Pablo Latapí Sarre
Decenas de jóvenes criados en el seno de familias de militares o afectas a la dictadura, que amaron a los que creyeron sus padres y compartieron sus ideas y valores, se enteraron de golpe que fueron secuestrados cuando eran recién nacidos y que a sus progenitores los asesinaron o los desaparecieron. La noticia les provocó un desgarramiento emocional. Al principio se negaban a conocer su verdadero origen y defendían a quienes se apropiaron de ellos. Sin embargo, poco a poco se han acercado a sus padres biológicos y empiezan a recuperar sus orígenes, su identidad.
BUENOS AIRES.- Hace cinco años el coronel argentino Herman Tetzlaff le dijo a Hilda Victoria Montenegro que no era su verdadero padre y que él había matado a sus progenitores, integrantes de la guerrilla del Ejército Republicano del Pueblo (ERP), durante un operativo el 13 de febrero de 1976, poco antes del golpe de Estado en Argentina.
Ella le dio las gracias…
Le agradeció que la salvara de haber sido criada como una subversiva. A este grado llegó la ideologización a la que fue sometida esta joven, arrancada de su familia biológica a los 13 días de nacida.
La confesión ocurrió durante una cena poco después de que los análisis del ADN de Montenegro, que entonces tenía el nombre de María Sol Tetzlaff, demostraron que sus padres eran Hilda Ramona Torres y Roque Orlando Montenegro.
“Tetzlaff me dijo que él era el jefe del grupo, que entró y que él fue quien mató a mis padres, que mi mamá era rubia. Que era una guerra. Que todo lo que hizo lo hizo por mí. Yo le dije: ‘Gracias por salvarme la vida’.”
Montenegro rindió este testimonio con la voz entrecortada durante el juicio que desde el pasado 28 de febrero se realiza en Buenos Aires contra seis importantes mandos militares de la última dictadura argentina (1976-1983) –incluidos los expresidentes Jorge Rafael Videla y Reinaldo Bignone– por su responsabilidad en el robo de aproximadamente 500 hijos de opositores políticos muertos o desaparecidos. De ellos, unos 400 aún son buscados por sus familiares.
La sustracción de bebés durante la dictadura fue el único delito que no consideraron las Leyes de Punto Final dictadas por Raúl Alfonsín en 1986. Esta legislación frenó los procesos contra los autores de crímenes de lesa humanidad cometidos durante esos años, hasta que fue anulada por el Congreso en 2003.
Por ello, desde el restablecimiento de la democracia, en 1983, no han cesado los juicios por robo de niños, aunque marchan con lentitud y enfrentan muchos obstáculos. Hasta ahora han sido encontrados 103 hijos de desaparecidos.
Sin embargo, sólo se había enjuiciado a quienes adoptaron ilegalmente a los niños haciéndolos pasar como propios o a los autores directos de la sustracción, como médicos u otros cómplices.
Esta es la primera vez que se juzga a algunos de los supuestos autores intelectuales de lo que la parte acusadora –integrada por el Ministerio Público y varias asociaciones y familiares de víctimas– califica como “una práctica o un plan sistemático de apropiación de niños durante la última dictadura militar”.
“Aquí lo que se trata de demostrar es que se ideó un plan desde la estructura más alta de poder, y se dieron órdenes específicas acerca de qué hacer con aquellos niños secuestrados junto con sus padres o con las mujeres en estado de gravidez recluidas en centros clandestinos de detención”, explica al reportero el abogado Agustín Chit, representante de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, una de las querellantes particulares.
Además de Videla y Bignone –ya encarcelados y condenados a cadena perpetua por otros delitos de lesa humanidad–, están acusados algunos de los personajes más representativos de la represión, como Rubén Franco, excomandante en jefe de la Armada e integrante de la última Junta Militar; Antonio Vañek, jefe del Comando de Operaciones Navales; Santiago Riveros, antiguo comandante de Institutos Navales, y Jorge El Tigre Acosta, uno de los torturadores más feroces del centro clandestino de detención de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), lugar que se ha convertido en símbolo de la represión desatada por la dictadura.
Los acusados enfrentan en esta causa delitos relacionados con los casos de 35 bebés que fueron sustraídos. De estos casos, 25 pertenecen a hijos de desaparecidos. Su identidad y paradero se han establecido; de los 10 restantes no hay más datos.
