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| Luis F. Goya |
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| María Ana Erize. |
Es por el caso de un robo de bebé de desaparecidos. Quieren documentar el proceso dentro de un plan nacional. Claudio Leiva
Como ya viene sucediendo en otras provincias argentinas donde se están llevando adelante procesos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, también en San Juan se van a filmar las audiencias del primer juicio oral y público que está previsto que comiencen a partir del lunes 5 de septiembre
En el caso de San Juan, que será también el primer juicio en Cuyo de este tipo, se va a juzgar a un matrimonio que reside en la provincia acusado por el delito de apropiación de menor, hijo de desaparecidos.
Para cumplir con una disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha previsto ‘el resguardo de la memoria colectiva‘, a las 10 de hoy, en la sala Rogelio Cerdera de la Casa de Gobierno, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) firmará un convenio con la Subsecretaría de Derechos Humanos y Lucha contra la Discriminación de la provincia y la Universidad Nacional de San Juan. Es que la casa de estudios, a través del Centro de Creación para Medios de Comunicación (Creacom), será el encargado de la grabación en video de las audiencias de este juicio histórico en la provincia.
En la causa están imputados Luis Alberto Tejada, un ex militar que desde 1975 a 1982 estuvo en el Destacamento de Inteligencia Nro. 144 con asiento en Mendoza y que por su tarea también residió en San Juan, y su esposa Raquel Josefina Quinteros, ama de casa. Ambos viven ahora en la provincia y esa fue una de las razones que tuvo en cuenta la Justicia para que el proceso se lleve adelante en San Juan.
Están acusados de haberse apropiado entre 1979 y 1980 de un bebé que todavía no tenía un año de vida, hijo de un matrimonio de desaparecidos. Se trata de Luis Francisco Goya, argentino, integrante de la Agrupación Montoneros, y María Lourdes Martínez Aranda, mexicana. Ambos desaparecieron en el ‘80, según figura en la causa.
Si bien este es el primer juicio oral y público que se va a filmar en la provincia, se espera que antes de fin de año puedan comenzar los procesos contra otros personajes que actuaron en la provincia durante la época de la dictadura militar. Entre ellos Jorge Olivera, que tiene una causa en contra por la desaparición de la modelo franco-argentina María Ana Erize.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación sacó una resolución el 16 de diciembre del 2009 en la que dispuso la filmación de los juicios orales y públicos por la comisión de delitos de lesa humanidad.
Fue en el marco de las políticas nacionales de memoria, verdad y justicia, a través de las cuales se instrumentó la guarda y conservación en formato audiovisual del material obtenido en los procesos por delitos cometidos durante la última dictadura militar. Según el convenio original, el INCAA, por medio de su Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), aportará la capacidad técnica de sus egresados y equipo de producción, de acuerdo a los requerimientos de la Corte. El acuerdo establece que ‘las imágenes logradas son de propiedad del Poder Judicial de la Nación‘. En ese sentido, el INCAA queda obligado a hacer entrega del material filmado en bruto al tribunal oral donde se sustancie el juicio.
En el caso de San Juan, la tarea de filmación estará a cargo del Creacom, que dirige Carlos Ureta, y que deberá seguir una serie de pautas impartidas desde el instituto del cine. Desde el año 2006, luego de la anulación de las leyes de impunidad, comenzaron a realizarse los juicios penales a los responsables por delitos de lesa humanidad, desde la Justicia se entendió que era indispensable garantizar la publicidad de las audiencias y el registro audiovisual de los juicios.
La idea era afianzar un concepto amplio del principio de publicidad, pues no sólo se trata de promover la difusión de los juicios, sino de conformar un archivo audiovisual que pueda ser de acceso público.
Hasta ahora, el registro audiovisual contiene imágenes, por ejemplo, de los juicios llevados a cabo contra el ex comisario general de la policía bonaerense Osvaldo Etchecolatz, el ex Capellán de la policía, Christian Von Wernich, los 14 represores que actuaron en la unidad 9 de La Plata, y los apropiadores Omar Alonso y el capitán de navío de Infantería de Marina Juan Carlos Herzberg.
