Denegada la prisión domiciliaria a médico represor-apropiador

La Justicia le denegó la prisión domiciliaria a un médico acusado de robo de bebés en la dictadura
La Cámara Federal denegó el beneficio de la prisión domiciliaria al médico Norberto Bianco, acusado de robo de bebés durante la última dictadura militar y extraditado desde el Paraguay, al sostener que la Unidad Penitenciaria de Marcos Paz, donde está alojado, cuenta "con los elementos necesarios para la asistencia del paciente".

La Sala I del tribunal de apelaciones ratificó, de esa manera, que Bianco debe permanecer en una cárcel común al desoír el pedido de su defensa que argumentaba que el represor "es un paciente no autoválido, que requiere la asistencia permanente de una persona para satisfacer sus necesidades básicas", según la resolución a la que Télam tuvo acceso.

La asistencia profesional de Bianco aseguraba que "el Complejo Penitenciario de Marcos Paz no está en condiciones de otorgar este servicio", empero la médica Mirta Juárez Nasso, perteneciente al Módulo Asistencial de ese penal "hizo saber que en dicha unidad cuentan con los elementos necesarios para la asistencia del paciente".

La defensa del represor sostenía que "también padece diversas enfermedades “diabetes insulino dependiente y anemia hemolítica congénita esferocitis”, y que requiere de una dieta compensada para su tratamiento que entiende que la Unidad Carcelaria no se encuentra en condiciones de otorgarle correctamente" lo que "lo colocaría en una situación de peligro para su salud".

Sin embargo los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero estimaron que "más allá de las circunstancias referidas por la defensa, lo cierto es que no surge del expediente ninguna constancia que permita presumir que la detención de Bianco en el Complejo Penitenciario en cuestión agrave su situación actual".

En este sentido, remarcaron que "oportunamente el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indicó que al encausado le ha sido otorgada el alta médica y que se halla en condiciones de ser trasladado a su lugar de detención, con los cuidados del caso" y que "la situación revelada hasta el momento permite respaldar la razonabilidad de la modalidad de encierro preventivo".

El represor fue traído a la Argentina el 15 de julio último extraditado desde Paraguay donde permaneció detenido desde 2008, acusado de la sustracción de bebés nacidos cuando sus madres estaban en ilegal cautiverio y otros delitos de lesa humanidad cometidos en los centros de detención y torturas durante la dictadura que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976.

Nuevos datos sobre el traslado a Uruguay de Maria Claudia, madre de Macarena Gelman

Un documento de la dictadura uruguaya revela cuándo y cómo fue llevada a Montevideo
Nuevos datos sobre el traslado, 35 años después

El periodista uruguayo Roger Rodríguez presentó ante la Justicia un documento del Ministerio de Defensa de Uruguay donde consta que María Claudia García Iruretagoyena y otros secuestrados fueron llevados el 17 de octubre de 1976 en un avión de Pluna.

 Por Alejandra Dandan

La investigación por la apropiación de Macarena Gelman todavía tiene puntos oscuros. ¿Por qué los represores se llevaron del país a María Claudia García Iruretagoyena, la nuera del poeta Juan Gelman? ¿Por qué a Uruguay? Y un punto más específico: nunca hubo certezas sobre el momento y el modo en que salió embarazada y secuestrada hacia Montevideo. Ayer, en la audiencia del juicio por el plan sistemático de apropiación de bebés, declaró el periodista uruguayo Roger Rodríguez, investigador de los derroteros y efectos de las dictaduras del Cono Sur. Reveló un documento hasta ahora inédito, con siglas del Ministerio de Defensa de Uruguay, que indica que el viaje se hizo el 17 de octubre de 1976 a bordo de un avión de Pluna, desde Ezeiza hasta el aeropuerto de Carrasco. Claudia viajaba en calidad de detenida con otras tres personas secuestradas: los hermanos Anatole y Victoria Julien y María del Carmen, otra secuestrada con indicios de un embarazo, de quien se omitió dar públicamente el nombre. El documento lleva las firmas del general José Gavazzo y de Jorge Silveira, jerarcas uruguayos de la dictadura y operadores del Plan Cóndor en Buenos Aires. Según el documento, ambos dejan constancia de que enviaban a los “detenidos” para ser “interrogados” por orden del canciller uruguayo. Rodríguez terminó de chequear la validez de esa prueba este último fin de semana en Buenos Aires, a partir de un contacto con la pasajera número cuatro. Los papeles están ahora en poder del Tribunal Oral Federal 6 y empezarán a ser evaluados.