Entre las pruebas que la parte acusadora esgrime para demostrar que había un plan sistemático para apoderarse de los infantes se encuentran las declaraciones del general Ramón Camps, ya fallecido. En una entrevista concedida a una revista española en 1983, este militar dijo que no entregó a algunos hijos de desaparecidos a sus familias biológicas porque “los subversivos educan a sus hijos para la subversión y eso había que impedirlo”.
En la mayor parte de los casos esos niños fueron destinados a familias de militares o cercanas a las fuerzas armadas que no podían tener hijos, con el propósito de que los educaran con los valores que consideraban correctos.
Perversión
El 28 de mayo de 1976, en plena dictadura, el coronel Tetzlaff acudió a una comisaría para recoger a la niña que tres meses y medio antes sacó de la casa de sus padres. El comisario Horacio Sella, quien después fue el padrino de la menor, le pidió a Tetzlaff y a su esposa que la educaran como “una persona de bien”, para que no fuera “subversiva” como sus padres, según le explicaron a la joven sus apropiadores.
Durante mucho tiempo le hicieron creer que ella era su hija y que todas las acusaciones en contra de ellos era un plan de “la subversión” para desprestigiarlos; que la organización Abuelas de Plaza de Mayo controlaba el banco de datos genéticos creado para identificar a los nietos desaparecidos durante la dictadura y lo usaba para vengarse de los miembros de las fuerzas armadas, difamándolos.
“No creo que haya arista más perversa en todo lo que fue la represión en este país que el tema de los niños”, comenta a Proceso Lydia Vieyra, testigo de este juicio que estuvo presa en uno de los centros clandestinos de detención de la dictadura en los que 30 mil personas fueron torturadas, asesinadas o desparecidas.
“Esto de que los críen en familias de los mismos que mataron a los padres es una perversión. Y que hoy, a 30 años, sigan ocultando la identidad de estos chicos, es increíble”, sostiene.
Vieyra es una de los 200 sobrevivientes del centro de torturas de la ESMA, por donde se calcula que pasaron 5 mil presos políticos. Ella estuvo 16 meses en ese lugar, situado en el norte de Buenos Aires, tiempo durante el cual vio a una veintena de embarazadas. Ante la necesidad de llevar a buen término los partos de las detenidas gestantes para disponer de sus bebés, los militares improvisaron salas de parto en algunos campos de detención, entre ellos la Escuela de Mecánica.
Lydia asegura que acompañó a una de esas mujeres, María Hilda Pérez de Donda, Cori, mientras daba a luz en el centro de detención. Recuerda que fue a mediados de 1977 y que el alumbramiento ocurrió en una habitación habilitada como enfermería donde sólo había una mesa para que la parturienta se tumbara.
“Fue un parto muy bueno porque María Hilda ya tenía una hija y experiencia en dar a luz. Terminado el parto, el médico (Jorge Luis Magnacco) me da a mí a la bebé y se va, con un abandono de paciente absoluto”, señala.
“Cori saltó de la mesa, agarró a la beba y me dijo: ‘Le vamos a poner Victoria’. Porque era como una victoria que esta criatura hubiera nacido en esas condiciones”, indica la sobreviviente.
Añade que en ese momento sabían que se iban a llevar a la niña, pero pensaban que iban a entregarla a la familia de María Hilda, pues eso les hacían creer a las madres. Incluso les pedían que escribieran una carta a sus parientes.
Al día siguiente fueron por la bebé, pero no la llevaron con sus abuelos. Lo más tétrico de este caso es que el propio tío de Victoria, el miembro de la Marina Adolfo Donda, participó en la sustracción de la niña. Él mismo se apropió de la hija mayor de su hermano, Daniela, y entregó a Victoria a su amigo Juan Antonio Azic, también marino. Una semana después del parto su hermano y su cuñada fueron “trasladados”, un término que utilizaban en la ESMA para los presos que eran sacados de allí para ser ejecutados. Hasta la fecha se encuentran en calidad de desaparecidos.
En 2004, Victoria conoció su verdadera identidad a raíz de que el juez español Baltasar Garzón exigió la extradición de Azic por delitos de lesa humanidad. El militar intentó suicidarse pegándose un tiro en la boca.
Actualmente, Victoria Donda Pérez es una destacada activista a favor de los derechos humanos y es diputada por el Movimiento Libres del Sur, un pequeño partido de izquierda.
