martes, 10 de mayo de 2011

Elsa Pavón cuenta como encontró a nieta Paula Logares en 1985

“Ver a la nena fue un shock”

La abuela de la primera nieta recuperada en democracia detalló la historia de la búsqueda que empezó en 1978, cuando desaparecieron su hija y su yerno en Uruguay. La intervención del vicario castrense Emilio Graselli para que se olvidara del tema.

 Por Alejandra Dandan

La fiscalía le hizo sólo una pregunta. A partir de ese momento, Elsa Pavón no paró de hablar durante tres horas seguidas, mientras en la sala sólo se escuchaba el ruido de los llantos que iban acompañando esa reconstrucción demencial de la búsqueda de su nieta. A Paula Logares se la habían llevado con sus padres cuando tenía 22 meses, le cambiaron todo, pero no le pudieron cambiar el nombre. “Paula, Paula, Paula”, decía todo el tiempo cuando llegó a la casa de los apropiadores y su abuela, años más tarde, cuando ya la había localizado pero no podía ni siquiera acercarse, cuando la miraba aparecer y desaparecer en la puerta de una casa, corrió un día desesperada a hablar con los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo: “¿Cómo puede ser posible que ella con menos de dos años haya podido defender su nombre –les dijo– y todos nosotros, adultos, con todos los que somos, no podemos ni siquiera defenderla a ella?”.

La hija de Elsa era Mónica Grinspon, se casó con Claudio Logares, los dos estudiantes de Agronomía y militantes de Montoneros. En 1977, después de un paso por Mar del Plata, se instalaron en Uruguay con Paula mientras escapaban de la dictadura argentina. Ahí hacían los papeles de residencia, y juntaban algún dinero para inscribirse en un programa de viviendas. “En el año ’78, las cartas que yo mandaba llegaban abiertas a manos de ellos; las que ellos mandaban a mi casa, no, así que evidentemente estaban siguiéndolos.” El 18 de mayo de 1978 era un día de fiesta en Uruguay. “La nena estaba pidiendo que quería ir al parque, decidieron llevarla. Para ir al parque Rodó tenían que tomar dos colectivos. Cuando bajan de uno para subirse a otro, los rodean tres coches, los encapuchan, a mi yerno lo suben a un auto y a mi hija y a mi nieta los ponen en otro.”
La búsqueda

Elsa viajó a Uruguay. Viajó con su consuegro Ernesto José Logares, viajó sola. Para el Mundial, creyeron que la detención podía ser transitoria. Los buscaron en cárceles, pasaron por el departamento de los hijos, donde no estaban los dólares que ellos guardaban para la casa. Tampoco estaba la valija con la ropa de Paula que Mónica tenía abajo de una cama. En Buenos Aires buscó sacerdotes y monjas que trabajaban con presos en Uruguay. Vio al vicario castrense Emilio Graselli, que llegó a decirle que se olvidara de su hija: “Usted vio cómo es esto, señora”, dijo Graselli. “Agarran un Hércules, se vienen entre gallos y medianoche; cuando lleguen acá yo le llevo a la nena, pero olvídense de los padres.” Perfecto, dijo ella. Y llamó una vez por semana: “Para Graselli, Paula era la uruguayita, siempre me decía: ‘No tengo noticias’, hasta que un buen día dejé de llamar”.

Hizo igual en Buenos Aires. Recorrió colegios, hospitales. Una vez llegó a La Plata, en un juzgado se encontró con las primeras Abuelas de Plaza de Mayo, entre las que estaban María Isabel Chorobick de Mariani y Licha de la Cuadra. La invitaron a sumarse a una audiencia, le dijeron que sola no iba a llegar a ningún lado.

Algunas abuelas se camuflaron de inquilinas para averiguar el lugar en donde vivía Paula. Su abuela, durante un año y medio, no estuvo en la casa, sino haciendo rondas en torno de la casa nueva, que estaba a unas cuadras de Chacarita. Viajaba todos los días desde Banfield: “Venía a Chacarita a hacer las compras cotidianas, justo frente a la casa había una verdulería; los abogados me pedían datos: datos físicos, partida de nacimiento, nombre y apellido, un montón de cosas, y nosotros sólo sabíamos que se llamaba Paula y la apropiadora era Raquel Teresa Mendiondo”.

Así la vio por primera vez: “Y ver a la nena la primera vez fue un shock”, dijo. “Porque era idéntica a mi hija a los siete años, pero con un guardapolvo preescolar cuando tenía que estar en primaria.” ¿Pero qué pasa?, se preguntó. ¿Entonces, no es ella? Una de sus cuñadas viajó para hacer el chequeo. Cuando pasó por al lado, la reconoció y pegó un grito tan fuerte que Paula se metió adentro de la casa.

Un dato a rescatar era el colegio. Elsa se aprendió los números de la patente del micro. Un día lo siguió, pero terminó atrás de otro. Después, le faltaba lo más difícil, dijo: confirmar el apellido. Le pidió a su marido que lo hiciera. Y encontraron una situación sencilla. Ese día, Paula subía y bajaba del micro.

“¡Te vas a caer! –le dijo él–. ¡Te digo que te vas a caer!”

Ella se cayó, se golpeó y él se sentó con ella en el asiento del micro: “Mirá –le dijo el marido–, si en ese momento me decía abelo, se me caían los pantalones”, porque así lo llamaba Paula a los dos años. El apellido, por fin, lo encontró una de sus hijas un día camino a la escuela. Ella se acercó a Paula, le preguntó el nombre y después el apellido. Paula se lo dijo. “En ningún momento me miró –dijo esa chica”–, todo el tiempo miró el suelo, pero contestó serenamente como si hubiese sabido lo que significaba eso para ella.” Cuando tuvieron el nombre, “yo hablé con mis abogadas, y les dije: ‘No soporto más no hablarle, no poder decir nada, así que ahora quisiera verla frente a un juez, ya no me pidan más, tienen todo lo que me pidieron, así que no me acerco más’”.
La recuperación

Para la recuperación faltó mucho y pasó mucho. El 13 de diciembre de 1984, las Abuelas hicieron la primera denuncia, pero para que el juez ordenara el allanamiento, Chicha Mariani tuvo que decirle que, si pasaba algo con la niña, la responsabilidad iba a ser suya.