Durante la declaración, el fiscal Martín Niklison le preguntó a Rodríguez por ese traslado. ¿Logró reconstruir algo de cómo fue? ¿Cuándo?, preguntó. Los datos que hasta ahora se tenían eran escasos. Se sabía que María Claudia no había viajado como parte del llamado “primer vuelo” de los uruguayos, porque los sobrevivientes empezaron a registrar la presencia de una argentina, el embarazo, el operativo para trasladarla para parir y el llanto de la niña, tiempo después.

“Ese es uno de los temas que no queda claro hasta ahora”, dijo. “Hasta hora, porque 48 horas atrás, desde el viernes, traté de chequear con un trabajo de campo en Buenos Aires algunos datos en relación con la confirmación de un documento que también voy a entregar al Tribunal, donde constaría el dato que yo no podía confirmar hasta ahora.”

El documento, dijo, “es del Ministerio de Defensa uruguayo. Silveira y Gavazzo dejan constancia por orden del canciller uruguayo del movimiento de traslado de cuatro personas el 17 de octubre del ’76: esas personas son María Claudia Gelman, Anatole y Victoria Julien y María del Carmen”. El vuelo es el vuelo 123 de Pluna, que tiene salida a la 0.07 de Ezeiza en Buenos Aires e ingreso a la 1.45 en Uruguay. “La fecha era de un domingo, una fecha particular en el calendario argentino y nombraba a esas personas”, explicó.

El fin de semana pasado, Rodríguez se fue a buscar a esa cuarta pasajera del avión. “Encontré a esta María del Carmen –dijo–, y esta persona en su negativa parecía estar confirmando que efectivamente lo hizo. Me dijo: ‘Yo no quiero saber más nada de esto, no me metan en líos, ya bastante mal la pasé’. Otro tanto dijo su marido.” Por esa respuesta, el nombre de la cuarta pasajera quedó en reserva. Se sabe, sin embargo, que su apellido pertenece a una familia de alcurnia, un dato que en su investigación alimenta la hipótesis de que pudo haber sido un secuestro enmarcado en las operaciones extorsivas que se habilitaron desde el centro clandestino Automotores Orletti, donde estuvieron María Claudia y los Julien.

Orletti era la base del Cóndor en Buenos Aires, pertenecía a la estructura de la SIDE. Adentro operaban Aníbal Gordon y la patota integrada entre otros por Eduardo Ruffo, desde donde no sólo se hacían secuestros políticos, sino también negocios. “Orletti era además un lugar de extracción económica”, dijo Rodríguez. “Hubo dos períodos respecto de los uruguayos: uno primero en junio que genera un traslado a Uruguay con 23 uruguayos que quedan en la SID (Secretaría de Informaciones de Defensa uruguaya) y luego hasta septiembre no hay más uruguayos en Orletti. En septiembre comienza un segundo operativo en el que, a diferencia de los primeros, están todos desaparecidos.”

Cuando Orletti se cerró, los argentinos devolvieron a Uruguay a los detenidos-desaparecidos de ese país. Respecto de los niños, como los casos de Mariana Zaffaroni Islas, los Julien o María Claudia, que fueron trasladados a Uruguay, o Simón Riquelo que quedó en Buenos Aires, Rodríguez cree que pensó: “Los niños de unos quedaban en el país del otro para que no vuelvan a ser encontrados”.

Los efectos

Visto hacia atrás, el documento echa luz sobre testimonios y elementos hasta ahora sin explicación. El periodista se detuvo en algunos ejemplos, entre ellos uno de los relatos que viene haciendo hace años Sara Méndez. Ella, que pasó por Orletti, estuvo secuestrada también en la SID y fue una de las que escuchó el llanto de la hija de María Claudia, siempre habló de la presencia de una segunda mujer embarazada. La cuarta pasajera sería según Rodríguez, “la segunda persona que está viviendo en una provincia argentina”.

