La abuela de Macarena Gelman

“El dolor que tengo es que mi hijo no haya podido ver a su hija; la esperábamos con mucho amor, no puedo superar el dolor de que mi hijo no la haya podido conocer. A ella la mataron, le sacaron la criatura de sus brazos para dársela a otra familia.” Berta Shuberoff es la madre de Marcelo Gelman, suegra de María Claudia García Iruretagoyena y abuela de Macarena Gelman. Dio testimonio en la causa por el plan sistemático de robo de bebés en el marco de la declaración que esta semana están haciendo las abuelas que buscaron o buscan a los 35 niños apropiados que integran este tramo de la causa.

A Marcelo y a María Claudia los secuestraron el 24 de agosto de 1976 a las dos de la mañana. María Claudia estaba embarazada de siete meses. Durante los dos o tres primeros días, con ellos estuvo secuestrada, además, la hermana de Marcelo, todos en el centro clandestino de Automotores Orletti. “A Marcelo lo torturaron y a mi nuera no le pegaron, la trataron bien, le llevaron comida y ropa limpia: la estaban cuidando para alguien”, dijo Shuberoff. Juan Gelman estuvo en el Vaticano en 1983 y un sacerdote le dijo que la niña había nacido. “Yo no pensaba en la criatura, todo mi dolor estaba en la desaparición de mi hijo –dijo Berta–. Recién en 1984, cuando volví de España, entré a Abuelas y me metí en el tema.”

“Ahora estamos otra vez lejos, mamá”

Cecilia Viñas hizo escuchar a la Justicia lavoz de su hija, que la llamó desde un centro clandestinos

La hija de Cecilia, secuestrada el 13 de julio de 1977 con un embarazo de cinco meses, permanece desaparecida. Llamó por teléfono a su madre hasta 1984. Su hijo Javier Gonzalo Penino Viñas fue apropiado por el marino prófugo Jorge Vildoza.

 Por Alejandra Dandan

Cecilia Viñas se levantó de la silla para no escuchar otra vez unos llamados que de octubre de 1983 a marzo de 1984 logró hacer su hija desde lo que se lee todavía como un centro clandestino. Cecilia les pidió a los jueces que escucharan esa grabación porque no es lo mismo, dijo, lo que ella podía decir de las llamadas que la voz. Entonces dejó la sala, anciana como está, acompañada de una asistente terapéutica mientras la presidenta del Tribunal Oral Federal 6, María del Carmen Roqueta, anunciaba el comienzo del sonido, esa voz, que repuso en el presente de la sala el tono insoportable de algo parecido a un infierno.

“Hablale, hablale a papá, hablale, decile, porque le mienten”, se alcanza a escuchar desde el fondo. “Ahora estamos otra vez lejos..., mamá”, dice casi sin aire. Algo de un enojo, porque alguien “no va a buscar a mi hijo”, se oye en medio de la conversación de uno o dos minutos durante la cual madre e hija quieren sentirse. La madre pide perdón por haberle dicho algo sobre el destino de ese hijo, acaso las noticias del robo, porque “yo tenía que decirte la verdad”. Mientras se intuye una despedida, Cecilia pierde el tono de madre para decirle casi desesperadamente que por favor sepa, que “te queremos con nosotros, pensá que yo estoy sola y que puedo irme a cualquier lado del mundo”.

Las grabaciones estremecieron al mundo político en los primeros meses de la democracia como vuelven a hacerlo en este mismo presente. La hija de Cecilia desapareció el 13 de julio de 1977, con un embarazo de cinco meses, y esas grabaciones –a tantos años del secuestro– eran la voz de esos desaparecidos que seguían hablando desde algún espacio del tiempo. A esa altura, sus familiares sabían poco de lo que había pasado con ella. Un grupo de sobrevivientes dijo que había pasado en algún momento por la ESMA, que ahí había tenido a su hijo y había sido atendida por Jorge Luis Magnacco, el doctor de la muerte. Después, todo el mundo perdió sus rastros hasta los primeros llamados en octubre de 1983, cuando aún los dictadores manejaban la Casa Rosada. En los llamados, que fueron ocho en total, ella decía que había todo un grupo de sobrevivientes, que seguían secuestrados y pedían dinero para un rescate.