Cuando tuvieron los papeles, se dieron cuenta de que la niña estaba inscripta con dos años menos. Que para probar que era quien ellas decían que era se necesitaban radiografías y placas odontológicas. Los jueces no las hicieron. Tuvieron que esperar la designación de un nuevo juez para avanzar, y cuando lo lograron se dieron cuenta de que el apropiador había conseguido que los peritos del Cuerpo Médico Forense replicaran su mapa genético. Paula tenía un “estrés de guerra”, algo que le había hecho retardar el crecimiento por el golpe traumático. Tenía problemas de relación con los niños de preescolar y su único vínculo era con una niña discapacitada de su edificio. En junio de 1984, se hizo las muestras de sangre en el Durán con las nuevas tecnologías de ADN. Fue la primera nieta recuperada con esa identificación. Pese al resultado, el juez de la primera instancia les aseguró que no se las iba a devolver hasta que no se resolviera la cuestión de fondo. El 12 de diciembre de ese año la restitución la hizo la Cámara de Casación. Elsa se sentó por primera vez al lado de Paula para decirle que era su abuela: “¡Vos no sos nada mío, yo no te conozco!”, le descargó Paula.

–Soy tu abuela, te estuve buscando todos estos años.

–Es mentira –le dijo Paula–: vos estás loca y lo que querés es romper nuestro hogar y jodernos la vida a nosotros.

–¿Sabés cómo se llamaba tu mamá? –le dijo después, y empezó a contarle la historia. Elsa dijo que Paula se puso a llorar, y se durmió durante hora y media. Que después no lloró más. Y que lloró felizmente a los quince días. Que una vez le pidió la ropa de ella, de cuando era chica. Que Elsa se la dio. Que Paula le dijo entonces que una vez se la pidió a su apropiadora. Que ella le había dicho que no la tenía, que se la había dado a los chicos pobres. Que se lo preguntó otra vez. Y le dijo “egoísta”. Y se lo preguntó otra vez más. Y ahí le dijo “egoísta”, y le pegó una cachetada.

Mientras salía del juzgado les hizo prometer a sus abuelos una cosa: que iban a comprarle el Billiken todos los lunes.

lunes, 9 de mayo de 2011

Otra vez el Cardenal Bergoglio citado para testimoniar por el robo de menores

Cita para Bergoglio en la Justicia

El Tribunal Oral hizo lugar al pedido de la querella y citó al cardenal primado de la Argentina para que declare lo que sabe sobre la apropiación de hijos de desaparecidos nacidos durante el cautiverio de sus madres. Bergoglio ya testimonió en la causa ESMA.

 Por Adrián Pérez

El cardenal Jorge Bergoglio se encuentra más cerca de rendir cuentas ante la Justicia por el Plan Sistemático de Apropiación de Menores que se instauró durante la dictadura militar –y que comenzó a juzgarse a fines de febrero en Comodoro Py– después de que el Tribunal Oral Federal 6 hiciera lugar al pedido formulado por el fiscal Martín Niklison y el abogado Alejo Ramos Padilla para que sea citado a declarar como testigo en relación al caso Barati-De la Cuadra. Así lo determinaron los jueces durante la audiencia de ayer, en el marco de la causa contra Jorge Rafael Videla y Reynaldo Benito Bignone por el robo de bebés. El tribunal dispuso que se le envíe un oficio al cardenal para que exprese si desea declarar. Por un recurso del Código Procesal Penal, Bergoglio podría hacer uso del artículo 250 que establece un “tratamiento especial” para “altos dignatarios de la Iglesia”. Según la importancia que el juez atribuya a su testimonio y el lugar en que se encuentren, esa prerrogativa determina que los funcionarios podrán declarar “en su residencia oficial, donde el juez se trasladará, o por un informe escrito”. No obstante, el artículo 250 también señala que los testigos pueden renunciar a ese tratamiento especial.

“Es un privilegio en función del credo que no puede ser aceptado”, dijo el abogado Alan Iud, quien patrocina en el juicio a Abuelas de Plaza de Mayo. De ese modo, los querellantes se opusieron a que el cardenal hiciera uso de tal prerrogativa y solicitaron que Bergoglio acudiera a la audiencia para “garantizar la publicidad de su declaración”, así como también para responder a las preguntas de las partes. Iud remarcó, además, que se trata de “un privilegio” que “no puede considerarse válido” ante “una Constitución que reconoce que el Estado es laico”.

El pedido para que Bergoglio se presente a declarar se vincula con el testimonio de Estela de la Cuadra, quien presentó una serie de cartas que su padre le había enviado al ahora cardenal –por entonces jefe de los jesuitas– para que intercediera en la búsqueda de su hija desaparecida y de su nieta, nacida en cautiverio durante la dictadura. Tal como informó Página/12, el lunes de la semana pasada De la Cuadra le preguntó al Tribunal: “¿Cómo es que Bergoglio dice que hace sólo diez años sabe del robo de bebés?” “¿Por qué no lo citan? ¿No amerita que diga qué pasó con Ana de la Cuadra?”, insistió la hija de Alicia “Licha” De la Cuadra, primera presidenta de Abuelas.

Además de sobrevivientes que estuvieron detenidos en el Pozo de Banfield, ayer se escuchó el testimonio de Carlos D’Elía Pallares, nieto que recuperó su identidad en 1995, a los 17 años. Carlos es hijo de Yolanda Ghelfi y Julio D’Elía Pallares. En Uruguay, su padre militaba en el Grupo de Acción (GAU), estudiaba Economía y era presidente del centro de estudiantes. La dictadura lo detuvo por su participación, pero fue liberado. Eso precipitó el exilio de la joven pareja, que viajó en la Semana Santa de 1974 a Buenos Aires, con la intención de regresar cuando las cosas se calmaran.

