Robo de bebés: Ahora, en abril de 2011, la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires entregará documentación

La Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires (CPM) entregará -el próximo miércoles- al tribunal que juzga el plan sistemático de robo y apropiación de niños y bebés durante la última dictadura, documentación localizada en el archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), se informó oficialmente.

Está previsto que la entrega del material y del informe elaborado a partir de ella se concrete por la mañana en los tribunales federales de Comodoro Py, en el marco de una entrevista entre la presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6, María del Carmen Roqueta, los miembros de la Comisión Laura Conte y Aldo Etchegoyen, y la perito Claudia Bellingeri, que coordina la subárea de Justicia del Centro de Documentación y Archivo.

Entre el material que se aportará se destacan documentos que muestran la persecución ejercida por la DIPPBA y la "comunidad informativa" sobre las Abuelas de Plaza de Mayo, sus actividades de denuncia y la documentación que ellas fueron recolectando sobre los captores de sus nietos.

También se aportarán las fichas de los niños secuestrados, que la Policía registraba minuciosamente y que sirven para comprobar el interés de las Fuerzas por controlar el secuestro de niños.

El Centro de Documentación y Archivo de la CPM continuamente aporta a la Justicia documentación localizada en el fondo documental de la ex DIPPBA y requerida por juzgados de primera instancia, por el ministerio público fiscal o por tribunales orales, en el marco de las numerosas investigaciones judiciales por crímenes de lesa humanidad que se llevan adelante en todo el país.

"Los documentos contribuyen a resignificar testimonios de sobrevivientes y a echar luz sobre los hechos investigados", destacó la Comisión en un comunicado.

Para el 11 de mayo próximo, la perito Claudia Bellingeri fue citada a prestar declaración en el marco de este juicio oral.
"Este juicio oral, que comenzó en febrero de este año, expone la práctica más atroz cometida por los militares en nuestro país entre 1976 y 1983: el robo de niños y bebés", remarcó la Comisión.
Sostuvo que fue "una violación que completa la estrategia del exterminio al separar a los niños de sus padres, hacerlos nacer en maternidades clandestinas montadas en centros clandestinos de detención como Campo de Mayo, la Escuela de Mecánica de la Armada, el Pozo de Banfield, Automotores Orletti, Vesubio o La Cacha y sustituirles la identidad".

"La causa se conoce con el nombre de "Plan Sistemático de robo de bebés" porque no se juzgan los casos particulares (incluidos, muchas veces, en otras causas judiciales) sino la existencia de un plan ideado por la dictadura militar. Abuelas de Plaza de Mayo estima que los niños apropiados en estas circunstancias son alrededor de 500", explicó.

Nota editor blog : Un plan sistemático que ahonda la calificación del delito de genocidio cometido por el terrorismo de Estado

Parir en el Pozo de Banfield

Pablo Díaz dio su testimonio ayer en la causa sobre el plan sistemático par apropiarse de hijos de desaparecidos

El sobreviviente de La Noche de los Lápices dio detalles del cautiverio que compartió con Gabriela Carriquiriborde, una desaparecida que pusieron en su celda para que la cuidara hasta que diera a luz. Habló de otras dos embarazadas.

Por Alejandra Dandan

Acababan de preguntarle si para los guardias la situación de las embarazadas podía pasar inadvertida. Pablo Díaz dijo que no. Que a tal punto no pasaban inadvertidas que a ellos, que eran los más chicos, los secundarios de 15 o 16 años, les dieron el trabajo de cuidarlas. “Y una vez, (el médico represor Jorge) Bergés entró diciéndoles a los guardias que respondan a nuestros llamados, que las embarazadas en el centro clandestino eran como las ‘joyas de la abuela’.”

