Demoras judiciales que amplían del daño

Condenados un marino apropiador y su mujer, sólo a 14 y a 10 años
Con énfasis en el daño psicológico

El juez Sergio Torres condenó al marino Policarpio Vázquez y a su mujer, apropiadores de Evelyn Bauer Pegoraro. Señaló que la joven “no sólo fue despojada de su historia, sino también instalada en una realidad que no le pertenecía”.

Treinta y cuatro años después de apropiarse de la hija de una pareja de desaparecidos, el marino Policarpio Vázquez y su esposa, ex personal de inteligencia de la Armada, fueron condenados a 14 y 10 años de prisión. El juez Sergio Torres destacó en su fallo “el daño psicológico causado” a la víctima, Evelyn Bauer Pegoraro, quien “no sólo fue despojada de su historia sino también instalada en una realidad que no le pertenecía, bajo una crianza y formación amparadas en la mentira”. Se trata de la joven que en 2001 se negó a someterse a un análisis de ADN que pudiera servir de prueba contra sus apropiadores y que conoció su identidad a partir de muestras obtenidas en un allanamiento a su casa. “La negativa al análisis y a reconocer su identidad es la continuación de la victimización por otros medios”, destacó ayer Alcira Ríos, abogada de las abuelas de Evelyn. “Estos chicos privados ilegítimamente de su libertad al nacer fueron también determinados a ser víctimas de desaparición forzada toda su vida. Hasta que no se liberen de estos tipos no van a ser libres”, remarcó.

Susana Pegoraro, embarazada de cinco meses, fue secuestrada el 18 de junio de 1977 en Constitución. Su compañero, Santiago Bauer, cayó el mismo día en La Plata. La niña nació en la ESMA y terminó en manos de Vázquez, que en la dictadura fue encargado de contrainteligencia en la Base Naval de Mar del Plata, y de su esposa. La sentencia de Torres alcanzó también a la partera Justina Cáceres, condenada a siete años de prisión por falsificar la partida de nacimiento. Los tres superaron los setenta años, por lo que es poco probable que cuando la sentencia quede firme, si es que están vivos, se revierta el beneficio del arresto domiciliario.

En 1999 el marino admitió que Evelyn no era su hija. Dijo que se la entregaron “para adoptar sin papeles” en el edificio Libertad, que la recibieron “porque la iban a matar” y aseguró desconocer el destino de los padres. “Fue un mandato divino”, explicó. Dos años después, la joven se negó a someterse a un análisis de ADN. La Corte de Suprema de Justicia le dio la razón: se imponía la protección de su derecho a la intimidad, argumentó. Sin certezas sobre la identidad de Evelyn, en 2006 la jueza María Servini de Cubría decretó la clausura de la instrucción. Cuando el matrimonio pidió la absolución porque no había más evidencias que la confesión, la jueza ordenó allanar la casa de la joven para extraer muestras de ADN. Las argucias legales permitieron a los victimarios apartar a Servini, pero no evitar la verdad: en 2008, Evelyn conoció su identidad y se reunió con las Abuelas. La causa cayó en manos del juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid, hoy investigado por gestionar coimas para la Cámara de Casación. En sus manos y mientras la defensa de Vázquez abarrotaba de planteos el expediente, la causa “durmió el sueño de los justos”, recordó Ríos. Finalmente recayó en el juzgado de Torres.

El magistrado que instruye la megacusa ESMA destacó en su fallo que muchos niños apropiados continúan como adultos “siendo rehenes o prisioneros de la red urdida por sus apropiadores” y “no les resulta sencillo truncar su vínculo con ellos o iniciar un vínculo sincero y duradero con su familia biológica”. Destacó que “la ruptura del vínculo materno-filial provoca secuelas psíquicas en el niño susceptibles de ser transmitidas a sus propios hijos y a otras generaciones”, señaló que la negación de la identidad impuesta por los apropiadores produce “efectos patológicos” en “la mente inmadura del niño pequeño”, y enumeró “disociaciones psíquicas, depresiones y tendencias adictivas”, que además “tienen una repercusión transgeneracional”.

El juez Torres consideró que la relación que Evelyn mantiene con sus apropiadores luego de conocer su identidad “puede basarse en lo afectivo, ora en el vínculo reverencial que liga a los padres con sus hijos”, y subrayó que la joven mantiene “una incipiente relación” con su abuela materna Inocencia Luca de Pegoraro, quien desde 1984 y con la asistencia de Ríos “nunca renunció a la búsqueda de verdad y justicia”.

Ex agente de inteligencia acusa a sus "colegas" ¿Por qué no habló antes?

Cosntanzo declaró en Paraná que NAvones, fallecido, se apropió de un hijo de desaparecidos.
Tras las huellas de otro bebé robado

El agente de inteligencia Eduardo “Tucu” Constanzo, preso por delitos de lesa humanidad, pidió ayer en el juicio en Paraná que le hagan exámenes de ADN al hijo y al sobrino del oficial Navone, porque sería el hijo de Raquel Negro, desaparecida.