La historia

Hugo Reinaldo Penino y Cecilia Viñas Moreno de Penino eran de Mar del Plata, pero en 1977 estaban instalados en Buenos Aires. El 13 de julio de 1977 los secuestraron del departamento donde vivían en la calle Corrientes al 3600 y el portero del edificio identificó a la patota como de Coordinación Federal. Pese a que no hay certezas porque tampoco hay testigos, la abogada Alcira Ríos –cabeza de la querella de este tramo de la causa– está convencida de que primero estuvieron secuestrados en la Base de Submarinos y Buzos Tácticos de Mar del Plata y que desde ahí –como sucedió en la mayor parte de los casos– los marinos trasladaron a Cecilia Viñas Moreno a parir a la ESMA. “Como cada arma se hacía cargo del destino de los niños de los desaparecidos que ellos secuestraban, ellos mandaron de nuevo a Cecilia a Mar del Plata y entregaron al niño.”

El niño es Javier Gonzalo Penino Viñas, apropiado por el marino Jorge Vildoza, jefe del grupo de tareas 3.3.2 de la Escuela Mecánica de la Armada hasta 1979, echado por ladrón y quien pese a tener pedido de captura sigue en libertad. La casa de las Abuelas de Plaza de Mayo recibió cinco denuncias sobre el posible paradero de Javier luego de la apropiación, entre ellas, llamaron los amigos de los hermanos de crianza, los más grandes, que eran jóvenes de 18 años cuando él cumplía los cinco.

“No necesitaban siquiera hacerle el ADN para saber que no era quien decían que era”, dijo su abuela Cecilia en la audiencia. Decían que ese niño no podía ser hijo de esa “señora mayor que parecía una abuela” y de ese militar que aparecía en una foto de la casa. Cuando uno de ellos vio la foto de cinco años de una prima de Javier, quedó impactado: sería él si no fuera una nena, explicó.

¿Tuvo conversaciones con él?, preguntó la jueza María del Carmen Roqueta. “Yo evité siempre perturbarlo o molestarlo –dijo la abuela–; la jueza Servini nos pidió que no le pidamos más de lo que puede dar. Yo esperaba que me llamara o viniera. En mi casa, conoció a la prima. Vino a un cumpleaños mío en el que estábamos todos y yo por eso tengo esa sensación de que él sabe quién es y que cada vez que se mira al espejo va a ver la cara del padre y de la madre, porque tiene los ojos de la madre, los rulos del padre, camina como su tío, es impresionante cómo se parece a la prima, que es la que más se parece a mi hija.”

El día del cumpleaños de la abuela, él no llegó con un regalo cualquiera. “Yo tenía un gato que cuando quería salir levantaba la patita para hacer ruido con la llave. El observó un día al gato y me dijo: ¿le puedo abrir la puerta? ¡¿Y qué me regaló?! –explicó en la sala–: un almanaque en inglés con gatos en el campo, cada hoja del almanaque tiene gatos distintos, unos con ponnies, otros con conejos, algo que me produjo mucha emoción porque no me compró bombones, pensó en mi gato.”

Javier todavía vive en Londres. “A Vildoza yo quisiera que lo encuentren porque es como cerrarle a mi nieto la posibilidad de saber quién es quién: que él es Javier Penino Viñas y que si tiene un hijo un día podría ponerle el nombre con toda tranquilidad.”

La sala

Once días después de la asunción de Raúl Alfonsín, a las 6 de la mañana, Cecilia llamó por primera vez a su padre a Buenos Aires. Le dijo que no se preocupara, que era ella, y preguntó qué pasaba que su madre no contestaba el teléfono en Mar del Plata. También ahí le habló del dinero, que viajara con mucho dinero a Mar del Plata. “Mi hijo me llamó para contarme”, dijo Cecilia. “Imaginen el impacto después de siete años de desaparecida, nos fuimos con mi marido a Mar del Plata”. La segunda llamada fue el 5 de enero. “Mi hijo me había preparado un chupete y la grabamos”, dijo la mujer. “Ella tenía que llamar en una fecha determinada, pero no lo hizo y ahí me contó que estuvo enferma: ‘Me tuvieron que llevar a la enfermería’”. Cecilia preguntó cómo era que podía llamar: “De noche hay muchachos buenos que me marcan el teléfono, de día hay otra gente, respondió”.

Cuando Cecilia dejó la silla, la sala empezó a escuchar la voz en directo de su hija. Una sola grabación de las ocho llamadas que mantuvo la familia. Una cinta cuya existencia se conoció en esos años porque la noticia empezaba a difundirse y la familia entendió que era lo mejor. Pero la difusión clausuró las negociaciones. Mientras el ex ministro Antonio Tróccoli puso la investigación en manos de Coordinación Federal como si fuese una fuerza de la democracia, las llamadas terminaron: Cecilia sigue desaparecida. Y una causa en Mar del Plata permite probar en este tiempo que el centro clandestino funcionó hasta 1984.