Pablo Díaz llevaba tiempo en el Pozo de Banfield, en una celda a la que por sus dimensiones no se atreve ni siquiera ahora a nombrarla así. Permanecía tirado en el piso. Había sido secuestrado en la madrugada del 21 de septiembre de 1976, a pocos días de otros estudiantes secundarios de La Plata, lo que después se recordó como La Noche de los Lápices. Pasó por el pozo de Arana y después por ese espacio que reconoció años más tarde, en Banfield, donde no le hicieron más interrogatorios porque los que estaban ahí sólo esperaban el turno para morir. Ayer volvió a contar su historia ante el Tribunal Oral Federal 6, esta vez a la luz del juicio por el plan sistemático de robo de bebés. En los Tribunales de Retiro habló de tres embarazadas de las que supo o con las que tuvo contacto, entre ellas Gabriela Carriquiriborde, a quien pusieron en su celda a comienzos de diciembre de 1976 hasta que llegó el momento del parto.

“Cuando cerraron la puerta lo primero que vi fue esa figura muy chiquita, casi de mi edad, de 21 o 22 años, con vendas y sogas que le colgaban –dijo Pablo–. Me habían dado los trapos para que la limpie. Le salía líquido de la vagina. Ella se limpiaba y me daba los trapos. Y cuando venían los guardias, les pedía que me los cambien para seguir limpiándola.”

Estaban en el último piso del centro clandestino. Hasta entonces, Pablo había permanecido todo el tiempo atado, las manos en la espalda, la venda que al comienzo era un pulóver a esa altura eran algodones apretados con una cinta elástica. Comía una vez cada tanto. En 90 días se bañó dos veces. Hacía mucho calor, estaban desnudos, los guardias les robaban las ropas.

El miedo le impidió hablar en voz alta durante los primeros quince días de su estadía en el centro. Cuando lo hizo, preguntó en voz alta por los que estaban ahí. Empezó a darse cuenta de que estaban muchos militantes de la UES, entre ellos Claudia Falcone, ubicada en la celda de atrás, del otro lado de la pared.

Cuando Gabriela entró a su celda supo que en algún lugar estaba su marido: “Estoy con mi esposo, llamalo por favor”, me dice.

–¡¡Jorge!! ¡¡Jorge!!”

Dijo Pablo, y alguien contestó.

–¡Yo estoy con Gabriela, tu esposa! ¡Y voy a cuidarla!

Pablo nunca vio a Jorge, aunque varias veces hablaron a la distancia.

Tenía que limpiar a Gabriela y darle de comer. Bergés le había dicho que golpeara las puertas cuando empezaran las contracciones. Que llamara inmediatamente a los guardias. Como Pablo no sabía qué eran las contracciones, preguntó a la cadena de voces: “¿Cuándo empiezan? ¿Cómo nos damos cuenta?” “De pronto empecé a golpear la celda porque Gabriela decía: ‘¡Ahí viene mi hijo! ¡Viene mi hijo!’. Yo me asusté. Todos nos desatamos, y empezamos a golpear las puertas porque le venía el hijo, porque lo quería tener”.

La guardia también gritó. “Yo estaba sin la venda, entraron, me tiran contra la pared, yo ya no caminaba; estaba casi arrastrándome, me tiraron y me dijeron: ‘Vos vendate’.” En ese momento, sacaron a Gabriela arrastrándola en algo con ruido a chapa. Alguno gritaba: ¡Llamen al doctor! ¡Llamen a la Jefatura! ¡Llévenla a la sala de parto! “Yo le seguía gritando a Gabriela que se calme, y en un momento, cuando la iban a bajar se cae de la chapa y hace ruido, la guardia se pone como loca: ¡Nos van a matar a todos si le pasa algo!”

La fiscalía y las querellas buscaron que Pablo diera cuenta de la sistematicidad de esas prácticas. Ahí encontró sentido la frase sobre “las joyas de la abuela”. O las medidas de precaución que los guardias tomaban con las embarazadas. O un testimonio de Bergés en el que les dice a los guardias que si quieren divertirse usen a las chicas, pero que no toquen a las embarazadas. O los datos sobre el área de partos que funcionaba en el lugar. La defensa intentó argumentar que Bergés era quien tomaba las decisiones sobre esas mujeres y sus cuerpos.

