lunes, 18 de julio de 2011

El ADN de Marcela y Felipe: Relaciones peligrosas

por Laureano Barrera
    No hubo fracaso porque, simplemente, no hubo comparación de perfiles; y no hubo comparación porque las muestras estaban contaminadas”, puntualiza Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo. A la luz de lo acontecido, quienes siguen de cerca la causa no dejan de subrayar el giro que registró la estrategia judicial de los abogados de Marcela y Felipe Herrera de Noble desde que el ex camarista Gabriel Cavallo asumió la defensa de la dueña del Grupo Clarín.

Causa Noble: El “falso positivo” resultó un falso argumento

Con una dura advertencia para la defensa de Ernestina Herrera de Noble, y un fuerte respaldo al Banco Nacional de Datos Genéticos (Bndg), la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado rechazó esta semana la impugnación que planteó contra el organismo Gabriel Cavallo, abogado de la dueña del Grupo Clarín. La determinación, aseguran en los tribunales de San Isidro, anticipa la más trascendente decisión que la magistrada adoptará en los próximos días y que será clave para definir la suerte de los peritajes resistidos por Marcela y Felipe Herrera Noble.

Causa Noble: tras las muestras de Bergesio

La aptitud pericial de las muestras que obtuvo Conrado Bergesio y la viabilidad jurídica de utilizarlas para contrastarlas con el Banco Nacional de Datos Genéticos (Bndg) son dos cuestiones clave sobre las que deberá resolver la jueza federal Sandra Arroyo Salgado en la causa que busca determinar si Marcela y Felipe Herrera de Noble son hijos de desaparecidos.
    
El ADN está servido

Los peritos del Banco Nacional de Datos Genéticos confirmaron a la jueza Sandra Arroyo Salgado que los perfiles de ADN que le entregaron la semana pasada corresponden a las muestras de sangre y saliva extraídas a Marcela y Felipe Noble, el año pasado, en el Cuerpo Médico Forense. Así, los peritos reconocidos legalmente para este tipo de estudio admitieron que esas muestras son “aptas” para realizar un entrecruzamiento con fines identificatorios con el Banco Nacional de Datos Genéticos (Bndg), pero no le dieron carácter de “muestra indubitada”.

Avances en la causa de Felipe y Marcela
La jueza Sandra Arroyo Salgado recibió dos buenas noticias en estos últimos días. Ambas respecto a la causa judicial por Marcela y Felipe Noble Herrera. La titular del Juzgado Federal de San Isidro confirmó que no será enjuiciada por “mal desempeño”, y que las muestras extraídas a los jóvenes sirven para elaborar su perfil genético y compararlas con las que ya tiene el Banco Nacional de Datos Genéticos.
 Nueva posibilidad en la causa Noble Herrera
La medida puede producir un giro definitivo en la causa Noble Herrera. La resolución que tomó la jueza Sandra Arroyo Salgado, y que empezó a aplicarse esta semana, es la de cotejar la información genética de todas las muestras existentes en la causa. Esto incluye las de sangre y saliva que los hermanos Felipe y Marcela Noble Herrera entregaron en forma voluntaria en diciembre de 2009 y las de ropa que se les sustrajeron en el allanamiento realizado en mayo de este año. Esas prendas presentaron varios perfiles genéticos.

Sin resultados concluyentes, terminó la segunda etapa de las pericias para determinar si Marcela y Felipe Noble Herrera son hijos de desaparecidos. Las pruebas seguirán luego de la feria judicial. El giro de la causa y la participación de la ex titular del Bndg, Ana María Di Lonardo, en un caso de características similares.

Por el momento, no hay conclusiones definitivas. Al resultado negativo que arrojó la comparación de los perfiles de Marcela y Felipe Noble Herrera con las familias querellantes Lanoscou-Miranda y Gualdero-García se sumó una nueva exclusión. En este caso con 55 familias cuyas hijas, hermanas o madres estaban embarazadas al momento de ser secuestradas entre 1975 y 1976. Sin embargo, todavía resta profundizar el peritaje. En tres de las 55 familias confrontadas con el perfil genético de Marcela no pudo determinarse si mantienen o no vínculo biológico con la joven, y en una de las 57 cotejadas con Felipe tampoco. “Deberá completarse la información genética de esas tres familias para determinar si Felipe y Marcela mantienen o no parentesco con ellas”, señaló un comunicado de Abuelas de Plaza de Mayo.

Hasta aquí, la información pura y dura contenida en el expediente. No obstante, los ribetes de la causa Noble tienen notorias semejanzas con otra instruida en la Justicia Federal platense, que hoy reconstruye Miradas al Sur.
Personajes poderosos, allanamientos fraguados, abogados influyentes y poco escrupulosos, que cambian abruptamente de estrategia, se suman a un elemento común: la aparición en ambas pesquisas –oficial en una, sigilosa en la otra– de Ana María Di Lonardo.
Se trata de la ex directora del Bndg hasta 2006, quien –según trascendió– al momento de retirarse se llevó una computadora portátil que podría contener información sensible.