Eduardo “Tucu” Constanzo, ex personal civil de inteligencia (PCI) del Segundo Cuerpo de Ejército, afirmó ayer que el oficial Paul Navone, fallecido en 2008, se quedó con el mellizo varón de la detenida-desaparecida Raquel Negro, nacido en el Hospital Militar de la capital entrerriana en 1978. El ex miembro de la estructura represiva santafesina que aportó datos claves sobre el funcionamiento de una maternidad clandestina en ese hospital pidió que le hagan “estudios de ADN al hijo y al sobrino de Navone, que vive en Casilda, porque siempre se comentó que Navone tenía un hijo de desaparecidos, o él o el hermano”. El ex oficial Jorge Fariña, imputado por su participación en las apropiaciones, pidió ampliar su indagatoria ante el Tribunal Oral Federal de Paraná para decir que Constanzo es “un fabulador, mentiroso, mitómano, estafador, un personaje perverso”, y sugirió reencauzar la investigación hacia el propio Constanzo, que aportó datos valiosos, y hacia Navone, ex jefe del Destacamento de Inteligencia 122 de Rosario que apareció muerto en un hotel de Córdoba el día que debía declarar en la causa Hospital Militar.

Constanzo, que cumple una condena de prisión domiciliaria perpetua por su participación en la represión ilegal, negó haber conocido personalmente a Navone y advirtió que lleva un año y medio “luchando para que este atorrante del juez (federal, Marcelo) Bailaque le tome declaración a Carlos Razetti, que tiene para decir quiénes mataron a Raquel Negro y quién tiene el mellizo”. Cuando el presidente del tribunal le preguntó quién era Razetti, explicó que “es el hijo del dirigente justicialista asesinado por la Triple A en octubre de 1973, Constantino Razetti”.

Constanzo, citado como testigo, reveló que “hay un periodista que vive en Barcelona, Oscar Copaitich, que viene dando alaridos a través de Internet diciendo quiénes mataron a Raquel Negro y quiénes tienen al hijo” y aclaró que el periodista “se crió con Navone en Casilda, donde se comenta que tenían un hijo de desaparecidos, él o el hermano”.

Sobre el asesinato de Negro, el represor contó que una noche, estando en el centro clandestino La Intermedia, vio llegar a desconocidos en un Peugeot 504 que traía en el baúl el cadáver de la mujer desnuda, atada y con una bolsa en la cabeza. Dijo que ese episodio coincidió con el asesinato de 16 presos políticos que había en ese lugar. “Al cadáver lo sacaron del baúl y lo llevaron con los otros muertos al camión, para trasladarlos al aeropuerto y tirarlos al mar”, declaró bajo juramento. Luego se dirigió a los hijos de Raquel Negro, Sabrina Gullino y Sebastián Alvarez: “Mírenle bien el rostro a Marino González (uno de los militares que está siendo juzgado) porque él es el último que tocó a su madre”, les confió. “El era quien tiraba a la gente de los aviones”, precisó.

Tras la declaración del ex PCI, el ex oficial de inteligencia Fariña pidió ampliar su declaración indagatoria. “Creo que la investigación debe dirigirse y profundizarse sobre Constanzo y Navone”, propuso. “Yo no tengo absolutamente nada que ver”, dijo. “Ojalá se llegue a buen término y ojalá se sepa qué es lo que sucedió con los mellizos de la señora Raquel Negro”, completó. En la causa también están imputados los militares retirados Juan Amelong, Walter Pagano, Marino González y Pascual Guerrieri y el médico Juan Antonio Zaccaría. Están acusados de haber trasladado a Raquel Negro hasta el hospital militar local para dar a luz mellizos. La niña, abandonada en un orfanato, recuperó su identidad en 2008, en parte por el relato de Constanzo, que dio detalles sobre el traslado de la mujer a Paraná. Continúa la búsqueda de su hermano mellizo.

Ratifican procesamiento al juez de menores de la dictadura, Vera Candioti

Un engranaje del ocultamiento

La Cámara Federal de Rosario confirmó el procesamiento de Vera Candioti por supresión de identidad de María Carolina Guallane, una nieta recuperada. Es el primer juez de Menores de la dictadura acusado por avalar un robo de bebé.


