PARANA .JUICIO ROBOS DE BEBES. INSPECCIONARON CLINICA PRIVADA DE PEDIATRIA

En la continuidad del juicio por robo de bebés durante la dictadura, la Justicia federal realizó una inspección en el Instituto Privado de Pediatría (IPP) .

Durante el procedimiento se pudieron corroborar las reducidas dimensiones del lugar donde se encontraban internados los neonatos, lo que para las querellas refuerza la hipótesis de que los médicos imputados no pudieron haber estado al margen de la internación allí de los hijos de los detenidos desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela. 

El juicio continuará el miércoles a las 9, en la sede del Tribunal Oral, donde se producirá el careo entre los médicos Juan Ferraroti y Alfredo Berduc y se cumplirá con la última audiencia de la etapa testimonial de este proceso por crímenes de lesa humanidad.

La voz del imputado

Hasta el momento Torrealday no prestó declaración en la sala de audiencias, como tampoco lo hicieron sus socios que ni siquiera concurren al juicio. Durante la inspección de este lunes, sí se pudo oír la voz del médico que todos mencionan como quien tomaba todas las decisiones en el IPP. Por ejemplo, confirmó que había solamente cuatro cunas y cuatro incubadoras.

El abogado querellante Marcelo Boeykens destacó este hecho: "La verdad que es la primera vez que declara en el juicio Torrealday y entendemos que lo hizo también en ejercicio de su propia defensa, así que las consideraciones vertidas por el imputado van a ser merituadas por las querellas y deben ser merituadas también por el juez al momento de dictar sentencia como una declaración de defensa".

Los abogados destacaron que se pudo corroborar que "todo funcionaba ahí dentro"; la administración, la enfermería y el registro de las enfermeras de la evolución de los niños.

Tras haber nacido en el Hospital Militar de Paraná, los mellizos Valenzuela Negro estuvieron internados en el IPP entre el 4 y el 27 de marzo de 1978 en el caso de la niña y entre el 10 y el 27 el niño. Fueron anotados con los nombres falsos de "Soledad López" y "NN López" y entregados a personas ajenas a la familia, sin haber dado aviso a la Justicia de Menores. La beba mujer restituyó su identidad en 2008 y el destino del varón continúa siendo un misterio. Los dueños del IPP se han defendido todos estos años diciendo que no se enteraron de estos hechos. (Nota completa en unoentrerios)

Soy tu abuela Chicha, tengo 94 años y sigo buscándote... siempre

"Los genocidas no están para ser reinsertados en la sociedad"

Francisco Gómez, genocida

El nieto recuperado Guillermo Pérez Roisinblit vio el nombre de su apropiador, Francisco Gómez, en el listado de genocidas recomendados por el Servicio Penitenciario Federal para que se les otorgue la prisión domiciliaria, que publicó La Retaguardia en diciembre. Casi al mismo tiempo se enteró de que Gómez había solicitado el beneficio. Allí escribió una catarsis vía Twitter que se viralizó de manera impensada. En tanto víctima, tendrá audiencia con el Tribunal Oral y Federal N°5 de San Martín para dar su posición al respecto. Roisinblit habló con Fernando Tebele en el programa Oral y Público de Radio La Retaguardia y contó las sensaciones que le generó la posibilidad de que su apropiador se calce la tobillera electrónica y vaya para su casa. (Por La Retaguardia) 

Guillermo Pérez Roisinblit es uno de los nietos recuperados por Abuelas de Plaza de Mayo. Es hijo de Patricia Roisinblit y José Manuel Pérez Rojo, militantes de la columna oeste de Montoneros. Sus padres fueron secuestrados y desaparecidos. Guillermo nació en cautiverio, en la ESMA, en noviembre de 1978. Desde ese momento fue apropiado por Francisco Gómez, personal civil de un grupo de inteligencia de la Fuerza Aérea que operó en la zona oeste del gran Buenos Aires. La identidad de Guillermo fue restituida en el 2000. Cuando se encontró con que el nombre de su apropiador estaba en el listado de genocidas propuestos por el SPF para acceder al beneficio de la prisión domiciliaria publicado por La Retaguardia en diciembre del año pasado, sintió miedo y enojo, “una mezcla de sensaciones que no me va alcanzar el tiempo para contar”. Lo que si contó fueron los juicios que condenaron a su apropiador y su participación en ellos: “Lo peor de todo es que el listado lo vi en conjunto con la ratificación del pedido del beneficio del arresto domiciliario. Francisco Gómez afrontó dos procesos judiciales. El primero tuvo condena en el año 2005, por mi apropiación. Solamente le dieron 7 años y medio. Todavía las penas no se habían endurecido. Todavía los derechos humanos no eran políticas de Estado del gobierno. El segundo fue en el año 2013. A mí me citó a declarar el juez (Daniel) Rafecas en Instrucción. Yo declaré todo lo que él me contó de su boca con respecto al cautiverio de mis padres. A los tres días quedó detenido. El juicio se desarrolló en el año 2016. Se conoció como juicio RIBA, la Regional de Inteligencia Buenos Aires que tuvo el epicentro represivo en zona oeste y estuvo a cargo de la Fuerza Aérea. Gómez era personal civil de la Fuerza Aérea, de inteligencia”, explicó Guillermo, que no se quedó de brazos cruzados esperando que su apropiador reciba el beneficio sino que dio a conocer la situación a través de las redes sociales: “Mis amigos me comentaron del listado. Lo empecé a buscar y encontré la nota. Me empecé a llenar de bronca y de miedo. Más tranquilo me senté a escribir el tuit que jamás pensé que iba a tener la trascendencia y que se iba a viralizar como se hizo”, expresó. El mensaje de Twitter al que hace referencia Pérez Roisinblit es, en realidad, una serie de tuits donde cuenta sobre su infancia bajo la apropiación de Gómez, la violencia y las amenazas del genocida y la restitución de su libertad en el año 2000. Allí hace referencia al listado del SPF y a la posibilidad de que el represor accediera al beneficio de la prisión domiciliaria: “¿A qué viene esto? Hace un par de días me notificaron que Gómez está solicitando su detención domiciliaria, y ¡caramba! es uno de los 110 genocidas que el Servicio Penitenciario intenta dejar en libertad". "Es un criminal peligroso, sin ningún respeto por la vida humana que no dudó siquiera en robarse al hijo de sus víctimas. ¿Lo van a dejar en libertad?", escribió en la red social hace casi un mes.

Los oídos de la justicia

Guillermo visitará el TOF 5 de San Martín para expresar su desacuerdo con el otorgamiento de la prisión domiciliaria a Gómez. El Tribunal, que está obligado a escucharlo en una audiencia, decidirá si le otorgan el beneficio al genocida: “Gracias a lo que se conoce como Ley de (Protección a) Víctimas (de Delitos), una ley sumamente positiva de lo que se ha legislado en este gobierno, me tuvieron que ratificar (la audiencia). Además me asiste el derecho de ser escuchado en una audiencia por el Tribunal antes de decidir. Más allá de lo que yo pida, el Tribunal termina decidiendo de manera independiente. Tiene la obligación de escucharme. Yo ya solicité ese derecho. También, con Abuelas, pusimos a disposición como parte a dos peritos; un médico clínico y un psicólogo, para que evalúen el estado de salud de Gómez. No es el único requisito, más allá de que algunos jueces así lo entienden. Tiene que haber algo más que el tema de la edad. Tiene que haber alguna patología, algún estado de salud agravado como para que se lo otorguen. Aun así tampoco tiene ninguna obligación ni el juzgado ni el Tribunal. En el común de la gente está instalado que pasando los 70 años les corresponde el beneficio del arresto domiciliario. La verdad que 70 no es tanto. Después de la última reforma previsional, 70 años es la edad a la que se va a jubilar un varón. ¿Voy a dejar de tener miedo porque es un viejito Francisco Gómez? No, la verdad que me sigue aterrorizando. Yo tengo mi cabeza llena de los recuerdos de las cosas que me hizo vivir. A mí directamente nunca me aplicó ningún tipo de violencia física. Yo tuve que ser testigo de cómo le propinaba golpizas brutales a su ex esposa, a mi apropiadora, al punto de dejarla en el hospital en más de una oportunidad. También la amenazaba con armas blancas y con escopetas. Es un ser sumamente violento”, definió Pérez Roisinblit en conversación con Oral Y Público.

Las amenazas y los miedos

El peligro de la concesión del arresto domiciliario no reside solamente en dejar en manos de un dispositivo electrónico el accionar de un genocida. Aun con un funcionamiento correcto de la tobillera, el represor puede mantener reuniones telefónicas y presenciales de las que no queda ninguna constancia; eso sería una desmejoría clave en la seguridad, siempre partiendo de la base de que las visitas a la cárcel quedan registradas. En definitiva, puede seguir operando y ese es uno de los mayores temores de Guillermo, que ya fue amenazado de muerte por su apropiador: “En el juicio RIBA, después de todo el material probatorio que se incluyó en la Instrucción y después en el juicio oral y público, quedó determinado que eran entre 30 y 33 agentes que estaban en la RIBA. Sin embargo, solo fueron juzgados 2: mi apropiador y el jefe de la RIBA. Quedan 28 agentes de inteligencia de la Fuerza Aérea que tranquilamente pueden realizar el trabajo de Gómez. No son investigados ni nada. Incluso algunos de esos agentes fueron sugeridos por la defensa en el juicio RIBA”, contó.