Expediente S.O. El 29 de junio de 2005, la filial La Plata de Abuelas de Plaza de Mayo radicó una denuncia ante el juez federal Arnaldo Corazza, documentando sus presunciones de que S.O. podía ser hija de desaparecidos. Las sospechas se basaban en tres denuncias anónimas de la década del ’80 y una cuarta del ’98 que coincidían en las características físicas de la niña –rubia y de ojos celestes–, el año de entrega a sus posibles apropiadores y el rango militar de su presunto padre: un teniente coronel retirado que había dirigido una cárcel en La Plata.
La información se completaba con otros datos: que había participado en la intervención de un gremio, en una rebelión en la estación de Trolebús de Lanús, que no se movía sin custodia y había hecho blindar las puertas de su casa.
Su legajo personal ratificó gran parte de lo denunciado: el teniente coronel había sido subjefe en el Servicio Penitenciario Bonaerense desde noviembre del ’79 hasta marzo del ’81. Tenía 51 años cuando S.O. llegó a la casa. Su esposa –de quien se denunciaba que no había estado embarazada– tenía 46 años. Una edad avanzada en aquella época para ser madre primeriza.
La partida de nacimiento, donde S.O. estaba inscripta el 11 de julio del ’77 como hija natural del matrimonio, deparó nuevas sorpresas: la rubricaba Juana Arias de Franicevich, una partera –fallecida en 1995– sospechada en otras causas. El lugar del parto era una clínica de Wilde que –según constan en el expediente– no existió hasta 1982 y donde, además, trabajó el médico torturador y falsificador de partidas, Jorge Antonio Bergés.

Con estos indicios, la fiscalía no tardó en pedir que citaran a la joven al juzgado. La primera audiencia se concretó el 9 de agosto; en esa oportunidad el juez le informó a la joven la posibilidad de que fuera hija de desaparecidos. Según las fuentes, no se la vio sorprendida, ni hizo preguntas sobre el tema ni las razones. Por el contrario, dejó prácticamente que hablara su abogado Roberto Schlägel, que conocía muy bien los pasillos de Tribunales por haber sido secretario del juez destituido Hernán Bernasconi. Corazza emplazó en dos semanas a S.O. para pensar en un análisis voluntario de ADN que permitiera despejar las dudas.
El 23 de agosto, la joven de 28 años firmó el acta negándose a realizar la prueba. Lo hizo argumentando una serie de presuntas equivocaciones de la denuncia original que la llevaban a pensar “en una caza de brujas que tiene su única justificación en la pertenencia de mi padre a las fuerzas armadas y sin importar las lesiones e heridas que puedan causarme”.
El 9 de diciembre, en una nueva audiencia, volvió a rechazar la prueba.

Dos años y medio más tarde, el 2 de mayo de 2008, Corazza pidió el allanamiento a la casa de S.O. para obtener su ADN mediante la recolección de sus objetos personales. Cinco días después, la gendarmería se llevó del departamento donde vivía con sus padres tres cepillos de dientes, hilo dental, una prenda íntima y la funda de una almohada. El 15 de julio, el Bndg informó las conclusiones: dos elementos tenían escasa cantidad de ADN, uno de los cepillos pertenecía a un hombre y el hilo dental, insólitamente, presentaba “mezcla de dos o más contribuyentes”. Sólo uno de los cepillos era de una mujer y no coincidió con las 183 familias que en ese momento había en el Banco.

La joven no dio tiempo para que el juez ordenara un nuevo allanamiento. El 28 de enero de 2009, la muchacha cambió sus abogados y optó por otros que habían representado durante años a una de las nietas que más se resistieron a la verdad: Evelyn Bauer Pegoraro, conocida antes como Evelyn Vásquez. Además, pidió que le informaran cuál o cuáles personas “reclaman parentesco con la suscripta”.
Unos días después, el nuevo abogado citó en su estudio de un edificio ubicado en Córdoba y 9 de Julio de la Ciudad de Buenos Aires a uno de los letrados de Abuelas de Plaza de Mayo. Durante la reunión, le hizo una oferta sorprendente que no quedó documentada en el expediente: que S.O. aceptaba analizarse si no investigaban a sus padres. La conclusión del nuevo abogado de S.O. era: ganan ustedes, que encuentran a un nieto, y Evelyn se queda tranquila. Ganamos todos.

El abogado y las Abuelas rechazaron el condicionamiento: no se puede renunciar a la Justicia, le explicaron. Pero el 27 de mayo, el abogado dio el golpe de timón: se presentó informando que su clienta “presta consentimiento para que se extraigan muestras de ADN”. En el epílogo del escrito señalaba algo que podría resultar fundamental: “Asimismo, en este acto designa como perito de parte a la Dra. Di Lonardo”. Vigliero ya conocía a la ex directora del Bndg al menos desde el año anterior porque le había llevado a su laboratorio privado los resultados del análisis que determinaban que Evelyn era hija de desaparecidos para que los sometiera a una contraprueba. El 18 de junio de 2009, el cruce del perfil genético de S.O. con las 197 familias del Banco dio negativo. Un mal sueño que por estos días podría volverse recurrente.

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