 Por Juan Carlos Tizziani - Desde Santa Fe

La Cámara Federal de Rosario –en un fallo unánime– confirmó el procesamiento del ex juez de Menores de la dictadura Luis María Vera Candioti, por la “supresión de identidad” de una nieta recuperada, María Carolina Guallane, la única sobreviviente de la masacre de su familia biológica, el 11 de febrero de 1977, cuando el Ejército secuestró a su padre, Enrique Cortassa, aún de-saparecido, y a su madre, Blanca Zapata, embarazada a término, que murió dos semanas después por un balazo en la frente. Vera Candioti había sido procesado por el juez federal Reinaldo Rodríguez, junto con otro imputado en la causa: el teniente coronel Carlos Enrique Pavón, quien fraguó la nota de entrega de la niña cuando era teniente primero y se desempeñaba como oficial de guardia en el Comando de Operaciones Tácticas (COT), a las órdenes del jefe del Area 212, coronel Juan Orlando Rolón, ya fallecido. El documento está fechado el 4 de febrero de 1977, siete días antes del secuestro de los Cortassa y su hija Paula (como se llama Carolina), que entonces tenía trece meses. La Cámara ratificó que Vera Candioti y Pavón –que no apeló el procesamiento– seguirán en libertad a la espera del juicio oral y público.

La resolución de la Cámara salió en un pleno de cinco vocales: Fernando Barbará, Edgardo Bello, Carlos Carrillo, José Toledo y Elida Vidal. El primer voto fue de Barbará, quien rechazó los planteos de la defensa y repasó la legislación vigente cuando Vera Candioti era juez de Menores. En Santa Fe existía la Ley 3460, que asignaba a los jueces de Menores la responsabilidad en la materia “con exclusión de toda otra autoridad” y preveía que “todo menor de que hayan dispuesto los jueces, conforme a los preceptos de esta ley, quedará bajo su vigilancia exclusiva y necesaria”. Tras repasar el caso, Barbará coincidió con el juez Rodríguez en que la niña fue entregada por Vera Candioti –a un matrimonio que la adoptó de buena fe– sin cumplir sus obligaciones. “Vera Candioti ocupaba el cargo de juez de Menores y debió haber controlado la situación que tuvo por víctima a la niña Cortassa, velando, cuanto menos, por la ‘legalidad’ formal, como su posición de magistrado lo exigía”, explicó Barbará.

El segundo voto es de Bello, quien apoyó los fundamentos de Barbará, pero agregó una cronología de los hechos que resulta “de interés para el caso”, dijo. Entre ellos, mencionó la nota del COT firmada por Pavón, el 4 de febrero de 1977, en la que puso a disposición de Vera Candioti “una niña no identificada de trece meses, cuyos presuntos padres fueron abatidos en un operativo antisubversivo que se llevó a cabo en la finca de Castelli 4700”. El documento ingresó al Juzgado de Menores el 8 de febrero de 1977, según el cargo de mesa de entradas. Ya se dijo que los Cortassa y su hija fueron secuestrados el 13 de febrero, siete días antes de que Pavón tecleara la nota y tres días antes de que ingresara al juzgado de Vera Candioti.

“De lo expuesto se derivaría una sucesión de acciones y/u omisiones por parte del juez de Menores que tornaron incierta la filiación de la menor, situación que luego llevaría a la misma a ser depositada en guarda y adopción en la ciudad de Venado Tuerto, bien distante de su lugar de origen, en la ciudad de Santa Fe”, precisó Bello. Los demás camaristas, Carrillo, Toledo y Vidal, coincidieron con sus colegas.

En el auto de procesamiento –que ahora quedó firme–, el juez Rodríguez dijo que Vera Candioti ocultó “deliberadamente” que Carolina era sobreviviente del “procedimiento de calle Castelli”. Posiblemente, “para ocultar la detención de Enrique Cortassa”, “evitar que sus familiares reclamen legítimamente la tenencia de la menor”, “ocultar las responsabilidades del Juzgado” en relación con la custodia y supervisión del estado psicofísico de la nena y “encubrir el cautiverio de la niña en el Ejército”.

“Cualesquiera fueran los motivos que impulsaron a Vera Candioti a actuar de la forma en que se le reprocha, éste conocía que se hallaba ante una situación totalmente irregular y era su obligación como funcionario subsanar las mismas, premisa de la que se alejó a favor de sostener en el tiempo la ilegalidad del proceso de guarda sin levantar sospechas. Este conocimiento constituye el dolo específico requerido en la comisión de cualquiera de los ilícitos penados en el sistema penal argentino”, agregó Rodríguez. Por lo tanto, con “su accionar impidió a Paula Cortassa conocer su verdadera identidad y a sus familiares el destino de ésta, durante casi 20 años, imposibilitándolos de velar por su persona, mantener y forjar los vínculos afectivos que los unían”, concluyó.

Ruffo acusado por el robo de otro bebé

El apropiador de Carla Artes, que actuó en el CCD Orletti, denunciado por el secuestro de Simón Riquelo

Sara Méndez, quien estuvo detenida-desaparecida en el centro clandestino donde eran enviadas las víctimas del Plan Cóndor, dijo que el agente de inteligencia Eduardo Ruffo participó del secuestro de su bebé Simón, a quien encontró en 2002.

 Por Alejandra Dandan.

