Alegato de la fiscalia en el juicio por la maternidad clandestina de Campo de Mayo

Médicos y partícipes de apropiaciones

Solicitaron penas de entre 13 y 45 años de prisión para los cinco imputados en el juicio por los nacimientos en Campo de Mayo. Señalaron que los delitos fueron realizados “con la participación de toda la estructura sanitaria del hospital”.

 Por Ailín Bullentini

El Ministerio Público Fiscal solicitó penas de entre 13 y 45 años de prisión para los cinco imputados en el juicio por la apropiación de bebés nacidos en la maternidad clandestina del Hospital Militar de Campo de Mayo y el secuestro y tormentos a sus mamás durante la última dictadura.

Los fiscales Martín Niklison, Nuria Piñol y Viviana Sánchez dieron por probados los delitos analizados en el juicio: la apropiación de los hijos de Marta Alvarez, Susana Stritzler, Mónica Masri, Valeria Beláustegui Herrera, María Eva Duarte, Myriam Ovando, Silvia Quintela Dallasta y Liliana Isabel Acuña –algunas parieron en el Hospital Militar de Campo de Mayo, otras en centros clandestinos que funcionaron en esa guarnición militar aunque asistidas por personal de la institución sanitaria– así como el secuestro y las torturas que recibieron durante su encierro.

“Consideramos la existencia y funcionamiento de la maternidad clandestina, el cautiverio en condiciones inhumanas de mujeres embarazadas en el sector de Epidemiología para dar a luz atadas, vendadas, sin poder comunicarse, sin registro de su existencia, a las cuales les fueron arrebatados sus hijos recién nacidos, que no eran anotados debidamente, sino con datos falsos como parte de una práctica sistemática de apropiación de niños allí realizada con la participación de toda la estructura sanitaria del hospital bajo la dirección de las autoridades y médicos militares”, advirtieron durante la introducción de su amplio alegato, que incluyó referencias a una batería de sentencias por delitos de lesa humanidad relacionados con los hechos y los imputados en el debate actual, referencias a pruebas documentales y numerosos testimonios vertidos en el marco de este juicio o incorporados por lectura que describían la maternidad, las condiciones en que eran mantenidas las embarazadas allí y el trato que recibían.

Eugenio Martín fue jefe de Clínica de Campo de Mayo. Para él, la fiscalía solicitó 35 años de cárcel por la privación ilegítima de la libertad y las torturas impuestas a Beláustegui, Masri, Duarte y Quintela Dallasta, así como la sustracción, ocultamiento y retención de sus hijos. Para Norberto Bianco, ex jefe de Traumatología del hospital, la pena pedida fue de 30 años, por los mismos delitos cometidos en los mismos casos. La fiscalía imputó al ex jefe de Comando de Institutos Militares Santiago Riveros por la apropiación de los hijos de Alvarez, Acuña, Ovando y Stritzler y pidió 45 años de cárcel. A quien fue su segundo, Reynaldo Bignone, lo encontraron culpable del robo de los hijos de Beláustegui, Stritzler y Masri, lo que le valdrían 40 años de encierro, si se concede el pedido. Para Arroche, imputada por falsedad de documento público y retención y ocultamiento de Francisco Madariaga Quintela, fueron solicitados 13 años.

El alegato buscó reforzar los argumentos que infieren la responsabilidad de los médicos juzgados: Eugenio Martín, Norberto Bianco y Luisa Arroche. La particularidad del juicio tiene que ver con que parte de los acusados fue personal médico civil y militar del Hospital Militar de Campo de Mayo. Martín y Bianco eran jefes de Servicio de Clínica Médica y Traumatología respectivamente; ambos eran militares. Arroche fue obstetra. Julio César Caserotto fue su contemporáneo al mando de Ginecología y fue, tal vez, quien más habló sobre la relación entre el hospital y los crímenes de lesa humanidad que sucedían entonces. Murió en 2008. Jorge Habbib Haddad, que fue subdirector del centro de salud, y Ramón Capecce, que fue jefe de Cirugía, quedaron fuera del juicio por cuestiones de salud.