También cobra sentido un dato sobre el que le hablaron sus fuentes militares uruguayas cuando todavía buscaba a María Claudia Iruretagoyena. “Nosotros la devolvimos en Argentina”, decían. O el dato de los sobrevivientes de Orletti que sitúan a María Claudia presente en ese centro clandestino aún el 9 de octubre.

“Creo que es el momento de entregarlo”, dijo después sobre el documento. “Traté de confirmarlo, están las direcciones de esa mujer. Está esa reacción que, en mi carácter de periodista, tiene el carácter confirmatorio de que algo sabe.”

La lista de traslados se la dio un militar uruguayo del que se reservó el nombre. Poco después, la presidenta del Tribunal, María del Carmen Roqueta, leyó en voz alta el documento.

“Por orden del señor canciller doctor Juan Carlos Blanco se nos encomienda (el traslado de) María del Carmen...; Claudia García Gelman; Anatole Casares Grisone; Victoria Cáseres Grisone, estos últimos menores, a efectos de interrogaciones en Montevideo. Las dos primeras personas presentan síntomas de embarazo.” Se lee en un caso, la mención a 38 semanas de embarazo. Y luego el número de vuelo, el horario, la indicación de los dos aeropuertos. Y luego: “A la llegada hago entrega de documentos de los detenidos en Buenos Aires para evaluación del mayor Martínez”. Las firmas son de Jorge Silveira y Gavazzo.

Para Rodríguez, el vuelo de María Claudia se dio en lo que llama el “contexto del segundo vuelo”. Hubo un vuelo clave el 5 de octubre, un dato que fue confirmado años después, a partir de su investigación, por la fuerza aérea uruguaya. Y hubo otros vuelos después. Mencionó otro del 27 de noviembre, del que también participó Gavazzo. Blanco está detenido desde 2006.

"Videla no podía desconocer la maternidad clandestina de Campo de Mayo"

La periodista y actual directora de Radio Nacional, María Seoane, aseguró hoy ante el tribunal que juzga el robo de bebés durante la dictadura, que el ex dictador Jorge Videla "no podía desconocer" la existencia de una maternidad clandestina en Campo de Mayo.

"Hasta agosto de 1978, durante la primera parte del golpe militar, Videla ocupó la casa del Jefe del Ejército en Campo de Mayo, donde funcionó un centro clandestino de detención y una maternidad clandestina, porque él quería vivir ahí mientras fuera comandante en Jefe del Ejército", explicó.

En ese sentido, dijo que parte de esa información fue recogida de las confesiones del ginecólogo de la maternidad del hospital militar de Campo de Mayo, Julio Caserotto, ante el ex juez federal de San Isidro Roberto Marquevich que investigó el caso.

Seoane fue convocada a pedido de la querella de las Abuelas de Plaza de Mayo, en el juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 6, en el que Videla es uno de los principales acusados por la implementación de un "plan sistemático" para la apropiación de hijos de desaparecidos nacidos en cautiverio, varios de ellos en el hospital de aquella unidad militar.

Además, es la autora del libro "El dictador" publicado en 2001 en el que formula una investigación referida al rol de Videla durante el régimen, antes y después del golpe de marzo de 1976.

Entre otros hechos, la periodista hizo mención a las tres entrevista que el propio Videla le concedió a un integrante del equipo que participó en la producción del libro, y durante las cuales "asume la responsabilidad absoluta de lo ocurrido a partir de que dirige los destinos del país".

"Cumplí con el deber que el Estado me dio, no fue difícil para mí, yo estaba por encima de todos", fue la cita textual de los dichos de Videla durante uno de los reportajes, en los que admitió que no se tomó la decisión de fusilar a los miembros de las organizaciones subversivas secuestrados "porque la sociedad argentina no se lo hubiera bancado", ni tampoco "dar a conocer las listas" porque "enseguida iban a preguntar quién los mató y cómo".

Seoane hizo referencia a documentos desclasificados del Departamento de Estado norteamericano, que incluyen los informes reservados de los embajadores destacados en la Argentina antes y después del golpe militar.

Asimismo, llegó a la conclusión que el golpe fue la resultante de una "alianza entre el poder civil y militar; una fuerte alianza entre José Alfredo Martinez de Hoz y la cúpula militar desde agosto del 75, mediante la cual se establece un diseño de poder político y económico".

