martes, 4 de octubre de 2011

Con nuevas indagatorias de Amelong y Guerrieri, se reanudó el juicio por robo de bebés en Paraná

Fariña y Guerrieri participaron de las inspecciones oculares, que cerraron la etapa de producción de prueba.
Sin sorpresas, los represores Juan Amelong y Pascual Guerrieri volvieron a hacer uso del derecho a declarar, a fin de ratificar los conceptos que esbozaron a lo largo del juicio por el funcionamiento de una maternidad clandestina en el Hospital Militar de Paraná. Así, en su extensa indagatoria, Amelong insistió en desvincularse de los hechos y reclamó que se investigue a los propietarios del Instituto Privado de Pediatría (IPP) respecto del destino del hermano mellizo de Sabrina Gullino. El imputado abundó en detalles que no hacen a la causa, y buscó desacreditar a algunos testigos claves. Mientras que Guerrieri volvió sobre los fundamentos de lo que llamó “guerra revolucionaria”, para justificar el genocidio que tuvo lugar en Argentina entre 1976 y 1983. Por otra parte, brindó testimonio un periodista que entrevistó a Pablo Martín Navone -hijo del ex jefe del Destacamento de Inteligencia 122 Paul Navone-, y quien no podrá comparecer porque viajó a España. Para este miércoles 5 de octubre, se prevé el inicio de los alegatos. Por Betiana Spadillero Gaioli,

Este martes se reanudó el juicio por sustracción y sustitución de identidad, que se sigue en el Tribunal Oral en lo Criminal de Paraná. El debate había pasado a un receso tras el cierre de la etapa probatoria, que incluyó unas 40 testimoniales y las inspecciones oculares al nosocomio castrense y el IPP.

Al inicio de la audiencia, el abogado querellante Álvaro Piérola pidió la declaración de Pablo Martín Navone. La solicitud se basó en la entrevista publicada en un matutino local al hijo del ex jefe del Destacamento de Inteligencia 122, no obstante éste viajó a España y regresará el 28 de octubre.

Por otra parte, se ingresó la prueba documental, incluida la declaración en instrucción del socio del Instituto de Pediatría Eduardo Rossi. Una vez finalizada esta instancia, se fijó el comienzo de los alegatos para este miércoles a las 9, siendo las querellas las encargadas de inaugurar la jornada.

Son juzgados por crímenes de lesa humanidad los militares de Inteligencia Juan Daniel Amelong, Pascual Oscar Guerrieri, Marino Héctor González y Jorge Alberto Fariña; el agente civil de Inteligencia Walter Salvador Dionisio Pagano y el médico militar Juan Antonio Zaccaría.

Amelong pidió que se investigue a los médicos del IPP

El imputado realizó un repaso pormenorizado sobre sus funciones en el Ejército, desde que cursó en el Colegio Militar. El detalle fue a los fines de determinar que a lo largo de su carrera estuvo destinado “muchísimas veces en el Área de Logística”. Puntualmente, indicó que en 1977 fue “comisionado al Destacamento de Inteligencia 121”, donde aseguró que su actividad estaba vinculada al mantenimiento de los equipos.

En esa línea, apuntó: “En el ‘80 es la primera vez que hago un curso de Inteligencia. Es decir que mis actividades antes de esa fecha estuvieron absolutamente relacionadas con cuestiones mecánicas”.

Asimismo, sostuvo que entre “el 15 de febrero del ‘78 y 15 de marzo de ese año” estuvo de licencia. Incluso remarcó que en esa oportunidad viajó al exterior, pero que la persona que lo acompañó falleció y no puede certificar su afirmación.

Más adelante, refirió a los destinos que le fueron asignados, como Mendoza, La Rioja, Zárate, y sus intentos por participar en la guerra en las Islas Malvinas. También subrayó su disposición para comparecer ante la Justicia.

Como se estimaba, el represor abundó en precisiones que no hacen a los hechos que se investigan en la causa. Aludió a sus hobbies, intereses personales e incluso exhibió fotografías que no aportaron dato alguno.

De la misma manera, volvió sobre los argumentos esbozados en el juicio oral y público realizado en Rosario. Al respecto, reiteró que según documentación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) el predio donde funcionó el centro clandestino La Intermedia (y donde asesinaron a los detenidos políticos que fueron trasladados desde la Quinta de Funes) estaba “rentado en el ‘78”.

En una segunda parte de su ampliación, Amelong destacó que “en la instrucción se han dividido los hechos en tres momentos fácticos”, los cuales desmenuzó. “Un primer hecho es la detención y muerte de Raquel Negro, que ya fue juzgada en la causa de Rosario, por ende no me voy a explayar al respecto. Luego está el traslado y alumbramiento de los mellizos. Si las fechas que figuran en la causa son ciertas, en esa época yo estaba de licencia y no cumplía funciones en Paraná”, detalló.

