidad de los autores y partícipes, resultando esos niños sometidos al mismo proceso de desaparición y victimización, sustraídos de sus madres luego del parto, o en otros lugares, puestos fuera del ámbito familiar, retenidos, ocultados, o sea privados de libertad y de identidad", planteó Salum en el requerimiento del juicio.

José Luis nació mientras su familia biológica sufría la persecución del terrorismo de estado. Maulín y su madre ya habían sido detenidos, lo mismo ocurrió con tres hermanos de Luisa Pratto y otros compañeros de militancia. Luisa había quedado sola, embarazada y con dos hijos pequeños. Una semana antes del parto, una tía de Maulín le presentó a Cecilia Góngora. "Ella te va a ayudar a tener el bebé porque acá no podés quedarte con otro chico más", le dijo. "Ahí conocí a esa señora Cecilia Góngora de Segretin. Ella me dijo que me iba a ayudar con el bebé. 'Yo te voy a llevar al sanatorio, te voy a pagar todo'. No me dijo que me iba a robar el bebé", declaró en la causa.

El 26 de marzo de 1977, Góngora llevó a Luisa al Sanatorio Reconquista. "Llegué a las diez de la mañana", dijo. Nunca le preguntaron su nombre. "Paso directamente a la sala de parto, donde estaba la doctora Nasatsky de Martino. Tengo el bebé a las diez y media, un varón. Me descompuse ese día, estaba mal emocionalmente. La doctora me dijo que me llevaran a una sala".

A las tres horas, llegó "el médico pediatra, el doctor Restanio. Me trae el bebé y me dice que le diera de mamar. Ahí me doy cuenta de que me decía Cecilia, no dije nada". Poco después, llegó al sanatorio Griselda Pratto, la hermana menor de Luisa. Sambuelli la había liberado en la III Brigada Aérea, donde cumplió sus 17 años en un martirio. Un secuestro de casi un mes y medio, entre el 5 de febrero y el 26 de marzo, torturada y convertida en esclava sexual del grupo de tareas. Sambuelli la dejó ir ese 26 de marzo, el día del parto, "le dio unas monedas y le dijo que fuera al Sanatorio Reconquista", donde estaba Luisa.

"Griselda llegó justo cuando el doctor Restanio me había traído el bebé. Ella lo alzó y yo le dije que no lo quería ver. Mi hermana me preguntó si lo iba a dejar ahí y le dije que yo no lo podía llevar, que lo tenía que entregar. Mi hermana me dijo que no y le dije que si no lo hacía me iban a matar. Le dije que no podía hablar. Llegó entonces la doctora Martino y se lo sacó de los brazos porque Griselda hablaba muy fuerte y no se tenían que enterar otras personas. Salí del sanatorio sin mi hijo", relató Luisa.

domingo, 8 de diciembre de 2013

No al traslado del BNGD : Los motivos de los familiares

Quiero explicar porqué junto con otros familiares nos oponemos al traslado del BNDG y porqué algunos familiares y compañeros piden que la justicia declare la inconstitucionalidad de 2 artículos de la ley 26548 reglamentada este año.

La respuesta es muy simple: El BNDG es la herramienta que va a permitir que mi hermana junto con tantas otras personas apropiadas siendo bebés puedan saber quiénes son.

Junto con otros familiares y compañeros, Chicha y Mirta defienden al BNDG que ayudaron a crear y que está funcionando perfectamente. Lo intentan defender a través de una causa judicial, porque las modificaciones que se pretenden realizar pueden perjudicar su funcionamiento.

Lo defienden de una mezquindad incomprensible que modificó el objeto para el cuál fue creado y restringió el acceso al BNDG y al derecho a la identidad.

Varios compañeros y familiares, nos opusimos en primer lugar a la sanción de la ley 26548 que no “reglamenta al BNDG” cómo se quiere hacer creer, sino que modifica entre otras cosas, el objeto fundacional del Banco que fue creado por la ley 23511 en 1989.