A modo de preludio, la fiscalía mencionó el rol de intervención directa que cumplieron los médicos durante el nazismo y dejó abierta la puerta a la comparación de aquél con el de los médicos en juicio. “Es necesario romper con la impunidad alimentada por el mito del guardapolvo blanco y el rol del profesional inocuo que cumple con su función sin mirar a su alrededor y utilizar aquí los estándares de prueba que son aplicables a otros imputados por delitos de lesa humanidad”, advirtieron en relación con los profesionales de la salud y sentenciaron: “Los médicos internos y jefes de servicio fueron militares que prestaron servicio a la llamada lucha antisubversiva” y sus conductas “se apartan notoriamente del acto médico. Son actos delictivos”.

En ese marco, la atención de embarazadas detenidas ilegalmente fue parte de la “misión que como unidad militar el hospital cumplió a disposición del sistema de represión clandestina” que imperaba entonces.

Comienzan los alegatos en el proceso por nueve casos de apropiaciones de bebés

El juicio por la maternidad clandestina

La etapa de alegatos será inaugurada  por Abuelas de Plaza de Mayo. Los acusados por crímenes cometidos en el Hospital Militar de Campo de Mayo son los represores Riveros y Bignone, los médicos Norberto Bianco y Raúl Martín, y la obstetra Luisa Arroche.

 Por Ailín Bullentini

Abuelas de Plaza de Mayo inaugurará hoy la etapa de alegatos en el juicio a los médicos Norberto Bianco y Raúl Martín, a la obstetra Luisa Arroche y a los represores Santiago Riveros y Reynaldo Bignone por la apropiación de nueve bebés nacidos en la maternidad clandestina que funcionó en el Hospital Militar de Campo de Mayo.

El debate oral duró apenas dos meses y contó con el testimonio de una veintena de testigos, la incorporación por lectura de varias otras declaraciones ofrecidas en el juicio por el plan sistemático de apropiación de bebés y otras instancias judiciales. Casi todos los testigos que hablaron ante el Tribunal Oral Federal Nº 6 son o fueron empleados del Hospital Militar de ese gran predio del Ejército que es Campo de Mayo y en cuya área de Epidemiología funcionó, entre 1976 y 1978, una maternidad clandestina en la que parieron, por lo menos, 17 mujeres víctimas del terrorismo de Estado. Las historias de nueve de ellas integran el juicio que hoy ingresa en su etapa definitoria. Otros tantos casos aún esperan en el fuero de Instrucción a que la Justicia los mande a juicio oral. La querella de Abuelas y la Fiscalía, a cargo de Martín Niklison, Nuria Piñol y Viviana Sánchez, abrigaba la esperanza de que fueran incorporados al actual. Pero no ocurrió.

Marta Alvarez, Susana Stritzler, Mónica Masri, Valeria Beláustegui Herrera, María Eva Duarte, Myriam Ovando, Silvia Quintela Dallasta y Liliana Isabel Acuña estaban secuestradas en centros clandestinos que funcionaron en la órbita de Campo de Mayo. Estaban embarazadas. Según la elevación a juicio que enmarcó este debate oral, cuando estas mujeres entraron en trabajo de parto fueron trasladadas desde sus diferentes infiernos de cautiverio al Hospital Militar de Campo de Mayo. Allí fueron internadas en dos habitaciones del área de Epidemiología de esa institución, especialmente acondicionadas para la hospitalización de “guerrilleras subversivas”, hasta el momento del parto, que usualmente tenía lugar en el quirófano. A los pocos días, en algunos casos a las horas, esas mujeres eran regresadas a sus encierros clandestinos sin sus bebés, que fueron entregados a otras familias. Ninguna de ellas sobrevivió. Cinco de esos niños recuperaron su identidad, entre ellos Francisco Madariaga Quintela y Catalina de Sanctis Ovando.