Por último, Guillermo Pérez Roisinblit, Guillo para sus amigos y para la familia que tanto lo buscó, reflexionó acerca de este peligro que representa sacar de las cárceles a los genocidas, que por la gravedad de sus crímenes y por su silencio respecto a las víctimas continúan perpetuándolos: “Es necesario que nos escuchen a las víctimas. Es necesario que sepan que (los genocidas) no son personas que están adaptadas ni listas para ser reinsertadas en la sociedad porque en ningún momento se arrepintieron de lo que hicieron y nunca aportaron ningún tipo de datos. Estamos hablando de los crímenes más aberrantes que repudia toda la humanidad. Nunca aportaron ningún tipo de datos e incluso, algunos como Astiz han reivindicado lo que hicieron y juraron que lo volverían a hacer. Estamos desprotegidos y me da a pensar en qué punto repara o no la justicia. Yo fui víctima desde antes de haber nacido. Fui secuestrado desde el octavo mes de gestación. Conmigo cometieron un delito de 21 años hasta que me encontraron y me devolvieron la identidad. Ahora tengo que ser víctima de nuevo. Tengo miedo. La justicia así no me repara en nada”, cerró.

Sustracción de niños en el pinochetismo

Adopciones irregulares

La justicia de Chile reveló la existencia de una red que facilitó la adopción en países extranjeros de alrededor de 500 niños sustraídos a familias en situación de vulnerabilidad durante la dictadura que encabezó el general Augusto Pinochet.

La entrega de esos niños, mayoritariamente a familias de Estados Unidos, ocurrió durante las décadas de 1970 y 1980, confirmó el juez que investiga el caso, Mario Carroza, en declaraciones publicadas ayer por el diario santiaguino La Tercera.

“Estamos investigando los casos que hubo de sustracción de menores durante el período de 1973 a 1990”, durante el que se extendió la dictadura de Pinochet, y “en razón de ese seguimiento y esa indagatoria, nos han llegado antecedentes respecto de varios menores que fueron entregados en adopción irregular”, explicó Carroza.

El proceso, que se había iniciado con una cantidad limitada de querellas, se amplió a cerca de 500 casos merced a un informe de María Cecilia Erazo, una asistente social y abogada que trabaja como perito judicial en la Corte de Apelaciones de Santiago, de la que Carroza es magistrado. Por el caso está imputada la asistente social Telma Uribe, de 96 años. 

En su informe, la abogada Erazo precisa que Chile no tuvo hasta 1988 un marco legal para regular esas adopciones a países extranjeros, que el sistema que se ocupaba consistía en acreditar judicialmente que un niño se encontraba en situación de abandono por sus padres y que los solicitantes tenían recursos para el cuidado y protección del menor. “Al ser realizado en forma voluntaria, no existió mayor cuestionamiento de parte de los tribunales respecto de la temática” señala el documento al que tuvo acceso La Tercera. Según la investigación, en algunos casos Uribe sugería realizar la legitimación adoptiva en Chile. “Lo anterior puede justificarse desde dos variables, cobrar nuevos honorarios por dicha gestión, o lograr que se destruyeran los documentos originales de los niños para no poder recabar estos a futuro”, subraya el informe.

Otro represor suelto

El ex oficial de Inteligencia Carlos Hidalgo Garzón, condenado por delitos de lesa humanidad y apropiación de una hija de desaparecidos, salió de su casa sin permiso en dos oportunidades y tenía una escopeta y una pistola.

Mientras los vecinos del bosque Peralta Ramos de Mar del Plata aguardan expectantes que el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata revoque el arresto domiciliario de Miguel Etchecolatz, otro represor condenado por delitos de lesa humanidad ratificó su nulo apego a la ley al violar por segunda vez sus privilegiadas condiciones de detención. Se trata de Carlos del Señor Hidalgo Garzón, ex oficial de inteligencia del Ejército condenado por sus crímenes en el centro clandestino La Cacha y por la apropiación de la hija de dos de sus víctimas. Abuelas de Plaza de Mayo denunció ayer que a mediados de enero salió al menos dos veces de su casa de Castelar sin autorización y que además admitió en una denuncia policial tener armas en su poder. En consecuencia pidió el fin de ese beneficio y le reclamó al TOF-1 de San Martín que ordene la inmediata detención del represor y de su mujer (también apropiadora) María Francisca Morillo, quien está condenada pero libre y oficia paradójicamente como garante de que Hidalgo Garzón no salga de la casa. Alan Iud, abogado de Abuelas, recordó que los jueces Héctor Sagretti, Daniel Cisneros y Dante Petrone dictaron en 2013 “una sentencia ejemplar” a los apropiadores de Catalina de Sanctis Ovando pero advirtió que “si no se cumple, se transforma en una burla”.

Catalina nació durante el cautiverio de su madre en Campo de Mayo en agosto de 1977 y recuperó su identidad recién en 2008. Dos años después, el ex capitán Hidalgo Garzón, que integró el Batallón de Inteligencia 601, fue detenido por secuestros y torturas en La Cacha. A principios de 2013, todavía sin condena, con un arresto símil-domiciliario en un geriátrico de Belgrano, salía a pasear en bicicleta con total impunidad. La joven a quien crió como trofeo de guerra, que ya se había constituido como querellante, se lo cruzó dos veces cerca del hipódromo de Palermo, lo denunció, y el  TOF-1 platense integrado por Carlos Rozansky, Pablo Jantus y Pablo Vega le revocó el beneficio y ordenó su traslado al hospital del Complejo Penitenciario de Ezeiza.

Ese mismo año el tribunal de San Martín, que le permitió estar libre durante el proceso, condenó al represor y a su mujer por la apropiación ilegal a quince y doce años de prisión respectivamente. En 2014, en tanto, el TOF-1 de La Plata lo condenó a prisión perpetua por sus crímenes en La Cacha. En junio pasado, contrariando los informes de los peritos médicos, el mismo tribunal pero con votos de Germán Castelli y Alejandro Esmoris le concedió el arresto domiciliario por el solo hecho de tener 72 años y estar estresado. Hidalgo Garzón, sin embargo, siguió preso en Marcos Paz por la prisión preventiva que le impuso el juez Ernesto Kreplak y que confirmó la Cámara Federal de La Plata, por delitos por los que todavía no fue juzgado. La buena nueva para el represor llegó el 22 de diciembre, cuando la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal con votos de Eduardo Riggi, Juan Carlos Gemignani y Liliana Catucci revocó los rechazos al pedido de domiciliaria y le concedió ese beneficio que se efectivizó el 10 de enero.

 Apenas dos días después violó por primera vez el arresto. El Programa de Asistencia para Personas Bajo Vigilancia Electrónica informó la salida sin autorización judicial en dos oportunidades, los días 12 y 15 de enero. No fue su único incumplimiento. El viernes pasado a la madrugada tres ladrones armados entraron a la casa del Barrio Marina y la desvalijaron luego de tomar como rehenes a la pareja y un hermano de la mujer. Según la denuncia policial del propio Hidalgo Garzón, además de 200 mil pesos y varios objetos le robaron dos armas: una escopeta y una pistola. “Bersa modelo 223 calibre 22 largo”, apuntó el diario Crónica. “Consciente de la prohibición de portar armas, el militar denunció por mail el hecho delictivo ante el Tribunal Oral y el Juzgado Federal 1 de La Plata pero nada dijo sobre la existencia ni el robo de las armas”, destacó Abuelas. “La situación reviste aún mayor gravedad si se tiene en cuenta que Catalina de Sanctis Ovando denunció durante un juicio que desde su restitución el ex militar le envió cartas amenazantes a ella y a su pareja”, advirtió.

Con las evidencias en su poder, Abuelas presentó una nota ante el juzgado de Kreplak y ante el TOF-1 de La Plata, el mismo que recibió los reclamos sobre Etchecolatz, para que le revoquen el beneficio. Al mismo tiempo, le pidió al TOF-1 de San Martín que haga efectiva la prisión de ambos apropiadores. Casación ya confirmó esa sentencia y sobre fin de año rechazó un recurso extraordinario para llevar el caso a la Corte Suprema. Luego se limitó a preguntarle al defensor del represor si había presentado un recurso de queja ante la Corte Suprema. El abogado anunció que lo haría aunque en el expediente no hay ninguna constancia de que lo haya concretado. Por ese motivo Abuelas reclama la ejecución de la sentencia.