En la madrugada del 22 de diciembre de 1977, ambos fueron secuestrados en San Fernando –en un departamento ubicado en la calle 9 de Julio que habían comenzado a pagar con un crédito– por una patota de la Brigada 3 de la policía de la provincia de Buenos Aires que había coordinado el operativo con militares uruguayos. Yolanda estaba embarazada de ocho meses. Según testigos, fueron torturados en la comisaría que se encontraba a metros de la casa y luego trasladados al Centro de Operaciones Tácticas I (COTI) de Martínez, que funcionaba al mando de Ramón Camps, por entonces jefe de la Policía Bonaerense, donde “llevaban a todos los uruguayos en aquel momento”.

Una vez en Martínez, cinco detenidos uruguayos, entre los que se encontraba D’Elía Pallares, fueron devueltos a ese país por militares también uruguayos. “Es un hecho que ese traslado existió –aseguró Carlos–. Por la posición que ocupaba en el GAU, es casi seguro que lo llevaron a Uruguay. El testimonio de Luis Taub confirma haber visto a mi papá, en el COTI Martínez, a fines del ’77.” Taub también se presentó ayer ante los jueces del TOF 6. En su declaración, aseguró que estuvo por segunda vez en el Pozo de Banfield entre el 27 de diciembre de 1977 y el 1° de febrero de 1978, cuando lo enviaron a la cárcel de Devoto. Pasó la Navidad en el COTI Martínez. “Los uruguayos fueron torturados y luego trasladados al Pozo de Banfield. Ahí vi al cura (Christian) Von Wernich”, recordó.

También dijo que en el Pozo de Banfield había dos mujeres embarazadas. “Estaba en un grupo donde una chica tuvo un bebé a fines del ’77 o principios del ’78.” Lo recuerda porque, después del parto, lo enviaron a limpiar su celda varias veces. En el silencio del encierro, escuchó el llanto de un bebé. “Por lo que supe, se lo quitaron enseguida”, señaló. Durante la audiencia aseguró que la custodia del Pozo de Banfield estaba a cargo de la policía provincial. “Aunque no lo vi, sé que estuvo (Ramón) Camps.” Taub cree que el jefe de la policía pasó por el centro clandestino en dos oportunidades y que Jorge Bergés atendía los partos.

Diego Barreda regresaba de trabajar como albañil en Ensenada cuando el 14 de julio de 1978 lo secuestraron cerca de su casa. Había trabajado en el Astillero Río Santiago, pero lo despidieron durante la dictadura. En el Pozo de Banfield se le caía la piel por efecto de la picana. El apoyo de sus compañeros lo tranquilizaba, especialmente el de María. “Ella estaba embarazada y tenía el ‘privilegio’ de juntar un tarro donde hacíamos nuestras necesidades –afirmó el hombre de pelo largo y canas–. Nos higienizábamos con un trapito que ella colgaba para que se secara, en cien días nos bañamos una sola vez.”

Cuando llegó al Pozo de Banfield, al hombre de profundos ojos verdes le quitaron el mameluco y los zapatos de trabajo. Con una cobija con la que se cubría, María le cosió un chaleco para que se abrigara. En 1979, ese chaleco pasó a manos de las Madres de Plaza de Mayo. Al igual que Taub, Barreda también escuchó llantos durante su detención. “En un determinado momento tuvimos la certeza de que había nacido”, dijo. Por sus cálculos, el nacimiento se produjo entre el 10 y el 20 de septiembre de 1978. La mujer que ayer recordó Barreda es María Asunción Artigas Milo, compañera de Alfredo Moyano y madre de Victoria Moyano Artigas.

Sin saber que su padre se había volcado por esa carrera, Carlos D’Elía Pallares se recibió de economista. “Mi segundo nombre es Rodolfo y a mí nunca me gustó ese nombre”, sostuvo. Con el tiempo supo que sus padres (el marino Carlos De Luccia y Marta Leiro, su mujer) eligieron ese nombre por Rodolfo Aníbal Campos, subjefe de la policía de Camps. Carlos consideró que Campos hizo la gestión para que ellos pudieran tener ese hijo que deseaban. La pareja viajó hacia el sur del conurbano bonaerense una mañana de 1978. En una esquina una persona se acercó a su auto y dejó en los brazos de Leira un bebé envuelto en papel de diario, con manchas de sangre. “¡Martita! ¿qué hacés acá?”, le preguntó el emisario. Ese hombre era Jorge Bergés, quien había firmado la partida de nacimiento y atendió a Yolanda en el Pozo de Banfield.

domingo, 8 de mayo de 2011

Recién ahora se investigarán las adopciones de todos los bebés abandonados durante la dictadura


La  Justicia investigará las adopciones de todos los bebés abandonados en la ciudad y la provincia durante la dictadura. En busca de la complicidad judicial en el robo de niños

El juicio por la apropiación de menores ya provocó otros efectos: el juez Norberto Oyarbide analiza los expedientes penales y tutelares de chicos supuestamente abandonados entre 1976 y 1983. Y la Corte bonaerense releva guardas y trámites de adopción en ese período.
 Por Irina Hauser

La Justicia comenzó a meterse en un terreno hasta ahora poco explorado, más bien eludido, en las investigaciones sobre apropiación de hijos de desaparecidos: el de las adopciones con las que se intentó dar aspecto de legalidad a la entrega de niños nacidos en cautiverio o arrancados a sus padres secuestrados durante el terrorismo de Estado. Es una pista que inevitablemente lleva también a indagar en la responsabilidad de los jueces que intervinieron en cada caso y que pone al descubierto cómo actuaron algunos de ellos que aún están en funciones. El juez federal Norberto Oyarbide analiza ocho cajas de expedientes penales y tutelares sobre chicos supuestamente abandonados entre 1976 y 1983 que tramitaron en los tres juzgados de menores porteños. La Corte Suprema bonaerense está haciendo un relevamiento de guardas y trámites de adopción durante la dictadura, y ya informó a Abuelas de Plaza de Mayo sobre la existencia de 15 mil expedientes que servirán para cotejar información. La jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado analiza legajos de 15 adopciones que tramitó la misma jueza que intervino en las de Marcela y Felipe Noble Herrera.