El prontuario de Eduardo Alfredo Ruffo recogió una nueva medalla. El ex agente civil de inteligencia de la patota de Automotores Orletti, integrante de la banda de Aníbal Gordon, dedicado a los secuestros extorsivos, apropiador de Carla Rutila Artés, a quien sometió a todo tipo de padecimientos desde pequeña, entró solo a la sala de audiencias de los Tribunales de Retiro. Ruffo se sentó y escuchó una nueva acusación en su contra, esta vez en el escenario del juicio por el Plan sistemático de robo de bebés. Ruffo está acusado ahora de la sustracción de Simón Riquelo, el hijo de la uruguaya Sara Rita Méndez. Con su ingreso, el Tribunal Oral Federal 6 entró en el último tramo del juicio oral, con eje en el centro clandestino Automotores Orletti, base del Plan Cóndor en Buenos Aires. Un lugar, como recordó la sala, donde el robo de niños formó parte del “botín de guerra” de los represores.

El caso Ruffo volvió a mostrar la desmesurada arquitectura del robo de niños en Orletti. El Tribunal leyó dos tramos de la acusación, una elevada por la fiscalía de Jorge Di Lelo y la otra del juzgado de Norberto Oyarbide, una síntesis que repasó cada caso en clave sistémica.

“En los procedimientos se incluía un móvil para el traslado de los niños”, dice la acusación que recogió datos de un informante clave, que a esta altura parece ser el propio Ruffo. Los niños “eran dejados en hospitales o instituciones de menores” o “eventualmente entregados a amigos” y “durante los operativos coordinados con uruguayos se obtuvo una gran cantidad de dinero y se repartieron los niños de varios de quienes luego fueron desaparecidos”.

Eso sucedió con Riquelo y con cada uno de los niños del juicio. La acusación señaló el caso de Mariana Zaffaroni Islas, hija de los uruguayos desaparecidos María Emilia Islas Gatti y Jorge Roberto Zaffaroni, apropiada por Adriana María Gonzalez y Miguel Angel Furci. Furci era un hombre de la SIDE. Se quedó con ella en 1976, mientras estaba en Orletti y vio cómo “una mujer allí detenida y su pareja iban a ser trasladados con destino incierto por miembros del ejército uruguayo y le ofrecieron la niña, a quien anotó como hija propia con documentación falsa”.

Los otros casos conocidos hasta ahora, con “igual principio pero resultado diferente”, son Ernesto Anzalone, de alrededor de un año, hijo de Rita y Pablo Anzalone, robado de la guarda de su tía Laura Anzalone el 13 de julio de 1976. A Laura también la llevaron a Orletti y luego a Uruguay. Dos meses después del secuestro, los abuelos encontraron a Ernesto en manos de una médica, aunque distintas versiones indicaron que antes pasó por la comisaría de la zona donde estaba su tía. La lista incluye a la nuera del poeta Juan Gelman, María Claudia Iruretagoyena de Gelman, embarazada a término, detenida en Orletti y desaparecida. Su hija, que nació en cautiverio, estuvo en poder de un policía uruguayo. El último caso son los hermanos Anatole y Victoria Julien, secuestrados y trasladados con sus padres a Orletti en septiembre de 1976. Los padres continúan desaparecidos y a ellos los dejaron abandonados en la Plaza Valparaíso de Chile.

“Todo lo señalado refuerza la idea de que los menores formaban parte del ‘botín de guerra’ –dice la acusación– y eran entregados a conocidos, en los casos señalados, todos integrantes del servicio de inteligencia, de la policía o militares.”

El caso Simón Riquelo es parte de esa trama.

Sara Méndez reconoció a Ruffo en la patota de 15 personas que el 13 de julio de 1976 entró a su casa y le arrancó a su hijo de los brazos. La patota se presentó como parte del “Ejército argentino y uruguayo”. Simón tenía 20 días. El mayor Nino Gavazzo, uno de los represores emblemáticos de Uruguay, se presentó a cargo el procedimiento. Estaba secundado por un argentino, a quien tiempo después ella reconoció como Aníbal Gordon. Antes de llevarla a Orletti, Ruffo la torturó a ella y a otra compañera.

A esta altura, Sara declaró muchas veces sobre ese operativo. Ya dijo que ella quería quedarse con su hijo, pero Gordon le dijo que se quedara tranquila, “que esta guerra no es contra los niños”. A esta altura, la fiscalía dio por probado que en ese procedimiento también estuvo el subcomisario de la comisaría 33ª, Osvaldo Parodi, que finalmente robó al niño. El caso es una de las razones de los últimos escraches de Hijos a la casa del juez de la Cámara de Casación Gustavo Mitchell, porque intervino y legalizó la apropiación con los papeles de adopción.