Cuando el ruido pasó, terminó el relato Pablo, de pronto se hizo un silencio: “Todos nos quedamos como llorando, y al rato escucho el llanto de un bebé”. Cuando volvieron los guardias, les preguntaron qué había pasado. “Nos dijeron que nos quedáramos tranquilos: ‘La vamos a llevar a una granja. ¡No saben lo que es la granja! ¡Está bárbara! ¡Ahí tienen de todo, es lo mejor que les podía pasar!’ Así que brindamos –dijo Pablo–, nos pusimos contentos: y nunca más volvimos a saber de ellos”.

Durante el tiempo que estuvo con Gabriela, Pablo supo poco de su vida. “No hablábamos de eso –dijo–, ella me decía: ‘Pablo, vas a ser el padrino’”. Jugaban. Gabriela le agarraba la mano y la ponía en la panza. “Decile a Jorge que lo escuchás”, le pedía. Y entonces Pablo volvía al juego de las voces:

–¡Jorge, lo escucho!

–¡Está latiendo!

–-¡Se está moviendo!

Y Jorge respondía: Cuidala, decía. Limpiala.

Después del parto, dejó de escuchar a Gabriela, al niño, pero también dejó de escuchar a Jorge. “De repente no tengo más registro, ni su voz ni su presencia.”

Seis días después, una embarazada llegaba a la celda de otra prisionera. Era Stella Maris Montesano de Ogando, que en esos días dio a luz a su hijo, pero en su caso volvió al pabellón. Estaba infectada, le habían dicho que se llevaban a su hijo a un lugar para que pudiera estar mejor, y le dejaron el cordón umbilical. “¡No puede ser!”, le decía Pablo a Claudia pared de por medio. Stella Maris tenía una infección que ni siquiera estaba revisando el médico represor. Dos días antes de Navidad, entró una nueva parturienta. En este caso la llevaron a la celda de Claudia Falcone. Era Cristina Navajas de Santucho, Pablo Díaz la vio de filón el día en el que dejó el centro clandestino, el 26 de diciembre de 1976, cuando les pidió a los guardias despedirse de Claudia Falcone.

“Me ponen enfrente de Claudia, cuando cierran la puerta me levanto el pulóver y la veo desnuda, atada y ahí es cuando me dice que nunca iba a poder ser mujer porque la habían violado... teniendo 16 años.”

Pablo pasó dos meses más como desaparecido antes del blanqueo en la Unidad 9 de La Plata. Tiempo después entendió qué significaba la palabra desaparecido, cuando envió a una de sus hermanas a la casa de los Falcone, intentando avisarle a Claudia que él no estaba libre sino que seguía detenido

Testimonio sobre el cautiverio de Laura Carlotto

Alcira Ríos, sobreviviente.

“Laura pasó cinco horas con su hijo”
Declaró durante la primera audiencia de testigos en la causa por el plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos. Estuvo en La Cacha con la hija de Estela de Carlotto, que le contó que durante el parto estuvo engrillada a una camilla.
 Por Alejandra Dandan