“Por tu culpa”
Pedro Sandoval nació en un centro clandestino de detención. También creció con la creencia de que era hijo de su apropiador Víctor Rei, un miembro de la gendarmería (la policía militarizada argentina) graduado con honores en la Escuela de las Américas.
Un día, acosado por la justicia, que ordenaría su detención el 17 de mayo de 2004, Rei le contó la verdad: que en realidad era hijo de desaparecidos.
Al igual que Montenegro, Pedro intentó junto con su apropiador frenar y sabotear el proceso legal iniciado para esclarecer su verdadera identidad. Para ello era necesario colectar muestras de su ADN y cotejarlas con los registros genéticos de todas las familias que buscan a bebés desaparecidos durante la dictadura.
A Rei le avisaron que allanarían su casa para recoger objetos personales que tuvieran contenido genético del joven. Entonces entregó una toalla, un peine y un cepillo de dientes de él mismo para que en el examen saliera su propio ADN en lugar del de los verdaderos padres de Pedro. Lo que el joven hizo a continuación lo atribuye ahora a una “jugada del inconsciente”.
“Pensé: ‘si vamos a hacer todo mal, hagámoslo por completo’. Agarré el cepillo de dientes y le lavé los dientes al perro, lo sequé con la toalla y lo peiné con el peine”, relata al reportero.
Al detectar el ADN de un animal, la justicia volvió a repetir el procedimiento y se logró averiguar que el joven era hijo de Liliana Fontana y de Pedro Sandoval. Rei fue condenado a 16 años de prisión el 23 de abril de 2009. La última vez que Sandoval lo vio fue en la cárcel, una semana después de la sentencia.
“Yo lo veía que venía gritándome: ‘¡Por tu culpa yo estoy acá, por tu culpa, por tu culpa!’ Le digo: ‘Disculpame, ¿cómo que por mi culpa vos estás aquí? Que yo sepa, nacer no es un delito, y robar sí’. Entonces me dice de nuevo: ‘¡Por tu culpa, por tu culpa!’ Lo miré, me di vuelta y me fui”, cuenta Sandoval.
El muchacho asegura que en la actualidad mantiene una excelente relación con su familia biológica y dice que se siente orgulloso de la militancia política de sus padres que los llevó a ser secuestrados y desparecidos por la dictadura.
“Volveríamos a hacerlo”
Elsa Pavón, la primera abuela en conseguir que la justicia le devolviera a su nieta, Paula Logares, recuerda todos los obstáculos que han tenido que superar las abuelas y familiares de niños robados durante la dictadura.
Paula fue “apropiada” cuando tenía 23 meses por el comisario de una brigada en la que estuvieron detenidos sus padres poco antes de que los desaparecieran. Pavón consiguió encontrarla y obtuvo su custodia en diciembre de 1984, justo un año después de la reinstauración de la democracia. Esta tesonera abuela ha seguido colaborando en la búsqueda de nietos desaparecidos, primero con Abuelas de Plaza de Mayo y luego con la Fundación Anahí por la Justicia, la Identidad y los Derechos Humanos.
Durante muchos años, cuando un nieto era recuperado por su familia biológica, un sector de la sociedad –apoyado por algunos medios de comunicación– señalaba que a estos jóvenes se les arrebataba su hogar y sus padres. “Entonces –apunta Pavón– lo que teníamos que contestar nosotros desde Abuelas es que los padres les fueron arrebatados en otro momento y nadie estaba para protegerlos”. Por fortuna, esa manera de pensar, dice, “ha cambiado en los últimos tiempos”.
Pedro Sandoval coincide en que antes de 2003 “todos te hablaban de adopción” y decían: “que estas viejas dejen de molestar a estos pobres chicos que son criados de buena fe por una fe”. Ahora, indica, se ha modificado esa percepción.
El tema aún es vigente y polémico. La controversia más conocida ocurre en torno a los hijos de Ernestina Herrera de Noble, propietaria del Grupo Clarín, el mayor conglomerado de medios de Argentina, cuyos hijos son supuestamente hijos de desaparecidos.
La mujer y los dos jóvenes –Marcela, de 35 años, y Felipe, de 34– se oponen a la extracción obligatoria de sangre ordenada por la justicia. Sus abogados la consideran equiparable a “un acto de tortura, vejación, un trato inhumano y degradante”.