Como ya viene sucediendo en otras provincias argentinas donde se están llevando adelante procesos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, también en San Juan se van a filmar las audiencias del primer juicio oral y público que está previsto que comiencen a partir del lunes 5 de septiembre
En el caso de San Juan, que será también el primer juicio en Cuyo de este tipo, se va a juzgar a un matrimonio que reside en la provincia acusado por el delito de apropiación de menor, hijo de desaparecidos.
Para cumplir con una disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha previsto ‘el resguardo de la memoria colectiva‘, a las 10 de hoy, en la sala Rogelio Cerdera de la Casa de Gobierno, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) firmará un convenio con la Subsecretaría de Derechos Humanos y Lucha contra la Discriminación de la provincia y la Universidad Nacional de San Juan. Es que la casa de estudios, a través del Centro de Creación para Medios de Comunicación (Creacom), será el encargado de la grabación en video de las audiencias de este juicio histórico en la provincia.
En la causa están imputados Luis Alberto Tejada, un ex militar que desde 1975 a 1982 estuvo en el Destacamento de Inteligencia Nro. 144 con asiento en Mendoza y que por su tarea también residió en San Juan, y su esposa Raquel Josefina Quinteros, ama de casa. Ambos viven ahora en la provincia y esa fue una de las razones que tuvo en cuenta la Justicia para que el proceso se lleve adelante en San Juan.
Están acusados de haberse apropiado entre 1979 y 1980 de un bebé que todavía no tenía un año de vida, hijo de un matrimonio de desaparecidos. Se trata de Luis Francisco Goya, argentino, integrante de la Agrupación Montoneros, y María Lourdes Martínez Aranda, mexicana. Ambos desaparecieron en el ‘80, según figura en la causa.
Si bien este es el primer juicio oral y público que se va a filmar en la provincia, se espera que antes de fin de año puedan comenzar los procesos contra otros personajes que actuaron en la provincia durante la época de la dictadura militar. Entre ellos Jorge Olivera, que tiene una causa en contra por la desaparición de la modelo franco-argentina María Ana Erize.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación sacó una resolución el 16 de diciembre del 2009 en la que dispuso la filmación de los juicios orales y públicos por la comisión de delitos de lesa humanidad.
Fue en el marco de las políticas nacionales de memoria, verdad y justicia, a través de las cuales se instrumentó la guarda y conservación en formato audiovisual del material obtenido en los procesos por delitos cometidos durante la última dictadura militar. Según el convenio original, el INCAA, por medio de su Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), aportará la capacidad técnica de sus egresados y equipo de producción, de acuerdo a los requerimientos de la Corte. El acuerdo establece que ‘las imágenes logradas son de propiedad del Poder Judicial de la Nación‘. En ese sentido, el INCAA queda obligado a hacer entrega del material filmado en bruto al tribunal oral donde se sustancie el juicio.
En el caso de San Juan, la tarea de filmación estará a cargo del Creacom, que dirige Carlos Ureta, y que deberá seguir una serie de pautas impartidas desde el instituto del cine. Desde el año 2006, luego de la anulación de las leyes de impunidad, comenzaron a realizarse los juicios penales a los responsables por delitos de lesa humanidad, desde la Justicia se entendió que era indispensable garantizar la publicidad de las audiencias y el registro audiovisual de los juicios.
La idea era afianzar un concepto amplio del principio de publicidad, pues no sólo se trata de promover la difusión de los juicios, sino de conformar un archivo audiovisual que pueda ser de acceso público.
Hasta ahora, el registro audiovisual contiene imágenes, por ejemplo, de los juicios llevados a cabo contra el ex comisario general de la policía bonaerense Osvaldo Etchecolatz, el ex Capellán de la policía, Christian Von Wernich, los 14 represores que actuaron en la unidad 9 de La Plata, y los apropiadores Omar Alonso y el capitán de navío de Infantería de Marina Juan Carlos Herzberg.
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