Fallo sobre la identidad de un joven apropiado

El nombre en cuestión

Federico nació en la ESMA en octubre de 1977. Mientras el terrorismo de Estado se devoraba a su madre, la esposa de un represor le entregó el bebé a una amiga de la infancia, quien junto a su marido lo inscribió y crió como hijo propio. El año pasado, cuando los estudios de ADN confirmaron que es hijo de Liliana Pereyra y de Eduardo Cagnola, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó modificar su inscripción en el registro de las personas: respetó el nombre de pila elegido por los apropiadores –hoy procesados en libertad–, pero ordenó agregarle Federico, como su madre lo llamó durante el embarazo y sus primeros días de vida, y con sus apellidos: Cagnola Pereyra. La negativa del joven, que también pretende “sumar” el apellido del apropiador, derivó ayer en un fallo de la Cámara Federal porteña en el que se señaló la ausencia de una legislación armónica y le encomendaron al Congreso que de forma “imperiosa” dicte las normas procesales para “subsanar la situación”.

La causa estuvo originalmente en manos del juez Jorge Ballesteros, a quien reemplazó Martínez de Giorgi. Por irregularidades en la instrucción, los camaristas Eduardo Freiler y Eduardo Farah no se pronunciaron sobre la cuestión concreta, que encomendaron ahora al juez Julián Ercolini.

La Cámara cuestionó la investigación realizada en primera instancia en base a un informe presentado en mayo de 2010 por la Unidad Especial de la Procuración General de la Nación. Sus responsables, Jorge Auat y Pablo Parenti, señalaron que los presuntos imputados “aparecen manteniendo asiduas comunicaciones telefónicas” con empleados del juzgado, que “se da noticias a las presuntas víctimas vía mail o telefónica”, y cuestionaron “la tergiversación de los fines del proceso”, porque advirtieron una “pretensión excluyente” de conocer la identidad de la víctima por encima de “las circunstancias” que rodean a la apropiación y “la identificación de los responsables”.

Fue otro, sin embargo, el motivo invocado por Freiler y Farah para no pronunciarse. En enero de 2010, Martínez de Giorgi se desprendió de la causa penal que investiga a los responsables de la sustracción y sustitución de identidad (por sorteo recayó en Ercolini, quien luego procesó a los apropiadores), pero invocando “economía procesal” y “razones metodológicas” retuvo la tramitación de la restitución de identidad. Dos meses después declaró la nulidad de la inscripción y las modificaciones señaladas, en línea con las normas que emanan de la Convención de los Derechos del Niño y del Protocolo Facultativo del Comité de Derechos Humanos. El trámite en el Registro del Estado Civil y de la Capacidad de las Personas bonaerense no llegó a concretarse ante la apelación de los abogados del joven: plantearon que le habían impuesto “una pena sin delito” que le generaban “perjuicios patrimoniales, laborales y civiles” y que “prometen producir un daño descomunal en (su) salud psíquica”. Para los camaristas, la división del expediente fue un acto inválido. Explicaron que toda la causa debió pasar a Ercolini, medida que ahora ordenaron.

Ante un planteo de los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo, los camaristas también le ordenaron al juez de instrucción tomar medidas para poner fin a la incompatibilidad de intereses que pretende representar el abogado Miguel Angel Pierri, quien actúa en el mismo expediente en nombre de la víctima y de sus apropiadores.

Confirman un parto clandestino

Declararon una enfermera y un médico de Paraná.

Una enfermera jubilada, que trabajó durante la dictadura en el Hospital Militar de Paraná, admitió ayer que estuvo presente en marzo de 1978 cuando la desaparecida Raquel Negro dio a luz a sus mellizos. Natalia Krunn reconoció que fue la propia secuestrada quien le reveló su identidad y le confió que venía del centro clandestino de detención Quinta de Funes, cerca de Rosario. El médico Alfredo Berduc, que trabajaba en el sector de terapia intensiva, contó que el bebé varón, quien nació primero, tenía una cardiopatía severa. “No creo que ese niño haya vivido”, arriesgó. Los testimonios se produjeron durante la quinta jornada del juicio oral y público en el que se investiga el funcionamiento de una maternidad clandestina en esa dependencia del Ejército.