“Tenemos la expectativa de poder detectar el blanqueo de apropiaciones mediante mecanismos de adopción. La posibilidad de encontrar un nieto en esa búsqueda existe y es alta. De los 104 casos resueltos, el 30 por ciento fueron chicos robados por procedimientos de guarda y adopción”, señaló Alan Iud, abogado de Abuelas, a Página/12. A la vez advirtió que hasta ahora pocos jueces se han decidido a avanzar contra sus pares envueltos en esos trámites irregulares. “Sólo en Santa Fe se llegó a procesar al juez Luis Vera Candiotti por supresión de identidad”, agregó.
Adopciones express

Simón Riquelo recuperó su identidad en 2002, cuando se comprobó que era hijo de Sara Méndez, uruguaya, secuestrada el 13 de julio de 1976 en su casa de Belgrano, en Buenos Aires, por un operativo conjunto del Plan Cóndor. A ella la trasladaron al centro clandestino de detención Automotores Orletti. A Simón, que tenía sólo veinte días, se lo llevaron. “No se preocupe, señora –le dijeron los hombres de civil, después de molerla a golpes–, al niño no le va a pasar nada, porque no es una guerra contra los niños.” Sara buscó a su hijo incansablemente, y lo encontró 26 años después. Se lo habían dado en adopción a Osvaldo Parodi, un subcomisario que habría estado vinculado con su propio secuestro, igual que el ex agente de la SIDE Eduardo Ruffo. El policía obtuvo en menos de un mes la guarda definitiva del chiquito. ¿Quién se la dio? El entonces juez de menores Gustavo Mitchell, actual integrante de la Cámara de Casación Penal.

El año pasado, un grupo de querellantes en la causa sobre el plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos, encabezadas por María Isabel Chorobik de Mariani, fundadora de Abuelas, decidió denunciar penalmente a Mitchell junto con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y la Fundación Anahí. En el pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura también se presentó Hebe de Bonafini. Analizaron qué había hecho el juez al recibir la denuncia del abandono de Riquelo, hallado en teoría en la puerta del Sanatorio Norte –cerca de la casa de Sara– y cómo lo entregó a Parodi. No se hizo “la más mínima medida de investigación tendiente a localizar a los padres o la familia del menor secuestrado, y todo ello frente a la infinidad de hábeas corpus que en aquella época se presentaban”, decía la denuncia, que le tocó al juez Oyarbide, y que también pedía que se incautaran los expedientes penales y tutelares vinculados con supuestos abandonos de niños durante la última dictadura.

Oyarbide optó por empezar de la manera más amigable y mandó un oficio en el que pide en buenos términos la documentación a sus colegas de los juzgados de menores. Con este método recopiló unos cuarenta, que están en pleno análisis. El abogado Alejo Ramos Padilla, que representa a Chicha Mariani, querellante, le dijo a Página/12 que en un conjunto de expedientes de abandono de niños tramitados por Mitchell pudo observar el mismo mecanismo: “Llegaba la denuncia de abandono de los bebés, en ascensores, alguna iglesia, en un hall, donde fuera. En cuestión de horas o unos días el juez disponía hasta la guarda definitiva. La guarda provisoria a veces la daba en veinticuatro horas. Tenemos visto un expediente donde dos agentes de Coordinación Federal (centro clandestino de la Policía Federal) llevan un chiquito de dos días de vida al Hospital Elizalde. Pero el juzgado no realiza ninguna medida para ver de dónde salió ese chico o qué pasó con sus padres. Ni en éste ni en ningún trámite de los que pudimos ver”, advirtió Ramos Padilla. En el caso de Riquelo, agregó, en la primera foja hay una declaración de un policía de la comisaría 33ª, Vicente Caccaviello, que figura como quien encuentra al bebé. Sin embargo, cuando declaró en la causa contra Ruffo, dijo que ignoraba los hechos y que, si lo hubiera hallado él, obviamente “lo recordaría”.
Estela

Hace dos semanas, durante el juicio sobre apropiación de menores, la titular de Abuelas, Estela Carlotto, contó ante el Tribunal Oral Federal 6 (TOF6) una anécdota escalofriante. Cuando buscaba a su nieto en 1978 –relató– acudió a la Casa Cuna porque sabía que había allí una beba cuyos datos y fecha de nacimiento podían coincidir con los del bebé que había dado a luz su hija Laura durante su cautiverio, después del cual fue asesinada. La beba, le dijeron, sólo había estado dos días ahí, pero Estela pudo ver los papeles que decían que el juez era Mitchell. Intentó que la atendiera, pero él le mandó un mensaje a través de un emisario: “El doctor dice que se cuide; por lo que usted hace podría aparecer en una zanja”. Años más tarde, Carlotto supo a través de ex detenidas que su nieto era varón. Todavía lo busca. Su reciente testimonio dio lugar a que el TOF6 derivara denuncias al juzgado de Oyarbide y al Consejo.

El abogado Ramos Padilla había hecho una presentación que incluía ese mismo relato de la presidenta de Abuelas publicado en el libro Botín de guerra, donde además decía que en la Casa Cuna a la nena la llamaban María Julieta. Ramos Padilla sostiene que es Julieta Treviño, a quien Mitchell dio en guarda para su adopción a unos parientes suyos, también “en forma expeditiva”. Además, el abogado había cuestionado a su vez a dos funcionarios judiciales que fueron secretarios de Mitchell durante la dictadura. Uno de ellos, José Allevato, lo sucedió más tarde al frente del juzgado. Con el menemismo fue director de Asuntos Jurídicos de la SIDE. El otro, José Martínez Sobrino, integra el TOF6 que lleva adelante el juicio por robo de hijos de desaparecidos, pero por esta denuncia quedó afuera del caso.
Jueces y jueces

Desde que Carlotto volvió a poner el tema en el tapete, la causa de Oyarbide recuperó envión. Por lo pronto ella está citada para dar testimonio este miércoles, dijeron allegados a la causa. Abuelas se presentó como querellante. Pero además, el juzgado resolvió mandar oficios para chequear la nómina de todos los jueces y secretarios que estuvieron al frente de los juzgados de menores durante el terrorismo de Estado. Mitchell, por su parte, hizo una presentación en la que dice que entre 1976 y 1983 habrá tramitado unas cuatro denuncias de bebés que eran denunciados como “NN”, abandonados, al año.