El blanqueo de las apropiaciones

Testimonios de abuelas.

La declaración de Irma Rojas volvió a plantear el vínculo del Movimiento Familiar Cristiano con el Ejército en la entrega de hijos de víctimas del terrorismo de Estado. También declararon Mirta Acuña de Baravalle y Angélica Chimeno.

 Por Alejandra Dandan

Empezó la semana de las abuelas. En el juicio oral por el plan sistemático de robo de bebés esta semana declararán varias Abuelas de Plaza de Mayo que hasta ahora no lo hicieron. Ayer lo hizo Irma Rojas, que recuperó a su nieta María Belén en julio de 2007. Su testimonio, plagado de intentos por recordar aquello que la memoria parece dispuesta a llevarse, reabrió la trama sobre el vínculo del Movimiento Familiar Cristiano con el Ejército, en la entrega y apropiación de los niños de las víctimas del terrorismo de Estado. También hablaron Mirta Acuña de Baravalle y Angélica Chimeno.

La nieta de Irma Rojas trabaja en la casa de las Abuelas de Plaza de Mayo de la provincia de Córdoba. El Movimiento Familiar Cristiano intervino en el blanqueo de esa adopción como parte de la tarea constante que mantuvo con el Ejército. El vínculo sobre el que aún trabajan los abogados de Abuelas incluyó una relación estable en la que el Ejército entregó a este sector de la Iglesia parte del trabajo de las apropiaciones-adopciones que ellos llevaban a cabo e incluía entrevistas con posibles adoptantes. Un vínculo que explica, por ejemplo, la presencia de monjas en centros clandestinos como Campo de Mayo.

Esos datos que Irma conoce o conoció en algún otro momento ayer no los recordó. Ella tiene más de 75 años, y ya en la Conadep declaró lo que sabía de lo que sucedió en los años de la dictadura con su hijo Horacio Altamiranda y su nuera Rosa Luján Taranto. Aquella vez dijo que estuvieron en El Vesubio, que su nuera estaba embarazada de siete meses cuando se la llevaron, pero ahora algo de su memoria le juega una mala pasada. Cuando la audiencia parecía terminada, la presidenta del Tribunal Oral Federal 6 descomprimió los nervios. María del Carmen Roqueta le dijo que la declaración estaba finalizando y le preguntó si todavía quería decir algo. En ese momento, cuando las presiones se fueron, Irma empezó a recordar. “La trasladaron del Vesubio a Campo de Mayo –explicó sobre su nuera–. Ya estaba descompuesta, la llevaron ahí, me dijeron que cuando volvió no sabía si había tenido una nena o un varón, pero me dijeron que dijo: ‘lo único que escuché es el llanto de mi hijo’.”

El hijo y la nuera de Irma eran militantes del ERP. “¿No sé si se puede decir?”, dijo cuando Roqueta le preguntó sobre la participación en alguna organización política detrás de un intento de identificación que parece parte del camino que se abre en los juicios para recuperar las historias políticas de los desaparecidos. “Estaban en el ERP –dijo Irma–, pero ahora si me preguntan qué es, yo no sé.”

Horacio y Rosa Luján tenían dos hijos pequeños y vivían en Florencio Varela. “A ellos los secuestraron el 13 de mayo de 1977 en su propio domicilio”, dijo Irma. “Yo me entero porque una vecina vino a mi casa con los dos chicos de mi hijo, pensé que se habían descompuesto.” Con su hijo y su nuera, la patota se llevó también a una hermana de Rosa Luján por unos días. “En ese momento yo no sabía qué pensar”, dijo Irma. “El 15 yo salgo a caminar por muchos lugares: hospitales, pregunto en comisarías; entonces me dijo una persona que estaba ahí: ‘¿Por qué no se va al Ejército?’. Voy a mi casa y mi marido me dijo: ‘Bueno, si vos querés, andá’, porque él trabajaba, yo también, pero abandono mi trabajo para buscar a mi hijo y mi nuera y hasta me he animado a entrar a los hospitales y preguntar en la morgue por cualquier motivo, por si habían tenido un accidente.”

En medio de esa búsqueda llegó alguna vez a Campo de Mayo con fotos de sus desaparecidos. Uno de los colimbas le aseguró que los había visto adentro, que no lo comprometiera, pero eso bastó para que ella volviera por lo menos tres veces. “Quiero que me digan la verdad”, le dijo a quien la atendió. “Quiero saber, lo que sea, si están mal, o no, lo que sea.”