La enfermera Krunn reveló que la secuestrada se quejó de haber sido “maltratada” y dijo que pudo constatar, mientras la bañaba, “que tenía lesiones en la cola”. Relató que primero nació el varón, a quien Negro alcanzó a abrazar antes de que se lo llevaran “dos personas que yo no conocía, que dijeron que no estaba bien”. La nena “sí se quedó con la madre”, apuntó. “Al otro día, cuando volví a mi trabajo, pregunté qué fue de la parturienta y me dijeron que se la llevaron los familiares. Nunca más supe nada ni se habló de la chica”, completó.

El médico Berduc recordó que el niño “tenía una cardiopatía congénita severa y estaba cianótico (de color morado)”. “La cardiopatía del nene era severa y requería de decisiones muy drásticas”, dijo, y agregó que le pidió al director del hospital que dispusiera el traslado de los dos niños al Hospital Materno Infantil San Roque o al Instituto Privado de Pediatría de Paraná (IPP) para una mejor atención. Reconoció que “alguien” le dijo que la mujer estaba detenida y que “no averiguó” su paradero tras el parto. “En ese momento no se podía averiguar mucho, además yo no la atendí, porque no tenía ninguna patología de mi incumbencia”, agregó. Utilizando terminología técnica, Berduc explicó que, por el cuadro que presentaba el bebé, no pudo haber salido del Instituto de Pediatría sin una intervención de alta complejidad. “No creo que ese niño haya vivido”, concluyó.

Durante la audiencia declararon también la obstetra Gregoria Piquet y las enfermeras Alicia Haydeé Caminos de Baratero y Rosa Deharbe. El dato sugestivo de la jornada lo aportó la obstetra, quien recordó haber instruido sobre el trabajo de parto a una embarazada, aparentemente detenida, cuyas características no coinciden con las de Negro. Según Piquet, esa mujer gestaba un solo bebé y era madre primeriza, dato que avala la hipótesis del funcionamiento de una maternidad clandestina en el Hospital Militar y la presencia de otras jóvenes detenidas ilegalmente que eran conducidas allí para dar a luz.

Los hijos de Raquel Negro en el juicio a represores en Paraná

"No pudieron destruir a la familia"

Sabrina ofreció un testimonio contundente y emotivo, y pidió a la sociedad paranaense colaboración para localizar a su hermano mellizo. Otro hermano, Sebastián, hizo hincapié en la desmemoria de los médicos que atendieron el parto de su madre.
Por Juan Cruz Varela

Desde Paraná

Fueron cuarenta minutos intensos, llenos de nerviosismo y con una profunda carga emotiva. Hasta una jueza y la esposa de uno de los imputados dejaron escapar alguna lágrima. Sabrina Gullino contó detalladamente cómo ha ido armando su historia y reconstruyendo su identidad desde que en diciembre de 2008 se enteró que es hija de Raquel Negro y Tulio Valenzuela y que nació en el Hospital Militar de Paraná.

Se la notaba nerviosa, a pesar de que se mostraba sonriente, pero eligió cada palabra. Por momentos el silencio se adueñó de la sala, pero su testimonio fue seguro y contundente. Y no dudó en hablarle directamente a los imputados: "Los reos, me dijeron que les puedo decir así y que eso no es un insulto, son los responsables del secuestro de mi mamá, mi papá y mi hermano Sebastián; intentaron destruir a mi familia. Pero quiero que quede claro que no pudieron. Yo estoy acá y hablo también en nombre de mi hermano mellizo, que está desaparecido", les dijo mirándolos a la cara. "Ojalá se atrevan a romper el pacto de silencio y decir dónde está mi hermano. A la condena la tendrán igual, pero quizá quieran participar de otra manera en la Historia", agregó. También declaró su hermano,

Sebastián Alvarez, hijo de Raquel.

Las palabras de Sabrina sorprendieron y descolocaron a los imputados. Pascual Oscar Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Dionisio Pagano, Marino Héctor González y Juan Antonio Zaccaría quedaron en silencio.

-¿Conoció usted a su madre biológica? -le preguntó el fiscal Candioti.

Sabrina lo miró a los ojos y le respondió con un silencio cargado de tensión que pareció interminable. Le sostuvo la mirada durante unos cuantos segundos hasta que el fiscal retomó la palabra.

-Yo le voy a hacer algunas preguntas que tal vez sean dolorosas pero es necesario para llegar a la verdad de lo que estamos investigando -insistió el fiscal.

-Debo haberla conocido, pero no me acuerdo. Era muy chiquita -respondió entonces Sabrina, ya con una sonrisa.