Una y otra vez le preguntaron a Alcira Ríos por lo que le dijo Rita, una de sus compañeras del centro clandestino. “Me dijo que la criatura nació bien –explicó–, que todo fue perfecto; ella estaba muy contenta y que esas cinco horas que pasó con su hijo fueron inolvidables.” Alcira supo el nombre de esa compañera muchos años más tarde, cuando estaba en Brasil y se encontró con Estela de Carlotto, que estaba buscando a su hija. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo le dijo que a su hija le decían Rita y le mostró una foto: Alcira empezó a contarle entonces lo que ayer relató durante tres horas en la primera jornada de testimonios del juicio por el plan sistemático de apropiación de bebés durante la última dictadura.
La audiencia había empezado temprano con una conexión con Campo de Mayo, donde está internado con fractura de brazo el dictador Jorge Rafael Videla. Como sucedió la semana pasada con los otros acusados, Videla habló como un espectro a través de la pantalla y negó su responsabilidad en la causa (ver aparte). Durante la tarde, el Tribunal Oral Federal 6 anunció que, terminada la etapa preliminar, el resto de los acusados podía ausentarse del debate. Los abogados de Reynaldo Bignone, Omar Riveros y Jorge “El Tigre” Acosta, entre otros, tomaron la posta rápidamente y pidieron las salidas. Mientras se levantaban, la sala quedó completamente a oscuras durante largos minutos por un desperfecto con la luz.
El primer testigo fue Pedro Alberto Pedroncini, que explicó el origen de las denuncias que abrieron las primeras hojas de la causa (ver aparte). Y luego Alcira Ríos. Ella había vivido en Santa Fe, militó entre los trabajadores de prensa y escapó a San Nicolás con su marido, Luis Córdoba, perseguidos por la Triple A. Los secuestraron en 1978. Primero estuvieron en San Nicolás y después en La Cacha. Los golpearon, los torturaron.

La Cacha había sido la base de la ex Planta Transmisora de Radio Provincia. A Alcira la pusieron en una de las dos “cuevas”: espacios donde sólo podía estar en cuatro patas; tirada en una colchoneta, las manos engrilladas y los pies atados a la pared. Al llegar, conoció a Laura Carlotto: “¿Cómo estás? –le dijo–. Sacate la capucha, yo soy otra detenida, me llamo Rita y tu marido está cuidado. Me voy porque si me ven me van sancionar.”
Desde la cueva, Alcira conoció a otros detenidos. “Así empecé a conocer a todos los que estaban ahí –dijo–. Llegó un momento en que en realidad eran muchos, quisiera nombrarlos porque si uno a los desaparecidos no los nombra siguen estando desaparecidos.”

Rita era una chica joven, explicó la abogada, que volvió a verla al día siguiente. Laura Carlotto había llegado hacía diez meses. Militaba en Montoneros, se la llevaron de Capital, desde donde estaba el área de prensa, dijo Alcira. La secuestraron con su compañero. Primero pasaron una semana en la ESMA, luego llegaron a La Cacha. Un día después de la llegada, fusilaron a su compañero en el patio mientras le decían “terroristas subversivos”. “¿Qué hacen con los cuerpos?”, le preguntó Alcira. “Me parece que les echan goma de caucho y los queman”, dijo Laura.
Laura no era la única embarazada. Entre otras, Alcira mencionó a María o Norma Akin, secuestrada con sus hijos y su madre, a quien sus compañeros dieron por desaparecida y quien recién después de 27 años logró acercarse a la Conadep. También a María Inés Paleo, que sobrevivió vigilada.

“A mediados de agosto de pronto escucho un llanto terrible, como que salía del corazón –indicó–. Una de las chicas estaba a los gritos y escucho la voz de una compañera que dice: ‘Calmate, calmate, no solucionamos nada así, Rita. Acordate: sobrevivir, resistir y sobrevivir’.” Laura les decía que no iba a poder hacerlo: “¡Tengo un hijo que me quitaron y no sé dónde mierda está!”. Un ataque de nervios y de llanto, dijo Alcira. “Nos quedamos todos destruidos.”
Durante su testimonio, Alcira explicó que el niño había nacido antes de que ella llegara al centro clandestino. Que fue el 26 de junio de ese año. Que a Laura se la habían llevado en una ambulancia a un hospital militar del que sólo se tienen indicios pero no certezas. “Durante el parto estuve engrillada a una camilla –le contó Laura–, estaba sola en una sala, cuando se abría una puerta había un soldado uniformado ahí, o sea que debe haber sido un hospital militar y lo tuve cinco horas”, dijo. Al niño le puso Guido, el nombre de su padre. El niño nació lo más bien, dijo, perfecto, y a Laura le dijeron que se lo iban a llevar a su madre.