Irma no supo dónde estuvieron hasta años después. “Unicamente puedo contar lo que caminé para buscarlos a ellos y nunca supe nada, hasta el día de hoy, ni siquiera puedo tener el cuerpo de ellos. Nada nada nada.” Durante una marcha con las Abuelas, se le acercó una sobreviviente de El Vesubio para decirle que había estado con Rosita; le habló del traslado a Campo de Mayo y del nacimiento de una niña. “También me acuerdo ahora de que esa chica me dijo algo, no sé si del Día del Padre, pero que en ese momento traen a todos los maridos y mi hijo, pobre, se pone a llorar, se arrodilla donde está ella para darle tres besos a la panza de mi nuera, diciendo: ‘Quiero que mi hijo nazca bien’.”

María Belén siempre supo que había sido adoptada. Alguna vez, mientras trabajaba a una cuadra de la casa de las Abuelas en Córdoba, se acercó a hacer una consulta pero no volvió más. Mientras tanto, avanzó una causa judicial en paralelo en Buenos Aires, instruida por María Romilda Servini de Cubría, que fue quien finalmente la llamó para que se extrajera sangre en el Banco Nacional de Datos Genéticos y luego presentó a abuela y nieta en el despacho. Irma está convencida de que la adopción se hizo de buena fe, pero todavía no entiende cómo es que la madre adoptiva de María Belén no se preguntó nada cuando le dijeron que la niña había nacido en Campo de Mayo. “Yo no sabía que era hija de desaparecidos”, le explicó Ana, aquella mujer. “Pero si a usted le dicen que la criatura viene de Campo de Mayo, ¿qué pensaba?”, dijo Irma. Pero ella insistió: “Yo no pensaba nada”.


Después de Irma, Mirta Acuña de Baravalle ocupó el lugar de los testigos y no paró de hablar desde que le hicieron la primera pregunta. Especialmente se detuvo en el absurdo, ese camino en el que las Abuelas se inventaban las formas de burlar a la represión para reunirse o se venían una y otra vez con jueces y representantes de la Iglesia que llegaron a decirle a Mirta, cuando ella habló del embarazo de su hija, que no fuera anticuada porque las jóvenes de hoy piensan en los abortos.

Ella jugaba al scrabel en la casa de San Martín con su hija y su yerno, el 27 de agosto de 1976. El que perdía cebaba mate. “Esos éramos los terroristas que buscaban”, dijo. Su hija no sólo estaba embarazada de cinco meses; ese día se hizo el último control médico con un obstetra que la había felicitado por cómo iba el embarazo. Después no tuvo más pistas. “Tomábamos un tren e íbamos buscando a ver dónde había distritos militares para ver dónde podía estar nuestro yerno, a ver qué pasaba.” Y dijo: “Viajábamos tanto a La Tablada, a Paso del Rey. No importaban los lugares, nosotras nos juntábamos donde podíamos y para que fuera bastante invisible nos encontrábamos en lugares muy lejanos, de alguna manera no estábamos todavía acostumbradas a eso de estar en lugares que no conocíamos, pero lo hacíamos sabiendo que podían dar su frutos esos encuentros”.

Bergoglio en su laberinto

 Por Carlos Pisoni *

Un nuevo hecho de impunidad vuelve a marcar la siniestra y cómplice relación entre la Iglesia Católica argentina y la dictadura cívico militar: el cardenal Jorge Bergoglio fue citado a declarar en el marco del juicio a genocidas por el plan sistemático de robo de hijos de desaparecidos.

Bergoglio fue convocado en calidad de testigo, a partir del testimonio de Estela de la Cuadra, hija de una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, quien además sigue buscando a su sobrina, Ana. En el marco del juicio a cargo del Tribunal Oral y Federal (TOF) número 6, Estela manifestó que el cardenal estaba al tanto de su caso y que a través de sus gestiones pudo saber que su hermana Elena había parido una nena. “¿Por qué no lo citan? ¿No amerita que diga qué pasó con Ana de la Cuadra?”, dijo ante los jueces.

Estela dio detalles sobre la búsqueda de su sobrina, arrebatada de los brazos de su madre, mientras estaba secuestrada en la comisaría 5ª de La Plata. “¿Qué pasó con Ana? ¿Qué pasó con todos los niños?” Sobre esto debería hablar Bergoglio y eligió hacerlo por escrito, de espaldas a la sociedad, evitar ir a una audiencia pública.