En otro tramo, la hija de Raquel Negro y Tucho Valenzuela reconoció también el aporte de las enfermeras que brindaron datos para la restitución de su identidad porque "se pusieron al hombro la verdad y expusieron lo que sabían ante la justicia", pero pidió que los médicos y a la sociedad paranaense colaboren para localizar a su hermano mellizo.

"Yo fui criada en una familia a la cual adoro; pero la verdad es que soy el resultado de dos imposibilidades: la primera es que yo debí haber crecido con mi mamá Raquel, mi papá Tucho y mis hermanos y quizás ni me llamaría Sabrina; y la segunda es que tendría que haberme criado con Sebastián, mis abuelos biológicos y mis tíos. Cómo cambia la vida", reflexionó sobre el final de su declaración.

Luego declaró Sebastián Alvarez, el hijo de Raquel Negro y hermano de Sabrina, que estuvo unos días en la Quinta de Funes cuando tenía un año y ocho meses. Su testimonio hizo hincapié en la desmemoria de los médicos que atendieron el parto de su madre. "Hay una clara diferencia entre las enfermeras que recuerdan el caso y los doctores que no recuerdan nada. A esto nos referimos cuando hablamos de las complicidades civiles con la dictadura. Hay un silencio sobre lo que pasó con los chicos", afirmó. Y en ese marco, aprovechó para reclamar a la sociedad paranaense que aporte todo cuanto sepa para tratar de localizar al mellizo varón. "Apelamos a la buena voluntad de la gente y a la memoria de los médicos y enfermeras porque necesitamos encontrar a nuestro hermano", sentenció.

En tanto, el represor Eduardo Costanzo no se presentó y en cambio envió una serie de certificados médicos en los que se consigna que padece un cuadro de diverticulitis aguda, por lo que su declaración será reprogramada para cuando esté en condiciones de hacerlo.

Los niños secuestrados

El testimonio de Isabel Cerruti

Por Alejandra Dandan

Los datos indirectos. Un antropólogo que le dijo que habló con Federico Talavera, el chofer del Grupo de Tareas. Que Talavera dijo que llevó a una secuestrada embarazada al Hospital Militar, que la sacó dos días más tarde, la trasladó a un centro clandestino en desuso, drogada. Que estuvo tirada en el suelo. Que la quemaron viva. Luego los relatos de primera fuente. Ella adentro del Olimpo, testigo del llamado de Gertrudis Hlaczik a su familia. Gertrudis convencida de que iba a escuchar noticias de su hija Claudia. La desesperación porque la niña no estaba con su familia. Su propia historia de madre de un niño de once meses en el centro clandestino. Isabel Teresa Cerruti es testigo desde el Juicio a las Juntas, pero ayer se sentó a hablar de las embarazadas y sus hijos secuestrados o apropiados a los que vio en el Banco y el Olimpo, en el marco de la audiencia por el Plan sistemático de robo de bebés.

“El 22 de julio de 1978 me sacan a mi hijo”, dijo. “Yo no me quería desaferrar de mi hijo. Entran al Banco. Me dijeron que no me preocupe que con los niños no se metían y cuando me hicieron desvestir para torturarme me dijeron que no tuviera miedo, que ellos no violaban mujeres, cosa que después supe y vi que no era así: que con los chicos sí se metieron y muchos hombres y mujeres fueron violados, pero en mi caso no fue así.”

Con el debate iniciado, el juramento hecho y su deseo de que se llegue a la verdad, el fiscal Martín Niklison le preguntó qué pasó con su hijo. “Cuando me llevan al Banco –dijo Isabel– me dicen que anote en un papel una dirección donde quería que lo llevaran. Luego nos enteramos de lo que sucedía con otros chicos, pero a los dos o tres días, no sé por qué criterios, los criterios los manejaban ellos, me hicieron llamar a la casa de mis padres para decirles que yo estaba viva, que no hicieran más denuncias y me dijeron que iba a saber cómo estaba mi hijo. Pregunté por Norberto y mamá me dijo que estaba durmiendo y ahí me quedé tranquila.”

Como dijo ella poco después, a veces la memoria abre y cierra algunas cosas. El Tribunal Oral Federal 6 convocó a Isabel a declarar por el caso de Claudia Poblete, la hija de Gertrudis Hlaczik y de José “Pepe” Poblete, apropiada por el coronel Ceferino Landa. Su caso es uno de los 35 que se investigan en el juicio. Pero Isabel no sólo habló de ella. Estimulada por las preguntas de la fiscalía y la querella de Abuelas de Plaza de Mayo, profundizó en las historias pendientes.