El descargo del dictador enyesado

JORGE RAFAEL VIDELA DICE QUE NO SE DEFIENDE

El dictador Jorge Rafael Videla renunció a su derecho de defensa en el juicio que se le sigue por la apropiación de bebés nacidos cuando sus madres estaban en cautiverio en centros clandestinos de detención durante la dictadura. Lo hizo porque dijo sentirse “condenado de antemano, y por tanto carece de sentido”, y así fundamentó su negativa a prestar declaración indagatoria.

Por medio de una videoconferencia desde el establecimiento penitenciario ubicado en Campo de Mayo, donde el represor permanece alojado cumpliendo prisión preventiva, Videla aseguró que esa supuesta persecución “comenzó con el prejuzgamiento del decreto 158/83 dictado por el entonces presidente Raúl Alfonsín”. De esa manera se refirió a la norma por la cual la Cámara Federal celebró el juicio oral y público a los comandantes de las tres primeras juntas militares que usurparon el poder el 24 de marzo de 1976 y en el que Videla fue condenado a “reclusión perpetua y destitución”. Ayer el represor solicitó autorización al Tribunal Oral en lo Federal Seis (TOF6) para efectuar “breves consideraciones” y fue en ese momento que calificó a la existencia de un “plan sistemático” para el robo de bebés como “la falacia más grande contenida en este juicio”, tras lo cual “descargó de responsabilidad a sus subalternos” y se negó a contestar preguntas.

Con un poncho de vicuña sobre sus hombros y espalda, cubriéndole el brazo enyesado, y con voz clara y enérgica, el ex presidente del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional reiteró que es su deber asumir “la plenitud de lo actuado en la guerra contra el terrorismo subversivo”. En ese sentido insistió, tal como lo hace en cada declaración en todos los juicios que afronta, en que “descargo de responsabilidad a todos mis subalternos, que siguieron mis indicaciones y directivas, a las que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas calificó de inobjetables”. El dictador, al igual que hizo el represor Jorge Acosta en su oportunidad, afirmó que “no hay 30 mil desaparecidos ni 500 bebés robados y esa mentira nos va a llevar a una nueva guerra civil de corte trotskista”, al tiempo que sostuvo que “no puede atribuirse a las Fuerzas Armadas la tacha de la apropiación de menores. No hubo plan”.

El ex dictador Videla será interrogado a través de una videoconferencia por el robo de bebés

   El ex dictador argentino Jorge Rafael Videla será interrogado este martes a través de una videoconferencia en el marco del juicio oral y público a varios ex represores acusados de apropiación ilegal de bebés durante el último régimen militar (1976-1983).

   La posibilidad de realizar la comparecencia de Videla mediante una videoconferencia ha sido ordenada por el Tribunal Oral Federal número 6 de Buenos Aires después de que los médicos forenses constataran que el ex dictador presenta múltiples fracturas en su brazo que le imponen un reposo de entre "45 y 60 días".

   Fuentes cercanas al proceso judicial han informado que la declaración de Videla se realizará por esta vía "siempre que lleguemos a tiempo con los detalles técnicos".

   En el juicio, que comenzó hace un mes, también comparecerán en calidad de imputados el ex presidente 'de facto' Reynaldo Bignone y el ex capitán Jorge Eduardo Acosta, conocido como 'El Tigre', además del ex general Santiago Omar Riveros, el ex almirante Antonio Vañek, el ex prefecto Jorge Azic, el ex marino Rubén Franco y el ex médico José Luis Magnacco.

   A todos ellos se les acusa de los delitos de sustracción, retención, ocultación y sustitución de identidad de menores de diez años, por el robo de 33 niños, hijos de supuestos disidentes del régimen militar.

