El ex oficial de Inteligencia Carlos Hidalgo Garzón, condenado por delitos de lesa humanidad y apropiación de una hija de desaparecidos, salió de su casa sin permiso en dos oportunidades y tenía una escopeta y una pistola.
Mientras los vecinos del bosque Peralta Ramos de Mar del Plata aguardan expectantes que el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata revoque el arresto domiciliario de Miguel Etchecolatz, otro represor condenado por delitos de lesa humanidad ratificó su nulo apego a la ley al violar por segunda vez sus privilegiadas condiciones de detención. Se trata de Carlos del Señor Hidalgo Garzón, ex oficial de inteligencia del Ejército condenado por sus crímenes en el centro clandestino La Cacha y por la apropiación de la hija de dos de sus víctimas. Abuelas de Plaza de Mayo denunció ayer que a mediados de enero salió al menos dos veces de su casa de Castelar sin autorización y que además admitió en una denuncia policial tener armas en su poder. En consecuencia pidió el fin de ese beneficio y le reclamó al TOF-1 de San Martín que ordene la inmediata detención del represor y de su mujer (también apropiadora) María Francisca Morillo, quien está condenada pero libre y oficia paradójicamente como garante de que Hidalgo Garzón no salga de la casa. Alan Iud, abogado de Abuelas, recordó que los jueces Héctor Sagretti, Daniel Cisneros y Dante Petrone dictaron en 2013 “una sentencia ejemplar” a los apropiadores de Catalina de Sanctis Ovando pero advirtió que “si no se cumple, se transforma en una burla”.
Catalina nació durante el cautiverio de su madre en Campo de Mayo en agosto de 1977 y recuperó su identidad recién en 2008. Dos años después, el ex capitán Hidalgo Garzón, que integró el Batallón de Inteligencia 601, fue detenido por secuestros y torturas en La Cacha. A principios de 2013, todavía sin condena, con un arresto símil-domiciliario en un geriátrico de Belgrano, salía a pasear en bicicleta con total impunidad. La joven a quien crió como trofeo de guerra, que ya se había constituido como querellante, se lo cruzó dos veces cerca del hipódromo de Palermo, lo denunció, y el TOF-1 platense integrado por Carlos Rozansky, Pablo Jantus y Pablo Vega le revocó el beneficio y ordenó su traslado al hospital del Complejo Penitenciario de Ezeiza.
Ese mismo año el tribunal de San Martín, que le permitió estar libre durante el proceso, condenó al represor y a su mujer por la apropiación ilegal a quince y doce años de prisión respectivamente. En 2014, en tanto, el TOF-1 de La Plata lo condenó a prisión perpetua por sus crímenes en La Cacha. En junio pasado, contrariando los informes de los peritos médicos, el mismo tribunal pero con votos de Germán Castelli y Alejandro Esmoris le concedió el arresto domiciliario por el solo hecho de tener 72 años y estar estresado. Hidalgo Garzón, sin embargo, siguió preso en Marcos Paz por la prisión preventiva que le impuso el juez Ernesto Kreplak y que confirmó la Cámara Federal de La Plata, por delitos por los que todavía no fue juzgado. La buena nueva para el represor llegó el 22 de diciembre, cuando la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal con votos de Eduardo Riggi, Juan Carlos Gemignani y Liliana Catucci revocó los rechazos al pedido de domiciliaria y le concedió ese beneficio que se efectivizó el 10 de enero.
Apenas dos días después violó por primera vez el arresto. El Programa de Asistencia para Personas Bajo Vigilancia Electrónica informó la salida sin autorización judicial en dos oportunidades, los días 12 y 15 de enero. No fue su único incumplimiento. El viernes pasado a la madrugada tres ladrones armados entraron a la casa del Barrio Marina y la desvalijaron luego de tomar como rehenes a la pareja y un hermano de la mujer. Según la denuncia policial del propio Hidalgo Garzón, además de 200 mil pesos y varios objetos le robaron dos armas: una escopeta y una pistola. “Bersa modelo 223 calibre 22 largo”, apuntó el diario Crónica. “Consciente de la prohibición de portar armas, el militar denunció por mail el hecho delictivo ante el Tribunal Oral y el Juzgado Federal 1 de La Plata pero nada dijo sobre la existencia ni el robo de las armas”, destacó Abuelas. “La situación reviste aún mayor gravedad si se tiene en cuenta que Catalina de Sanctis Ovando denunció durante un juicio que desde su restitución el ex militar le envió cartas amenazantes a ella y a su pareja”, advirtió.
Con las evidencias en su poder, Abuelas presentó una nota ante el juzgado de Kreplak y ante el TOF-1 de La Plata, el mismo que recibió los reclamos sobre Etchecolatz, para que le revoquen el beneficio. Al mismo tiempo, le pidió al TOF-1 de San Martín que haga efectiva la prisión de ambos apropiadores. Casación ya confirmó esa sentencia y sobre fin de año rechazó un recurso extraordinario para llevar el caso a la Corte Suprema. Luego se limitó a preguntarle al defensor del represor si había presentado un recurso de queja ante la Corte Suprema. El abogado anunció que lo haría aunque en el expediente no hay ninguna constancia de que lo haya concretado. Por ese motivo Abuelas reclama la ejecución de la sentencia.
“Al condenar a los apropiadores, el tribunal de San Martín remarcó con claridad que no sólo sabían que Catalina era desaparecida sino que conocían perfectamente su origen y quién era su madre. Fue una sentencia ejemplar, que le impuso a Hidalgo Garzón una de las penas más altas a un apropiador, quince años de prisión, y la más alta para una apropiadora, doce años”, recordó Iud ante la consulta de PáginaI12. “Pero de nada sirve si la sentencia no se cumple. Se transforma de ejemplar en una burla. Por eso esperamos que el tribunal de San Martín corrija pronto esta situación”, reclamó.