El cardenal huye de la Justicia. Ya se había excusado de presentarse a declarar en la megacausa ESMA, aunque el TOF 5, haciendo una excepción a la regla, decidió ir hasta el Episcopado a tomarle declaración, en la que sostuvo que se enteró de la apropiación de menores hace tan solo diez años, algo que se contradice con la declaración de Estela de la Cuadra.

Ahora, en la causa por el plan sistemático, vuelve a las evasivas, esta vez amparándose en el artículo 250 del Código Procesal Penal, que justifica a los altos dignatarios de la Iglesia a declarar por escrito, siendo así el único testigo que lo ha hecho por esta vía en esta causa. Tiene motivos para huir y no enfrentarse a la mirada de las familias que buscan a los hijos de desaparecidos que fueron robados al nacer y que hoy podrían tener su verdadera identidad si gente como Bergoglio diera la información que tiene.

Tal como investigó y denunció este diario, y como lo hizo en su momento el ex presidente del CELS Emilio Mignone, hay pruebas más que suficientes para que el cardenal tenga que dar cuentas ante la Justicia por su actuación durante la dictadura. Al caso de De la Cuadra se le suma el de los jesuitas, entre los que se encontraban Jalic y Yorio, secuestrados, torturados y detenidos en la ESMA, y posteriormente liberados por la presión internacional. Las víctimas y sus familiares, así como los archivos desclasificados, complicaron al cardenal y lo relacionaron con el secuestro de sus discípulos jesuitas. Otro hecho, relacionado con el anterior, la desaparición de siete catequistas militantes de la JP, entre los cuales había dos embarazadas que también estuvieron en la ESMA, guarda un manto de sospechas aún mayor.

Bergoglio propone el perdón y la reconciliación. Bergoglio propone el olvido: no revisar el pasado. Tiene motivos para hacerlo: está en su laberinto. Veremos si el Poder Judicial, como ha hecho hasta aquí, sigue indicándole la salida o si finalmente seguirá ejerciendo la religión, pero tras las rejas.

* Integrante de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (Hijos).

Revocaron la prisión domiciliaria de un condenado por violaciones a los derechos humanos

Lo resolvió el TOF1 de La Plata. Se trata de Omar Alonso, condenado en diciembre del 2010 a la pena de 10 años de prisión por retención y ocultamiento de una niña sustraída antes de los diez años de edad, alteración de estado civil y falsedad de documento

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Plata N° 1 revocó la prisión domiciliaria de Omar Alonso, condenado a diez años de prisión en diciembre del 2010 por los delitos de retención y ocultamiento de una niña sustraída antes de los diez años de edad, alteración de su estado civil y falsedad ideológica de instrumento público.

El condenado se encontraba detenido en su domicilio, pero ante pedidos de la fiscalía y la querella, y luego de analizar una serie de exámenes médicos ordenados al Cuerpo Médico Forense, los jueces resolvieron “que Alonso puede y debe cumplir su condena en un establecimiento carcelario común, que cuente con la infraestructura necesaria para atender las patologías que presenta”.

“Por todo ello, entendemos que corresponde revocar la detención domiciliaria que actualmente goza Omar Alonso y por lo tanto oficiar al Complejo Penitenciario II de Marcos Paz del Servicio Penitenciario Federal para que lo aloje en ese establecimiento carcelario, en un sector acorde a su situación de salud, debiendo realizarse un exhaustivo y periódico control sobre el estado de salud del nombrado”, agregaron.

Ordenan la extracción de sangre o saliva pero limitan los casos para comparar

La Corte se queda con la palabra final

La Cámara de Casación Penal ordenó que Marcela y Felipe Noble Herrera se sometan “a la extracción directa, con o sin consentimiento, de mínimas muestras” para obtener ADN, pero sólo con un grupo restringido de familias de desaparecidos.

 Por Irina Hauser

La Sala II de la Cámara de Casación Penal ordenó que Marcela y Felipe Noble Herrera, los hijos adoptivos de la dueña de Clarín, se sometan “a la extracción directa, con o sin consentimiento, de mínimas muestras de sangre, saliva, piel, cabello u otras muestras biológicas” que les pertenezcan de “manera indubitable” para poder determinar si son hijos de desaparecidos. El tribunal, así, hizo lugar a un reclamo de las Abuelas de Plaza de Mayo y movió un casillero una causa judicial que ya lleva diez años de indefinición. Sin embargo, simultáneamente, fijó un límite y sólo habilitó la comparación de los perfiles genéticos de los jóvenes con el ADN de las familias de personas “detenidas o desaparecidas con certeza” hasta el 13 de mayo de 1976, en el caso de Marcela, y hasta el 7 de julio del mismo año en el de Felipe. La obtención del material genético no será inmediata, ya que algunas de las partes apelarán y el tema inevitablemente desembocará a la Corte Suprema, que tendrá la palabra final sobre la discusión de fondo.