El camino que siguen los hijos de desaparecidos varía en cada caso. “Hubo chicos que se apartaron de la familia legítima y se acercaron a la apropiadora”, admite Pavón. La mujer recuerda que siempre “hubo muchachos que se rebelaron, que gritaron, que hicieron escándalos mediáticos, por supuesto ayudados por los periodistas que querían mostrarlo de esa manera”.
Así fue en el caso de Hilda Montenegro, quien al principio estaba decidida a pedirle a su familia biológica que la dejara en paz y a quedarse con su apropiador, condenado a cuatro años de prisión por el robo de infante. No obstante, al ir conociendo a sus familiares biológicos pudo ver que no eran los peligrosos subversivos que le habían descrito quienes la criaron; que la habían estado buscando y que les emocionaba haberla encontrado, a pesar de que ella los veía como “el enemigo”.
Comenta que al principio sentía afecto por las dos partes: por su familia biológica y por sus apropiadores, a los que veía como gente que la había amado pese a ser la hija de quienes consideraban sus enemigos. “Yo decía: ‘Los quiero a los dos’. Pero hoy por hoy, no. Eso no es el amor; el amor no son esas cosas”, dice.
Tetzlaff murió por enfermedad mientras cumplía condena. Pese a todo ella sigue visitando a la que durante muchos años creyó su madre. “Él nunca me pidió perdón por lo que hizo. Me decía que me había salvado la vida. Mi apropiadora insiste en que volvería a hacer lo mismo, que bien valieron los desaparecidos y lo que nos pasó a nosotros para salvar a la patria de la subversión”, explicó Hilda durante el juicio.
“Mis padres no eran locos que tiraban bombas. Eran jóvenes que luchaban y que dieron la vida. Ahora veo que quienes luchaban por la patria eran ellos”, reivindicó.
Ante los magistrados de la causa, Montenegro dice: “Con todo lo que pasó tendría que estar llena de odio y no es así”. A pesar de la entereza que muestra al narrar su historia, asegura que aún tiene muchos sentimientos encontrados. “Creo que al día de hoy no he terminado de entender lo que pasó”.
Decenas de jóvenes criados en el seno de familias de militares o afectas a la dictadura, que amaron a los que creyeron sus padres y compartieron sus ideas y valores, se enteraron de golpe que fueron secuestrados cuando eran recién nacidos y que a sus progenitores los asesinaron o los desaparecieron. La noticia les provocó un desgarramiento emocional. Al principio se negaban a conocer su verdadero origen y defendían a quienes se apropiaron de ellos. Sin embargo, poco a poco se han acercado a sus padres biológicos y empiezan a recuperar sus orígenes, su identidad.
BUENOS AIRES.- Hace cinco años el coronel argentino Herman Tetzlaff le dijo a Hilda Victoria Montenegro que no era su verdadero padre y que él había matado a sus progenitores, integrantes de la guerrilla del Ejército Republicano del Pueblo (ERP), durante un operativo el 13 de febrero de 1976, poco antes del golpe de Estado en Argentina.
Ella le dio las gracias…
Le agradeció que la salvara de haber sido criada como una subversiva. A este grado llegó la ideologización a la que fue sometida esta joven, arrancada de su familia biológica a los 13 días de nacida.
La confesión ocurrió durante una cena poco después de que los análisis del ADN de Montenegro, que entonces tenía el nombre de María Sol Tetzlaff, demostraron que sus padres eran Hilda Ramona Torres y Roque Orlando Montenegro.
“Tetzlaff me dijo que él era el jefe del grupo, que entró y que él fue quien mató a mis padres, que mi mamá era rubia. Que era una guerra. Que todo lo que hizo lo hizo por mí. Yo le dije: ‘Gracias por salvarme la vida’.”
Montenegro rindió este testimonio con la voz entrecortada durante el juicio que desde el pasado 28 de febrero se realiza en Buenos Aires contra seis importantes mandos militares de la última dictadura argentina (1976-1983) –incluidos los expresidentes Jorge Rafael Videla y Reinaldo Bignone– por su responsabilidad en el robo de aproximadamente 500 hijos de opositores políticos muertos o desaparecidos. De ellos, unos 400 aún son buscados por sus familiares.