Advirtió que ya para 1976 "lo civiles llamados subversivos estaban derrotados y sobrevivían grupos de muy poca fuerza politica y militar" y se aprovechó el franco proceso de crisis del sistema político, tras la muerte del ex presidente Juan Perón, para iniciar "la reconversión capitalista en la Argentina".

"El motivo fundamental económico era reformatear económicamente a la Argentina y el sistema político en esa matriz no podía sera la democracia sino la dictadura", agregó.

También aludió a la pertenencia de dictador Videla al Movimiento Familiar Cristiano, una organización de civiles católicos que, de acuerdo con testimonios recogidos durante el juicio, intervino en la entrega de hijos de desaparecidos nacidos en cautiverio.

En ese sentido, Seoane coincidió con que varios de sus integrantes actuaban como "asistentes sociales" una de las características descripta por los miembros de las parejas que recibían a los chicos recién nacidos y que, en la mayoría de los casos fraguaban como propios.

También recordó los testimonios de la monja francesa Ivonne Pierrot brindados ante la Conadep y en el Juicio de la ESMA, quien confirmó que Alice Domon, una de las religiosas secuestrada y desaparecida en la ESMA, atendió durante su permanencia en Hurlingham a Alejandro Videla, el hijo discapacitado del presidente de facto.

De acuerdo con los dichos de una ex integrante del Movimiento Familiar Critiano, Maria Elena Fortres, La familia Videla se estableció en 1953 en Hurlingham, en el noroeste del conurbano bonaerense, donde crearon con una prima y vecinos esa organización, cuyo objetivo principal era "la catequesis".

Según esa fuente, "los Videla tenían muy poca sensibilidad social y tenían una visión binaria, por lo cual para ellos todo era o blanco o negro".

En su testimonio de hoy, la autora de "La noche de los lápices", también hizo mención a la desaparición de un obrero que integraba el Movimiento Familiar Cristiano y de uno de sus miembros, presidente de una empresa, Horacio Palma, por cuya aparición le solicitaron a Videla, y en ambos casos "dijo que no podía hacer nada".

En otro tramo de su extensa declaración, Seoane hizo referencia a "la construcción de la estructura represiva" ideada por los ex dictadores Videla y el fallecido Roberto Viola como Secretario General del Ejército, y a las directivas secretas a las cuales accedió en la investigación, una de ellas conocida como "Peugeot", la 404/75, que contenía "instrucciones precisas" para el accionar represivo por parte de las tres fuerzas armadas.

Otro de los documentos que los militares no llegaron a destruir en el ocaso de la dictadura mencionó a la transcripción del "interrogatorio bajo tortura del dueño y director del diario El Cronista Comericial, Rafael Andrés Perrota, de junio de 1977", que, según dijo "forman parte de los archivos que todavía andan dando vueltas en manos de periodistas y otros no tan periodistas", al hacer mención al ex jefe de la SIDE durante el menemismo Juan Bautista "Tata" Jofre.

Por último, y respecto de la existencia de los documentos secretos de la represión, recordó que otro de los acusados, el ex dictador Reynaldo Bignone, "mediante el decreto final de la dictadura 2362/83 ordenó a todas las reparticiones del Ejército la destrucción de toda la documentación vinculada a la represión ilegal".

Declara Victoria Ginzberg sobre el plan sistemático

Pruebas del plan sistemático

Fue convocada por una nota escrita en 2002 referida a los documentos desclasificados por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Uno de los papeles revela que el dictador Reynaldo Bignone reconocía en 1982 la apropiación de bebés y se negaba a devolver a los niños a sus familias.