Ruffo no dijo casi nada durante toda la audiencia. La presidenta del Tribunal, María del Carmen Roqueta, le preguntó en un momento si podían no leer alguno de los tramos de la acusación. En ese momento, ella lo trató de “señor Ruffo”. Y él le respondió algo así como está bien “señora”. En la sala casi no había presencias. Su caso no está impulsado en el juicio por las querellas de los organismos de derechos humanos, sino por la fiscalía que encabeza Martín Niklison. Además de Niklison y dos colaboradoras de la fiscalía, en toda la sala había dos integrantes del Centro Ulloa y el abogado de Ruffo. Los cuatro jueces, dos secretarios. Nadie más. Ni arriba ni abajo Ruffo vio algo más que su propia sombra.

Importantes revelaciones sobre el hijo de Raquel Negro

Un bebé aislado y sin nombre

Una enfermera contó que hubo un bebé internado como NN y aislado del resto en la sala de neonatología del Instituto Privado de Pediatría. Se presume que sería el mellizo varón de Raquel Negro y por cual se juzga a seis represores.

 Por Juan Cruz Varela

Desde Paraná

Cierta conmoción causó en la sala de audiencias el testimonio de una enfermera del Instituto Privado de Pediatría. No tanto por la contundencia ni por la sensación que dejó en el ambiente de que tal vez guardara para sí algún dato, sino por lo sorpresivo del testimonio. Ciertamente, nadie lo esperaba; y entonces obligó a reorientar algunas estrategias en el juicio contra seis represores por robo de bebés. "Me parece que había un niño proveniente del Hospital Militar, pero estuvo poco tiempo, tal vez un día y medio o dos; lo tenían separado, estaba aislado en otro sector de la sala de neonatología, en una incubadora de emergencia que se utilizaba para chicos en riesgo; eso me quedó grabado", dijo Imelda Princic. Fue toda una novedad lo que contó la enfermera que trabajó solo unos meses en el Instituto Privado de Pediatría (IPP). "El que le daba atención era el doctor (Miguel Alberto) Torrealday", dijo al tribunal, aludiendo a uno de los dueños de la institución y actual asesor del Ministerio de Salud de Entre Ríos, que declaró dos veces la semana pasada en este juicio. Además, un militar retirado afirmó que mujeres detenidas eran trasladadas a Paraná a tener familia y luego desaparecían y sus hijos tenían "destino desconocido".

La enfermera volvió a poner de relieve el rol que desempeñó uno de los propietarios del instituto privado al que fueron derivados los hijos mellizos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, nacidos durante el cautiverio de su madre en el Hospital Militar de Paraná en marzo de 1978.

La sala de neonatología del IPP estaba dividida en dos espacios, uno para incubadoras y otro para cunas, pero también tenía un codo en el que había una incubadora sin caparazón, separada del resto, cerca de la sala de enfermeras, donde se ubicaba a chicos "con alguna situación especial o de mayor gravedad", según dijo. Lo que llamó la atención a esta mujer es que "este nene estaba bien, normal", pero también el hecho de que en la tarjeta de identificación que tenían la incubadoras ésta decía NN.

El chico provenía, según dijo, del Hospital Militar, pero no recuerda que le hubieran comentado que se tratara del hijo de una "guerrillera" o "extremista", como refiriera otra enfermera, y tampoco que alguien fuera a visitarlo mientras duró su estadía en la sala de neonatología. Sin embargo, cuando preguntó al médico por qué la tarjeta decía NN, Torrealday "primero no quiso contestar y después dijo que la familia estaba viendo qué hacer con el bebé". Luego de varias repreguntas, y con ciertas dudas, terminó por manifestar que el médico le refirió que "los familiares del chico no sabían si le pondrían el apellido del padre o de la madre", aunque ella misma consideró que "fue una respuesta medio confusa con la que me quiso conformar". Y acotó: "En esa época no se podía preguntar y si alguien preguntaba, los médicos no contestaban".

Más tarde declaró un militar retirado que se desempeñaba en el predio donde funcionaban los batallones de comunicaciones e ingenieros -allí estaba el centro clandestino de detención más importante de la provincia de Entre Ríos- y también el Hospital Militar. Joe Erbetta, que hacía guardia en la barrera de ingreso, contó que cada persona que ingresaba quedaba registrada en una planilla y apuntó que "en los primeros años ingresaban muchos agentes de inteligencia, pertenecientes a lo que en esa época se llamaban grupos de tareas. Llegaban desde Rosario, Santa Fe y Paraná y, por lo general, estaban vestidos de civil". A pedido de los fiscales, se paró frente a los seis represores imputados y reconoció a Juan Daniel Amelong como uno de ellos.

Erbetta dijo además que el coronel Ulises Schort, que era jefe de distrito militar, le contó sobre la presencia de mujeres que eran trasladadas desde otros centros clandestinos de detención a dar a luz en Paraná. "Entraban mujeres embarazadas a parir en el Hospital Militar", dijo sin poder precisar cuántas ni con qué frecuencia. "Schort tenía reuniones permanentes con Trimarco y después me comentaba que estaban pasando cosas raras, que ingresaban mujeres a tener familia y que luego las mujeres desaparecían y los hijos tenían destino desconocido. Incluso en ese momento se mencionó mucho un parto de mellizos". Pero no pudo dar más datos.