También se presentó, de manera espontánea y con un escrito, la actual jueza federal María Servini de Cubría, que fue jueza de menores todo el período investigado. “Quiero aventar toda sospecha sobre mi actuación como magistrado en las causas en las que se involucraba a menores abandonados, tanto durante la dictadura militar, como en los gobiernos civiles constitucionales que lo precedieron y sucedieron en mi gestión de juez”, dice. “Arbitré todos los medios entonces a mi alcance para dar con los familiares de los niños encontrados y cuando pude dar con los mismos, dispuse su inmediata entrega”, agrega. Servini cuenta dos casos de bebés que aparecieron con cartelitos, uno que decía que era hijo de un miembro de Montoneros, y otro que decía su nombre, Emiliano Hueravilo. En ambos casos encontró a los abuelos con solicitadas en los diarios. Más allá de su autodefensa, Servini le avisa a Oyarbide que debería encontrar en la caja fuerte de su ex juzgado algunos expedientes que podrían dar pistas fuertes sobre apropiaciones de hijos de desaparecidos. “Ordené resguardar las actuaciones de mayor relevancia en el ámbito más seguro y reservado”, informa, con lo que deja en evidencia que los jueces sabían perfectamente de dónde podían venir esos chicos que aparecían como por arte de magia y terminaban en hospitales pediátricos.

El expediente a cargo de Oyarbide todavía está en sus inicios. “Es una investigación necesaria”, remarcó el abogado Iud. Del mismo modo, contó que el año pasado le pidieron a la Corte bonaerense un relevamiento de expedientes de adopción en la provincia de Buenos Aires, con la intención de tener datos sistematizados y accesibles sobre posibles jóvenes apropiados para cotejar con su propia información. En una acordada, ese tribunal resolvió revisar archivos y libros de mesa de entradas y, luego, al menos 15 mil expedientes. En Capital, Ramos Padilla dice que muchos expedientes tutelares fueron destruidos, quemados, ya en democracia con la excusa de falta de espacio. Sin embargo, agrega Iud, había una acordada de la Corte Suprema que ordenaba preservarlos.

La semana pasada, la jueza Arroyo Salgado, en el contexto de la causa sobre el origen de Marcela y Felipe Noble Herrera, dispuso relevar 15 expedientes de menores anotados como “NN” que tramitaron en el juzgado de Ofelia Hejt (fallecida), la misma jueza que los entregó como hijos adoptivos a la dueña de Clarín. Ramos Padilla sostiene que el expediente que instruye Oyarbide es “la demostración, a partir de Mitchell, de la complicidad judicial, que aún existe, con el sistema perverso establecido para consolidar la apropiación de niños, mediante el robo de su historia, su origen, su identidad y la entrega a los apropiadores a través de un marco de supuesta legalidad judicial”.

El caso de la jueza Pons


El abogado Alan Iud cuenta que desde Abuelas de Plaza de Mayo están haciendo una investigación específica sobre el juzgado de Lomas de Zamora que estuvo a cargo de la fallecida jueza Delia Pons, ya que tienen pistas de que pudo haber dado la guarda de hijos de desaparecidos. Cuando las Abuelas visitaban los juzgados en busca de sus nietos secuestrados, la jueza Pons les decía, según cuenta el libro Botín de Guerra: “Señoras, yo personalmente estoy segura de que sus hijos eran terroristas. Para mí, terrorista es sinónimo de asesino. Y a los asesinos no pienso devolverles los hijos. Porque no sería justo hacerlo. Porque no sabrían criarlos y porque no tienen derecho, tampoco, a criarlos. Sin ir más lejos, tengo en este momento en mis manos el caso de los chicos de Julio Ramírez. Ramírez es un criminal, un terrorista confeso (...) Ha solicitado la tenencia de esos pobres niños. Yo jamás se la concederé. Y tampoco me voy a pronunciar por la devolución de ninguno de sus pretendidamente nietos...”

Hasta ahora, dice Iud, el único juez procesado por suprimir la identidad de una hija de desaparecidos, María Sol Guallane, fue el santafesino Luis Vera Candiotti.

El plan sistemático en la apropiación de menores: elemento fundamental en el delito de genocidio

Juicio por la apropiación de bebés en la dictadura
El plan sistemático

El Tribunal Federal Nº 6 intenta desentrañar el sistema por el cual los hijos nacidos en cautiverio eran entregados a personeros de la represión. El papel de los jueces.

A fines de febrero comenzó en los Tribunales de Retiro el juicio oral por el plan sistemático de robo de niños. El Tribunal Federal Oral Nº 6 investiga en particular 35 expedientes, datos de niños y niñas apropiados durante la última dictadura militar. Los casos son sólo algunos de los más de 400 denunciados por las Abuelas de Plaza de Mayo. Algunas de las víctimas recuperaron su identidad o, como dijo Victoria Montenegro –una de ellas–, “aparecieron”. Otras, en cambio, permanecen de-saparecidas, entre ellas sugestivamente los nietos de las tres primeras presidentas de las Abuelas de Plaza de Mayo: Alicia “Licha” de la Cuadra, María Isabel “Chicha” Chorobick de Mariani y Estela Carlotto. En el juicio, las querellas intentan probar no sólo los datos de cada caso sino la trama que construyó la sistematicidad. El papel de los jueces y la función de todo el sistema judicial en el blanqueo o legalización de esos robos son uno de los aspectos que se abordan. Aún aparecen en la etapa del caso por caso, pero ya empiezan a hablar de la sistematicidad.

El juicio tiene audiencias dos o tres veces por semana, en forma alternada. Los acusados son la línea de los altos jefes responsables políticos de la represión, entre ellos Jorge Rafael Videla, Omar Riveros y Jorge “El Tigre” Acosta, ex jefe de Inteligencia de la ESMA. Los responsables directos o apropiadores directos de los niños se están juzgando sólo en algunos casos. La mayoría ya tuvo su juicio oral y fue condenado o, en otros casos, todavía las causas están en la etapa de investigación y no entraron en el tramo final del juicio oral.