 “Al condenar a los apropiadores, el tribunal de San Martín remarcó con claridad que no sólo sabían que Catalina era desaparecida sino que conocían perfectamente su origen y quién era su madre. Fue una sentencia ejemplar, que le impuso a Hidalgo Garzón una de las penas más altas a un apropiador, quince años de prisión, y la más alta para una apropiadora, doce años”, recordó Iud ante la consulta de PáginaI12. “Pero de nada sirve si la sentencia no se cumple. Se transforma de ejemplar en una burla. Por eso esperamos que el tribunal de San Martín corrija pronto esta situación”, reclamó. 

La nieta 127 nació en la ESMA

la retaguardia

Es la hija de Carlos Simón Poblete y María del Carmen Moyano. Nació en junio de 1977 en la maternidad clandestina del centro de torturas y exterminio más emblemático del genocidio. Por su caso la fiscalía y las querellas acusaron en el tramo de la megacausa que terminó hace semanas. También hubo condenados en el juicio "Plan Sistemático". La mujer no tiene abuelos/as, pero sí tíos y tías. Aquí las historias de sus padres. (Por Fernando Tebele para La Retaguardia)

Los testimonios

Una de las personas por las que sabemos que la niña nació allí es Sara Solarz de Osatinsky. En una declaración realizada ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, durante febrero de 1983, la sobreviviente dijo: "en junio de 1977, María del Carmen Moyano de Poblete siente las primeras contracciones y es descendida al sótano del campo de concentración de la E.S.M.A. donde se encontraban tanto las salas de tortura como la enfermería. Ya en la enfermería María del Carmen se ve enfrentada a tener su hijo en presencia de profesionales asistentes del campo de concentración, el Dr. Magnacco, médico ginecólogo del Hospital Naval de Buenos Aires, el Dr. Martínez, médico de piel del mismo hospital y un enfermero del que desconocemos su nombre. Esto produce en ella un choque tan violento que pide a gritos la presencia de una compañera. Es en ese momento y ante la imposibilidad de María del Carmen de dar a luz que los militares acceden a su petición (…) fui conducida engrillada a ayudar a María del Carmen. Ella no aguantaba el ruido de mis cadenas cuando me desplazaba en torno a ella; comienza entonces a suplicar que me las quiten, cosa que le fue negada”.

El Tula Poblete y Pichona Moyano eran militantes de Montoneros. Según informa Abuelas en su página, aún como un caso sin resolver, con la fotos de sus padres y el recuadro con la foto de la nieta recuperada aún en blanco, "María del Carmen nació el 9 de mayo de 1954 en la ciudad de Mendoza. Su familia la llamaba "La Gorda". Carlos nació en la ciudad de San Juan el 2 de noviembre de 1944. Ambos militaban en la organización Montoneros. Sus compañeros la llamaban "Pichona" y a él "Tula" o "Guillermo". La pareja fue secuestrada entre abril y mayo de 1977 en la ciudad de Córdoba. La joven estaba embarazada de ocho o nueve meses. Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse que ambos permanecieron detenidos en el CCD "La Perla" de Córdoba y luego fueron trasladados a la ESMA. En dicho CCD, a fines de junio de 1977, María del Carmen dio a luz una niña atendida por el médico militar del Hospital Naval, Jorge Luis Magnacco".

Los padres

En el tercer tramo de la megacausa, el Ministerio Público Fiscal a cargo de Mercedes Soiza Reilly y Guillermo Friele, reconstruyó lo sucedido a través de testimonios de sobrevivientes. Poblete era el caso 842, Moyano el el 268 y la hija que hoy recuperó su identidad fue el 308.

"María del Carmen Moyano, apodada “Pichona”, estudiante de bioquímica y farmacia, militaba en la agrupación política peronista “Montoneros” y prestaba colaboración en el barrio de San Martín, de la provincia de Mendoza. María del Carmen estaba en pareja con Carlos Simón Poblete, también militante de Juventud Peronista en el Centro de Estudiantes de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan.

Soiza Reilly, en su alegató que duró más de seis meses, dijo sobre ellos: "Se ha acreditado que María del Carmen Moyano de Poblete fue privada ilegítimamente de su libertad con violencia y amenazas y sin las formalidades prescriptas por la ley, en el mes de abril de 1977, junto con su pareja Carlos Simón Poblete, en la Provincia de Córdoba, en un operativo efectuado por personal de las fuerzas de seguridad, perteneciente al Tercer Cuerpo del Ejército. Al momento de su detención, la víctima cursaba un embarazo de siete meses. María del Carmen habría permanecido detenida en el centro clandestino de detención denominado 'La Perla', ubicado en dicha provincia. Luego de una semana, fue trasladada al centro de exterminio y torturas que funcionó en el interior de la Escuela de Mecánica de la Armada. Allí fue atormentada y sometida a las condiciones inhumanas de detención existentes en dicho lugar, ya que estuvo alojada en el cuarto de las embarazadas esposada, con grilletes en los pies, con escasa alimentación y con una grave restricción para responder adecuadamente a sus necesidades fisiológicas. Este cuadro de situación se vio agravado, en primer lugar, por el estado de gravidez en que se encontraba al momento de ser secuestrada; en segundo lugar, por haber dado a luz dentro del CCD; y, en tercer lugar, por haber sido separada violentamente de su hija recién nacida. Su hija, aún no identificada, nació en la ESMA, en el mes de junio de 1977, con la asistencia de los médicos Magnacco y Martínez Pizarro. Una semana después del alumbramiento, María del Carmen fue sacada de la ESMA, sin su hija. Aún permanece desaparecida". Cabe acotar que Magnacco recibió 14 años de prisión como condena en el juicio. Luego del juicio pidió acceder al beneficio de la libertad condicional, que le fue concedida, por lo que podríamos cruzarlo portando su tobillera electrónica, que controla sus movimientos, pero no sus acciones y pensamientos oscuros de genocida.

Acerca del padre de la joven que recuperó su identidad, el Ministerio Público Fiscal dijo: "su pareja Carlos Simón Poblete, como ya señalamos, fue privado ilegítimamente de su libertad el mes de abril de 1977 en la Ciudad de Córdoba junto a su mujer María del Carmen Moyano, y fue trasladado al centro de exterminio y torturas que funcionó en el interior de la ESMA. La víctima fue alojada, en un primer momento, en el sótano del lugar donde se lo torturó físicamente y se lo interrogó en forma conjunta y simultánea sobre las actividades políticas que desarrollaba en ese momento. Durante la mayor parte de su cautiverio fue sometido a tormentos y a las inhumanas condiciones de detención relativas a la falta de alimentación, higiene, etc. que ya han sido verificadas en este centro de exterminio y que ya son por todos conocidas. Este cuadro de situación se vio agravado en el caso de Poblete, en primer lugar, por saber que en aquel centro se encontraba su esposa, María del Carmen, que se encontraba embarazada al momento de ser secuestrada; en segundo lugar, por saber que su hija nació en aquel CCD; y, en tercer lugar, por haber sido separado violentamente de su esposa y su hija recién nacida. Carlos Simón Poblete también permanece desaparecido".

La apropiación

Acerca del nacimiento en la maternidad clandestina, Soiza Reilly alegó: "Por su parte, se ha acreditado en debida forma que, la hija de María del Carmen Moyano y Carlos Simón Poblete, nació aproximadamente en el mes de junio del año 1977 en instalaciones de la E.S.M.A. donde sus padres se encontraban cautivos. La niña, fue arrancada de los brazos de sus padres aproximadamente a los ocho días de nacida, siendo sustraída, retenida y ocultada de la custodia de sus progenitores, no siendo entregada a sus familiares biológicos. Aún la niña no fue recuperada", decía en aquel momento la fiscalía, aún con la esperanza que hoy se pone en palabras, gestos, abrazos y rostros que pueden verse y tocarse.

Por su caso, habían sido condenados Jorge Acosa, Antonio Vañek y Reynaldo Bignone. Fue durante el juicio conocido como "Plan Sistemático", en el que se probó el robo de bebés como conducta durante el genocidio. Ese fallo ya está firme en segunda instancia.

Lo que está más firme que nunca, en un día como el de hoy, es que la sociedad sigue buscando, ya sea desde organizaciones como Abuelas de Plaza de Mayo, como a través de los propios nietos y nietas que buscan quitarse las dudas que suelen tener.

Mientras el gobierno, de la mano de la justicia, va abriendo las puertas de las cárceles para los genocidas, la lucha por Memoria, Verdad y Justicia sigue su camino. A pesar de ellos.

La nieta 126 encontrada es hija de Violeta G.Ortolani y de Edgardo Garnier

4 diciembre, 2017 Redacción InfoBis

Las Abuelas de Plaza de Mayo encontraron hoy a la nieta 126 y si bien la organización brindará detalles mañana al mediodía en una conferencia de prensa, Infobis, está en condiciones de dar un adelanto exclusivo.