El militar tiene un hermano que fue secuestrado el 16 de agosto de 1976 y permanece desaparecido. El 10 de septiembre, menos de un mes después, fue convocado a la oficina del general Juan Carlos Trimarco, entonces el jefe de la represión en Entre Ríos, quien lo amenazó apuntándole con un arma para que no busque más a su hermano; y a partir de ese momento tuvo limitados sus movimientos dentro del predio.

Ayer declaró también el periodista Carlos Del Frade, quien dio cuenta de los encuentros y entrevistas que tuvo con Eduardo Costanzo, el ex agente de inteligencia e integrante de la patota rosarina que rompió el pacto de silencio militar.

El Movimiento Familiar Cristiano, colaboraba con la dictadura

Testimonio de la nieta recuperada María Belén Altamiranda Taranto

“Yo necesitaba saber mis orígenes”

Es una de las jóvenes que fueron adoptadas a través del Movimiento Familiar Cristiano. Durante la audiencia de ayer, pidió a los represores que “si tienen piedad, digan dónde están los nietos y los desaparecidos”.
or Alejandra Dandan

María Belén Altamiranda Taranto sabía que al final de la audiencia los jueces podían preguntarle si quería decir algo más. Cuando llegó el momento, escuchó la pregunta, tomó aire, y como recogiendo las lágrimas que había dejado correr a lo largo de la audiencia, miró a los ojos de los abogados de los represores. “Quizás ustedes logren hacerlos entrar en razón –les dijo con mucha calma–. Si los acusados, que quizá se dicen tan católicos, que llegan a las audiencias con rosarios en las manos, si tienen un poco de piedad, podrían decirnos dónde están nuestros padres, dónde están los desa-parecidos, dónde están los nietos. ¿Dónde están los nietos de Sonia?”, replicó pensando en la abuela cordobesa Sonia Torres. “¿Dónde está el nieto de Estela? Que digan dónde están. Ya nos arrebataron todo: que por lo menos tengan piedad y nos digan donde están.”

María Belén declaró por primera vez en una audiencia. Ella, que recuperó su identidad en 2007, se presentó en la sala de los Tribunales de Retiro, en el juicio oral por el plan sistemático de robo de bebés, como “María Belén Estefanía Gentile”. Después de las primeras preguntas de protocolo, promesa o juramento de verdad, fecha de nacimiento, la presidenta del Tribunal Oral Federal 6 volvió sobre sus pasos.

–¿Quiénes son Rosa Luján Taranto y Horacio Altamiranda? –le preguntó María del Carmen Roqueta.

–Mis padres biológicos –dijo María Belén.

–Pero usted dio el apellido Gentile. ¿Por qué?

–Es mi apellido adoptivo –dijo ella–. Estoy adoptada legalmente y conservo el apellido porque el cambio todavía sigue en trámite.

Los padres biológicos de María Belén eran del PRT-ERP. Estuvieron secuestrados en El Vesubio. Rosa permaneció embarazada en una cucha del centro clandestino hasta que la llevaron a dar a luz al Hospital Militar de Campo de Mayo. El caso es parte de una causa paralela que investiga el rol del Movimiento Familiar Cristiano durante la dictadura que, a través de un acuerdo con el Ejército, según se sospecha, trabajó en el blanqueo de las adopciones de algunos de esos niños. Poco más tarde, se sentó en esa misma silla una ex compañera de su madre en El Vesubio, María Susana Reyes, que cuando supo que María Belén había aparecido viajó a Córdoba para contarle cómo fue nombrada desde la panza de aquella mujer .
“Mi nombre es María Belén”

“¿Siempre supo que era hija adoptiva?”, arrancó el fiscal Martín Niklison. “Sí –dijo ella–. Me acuerdo que desde que tengo uso de razón me contaron que había sido adoptada.” “¿Y cómo empieza su búsqueda?”, insistió. “Tengo un hermano de crianza que también fue adoptado y nos dijeron que si en algún momento queríamos saber algo de nuestros orígenes, podían llevarnos al lugar de adopción. Yo recién de grande quise saber la verdad, de chica no quería sentirme diferente al resto, la condición de adoptaba era algo que yo callaba, no lo compartía con nadie.”

