sábado, 24 de septiembre de 2011

Demoras judiciales que amplían del daño

Condenados un marino apropiador y su mujer, sólo a 14 y a 10 años
Con énfasis en el daño psicológico

El juez Sergio Torres condenó al marino Policarpio Vázquez y a su mujer, apropiadores de Evelyn Bauer Pegoraro. Señaló que la joven “no sólo fue despojada de su historia, sino también instalada en una realidad que no le pertenecía”.

Treinta y cuatro años después de apropiarse de la hija de una pareja de desaparecidos, el marino Policarpio Vázquez y su esposa, ex personal de inteligencia de la Armada, fueron condenados a 14 y 10 años de prisión. El juez Sergio Torres destacó en su fallo “el daño psicológico causado” a la víctima, Evelyn Bauer Pegoraro, quien “no sólo fue despojada de su historia sino también instalada en una realidad que no le pertenecía, bajo una crianza y formación amparadas en la mentira”. Se trata de la joven que en 2001 se negó a someterse a un análisis de ADN que pudiera servir de prueba contra sus apropiadores y que conoció su identidad a partir de muestras obtenidas en un allanamiento a su casa. “La negativa al análisis y a reconocer su identidad es la continuación de la victimización por otros medios”, destacó ayer Alcira Ríos, abogada de las abuelas de Evelyn. “Estos chicos privados ilegítimamente de su libertad al nacer fueron también determinados a ser víctimas de desaparición forzada toda su vida. Hasta que no se liberen de estos tipos no van a ser libres”, remarcó.

Susana Pegoraro, embarazada de cinco meses, fue secuestrada el 18 de junio de 1977 en Constitución. Su compañero, Santiago Bauer, cayó el mismo día en La Plata. La niña nació en la ESMA y terminó en manos de Vázquez, que en la dictadura fue encargado de contrainteligencia en la Base Naval de Mar del Plata, y de su esposa. La sentencia de Torres alcanzó también a la partera Justina Cáceres, condenada a siete años de prisión por falsificar la partida de nacimiento. Los tres superaron los setenta años, por lo que es poco probable que cuando la sentencia quede firme, si es que están vivos, se revierta el beneficio del arresto domiciliario.

En 1999 el marino admitió que Evelyn no era su hija. Dijo que se la entregaron “para adoptar sin papeles” en el edificio Libertad, que la recibieron “porque la iban a matar” y aseguró desconocer el destino de los padres. “Fue un mandato divino”, explicó. Dos años después, la joven se negó a someterse a un análisis de ADN. La Corte de Suprema de Justicia le dio la razón: se imponía la protección de su derecho a la intimidad, argumentó. Sin certezas sobre la identidad de Evelyn, en 2006 la jueza María Servini de Cubría decretó la clausura de la instrucción. Cuando el matrimonio pidió la absolución porque no había más evidencias que la confesión, la jueza ordenó allanar la casa de la joven para extraer muestras de ADN. Las argucias legales permitieron a los victimarios apartar a Servini, pero no evitar la verdad: en 2008, Evelyn conoció su identidad y se reunió con las Abuelas. La causa cayó en manos del juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid, hoy investigado por gestionar coimas para la Cámara de Casación. En sus manos y mientras la defensa de Vázquez abarrotaba de planteos el expediente, la causa “durmió el sueño de los justos”, recordó Ríos. Finalmente recayó en el juzgado de Torres.

El magistrado que instruye la megacusa ESMA destacó en su fallo que muchos niños apropiados continúan como adultos “siendo rehenes o prisioneros de la red urdida por sus apropiadores” y “no les resulta sencillo truncar su vínculo con ellos o iniciar un vínculo sincero y duradero con su familia biológica”. Destacó que “la ruptura del vínculo materno-filial provoca secuelas psíquicas en el niño susceptibles de ser transmitidas a sus propios hijos y a otras generaciones”, señaló que la negación de la identidad impuesta por los apropiadores produce “efectos patológicos” en “la mente inmadura del niño pequeño”, y enumeró “disociaciones psíquicas, depresiones y tendencias adictivas”, que además “tienen una repercusión transgeneracional”.

El juez Torres consideró que la relación que Evelyn mantiene con sus apropiadores luego de conocer su identidad “puede basarse en lo afectivo, ora en el vínculo reverencial que liga a los padres con sus hijos”, y subrayó que la joven mantiene “una incipiente relación” con su abuela materna Inocencia Luca de Pegoraro, quien desde 1984 y con la asistencia de Ríos “nunca renunció a la búsqueda de verdad y justicia”.

miércoles, 21 de septiembre de 2011

Ex agente de inteligencia acusa a sus "colegas" ¿Por qué no habló antes?

Cosntanzo declaró en Paraná que NAvones, fallecido, se apropió de un hijo de desaparecidos.
Tras las huellas de otro bebé robado

El agente de inteligencia Eduardo “Tucu” Constanzo, preso por delitos de lesa humanidad, pidió ayer en el juicio en Paraná que le hagan exámenes de ADN al hijo y al sobrino del oficial Navone, porque sería el hijo de Raquel Negro, desaparecida.

Eduardo “Tucu” Constanzo, ex personal civil de inteligencia (PCI) del Segundo Cuerpo de Ejército, afirmó ayer que el oficial Paul Navone, fallecido en 2008, se quedó con el mellizo varón de la detenida-desaparecida Raquel Negro, nacido en el Hospital Militar de la capital entrerriana en 1978. El ex miembro de la estructura represiva santafesina que aportó datos claves sobre el funcionamiento de una maternidad clandestina en ese hospital pidió que le hagan “estudios de ADN al hijo y al sobrino de Navone, que vive en Casilda, porque siempre se comentó que Navone tenía un hijo de desaparecidos, o él o el hermano”. El ex oficial Jorge Fariña, imputado por su participación en las apropiaciones, pidió ampliar su indagatoria ante el Tribunal Oral Federal de Paraná para decir que Constanzo es “un fabulador, mentiroso, mitómano, estafador, un personaje perverso”, y sugirió reencauzar la investigación hacia el propio Constanzo, que aportó datos valiosos, y hacia Navone, ex jefe del Destacamento de Inteligencia 122 de Rosario que apareció muerto en un hotel de Córdoba el día que debía declarar en la causa Hospital Militar.

Constanzo, que cumple una condena de prisión domiciliaria perpetua por su participación en la represión ilegal, negó haber conocido personalmente a Navone y advirtió que lleva un año y medio “luchando para que este atorrante del juez (federal, Marcelo) Bailaque le tome declaración a Carlos Razetti, que tiene para decir quiénes mataron a Raquel Negro y quién tiene el mellizo”. Cuando el presidente del tribunal le preguntó quién era Razetti, explicó que “es el hijo del dirigente justicialista asesinado por la Triple A en octubre de 1973, Constantino Razetti”.

Constanzo, citado como testigo, reveló que “hay un periodista que vive en Barcelona, Oscar Copaitich, que viene dando alaridos a través de Internet diciendo quiénes mataron a Raquel Negro y quiénes tienen al hijo” y aclaró que el periodista “se crió con Navone en Casilda, donde se comenta que tenían un hijo de desaparecidos, él o el hermano”.

Sobre el asesinato de Negro, el represor contó que una noche, estando en el centro clandestino La Intermedia, vio llegar a desconocidos en un Peugeot 504 que traía en el baúl el cadáver de la mujer desnuda, atada y con una bolsa en la cabeza. Dijo que ese episodio coincidió con el asesinato de 16 presos políticos que había en ese lugar. “Al cadáver lo sacaron del baúl y lo llevaron con los otros muertos al camión, para trasladarlos al aeropuerto y tirarlos al mar”, declaró bajo juramento. Luego se dirigió a los hijos de Raquel Negro, Sabrina Gullino y Sebastián Alvarez: “Mírenle bien el rostro a Marino González (uno de los militares que está siendo juzgado) porque él es el último que tocó a su madre”, les confió. “El era quien tiraba a la gente de los aviones”, precisó.

Tras la declaración del ex PCI, el ex oficial de inteligencia Fariña pidió ampliar su declaración indagatoria. “Creo que la investigación debe dirigirse y profundizarse sobre Constanzo y Navone”, propuso. “Yo no tengo absolutamente nada que ver”, dijo. “Ojalá se llegue a buen término y ojalá se sepa qué es lo que sucedió con los mellizos de la señora Raquel Negro”, completó. En la causa también están imputados los militares retirados Juan Amelong, Walter Pagano, Marino González y Pascual Guerrieri y el médico Juan Antonio Zaccaría. Están acusados de haber trasladado a Raquel Negro hasta el hospital militar local para dar a luz mellizos. La niña, abandonada en un orfanato, recuperó su identidad en 2008, en parte por el relato de Constanzo, que dio detalles sobre el traslado de la mujer a Paraná. Continúa la búsqueda de su hermano mellizo.

martes, 20 de septiembre de 2011

Ratifican procesamiento al juez de menores de la dictadura, Vera Candioti

Un engranaje del ocultamiento

La Cámara Federal de Rosario confirmó el procesamiento de Vera Candioti por supresión de identidad de María Carolina Guallane, una nieta recuperada. Es el primer juez de Menores de la dictadura acusado por avalar un robo de bebé.