La nieta 126 encontrada a través de la incansable lucha de Abuelas, es hija de Violeta Graciela Ortolani, quien cuando tenía 23 años y estaba embarazada de 7 meses fue secuestrada el 14 de diciembre de 1976. Se había casado con el entrerriano Edgardo Garnier.

Violeta nació en Buenos Aires el 11 de octubre de 1953, pero al morir su madre, su padre se radicó en Bolívar. Juntos, pasaron algunos años hasta que la mujer se trasladó a La Plata para comenzar sus estudios universitarios.

Edgardo nació el 7 de agosto de 1955 en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Su familia lo llamaba “Edgar” o “Rober” y sus amigos “El Chueco” o “El Pato”.

Ambos militaron en la FAEP, y particularmente Edgardo también lo hizo en la JP y Violeta en la JUP. Luego compartieron su militancia en la organización Montoneros.

Sus compañeros la llamaban “La Viole” y a él “La Vieja Bordolino” o “El Viejo”.

Violeta fue secuestrada el 14 de diciembre de 1976 en el Barrio La Granja, La Plata. Edgardo fue secuestrado el 8 de febrero de 1977 en la ciudad de La Plata. La joven estaba embarazada de ocho meses. Pensaban llamar Marcos, Enrique o Vanesa al bebé que esperaban.

La pareja continúa desaparecida. Su hija es la nieta 126.

Mañana a las 12, miembros de la organización brindarán una conferencia de prensa junto a su familia, para dar detalles de la historia, dijo la agrupación en un comunicado. El acto se realizará en la sede de Abuelas.

“Estarán presentes familiares y compañeros de militancia del padre y la madre de la nueva nieta, quien se encuentra feliz de haber conocido la verdad”. También solicitaron “a la prensa y a la sociedad en general la prudencia, el respeto y la confidencialidad que estas noticias requieren”.

En lo que va del año, Abuelas de Plaza de Mayo localizó a cinco nietos sustraídos de sus familias en la última dictadura militar. El caso anterior se había conocido el pasado 26 de octubre.

Inauditos sobreseimientos en la causa por la apropiación de Manuel Gonçalves

Repudiaron el sobreseimiento de un juez y funcionarios judiciales comprometidos en el robo de bebés. 

La Cámara de Casación Penal dictó el sobreseimiento del exjuez de Menores de San Nicolás, Juan Carlos Marchetti, quien está investigado por la apropiación ilegal del nieto recuperado Manuel Gonçalves Granada, hijo de Ana María Granada y Gastón Gonçalves, ambos asesinados durante la última dictadura militar. La causa fue impulsada por el propio Manuel en 2004, pero Marchetti nunca fue citado a declarar. Además, el fallo también favorece al exasesor de Menores Juan Carlos Magni, y dos funcionarios del juzgado de Lomas de Zamora, Juan Delfín Castro y Francisco García Cortina, donde concluyeron los trámites de adopción. Abuelas de Plaza de Mayo emitió un comunicado advirtiendo que "significan un retroceso en el juzgamiento de la complicidad judicial en los delitos de la última dictadura".

El 19 de noviembre de 1976 un centenar de militares y policías federales y bonaerenses rodearon la casa donde vivía Ana María con Manuel, de seis meses, y con otra pareja: los Amestoy, que tenían dos hijos de 5 y 3 años. Todos fueron asesinados en el denominado operativo Juan B Justo, excepto Manuel, quien había sido escondido por su madre en un armario, con documentos falsos.

El fallo que confirma el sobreseimiento de los investigados por la responsabilidad civil de la apropiación lleva el voto de los camaristas Eduardo Riggi y Mariano Borinsky, mientras que Gustavo Hornos lo hizo en disidencia. El argumento para liberar de culpa a Marchetti y al resto de los exfuncionarios  es que Ana María alteró la identidad de su hijo y, según los jueces, Marchetti se preocupó por la salud y el bienestar del niño, pero ignoraba que no era de apellido "Valdez", y las averiguaciones que se le reclama no haber hecho no le eran exigibles por su competencia como juez de Menores.

Según denunció Abuelas, Marchetti tenía conocimiento de la búsqueda de Manuel por parte del organismo de derechos humanos, ya que en 1978, representantes de la asociación visitaron su juzgado y mandaron cartas contando lo que pasaba con los niños. Y asegura que el exjuez de Menores sabía que Gonçalves había sido llevado a su juzgado luego del operativo en el que asesinaron a su madre y a la familia Amestoy, "por lo que podía perfectamente relacionar nuestras denuncias con su caso, pero no hizo nada".

Sin embargo, en su fallo Riggi sostiene que "con la alteración de la identidad del niño ya producida, ninguna posibilidad razonable tuvo Marchetti de conocer oportuna y debidamente la real filiación del menor y, por añadidura, de orientar lo actuado a ubicar a sus verdaderos parientes. Y sin duda también resultó víctima de aquella circunstancia".

Abuelas relató que el bebé quedó en manos de personal del Área de Inteligencia 132, y fue mantenido solo y con custodia policial durante cuatro meses en una sala del hospital San Felipe. Mientras que "sin buscar a sus familiares, Marchetti lo dio en adopción a una familia de otra localidad de la provincia de Buenos Aires", por lo que Manuel creció como Claudio Novoa hasta los 19 años, cuando recuperó su identidad.

En 2004, con la anulación de las leyes de impunidad, Manuel impulsó la causa por la masacre en la que fue asesinada su madre y por su apropiación ilegítima. La causa por la masacre avanzó, Manuel declaró como único sobreviviente y aseguró: “Cuando me encontré con esta historia, supe que no sólo mis padres no me habían abandonado sino que mi mamá me había salvado la vida”.

El juicio por la masacre finalizó en 2012 con las condenas a prisión perpetua contra Manuel Fernando Saint Amant, Federico Bossie y Jorge Muñoz, por los crímenes de lesa humanidad cometidos. Justamente Saint Amat fue quien dio la indicación de llevar a Manuel al hospital de San Nicolás aquel 19 de noviembre de 1976, por lo que tomó intervención al Juzgado de Menores y recayó en Marchetti, que dio en adopción al bebé en guarda a una pareja conocida, Luis Avelino Novoa y Elena Yolanda Rodríguez.

De todas formas, el fallo de Casación sostuvo  que a Marchetti no le es atribuible “el delito previo que había cometido la madre del niño al alterarle su identidad".

Alba Lanzillotto, tía del nieto identificado y ex secretaria de Abuelas

“Fue un rayo que le cayó encima”

Todavía no conoce a su sobrino, pero sabe que se conmovió con una entrevista radial que le hicieron a su hermano mayor y que se llevó las fotos de sus padres que le dieron en la Conadi. “Para mí fue inesperado. Tenía miedo de creer y decepcionarme”.

Todavía marca las erres, aunque no vive en La Rioja desde que volvió del exilio español. Alba Lanzillotto es docente y fue arrestada por unos días durante la dictadura. Cuando sus hermanas Ana María y María Cristina desparecieron, ella, que les llevaba 19 años, ocupó el lugar que en otras familias fue de las madres. Denunció, se unió a los organismos de derechos humanos y buscó. Durante años fue secretaria de Abuelas de Plaza de Mayo. El cuerpo de María Cristina fue identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense en una fosa común del cementerio de Avellaneda en 2005. Esta semana, las Abuelas y la Conadi (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad) encontraron a su sobrino, el hijo menor de Ana María, que estaba embarazada de ocho meses cuando se la llevaron, en julio de 1976. Ella todavía no lo conoce personalmente. A él, cuenta, la noticia de que es hijo de desaparecidos “le cayó como un rayo”, porque no se lo imaginaba. Pero sabe que se conmovió al escuchar a su hermano Ramiro en una entrevista radial y que se llevó las fotos de sus padres que le dieron en la Conadi. “Le quiero decir que doy gracias a Dios por haberlo encontrado y poder abrazarlo. Después no sé. Capaz no me sale nada. Es así, aunque sepas todo te quedás sin palabras”.

–¿Cómo te enteraste que había aparecido tu sobrino?

–Con Estela no había hablado desde que dejé de venir a Abuelas. Me llama y me dice que necesita hablar urgente conmigo. Le digo que estaba mal, que no podía caminar bien. “Tenés que venir aunque no puedas caminar, te espero a las cinco y media”, me dijo. Estela lo sabía desde el sábado y estaba atragantada, pero había que guardar el secreto. Estela me esperó en la puerta y me dijo “ya sabés para que te llamé”.

–¿Y sabías?

–Fue inesperado. En mi caso creo que tenía miedo de creer y que después me decepcionara, así como tantas veces me ha pasado. Era una defensa. Uno está tan roto por dentro por todo lo que ha sufrido, que no quiere otro sufrimiento más. Mi nieta Lucía llamó a una compañera de Abuelas y le preguntó. Lo único que le dijeron fue “es un hombre”. Entonces vine a Abuelas y ahí se sentaron todos a contarnos y aportar todo lo que sabían.