   A mediados de año podrían sumarse en la lista de acusados el ex represor Eduardo Ruffo --por el robo del hijo recién nacido de un policía fallecido-- y al ex capitán retirado del Ejército Víctor Gallo y su esposa, acusados de la desaparición de un niño, según informa Télam.

   El Tribunal Oral Federal escuchará a lo largo de un año las versiones de 370 testigos y analizará los hechos ocurridos en la maternidad clandestina instalada en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y en los centros de detención conocidos como Pozo Banfield y La Cacha.

   Entre los casos documentados figura el supuesto robo de la nieta del poeta uruguayo Juan Gelman y del nieto de la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto.

   La causa comenzó hace más de catorce años cuando la organización Abuelas de Plaza de Mayo presentaron la denuncia del 'Plan Sistemático' que habrían puesto en marcha los represores para apropiarse de sus nietos, aprovechando las debilidades del sistema judicial de la dictadura.

   El secuestro y la desaparición de hijos de opositores fue una práctica que se puso en marcha en el marco del denominado Proceso de Reorganización Nacional. Algunos bebés fueron apropiados ilegalmente minutos después de nacer en las prisiones clandestinas donde fueron confinadas sus madres.
   Videla actualmente cumple dos condenas de cadena perpetua. La última fue dictada por el Tribunal Oral Federal de Córdoba el pasado diciembre tras ser hallado culpable de delitos de lesa humanidad contra 31 opositores que murieron durante el régimen militar.

Un juicio con muchos ausentes en el banquillo de los acusados

por María Victoria Moyano

El 28 de febrero comenzó el juicio por el “Plan sistemático de robo bebés” Los represores Videla, Bignone, el “Tigre” Acosta, Rubén Franco, Antonio Vañek, Santiago Riveros, Juan Azic, y el médico Jorge Magnacco, están siendo enjuiciados por la sustracción, retención y supresión, y sustitución de identidad de menores de 10 años, de solo 34 hijos de desaparecidos; muchos nacidos en cautiverio en las "maternidades" clandestinas que existían en los centros de detención y torturas. Entre estos se cuenta mi propio caso. Es una causa que se inició hace más de 15 años, ya que este delito quedaba fuera de los alcances de las leyes de obediencia debida y punto final, pero recién ahora llega a juicio oral, con algunos de los procesados, como Cristino Nicolaides, ya fallecidos.

En la primera audiencia, estuvimos varias horas escuchando el argumento de la fiscalía planteando que nuestros nacimientos y apropiaciones eran la prueba de un plan sistemático de apropiación de recién nacidos en centros clandestinos de detención “como parte de una maniobra criminal tendiente a la eliminación de indeseables".

Horrible definición para no decir que ese plan era parte del genocidio instrumentado desde el Estado para exterminar, no solo a toda la generación de nuestros padres, sino cortar con toda continuidad en la lucha de los trabajadores, estudiantes y de los sectores del pueblo pobre que peleaban por una sociedad sin explotadores y explotados. Un genocidio orquestado por la burguesía y sus fuerzas represivas para terminar con la vanguardia obrera y popular que venía desafiando el orden capitalista desde el Cordobazo en adelante.

Los represores crearon maternidades clandestinas, “elegidas estratégicamente” para llevar a las detenidas-desaparecidas a parir y luego vender, apropiarse o regalar a sus hijos para que no “seamos criados como terroristas”, como le decían los jueces a nuestras abuelas. Las más importantes estuvieron en los centros clandestinos de detención en Campo de Mayo, en la ESMA y en el “Pozo de Banfield”.

La demagogia del Estado es tal, que mientras el fiscal afirmaba: “Los miembros superiores del aparato (de las fuerzas de seguridad) que ejercía el poder tomaban las decisiones, los estamentos intermedios impartían directivas y los que colaboraban no debían perjudicar la labor conjunta”, y se describía la división de tareas para llevar adelante el plan, escandalosamente solo estaban en el banquillo 8 acusados, es decir, un puñado de los que perpetraron estos crímenes.