La sustracción de bebés durante la dictadura fue el único delito que no consideraron las Leyes de Punto Final dictadas por Raúl Alfonsín en 1986. Esta legislación frenó los procesos contra los autores de crímenes de lesa humanidad cometidos durante esos años, hasta que fue anulada por el Congreso en 2003.
Por ello, desde el restablecimiento de la democracia, en 1983, no han cesado los juicios por robo de niños, aunque marchan con lentitud y enfrentan muchos obstáculos. Hasta ahora han sido encontrados 103 hijos de desaparecidos.
Sin embargo, sólo se había enjuiciado a quienes adoptaron ilegalmente a los niños haciéndolos pasar como propios o a los autores directos de la sustracción, como médicos u otros cómplices.
Esta es la primera vez que se juzga a algunos de los supuestos autores intelectuales de lo que la parte acusadora –integrada por el Ministerio Público y varias asociaciones y familiares de víctimas– califica como “una práctica o un plan sistemático de apropiación de niños durante la última dictadura militar”.
“Aquí lo que se trata de demostrar es que se ideó un plan desde la estructura más alta de poder, y se dieron órdenes específicas acerca de qué hacer con aquellos niños secuestrados junto con sus padres o con las mujeres en estado de gravidez recluidas en centros clandestinos de detención”, explica al reportero el abogado Agustín Chit, representante de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, una de las querellantes particulares.
Además de Videla y Bignone –ya encarcelados y condenados a cadena perpetua por otros delitos de lesa humanidad–, están acusados algunos de los personajes más representativos de la represión, como Rubén Franco, excomandante en jefe de la Armada e integrante de la última Junta Militar; Antonio Vañek, jefe del Comando de Operaciones Navales; Santiago Riveros, antiguo comandante de Institutos Navales, y Jorge El Tigre Acosta, uno de los torturadores más feroces del centro clandestino de detención de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), lugar que se ha convertido en símbolo de la represión desatada por la dictadura.
Los acusados enfrentan en esta causa delitos relacionados con los casos de 35 bebés que fueron sustraídos. De estos casos, 25 pertenecen a hijos de desaparecidos. Su identidad y paradero se han establecido; de los 10 restantes no hay más datos.
Entre las pruebas que la parte acusadora esgrime para demostrar que había un plan sistemático para apoderarse de los infantes se encuentran las declaraciones del general Ramón Camps, ya fallecido. En una entrevista concedida a una revista española en 1983, este militar dijo que no entregó a algunos hijos de desaparecidos a sus familias biológicas porque “los subversivos educan a sus hijos para la subversión y eso había que impedirlo”.
En la mayor parte de los casos esos niños fueron destinados a familias de militares o cercanas a las fuerzas armadas que no podían tener hijos, con el propósito de que los educaran con los valores que consideraban correctos.
Perversión
El 28 de mayo de 1976, en plena dictadura, el coronel Tetzlaff acudió a una comisaría para recoger a la niña que tres meses y medio antes sacó de la casa de sus padres. El comisario Horacio Sella, quien después fue el padrino de la menor, le pidió a Tetzlaff y a su esposa que la educaran como “una persona de bien”, para que no fuera “subversiva” como sus padres, según le explicaron a la joven sus apropiadores.
Durante mucho tiempo le hicieron creer que ella era su hija y que todas las acusaciones en contra de ellos era un plan de “la subversión” para desprestigiarlos; que la organización Abuelas de Plaza de Mayo controlaba el banco de datos genéticos creado para identificar a los nietos desaparecidos durante la dictadura y lo usaba para vengarse de los miembros de las fuerzas armadas, difamándolos.
“No creo que haya arista más perversa en todo lo que fue la represión en este país que el tema de los niños”, comenta a Proceso Lydia Vieyra, testigo de este juicio que estuvo presa en uno de los centros clandestinos de detención de la dictadura en los que 30 mil personas fueron torturadas, asesinadas o desparecidas.
“Esto de que los críen en familias de los mismos que mataron a los padres es una perversión. Y que hoy, a 30 años, sigan ocultando la identidad de estos chicos, es increíble”, sostiene.
Vieyra es una de los 200 sobrevivientes del centro de torturas de la ESMA, por donde se calcula que pasaron 5 mil presos políticos. Ella estuvo 16 meses en ese lugar, situado en el norte de Buenos Aires, tiempo durante el cual vio a una veintena de embarazadas. Ante la necesidad de llevar a buen término los partos de las detenidas gestantes para disponer de sus bebés, los militares improvisaron salas de parto en algunos campos de detención, entre ellos la Escuela de Mecánica.