“Toqué con el embajador el tema de los niños, como los chicos nacidos en prisión o los chicos sacados a sus familias durante la guerra sucia. Mientras los desaparecidos estaban muertos, estos niños estaban vivos y esto era, en un sentido, el más grave problema humanitario. El embajador coincidió completamente y ya había hablado esto con su ministro de Relaciones Exteriores y su presidente. Ellos no rechazaron su visión, pero señalaron el problema de, por ejemplo, quitar los chicos a sus padres adoptivos.” El párrafo fue escrito por Elliot Abrams, de la oficina de derechos humanos de la Subsecretaría de Estado norteamericana. Figura en uno de los documentos desclasificados por los Estados Unidos en 2002 que fue publicado en ese momento por Página/12. Se trata de una prueba de la existencia de un plan sistemático para apropiarse de los hijos de desaparecidos, ya que demuestra que el dictador Reynaldo Bignone estaba al tanto del “tema” de los niños apropiados y se negaba a devolverlos a sus familiares para no “quitar a los chicos de sus padres adoptivos”. La periodista de Página/12 Victoria Ginzberg declaró ayer en el juicio oral que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 6 y, además de ratificar el contenido de las notas publicadas en 2002 por este diario, profundizó acerca de las menciones a los niños desaparecidos que hay en los papeles del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Uno de los documentos utilizados en la nota titulada “El embajador y el plan sistemático”, del 23 de agosto de 2002, por la que fue convocada la periodista, da cuenta de que el 3 de diciembre de 1982, a la una del mediodía, el por entonces embajador argentino en Estados Unidos, Lucio Alberto García del Solar, se reunió con Abrams en la confitería Jockey Club, en el hotel Ritz-Carlton de Washington. “Había dos temas principales, la certificación (una especie de certificado de buena conducta) y la cuestión de los desaparecidos”, apuntó el funcionario estadounidense al elaborar el memorándum en el que relató el encuentro.

Luego del análisis político, Abrams introdujo el tema de los niños desaparecidos. En este asunto, obtuvo la simpatía personal de García del Solar pero el rechazo oficial del Gobierno, encarnado en el canciller –que por ese entonces era Juan Ramón Aguirre Lanari– y en quien ocupaba la usurpada presidencia, Reynaldo Benito Bignone.

“Yo sugerí que ese problema debería ser manejado por la Iglesia o por una comisión que incluya a la Iglesia, doctores, etc. Las acciones respecto de estos chicos podrían tener un enorme contenido humanitario y político. Nuevamente el embajador dijo que estaba completamente de acuerdo y que tocaría este punto una vez más con Buenos Aires”, prosigue el documento. El papel contiene un par de párrafos que aún permanecen ocultos, ya que el gobierno norteamericano no autorizó su difusión completa. Como podría contener información sensible para el proceso que llevan adelante los jueces María del Carmen Roqueta, Julio Luis Panelo y Domingo Luis Altieri, los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo, Luciano Hazan y Alan Iud, pidieron que se solicite la difusión completa de dicho documento.

En agosto de 2002, el Departamento de Estado de los Estados Unidos desclasificó 4677 cables sobre violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar en la Argentina. La apertura de esos archivos había sido solicitada dos años antes por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y el Centro de Estudios Legales y Sociales durante una reunión con la entonces secretaria de Estado Madeleine Albright en Buenos Aires. Uno de los aportes de esos papeles fue mostrar que lo que los militares callaban y aún ocultan en público, lo admitían sin tapujos hace 30 años ante funcionarios de la embajada norteamericana.

- Otros cables del Departamento de Estado citados en la nota publicada el 23 de agosto de 2002 y mencionados por la periodista de Página/12 durante su testimonio describen que en el año 1978 los funcionarios norteamericanos eran escépticos sobre la posibilidad de que los militares argentinos llegaran al punto de secuestrar niños o apropiarse de bebés nacidos durante el cautiverio de sus madres. “Nosotros sabemos que el gobierno argentino cree que los adolescentes son capaces de actividad terrorista y que hubo arrestos de adolescentes. (...) Miembros del gobierno declararon a miembros de la embajada que las operaciones no podían estar limitadas por la edad porque un grupo de adolescentes impresionables es un área fértil para la penetración de terroristas y subversivos. Se reportaron un número de casos de adolescentes desaparecidos. Creemos que fueron estos elementos los que originaron las declaraciones sobre chicos desaparecidos”, se asegura en un documento del 29 de septiembre de 1978.