¿Con José Poblete y Gertrudis pudo hablar?, preguntó la fiscalía. “Yo estaba en el Olimpo, en celda dos, al lado de Susana Caride y enfrente mío estaban Gertrudis y Pepe.” Isabel había visto a Claudia Poblete en la enfermería del centro. Lo mismo que Susana Caride, que también declaró ayer. Estuvo cuando el Turco Julián llamó a Gertrudis para que hablara por teléfono con su familia. “Ellos estaban convencidos de que Claudia estaba con sus abuelos. Creemos, creíamos, que las personas que los habían llevado a hablar también creían eso, pero no sabemos si es así o que lo hicieron por perversión o ignorancia: ahí se entera Gertrudis, y luego al rato se entera Pepe, de que Claudia no estaba con los abuelos. Lo que nosotros vimos es el estado de desesperación que tenían cuando supieron que Claudia no estaba donde les habían dicho, que Claudia estaba desaparecida. Gertrudis estaba en un estado de angustia muy grande, él también y esto fue compartido por todos los que estábamos ahí. Nadie sabia qué hacer, qué decir, para tratar de contenerlos. Fue más que terrible.”

Pasaron demasiados años para las precisiones, pero Isabel está convencida de que esa llamada se hizo en diciembre, en alguna fecha cercana a las fiestas, pocos días antes del traslado definitivo de los dos. “De Gertrudis no recuerdo el traslado, pero sí la estadía”, explicó. “Más allá de que todos lo pasaron, el sometimiento físico, la discapacidad de José, que se burlaban de él porque no tenía sus piernas y le hacían hacer ejercicios burlescos, fue muy mortificante para él y para todos.”

También habló de Quintana, uno de los jefes de guardia. Recordó cómo durante sus guardias se organizaban lo que los sobrevivientes describieron como “circos romanos”. Las celdas laterales cerradas. Los tubos. El pasillo liberado para las peleas entre dos prisioneros.

Isabel habló también de Lucía Tartaglia, que pasó todo el embarazo secuestrada. Quedó embarazada de otro compañero, Horacio Cid de la Paz, exiliado, al que le reclamaron en la sala porque no denunció ese embarazo como propio. Cuando Lucía entró en trabajo de parto se la llevaron. Con el tiempo, Isabel supo a través del antropólogo Alejandro Incháurregui que Talavera le había dicho que manejó el auto con el que la sacaron del centro clandestino, la llevaron al Hospital Militar y la fueron a buscar dos o tres días más tarde. “La sacaron en el baúl de un auto media drogada –dijo Isabel–, la llevaron a un centro de detención en desuso, la pusieron en el piso y la quemaron viva.” También mencionó a Marta Vaccaro –“Está desaparecida y su hijo o hija también”–, Graciela Trotta, que recuperó la libertad antes del parto, y a Lucía Rebora y Carlos Guillermo Fassano. Ella estaba embarazada. Isabel dijo que escucharon cuando los asesinaron y después Susana Caride contó que sus cuerpos eran un colador.

Isabel estuvo seis meses secuestrada. A mediados de agosto de 1978 la trasladaron del Banco al Olimpo. Cuando se llevaron a José y a Gertrudis los que se quedaron en el centro clandestino se dieron cuenta de que la silla de ruedas de José había quedado en el pozo: “Esto nos daba la idea de que su traslado no había sido a una granja como nos decían”, dijo la mujer.

Claudia Poblete: El rearmado de la historia personal

Claudia tenía ocho meses cuando en 1978 fue secuestrada junto a sus padres, Gertrudis Hlaczik y José Liborio Poblete Roa. Fue apropiada por el coronel Landa y conoció su identidad en 2001. “Recuperar mi identidad es un proceso largo y difícil”, dijo.
Por Alejandra Dandan

Claudia Poblete habló apenas media hora, pero logró situarse por primera vez con su nombre, y en nombre de sus padres, en el espacio público de los juicios por delitos de lesa humanidad. Apropiada en 1978, Claudia se sentó la semana pasada en una audiencia del proceso por el plan sistemático de apropiación de bebés: “Para mí recuperar mi identidad es un proceso largo y difícil –dijo–, pero es lo que más tranquilidad me ha dado y sentir que puedo seguir con mi vida. Siempre sentí mucha inseguridad y ahora siento que la he aclarado.”