En el año 2009, a pesar de las cartas enviadas a los legisladores se negó cualquier posibilidad de debatir los artículos que consideramos perjudican el funcionamiento del Banco y sobre todo aquellos que lesionan derechos adquiridos.

Se esgrimió en aquel momento (y se sigue esgrimiendo!) que esta ley iba a acelerar los tiempos de los análisis, cuando los tiempos de los análisis, por lo menos desde el año 2006 a la fecha, son los que corresponden (1 a 2 meses según la complejidad de cada caso). Y la verdadera dificultad para la identificación de nuestros familiares apropiados no se encuentra en esta instancia sino en las previas: su paso por la justicia en la que muchos jueces y fiscales demoran por años las investigaciones o directamente las obstaculizan, o en su paso por la CONADI, creada en 1992 y regulada por la ley 25457 del 2001, una ley de una carilla y media que aun no ha sido reglamentada.

El traslado que ahora se quiere llevar a cabo se apoya en la ley 26548 y su reglamentación deficiente e incompleta de principios de este año.

Quiénes seguimos de cerca este proceso de cambio que se quiere instrumentar en el BNDG, vimos con asombro y angustia cómo a fines del año pasado se nombró a una persona completamente inadecuada para llevar a cabo la tarea del “traspaso de órbita” y cómo esta persona, que perseguía otros fines para los recursos del BNDG, fue la encargada de “acondicionar” el lugar al cuál se quiere mudar al BNDG. Un lugar más chico que no contempla las necesidades de funcionamiento de las distintas áreas técnicas del Banco.

A pesar de que dicha persona no se encuentra más en esa función se insiste con un traslado que va a perjudicar el funcionamiento de un organismo que dio sus primero pasos en el sector de inmunología del Hospital Durand en 1984 y en estos 29 años ha funcionado en pacífica convivencia con dicho servicio.

Es preciso aclarar que el BNDG no es propiedad de ninguna organización, sino de quiénes hemos dejado sus muestras allí, ya que estas muestras conforman el Banco.

Clara Petrakos

jueves, 31 de octubre de 2013

Cinco detenidos por la apropiación ilegal de tres hermanos durante la dictadura

Una causa sobre la burocracia del terror

Los involucrados son dos ex secretarios y la psicóloga de un juzgado, la directora de un hogar de menores y un hombre encargado de la guarda de una de las víctimas. Los menores fueron enviados al Hogar Belén, donde los maltrataron, aunque su familia los reclamaba.

Dos ex secretarios y la psicóloga de un juzgado de Menores de Lomas de Zamora fueron detenidos e indagados por su posible participación en la apropiación ilegal de tres hermanos durante la última dictadura. El caso tuvo como epicentro el juzgado a cargo de Marta Delia Pons, quien llegó a decirle a una Abuela de Plaza de Mayo que no pensaba devolver nietos de desaparecidos porque “sus hijos eran terroristas”, y que murió impune en 1994. Los menores, que en 1977 tenían 2, 4 y 5 años, estuvieron hasta el retorno de la democracia en el Hogar Casa de Belén, de Banfield, donde fueron sometidos a maltratos y abusos sexuales. Por estos delitos también fueron indagados y detenidos la mujer que tenía a su cargo ese “hogar” y un hombre acusado como coautor de violación, agravada por su responsabilidad como encargado de la guarda de la víctima.

Los hermanos Carlos Alberto, María Ester y Alejandro Ramírez fueron testigos el 14 de marzo de 1977 del operativo en el que fue asesinada su madre, Vicenta Orrego Meza, junto con Florencia Ruival (embarazada) y José Luis Alvarenga. Los dos últimos fueron enterrados como NN en cementerios de Grand Bourg y Rafael Calzada e identificados años después por el Equipo Argentino de Antropología Forense. El tiroteo ocurrió en una casa del barrio San José, en Almirante Brown. Carlos, de cinco años, fue herido al ser rozado por un proyectil en la cabeza. Los militares y policías que intervinieron abandonaron a los niños, que quedaron al cuidado de un matrimonio vecino. Les dijeron que volverían a buscarlos, pero nunca aparecieron. El matrimonio se presentó luego en la comisaría y finalmente los llevó al tribunal de menores de Lomas de Zamora a cargo de Pons. La jueza, quien se ufanaba de derivar a los niños “a familias decentes” y con los años se convertiría en icono de la complicidad del Poder Judicial con el plan sistemático de robo de bebés, ordenó alojarlos primero en el hogar Leopoldo Pereyra y luego en la Casa de Belén.