–¿Cómo fue que llegaron a él?

–El equipo de investigación de acá y de La Plata se juntaron y se dieron cuenta de que estaban buscando lo mismo. La partera es la misma que entregó a la chiquita de Elena de la Cuadra y a otro nieto. Revisaban las partidas que había firmado.

–¿Qué sabés que se pueda contar de la reacción de él?

–Pobre, ha sido un rayo que le ha caído encima. No tenía la menor idea. Cuando habló con la mujer que lo tiene, él quería hacer los análisis para demostrar que era hijo de esas personas. Al principio ella le dijo que no se hiciera esos análisis. “Vamos a hacer unos análisis conmigo para demostrar que soy tu madre”, le dijo. Claudia (Carlotto) inteligentemente le retrucó: “si vos pensás que sos hijo de ella, hacete por favor los análisis para que nosotros podamos descartarlo”. El iba esperando un no, cuando le dieron el sí se quedó pálido. Se agarraba la cabeza y se le caían las lágrimas. Después, Manuel Gonçalves (nieto y secretario ejecutivo de la Conadi) lo acompañó hasta la puerta y le fue hablando, hablando. Le hizo ver unas fotos y él se las pidió. Manuel lo llamó al otro día y él le dijo que no había dormido en toda la noche porque se quedó buscando el Facebook y había un montón de fotos. El es idéntico a mi Ramiro (el hijo mayor de Ana María Lanzilotto y Domingo Menna, que tenía dos años cuando desaparecieron sus padres). Son dos gotas de agua. Y le dijo a Manuel “es idéntico a mí”. Manuel le mandó un reportaje que le hicieron a Ramiro en la radio y él dijo que estaba muy conmovido. Como dice Ramiro, nosotros lo buscamos y lo recibimos incondicionalmente, como es. Ramiro dice: “a mí no me importa lo que piensa, ni nada, yo lo quiero a él, pero cuando me encuentre con él me voy a presentar con todo lo que soy yo y con todo lo que pienso, para que me conozca”.

–¿Qué es lo que se sabe del parto de Ana María? Parece haber distintas versiones.

–Ella estuvo en Campo de Mayo. Patricia Erb la vio. Dice que El Gringo estaba encadenado, torturado… Y Ana María estaba a la vuelta, sentada en el suelo, con los ojos tapados con algodón. Después la vio en el baño con la chica (Liliana) Delfino y vio que estaba embarazada. La vio dos o tres veces. Los chicos de El Vesubio también dicen que estuvieron las dos mellizas. Yo creo que el parto se da en el Proto Banco, pero hay otros que dicen en Campo de Mayo. A muchas chicas de El Vesubio las llevaban a Campo de Mayo. Estaban más cerca del avión para mandarlos al mar… En el Proto Banco decían que había nacido el hijo del Gringo Menna.

–¿Te imaginabas varón o niña?

–Hubo dos posibles casos que eran niñas. Una vez, cuando puse un recordatorio en Página/12 me llamaron por teléfono. Y me dijeron que la hija de esa pareja se llamaba de apellido Videla y vivía en tal lugar. En esa época las Abuelas todavía no iban a abordar a los chicos, así que le dije a mi yerno que vaya. Ella lo recibió muy bien, creía que no era hija de su madre, se vino a tomar café y hasta era parecida a la Ani, tenía las mismas orejas. Pero se hizo los análisis y no dio. También creíamos que podía ser Carolina Bianco. Ramiro fue a hablar con ella. Mucho después se hizo los análisis y no dio.

–¿Cuál es tu fantasía del encuentro?

–Lo único que le quiero decir es que doy gracias a Dios por haberlo encontrado y poder abrazarlo. Después no sé. Capaz no me sale nada.

–Con tanta experiencia en Abuelas…

–Pero es así, aunque sepas todo te quedas sin palabras.

–¿Cómo llegaste a Abuelas?

–Estuve exiliada en España. La forma de luchar era a través de Amnistía. Había un grupo que se ocupaba de las melli, había otro que se ocupaba de mi hermano que estaba preso en Sierra Chica. Cuando volví, mi marido no quiso ir a La Rioja. Vinimos acá. Yo trabajaba en la Junta de Calificación y cuando salía pasaba un ratito por Abuelas. Ayudaba a Mirta Baravalle con los recortes. Después se murió mi marido y venía más a las Abuelas. Yo soy profesora de Literatura y Chicha Mariani me pidió ayuda con el boletín y me ocupaba de eso.

–¿Cuál debe ser el rol del Estado en la búsqueda de los chicos apropiados?

–Un Estado terrorista ha cometido estos crímenes. Si los gobiernos se sienten responsables del Estado, tienen que trabajar para la reconstrucción del Estado. Mientras no se sepa la identidad de los chicos, mientras no sepamos dónde están los restos de los desaparecidos, dónde están ellos… Si el Estado no colabora con eso es porque no quiere reconstruir el Estado. Tengan las ideas que tengan, tiene que trabajar por la reconstrucción del Estado.

–¿Cómo evaluás el rol de la Justicia?

–Hubo jueces cercanos a la dictadura, que no recuperaban nietos porque los expedientes de las Abuelas los metían en un cajón. Yo tengo una bronca bárbara con la Justicia, me da hasta bronca decir Justicia. Una vez en una radio estuve en una mesa con un gendarme. Yo dije que no existe la justicia porque los pobres están en la cárcel tengan 70, 80 o 90 años. En la cárcel hay o personas que piensan distinto o chicos pobres… como lo que le pasó a los chicos de La Garganta Poderosa. Cuando yo dije que la Justicia no es igual para todos, el gendarme me dijo: “señora, está diciendo una gran verdad, las cárceles están llenas de pobres, no he visto ningún rico en la cárcel”.

Nieto 121 : El hijo del Gringo Menna y Ani Lanzillotto del PRT - ERP

Una pieza en el rompecabezas de la historia

Estela Carlotto contó que las Abuelas y la Conadi ubicaron al joven porque su acta de nacimiento está firmada por una partera que participó en otros casos de niños apropiados durante la última dictadura. Su familia espera el encuentro. “Te amamos y no vamos a poner condiciones”, le dijo su hermano Ramiro.

“Nuestra patria es como un rompecabezas destrozado por la dictadura. Cada nieto que encontramos, cada resto que se identifica, es una piecita que colocamos. Necesitamos la ayuda de todos para armarlo. Y del Estado, claro”, dijo Alba Lanzillotto durante la conferencia de prensa realizada en la casa de las Abuelas de Plaza de Mayo para informar oficialmente sobre el encuentro de su sobrino, el hijo de su hermana Ana María Lanzillotto y de Domingo “El Gringo” Menna, ambos secuestrados en Villa Martelli el 19 de julio de 1976, cuando ella estaba embarazada de ocho meses. El niño que nació durante el cautiverio de su madre es hoy un hombre de 40 años, que ya sabe que fue apropiado, pero que todavía no se reunió con la familia que lo buscó todos estos años. A él le dedicaron su tía y su hermano Ramiro muchas de las frases que dijeron ayer, con la esperanza, casi certeza, de que las escuchara por televisión. “Acá hay una familia que tiene 40 años de amor para darte. No vamos a poner condiciones, sabemos que no es fácil lo que estás pasando, el camino a recorrer no es fácil, pero cuanto antes mejor”, dijo Ramiro Menna, con esa pelada y esa barba que, dicen, su hermano tiene casi por duplicado.

La conferencia empezó poco después de la una, cuando los integrantes de la gran familia Menna Lanzilotto se fueron acomodando de parados detrás de la mesa que los separaba de fotógrafos, camarógrafos, periodistas e invitados. Sobre el mantel bordó había dos micrófonos, una foto de Ana María Lanzillotto, el Gringo Menna y un Ramiro bebé y un ramo de jazmines. Chicos de todas las edades se mezclaban con los ya grandes nietos, con Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo línea fundadora y Lita Boitano, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. Los fotógrafos se desesperaban por la imagen de una niña de unos tres años y pullover fucsia que levantaba la foto de los padres desaparecidos del nuevo nieto, el caso 121 a los efectos de la estadística de las Abuelas.

Hubo aplausos para recibir a Alba, que caminaba apoyada en su bastón y que jugaba de local, ya que durante años fue secretaria de Abuelas de Plaza de Mayo. Avanzaba despacio y muy sonriente. Saludaba a los amigos a la distancia. Ramiro llegó con el puño en alto y su remera del Frente Riojano de Organización Popular, la organización en la que milita en Chepes, el pueblo donde se instaló cuando decidió dejar de ser cura salesiano y volver de Etiopía, donde se enamoró de su mujer. “Ana María Lanzillotto presente, ahora y siempre”. “Domingo Menna presente, ahora y siempre”. La frase que habitualmente cierra actos y reuniones, esta vez la abrió.