Los juicios orales son espacios donde algunos relatos se nombran públicamente por primera vez. Claudia declaró en los Tribunales de Retiro el jueves pasado. Cuando le preguntaron si había habido algo en su vida que a la luz del presente cambiase de forma, ella habló de los juegos: “A un muñeco le puse de nombre Pepe, que era el nombre de mi padre –dijo– y me gustaba jugar a andar en silla de ruedas. A ellos (por los apropiadores) no les gustaba, decían que iba a traer desgracia”.

Claudia Victoria Poblete Hlaczik es hija de Gertrudis Hlaczik y de José Liborio Poblete Roa, militante chileno que llegó a Buenos Aires en 1972 para tratarse de un accidente que lo dejó paralítico. En el Instituto de Rehabilitación del Lisiado fundó el Frente de Lisiados Peronistas y conoció a Gertrudis, estudiante de Psicología. Claudia nació el 25 de marzo de 1978. El 28 de noviembre de 1978 secuestraron a José en Plaza Once y a la noche a su mujer y a su hija en Guernica. A los tres los llevaron al centro clandestino Olimpo. Claudia estuvo dos días allí con su madre y terminó apropiada por el coronel Ceferino Landa y su mujer, condenados en 2001. Sus padres fueron desaparecidos.

“Yo conozco mi verdadero origen el 10 de febrero del año 2000 –dijo Claudia–. Había sido citada al juzgado del juez Cavallo. Las personas que se decían mis padres eran Ceferino Landa y Mercedes Beatriz Moreira. Mi fecha de nacimiento era 13 de junio del ’78 y me llamaba Mercedes Landa.” El Landa que conoció Claudia era teniente coronel, integrante de la estructura de Inteligencia del Ejército, retirado supuestamente en 1979. De chica, a Claudia le habían hecho un análisis que dio negativo. Esta vez, “es la primera que me dicen que no era hija de ellos, que no podían tener hijos y que un médico, Cáceres Monie, me entregó”.

El médico militar Julio César Cáceres Monie intervino en otras apropiaciones. Ahora está muerto. “La versión que se contaba en mi casa de la dictadura era que ellos eran perseguidos por la subversión, que tenían miedo a las bombas. Yo no sabía que existían las Abuelas de Plaza de Mayo. Entonces para mí eso terminó siendo un armado para perjudicar a los Landa. Pero cuando el juez me mostró la foto mía de bebé, me reconocí inmediatamente.”

Claudia dijo que vivía en un círculo social muy restringido. “Tenía una sobreprotección muy marcada, se movían en un ambiente de militares. Fui a un colegio en Belgrano donde el capellán era Emilio Graselli, que había estado en la curia castrense, es el Colegio de la Misericordia. Luego encontré un cuaderno con las búsquedas de mi abuela y vi que había tratado de hacer gestiones con Graselli para encontrarnos.”

En el juicio habló de escenas de esa “vida familiar”. Dijo que alguna vez “de pequeña pregunté por fotos de embarazo, pero me dijeron que se las había robado una persona que trabajaba con ellos. Yo nunca fui muy inquisitiva, recién de adolescente empecé a pensar que podía no ser hija de ellos, por la edad de ellos; pero no preguntaba mucho”.

En la sala de audiencias estuvo sentado Fernando Roa, uno de los tíos de Claudia que la acompañó en el rearmado de la historia. El debía declarar la semana próxima en el juicio, pero no lo hará. Un testigo no puede estar presente en una audiencia hasta no haber declarado antes. El quiso estar ahí y escuchar a su sobrina declarar.

La estrategia de inculpar a los muertos

Lo que dicen los acusados por el robo de los bebés de Raquel Negro, en 1978.