El tiempo les fue demostrando que estaban equivocados. Durante 1979 se fueron incrementando las denuncias que recibían vinculadas a los niños desaparecidos. En un cable de enero de 1979 se mencionan 22 hechos, entre casos de adolescentes y niños pequeños, como Amaral García, de tres años, Pablo Menna, de dos, y Simón Riquelo, de 20 días. Dos meses después, aparece entre los papeles de interés del Departamento de Estado un informe de Amnistía Internacional de marzo de 1979 en el que se habla no sólo de niños desaparecidos sino también de posibles apropiaciones de bebés nacidos durante el cautiverio de sus madres. “Hay reportes no confirmados acerca de que a chicos secuestrados les fueron dadas nuevas identidades y enviados a adopción. Otro grupo de mujeres, que se hicieron conocidas como Abuelas de Plaza de Mayo, están buscando nietos que nunca vieron. Las Abuelas sólo saben que sus hijas o nueras estaban embarazadas cuando desaparecieron”, señalaba el organismo de derechos humanos antes de mencionar los nombres de las mujeres que podían haber dado a luz cuando estaban secuestradas, como Liliana Fontana, Silvina Parodi, Beatriz Recchia, María Claudia García Irureta Goyena, Ana María Lancillotto, Mónica María Lemos, entre otros.

- Según se desprende de otro documento, diecisiete días antes de la reunión entre Abrams y García del Solar, las Abuelas de Plaza de Mayo se habían reunido con funcionarios del Departamento de Estado. María Isabel Mariani –por entonces presidenta de la institución– y Estela de Carlotto –vicepresidenta (aparece como Carloti en el papel)– explicaron el 15 de noviembre de 1982 “que representaban a 117 abuelas cuyos 110 nietos fueron secuestrados con sus padres desaparecidos o que nacieron durante la detención de sus padres”. “Dijeron que hay probablemente 400 niños desaparecidos, pero que otros abuelos tienen miedo de denunciar. Las Abuelas no pudieron obtener ninguna respuesta del gobierno argentino sobre sus nietos. Agregaron que están convencidas de que sus nietos están vivos y que la mayoría están ya ubicados con padres adoptivos.” Finalmente, está el memo de la reunión entre Abrams y García del Solar. Allí ambos dan por sentado que los niños fueron secuestrados, que fueron entregados a “familias adoptivas”, y el embajador informa que el dictador Bignone se resistía a la propuesta del funcionario norteamericano que consistía en dar al tema una “salida humanitaria” (es decir devolverlos a sus familias) con intervención de una junta médica o de la Iglesia. Como es sabido, los represores argentinos no entregaron a los niños buscados por las Abuelas de Plaza de Mayo. En estos 34 años el organismo de derechos humanos logró que 105 niños, hoy jóvenes, recuperaran su identidad. Aún quedan 400 casos sin resolver.

Ampliaron las imputaciones contra el médico acusado de la apropiación de Victoria Donda

El juez federal Daniel Rafecas amplió las imputaciones contra el oficial médico Jorge Luis Magnacco y el represor Adolfo Miguel Donda Tigel como imputados "por su presunta participación en la sustracción y ocultamiento" de la actual diputada Victoria Donda.

Fuentes allegadas a la investigación indicaron a Télam que el magistrado los indagará -en sendas audiencias que se realizarán este martes y el viernes- por el apoderamiento de la hija biológica de María Hilda Pérez y de José María Donda (hermano del represor) quienes permanecen desaparecidos.

En ese expediente, señalaron las fuentes, ya prestaron declaración otros marinos a los que también se les imputó su participación en ese hecho, entre ellos Carlos Octavio Capdevila y Carlos Galián conocido como "Pedro Bolita"-, a quienes se suma el civil Horacio Pessino, médico que firmó "la partida de nacimiento apócrifa" de Donda.

Los informantes recordaron que "en el primer tramo de la causa" el juez Rafecas "procesó y elevó a juicio el expediente en relación a Juan Antonio Azic, quien fuera imputado por la apropiación y ocultamiento de la menor, anotándola como su hija legítima bajo el nombre de Claudia Analía Azic".

Magnacco actuaba como médico ginecólogo en la maternidad clandestina que funcionaba en el centro de detención y torturas que funcionaba en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), perversamente bautizada por los represores como "la pequeña Sardá", donde llevaban a las parturientas que se encontraban ilegalmente prisioneras.

El médico-militar y el represor Donda también están siendo juzgados por el Tribunal Oral en lo Federal Seis (TOF6) junto a los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, entre otros represores, por 34 casos más de apropiación de bebés, incluídos en el "plan sistemático" para el robo de recién nacidos durante la gestión que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976.