 Por Juan Carlos Tizziani - Desde Santa Fe

La Cámara Federal de Rosario –en un fallo unánime– confirmó el procesamiento del ex juez de Menores de la dictadura Luis María Vera Candioti, por la “supresión de identidad” de una nieta recuperada, María Carolina Guallane, la única sobreviviente de la masacre de su familia biológica, el 11 de febrero de 1977, cuando el Ejército secuestró a su padre, Enrique Cortassa, aún de-saparecido, y a su madre, Blanca Zapata, embarazada a término, que murió dos semanas después por un balazo en la frente. Vera Candioti había sido procesado por el juez federal Reinaldo Rodríguez, junto con otro imputado en la causa: el teniente coronel Carlos Enrique Pavón, quien fraguó la nota de entrega de la niña cuando era teniente primero y se desempeñaba como oficial de guardia en el Comando de Operaciones Tácticas (COT), a las órdenes del jefe del Area 212, coronel Juan Orlando Rolón, ya fallecido. El documento está fechado el 4 de febrero de 1977, siete días antes del secuestro de los Cortassa y su hija Paula (como se llama Carolina), que entonces tenía trece meses. La Cámara ratificó que Vera Candioti y Pavón –que no apeló el procesamiento– seguirán en libertad a la espera del juicio oral y público.

La resolución de la Cámara salió en un pleno de cinco vocales: Fernando Barbará, Edgardo Bello, Carlos Carrillo, José Toledo y Elida Vidal. El primer voto fue de Barbará, quien rechazó los planteos de la defensa y repasó la legislación vigente cuando Vera Candioti era juez de Menores. En Santa Fe existía la Ley 3460, que asignaba a los jueces de Menores la responsabilidad en la materia “con exclusión de toda otra autoridad” y preveía que “todo menor de que hayan dispuesto los jueces, conforme a los preceptos de esta ley, quedará bajo su vigilancia exclusiva y necesaria”. Tras repasar el caso, Barbará coincidió con el juez Rodríguez en que la niña fue entregada por Vera Candioti –a un matrimonio que la adoptó de buena fe– sin cumplir sus obligaciones. “Vera Candioti ocupaba el cargo de juez de Menores y debió haber controlado la situación que tuvo por víctima a la niña Cortassa, velando, cuanto menos, por la ‘legalidad’ formal, como su posición de magistrado lo exigía”, explicó Barbará.

El segundo voto es de Bello, quien apoyó los fundamentos de Barbará, pero agregó una cronología de los hechos que resulta “de interés para el caso”, dijo. Entre ellos, mencionó la nota del COT firmada por Pavón, el 4 de febrero de 1977, en la que puso a disposición de Vera Candioti “una niña no identificada de trece meses, cuyos presuntos padres fueron abatidos en un operativo antisubversivo que se llevó a cabo en la finca de Castelli 4700”. El documento ingresó al Juzgado de Menores el 8 de febrero de 1977, según el cargo de mesa de entradas. Ya se dijo que los Cortassa y su hija fueron secuestrados el 13 de febrero, siete días antes de que Pavón tecleara la nota y tres días antes de que ingresara al juzgado de Vera Candioti.

“De lo expuesto se derivaría una sucesión de acciones y/u omisiones por parte del juez de Menores que tornaron incierta la filiación de la menor, situación que luego llevaría a la misma a ser depositada en guarda y adopción en la ciudad de Venado Tuerto, bien distante de su lugar de origen, en la ciudad de Santa Fe”, precisó Bello. Los demás camaristas, Carrillo, Toledo y Vidal, coincidieron con sus colegas.

En el auto de procesamiento –que ahora quedó firme–, el juez Rodríguez dijo que Vera Candioti ocultó “deliberadamente” que Carolina era sobreviviente del “procedimiento de calle Castelli”. Posiblemente, “para ocultar la detención de Enrique Cortassa”, “evitar que sus familiares reclamen legítimamente la tenencia de la menor”, “ocultar las responsabilidades del Juzgado” en relación con la custodia y supervisión del estado psicofísico de la nena y “encubrir el cautiverio de la niña en el Ejército”.

“Cualesquiera fueran los motivos que impulsaron a Vera Candioti a actuar de la forma en que se le reprocha, éste conocía que se hallaba ante una situación totalmente irregular y era su obligación como funcionario subsanar las mismas, premisa de la que se alejó a favor de sostener en el tiempo la ilegalidad del proceso de guarda sin levantar sospechas. Este conocimiento constituye el dolo específico requerido en la comisión de cualquiera de los ilícitos penados en el sistema penal argentino”, agregó Rodríguez. Por lo tanto, con “su accionar impidió a Paula Cortassa conocer su verdadera identidad y a sus familiares el destino de ésta, durante casi 20 años, imposibilitándolos de velar por su persona, mantener y forjar los vínculos afectivos que los unían”, concluyó.

Ruffo acusado por el robo de otro bebé

El apropiador de Carla Artes, que actuó en el CCD Orletti, denunciado por el secuestro de Simón Riquelo

Sara Méndez, quien estuvo detenida-desaparecida en el centro clandestino donde eran enviadas las víctimas del Plan Cóndor, dijo que el agente de inteligencia Eduardo Ruffo participó del secuestro de su bebé Simón, a quien encontró en 2002.

 Por Alejandra Dandan.

El prontuario de Eduardo Alfredo Ruffo recogió una nueva medalla. El ex agente civil de inteligencia de la patota de Automotores Orletti, integrante de la banda de Aníbal Gordon, dedicado a los secuestros extorsivos, apropiador de Carla Rutila Artés, a quien sometió a todo tipo de padecimientos desde pequeña, entró solo a la sala de audiencias de los Tribunales de Retiro. Ruffo se sentó y escuchó una nueva acusación en su contra, esta vez en el escenario del juicio por el Plan sistemático de robo de bebés. Ruffo está acusado ahora de la sustracción de Simón Riquelo, el hijo de la uruguaya Sara Rita Méndez. Con su ingreso, el Tribunal Oral Federal 6 entró en el último tramo del juicio oral, con eje en el centro clandestino Automotores Orletti, base del Plan Cóndor en Buenos Aires. Un lugar, como recordó la sala, donde el robo de niños formó parte del “botín de guerra” de los represores.

El caso Ruffo volvió a mostrar la desmesurada arquitectura del robo de niños en Orletti. El Tribunal leyó dos tramos de la acusación, una elevada por la fiscalía de Jorge Di Lelo y la otra del juzgado de Norberto Oyarbide, una síntesis que repasó cada caso en clave sistémica.

“En los procedimientos se incluía un móvil para el traslado de los niños”, dice la acusación que recogió datos de un informante clave, que a esta altura parece ser el propio Ruffo. Los niños “eran dejados en hospitales o instituciones de menores” o “eventualmente entregados a amigos” y “durante los operativos coordinados con uruguayos se obtuvo una gran cantidad de dinero y se repartieron los niños de varios de quienes luego fueron desaparecidos”.

Eso sucedió con Riquelo y con cada uno de los niños del juicio. La acusación señaló el caso de Mariana Zaffaroni Islas, hija de los uruguayos desaparecidos María Emilia Islas Gatti y Jorge Roberto Zaffaroni, apropiada por Adriana María Gonzalez y Miguel Angel Furci. Furci era un hombre de la SIDE. Se quedó con ella en 1976, mientras estaba en Orletti y vio cómo “una mujer allí detenida y su pareja iban a ser trasladados con destino incierto por miembros del ejército uruguayo y le ofrecieron la niña, a quien anotó como hija propia con documentación falsa”.

Los otros casos conocidos hasta ahora, con “igual principio pero resultado diferente”, son Ernesto Anzalone, de alrededor de un año, hijo de Rita y Pablo Anzalone, robado de la guarda de su tía Laura Anzalone el 13 de julio de 1976. A Laura también la llevaron a Orletti y luego a Uruguay. Dos meses después del secuestro, los abuelos encontraron a Ernesto en manos de una médica, aunque distintas versiones indicaron que antes pasó por la comisaría de la zona donde estaba su tía. La lista incluye a la nuera del poeta Juan Gelman, María Claudia Iruretagoyena de Gelman, embarazada a término, detenida en Orletti y desaparecida. Su hija, que nació en cautiverio, estuvo en poder de un policía uruguayo. El último caso son los hermanos Anatole y Victoria Julien, secuestrados y trasladados con sus padres a Orletti en septiembre de 1976. Los padres continúan desaparecidos y a ellos los dejaron abandonados en la Plaza Valparaíso de Chile.

“Todo lo señalado refuerza la idea de que los menores formaban parte del ‘botín de guerra’ –dice la acusación– y eran entregados a conocidos, en los casos señalados, todos integrantes del servicio de inteligencia, de la policía o militares.”