Los casos que se están juzgando son representativos en varios aspectos. Las apropiaciones corresponden a niños nacidos en centros de exterminio de Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata. La mayoría nació en los tres centros de exterminio con maternidades clandestinas: ESMA, Campo de Mayo y el Pozo de Banfield. Pese a eso, hay casos de nacimientos también en otros lugares como La Cacha o la comisaría 5ª de La Plata. Durante las primeras semanas y hasta ahora, las audiencias se estructuraron alrededor de un caso y de un centro. Hasta ahora se revisaron especialmente los casos del Pozo de Banfield y los centros de detención, torturas y exterminio de La Plata.

De la mano de algunos de esos testigos empezaron a aparecer datos o nombres que exceden los casos en investigación. Hubo testigos que mencionaron por ejemplo nombres de embarazadas con las que se toparon en los centros clandestinos que no forman parte de este tramo de la causa. Y aun así, los jueces y las querellas se detienen en ellos para hacer nuevas preguntas, y apuntar. Esa escucha no parece estar destinada sólo a probar la sistematicidad sino a conseguir lo que alguna de las querellas –como Abuelas de Plaza de Mayo– esperan del juicio, que es ampliar todo lo posible la información a partir de los testigos.

Entre esos nuevos datos aparecieron los nombres y roles de quienes compusieron la pata civil de la represión, entre ellos jueces o fiscales. Uno de los testimonios más rotundos lo dio Estela Carlotto cuando fue convocada a hablar por la desaparición de su hija Laura y el nacimiento en cautiverio de su nieta. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo denunció en esa audiencia al entonces juez de menores Gustavo Mitchell y hoy juez de Casación, por una amenaza. El dato de Mitchell no era nuevo. Su nombre integra la historia de la apropiación de Simón Riquelo, el hijo de Sara Méndez, otro de los casos de este juicio. Mitchell firmó los papeles de adopción por los que Simón terminó anotado como hijo de un comisario. Y si bien es uno de los casos de este juicio, aún no se trató.

Otro de los momentos en los que el juicio tocó las denuncias sobre el Poder Judicial fue el testimonio de Victoria Montenegro, apropiada por el coronel Herman Tetzlaff, a cargo del grupo de tareas que entró a la casa familiar y autor del asesinato de su padre. Victoria denunció en la audiencia al actual fiscal de Casación, Juan Martín Romero Victorica, porque protegió a su apropiador durante las primeras investigaciones judiciales, le nombró a un grupo de abogados que pudieron sacarlo de la cárcel y le daba información adelantada sobre los avances de la causa. La denuncia se escuchó durante el juicio, pero terminó potenciada porque el fiscal del juicio, Martín Niklison, le pidió al Tribunal impulsar una denuncia para investigar a Romero Victorica. Las querellas de Abuelas de Plaza de Mayo y de Chicha Mariani apoyaron el pedido y, un día más tarde, el planteo ganó espacio judicial cuando el TOF 6 lo dio por aprobado..

viernes, 6 de mayo de 2011

Piden nuevamente que el Cardenal Bergoglio declare en los juicios por robos de bebés en la dictadura

La fiscalía y las Abuelas de Plaza de Mayo exigieron que el prelado declare lo que sabe de la desaparición de los hijos de militantes.

La fiscalía y las Abuelas de Plaza de Mayo reclamaron hoy ante el tribunal que juzga la existencia de un plan sistemático por el robo de bebés nacidos en cautiverio que sea citado a declarar el cardenal primado de la Argentina Jorge Bergoglio, quien volvió a ser mencionado en un juicio por crímenes de lesa humanidad.

El jefe de la Iglesia católica argentina fue mencionado en  relación con el caso del nacimiento y apropiación de la nieta de una de las fundadoras de las Abuelas de Plaza de Mayo, Alicia "Licha" de la Cuadra.
A viva voz la hija de "Licha", quien falleció en 2008 a los 93 años, le reclamó al Tribunal Oral Federal 6, que juzga entre otros a los ex dictadores Jorge Videla y Reynaldo Bignone por la apropiación de las criaturas hijas de desaparecidos, que lo cite a declarar a Bergoglio como testigo.

"Es la tercera vez que lo pido ante un tribunal: lo vamos a citar para que declare o no lo vamos a citar para que declare", exigió Estela de la Cuadra, hermana de Elena de la Cuadra, actualmente desaparecida, madre de "Ana", la criatura que nació en cautiverio el 16 de junio de 1977 en la comisaría 5ta de La Plata.

Ante la pregunta de la testigo, la presidenta del tribunal,  María del Carmen Roqueta, le respondió que "en estos momentos no podemos resolver nada", pero al término de la audiencia las querellas, entre ellas de Abuelas, y el fiscal Martín Nickinson, pidieron que Bergoglio sea citado a declarar en la causa. La criatura también es hija de Carlos Baratti, un obrero de YPF, cuyo cuerpo apareció en un balneario de la costa atlántica, luego de haber sido arrojado al mar en los llamados "vuelos de la muerte".

La mujer recordó que en la causa por lo crímenes cometidos en la ESMA, el Tribunal Oral 5 que juzga entre otros a Alfredo Astiz, se constituyó en el Episcopado para tomar declaración testimonial a Bergoglio, diligencia durante la cual habría asegurado que se había enterado "hace más o menos diez años que había desaparecidos".

"Eso es absolutamente inmoral", enfatizó la testigo quien a la vez es querellante en la causa, y que aportó abundante documentación respecto del derrotero que siguieron las Abuelas de Plaza de Mayo desde 1977, reclamando por la aparición de los nietos desaparecidos desde 1976.

Entre esos reclamos mencionó además los pedidos individuales que efectuaron sus padres antes de fundarse la entidad, y entre ellos mencionó las entrevistas con Bergoglio cuando éste era Provincial de la Companía de Jesús de la órden de los Jesuitas.

martes, 3 de mayo de 2011

Victoria Moyano Artigas, quien recuperó su identidad en 1987. ayer contó su historia

“Nos daban como mascotas, te elegían”

En la causa por el plan sistemático de robo de bebés, Victoria recordó que nació en el Pozo de Banfield; su madre está desaparecida. Fue entregada al hermano de un comisario. Su maestra de primer grado denunció el caso a las Abuelas de Plaza de Mayo.
     