Casa de Belén estaba a cargo del matrimonio que formaban Manuel Maciel y Dominga Vera, que vivían allí con sus tres hijos, más los niños derivados por la Justicia. Pese a que el padre de los hermanos, Julio Ramírez Domínguez, estaba vivo (en la cárcel), los niños fueron bautizados e inscriptos en un colegio con el apellido Maciel. Cuando María Ester preguntaba por sus padres le respondían pegándole o insultándola con frases como “tu mamá era una puta y tu papá un terrorista, borracho, que tenía muchas armas y mataba gente”. Según consta en la causa, en el juzgado de Pons llegaron a decirles “ustedes son hijos del diablo”, mientras la jueza interceptaba las cartas que les enviaba el padre y le impedía a una tía tomar contacto con los niños.

“Los pedía una tía paterna”, recordó durante el juicio por el plan sistemático de robo de bebés María Felicitas Elías, entonces asistente social del juzgado. “La visité y redacté un informe a favor de darle la guarda, pero la jueza me llamó a su despacho y me dijo que no era lo que esperaba, que eran hijos de un paraguayo montonero que había desafiado la Constitución Nacional y no merecía recuperarlos”, relató. Fue en el contexto de Casa de Belén en el que, sin la madre, distanciados del resto de la familia, los hermanos fueron sometidos a tormentos físicos y psíquicos, violaciones y otros delitos sexuales por quienes estaban al frente del “hogar” y por dos hombres que visitaban el lugar como “padrinos”. El calvario se prolongó hasta 1984, cuando con la ayuda de Emilio Mignone y psicólogos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) lograron reencontrarse con su padre, con quien se fueron a vivir a Suecia.

La causa fue reimpulsada por el CELS, comenzó a investigarse en el juzgado a cargo de Daniel Rafecas, y por la jurisdicción donde estaba la Casa de Belén fue enviada finalmente al juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo de Carlos Ferreiro Pella. El magistrado caratuló los delitos como sustracción, retención y ocultamiento de menores de 10 años en concurso ideal con alteración y supresión del estado civil de menores y violación doblemente agravada por haber causado un grave daño en la salud de las víctimas y por el rol de encargados de guarda de los victimarios. Los ex secretarios de Pons que fueron indagados son Lisandro Luis Chiavaro y Norma Susana Pellicer, ambos como partícipes necesarios de las apropiaciones. La licenciada en psicología María Teresa Gómez, responsable de las inspecciones que ordenaba el juzgado, fue imputada además como partícipe necesaria de las violaciones agravadas. Como coautora de las apropiaciones y partícipe necesaria de las violaciones fue indagada Dominga Vera (su esposo no, porque falleció), en tanto Juan Carlos Milone rinde cuentas como coautor de las violaciones.

jueves, 8 de agosto de 2013

El 'nieto' 109 de la dictadura argentina : niño chileno robado en la Operación Cóndor

Es uno de los 500 bebés robados a sus padres durante la dictadura argentina
Las abuelas de la Plaza de Mayo han conseguido identificarle

Jorge Barreno | Santiago de Chile
La agrupación argentina Abuelas de Plaza de Mayo ha anunciado una nueva restitución de identidad, la número 109 desde que se fundó la organización en 1977. Después de casi 38 años, Pablo Germán Athanasiu Laschan, hijo de chilenos extraditados, capturado durante la dictadura militar argentina, acaba de enterarse de quiénes eran sus verdaderos padres.