Lydia asegura que acompañó a una de esas mujeres, María Hilda Pérez de Donda, Cori, mientras daba a luz en el centro de detención. Recuerda que fue a mediados de 1977 y que el alumbramiento ocurrió en una habitación habilitada como enfermería donde sólo había una mesa para que la parturienta se tumbara.
“Fue un parto muy bueno porque María Hilda ya tenía una hija y experiencia en dar a luz. Terminado el parto, el médico (Jorge Luis Magnacco) me da a mí a la bebé y se va, con un abandono de paciente absoluto”, señala.
“Cori saltó de la mesa, agarró a la beba y me dijo: ‘Le vamos a poner Victoria’. Porque era como una victoria que esta criatura hubiera nacido en esas condiciones”, indica la sobreviviente.
Añade que en ese momento sabían que se iban a llevar a la niña, pero pensaban que iban a entregarla a la familia de María Hilda, pues eso les hacían creer a las madres. Incluso les pedían que escribieran una carta a sus parientes.
Al día siguiente fueron por la bebé, pero no la llevaron con sus abuelos. Lo más tétrico de este caso es que el propio tío de Victoria, el miembro de la Marina Adolfo Donda, participó en la sustracción de la niña. Él mismo se apropió de la hija mayor de su hermano, Daniela, y entregó a Victoria a su amigo Juan Antonio Azic, también marino. Una semana después del parto su hermano y su cuñada fueron “trasladados”, un término que utilizaban en la ESMA para los presos que eran sacados de allí para ser ejecutados. Hasta la fecha se encuentran en calidad de desaparecidos.
En 2004, Victoria conoció su verdadera identidad a raíz de que el juez español Baltasar Garzón exigió la extradición de Azic por delitos de lesa humanidad. El militar intentó suicidarse pegándose un tiro en la boca.
Actualmente, Victoria Donda Pérez es una destacada activista a favor de los derechos humanos y es diputada por el Movimiento Libres del Sur, un pequeño partido de izquierda.
“Por tu culpa”
Pedro Sandoval nació en un centro clandestino de detención. También creció con la creencia de que era hijo de su apropiador Víctor Rei, un miembro de la gendarmería (la policía militarizada argentina) graduado con honores en la Escuela de las Américas.
Un día, acosado por la justicia, que ordenaría su detención el 17 de mayo de 2004, Rei le contó la verdad: que en realidad era hijo de desaparecidos.
Al igual que Montenegro, Pedro intentó junto con su apropiador frenar y sabotear el proceso legal iniciado para esclarecer su verdadera identidad. Para ello era necesario colectar muestras de su ADN y cotejarlas con los registros genéticos de todas las familias que buscan a bebés desaparecidos durante la dictadura.
A Rei le avisaron que allanarían su casa para recoger objetos personales que tuvieran contenido genético del joven. Entonces entregó una toalla, un peine y un cepillo de dientes de él mismo para que en el examen saliera su propio ADN en lugar del de los verdaderos padres de Pedro. Lo que el joven hizo a continuación lo atribuye ahora a una “jugada del inconsciente”.
“Pensé: ‘si vamos a hacer todo mal, hagámoslo por completo’. Agarré el cepillo de dientes y le lavé los dientes al perro, lo sequé con la toalla y lo peiné con el peine”, relata al reportero.
Al detectar el ADN de un animal, la justicia volvió a repetir el procedimiento y se logró averiguar que el joven era hijo de Liliana Fontana y de Pedro Sandoval. Rei fue condenado a 16 años de prisión el 23 de abril de 2009. La última vez que Sandoval lo vio fue en la cárcel, una semana después de la sentencia.
“Yo lo veía que venía gritándome: ‘¡Por tu culpa yo estoy acá, por tu culpa, por tu culpa!’ Le digo: ‘Disculpame, ¿cómo que por mi culpa vos estás aquí? Que yo sepa, nacer no es un delito, y robar sí’. Entonces me dice de nuevo: ‘¡Por tu culpa, por tu culpa!’ Lo miré, me di vuelta y me fui”, cuenta Sandoval.