 Por Alejandra Dandan

Habían pasado exactamente diez años, como si los números dijeran algo. El 30 de diciembre de 1977 secuestraron a su madre con un embarazo de cuatro meses. El 30 de diciembre de 1987, Victoria Moyano Artigas entró al juzgado de Juan Ramos Padilla porque iba a conocer su identidad. “Lloraba el juez, lloraba el secretario, la asistente social, llorábamos todos; era una situación difícil, pero finalmente me dijo que yo tenía a una parte de mi familia en Uruguay y que era descendiente de Artigas, como para consolarme; me empezó a explicar que era hija de desaparecidos, que era una situación difícil que yo entendí recién a los días.”

Un día más tarde, el 31 de diciembre, Victoria conoció a las abuelas biológicas en ese mismo juzgado de Morón. “Eran las tres de la tarde, en el patio del juzgado habían puesto una mesa con sanguchitos, era algo festivo, yo sabía que iba a conocerlas, así es que con todas las tristezas y contradicciones preparé galletitas de limón y conocí a Blanca, a Enriqueta, a Susana, Chicha y Estela, de Abuelas de Plaza de Mayo.” Las abuelas le mostraron fotos de sus padres. Y el juez le dijo que a partir de ese momento iba a vivir con ellas. “Yo dije que no quería, pero Juan me dijo: o vas o vas. Y bueno, conocí a otra parte de mi familia y así empezó la vida con la familia biológica.”

Victoria Moyano Artigas contó su historia en el juicio por el plan sistemático de robo de bebés. Se sujetó cuanto pudo a la historia política de sus padres: María Asunción Artigas Milo y Alfredo Moyano. Antes de que las defensas preguntaran nada, ella los situó en el espacio político de la resistencia obrero-estudiantil, ubicó a su madre como habitante del barrio La Teja de Montevideo, “el barrio obrero por excelencia”, explicó. Durante ese fragmento del relato, se topó con una bravuconada de Luis Velazco, único defensor particular de los represores, abogado de Ruben Oscar Franco, ex juez de instrucción. Golpeando los dedos contra la mesa, gritó en medio de la sala: “¡Terminemos con la arenga revolucionaria!”. Luego del freno de las querellas, especialmente de Alejo Ramos Padilla y unas palabras de la presidenta del Tribunal, María del Carmen Roqueta, Victoria respondió diciéndole simplemente lo que pensaba: “Esperé 32 años para hablar y tengo todo el derecho a hacerlo, yo no estoy en el banco de acusados y son ellos los que tienen que dar explicaciones”.
La historia

Hasta diciembre de 1987, Victoria era María Victoria Penna, supuesta hija de María Elena Mauriño, una ama de casa, y Víctor Penna, empleado textil y hermano de Oscar Penna, comisario de la Brigada de San Justo, la persona que alguna vez se acercó personalmente a los calabozos del Pozo de Banfield donde estaba secuestrada la madre de Victoria para preguntarle si necesitaba algo, para chequear ese embarazo del que estaba a la caza y, cuando ella pidió vitaminas, se aseguraron de comprárselas.

–¿Qué le dijeron sobre su origen? –preguntó el fiscal Martín Niklison.

–Desde que yo soy consciente me habían dicho que era hija adoptada, pero de lo que había pasado con mis padres hubo varias versiones. Cuando era chica, me dijeron que se habían muerto en un accidente y con el correr de los años que mi mamá se había muerto en el parto y mi papá me abandonó.
La salida

Victoria no lo sabía, pero su maestra de primer grado acercó la denuncia de su caso a Abuelas de Plaza de Mayo. Olga Fernández la conocía hacia tiempo, porque su hijo era compañero del hermano de crianza de Victoria. Cierta vez, el chico llegó a su casa diciendo que tenía una hermanita. Pero Olga sabía que María Elena no había estado embarazada y sabía del cuñado comisario. Cuando Victoria entró a primer grado, ella fotocopió todos los papeles. Para entonces Victoria ya decía que era hija adoptiva, pero en los papeles aparecía como hija biológica de María Elena y de Víctor. “Fueron momentos de mucha angustia para mí –dijo Victoria–, yo lloraba sistemáticamente y ella fue una de las personas con las que yo hablé de todas estas angustias y estos problemas.”

Mientras tanto había pasado la vida. El apropiador de Victoria había muerto cuando ella tenía un año, y el supuesto tío Oscar se había hecho cargo de su cuñada y de los niños. “Tuvo un rol importante para mí en cuanto a la figura masculina –dijo Victoria–, sobre todo para mi hermano Juan Ignacio, que no es hermano biológico, pero yo voy a hablar de él como mi hermano.” A los siete años, Victoria estaba en la casa de los supuestos abuelos y la mandaron a dormir con un tono distinto al habitual: “Yo me hago más bien la dormida –dijo–, y escucho una conversación en la que Oscar Penna –me acuerdo textual– dice: ‘Cayó Camps, y yo me voy a ir a Bahía o Bahamas, y si preguntan por mí decí que no me ves hace dos años`”. A partir de ahí, no lo vio más.

Camps era un nombre conocido en la casa. Se hablaba de Camps habitualmente. Ella no lo conocía, pero se lo imaginaba como un jefe. El 30 de diciembre de 1987 empezó el proceso de reconstrucción de identidad, y con él la posibilidad de reentender algunos de esos nombres. Ese día llegaron algunos hombres del juzgado a su casa. Hubo forcejeos. Ella imaginó alguna discusión por deudas, pero nunca lo que iba a pasar. “Lo que menos imaginé era que se estaba resolviendo el problema de mi identidad, no entendía nada, pero estaba nerviosa, me decían que me iban a llevar al juzgado porque yo no era hija de ellos, sino que tenía otra familia que había que averiguar quién era, fue un momento bastante difícil, pero yo me di cuenta de que me iba y no iba a volver y se lo dije a mi hermano: ‘Siempre uno encuentra a alguien –le dije–, un primo, alguien’ y yo sabía que iba a encontrar.”

Victoria vivió a partir de ese momento entre Buenos Aires y Montevideo, pero no podía establecerse en Uruguay porque sus documentos demoraban. Un día en los alrededores del estadio de River, durante el concierto de Sting, cuando las Abuelas organizaban la entrada al estadio, se dio cuenta de que su apropiadora estaba ahí: había ido a buscarla.