Respecto del tercer momento, se extendió sobre las manifestaciones de Eduardo Tucu Costanzo: “No voy a hacer una valoración de sus dichos, pero quiero remarcar hechos sucedidos durante el proceso que se me siguió en Rosario y acá”, explicó. En ese sentido, resaltó que el represor “no tiene cómo comprobar sus dichos, porque son de un tercero que los niega”, y se abocó a señalar las “contradicciones” del deponente, cuetsionando su veracidad.

También ratificó que Costanzo tiene una “gran animosidad” hacia su persona, tras lo cual insistió sobre las presuntas amenazas del militar. En relación a la denuncia por los vuelos de la muerte, dio explicaciones técnicas para sostener la imposibilidad del testimonio.

Posteriormente, aludió a las declaraciones de Jaime Dri y Miguel Bonasso. El acusado de delitos de lesa humanidad buscó desprestigiar al ex detenido político: “Lo que queda claro es que el discurso de héroe referido a (Edgar Tulio) Valenzuela y a Dri está desmentido por los copartícipes de la organización terrorista Montoneros”, asentó. A su vez, citó el libro Recuerdo de la muerte, enfatizando que se trata de un relato novelado, que “muestra pero no demuestra”, por lo que desestimó los relatos reproducidos en la obra del periodista.

Finalmente, evaluó que “si hay alguien que sabe el destino de esa criatura (el hermano mellizo de Sabrina Gullino), de no haber fallecido, son los médicos del Instituto de Pediatría”. Y acotó: “A uno de ellos no lo pudimos oír, pero a los otros tres se les marcó su notable reticencia y espero que se sigan causas al respecto. No saben dar explicaciones sobre lo que vieron esos días, pero por favor, como puede pasar eso”.

Las partes prefirieron no realizar preguntas al represor.

Un periodista aludió al diálogo con el hijo de Navone

Luego de un cuarto intermedio, Juan Cruz Varela refirió a la entrevista publicada en El Diario a Pablo Martín Navone. “Nos parecía de interés periodístico el testimonio de alguien que debería estar en el banquillo de los acusados, pero como se había matado no estaba presente. Entonces tomamos contacto con el hijo y una vez que accedió, coordinamos las condiciones del encuentro”, relató.

Enseguida, apuntó: “Su padre conocía que podría ser involucrado en la causa y empiezan a tener diálogo sobre lo que había sido su accionar. En ese momento, le refiere que como integrante del Destacamento de Inteligencia estaba cumpliendo funciones en Paraná, y que le asignaron recibir a Raquel Negro”. En cuanto al parto de la detenida-desaparecida, indicó que el entrevistado supo que “el varón había nacido muerto y que a la nena se la habían llevado Amelong y Pagano, y que la habían llevado a un orfanato en Rosario”.

Consultado por el fiscal José Ignacio Candioti sobre las condiciones de la entrevista, el deponente aclaró que no fue grabada y que se realizó antes de que el hijo del militar viajara a España. También expresó que Navone “estaba al tanto del desarrollo de la causa y refirió específicamente a la declaración de Costanzo”.

Otra vez declaró Guerrieri

El imputado reafirmó que “todo esto que pasó estuvo en el contexto de una guerra revolucionaria que tuvo lugar en el continente”, en referencia al terrorismo de Estado. A fin de justificar esa afirmación leyó párrafos del libro Nadie fue de Juan Bautista Yofre, y volvió sobre los conceptos delineados en indagatorias anteriores.

Por otra parte, con suma ironía caracterizó a los testigos que presentó la querella, los cuales interpretó que “dejaron mucho que desear”. En esa línea, Guerrieri cargó contra los deponentes, entre ellos Dri y Bonasso.

La causa

La investigación tuvo su inicio en la denuncia realizada el 18 de mayo de 2005 por el entonces coordinador del Registro Único de la Verdad, Guillermo Germano. En la presentación hizo referencia a dos clases de hechos: la internación de mujeres en estado de gravidez en el Hospital Militar de Paraná, quienes se hallaban privadas ilegítimamente de su libertad; y el asesinato y entierro clandestinos de personas en el Escuadrón Comunicaciones.

En ese contexto, se investiga la apropiación de los hijos de Negro, quien fue detenida ilegalmente al igual que su pareja Edgar Tulio Valenzuela y su hijo menor Sebastián Álvarez, el 2 de enero de 1978 en Mar del Plata. La mujer fue trasladada desde la Quinta de Funes en Rosario hasta el nosocomio castrense, donde dio a luz a los mellizos.

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