María Belén reconstruyó su historia como en encastres. La crió un matrimonio católico de Belgrano. Hubo una separación. El se quedó en Buenos Aires y la mujer se fue con los dos niños a Córdoba, en 1988. Hasta que entró en la universidad, María Belén no tuvo “la suerte”, como dijo, de saber qué fue la dictadura: “Del tema de la dictadura no tuve la suerte de verlo. En el secundario, porque no se hablaba de eso cuando estudiábamos historia, era como un agujero negro, esa parte se salteaba. Recién en la facultad comencé a enterarme de qué había sucedido y a través de los medios, cuando hubo más información con respecto a las Abuelas y los juicios”. En el medio vio un documental de Abuelas donde no sólo había información sino que “me daba cuenta de que el tema me sensibilizaba mucho”. Le llevó años de todos modos empezar la búsqueda: “Sabía que era adoptada y muchas de las historias que veía eran de chicos entregados a hospitales y adoptados. Por mi fecha de nacimiento dije: ¿por qué no? Y creo que por lo que me movilizaba el tema de las luchas de las Madres y de las Abuelas decidí empezar por Abuelas a ver qué me pasaba”.

El fiscal le preguntó si pudo hablarlo con quienes la adoptaron. María Belén dijo que no: “No sabía si decirles o esperar. Sentía culpa, que pensaran que no los quería o que ellos no eran lo suficientemente buenos para mí”. Su hermano de crianza les contó. El hombre le preguntó si era verdad: “Le dije que necesitaba saber mis orígenes –dijo–, cerrar ese círculo”. Y entonces él le confesó tener miedo de que si llegaba a encontrarlos, no lo llamara más “papá”. De todos modos, le escribió el lugar donde hicieron los trámites: “En ese momento siento por primera vez el nombre del Movimiento Familiar Cristiano”, dijo ella. La búsqueda de todos modos se suspendió: “Me sentí mal, con culpa. En agosto de 2006, y después de que él falleció, empecé otra vez”.

María Belén se hizo los exámenes genéticos en mayo de 2007 y en junio la llamaron de un juzgado para contarle cuál era su familia. Cuando llegó a la Casa de Abuelas de Córdoba, la recibieron con la foto de sus padres: “Te dio positivo el análisis –le dijo Sonia–. Estos son tus padres”. En ese momento, “me dio una foto de mamá y papá y una foto de una abuela. No lo podía creer, estaba feliz pero no caía que me estaba pasando a mí, que podía ver al fin lo que tanto había buscado ver: una foto de mis padres o verme reflejada en ellos”.

SUSANA REYES HABLO DEL NACIMIENTO DE MARIA BELEN
Bajo el cuidado de las monjas

Susana Reyes ya había hablado de su embarazo. De El Vesubio. De los cuatro meses. Habló de uno de los penitenciarios de guardia, Diego Salvador Chemes. De cuando le daba fruta porque le decía que tenía que cuidarse porque ese niño de la panza era para él. De cuando le llevó de regalo una “capuchita negra” para el niño. Llegó a la audiencia a pedido del Tribunal Oral Federal 6 para hablar del secuestro, embarazo y parto de Rosa Taranto, la madre de María Belén. Dijo que se lo adelantaron, le hicieron una cesárea, ella parió tabicada y “que no vio ni lo que tuvo”.

“Rosa estaba como todos, pero nosotras, las embarazadas estábamos muy preocupadas por cuánto tiempo íbamos a poder estar con nuestros hijos. A ella –dijo Susana– le dicen que la van a dejar 15 días amamantar al bebé y después se lo iban a dar a su familia. Le dijeron que después ella y su compañero iban a ser puestos en una cárcel. O sea: se hizo toda la ilusión y tenía planes. Me contó de sus dos hijos, que tenía una nena y un varón y todo lo que pensaba hacer. Todos teníamos esperanza y expectativa porque era el primer parto que teníamos. Un día la llevan a parir. La tabican y se la llevan. Fue a finales de agosto más o menos. Cuando vuelve, la vemos pasar por el frente de la cucha con la cabeza gacha. No dice nada. Al rato empieza a decirnos que la habían llevado a parir por cesárea y tabicada, que no vio ni lo que tuvo.” Les dijo que “pudo ver que había unas monjas que la cuidaban”. Que estuvo con la venda en los ojos. “Fue un bajón muy grande para todas –dijo Susana–. Para Rosa ni hablemos, pero para mí... que era la próxima... yo después de eso estuve sin querer comer nada, muy tirada, hasta que me liberan, el 16 de septiembre del ’77.”

Sobrevivientes recorrieron la ESMA y confirmaron nacimientos de bebés

Sobrevivientes del centro clandestino de detención recordaron los lugares exactos donde embarazadas secuestradas dieron a luz a bebés que fueron apropiados por represores, en una recorrida hecha por el Tribunal Oral Federal 6 que juzga el plan sistemático de apropiación de menores en la dictadura.

Una de las sobrevivientes que acompañó al tribunal en su recorrida, Lila Pastoriza, recordó lo ocurrido en una enfermería improvisada en el sótano del Casino de Oficiales, el último edificio ubicado de cara a la avenida Libertador, a metros de la avenida General Paz.

"Había una embarazada que acababa de tener su hijo en el sótano; yo había ido al baño con un guardia y creo que me dijo que había nacido un bebé y me llevó a la enfermería a verlo", detalló.