El caso Simón Riquelo es parte de esa trama.

Sara Méndez reconoció a Ruffo en la patota de 15 personas que el 13 de julio de 1976 entró a su casa y le arrancó a su hijo de los brazos. La patota se presentó como parte del “Ejército argentino y uruguayo”. Simón tenía 20 días. El mayor Nino Gavazzo, uno de los represores emblemáticos de Uruguay, se presentó a cargo el procedimiento. Estaba secundado por un argentino, a quien tiempo después ella reconoció como Aníbal Gordon. Antes de llevarla a Orletti, Ruffo la torturó a ella y a otra compañera.

A esta altura, Sara declaró muchas veces sobre ese operativo. Ya dijo que ella quería quedarse con su hijo, pero Gordon le dijo que se quedara tranquila, “que esta guerra no es contra los niños”. A esta altura, la fiscalía dio por probado que en ese procedimiento también estuvo el subcomisario de la comisaría 33ª, Osvaldo Parodi, que finalmente robó al niño. El caso es una de las razones de los últimos escraches de Hijos a la casa del juez de la Cámara de Casación Gustavo Mitchell, porque intervino y legalizó la apropiación con los papeles de adopción.

Ruffo no dijo casi nada durante toda la audiencia. La presidenta del Tribunal, María del Carmen Roqueta, le preguntó en un momento si podían no leer alguno de los tramos de la acusación. En ese momento, ella lo trató de “señor Ruffo”. Y él le respondió algo así como está bien “señora”. En la sala casi no había presencias. Su caso no está impulsado en el juicio por las querellas de los organismos de derechos humanos, sino por la fiscalía que encabeza Martín Niklison. Además de Niklison y dos colaboradoras de la fiscalía, en toda la sala había dos integrantes del Centro Ulloa y el abogado de Ruffo. Los cuatro jueces, dos secretarios. Nadie más. Ni arriba ni abajo Ruffo vio algo más que su propia sombra.

jueves, 15 de septiembre de 2011

Importantes revelaciones sobre el hijo de Raquel Negro

Un bebé aislado y sin nombre

Una enfermera contó que hubo un bebé internado como NN y aislado del resto en la sala de neonatología del Instituto Privado de Pediatría. Se presume que sería el mellizo varón de Raquel Negro y por cual se juzga a seis represores.

 Por Juan Cruz Varela

Desde Paraná

Cierta conmoción causó en la sala de audiencias el testimonio de una enfermera del Instituto Privado de Pediatría. No tanto por la contundencia ni por la sensación que dejó en el ambiente de que tal vez guardara para sí algún dato, sino por lo sorpresivo del testimonio. Ciertamente, nadie lo esperaba; y entonces obligó a reorientar algunas estrategias en el juicio contra seis represores por robo de bebés. "Me parece que había un niño proveniente del Hospital Militar, pero estuvo poco tiempo, tal vez un día y medio o dos; lo tenían separado, estaba aislado en otro sector de la sala de neonatología, en una incubadora de emergencia que se utilizaba para chicos en riesgo; eso me quedó grabado", dijo Imelda Princic. Fue toda una novedad lo que contó la enfermera que trabajó solo unos meses en el Instituto Privado de Pediatría (IPP). "El que le daba atención era el doctor (Miguel Alberto) Torrealday", dijo al tribunal, aludiendo a uno de los dueños de la institución y actual asesor del Ministerio de Salud de Entre Ríos, que declaró dos veces la semana pasada en este juicio. Además, un militar retirado afirmó que mujeres detenidas eran trasladadas a Paraná a tener familia y luego desaparecían y sus hijos tenían "destino desconocido".

La enfermera volvió a poner de relieve el rol que desempeñó uno de los propietarios del instituto privado al que fueron derivados los hijos mellizos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, nacidos durante el cautiverio de su madre en el Hospital Militar de Paraná en marzo de 1978.

La sala de neonatología del IPP estaba dividida en dos espacios, uno para incubadoras y otro para cunas, pero también tenía un codo en el que había una incubadora sin caparazón, separada del resto, cerca de la sala de enfermeras, donde se ubicaba a chicos "con alguna situación especial o de mayor gravedad", según dijo. Lo que llamó la atención a esta mujer es que "este nene estaba bien, normal", pero también el hecho de que en la tarjeta de identificación que tenían la incubadoras ésta decía NN.

El chico provenía, según dijo, del Hospital Militar, pero no recuerda que le hubieran comentado que se tratara del hijo de una "guerrillera" o "extremista", como refiriera otra enfermera, y tampoco que alguien fuera a visitarlo mientras duró su estadía en la sala de neonatología. Sin embargo, cuando preguntó al médico por qué la tarjeta decía NN, Torrealday "primero no quiso contestar y después dijo que la familia estaba viendo qué hacer con el bebé". Luego de varias repreguntas, y con ciertas dudas, terminó por manifestar que el médico le refirió que "los familiares del chico no sabían si le pondrían el apellido del padre o de la madre", aunque ella misma consideró que "fue una respuesta medio confusa con la que me quiso conformar". Y acotó: "En esa época no se podía preguntar y si alguien preguntaba, los médicos no contestaban".

Más tarde declaró un militar retirado que se desempeñaba en el predio donde funcionaban los batallones de comunicaciones e ingenieros -allí estaba el centro clandestino de detención más importante de la provincia de Entre Ríos- y también el Hospital Militar. Joe Erbetta, que hacía guardia en la barrera de ingreso, contó que cada persona que ingresaba quedaba registrada en una planilla y apuntó que "en los primeros años ingresaban muchos agentes de inteligencia, pertenecientes a lo que en esa época se llamaban grupos de tareas. Llegaban desde Rosario, Santa Fe y Paraná y, por lo general, estaban vestidos de civil". A pedido de los fiscales, se paró frente a los seis represores imputados y reconoció a Juan Daniel Amelong como uno de ellos.

Erbetta dijo además que el coronel Ulises Schort, que era jefe de distrito militar, le contó sobre la presencia de mujeres que eran trasladadas desde otros centros clandestinos de detención a dar a luz en Paraná. "Entraban mujeres embarazadas a parir en el Hospital Militar", dijo sin poder precisar cuántas ni con qué frecuencia. "Schort tenía reuniones permanentes con Trimarco y después me comentaba que estaban pasando cosas raras, que ingresaban mujeres a tener familia y que luego las mujeres desaparecían y los hijos tenían destino desconocido. Incluso en ese momento se mencionó mucho un parto de mellizos". Pero no pudo dar más datos.

El militar tiene un hermano que fue secuestrado el 16 de agosto de 1976 y permanece desaparecido. El 10 de septiembre, menos de un mes después, fue convocado a la oficina del general Juan Carlos Trimarco, entonces el jefe de la represión en Entre Ríos, quien lo amenazó apuntándole con un arma para que no busque más a su hermano; y a partir de ese momento tuvo limitados sus movimientos dentro del predio.

Ayer declaró también el periodista Carlos Del Frade, quien dio cuenta de los encuentros y entrevistas que tuvo con Eduardo Costanzo, el ex agente de inteligencia e integrante de la patota rosarina que rompió el pacto de silencio militar.

miércoles, 7 de septiembre de 2011

El Movimiento Familiar Cristiano, colaboraba con la dictadura

Testimonio de la nieta recuperada María Belén Altamiranda Taranto
“Yo necesitaba saber mis orígenes”

Es una de las jóvenes que fueron adoptadas a través del Movimiento Familiar Cristiano. Durante la audiencia de ayer, pidió a los represores que “si tienen piedad, digan dónde están los nietos y los desaparecidos”.
or Alejandra Dandan

María Belén Altamiranda Taranto sabía que al final de la audiencia los jueces podían preguntarle si quería decir algo más. Cuando llegó el momento, escuchó la pregunta, tomó aire, y como recogiendo las lágrimas que había dejado correr a lo largo de la audiencia, miró a los ojos de los abogados de los represores. “Quizás ustedes logren hacerlos entrar en razón –les dijo con mucha calma–. Si los acusados, que quizá se dicen tan católicos, que llegan a las audiencias con rosarios en las manos, si tienen un poco de piedad, podrían decirnos dónde están nuestros padres, dónde están los desa-parecidos, dónde están los nietos. ¿Dónde están los nietos de Sonia?”, replicó pensando en la abuela cordobesa Sonia Torres. “¿Dónde está el nieto de Estela? Que digan dónde están. Ya nos arrebataron todo: que por lo menos tengan piedad y nos digan donde están.”

María Belén declaró por primera vez en una audiencia. Ella, que recuperó su identidad en 2007, se presentó en la sala de los Tribunales de Retiro, en el juicio oral por el plan sistemático de robo de bebés, como “María Belén Estefanía Gentile”. Después de las primeras preguntas de protocolo, promesa o juramento de verdad, fecha de nacimiento, la presidenta del Tribunal Oral Federal 6 volvió sobre sus pasos.