Los represores que declararon en el inicio del juicio que se desarrolla en Paraná, deslindaron sus responsabilidades y cargaron las culpas contra médicos y un agente de inteligencia del Ejército que ya están fallecidos.
Por Juan Cruz Varela

Desde Paraná

Los que no están no pueden defenderse. Apunten contra los muertos. Esa fue la premisa de los imputados en la primera semana del juicio por el robo de los bebés que dio a luz Raquel Negro en el Hospital Militar de Paraná en marzo de 1978. Quienes aceptaron prestar declaración indagatoria apelaron a una estrategia común y, por qué no, cobarde: Pascual Oscar Guerrieri, Juan Daniel Amelong y Juan Antonio Zaccaría deslindaron responsabilidades en los muertos, sean estos militares o médicos. Zaccaría era jefe de terapia intensiva del Hospital Militar en 1978. En unos pocos minutos destrozó la estrategia que acababa de plantear su abogado defensor. Humberto Franchi solicitó la suspensión del proceso en su contra y se esmeró en hacerlo pasar por inimputable. Pero el médico anestesista contó con detalles el paso de Raquel Negro y sus hijos por el nosocomio paranaense y en varios tramos de su declaración dejó entrever también que pudieron haberse producido otros partos de mujeres secuestradas, lo que avalaría la hipótesis de que allí funcionó una maternidad clandestina.

Zaccaría dijo no recordar los nombres de quienes trabajaban en el Hospital Militar. No obstante, mencionó como probables responsables de la internación y el parto a los ginecólogos Jorge Cantaberta y Miguel Bottero Brollo y dijo que cumplía órdenes de sus superiores, que serían los tenientes coroneles médicos Luis Levín y Marcelo Jesús Beret, director y subdirector del Hospital Militar en 1978. Todos están fallecidos.

Sin embargo, pocos minutos tardó Zaccaría en soltarse y comenzar a recordar. A partir de preguntas que le formulara el fiscal José Ignacio Candioti, admitió la presencia de los bebés en una sala de terapia intensiva de adultos, pero aseguró que "los pusieron ahí y después los sacaron, cuando di la novedad a la superioridad, los hicieron desaparecer, los llevaron a otra parte". Más adelante insistió: "Yo no tenía nada que ver, a los chicos me los metieron de prepo en la sala de terapia intensiva".

De todas maneras, Zaccaría precisó que "la nena estaba bien, pero el varoncito estaba más o menos, tirando a mal; y la madre quedó en terapia, pero estaba sana". Más aún, el médico admitió, por primera vez, haberse entrevistado con Raquel Negro: "La vi cinco minutos, fue una charla parcial, superficial. Ella estaba acostada, pero tenía buen aspecto", aseguró. En ese marco, señaló que todo el procedimiento fue "irregular" y que Raquel Negro y los mellizos "estaban internados en forma ilegal, no correcta, en una palabra".

Pascual Oscar Guerrieri, en tanto, dio un testimonio casi de manual, en el que reivindicó la represión ilegal y negó cualquier vinculación con el operativo para el secuestro y sustitución de identidad de los mellizos. "Quiero hacer esta declaración con respeto hacia los que no están, tanto de la parte de ellos como de la parte de nosotros", dijo ante el tribunal. "Aspiro a un juicio justo. La otra parte no está, está desaparecida. Existimos solo nosotros, cuando no fue así", añadió mirando de reojo a los abogados querellantes.

El jefe de la patota apeló a una consigna de los organismos de derechos humanos al reconocerse un "ferviente admirador" del nunca más y cuestionó que se los tilde de represores o integrantes de una patota y volvió al remanido latiguillo de la guerra contra la subversión para referirse a los crímenes de lesa humanidad.

En su caso, intentó despegarse de las acusaciones en virtud de que en la cadena de mando tenía por encina suyo a los (casualmente) fallecidos Leopoldo Fortunato Galtieri, Luciano Adolfo Jáuregui y Alcides Juvenal Pozzi. Anotando en una pizarra que luego mostró al tribunal, intentó explicar cómo funcionaba la estructura del Segundo Cuerpo de Ejército y deslindar su responsabilidad argumentando que los hechos habían ocurrido en jurisdicción del Destacamento de Inteligencia 122, con sede en Santa Fe.

Así, pretendió cargar las tintas contra Paúl Alberto Navone, el mayor del Ejército que dependía de ese destacamento y apareció muerto el 25 de febrero de 2008, con un balazo en la cabeza, en un hotel de la Fuerza Aérea en la localidad cordobesa de Ascochinga, el mismo día en que debía presentarse a declarar como imputado en esta causa. Guerrieri fue más allá y aseveró que "Raquel Negro fue llevada a Paraná y Navone la ejecutó y se quedó con sus hijos".