Los fotógrafos y camarógrafos seguían gritando y empujando, mientras Estela Carlotto, presidenta de las Abuelas, hacía gestiones para que todos pudieran ver. “La próxima vez lo hacemos en el CCK”, bromeó. Hubo aplausos. Justo hacían su entrada el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj y el representante de Derechos Humanos de la Cancillería, Leandro Despouy. “El Estado asume su compromiso al estar acá. No es gratuito. Significa que va a haber respuestas. Hay que esperarlas”, dijo Carlotto a modo de mensaje. Luego saludó a los presentes: “gracias por venir, nos hace mucha falta festejar, quedan muchas cosas por hacer y las tenemos que hacer entre todos, qué mejor que encontrar a los nietos que nos han robado”. Lo siguiente fue contar la historia de este joven, adulto, que recuperó su identidad. Sobre todo, la historia de sus padres y de cómo fue apropiado, aunque ese es un rompecabezas al que todavía le faltan piezas.

Ana María Lanzillotto y Domingo “El Gringo” Menna eran miembros del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Ana María nació el 22 de abril de 1947 en La Rioja. Tenía una hermana melliza, María Cristina, Tina. “En esa época no había ecografías y mi mamá no sabía nada. Cuando salió una la partera le dijo: “Doña Brígida, hay otra”, contó ayer Alba, que tenía 19 años cuando nacieron sus dos hermanas menores a las que los cinco mayores cuidaron casi como hijas. María Cristina también fue secuestrada durante el terrorismo de Estado. Sus restos fueron hallados en una fosa común en Avellaneda. Las “melli” estaban siempre juntas. En 1964 se recibieron de maestras y viajaron a estudiar a Tucumán: Ani, Derecho, y Tina, Escribanía. Allí tomaron contacto con el PRT y comenzaron su militancia.

Domingo Menna nació en Italia en 1947 y luego se instaló en Tres Arroyos. Empezó a militar en Córdoba, donde viajó a estudiar Medicina. Participó del Cordobazo y de la fuga del penal de Rawson. “Un día se presentó en la puerta de casa, `Soy el compañero de Ani y quiero hablar con su madre`. Se encerraron en la pieza. Cuando salieron, El gringo ya se la había metido en el bolsillo”, recordó Alba.

Ani y El Gringo fueron secuestrados el 19 de julio de 1976 en un operativo en el que el Ejército también capturó a los dirigentes del ERP Mario Roberto Santucho –que tenía previsto dejar el país al día siguiente– y Benito Urteaga. Ambos estaban en un departamento de Villa Martelli junto a Ana María y Liliana Delfino, la compañera de Santucho. Santucho y Urteaga fueron asesinados en el lugar o heridos de gravedad. El hecho fue presentado por los medios de la época como “un éxito en la lucha contra la subversión judeomarxista” que había permitido “aniquilar a la dirección de la organización revolucionaria”. Ani estaba embarazada de ocho meses y, por testimonios de sobrevivientes, se supo que fue llevada a Campo de Mayo, igual que el Gringo, secuestrado ese mismo día. Ella también fue vista en el centro clandestino “Puente 12” o Proto Banco. Su hijo nació en alguno de esos centros clandestinos de detención. Ramiro estuvo desaparecido hasta la primera o segunda semana de agosto de 1976, cuando su familia lo ubicó en una comisaría.

Las Abuelas informaron ayer que desde 2004 investigan denuncias sobre quien, ahora se sabe, es el sobrino de Alba y hermano de Ramiro: “El equipo de investigación había reunido documentación para aproximarse a él y plantearle la posibilidad de que fuera hijo de desaparecidos. Paralelamente, la Comisión Nacional Por el Derecho a la Identidad (Conadi) estaba realizando una investigación en colaboración con el juzgado federal Nº 3 de La Plata”. Es que el acta de nacimiento del hijo de Ana María y Domingo estaba firmada por la médica Juana Franicevich, quien ya había firmado las partidas de dos nietos restituidos.

En junio, miembros de la Conadi contactaron al sobrino de Alba y le propuso hacerse los análisis en el Banco Nacional de Datos Genéticos. El aceptó, pero estaba convencido de que era hijo de las personas que lo habían criado. La directora ejecutiva de Conadi, Claudia Carlotto, –ayer no estuvo en la conferencia debido al fallecimiento de su ex esposo Bruno Huck– le informó el lunes que las sospechas eran fundadas. Que era hijo de Domingo Menna y Ana María Lanzillotto.

“Es como que los chicos nacen de nuevo. Pero como deberían ser, como personas libres”, dijo Alba. Ramiro y Alba agradecieron a las Abuelas, a la Conadi y al Banco de Datos Genéticos. Ramiro dijo que entendía que la aparición de su hermano no era un hecho privado. “Lo siento como un logro de nuestra patria que se reconstruye en el marco de una lucha que siempre fue por la emancipación”. A la vez, le mandó un mensaje de tranquilidad a ese hombre al que todavía no conoce y que está asimilando esta noticia que le cambió la vida para adelante y para atrás: “Te damos tiempo, esperemos que sea más corto que largo. Te amamos y no vamos a poner condiciones. Sabemos que no es fácil lo que estás pasando”. Alba completó: “estamos anhelando el gran abrazo”.

Guillermo Pérez Roisinblit declaró sobre el rol de su apropiador

Un represor con información

El nieto de Rosa Roisinblit contó que los compañeros de celda de su apropiador le hablaron de cómo habían torturado a su padre y que Gómez le reveló que sabía de otros casos de niños secuestrados.

Por Ailín Bullentini

Tras responder preguntas ante el Tribunal Oral Criminal número 5 de San Martín por horas, Guillermo Rodolfo Fernando Pérez Roisinblit tomó las últimas gotas de agua que le quedaban a un vasito plástico, entrecruzó los dedos de sus manos sobre la mesa en donde había colocado más temprano algunas fotos de su infancia, que “no fue feliz”, y cerró su testimonio: “Preciso no solo de la Justicia, sino también de Gómez, para que colabore en la identificación de los restos de mis padres. Estoy absolutamente seguro de que algún tipo de información tiene. Le pido que tenga un poco sensibilidad y declare. Me lo debe”. “Gómez” es Francisco Gómez, uno de los acusados en el juicio por la privación ilegítima de la libertad de Patricia Roisinblit y José Pérez Rojo, los padres de Guillermo y Mariana Pérez. La pareja y su beba de 15 meses fueron secuestradas en octubre de 1978. A Mariana la dejaron a las pocas horas con la familia paterna. José y Patricia, embarazada de ocho meses de Guillermo, fueron llevados a la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA), un organismo de espionaje de la Fuerza Aérea. Guillermo nació en la Esma y fue apropiado por Gómez, quien junto a su pareja de entonces le ocultó su verdadera identidad durante 26 años. “Necesito saber dónde están mis padres para empezar a dejar de estar en duelo constante”, concluyó ayer el nieto de Rosa Roisinblit, la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Su versión fue la tercera pieza –las primeras las aportaron Mariana y Rosa– depositada en este juicio oral del trágico rompecabezas que es la historia de los Pérez Roisinblit, una fotografía de la ferocidad y el ensañamiento con que el genocidio arrasó a familias enteras y las siguió destruyendo durante décadas. La Justicia también avanza de a pedazos en el análisis de los hechos y la condena a los culpables: hace dos años, juzgó y condenó a Gómez y a Teodora Jofré, su ex esposa, por la apropiación de Guillermo. Desde principios de abril, Gómez afronta un nuevo proceso junto a dos “compañeros de armas”: Oscar Graffigna, exjefe de la Fuerza Aérea, y Luis Trillo, exjefe de la RIBA. Todo ellos están acusados de la privación ilegítima de la libertad de los padres de Guillermo y Mariana. Sus homicidios quedaron fuera de la acusación. “No somos la estampa de una familia feliz buscando justicia. Cada uno ha llegado acá como pudo”, resumió Mariana Pérez hace dos semanas, cuando también les reclamó a los jueces que analicen su propio secuestro y las secuelas que que sufre aún hoy. Ese mismo día testimonió también Rosa.

De adelante para atrás

Guillermo no empieza por el principio de la historia que es eje del juicio oral, sino por el hecho que cambió el eje de la suya: el día que Mariana Pérez lo fue a buscar a su trabajo y le entregó una carta en la que le contaba que estaba casi segura de que era el hermano que ella estaba buscando. Recordó que entonces él le dijo que estaba equivocada, pero la información le quedó rebotando. “Esa es tu hermana”, le devolvió su jefe cuando se asomó y descubrió el parecido que compartían Guillermo y Mariana. Se acercó a Abuelas esa misma tarde y, en los días subsiguientes le preguntó a Gómez al respecto.