–¿Quiénes son Rosa Luján Taranto y Horacio Altamiranda? –le preguntó María del Carmen Roqueta.

–Mis padres biológicos –dijo María Belén.

–Pero usted dio el apellido Gentile. ¿Por qué?

–Es mi apellido adoptivo –dijo ella–. Estoy adoptada legalmente y conservo el apellido porque el cambio todavía sigue en trámite.

Los padres biológicos de María Belén eran del PRT-ERP. Estuvieron secuestrados en El Vesubio. Rosa permaneció embarazada en una cucha del centro clandestino hasta que la llevaron a dar a luz al Hospital Militar de Campo de Mayo. El caso es parte de una causa paralela que investiga el rol del Movimiento Familiar Cristiano durante la dictadura que, a través de un acuerdo con el Ejército, según se sospecha, trabajó en el blanqueo de las adopciones de algunos de esos niños. Poco más tarde, se sentó en esa misma silla una ex compañera de su madre en El Vesubio, María Susana Reyes, que cuando supo que María Belén había aparecido viajó a Córdoba para contarle cómo fue nombrada desde la panza de aquella mujer .
“Mi nombre es María Belén”

“¿Siempre supo que era hija adoptiva?”, arrancó el fiscal Martín Niklison. “Sí –dijo ella–. Me acuerdo que desde que tengo uso de razón me contaron que había sido adoptada.” “¿Y cómo empieza su búsqueda?”, insistió. “Tengo un hermano de crianza que también fue adoptado y nos dijeron que si en algún momento queríamos saber algo de nuestros orígenes, podían llevarnos al lugar de adopción. Yo recién de grande quise saber la verdad, de chica no quería sentirme diferente al resto, la condición de adoptaba era algo que yo callaba, no lo compartía con nadie.”

María Belén reconstruyó su historia como en encastres. La crió un matrimonio católico de Belgrano. Hubo una separación. El se quedó en Buenos Aires y la mujer se fue con los dos niños a Córdoba, en 1988. Hasta que entró en la universidad, María Belén no tuvo “la suerte”, como dijo, de saber qué fue la dictadura: “Del tema de la dictadura no tuve la suerte de verlo. En el secundario, porque no se hablaba de eso cuando estudiábamos historia, era como un agujero negro, esa parte se salteaba. Recién en la facultad comencé a enterarme de qué había sucedido y a través de los medios, cuando hubo más información con respecto a las Abuelas y los juicios”. En el medio vio un documental de Abuelas donde no sólo había información sino que “me daba cuenta de que el tema me sensibilizaba mucho”. Le llevó años de todos modos empezar la búsqueda: “Sabía que era adoptada y muchas de las historias que veía eran de chicos entregados a hospitales y adoptados. Por mi fecha de nacimiento dije: ¿por qué no? Y creo que por lo que me movilizaba el tema de las luchas de las Madres y de las Abuelas decidí empezar por Abuelas a ver qué me pasaba”.

El fiscal le preguntó si pudo hablarlo con quienes la adoptaron. María Belén dijo que no: “No sabía si decirles o esperar. Sentía culpa, que pensaran que no los quería o que ellos no eran lo suficientemente buenos para mí”. Su hermano de crianza les contó. El hombre le preguntó si era verdad: “Le dije que necesitaba saber mis orígenes –dijo–, cerrar ese círculo”. Y entonces él le confesó tener miedo de que si llegaba a encontrarlos, no lo llamara más “papá”. De todos modos, le escribió el lugar donde hicieron los trámites: “En ese momento siento por primera vez el nombre del Movimiento Familiar Cristiano”, dijo ella. La búsqueda de todos modos se suspendió: “Me sentí mal, con culpa. En agosto de 2006, y después de que él falleció, empecé otra vez”.

María Belén se hizo los exámenes genéticos en mayo de 2007 y en junio la llamaron de un juzgado para contarle cuál era su familia. Cuando llegó a la Casa de Abuelas de Córdoba, la recibieron con la foto de sus padres: “Te dio positivo el análisis –le dijo Sonia–. Estos son tus padres”. En ese momento, “me dio una foto de mamá y papá y una foto de una abuela. No lo podía creer, estaba feliz pero no caía que me estaba pasando a mí, que podía ver al fin lo que tanto había buscado ver: una foto de mis padres o verme reflejada en ellos”.

SUSANA REYES HABLO DEL NACIMIENTO DE MARIA BELEN
Bajo el cuidado de las monjas

Susana Reyes ya había hablado de su embarazo. De El Vesubio. De los cuatro meses. Habló de uno de los penitenciarios de guardia, Diego Salvador Chemes. De cuando le daba fruta porque le decía que tenía que cuidarse porque ese niño de la panza era para él. De cuando le llevó de regalo una “capuchita negra” para el niño. Llegó a la audiencia a pedido del Tribunal Oral Federal 6 para hablar del secuestro, embarazo y parto de Rosa Taranto, la madre de María Belén. Dijo que se lo adelantaron, le hicieron una cesárea, ella parió tabicada y “que no vio ni lo que tuvo”.

“Rosa estaba como todos, pero nosotras, las embarazadas estábamos muy preocupadas por cuánto tiempo íbamos a poder estar con nuestros hijos. A ella –dijo Susana– le dicen que la van a dejar 15 días amamantar al bebé y después se lo iban a dar a su familia. Le dijeron que después ella y su compañero iban a ser puestos en una cárcel. O sea: se hizo toda la ilusión y tenía planes. Me contó de sus dos hijos, que tenía una nena y un varón y todo lo que pensaba hacer. Todos teníamos esperanza y expectativa porque era el primer parto que teníamos. Un día la llevan a parir. La tabican y se la llevan. Fue a finales de agosto más o menos. Cuando vuelve, la vemos pasar por el frente de la cucha con la cabeza gacha. No dice nada. Al rato empieza a decirnos que la habían llevado a parir por cesárea y tabicada, que no vio ni lo que tuvo.” Les dijo que “pudo ver que había unas monjas que la cuidaban”. Que estuvo con la venda en los ojos. “Fue un bajón muy grande para todas –dijo Susana–. Para Rosa ni hablemos, pero para mí... que era la próxima... yo después de eso estuve sin querer comer nada, muy tirada, hasta que me liberan, el 16 de septiembre del ’77.”

martes, 6 de septiembre de 2011

Sobrevivientes recorrieron la ESMA y confirmaron nacimientos de bebés

Sobrevivientes del centro clandestino de detención recordaron los lugares exactos donde embarazadas secuestradas dieron a luz a bebés que fueron apropiados por represores, en una recorrida hecha por el Tribunal Oral Federal 6 que juzga el plan sistemático de apropiación de menores en la dictadura.

Una de las sobrevivientes que acompañó al tribunal en su recorrida, Lila Pastoriza, recordó lo ocurrido en una enfermería improvisada en el sótano del Casino de Oficiales, el último edificio ubicado de cara a la avenida Libertador, a metros de la avenida General Paz.

"Había una embarazada que acababa de tener su hijo en el sótano; yo había ido al baño con un guardia y creo que me dijo que había nacido un bebé y me llevó a la enfermería a verlo", detalló.

"Era una chica que se llamaba Ana, ella se abrió la blusa y me dijo `mirá lo que me hicieron estos h d p` y tenía los pechos destrozados por la tortura", recordó ante el Tribunal parada en lo que hoy es un sótano vacío pero en el lugar donde ubicó a la esa enfermería.

"Le pregunté al jefe del grupo que me había secuestrado cómo podía ser que naciera un bebé en esas condiciones y él me dijo con tono explicativo que había subversivas embarazadas y la decisión era que los hijos fueran criados por familias que inculcaran valores que correspondían y no los de la subversión", contó a la presidenta del Tribunal María del Carmen Roqueta.

Los jueces visitaron primero el sótano del Casino, el primer lugar donde se llevaba a los secuestrados, coincidieron en relatar Miriam Lewin, Pastoriza, María Pirles y Carlos Muñoz.

La inspección se realizó al Casino de Oficiales de la ESMA, en avenida del Libertador al 8200 de esta Ciudad, donde funcionó el principal centro clandestino de detención a cargo de la Marina y donde se instaló lo que se llamó la "maternidad Sardá por izquierda", donde daban a luz secuestradas que dependían de ese lugar y otras que eran trasladadas especialmente.

"Nos sacaban de los autos encapuchados y nos metían ahí, nos hacían entrar a distintos cubículos y por ahí se producían los traslados, los camiones esperaban en el playón a la gente que salía adormecida", detalló Lewin.

Apiñados, los concurrentes a la diligencia judicial subieron la estrecha escalera que conducía al "Altillo", donde primero estaban los pequeños cuartos que alojaron embarazadas, principal objeto de preguntas del Tribunal que juzga entre otros a los ex dictadores Reynaldo Bignone y Jorge Rafael Videla.