Si algunos de nosotros hemos podido quebrar la política de encubrimiento que se sostuvo desde el estado durante todos estos años, fue a través de los testimonios de los ex detenidos y la lucha de los organismos de derechos humanos. Para encontrar a quienes faltan, que es un 75% de los hijos apropiados por los genocidas, es necesario que sean también llevados al banquillo de los acusados todos los autores materiales de estos hechos y los mandos medios, no sólo los superiores. Recordemos que el prefecto Febrés, quien había ocupado un lugar estratégico en la apropiación de bebés en la ESMA, era quien se disponía a hablar del tema y fue “suicidado” por sus ex compañeros.

A pesar de los poco más de 100 nietos que logramos que nos fuera restituida nuestra identidad, hay todavía unos 400 jóvenes como nosotros que siguen apropiados, sin que desde el estado, incluyendo el actual gobierno, se hayan aportado los datos para encontrarlos, empezando por la información que está en los archivos de las fuerzas represivas y de inteligencia que no se han hecho publicas. ¿Dónde están los estamentos intermedios y los que “no debían perjudicar la labor conjunta”, que menciona el fiscal, y que son los que desempeñaban funciones en las distintas maternidades clandestinas?

Lo que sucede es que en las apropiaciones, como en el plan genocida en su conjunto, también están implicados grandes empresarios, como expresa el caso Noble Herrera. No olvidemos que la dictadura actuó como brazo armado de los intereses de los empresarios, que son los mismos que hoy siguen amasando grandes fortunas. La Ford tuvo su centro clandestino dentro de la fábrica, Techint lo tenía al lado y pasaron 35 años y no hay ningún empresario preso.

Se sabe que la Mercedes Benz donó a la maternidad clandestina de Campo de Mayo el equipo de obstetricia, y sin embargo nadie está imputado por este hecho.

Solamente en esta maternidad fueron denunciados alrededor de 200 nacimientos y producto de la impunidad garantizada a los civiles y a los militares solo han encontrado su identidad 4 hijos apropiados. Mientras se nombraban los nacimientos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), Campo de Mayo, "Automotores Orletti" y "El Olimpo", la Comisaría 5 de La Plata, "La Cacha", "El Vesubio", el "Pozo de Banfield", no deje de pensar en mis padres: María Asunción Artigas y Alfredo Moyano, eran jóvenes militantes que comenzaron a abrazar la idea de la revolución a los 15 años, perseguidos por la dictadura uruguaya que luego de varias detenciones, decidieron viajar a la Argentina y continuar su militancia desde acá. El 30 de diciembre de 1977 los detienen en la Argentina y los desaparecen. Mi mamá estaba embarazada de 2 meses y medio de mí y luego de ser trasladada por varios centros clandestinos del Circuito Camps, la Brigada de San Justo, al Pozo de Quilmes, es llevada al Pozo de Banfield para continuar su embarazo y parir en la maternidad. A las 8 horas de nacida, me apropia el comisario de la Brigada de San Justo Oscar Penna y me regala a su hermano y su cuñada.

Mis abuelas junto a Abuelas de Plaza de Mayo me buscaron de manera incansable hasta que a los nueve años logran encontrarme. A partir de ahí recupero mi identidad el 31 de diciembre de 1987.

En la audiencia reafirmé la promesa que me hice cuando recuperé mi identidad, que tanto ellos como sus compañeros no van a quedar en un número de legajo.

Y que esos miserables genocidas están en el banquillo de los acusados y yo acá, luchando por continuar la causa por la que pelearon mis padres. Luchando por el juicio y castigo a todos los culpables del genocidio, militares y civiles, y luchando día a día junto a los trabajadores que se enfrentan a los mismos empresarios que orquestaron el genocidio y que son criminalizados por el estado, como los obreros de Kraft, hoy procesados por jueces procesistas por luchar contra esa empresa multinacional.