“Es una de cal y otra de arena, es querer quedar bien con Dios y con el diablo”, resumió la presidenta de Abuelas, Estela Carlotto, su primera impresión de la resolución que firmaron Guillermo Yacobucci, Luis García y Raúl Madueño. Aun así la evaluó como “un paso importante” porque determina que “sí o sí la extracción de sangre o de elementos que contengan ADN debe proceder”. “Lo que nos cayó mal”, acotó, es “la limitación” temporal que permitirá que la comparación se haga sólo con un grupo de familias. “Seguimos con la historia de que acá hay de primera y de segunda. ¿Por qué todos los demás casos siempre se han comparado con el Banco (de Datos Genéticos) completo y en éste no?”, se preguntó.

En diciembre último la jueza Sandra Arroyo Salgado, a cargo de la causa en la que se investiga la identidad de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble, dispuso que se les haga una extracción de sangre, pelos o saliva que fuera voluntaria o se transformara en compulsiva si ponían reparos. Los jóvenes apelaron ante Casación, segundo tribunal del país, después de que la Cámara de San Martín avalara a la jueza.

La magistrada había dispuesto el análisis forzoso como consecuencia de una sucesión de irregularidades que impidieron que se obtuviera un perfil genético “indubitable” de Marcela y Felipe. En mayo de 2010 había mandado a secuestrarles prendas de vestir en un allanamiento en el que la policía los dejó solos durante unos veinte minutos, lo que generó fuertes dudas sobre la ropa incautada que, de hecho, tenía impregnado ADN de varias personas de distinto sexo. Algo similar ocurrió en un procedimiento en 2009, ordenado por el juez Conrado Bergesio, quien además admitió una muestra de sangre y saliva que los jóvenes entregaron por su cuenta en el Cuerpo Médico Forense y con la condición de que sólo se compararan con dos familias querellantes, ya que desconocen el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) que interviene por ley. El problema no sólo fue el mecanismo que usaron, sino que Bergesio no tomó recaudos para la conservación de las muestras.

La lectura del fallo fue televisada y la hizo Yacobucci, quien preside la Sala II de Casación. En pocos minutos punteó las dos disposiciones claves: la que respalda la orden de Arroyo Salgado para obtener “con o sin consentimiento” muestras de sangre u otros tejidos, basándose entre otras cosas en que la ley vigente (conocida como ley de ADN) otorga suficientes garantías “de protección”, y la que establece que los datos genéticos obtenidos sólo se podrán comparar con los aportados al BNDG “por parientes de personas detenidas o desaparecidas –con certeza (sic)– hasta el 13 de mayo de 1976” en el caso de Marcela, y hasta el 7 de julio de 1976 en el caso de Felipe. Las fechas elegidas son aquellas en que se dispuso –en teoría– la entrega judicial en guarda de los niños a la dueña de Clarín. Una se corresponde con el acta del día en que Herrera de Noble se supone que se presentó en el juzgado diciendo que había encontrado a la beba en una cajita. La otra coincide con el acta de la aparición de una mujer, Carmen Luisa Delta, que manifestaba su voluntad de dar un bebé en adopción, aunque el ex juez Roberto Marquevich constató que nunca existió una persona con ese nombre y que el número de documento consignado era de un varón. Según los datos de Abuelas, las familias comprendidas en el período definido por los camaristas son unas veinticuatro.

Las dos caras del fallo despertaron desconcierto entre las Abuelas, sus abogados, los fiscales, los nietos recuperados presentes entre el público, Madres de Plaza de Mayo y otros organismos de derechos humanos que llenaron el recinto. Marcela y Felipe Noble Herrera no fueron a la audiencia.

Al pasar en limpio el resultado, el abogado de Abuelas, Alan Iud, le dijo a Página/12: “Nos dieron la razón en el principal punto en discusión al establecer que se puede determinar la identidad de alguien contra su voluntad, incluso llevándolo por la fuerza pública al BNDG. Cualquier persona presuntamente hija de desaparecidos se debe realizar los análisis de ADN, es lo que dice la ley. El fallo dice que es un procedimiento constitucional y acorde a la jurisprudencia internacional”. “El punto negativo –alertó– es la limitación para comparar el ADN. No vemos fundamentos para tener por ciertas las fechas en que se dispusieron las guardas a favor de Herrera de Noble siendo que surgen de expedientes que contienen elementos falsos. Además, el objeto de investigación definido por la fiscalía y la jueza es verificar si son hijos de desaparecidos, no si son hijos de desaparecidos nacidos en 1976 o de tal o cual familia.”

