La estrategia de inculpar a los muertos

Lo que dicen los acusados por el robo de los bebés de Raquel Negro, en 1978.

Los represores que declararon en el inicio del juicio que se desarrolla en Paraná, deslindaron sus responsabilidades y cargaron las culpas contra médicos y un agente de inteligencia del Ejército que ya están fallecidos.
Por Juan Cruz Varela

Desde Paraná

Los que no están no pueden defenderse. Apunten contra los muertos. Esa fue la premisa de los imputados en la primera semana del juicio por el robo de los bebés que dio a luz Raquel Negro en el Hospital Militar de Paraná en marzo de 1978. Quienes aceptaron prestar declaración indagatoria apelaron a una estrategia común y, por qué no, cobarde: Pascual Oscar Guerrieri, Juan Daniel Amelong y Juan Antonio Zaccaría deslindaron responsabilidades en los muertos, sean estos militares o médicos. Zaccaría era jefe de terapia intensiva del Hospital Militar en 1978. En unos pocos minutos destrozó la estrategia que acababa de plantear su abogado defensor. Humberto Franchi solicitó la suspensión del proceso en su contra y se esmeró en hacerlo pasar por inimputable. Pero el médico anestesista contó con detalles el paso de Raquel Negro y sus hijos por el nosocomio paranaense y en varios tramos de su declaración dejó entrever también que pudieron haberse producido otros partos de mujeres secuestradas, lo que avalaría la hipótesis de que allí funcionó una maternidad clandestina.

Zaccaría dijo no recordar los nombres de quienes trabajaban en el Hospital Militar. No obstante, mencionó como probables responsables de la internación y el parto a los ginecólogos Jorge Cantaberta y Miguel Bottero Brollo y dijo que cumplía órdenes de sus superiores, que serían los tenientes coroneles médicos Luis Levín y Marcelo Jesús Beret, director y subdirector del Hospital Militar en 1978. Todos están fallecidos.

Sin embargo, pocos minutos tardó Zaccaría en soltarse y comenzar a recordar. A partir de preguntas que le formulara el fiscal José Ignacio Candioti, admitió la presencia de los bebés en una sala de terapia intensiva de adultos, pero aseguró que "los pusieron ahí y después los sacaron, cuando di la novedad a la superioridad, los hicieron desaparecer, los llevaron a otra parte". Más adelante insistió: "Yo no tenía nada que ver, a los chicos me los metieron de prepo en la sala de terapia intensiva".

De todas maneras, Zaccaría precisó que "la nena estaba bien, pero el varoncito estaba más o menos, tirando a mal; y la madre quedó en terapia, pero estaba sana". Más aún, el médico admitió, por primera vez, haberse entrevistado con Raquel Negro: "La vi cinco minutos, fue una charla parcial, superficial. Ella estaba acostada, pero tenía buen aspecto", aseguró. En ese marco, señaló que todo el procedimiento fue "irregular" y que Raquel Negro y los mellizos "estaban internados en forma ilegal, no correcta, en una palabra".

Pascual Oscar Guerrieri, en tanto, dio un testimonio casi de manual, en el que reivindicó la represión ilegal y negó cualquier vinculación con el operativo para el secuestro y sustitución de identidad de los mellizos. "Quiero hacer esta declaración con respeto hacia los que no están, tanto de la parte de ellos como de la parte de nosotros", dijo ante el tribunal. "Aspiro a un juicio justo. La otra parte no está, está desaparecida. Existimos solo nosotros, cuando no fue así", añadió mirando de reojo a los abogados querellantes.

El jefe de la patota apeló a una consigna de los organismos de derechos humanos al reconocerse un "ferviente admirador" del nunca más y cuestionó que se los tilde de represores o integrantes de una patota y volvió al remanido latiguillo de la guerra contra la subversión para referirse a los crímenes de lesa humanidad.

En su caso, intentó despegarse de las acusaciones en virtud de que en la cadena de mando tenía por encina suyo a los (casualmente) fallecidos Leopoldo Fortunato Galtieri, Luciano Adolfo Jáuregui y Alcides Juvenal Pozzi. Anotando en una pizarra que luego mostró al tribunal, intentó explicar cómo funcionaba la estructura del Segundo Cuerpo de Ejército y deslindar su responsabilidad argumentando que los hechos habían ocurrido en jurisdicción del Destacamento de Inteligencia 122, con sede en Santa Fe.

Así, pretendió cargar las tintas contra Paúl Alberto Navone, el mayor del Ejército que dependía de ese destacamento y apareció muerto el 25 de febrero de 2008, con un balazo en la cabeza, en un hotel de la Fuerza Aérea en la localidad cordobesa de Ascochinga, el mismo día en que debía presentarse a declarar como imputado en esta causa. Guerrieri fue más allá y aseveró que "Raquel Negro fue llevada a Paraná y Navone la ejecutó y se quedó con sus hijos".

Luego, Juan Daniel Amelong intentó una estrategia similar a la que sumó la "animosidad evidente" de Eduardo Costanzo, el represor que ha venido dando detalles acerca de cómo funcionaba la patota, y pidió al tribunal que ordene un cruce de llamadas entre los teléfonos que utilizaban Costanzo y Navone y que se remitan libros de guardia y visitas para determinar la frecuencia con que ambos se veían.