Gómez le negó su origen tres veces. La cuarta, “se quebró”: “Entre balbuceos reconoció que esa chica, por Mariana, sí era mi hermana, que yo era hijo de una montonera judía estudiante de medicina y un montonero, que a ella no la habían lastimado, pero que a mi papá sí; que él se ocupó de mi mamá, que estaba embarazada, que le daba huevo duro los fines de semana, que la sacaba a pasear y que le decía que se tenía que portar bien porque si no iba a comprometerlo”, reprodujo Guillermo. También intentó consolarlo con que “no era el único caso”: “Él me dijo que sabía de otros tres o cinco”, alcanzó a incorporar Guillermo. Mientras duró su convivencia con Gómez y Jofré, compartió celebraciones con uno de ellos, Ezequiel Rochistein Tauro, cuando aún era Ezequiel Vázquez Sarmiento. El hijo de María Graciela Tauro y Jorge Rochistein, también militantes de montoneros, fue apropiado por el oficial de la Fuerza Aérea Juan Carlos Vázquez Sarmiento, miembro de la RIBA y a quien Guillermo conoció como el “Colo”. Aún permanece prófugo.

Entre otras cosas que recuerda de su niñez, figuran sus días en la RIBA, adónde lo llevó varias veces Gómez, el “judío” que le dedicaban sus apropiadores cuando “hacía berrinches” y la violencia de quien le ocultó su identidad.

A fines de la década del 80 “huimos de Gómez”, recordó ayer, y completó que el ex agente de inteligencia de la RIBA “le pegaba a Jofré de una forma brutal, le daba patadas, le daba trompadas, le ha revoleado objetos, una vez le pegó con el cuerpo de madera de una escopeta, la dejó de cama”.

La negación

La confirmación sobre su identidad llegó a los pocos días de su encuentro con Mariana. Sin embargo, la restitución legítima sucedió recién en 2004, cuando Guillermo decidió finalmente someterse a los análisis de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). Entre una cosa y otra, desarrolló una “absoluta negación” de su historia. Entonces, visitaba a sus apropiadores en donde estaban detenidos. En las dependencias del grupo de Guerra Electrónica, en Palermo, Gómez gozaba de las comodidades de “un cuarto grande, una cama de dos plazas, una heladera y teléfono en la puerta”, así como de “asados y vino” con “compañeros de armas” que lo custodiaban. En uno de esos asados, dos de ellos, a quienes recuerda como el “Patón” y el “Oso”, le confesaron que era muy parecido a José Pérez Rojo, de quien destacaron “el aguante que tenía en la tortura, que no gritaba ni hablaba siquiera”.

El 23 de diciembre de 2003 fue la última vez que visitó a Gómez. Lo encontró “borracho” y amenazante. “Me culpó por estar preso, me dijo que en algún momento iba a salir y que para entonces tenía reservadas para mí, mis abuelas y mi hermana un tiro en la frente”. Guillermo no solo no regresó, sino que reflexionó sobre “de qué lado estaba parado”.

El regreso

Pese al “miedo” que sentía, Guillermo decidió presentarse como querellante en la causa que transita el juicio oral. “Yo quería ser el último desaparecido de mi familia”, explicó. Sus primeras dos declaraciones fueron como testigo protegido, bajo identidad reservada.

Los ojos cerrados, el juego incesante de su boca envolviendo y desenvolviendo labio contra labio, el repiqueteo de sus piernas contra el piso y el refriego constante de sus manos en un lenguaje corporal que al unísono comenzó cuando tuvo que enfrentarse a “las preguntas de las defensas” reflejaron la persistencia de ese temor.

Gómez estuvo presente durante todo su testimonio, así que también escuchó cuando Guillermo le reclamó que “nunca hubo de su parte siquiera un pedido de disculpas por todo esto”.

Abuelas denuncia el cierre de un área clave para recuperar nietos

El organismo advirtió que la ministra Patricia Bullrich eliminó del Ministerio de Seguridad el grupo que asistía en la toma de ADN a posibles víctimas de apropiación.

Por Gimena Fuertes

Las Abuelas de Plaza de Mayo denunciaron ayer el vaciamiento de áreas sensibles del Ministerio de Seguridad de la Nación dedicadas al sostenimiento de las políticas de Derechos Humanos, y advirtieron sobre la desarticulación del Grupo Especializado de Asistencia Judicial (GEAJ), creado para colaborar con la extracción de muestras de ADN por vía judicial, que permiten la identificación de los hijos de desaparecidos. A través de un comunicado, Abuelas responsabilizó a la ministra Patricia Bullrich por la medida publicada en el Boletín Oficial referida a la nueva estructura orgánica del Ministerio que dirige.

El Estado nacional había creado en 2009 el GEAJ para dejar de lado la intervención de las fuerzas de seguridad al momento de la toma de muestras de ADN, ya que se constató que en muchas ocasiones los agentes intervinieron de forma maliciosa para complicar la investigación de la búsqueda de los bebés apropiados. De esta manera, se ponía en manos de funcionarios judiciales el contacto con las personas que podrían llegar a ser víctimas de su apropiación.

El organismo advirtió que si no se revierte la medida, denunciará al gobierno ante la CIDH.

Pablo Lachener, abogado de Abuelas detalló la situación a Tiempo: "Desde hace meses notábamos que el área no estaba funcionando bien y con retraso. Argumentaban excusas de sobrecarga de trabajo, y ayer nos desayunamos con la noticia. Este grupo especial se pone en funcionamiento cuando las muestras no pueden ser tomadas de manera voluntaria y hace falta una intervención de personal especializado y adecuado a las víctimas y al delito", expresó. "No es que se deja de buscar a los nietos. Esa es una tarea de toda la sociedad, pero que deje de funcionar este grupo afecta la investigación", detalló el abogado.

Tal como había anticipado Tiempo en su edición especial del 24 de marzo, Bullrich había comenzado a analizar cómo aplicar el "cambio" que prometió Mauricio Macri en su campaña. Días después de asumir, envió al Ministerio de Modernización un nuevo organigrama en el que ya no figuraba un área de Derechos Humanos. En esa área estaba incluido el GEAJ. De hecho, ya se despidió a 15 de los 33 miembros de la Dirección, entre ellos los integrantes del equipo de Investigación, el GEAJ, el de cotejamiento de huellas digitales y de Género. "Los despidos afectan a todas las áreas del Estado relacionadas con las políticas de memoria, verdad y justicia, los relevamientos documentales, la realización de informes sobre la actuación de las fuerzas de seguridad en la dictadura, entre otras tareas. Se cuestiona el trabajo que se realiza, se desmantelan áreas, se quita apoyo", advirtió Lachener. 

 "Era una tarea delicada la toma de muestras de ADN para identificar judicialmente a nuestros nietos, hijos de desaparecidos, no podía quedar en manos de las fuerzas de seguridad, que en muchos casos actuaban con complicidad con los apropiadores, fraguando la toma de muestras para tornar imposible las restituciones", denunció Abuelas.

 La asociación recordó que a fines de 2014 fue condenado el oficial de policía Adolfo Porcel por haber fraguado, en 2005, en complicidad con el ex gendarme y apropiador, Víctor Enrique Rei, las muestras del allanamiento realizado en la restitución del nieto Alejandro Pedro Sandoval Fontana. "Ese policía es el que había remplazado el ADN de la víctima con el de un perro", recordó el abogado.

 Abuelas le reclamó a Macri "que tome las medidas necesarias para dar marcha atrás con la grave decisión adoptada por la ministra Bullrich" bajo advertencia de denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al gobierno nacional por el incumplimiento del acuerdo del año 2009.

En menos de cinco años desde la Dirección se remitieron unas 3500 unidades documentales a distintas investigaciones judiciales y allí se elaboró, por ejemplo, un mecanismo de identificación de cadáveres NN que permitió dar con el paradero de 37 personas desaparecidas, entre ellas, el de Luciano Arruga. 

El juicio por los secuestros de la RIBA

“Necesito saber qué pasó con ellos”

La vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa Roisinblit, y su nieta, Mariana Pérez, declararon ayer en el juicio en el que se juzga a tres represores, entre ellos al ex jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, Omar Domingo Rubens Graffigna, por la desaparición de Patricia Julia Roisinblit y José Manuel Pérez Rojo.

“Estoy muy contenta de que llegué a vivir este momento”, dijo casi al finalizar su declaración Rosa Roisinblit, que recién a los 96 años puede presenciar el juicio por la desaparición de su hija y de su yerno, quienes estuvieron secuestrados en la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA), un organismo de espionaje de la Fuerza Aérea en la zona oeste del conurbano que funcionó un centro clandestino de detención.

“Necesito saber quién se los llevó, a dónde se los llevaron, qué pasó con ellos”, reclamó la vicepresidenta de Abuelas. En la sala estaban los tres imputados: Graffigna, el ex jefe de la RIBA, Luis Tomás Trillo, y el ex personal civil de inteligencia Francisco Gómez, quien, junto con su ex mujer, María Teodora Jofré, se apropió del niño que Patricia parió en la ESMA, donde fue llevada desde la RIBA para dar a luz.