“Es un fallo con trampa, envenenado, un retroceso”, advirtió el abogado Pablo Llonto, que representa a las familias García-Gualdero y Miranda Lanuscou. “Primero muestran el dulce y admiten los estudios de ADN ordenados por Arroyo Salgado, pero después inventan un límite que no estaba en discusión porque nadie lo había planteado. Y lo hacen dándole crédito a un expediente de adopción objetado de punta a punta”, dijo. Según Llonto, “también traerá problemas la frase que hable de comparar con familiares de personas desaparecidas con ‘certeza’ en tal fecha. Es una expresión envenenada, que dará pie a más planteos. Por ley la comparación debe hacerse con todas las muestras del BNDG”.

Los abogados de Marcela y Felipe difundieron sus propias quejas. Dijeron que la resolución es “inconstitucional” y”desconoce la jurisprudencia de la Corte Suprema”, adonde apelarán según anunciaron (ver aparte). El abogado Llonto también irá al máximo tribunal. El equipo jurídico de Abuelas evalúa alternativas, igual que los fiscales. La discusión desembarcará como sea en los despachos supremos, que en 2009 falló sobre los estudios de ADN en casos distintos del de los hermanos Noble Herrera y antes de que se aprobara la ley que habilitó a los jueces a disponer análisis compulsivos. Carlotto anticipó: “Como no hay tiempos, ahí (en la Corte) empieza otra guerra, a ver si se expide rápido o no”.

Amplia cobertura informativa de ciertos organismos

Detalloso informe del alegato del CELS y de Abuelasa
La maternidad clandestina

Carolina Varsky, del Centro de Estudios Legales y Sociales, pidió que el fallo reconozca por primera vez que en la Escuela de la Armada funcionó una maternidad clandestina. Hicieron eje en el abuso a las mujeres secuestradas.

 Por Alejandra Dandan

El desmenuzamiento y rearmado de la intrincada organización de la Armada a la luz de las nuevas pruebas, el rol de la Escuela de Mecánica como centro clandestino y estructura burocrática de la represión fueron ejes que abordó el Centro de Estudios Legales y Sociales como cabeza de querella en la primera jornada de alegatos pronunciados ayer en el juicio oral por los crímenes en la ESMA. El CELS incluyó además un pedido para que el Tribunal Oral Federal 5 reconozca en su fallo, y por primera vez judicialmente, la maternidad clandestina en la ESMA. Pidió además la apertura de una investigación autónoma por los delitos de violencia de género y compuso un cuadro estremecedor con la presencia de los hijos secuestrados con sus padres en el centro de exterminio y usados como herramienta de coerción.

Cada alegato reúne el cúmulo de pruebas del juicio y la lectura final compone de un modo nuevo cada circuito. El CELS alegó en representación también de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Abuelas y, entre otros, de Lilia Ferreyra, la compañera de Rodolfo Walsh. La abogada Carolina Varsky dio por acreditada la responsabilidad de los 18 procesados por delitos de lesa humanidad, celebró “el tramo final de un juicio sin dudas histórico”, pero acentuó que a la Justicia argentina le falta un largo camino: “Llega demasiado tarde para muchas víctimas y sus familiares que murieron sin poder alcanzarla”.

Uno de los aportes de la reconstrucción de la ESMA –con un andamiaje todavía enmarañado por la lógica clandestina, la destrucción de información y los falsos relatos de los imputados– se hizo a partir del cruce de reglamentos, documentos y después de limpiar las declaraciones de los imputados. Eso permitió empezar a construir tal vez hipótesis finales. Entre otros aspectos sobre la estructura y por qué sus responsables, por ejemplo, ocuparon cargos de jerarquía superior cuando tenían grados menores. “Es sabido que aún después del 24 de marzo de 1976, las tres fuerzas mantenían diferencias entre sí: especialmente el Ejército y la Armada”, dijo Varsky. “Videla, Massera y Agosti acordaron repartirse el poder con un esquema de 33 por ciento para cada arma. Los navales retuvieron dos ministerios de mayor gravitación: Relaciones Exteriores y Bienestar Social, impusieron a un civil en Educación, en algunas gobernaciones e intendencias de sus principales unidades como Bahía Blanca y Ensenada, entre otras”, dijo Varsky. Después del 24 de marzo, esa “lucha por el poder se acrecentó y cada arma libró su propia guerra contra la subversión, tratando de ganar espacio político sobre las otras: se mostraban unidos e indisolubles para la comunidad aunque se pateaban los tobillos debajo de la mesa”. Dentro de esta competencia interfuerzas, “la Armada concibió la idea de forzarle la mano a Videla con la política exterior y obtuvo la complicidad de la Fuerza Aérea: la forma en que la Armada llevó adelante su cometido fue a través del GT 3.3 con asiento en la ESMA”.