Porque estoy convencida que el sentido más general de esta lucha no es sólo el encarcelamiento de los militares genocidas sino terminar para siempre, como diría Marx, “expropiando a los expropiadores”, con el poder de la clase social que orquestó la desaparición de 30.000 compañeros.

“La identidad personal hace a la dignidad”

El plan sistemático de robo de bebés durante la dictadura

“La identidad personal es todo aquello que hace que cada cual sea uno mismo y no otro, es aquello que constituye nuestra esencia. Hace a quienes somos y con ello, a la calidad de sujetos morales. Pero también hace a nuestra dignidad, que es la de poder determinarnos a nosotros mismos, proceder de acuerdo con nuestras ideas y pensamientos, poder elegir ser quienes queremos ser, o al menos tener la libertad de resignificar lo que nos acontece, para lo cual necesitamos descubrirnos.” La definición se escuchó ayer en la sala en la que ocho represores son juzgados por participar del plan sistemático que privó de su identidad a los hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar.

Durante la tercera jornada del juicio estuvieron en la sala los represores Antonio Vañek, Jorge “El Tigre” Acosta, Juan Antonio Azic y José Luis Magnacco, que escucharon las acusaciones en su contra. A diferencia de los días previos, un grupo de mujeres se ubicó en los asientos reservados para los familiares o amigos de los reos. El resto de los acusados, los dictadores Reynaldo Bignone y Jorge Videla y los represores Rubén Franco y Santiago Omar Riveros, no se presentaron a la audiencia.

Los casos que se relataron en el tribunal ayer son los de Javier Penino Viñas y Victoria Donda, actual diputada nacional. Ambos jóvenes nacieron en la Escuela de Mecánica de la Armada y fueron apropiados por represores que participaron activamente de las violaciones a los derechos humanos cometidas en ese centro clandestino de detención. Javier, hijo de los desaparecidos Cecilia Viñas y Hugo Penino, fue anotado como hijo propio por Jorge Vildoza, jefe del grupo de tareas 3.3.2 hasta principios de 1979. Vildoza huyó del país y no pudo ser localizado. Cecilia Viñas y Hugo Penino fueron secuestrados en julio de 1977. Ella estaba embarazada de siete meses y dio a luz en la ESMA. Estuvo cautiva y con vida hasta, por lo menos, marzo de 1984, tres meses después de que Raúl Alfonsín asumiera el poder. Ella se comunicó por teléfono con su familia ocho veces entre diciembre de 1983 y el 19 de marzo del año siguiente. Su familia y las Abuelas de Plaza de Mayo hicieron la denuncia ante la Conadep, pero las gestiones por hallarla no dieron resultado.

La mamá de Victoria Donda, María Hilda Pérez, estaba embarazada de cinco meses cuando fue secuestrada junto a su compañero, José María Laureano Donda, a fines de marzo de 1977. María Hilda, que estaba secuestrada en Castelar, fue llevada a la ESMA para parir. Como en el caso de Viñas, el médico que asistió el parto fue Magnacco. Otras detenidas que estuvieron con ella en ese momento relataron que la madre estaba desesperada por poder reconocer a la niña luego (los represores le aseguraban que la iban a llevar con su familia) y por eso le hizo un agujerito en la oreja derecha y le pasó un hilito azul. La niña que nació, Victoria, fue apropiada por Azic.

“Juan Antonio Azic fue un actor activo de este siniestro plan represivo que marcó para siempre a la sociedad argentina. Se dedicaba a secuestrar personas, torturarlas y sustraerles sus bienes. Juan Antonio Azic se quedó con Victoria Donda Pérez, pero le ocultó su verdadera historia bajo el velo de una falsa identidad. Le impuso un nombre, una fecha y lugar de nacimiento y una relación filial falsas, para ocultar bajo ello su verdadera historia y la de su familia biológica”, señaló la fiscalía en la acusación.

Los jueces María del Carmen Roqueta, Julio Panelo y Domingo Altieri comenzarán el próximo 15 de marzo con las indagatorias a los acusados.