Testimonio de Mariana Zaffaroni Islas, secuestrada y apropiada cuando tenía 1 año

“Un proceso difícil, pero liberador”

Sus padres, uruguayos, fueron secuestrados en Automotores Orletti. De allí la apropió Miguel Angel Furci, quien llegó a llevársela a Paraguay. En la audiencia de ayer también declaró su tía, Lucía, quien dio detalles del secuestro.

 Por Alejandra Dandan

Hablaron las dos, en contraplano, de la misma historia. Primero entró en la sala de audiencias la tía Lucía, testigo del nacimiento de Mariana Zaffaroni Islas y de la pérdida de todas sus pistas. Luego entró Mariana, secuestrada en Automotores Orletti cuando tenía poco más de un año, robada por Miguel Angel Furci y luego sacada a Paraguay. Mariana dijo en la audiencia que recuperar la identidad fue liberador porque le permitió entender que tenía un espacio de pertenencia. Y cuando uno de los jueces volvió a preguntarle por sus miedos, ella volvió a una escena del baño.
–¿Cómo era eso? –le preguntó la jueza María del Carmen Roqueta.

–Toda la vida tuve miedo al botón del baño –explicó– y a las olas gigantes; eso era en los sueños, no más cuando soñaba con las olas gigantes, pero todavía no pude determinar de dónde vienen. O qué es.

Una nueva audiencia del juicio por el plan sistemático del robo de bebés en los Tribunales de Retiro. Los jueces del Tribunal Oral Federal Nº 6 y la voz de Mariana, que es parte de los 35 expedientes de niños apropiados en investigación. Los nombres de sus apropiadores, la relación con el centro clandestino que fue base del Plan Cóndor en Buenos Aires, el secuestro de sus padres que eran uruguayos y la intervención de un personaje que cobra cada vez más fuerza en los juicios: Eduardo Ruffo, que aparece nuevamente, esta vez como gestor o intermediario en la entrega.

“Una vez lo fui a ver”, dijo Mariana. “Un día le pregunté a Furci si había participado del operativo a mis padres; mi interés era porque en mi terapia aparecía que tenía mucho miedo al ruido del botón del baño. Con la terapeuta nos preguntamos si tendría que ver con las circunstancias del secuestro. Se lo consulté, pero me dijo que no había estado, que creía que Ruffo sí, y que por qué no se lo preguntaba a él. Y fui un día a la casa, me dijo que no se acordaba porque había participado de muchos.”

Furci se llevó a Mariana del centro clandestino. “Siempre la versión consiste en que fue a ese lugar porque lo mandaron a hacer una cosa y que me lleva de ahí. Me ve en una habitación con una mujer con los ojos vendados que supone que es mi mamá, con otros niños. Que vio que más o menos estaba bien y me llevó.” Cuando Roqueta le preguntó si le había preguntado a Furci por sus padres, respondió: “Me dijo que suponía que el final era el que habían tenido todos los desaparecidos, pero no pudo dar especificaciones. Me dijo que él hacía la custodia de una persona importante de la SIDE y por eso a él y a otro compañero los mandaban a buscar documentos y llevar cosas. Que iba a Orletti muy de vez en cuando”.
La historia

Mariana nació en Buenos Aires el 22 de marzo de 1975, cuando sus padres, Jorge Zaffaroni y María Emilia Islas, que tenían poco más de veinte años, estudiaban magisterio y estaban en el país escapados de la dictadura uruguaya. Lucía, la tía de Mariana, compartía su tiempo con ellos hasta junio de 1976 cuando la coordinación del Cóndor empezó a detener masivamente a los uruguayos que estaban de este lado del Río de la Plata. Jorge y María Emilia empezaron a inquietarse.

“Lo que me dicen –dijo Lucía en la audiencia– es que había compañeros de ellos que habían desaparecido, que algunos tenían niños. Luego, atando cabos, sé que se referían al primer vuelo y el niño era el hijo de Sarita (Méndez), pero en ese momento no lo sabíamos. Decidimos tratar de hacer con un escribano un poder para que yo pueda tener la tutoría de Mariana.”

Cuando uno de esos acuerdos falló, Lucía supo que tenía que esperar tres días y comunicarse con sus padres y los de María Emilia. A Jorge, María Emilia y Mariana los secuestraron el 26 de septiembre de 1976.