Muñoz recordó que en ese sótano torturaron al sobreviviente Víctor Basterra mientras el represor Héctor Febres tenía en brazos a su beba de meses y preguntaba a otra secuestrada que había que comprarle. "Bety le respondió: mamadera y pañales".

Todos los testigos aludieron a las constantes modificaciones hechas al centro de detención cuando había visitas internacionales o del periodismo extranjero, como ocurrió en el sector llamado "Capuchita", la parte más estrecha del altillo, desmantelado en enero de 1978 por la visita de un corresponsal extranjero.

Tras recorrer el sótano, defensas, querellas y jueces subieron tres pisos por las mismas escaleras que usaban los secuestrados y sus guardias para ir y venir de los lugares de alojamiento "Capucha" y "Capuchita" -en el altillo del Casino- a las salas de tortura.

"Pasábamos nosotros y los que estaban en los otros pisos, profesores de la escuela, visitantes del interior que se alojaban allí y otros marinos que tenían otras funciones, nos veían pasar, engrillados, encapuchados. Esa gente también sabía", recordaron los sobrevivientes.

Antes de subir a "Capucha" y "Capuchita", los jueces entraron a dos estrechas piezas donde en distintas épocas estaban las embarazadas.

En un relato reconstruido por los cuatro sobrevivientes, recordaron nombres como Graciela Tauro de Rochestein, Susana Siberg, una secuestrada que transitó casi todo su embarazo en "capuchita", sobre un colchón porque no había lugar en la sala de embarazadas.

"En estos pasillos la vi a Alicia Alfonsín de Cabandié con Juan Cabandié en los brazos, no sabía dónde la tenían", recordó Lewin.

En todos los casos se mencionó al médico militar José Luis Magnaco como el encargado de los partos e incluso como quien llevó al hospital Naval a una secuestrada que rompió bolsa a los siete meses en diciembre de 1978.

Tanto esta víctima como otra transitaron su embarazo en un pequeño cuarto cerrado en el sector conocido como "pañol grande" donde los represores almacenaban lo robado en allanamientos ilegales luego de cometer los secuestros.

Allí estuvo Patricia Roisinblit, "que llegó embarazada a término y estuvo en esa salita chiquita, sobre una cama, con dos sachets de leche por día y sin poder salir a caminar", recordó Pastoriza.

En ese cuartito hubo dos embarazadas, con un mes de diferencia, según reconstruyeron los sobrevivientes en la recorrida que tuvo el valor legal de una audiencia y que fue grabada y filmada.

El último tramo de la inspección ocular se realizó en el sector llamado "Capuchita", donde estuvo secuestrada Pastoriza, un área donde llegó a ver 20 secuestrados en colchones, sin luz ni aire con extremo frío en invierno y calor en verano, recordó.

"Venía Astiz, que era oficial de guardia y hacía bien su trabajo", ironizó sobre el sector donde estuvieron secuestradas víctimas de la iglesia de la Santa Cruz como Azucena Villaflor y la monja francesa Leonie Duquet, ambas víctimas de los vuelos de la muerte.

lunes, 5 de septiembre de 2011

Comienza en San Juan el juicio a los apropiadores de Jorge Guillermo Goya

"Tiene que saber el destino de mi papá”

Emilio Goya, hermano de Jorge, espera que en el juicio el apropiador Luis Tejada revele información sobre su padre desaparecido. “Queremos que cada genocida pague por su responsabilidad, pero más quiero que mi hermano pueda recuperar su vida”, dice.
Por Alejandra Dandan

Emilio Goya recuperó a su hermano en 2008. Hoy va estar en el rectorado de la Universidad de San Juan porque ahí empieza el juicio oral a los apropiadores de Jorge Guillermo. El juicio es histórico para la provincia, el primero en un territorio que el año pasado repudió con una marcha la Ley de Matrimonio Igualitario. Es la puerta de entrada para el próximo juicio grande con sobrevivientes que enfrentan a una sociedad donde aún muchos miran a la dictadura con los anteojos de los dos demonios. Y es histórico el juicio también para Emilio, que espera encontrar más datos sobre su padre desaparecido y no sólo eso: “Uno busca justicia, queremos que cada genocida pague por su responsabilidad, obviamente quiero eso, pero más quiero que mi hermano pueda recuperar su vida, y su vida es con la nuestra: nosotros somos parte de él y no estamos pudiendo serlo”.

En el juicio será juzgado el suboficial de Inteligencia Luis Tejada y Raquel Quinteros, que inscribieron a Jorge Guillermo como hijo biológico. Emilio avanza como puede, para cuidar sobre todo la relación con su hermano. A partir de 2001 se embarcó para buscarlo en un viaje que lo llevó a Perú, México y España, donde encontró una de las claves con las que avanzó la investigación: un acta de nacimiento en la que constaba la existencia de un hermano, una revelación parecida y diferente de la que hasta ese momento le habían dado las cartas que su padre le mandó en los años de exilio. Los datos de esa reconstrucción, los nuevos elementos con los que pudo terminar de armar lo que sucedió con sus padres a partir del encuentro con el hermano. El juicio. Los datos que espera encontrar, y los apropiadores, son algunos de los temas en los que se detiene ahora.

Emilio es integrante de la Agrupación HIJOS, de Chaco. Vive ahí con dos hijos. Su padre, Francisco Goya, detenido durante el gobierno de Isabel Perón, se exilió en 1975. En México conoció a María Lourdes Martínez Aranda, con quien tuvo a Jorge Guillermo. Viajaron a España. Volvieron a la Argentina para la Contraofensiva. Hasta ahora todo indicaba que los habían secuestrado en Paso de los Libres, en medio del regreso con el niño. Ahora, los nuevos datos conectan esa historia con San Juan.

“En 2001, a partir de los datos que recobro en México y España aparece la parte más sostenible de la investigación –cuenta Emilio–: un acta de nacimiento. Sabíamos que había nacido mi hermano por las cartas, pero cuando uno toca una partida de nacimiento es diferente. Con las cartas teníamos un nombre pelado, porque no sabíamos cómo lo habían anotado. En la embajada mexicana de España encontramos el acta, la primera vez que tuve en mano la anotación vi que no da mayores explicaciones, estaba anotado su nombre y la madre. Pero en la partida del registro civil encuentro que decía: se debe tomar como referencia de nombre paterno el de Francisco Luis, dándole certeza al dato.”

–¿Qué esperás del juicio?

–Acá el juicio en realidad es simbólico porque está probado que ellos anotaron a mi hermano como hijo propio. El juicio sirve para encontrar más información. El intento de alguna reflexión de esa familia, uno o dos datos más de mi viejo. El (apropiador) estuvo en el centro clandestino de Las Cuevas: tiene que saber el destino final de mi papá. Es mi ilusión, digo, intentar comunicarles por qué es tan importante tener algún dato, capaz que lo quiera dar, no sabemos. Hasta donde sé, no dio ni contó nada. Pero yo entre quedarme y ver qué puede pasar, prefiero ver.

–¿Quién era Tejada?

–El trabajaba en Las Cuevas, en el paso fronterizo de Mendoza a Chile, él dice que era administrativo, sólo figura que hizo un pequeño curso de Inteligencia sobre cómo hacer los interrogatorios. ¡Imaginate en qué consistía el curso, seguramente sobre torturas! Hay indicios para comprobar que en realidad trabajaba en el centro de detención.

–Hasta ahora se creía que tu padre desapareció en Paso de los Libres. ¿Cómo llegó tu hermano a Mendoza?

–El dato venía de Víctor Basterra, de las microfilmaciones. El encontró en la ESMA una planilla con nombres marcados en la frontera. Eso abrió la hipótesis de que mi papá entró por Paso de los Libres y cayó. Pero estando preso un tío mío, recibió el dato de que mi papá falleció en Las Cuevas, que cae en un operativo en la zona de Cuyo. Y eso al final es verdad: nosotros lo habíamos desestimado, pero con mi hermano ahí, termina siendo cierto. Lo que no sabemos es cuándo cayó mi papá. Si fue en la primera entrada, en la segunda. Si había entrado por la frontera y lo estaban siguiendo. Si ese papel que vio Basterra era cierto, aunque todo indica que sí.

–¿Cómo llegó tu hermano con los apropiadores?

–Tejada es una persona que trabajó ahí, así es que seguro que mi papá estuvo detenido ahí: o lo mataron o lo llevaron semivivo a morir a Las Cuevas. Evidentemente estaba con mi hermano al momento de la detención o lo que haya sucedido. A mí me cuesta creer la versión de ellos, que dicen que les llegó de un hogar de niños.

–¿Y la inscripción como hijo biológico?

–Eso los deja en el horno, ahora hay que develar qué tanto conocimiento tenían de dónde venía el pibe. Entendiendo que, si el hombre estaba en un centro clandestino y había hecho cursos sobre interrogatorios, es difícil sostener que no se dio cuenta ni tenía idea de dónde salió el chico.

–¿Hubo denuncias anteriores?