"Era una chica que se llamaba Ana, ella se abrió la blusa y me dijo `mirá lo que me hicieron estos h d p` y tenía los pechos destrozados por la tortura", recordó ante el Tribunal parada en lo que hoy es un sótano vacío pero en el lugar donde ubicó a la esa enfermería.

"Le pregunté al jefe del grupo que me había secuestrado cómo podía ser que naciera un bebé en esas condiciones y él me dijo con tono explicativo que había subversivas embarazadas y la decisión era que los hijos fueran criados por familias que inculcaran valores que correspondían y no los de la subversión", contó a la presidenta del Tribunal María del Carmen Roqueta.

Los jueces visitaron primero el sótano del Casino, el primer lugar donde se llevaba a los secuestrados, coincidieron en relatar Miriam Lewin, Pastoriza, María Pirles y Carlos Muñoz.

La inspección se realizó al Casino de Oficiales de la ESMA, en avenida del Libertador al 8200 de esta Ciudad, donde funcionó el principal centro clandestino de detención a cargo de la Marina y donde se instaló lo que se llamó la "maternidad Sardá por izquierda", donde daban a luz secuestradas que dependían de ese lugar y otras que eran trasladadas especialmente.

"Nos sacaban de los autos encapuchados y nos metían ahí, nos hacían entrar a distintos cubículos y por ahí se producían los traslados, los camiones esperaban en el playón a la gente que salía adormecida", detalló Lewin.

Apiñados, los concurrentes a la diligencia judicial subieron la estrecha escalera que conducía al "Altillo", donde primero estaban los pequeños cuartos que alojaron embarazadas, principal objeto de preguntas del Tribunal que juzga entre otros a los ex dictadores Reynaldo Bignone y Jorge Rafael Videla.

Muñoz recordó que en ese sótano torturaron al sobreviviente Víctor Basterra mientras el represor Héctor Febres tenía en brazos a su beba de meses y preguntaba a otra secuestrada que había que comprarle. "Bety le respondió: mamadera y pañales".

Todos los testigos aludieron a las constantes modificaciones hechas al centro de detención cuando había visitas internacionales o del periodismo extranjero, como ocurrió en el sector llamado "Capuchita", la parte más estrecha del altillo, desmantelado en enero de 1978 por la visita de un corresponsal extranjero.

Tras recorrer el sótano, defensas, querellas y jueces subieron tres pisos por las mismas escaleras que usaban los secuestrados y sus guardias para ir y venir de los lugares de alojamiento "Capucha" y "Capuchita" -en el altillo del Casino- a las salas de tortura.

"Pasábamos nosotros y los que estaban en los otros pisos, profesores de la escuela, visitantes del interior que se alojaban allí y otros marinos que tenían otras funciones, nos veían pasar, engrillados, encapuchados. Esa gente también sabía", recordaron los sobrevivientes.

Antes de subir a "Capucha" y "Capuchita", los jueces entraron a dos estrechas piezas donde en distintas épocas estaban las embarazadas.

En un relato reconstruido por los cuatro sobrevivientes, recordaron nombres como Graciela Tauro de Rochestein, Susana Siberg, una secuestrada que transitó casi todo su embarazo en "capuchita", sobre un colchón porque no había lugar en la sala de embarazadas.

"En estos pasillos la vi a Alicia Alfonsín de Cabandié con Juan Cabandié en los brazos, no sabía dónde la tenían", recordó Lewin.

En todos los casos se mencionó al médico militar José Luis Magnaco como el encargado de los partos e incluso como quien llevó al hospital Naval a una secuestrada que rompió bolsa a los siete meses en diciembre de 1978.

Tanto esta víctima como otra transitaron su embarazo en un pequeño cuarto cerrado en el sector conocido como "pañol grande" donde los represores almacenaban lo robado en allanamientos ilegales luego de cometer los secuestros.

Allí estuvo Patricia Roisinblit, "que llegó embarazada a término y estuvo en esa salita chiquita, sobre una cama, con dos sachets de leche por día y sin poder salir a caminar", recordó Pastoriza.

En ese cuartito hubo dos embarazadas, con un mes de diferencia, según reconstruyeron los sobrevivientes en la recorrida que tuvo el valor legal de una audiencia y que fue grabada y filmada.

El último tramo de la inspección ocular se realizó en el sector llamado "Capuchita", donde estuvo secuestrada Pastoriza, un área donde llegó a ver 20 secuestrados en colchones, sin luz ni aire con extremo frío en invierno y calor en verano, recordó.

"Venía Astiz, que era oficial de guardia y hacía bien su trabajo", ironizó sobre el sector donde estuvieron secuestradas víctimas de la iglesia de la Santa Cruz como Azucena Villaflor y la monja francesa Leonie Duquet, ambas víctimas de los vuelos de la muerte.