A comienzos de la democracia, la abuela de Mariana terminó reuniéndose con un espía en un bar de Río de Janeiro porque había hecho declaraciones sobre el destino de los niños robados. Ella le mostró una foto de Mariana y el hombre, del que no saben el nombre, les dijo que estaba muy bien. Con una solicitada en 1983 potenciaron la búsqueda. Un anónimo les dio el dato de Furci y la familia entonces empezó una investigación. Rodearon la casa y hasta contaron con la colaboración de una pareja de ex militantes que se acercaron al colegio donde estudiaba Mariana para sacarle una foto.

“El proceso fue bastante largo”, dijo Mariana después. “En el año ’84, más o menos, vino una señora, me preguntó si podía sacarme una foto y cuándo cumplía años, y me dijo que iba a mandarme la foto para mi cumpleaños. En casa se pusieron bastante alterados cuando les conté. Furci sobre todo, aunque yo no entendía por qué. Para esos años empezaron a aparecer fotos mías en televisión y en afiches de cuando yo era chiquitita, pero no sabía que era yo. Luego apareció la foto del colegio y había una familia que estaba buscando a esa nena, y en esa época empezamos a ir al juzgado de San Isidro. Me decían que había un error, que no era yo la de la foto, después nos fuimos a vivir a Paraguay y cuando volvimos se hizo una especie de acercamiento entre mi familia biológica y Furci.”

Para entonces se había iniciado una causa por apropiación y falsificación de documentos. De regreso en Buenos Aires, Furci y su mujer quedaron detenidos. Mariana tuvo el primer encuentro con su familia. “Fue un momento muy tenso: yo no quería estar ahí, me acuerdo de que lo único que les dije era por qué las cosas se habían hecho de esa manera. Me dijeron que era la única manera que se había podido hacer, pero no para dañarme. Fue muy breve y muy tenso. Después no me acuerdo más de qué se habló, me acuerdo de que yo no tenía ganas de escuchar a nadie.”

Casi al final de la audiencia, luego de recorrer nombres, de hablar de Paraguay, el fiscal Martín Niklison le pidió una “reflexión” sobre el proceso de reencuentro. “Este es un proceso difícil, pero a la larga muy liberador”, dijo Mariana. “Porque uno realmente encuentra el lugar al que pertenece. Se siente cómodo, como en casa. Y digamos que esa sensación de pertenecer yo no la había sentido nunca, a pesar de que tuve excelente relación con Furci y con Adriana, tuve una infancia feliz, esa sensación de pertenecer al lugar donde uno tiene que estar no la había tenido y sí la tuve cuando tuve a mi familia.”

El rol de Pío Laghi

En un momento, la fiscalía le preguntó a Mariana Zaffaroni Islas por los trámites que había hecho su familia para buscarla. Ella habló de un hombre de la Vicaría, alguien a quien una de sus tías había intentado contactar y, finalmente, había conseguido entrevistar. Contó que era Pío Laghi. El vicario les negó a sus tías saber algo de ella, pero contó que en verdad mandaba tarjetas de Navidad y de saludos a su apropiador. “Así que me parecía una coincidencia poco casual; tampoco mandaba todos los años, pero sí recuerdo una o dos tarjetas que llegaron para el año ’82 y ’83”, mencionó Mariana.

La mentira y la reparación

Norberto Liwsky,

Por Alejandra Dandan

“El clima de ocultamiento y mentira y el contexto en el que se establece una clara destrucción de una identidad para sustituirla por otra es enfermante. De modo que la restitución es un proceso saludable y reparativo.” Norberto Liwsky, médico pediatra y ex secuestrado, es una de las personas que trabajó en los comienzos en los procesos de búsqueda y restitución de niños apropiados. 

Convocado por el Tribunal Oral Federal 6, habló de los problemas que el retraso de la Justicia genera. “En la apropiación hubo una clara decisión de encubrir a jueces que habían entregado a los niños sin hacer ninguna búsqueda de padres y convalidando actos ilegales, como certificados falsos de nacimiento”, aseveró y recordó que en 1977 los militares dictaron la ley 19.216 “de amnistía para quienes han inscripto como propios hijos ajenos”.