El muchacho asegura que en la actualidad mantiene una excelente relación con su familia biológica y dice que se siente orgulloso de la militancia política de sus padres que los llevó a ser secuestrados y desparecidos por la dictadura.
“Volveríamos a hacerlo”
Elsa Pavón, la primera abuela en conseguir que la justicia le devolviera a su nieta, Paula Logares, recuerda todos los obstáculos que han tenido que superar las abuelas y familiares de niños robados durante la dictadura.
Paula fue “apropiada” cuando tenía 23 meses por el comisario de una brigada en la que estuvieron detenidos sus padres poco antes de que los desaparecieran. Pavón consiguió encontrarla y obtuvo su custodia en diciembre de 1984, justo un año después de la reinstauración de la democracia. Esta tesonera abuela ha seguido colaborando en la búsqueda de nietos desaparecidos, primero con Abuelas de Plaza de Mayo y luego con la Fundación Anahí por la Justicia, la Identidad y los Derechos Humanos.
Durante muchos años, cuando un nieto era recuperado por su familia biológica, un sector de la sociedad –apoyado por algunos medios de comunicación– señalaba que a estos jóvenes se les arrebataba su hogar y sus padres. “Entonces –apunta Pavón– lo que teníamos que contestar nosotros desde Abuelas es que los padres les fueron arrebatados en otro momento y nadie estaba para protegerlos”. Por fortuna, esa manera de pensar, dice, “ha cambiado en los últimos tiempos”.
Pedro Sandoval coincide en que antes de 2003 “todos te hablaban de adopción” y decían: “que estas viejas dejen de molestar a estos pobres chicos que son criados de buena fe por una fe”. Ahora, indica, se ha modificado esa percepción.
El tema aún es vigente y polémico. La controversia más conocida ocurre en torno a los hijos de Ernestina Herrera de Noble, propietaria del Grupo Clarín, el mayor conglomerado de medios de Argentina, cuyos hijos son supuestamente hijos de desaparecidos.
La mujer y los dos jóvenes –Marcela, de 35 años, y Felipe, de 34– se oponen a la extracción obligatoria de sangre ordenada por la justicia. Sus abogados la consideran equiparable a “un acto de tortura, vejación, un trato inhumano y degradante”.
El camino que siguen los hijos de desaparecidos varía en cada caso. “Hubo chicos que se apartaron de la familia legítima y se acercaron a la apropiadora”, admite Pavón. La mujer recuerda que siempre “hubo muchachos que se rebelaron, que gritaron, que hicieron escándalos mediáticos, por supuesto ayudados por los periodistas que querían mostrarlo de esa manera”.
Así fue en el caso de Hilda Montenegro, quien al principio estaba decidida a pedirle a su familia biológica que la dejara en paz y a quedarse con su apropiador, condenado a cuatro años de prisión por el robo de infante. No obstante, al ir conociendo a sus familiares biológicos pudo ver que no eran los peligrosos subversivos que le habían descrito quienes la criaron; que la habían estado buscando y que les emocionaba haberla encontrado, a pesar de que ella los veía como “el enemigo”.
Comenta que al principio sentía afecto por las dos partes: por su familia biológica y por sus apropiadores, a los que veía como gente que la había amado pese a ser la hija de quienes consideraban sus enemigos. “Yo decía: ‘Los quiero a los dos’. Pero hoy por hoy, no. Eso no es el amor; el amor no son esas cosas”, dice.
Tetzlaff murió por enfermedad mientras cumplía condena. Pese a todo ella sigue visitando a la que durante muchos años creyó su madre. “Él nunca me pidió perdón por lo que hizo. Me decía que me había salvado la vida. Mi apropiadora insiste en que volvería a hacer lo mismo, que bien valieron los desaparecidos y lo que nos pasó a nosotros para salvar a la patria de la subversión”, explicó Hilda durante el juicio.
“Mis padres no eran locos que tiraban bombas. Eran jóvenes que luchaban y que dieron la vida. Ahora veo que quienes luchaban por la patria eran ellos”, reivindicó.
Ante los magistrados de la causa, Montenegro dice: “Con todo lo que pasó tendría que estar llena de odio y no es así”. A pesar de la entereza que muestra al narrar su historia, asegura que aún tiene muchos sentimientos encontrados. “Creo que al día de hoy no he terminado de entender lo que pasó”.
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