–Lo que encontramos es una denuncia en el año 1983 y el apellido aparece en la Conadep. La denuncia es de una persona que dice que Tejada tenía un chico apropiado. En ese momento, la Gendarmería hace una investigación, pero la desestiman con un mecanismo ridículo: le mandaron una carta a Tejada y le preguntaron si conocía a la Fulana de tal que hacía la denuncia.

–¿Quedaron en Mendoza?

–Sí. Primero estuvieron en Mendoza, pero después se trasladan a San Juan en un momento que me parece muy sugestivo, creo que después de aquella denuncia. Y se quedan en San Juan. Mi hermano recién hace un año dejó de vivir en la casa de ellos, pero vive en la casa de la madre del tipo, una mujer que se murió. Para mí el objetivo superior con todo esto es buscar qué pasó con mi viejo, si es posible dar con el cuerpo. Claro, como hermanos nos mueve otra cosa. Nunca nos movió la venganza, sino la búsqueda de memoria, verdad y justicia, cuando uno empieza a buscar la verdad sobre su viejo... Yo entiendo el shock enorme que esto puede significar para mi hermano, pero también es un shock para mí ahora que lo tengo recuperado, en el amplio sentido de la palabra, no recuperar el tiempo perdido, pero sí esa relación que deberíamos haber tenido. Ahora yo quiero que todo este proceso le sirva a él para entender que hubo otra persona, otros que irrumpieron y falsearon todos los datos para que nosotros no podamos contactarnos, ahí es donde el asunto se pone puntilloso, y a mí me interesa que prime esa relación. Espero que este juicio le sirva a él también para procesar todo esto. Siento una contradicción: yo no quiero castigarlo, pero si el padre fue un genocida también quiero juicio y castigo, pero en relación con mi hermano quiero la verdad para que él abra los ojos.

–¿Cómo es la relación entre ustedes?

–El les da todavía mucha importancia a ellos. Pero ellos no son como los de esas historias donde había un tío que les pegaba o un apropiador que lo hacía. En este caso no, todo lo contrario: hizo todo al revés, le dieron una extra atención, un lugar extra en la casa. Ellos tuvieron al final una familia, tuvieron dos hijos más, propios, y él fue como el guía de esos chicos, tenía 4 o 5 años más, fue como su tutor.

Emilio cuenta una historia del viaje en el que dejó todo para salir a buscar a su hermano. En un momento llegó a México, hacía dos días que buscaba una dirección con los datos de un pedacito de un sobre de una carta que le había escrito su padre en 1977. “México creció de una manera tan desproporcionada que una dirección no me llevaba a ningún lado –dice–. Yo buscaba San Juan como calle y era un departamento. Después de un montón de días, encontré a la familia materna de él, me vi con la hermana mayor de María Lourdes, que había estado buscando información de su hermana, pero no había estado en Argentina. Ellos estaban convencidos de que ella había desaparecido en la caída de Somoza.” En la búsqueda, lo que terminó encontrando detrás de algunas escenas es que “hay como una historia dentro de cada una de las historias”. En Chaco, su padre había tenido escondido a Jaime Dri. Cuando, años después, Emilio remodeló la casa encontró alguno de sus papeles en el recoveco de una pared. En México paró en la casa de la hija. Se encontró ahí con Miguel Bonasso, con el que discutió y se enojó y reclamó qué hacían los compañeros por los hijos de los compañeros. “En ese momento se ofende, pero al día siguiente me llama para ver si me hacía un reportaje en el Canal 40, a partir del cual empiezo a encontrar amigos y familiares de María Lourdes.”

Emilio ahora está a cargo de la Dirección de Juventud en Chaco, él que odió ser funcionario, que “odiamos al Estado”, dice. “Cuando mi viejo toma semejante determinación a los 26 años, llega a Perú, se queda, sigue en el exilio, intenta comunicarse con nosotros, sigue en política en la organización, es nuevamente papá con su tercer hijo y decide igual enrocarse hasta los dientes y vuelve, frente a quienes dicen qué hijo de puta no pensó en ustedes, yo digo: primó el amor a un país y una sociedad por sobre el amor a sus hijos, no porque no ames, sino porque estaba dejando en eso todo un legado.”

domingo, 4 de septiembre de 2011

Comienza el 4/9/2011 el primer juicio por delitos de lesa humanidad en San Juan

El lunes se iniciará en San Juan el primer juicio por delitos de lesa humanidad en esta provincia y en él se juzgará la apropiación de un menor por parte de un suboficial de inteligencia del Ejército y su esposa, acusados de falsificación de documentación y suplantación de identidad de Jorge Guillermo Martínez Aranda, hijo de desaparecidos.

El juicio oral y público, que estará a cargo del Tribunal Oral Federal de San Juan y se desarrollará en el edificio del Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan, iba a comenzar el 2 de agosto pero debió ser postergado porque la Cámara de Casación Federal tuvo que nombrar a un juez subrogante para que integre el tribunal.

Se trata del primer juicio por delitos de lesa humanidad en San Juan y será contra el suboficial de Inteligencia Luis Tejada y su esposa Raquel Quinteros, del departamento Rivadavia de esta provincia, acusados de ser los apropiadores de Jorge Guillermo Martínez Aranda.

Sus padres biológicos, que aún están desaparecidos, son la ingeniera mexicana María Lourdes Martínez Aranda, militante del PC de su país y Francisco Luis Goya, ex Tacuara, dirigente de la JP y de la Organización Montoneros, nacido en Resistencia, Chaco, que tuvieron a su hijo en España el 28 de agosto de 1979.

Es decir que el juicio se iniciará justo un día después que el joven cumpla 32 años de edad.

La pareja, regresó al país a principios de 1980, cuando se inició la denominada “Contraofensiva", pero fueron secuestrados y separados de su hijo y posiblemente asesinados en un centro clandestino de detención que podría ser la ESMA en la Capital Federal o Las Cuevas en Mendoza.

La confirmación de la apropiación fue realizada en 2008 por el juez federal Miguel Lijo en Buenos Aires, quien ordenó restituir la identidad de Jorge Guillermo Martínez Aranda, como estaba inscripto en la embajada de Mexico en España, donde nació y que en la Argentina había sido inscripto por sus apropiadores como Carlos Tejada.

El proceso será llevado adelante por los jueces Hugo Carlos Echegarayn de San Juan; Raúl Fourcaden de San Luis y Héctor Cortés, de Mendoza, y se realizará en San Juan porque los documentos apócrifos con que se le había dado una nueva identidad al niño secuestrado, habrían sido confeccionados en esta provincia.

En el juicio los fiscales serán Mateo Bermejo y Dante Vega de Mendoza y junto a ellos sostendrá la acusación Alan Iud, el abogado de la organización Abuelas de Plaza de Mayo.

Según se informó oficialmente, el juicio tendrá 15 testigos, ya que aproximadamente otros 15 fueron desechados por las partes, con las particularidades de que la mayoría de ellos son de Buenos Aires y la provincia de Chaco, algunos de San Juan, un residente en Chile y una señora de edad avanzada, que declarará por teleconferencia.

Un dato curioso del caso, es que el imputado suboficial Tejada, adujo en el Tribunal que está afectado de una enfermedad que le impide hablar y por lo tanto se comunica con sus interlocutores a través de la escritura, lo que se estima que podría complicar el normal desarrollo de la audiencia.

En el comienzo del juicio a los apropiadores, que viven en libertad en San Juan, se leerán los tres requerimientos fiscales con las imputaciones que pesan sobre ellos.

Las imputaciones son la apropiación de menor, la falsificación de documentos públicos, ya que tanto el DNI como la partida de nacimiento y demás documentos del joven habrían sido falsificados, y por la sustitución de identidad, ya que el matrimonio lo inscribió como hijo propio.

En las jornadas posteriores serán recibidas las testimoniales en un juicio que en el Tribunal estiman que “será corto dado la poca cantidad de testigos”.

En tanto, los jueces deberán resolver un pedido de la defensa para que declare el joven apropiado y, según fuentes judiciales, “se decidirá sobre la marcha previa vista a la fiscalía y al querellante”.