Luego, Juan Daniel Amelong intentó una estrategia similar a la que sumó la "animosidad evidente" de Eduardo Costanzo, el represor que ha venido dando detalles acerca de cómo funcionaba la patota, y pidió al tribunal que ordene un cruce de llamadas entre los teléfonos que utilizaban Costanzo y Navone y que se remitan libros de guardia y visitas para determinar la frecuencia con que ambos se veían.

San Juan, filmarán el primer juicio por delitos de lesa humanidad

Luis F. Goya

María Ana Erize.

Es por el caso de un robo de bebé de desaparecidos. Quieren documentar el proceso dentro de un plan nacional. Claudio Leiva

Como ya viene sucediendo en otras provincias argentinas donde se están llevando adelante procesos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, también en San Juan se van a filmar las audiencias del primer juicio oral y público que está previsto que comiencen a partir del lunes 5 de septiembre
En el caso de San Juan, que será también el primer juicio en Cuyo de este tipo, se va a juzgar a un matrimonio que reside en la provincia acusado por el delito de apropiación de menor, hijo de desaparecidos.

Para cumplir con una disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha previsto ‘el resguardo de la memoria colectiva‘, a las 10 de hoy, en la sala Rogelio Cerdera de la Casa de Gobierno, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) firmará un convenio con la Subsecretaría de Derechos Humanos y Lucha contra la Discriminación de la provincia y la Universidad Nacional de San Juan. Es que la casa de estudios, a través del Centro de Creación para Medios de Comunicación (Creacom), será el encargado de la grabación en video de las audiencias de este juicio histórico en la provincia.

En la causa están imputados Luis Alberto Tejada, un ex militar que desde 1975 a 1982 estuvo en el Destacamento de Inteligencia Nro. 144 con asiento en Mendoza y que por su tarea también residió en San Juan, y su esposa Raquel Josefina Quinteros, ama de casa. Ambos viven ahora en la provincia y esa fue una de las razones que tuvo en cuenta la Justicia para que el proceso se lleve adelante en San Juan.

Están acusados de haberse apropiado entre 1979 y 1980 de un bebé que todavía no tenía un año de vida, hijo de un matrimonio de desaparecidos. Se trata de Luis Francisco Goya, argentino, integrante de la Agrupación Montoneros, y María Lourdes Martínez Aranda, mexicana. Ambos desaparecieron en el ‘80, según figura en la causa.

Si bien este es el primer juicio oral y público que se va a filmar en la provincia, se espera que antes de fin de año puedan comenzar los procesos contra otros personajes que actuaron en la provincia durante la época de la dictadura militar. Entre ellos Jorge Olivera, que tiene una causa en contra por la desaparición de la modelo franco-argentina María Ana Erize.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación sacó una resolución el 16 de diciembre del 2009 en la que dispuso la filmación de los juicios orales y públicos por la comisión de delitos de lesa humanidad.

Fue en el marco de las políticas nacionales de memoria, verdad y justicia, a través de las cuales se instrumentó la guarda y conservación en formato audiovisual del material obtenido en los procesos por delitos cometidos durante la última dictadura militar. Según el convenio original, el INCAA, por medio de su Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), aportará la capacidad técnica de sus egresados y equipo de producción, de acuerdo a los requerimientos de la Corte. El acuerdo establece que ‘las imágenes logradas son de propiedad del Poder Judicial de la Nación‘. En ese sentido, el INCAA queda obligado a hacer entrega del material filmado en bruto al tribunal oral donde se sustancie el juicio.

En el caso de San Juan, la tarea de filmación estará a cargo del Creacom, que dirige Carlos Ureta, y que deberá seguir una serie de pautas impartidas desde el instituto del cine. Desde el año 2006, luego de la anulación de las leyes de impunidad, comenzaron a realizarse los juicios penales a los responsables por delitos de lesa humanidad, desde la Justicia se entendió que era indispensable garantizar la publicidad de las audiencias y el registro audiovisual de los juicios.

La idea era afianzar un concepto amplio del principio de publicidad, pues no sólo se trata de promover la difusión de los juicios, sino de conformar un archivo audiovisual que pueda ser de acceso público.

Hasta ahora, el registro audiovisual contiene imágenes, por ejemplo, de los juicios llevados a cabo contra el ex comisario general de la policía bonaerense Osvaldo Etchecolatz, el ex Capellán de la policía, Christian Von Wernich, los 14 represores que actuaron en la unidad 9 de La Plata, y los apropiadores Omar Alonso y el capitán de navío de Infantería de Marina Juan Carlos Herzberg.