En ese esquema de lucha entre las fuerzas, muchos marinos con rango de oficiales superiores pasaron a ocupar tareas en la administración pública. “Con lo cual –dijo Varsky–, los oficiales subalternos debían ocupar lugares de excepción”, dijo la abogada sobre una lógica que explicó el rol que tuvieron Jorge “El Tigre” Acosta o Adolfo Miguel Donda que en su coartada dijo: “Yo no era miembro del Estado Mayor, era miembro de la facción Operaciones”.

Agustín Chit, en representación de Abuelas de Plaza de Mayo, fue quien pidió el reconocimiento de la maternidad clandestina que funcionó como tal en el Casino de Oficiales. “El objetivo principal –dijo– fue garantizar que las mujeres cautivas en estado de gravidez llegaran a término y dieran a luz a sus hijos, para luego separarlos de sus madres y entregarlos a terceros, sustituyendo así sus identidades.”

También él a la luz de los datos del juicio rearmó el funcionamiento del lugar: por la maternidad también llamada “Sardá por izquierda” o “la Sardá de Chamorro”, dijo, pasaron embarazadas de la ESMA y de otros centros; con controles compartidos con miembros del centro de proveniencia y niños que en general eran entregados a las Armas de origen. Hubo una primera etapa con embarazadas alojadas en “capucha” con grilletes, esposas y capuchas a pesar del estado de gravidez. Y una segunda desde 1977 con partos en “la pieza de las embarazadas” y atención diferencial, como recibir una fruta en medio del horror. En ese momento, hubo médicos designados y enfermeros: entre otros Jorge Luis Magnacco, jefe del servicio de Ginecología; Carlos Octavio Capdevilla, Rogelio José Martínez Pizarro.
Niños en cautiverio

El alegato se detuvo especialmente en los niños secuestrados con sus padres. Utilizados como “objeto de coerción durante las sesiones de tortura a las que fueron sometidos sus padres”, dijo Carolina Varsky. Entre otros recordó a Ana María Martí, secuestrada con sus hijos de 6 y 8 años: “Me decían que era una mala madre, que era mi culpa. Prácticamente perdí la razón, mis compañeros de la pecera trataban de controlarme”. Ella fue quien pidió por ellos al coronel Roualdes: “¡Le imploré que no mataran a mis hijos!” Cuando volvió a verlos: “Estaban muy mal, flaquitos, desesperados”. Otro caso simbólico es de Carlos Gregorio Lorkipanidse. Durante la tortura, Azic le arrancó el bebé a su mujer que estaba en el cuarto de al lado. Entró a la habitación donde estaba él y le dijo: “Si no cantás, le vamos a reventar la cabeza contra el piso”. Puso al niño sobre el pecho y pasaron corriente eléctrica: “El bebé llora y dura varios minutos. Y escucho que Liliana grita: ‘Con el bebé no, hijos de puta’”.
Violencia de género

Como en otros juicios orales y como lo hicieron otras querellas en la ESMA, el CELS pidió que se separen las declaraciones de violencia de género para impulsar una investigación como delito autónomo. “Los delitos contra la integridad sexual configuraron una más de las prácticas aberrantes a las que fueron sometidos la gran mayoría de los detenidos y detenidas”, dijo Varsky. En la ESMA, las agresiones de índole sexual fueron sistemáticas, dijo. Pese a que ninguna de las víctimas de este tramo del juicio denunció ser sexualmente abusada, lo hicieron las y los sobrevivientes que declararon como testigos. Varsky habló de las particularidades de ser mujer en la ESMA: la esclavitud sexual; las obligadas a mantener relaciones sexuales estables con los oficiales de la UT 3.3.2; los abusos sexuales sobre la vulnerabilidad psíquica y mental de la víctima y la idea de “feminizar a las víctimas como señoras” en el proceso de resocialización. “Siguiendo a Catherine McKinnon en Are Women Human? –explicó–, podemos decir que la violencia sexual y su máxima expresión, la violación sexual sistemática, no sólo inflige un daño físico y mental severo sino que, por ser sistemática e impuesta como una condición de vida, es destructiva.”