Una carta encontrada en la casa de un represor sirve de prueba del Plan sistemático de apropiación de niños

Catalina de Sanctis Ovando
Mensajes de amor y de muerte

La nota que se intercambiaron los apropiadores de Catalina de Sanctis Ovando habla de una asignación previa de los bebés y demuestra que el Movimiento Familiar Cristiano sabía de dónde venían los niños. Como contracara, la joven también conserva un texto que su madre biológica envió a sus padres en el que pedía “quiéranme en mi hija”.
Por Irina Hauser

Cuando era chiquita, Catalina se miraba al espejo y se llamaba a sí misma “cara de nada”. Hacía muecas a ver si algo cambiaba. “Cara de nada”, repetía. Quería decir que no se parecía a nadie, que sentía un vacío gigante y una distancia abismal respecto de quienes la criaban. Como muchos hijos de desaparecidos arrancados de los brazos de sus padres en la última dictadura, ella pasó la mayor parte de su vida con la convicción secreta de no ser la persona que le decían que era. Pero optaba por no indagar demasiado, mirar hacia adelante, o no mirar, y encerrarse en su cuarto. Aun el día que entendió todo al ver un aviso de Abuelas de Plaza de Mayo en la televisión, decidió seguir como hasta entonces. Varios años después, cuando la Justicia obtuvo indicios de que podía ser una nieta apropiada se escapó hasta Paraguay para evitar que analizaran su ADN. Protegía a sus apropiadores o –mejor dicho– tenía miedo de ellos, sobre todo de él, Carlos Hidalgo Garzón, un mayor retirado que trabajó en inteligencia del Ejército. La historia de Catalina de Sanctis Ovando está atravesada por todas esas contradicciones y por una prueba fundamental escrita en un papel, que al final la llevó a “abrir los ojos” y asimilar su historia: una carta de su apropiadora, que daría cuenta de que alrededor de los nacimientos en Campo de Mayo funcionaba una maquinaria para el robo de los bebés de las mujeres secuestradas, en la que además el Movimiento Familiar Cristiano tuvo un papel influyente en la selección de los niños y su asignación a determinadas personas.

María Francisca Morilla, la apropiadora, había escrito la carta a mano y la dirigía a su esposo, asignado en Tucumán. Lo llamaba por un nombre falso, pero con sus mismas iniciales (Carlos Helguera Gonçalves). Sobre el final decía textual: “Vino la asistente del Movimiento y quedó encantada con el departamento. Conversamos mucho y me explicó que ella hace siete años que está en el Movimiento y nunca vio que entregaran niños con problemas de salud o malformaciones, que son muy sanitos y que a ella le llamaba la atención lo normal que son esos partos. Luego te contaré en detalle la conversación”. El encabezado tiene fecha del 7 abril de 1977, que coincide con la del secuestro de la mamá de Catalina, Miryam Ovando, quien fue vista por última vez unos días antes, cuando estaba embarazada aproximadamente de seis meses. Uno de “esos partos” en la maternidad de Campo de Mayo fue el suyo.

Catalina encontró la carta mientras revolvía entre cosas viejas en la casa donde que habían vivido sus apropiadores. No hacía mucho que había recuperado su identidad. En ese momento estaba con Rodrigo, su pareja. “El se puso como loco, la veía como algo de gran valor, y para mí era una pavada. Me parecía que podía tener muchas interpretaciones. Mi apropiadora me había hablado alguna vez, al reconocer que yo no era su hija, de que habían estado en lista de espera del Movimiento para adoptar. Así lo decía. Cuando entendí qué era esa lista de reparto de bebés y que yo había formado parte de ella me dio mucha impresión, me pareció perverso”, cuenta Catalina a Página/12.

La carta quedó en un armario y fue hallada después por la Justicia durante un allanamiento. Los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo pidieron esta semana en el juicio sobre apropiación de hijos de desaparecidos que sustancia el Tribunal Oral Federal 6 (TOF6) que sea incorporada como una prueba clave de la existencia de un plan sistemático de apropiación de niños (ver aparte), donde el Movimiento Familiar Cristiano los ofrecía en adopción, para dar apariencia de legalidad a las entregas. También ofrecieron la declaración testimonial de Catalina. Todo está a consideración de los jueces.
“Quiéranme en mi hija”

Desde hace algunos meses que Catalina lleva en su cartera otra carta, la contracara de aquella de su apropiadora. La que la llevó a reencontrarse con su identidad. Es una carta que escribió su mamá estando en cautiverio poco después de que ella naciera, dirigida a sus padres y a su hermano. Les cuenta lo “hermoso y terriblemente triste a la vez” que es “después de tanto tiempo tener la posibilidad de encontrarme frente a un papel y poder escribir, hablar, sentir”. Les dice en una parte que “estén todo lo tranquilos que puedan. Cuiden y quieran mucho a la nena (creo que está con ustedes, por supuesto), ojalá sea ella quien reciba todo de ustedes ahora (...) hay que tener fe y por sobre todas las cosas, saber que conservamos lo más importante: La vida. Los quiero mucho como siempre, más que siempre. Recuérdenme y quiéranme en mi hija, ella es quien sin saberlo lleva en sus venitas la sangre que yo llevo y quien más cerca de mí estuvo durante todo este tiempo. La extraño, la necesito”.

Miryam tenía 21 años cuando fue secuestrada. Estudiaba psicología en la Universidad de Rosario y militaba en la Juventud Peronista, igual que su esposo, Raúl René de Sanctis, que era estudiante de antropología. A él se lo llevaron en mayo de 1977. Se habían mudado a Buenos Aires, a una casa en Virreyes meses antes, y siguen desaparecidos. En el libro de partos del Hospital Militar de Campo de Mayo aparece el nombre de la apropiadora de Catalina como si hubiera dado a luz por cesárea el 17 de agosto de ese año a las cinco de la tarde. Pero unos pocos renglones más arriba dice “Ovando”, la palabra cesárea tachada y cambiada por “legrado” y la referencia de que habían removido un “feto sin vida de 45 días” a las 10.10 de la mañana. La fecha: 11 de agosto.

Catalina no fue entregada a su familia biológica, sino a sus apropiadores a poco de nacer. Tiene recuerdos borrosos de su infancia, itinerante según la provincia a la que asignaran a su apropiador. Cree haber sido “bastante payasa” de chica, por lo que vio en sus fotos. De los seis o siete años en adelante recuerda una vida más triste, en Capital Federal, en la que se percibía diferente de todas sus compañeras de la Escuela Santa Ana y distinta de quienes creía sus padres, que la llamaban María Carolina (Hidalgo Garzón). “Un día, subiendo en el ascensor, me miré en el espejo y le dije a mi apropiadora que no me veía cara de nada. Tendría siete u ocho años. Ella decía que era parecida a su padre y al hijo del hermano de mi apropiador. Siempre buscando excusas, siempre mintiendo, como cuando decía que era psicopedagoga. Toda la vida me mintió con su edad”, reprocha Catalina. “En la secundaria me di cuenta de que no había fotos de ella embarazada; ¿qué me dijo? Que no se usaba y que tenía temor porque había perdido varios embarazos”, añade. “Las cosas estaban más que claras, sólo que yo no quería ver”, confiesa.

–¿Y cómo fue que supiste la verdad? ¿Cuando te citó la Justicia o antes? –le preguntó Página/12.

–Mucho antes. Estaba empezando a estudiar Bellas Artes en la facultad y un día veo que pasan una publicidad de Abuelas en la tele. Ahí toda la nebulosa que tenía cobró forma. Justo por esa época, además, venía pensando que no sabía si había soñado, o si tenía una fantasía o era un verdadero recuerdo, que me habían dicho alguna vez que era adoptada. Tomé coraje y le pregunté a mi apropiadora: “Yo soy hija de desaparecidos, ¿no?”. Llorando me dijo que sí, pero que ella me había curado el ombligo y mis padres habían muerto en un enfrentamiento, y que las familias no querían saber nada con los hijos de sus parientes detenidos, y que las Abuelas de Plaza de Mayo mentían y arrancaban a los hijos de sus familias, que por eso ella no me había contado la verdad. Me advirtió que si yo contaba algo ellos iban a ir presos.

Catalina recuerda que se llenó de más miedo. Su apropiador, a quien describe como “alcohólico”, se volvió “más agresivo” de lo habitual. Su apropiadora, “más depresiva”. “En casa había un ambiente muy violento e inestable”, dice. A medida que ella iba armando el rompecabezas, Hidalgo Garzón –que ahora tiene arresto domiciliario por su actuación en el centro clandestino La Cacha– la empezó a tratar de “subversiva”. Le decía “pacifista” y le llegó a escribir una carta en la que la trataba de “desagradecida” porque “la sangre criminal tira”.
Verdad y locura

Las primeras denuncias de que Catalina podía ser apropiada llegaron a Abuelas en el año 2000. Alguien que conocía a la familia dio los datos y las sospechas. En 2007, un nieto recuperado –Manuel Gonçalves– la fue a ver a la salida del profesorado de Educación Física, donde estudiaba tras abandonar Bellas Artes. “Me explicó que había un proceso judicial en marcha y que contara con ellos. Yo salí corriendo”, relata. Ese mismo año la citó el juez federal Ariel Lijo, le explicó que podía ser hija de desaparecidos y le pidió una muestra de sangre. “Quedamos en venir una fecha. Pero no me localizaron más porque me fui”, dice. Huyó con su pareja, Rodrigo, en una camioneta donde subieron hasta los tres gatos de ella. Pararon en Corrientes y luego siguieron hacia Paraguay, donde tenían expectativas de quedarse a vivir en un lugar llamado San Bernardino. “Llegamos, llovía, no había nadie, nos habían pedido coima por pasar una luz amarilla, teníamos pánico por haber cruzado la frontera sin registrarnos. Así que volvimos y terminamos en San Luis, donde vive la familia de Rodri, que nos prestó una quinta. Ahí me hicieron el allanamiento. Se llevaron mi ropa para sacar ADN”, suspira.