Mariana Pérez, hija mayor de Patricia y José, presenció el secuestro de sus padres y luego de unas horas fue llevada a la casa de sus familiares paternos, con quienes se crió. Durante su testimonio pidió que “de alguna manera este proceso dé cuenta de lo que me pasó a mí” y agregó: “No hay una consciencia cabal de lo que significa crecer buscando un hermano”.

“Cuando fue el operativo en el que me secuestraron con mis padres tenía apenas 15 meses. No tengo recuerdos, los primeros recuerdos son de lo que me han dicho mis abuelos”, relató Mariana. También rememoró que debió hacer consciente que su mamá estaba embarazada: “Algo que estaba guardado porque obviamente me habían preparado para la llegada de ese hermano, porque cuando desapareció mi mamá estaba de ocho meses”.

Procesaron a los médicos del IPP por la apropiación de los mellizos

David Vainstub y Jorge Eduardo Rossi, propietarios del Instituto Privado de Pediatría, fueron procesados por la Cámara Federal de Apelaciones por su responsabilidad en la sustracción y sustitución de identidad de los mellizos de Raquel Negro y Tucho Valenzuela, indicaron fuentes tribunalicias a Página Judicial. Los médicos no serán detenidos pero quedaron muy cerca del juicio oral. En la misma causa ya estaba procesado Miguel Alberto Torrealday.

Juan Cruz Varela - De la Redacción de Página Judicial

La Cámara Federal de Apelaciones lo hizo de nuevo: revocó la falta de mérito y decretó el procesamiento de los médicos David Vainstub y Jorge Eduardo Rossi, en la causa donde se investiga la sustracción y sustitución de identidad de los mellizos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, nacidos en el Hospital Militar de Paraná en marzo de 1978.

Los jueces Daniel Alonso, Mateo Busaniche y Cintia Gómez resolvieron, en forma unánime, hacer lugar a los recursos de apelación interpuestos por los fiscales y querellantes, y no solo revocaron la falta de mérito dispuesta por el juez federal Leandro Ríos, sino que dictaron el procesamiento de los médicos, al igual que lo mismo habían resuelto respecto de Miguel Torrealday.

Vainstub y Rossi están acusados por permitir el ingreso y permanencia de los mellizos en la sala de neonatología del Instituto Privado de Pediatría (IPP), donde estuvieron internados con nombre falso (Soledad López) la niña y sin nombre (NN López) el varón. Según los registros de la propia clínica privada, los mellizos fueron derivados del Hospital Militar. La nena ingresó el 4 de marzo y el varón, el 10 de marzo de 1978. También se les atribuye haberles dado el alta médica, autorizar su egreso administrativo y entrega a personas que no eran familiares ni ostentaban ningún poder legal sobre ellos sin dar aviso a un Juzgado de Menores.

El tribunal consideró que “la existencia de éstos delitos aparece prima facie incontrastable y la prueba más acabada de ello resulta ser Sabrina Gullino”, quien que recuperó su identidad en diciembre de 2008, e hizo hincapié en que “se desconoce hasta el día de la fecha el destino sufrido por el varón”.

El fallo –al que accedió Página Judicial– enumera una serie de certezas que, a criterio del tribunal, sostienen la responsabilidad de los médicos y destaca que “no existe constancia alguna de la identidad del médico tratante, de la participación en la internación de familiares de los menores ni que las autoridades del IPP hubieren otorgado intervención a la Justicia de Menores (…) tratándose de sujetos que por su edad carecían de cualquier posibilidad de autodefensa”, en referencia a los recién nacidos.

“Es justamente este cúmulo de irregularidades en el trámite de ingreso, permanencia y egreso de los menores del establecimiento médico en cuestión, lo que forma el cuadro que presenta las notas de probabilidad que ésta instancia requiere para mutar la resolución de falta de mérito a una resolución de signo incriminador positivo respecto de Vainstub y Rossi”, escribió el juez Alonso en su voto –al que adhirieron Busaniche y Gómez–.

La Cámara Federal reafirma que “los hijos de la desaparecida Raquel Negro fueron sustraídos de su esfera de custodia inmediatamente después del alumbramiento” y “a partir de ese momento fueron retenidos, ocultados de su madre y familiares y, asimismo, sus identidades se hicieron inciertas producto de esta misma sustracción”. En la misma línea, se deja en claro que “esta situación se mantiene respecto de uno de los bebés, el varón, cuyo paradero hasta la fecha resulta ser incierto”, es decir, el delito se sigue cometiendo.

La responsabilidad de los médicos del IPP había surgido durante el juicio celebrado en 2011, en el que fueron condenados los integrantes de la patota del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario. Allí se probó que los mellizos nacieron en el Hospital Militar y fueron derivados al IPP e incluso las enfermeras que atendieron a los mellizos recordaron que “en aquella época ellos también hacían guardia”, en referencia a Torrealday, Rossi, Vainstub y Luis Ángel Schroeder (fallecido), y que “los cuatro eran directores, ninguno figuraba como jefe, aunque probablemente lo haya sido Torrealday en los hechos”, como lo hizo notar el Tribunal Oral Federal en la sentencia.

El tribunal de juicio también hizo hincapié en la “desmemoria” de los médicos, algo que calificó de “inexplicable porque fueron momentos históricos impactantes para todos los argentinos” y porque “como profesionales tienen mayor responsabilidad frente a sus pacientes y familiares por su juramento hipocrático”; en contraposición con la actitud que tuvieron las enfermeras, que “registraron con mayor enjundia” y “compromiso” el paso de los mellizos por el IPP.

El represor Menéndez deberá responder por el robo de la nieta 107

La madre estuvo detenida en el D2 de la Policía de Córdoba

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó los recursos presentados por la defensa de Luciano Benjamín Menéndez y confirmó su procesamiento por sustracción de menores, en una causa en la que se investiga la apropiación de la nieta recuperada 107, hija de Carlos Oviedo y María de las Mercedes Moreno. La mujer había tenido a la beba en la Maternidad Provincial de Córdoba, encadenada.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó el procesamiento de Luciano Benjamín Menéndez, en una causa en la que se encuentra imputado, junto con otros represores, por la sustracción de una niña a una mujer que estuvo detenida en el D2 Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba, que funcionó como centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico–militar. El máximo tribunal del país rechazó los recursos presentados por el represor y ratificó su imputación por sustracción de menores.  

Con la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Higthon y Juan Maqueda, la sentencia dio por culminado el último intento de Benjamín Menéndez por esquivar esta causa. Para los magistrados supremos, el recurso “no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal” y por eso lo desestimó el pasado 29 de diciembre.

La sustracción

María de las Mercedes Moreno fue detenida por personal policial del D2 en septiembre de 1978, cuando estaba embarazada. En octubre de ese mismo año fue trasladada a la maternidad provincial, donde tuvo a su hija, encadenada. Se la sacaron de forma inmediata y trasladaron a María de las Mercedes otra vez al centro clandestino, donde permaneció hasta abril de 1979. La niña fue llevada a la Casa Cuna.

En septiembre de 1979, un juez cordobés ordenó el egreso de la beba luego de otorgarle la guarda judicial a un matrimonio que inscribió a la niña como propia. Cuando María de las Mercedes salió en “libertad vigilada”, la buscó junto a dos de sus hermanas en la Casa Cuna. Una monja no les brindó información. Recién en 2012, con la ayuda de la filial de Abuelas de Plaza de Mayo, en Córdoba, María de las Mercedes logró que la justicia federal convocara a la joven, que accedió a realizarse el examen ADN, y confirmó que era su hija, la nieta recuperada 107.

El camino judicial

Allí comenzó la investigación por la sustracción de la menor. En su inscripción, por ejemplo, el matrimonio que se la apropió había presentado un certificado médico de Vicente Antonio Spitale donde daba cuenta, falsamente, que el 11 de octubre de 1980 había atendido a la mujer, en un supuesto parto natural. La investigación, aún en proceso, tuvo varias decisiones, una de las cuales llegó al máximo tribunal del país.   

En 2013, el juez federal N° 3 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, procesó a Laura Dorila Caligaris y Osvaldo Roger Agüero, los apropiadores, por el delito de supresión del estado civil y a Spitale y Adela María González, como partícipes necesarios. En esa misma sentencia, el magistrado dictó el sobreseimiento por esos delitos de Luciano Benjamín Menéndez, Alberto Carlos Lucena, Jorge González Navarro, Héctor Hugo Lorenzo Chilo, Jorge Eduardo Gorleri, Roberto Villagra, Alberto Bonadero, Carlos Sem Rodríguez y Ana María Rigutto de Oliva Otero.

Todos estos sobreseimientos fueron revocados por la Cámara Federal de Córdoba, que ratificó los procesamientos, confirmados luego por la Cámara Federal de Casación Penal. La defensa de Luciano Benjamín Menéndez, en manos de María Eugenia Di Laudo, defensora pública coadyuvante, llegó con una queja hasta la Corte Suprema de Justicia, que terminó rechazándola.

Sergio Goya