Así lo ha dado a conocer Estela de Carlotto, titular de la agrupación de derechos humanos, en una rueda de prensa en la que Pablo Germán no estuvo presente. "Es un afianzamiento de la democracia", dijo Carlotto, que aseguró que Athanasiu Laschan está conmocionado y que ahora "hay que darle tiempo, cuidarlo y acompañarlo".

El joven, que había nacido el 29 de octubre de 1975, fue secuestrado junto a sus padres el 15 de abril de 1976, cuando tenía cinco meses y medio. Era hijo del matrimonio chileno integrado por Frida Laschan Mellado y Ángel Athanasiu Jara, militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Su madre, Frida Laschan Mellado, nació el 10 de agosto de 1947 en Chile. Durante el gobierno de la Unión Popular de Salvador Allende, Frida ocupó un cargo en la Corporación de la Reforma Agraria (CORA). Su padre Ángel Athanasiu Jara, también había nacido en Chile el 15 de septiembre de 1954.

En marzo de 1974, después del golpe de Estado que dio Augusto Pinochet, Frida comenzó a ser perseguida por las fuerzas de seguridad chilenas. Tras pasar unos cuantos días en una comisaría de Lautaro, a unos 700 kilómetros al sur de la capital, y otra semana en una comisaría de Santiago de Chile, Frida se exilió en Buenos Aires, donde le esperaba su marido Ángel.

Ambos comenzaron a militar en el PRT-ERP (Partido Revolucionario de los Trabajadores). Vivieron ocho meses en Capital Federal y después se mudaron a San Martín de los Andes, Neuquén, hasta mediados de 1975. Como estaban siendo vigilados por los militares argentinos, Ángel y Frida, ya embarazada, decidieron volver a Buenos Aires.
El secuestro

En abril de 1976, la pareja y el pequeño fueron secuestrados del hotel en el que vivían, en un operativo realizado por fuerzas de seguridad dentro del Plan Cóndor, un grupo de operaciones coordinadas entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales del Cono Sur de América.

Pablo Germán fue anotado como hijo propio con fecha de nacimiento 7 de enero de 1976, por un matrimonio con estrecha vinculación al régimen cívico-militar- Su padrastro se encuentra hoy detenido por una causa relacionada con crímenes de lesa humanidad.

Desde el secuestro de Ángel, Frida y Pablo, las familias Athanasiu y Laschan realizaron diversas denuncias e incluso viajaron a Buenos Aires para dar con el paradero de los jóvenes desaparecidos y el bebé. Los buscaron infructuosamecamente en cárceles, asilos y orfanatos.

A los 8 años el niño se enteró que era adoptado, a los 16, que era hijo de detenidos desaparecidos. Según la información dada a conocer por las Abuelas de Plaza de Mayo, en 1982 se llevó a cabo la denuncia por su desaparición -fue una de las primeras de la Asociación- ante el juzgado Federal Número 1, actualmente a cargo de la jueza María Romilda Servini de Cubría.

En abril de este año, y gracias a las informaciones que indicaban que podía ser hijo de desaparecidos, la organización Abuelas de Plaza de Mayo instaron a Pablo Germán a que se hiciera unas muestras de ADN para corrobrar la identidad de sus progenitores. En el proceso intervino la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Hace un mes, Pablo Germán accedió voluntariamente a realizarse el examen inmunogenético. El 5 de agosto, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) le informó, en un 99,99 por ciento de acierto, su pertenencia al grupo familiar Athanasiu Laschan.

“En nuestro corazón, en mi familia, mi hermana, no hay resentimiento, no hay rencor, no hay odio. Hay mucho perdón. Y de entender que nos tocó formar parte de una etapa en la Histioria de nuestro país”, había dicho hace unos años la tía de Pablo Germán, María Elena Athanasiu, a TVN de Chile.

“Que sepa que somos una familia normal, que aquí solamente va a encontrar cariño, respeto, amor, el amor incondicional ‘na más”, añadió la tía del chileno recuperado. Durante la dictadura argentina, que hizo desaparecer a cerca de 30.000 personas, unos 500 bebés fueron robados a sus padres.