–¿Por qué te escapaste?

–No quería dar sangre o material genético en forma voluntaria. Sentía culpa con mis apropiadores, a quienes aún llamaba mamá y papá. No quería que por mi culpa fueran presos. Era algo infantil, tenía el fantasma que me habían inculcado de que las Abuelas eran malas. Les tenía miedo, a veces hasta odio. Pero después del allanamiento tuve cierto alivio. Ya está, pasó lo que tenía que pasar. Y volvimos a Buenos Aires. Mientras estaban en proceso los estudios genéticos, Rodrigo se puso a buscar información por Internet y a través de Abuelas para deducir quiénes podían haber sido mis padres. Hasta trataba de sacarle datos a Hidalgo Garzón. Catalina habla de (su ahora) marido con admiración: “Le mostró unas páginas de Abuelas y le preguntó si sabía quién era mi mamá. Y efectivamente él le señaló el nombre correcto. Le contó que un día después de ir a buscarme en el Ford Falcon a Campo de Mayo, llamó preguntando si habían ‘volado el paquete’, o sea a mi mamá. Dijo que el médico que me había entregado fue (el apropiador) Norberto Bianco”.

En septiembre de 2008 el juez Lijo citó a Catalina. Se dirigió a ella como “Laura Catalina”, su nombre completo y auténtico. Ella se enojó mucho. “Es el nombre que te puso tu mamá”, le dijo él. “En ese momento me dieron la carta que ella había escrito en cautiverio. Yo ni creía que fuera de ella. Me dieron unas fotos horribles, viejas y borrosas. Mi primera impresión fue no creer el resultado”, asegura. También fue notificada su familia biológica, pero Catalina no quiso conocerlos por entonces.

Sus apropiadores fueron citados a indagatoria y se descompensaron. “Quedé atrapada, teniendo que hacerme cargo de ellos”, se queja. Hidalgo Garzón se hizo pasar por loco y en el ínterin insultaba a Catalina a través de una página web. Lo mismo hacía con el juez. A mediados de 2010 una junta de médicos forenses concluyó que intentaba mostrarse más deteriorado de lo que estaba. El y su mujer fueron procesados y recientemente enviados a juicio oral. El vive en un geriátrico, ella con un pariente.
Familia

Catalina decidió que no quería verlos más recién en la segunda mitad del año pasado. Fue después de que se animó a contactar a su familia biológica, casi todos de Rosario. Osqui, primo hermano de su papá, le mandó un montón de fotos por e-mail.

Dos semanas después se fue para allá. Conoció también a Fabián, el hermano de su mamá. Y se quedó muy impactada al ver a otro primo de su papá, Javier. “¡Me vi igual a él!”, exclama. Esa primera vez fueron a comer a una parrilla de “el inglés”, un compañero de rugby de su papá. Y conoció a las parejas de todos, y los hijos, y encontró una familia enorme, a la que ahora visita cada dos por tres. Para el 11 de agosto le hicieron un cumpleaños sorpresa. La llenaron de fotos de sus padres, que lleva consigo a todas partes. Son fotos en las que ahora por fin se reconoce a sí misma. La emociona tanto como saber que su mamá “hacía gimnasia deportiva y yo acrobática”, “mi papá estudiaba para ser antropólogo, algo que me hubiera gustado a mí”. “Uno es una suma del ambiente y lo genético, yo siempre me sentí diferente de mis apropiadores; lo genético fue más fuerte”, celebra. El paso que faltaba lo dio en marzo cuando les mandó un mail a sus seres queridos que decía en letras de color violeta: “Familia, amigos, les escribo desde esta nueva dirección de correo electrónico con éste, mi nombre... a ver si nos vamos acostumbrando... ¡ustedes y yo! ¡Los quiero mucho y los extraño! Besitos y abrazos. ¡Catalina!”. Al final de la entrevista, le salió una frase del alma: “Ahora puedo vivir con alegría”.

Pruebas del plan sistemático
     
“Vino la asistente del Movimiento y quedó encantada con el departamento. Conversamos mucho y me explicó que ella hace siete años que está en el Movimiento y nunca vio que entregaran niños con problemas de salud o malformaciones, que son muy sanitos y que a ella le llamaba la atención lo normal que son esos partos”, decía un tramo de la carta que escribió la apropiadora de Catalina de Sanctis Ovando a su apropiador, el mayor Carlos Hidalgo Garzón. Abuelas de la Plaza de Mayo pidió que sea incorporada como prueba al juicio sobre el plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos y que Catalina declare para darle contexto. “La carta habla de un tipo de partos, como algo habitual, partos de los que estaba al tanto el Movimiento Familiar Cristiano (MFC), y de una asignación previa de los bebés”, explica el abogado Alan Iud, en alusión al valor del texto como posible prueba del “plan sistemático”. Además, recuerda, se conocen otros casos de chicos apropiados entregados a través del MFC: Milagros Castelli Trotta y Belén Altamiranda Taranto. Belén declara este martes en el juicio ante el TOF6. Existe, además, una causa en trámite sobre el MFC a cargo del juez subrogante Marcelo Martínez de Giorgi, en la que se investiga la intervención de esta organización de la Iglesia en la entrega de hijos de desaparecidos ofreciendo la cobertura legal de una adopción o la inscripción como hijos biológicos. Iud, además, señaló que no es frecuente que se allanen las casas de los apropiadores. Pero el caso de Catalina demuestra “lo importante que es esa medida, ya que así fue como la Justicia encontró la carta en cuestión”.

sábado, 3 de septiembre de 2011

Fallo sobre la identidad de un joven apropiado

El nombre en cuestión

Federico nació en la ESMA en octubre de 1977. Mientras el terrorismo de Estado se devoraba a su madre, la esposa de un represor le entregó el bebé a una amiga de la infancia, quien junto a su marido lo inscribió y crió como hijo propio. El año pasado, cuando los estudios de ADN confirmaron que es hijo de Liliana Pereyra y de Eduardo Cagnola, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó modificar su inscripción en el registro de las personas: respetó el nombre de pila elegido por los apropiadores –hoy procesados en libertad–, pero ordenó agregarle Federico, como su madre lo llamó durante el embarazo y sus primeros días de vida, y con sus apellidos: Cagnola Pereyra. La negativa del joven, que también pretende “sumar” el apellido del apropiador, derivó ayer en un fallo de la Cámara Federal porteña en el que se señaló la ausencia de una legislación armónica y le encomendaron al Congreso que de forma “imperiosa” dicte las normas procesales para “subsanar la situación”.

La causa estuvo originalmente en manos del juez Jorge Ballesteros, a quien reemplazó Martínez de Giorgi. Por irregularidades en la instrucción, los camaristas Eduardo Freiler y Eduardo Farah no se pronunciaron sobre la cuestión concreta, que encomendaron ahora al juez Julián Ercolini.

La Cámara cuestionó la investigación realizada en primera instancia en base a un informe presentado en mayo de 2010 por la Unidad Especial de la Procuración General de la Nación. Sus responsables, Jorge Auat y Pablo Parenti, señalaron que los presuntos imputados “aparecen manteniendo asiduas comunicaciones telefónicas” con empleados del juzgado, que “se da noticias a las presuntas víctimas vía mail o telefónica”, y cuestionaron “la tergiversación de los fines del proceso”, porque advirtieron una “pretensión excluyente” de conocer la identidad de la víctima por encima de “las circunstancias” que rodean a la apropiación y “la identificación de los responsables”.

Fue otro, sin embargo, el motivo invocado por Freiler y Farah para no pronunciarse. En enero de 2010, Martínez de Giorgi se desprendió de la causa penal que investiga a los responsables de la sustracción y sustitución de identidad (por sorteo recayó en Ercolini, quien luego procesó a los apropiadores), pero invocando “economía procesal” y “razones metodológicas” retuvo la tramitación de la restitución de identidad. Dos meses después declaró la nulidad de la inscripción y las modificaciones señaladas, en línea con las normas que emanan de la Convención de los Derechos del Niño y del Protocolo Facultativo del Comité de Derechos Humanos. El trámite en el Registro del Estado Civil y de la Capacidad de las Personas bonaerense no llegó a concretarse ante la apelación de los abogados del joven: plantearon que le habían impuesto “una pena sin delito” que le generaban “perjuicios patrimoniales, laborales y civiles” y que “prometen producir un daño descomunal en (su) salud psíquica”. Para los camaristas, la división del expediente fue un acto inválido. Explicaron que toda la causa debió pasar a Ercolini, medida que ahora ordenaron.

Ante un planteo de los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo, los camaristas también le ordenaron al juez de instrucción tomar medidas para poner fin a la incompatibilidad de intereses que pretende representar el abogado Miguel Angel Pierri, quien actúa en el mismo expediente en nombre de la víctima y de sus apropiadores.