“Ella quería que yo la viera –dijo Victoria–: yo estaba en un micro, y ella perseguía al micro y a mí me dio una crisis de nervios, estaba temerosa de poder encontrármela en algún lado; yo no la quería ver y no me la quería encontrar, yo no podía vivir de esa manera, con miedo, y me fui sin documentos a Uruguay.”

Después de un tiempo se instaló nuevamente en Buenos Aires, el momento en el que empezaron a tener sentido las preguntas que Niklison hacía una y otra vez. ¿Volvió a ver a María Elena?, le decía el fiscal y es que Victoria la volvió a ver. Primero se encontró con su hermano de crianza, y se fue de la casa de su abuela paterna cuando ella lo supo, y entonces le prohibió volver a verlo. Más tarde, a instancias del juzgado, se reunió con su apropiadora: ellos aseguraban que si no hacían ese encuentro, ellas se iban a volver a cruzar en la calle y nadie sabía qué podía pasar. Victoria la vio. Le reprochó todo. Preguntó todo. Y le reclamó por las mentiras: “Ella me dijo que sospechaba que era hija de desaparecidos, pero que no estaba dispuesta a buscar por sí misma porque como veía que yo iba avanzando con las preguntas, ella sabía que en algún momento iba a tener que investigar pero para acompañarme a mí, pero que por sí misma no lo iba a hacer, que para ella era su hija y no estaba dispuesta a entregarme a nadie por más que sea mi familia biológica”.

Con el tiempo, Victoria rearmó la historia robada. Supo que nació en el Pozo de Banfield. Que en ese lugar, el propio Penna visitó a su madre. “Nos daban como mascotas, te elegían, si eras más o menos bonita, fue un plan sistemático dentro de un plan mayor que fue el del genocidio, los 30 mil desaparecidos, y entre ellos mis padres”, concluyó.

miércoles, 27 de abril de 2011

Los papeles que guardaba el apropiador

Allanaron una casa del represor Herman Tetzlaff para buscar documentación

Victoria Montenegro reveló que su apropiador poseía documentos con datos sobre procedimientos realizados durante la dictadura. La Justicia allanó una de sus casas y, aunque no se encontró ese material, se analizan otros elementos hallados.
Por Irina Hauser

Había algo más que Victoria Montenegro tenía atragantado desde hacía muchos años, aparte de que el fiscal de la Cámara de Casación Juan Martín Romero Victorica le pasaba información a su apropiador sobre la causa en su contra. Eso otro era un recuerdo nítido: en una casa donde solía pasar los fines de semana con sus apropiadores en Marcos Paz había visto documentos y papeles vinculados con el terrorismo de Estado, algunos puntualmente con operativos en los que había participado el coronel de Inteligencia Herman Tetzlaff, a quien la mayor parte de su vida creyó su padre, hasta que él mismo le dijo que había matado a sus padres biológicos en marzo de 1976. Así lo relató ante el Tribunal Oral Federal 6 (TOF6), que lleva adelante el juicio sobre el plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos. A partir de ese testimonio, los jueces ordenaron allanar la vivienda a la que Tetzlaff, con evidente sadismo, llamaba “El Campito”, como el centro clandestino de detención que funcionó dentro de Campo de Mayo. En el procedimiento, que se hizo ayer, se hallaron algunas de sus pertenencias, como una tarjeta de fin de año que le mandó el ex general Santiago Omar Riveros y el libro El Ejército hoy, de 1976, promotor del régimen dictatorial.

Aunque los hallazgos no fueron significativos como evidencia judicial, el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo Alan Iud destacó la decisión del TOF6 de impulsar la medida. “Los jueces, casi por regla general, no allanan las casas de los apropiadores investigados. No se entiende por qué, cuando puede ser un gran aporte a la investigación. Hace poco se allanó la casa de un apropiador y se hallaron cartas que dejaban en evidencia que él y su mujer conocían el origen de la chica apropiada”, ilustró Iud.

Victoria le contó a Página/12 que hace diez años que no pisa la casa de Marcos Paz, y tampoco fue ayer, cuando se hizo el allanamiento del que sí participaron agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), un secretario del tribunal oral y Iud. Cuando declaró, ante la pregunta de uno de los jueces Victoria dijo que creía que allí ya no debía quedar mucho, “aunque quizá todavía quede algo”, aclaró. “Herman –como le dice a su apropiador, ya fallecido– guardaba documentación con información de operativos en los que había participado y en los que había dinero o cosas de valor. Lo hacía para cubrirse, para que después no le dijeran que se había quedado con algo. Pero sé que por orden del Ejército después quemó muchas cosas”, refrescó en diálogo con este diario lo que declaró ante la Justicia. Recordaba, por ejemplo, que Tetzlaff guardaba papeles en un entretecho.

La casa de Marcos Paz, “El Campito” de Tetzlaff, pertenece ahora a la hermana de crianza de Victoria pero la habitan familiares de su marido, que recibieron con buena predisposición a la policía.

Hay otros papeles de Tetzlaff que Victoria tuvo en su poder y que entregó en el juzgado de Norberto Oyarbide, que instruye la causa sobre los crímenes de la Triple A, en la que ella se presentó porque el asesinato de sus padres y su propio secuestro ocurrieron días antes del 24 de marzo de 1976. También relató esto ante el TOF6 y se lo explicó a Página/12 : “Herman había armado unas listas de las empresas de seguridad que trabajaban para (Alfredo) Yabrán y quienes las integraban y al lado ponía el nombre de los centros clandestinos a los que se ve que pertenecieron. Estas listas las tenía él en el penal donde estaba detenido, en Campo de Mayo, y cuando lo internaron en el Hospital Militar me las traje”. Después falleció. Tuvo en su poder, asimismo, una especie de mapa viejo, donde había una esquina marcada, en Ramos Mejía, cree recordar. “Un día, que me junté con hijos (de desaparecidos) que buscan a sus hermanos, lo mostré –cuenta– y una de ellas, me dice ‘¡Esa era mi casa, la casa de mis papás’.”