Frente a la presidenta del TOF 6, María del Carmen Roqueta, y los jueces Julio Panello y Jorge Gettas, la querella de Abuelas de Plaza de Mayo será la primera parte acusadora en intentar tejer con el hilo de las pruebas documentales, testimoniales e históricas, esas nueve historias con las responsabilidades de los cinco acusados. Bignone y Riveros deben responder a las acusaciones por haber sido las autoridades máximas de la zona de defensa IV del Ejército nacional, que incluye en su jurisdicción la repartición militar de Campo de Mayo. Ambos ya fueron condenados a 25 y 20 años de cárcel, respectivamente, por apropiación de bebés en el juicio por el Plan Sistemático, llevado adelante por el mismo tribunal.

Martín y Bianco son sólo dos de los más de cinco médicos militares retirados que estuvieron involucrados en la investigación por el funcionamiento de la maternidad clandestina en Campo de Mayo y que por primera vez llegan a juicio por esos hechos. El resto se salvó de la Justicia por problemas de salud o por haber muerto.

Martín fue jefe del servicio de Clínica del Hospital Militar. Según la acusación de la querella, Martín era un “retransmisor” de información relativa a la presencia en el hospital de mujeres secuestradas clandestinamente, a sus partos y al destino de sus bebés.

Bianco fue jefe del Servicio de Traumatología de la institución. En sus respectivas elevaciones a juicio, la querella y la Fiscalía coincidieron en señalarlo como un “personaje clave” en el robo de bebés a detenidas ilegales cuyo destino era la desaparición.

Yolanda Arroche de Sala García fue obstetra de la institución y está acusada de haber firmado el certificado de nacimiento falso de uno de los bebés apropiados y quien ya recuperó su identidad, Francisco Madariaga Quintela.

Declaró una partera del Hospital Militar de Campo de Mayo

“Es una mochila muy pesada”

Nélida Valaris atendió al menos dos partos de mujeres que estaban secuestradas en Campo de Mayo. “Si me hubiesen dicho de qué se trataba, me hubiera escapado”, dijo al declarar como testigo.

 Por Ailín Bullentini

La de ayer fue su cuarta declaración ante la Justicia; la segunda frente a un tribunal oral. Como en las anteriores, la licenciada en Obstetricia “a punto de jubilarse” Nélida Valaris hizo la misma reflexión sobre su función como partera del Militar de Campo de Mayo (HMCM) durante la última dictadura: “la mochila pesada” que significa, para ella, el haber formado parte, sin saberlo, del plantel médico que trabajó en la maternidad clandestina de esa institución.

Corpulenta, pelo renegrido y atado hacia atrás, Valaris declaró durante poco menos de dos horas frente al Tribunal Oral Federal Nº 6 en el juicio que se les sigue a los represores Santiago Riveros y Reynaldo Bignone, a los médicos militares jubilados Eugenio Martín y Norberto Bianco y a la partera Luisa Arroche de Sala García por la apropiación de nueve bebés nacidos en el HMCM. De sus siete años de servicios prestados en el sector de Ginecología y Obstetricia de esa institución, Valaris conserva en su memoria algunos nombres –recuerda sin dudar al ex jefe del sector Jorge Caserotto, “personaje bastante siniestro”, y a Agatino Di Benedetto, quien fue uno de los directores del hospital; también al “traumatólogo” Norberto Bianco y a su colega Arroche– y varias experiencias que prefiere “no haber vivido nunca”.

“Si me hubiesen dicho de qué se trataba todo aquello hubiera escapado, me hubiera ido del país. Nunca imaginamos la desaparición de personas”, advirtió en plural, quizá invocando a algunos de sus compañeros de trabajo que, como ella, decidieron acudir al llamado de Raúl Alfonsín cuando, como presidente, invocó a quienes “supieran algo” sobre los horrores del terrorismo de Estado durante la dictadura todavía tibia, a que lo contaran. Valaris declaró sobre lo vivido en varias oportunidades. La primera vez fue ante la Conadep, lo que le valió amenazas explícitas de muerte de parte de Caserotto. “Me dijo que iba a ver crecer las margaritas desde abajo. Y yo le contesté que estaba tranquila porque no necesitaba un litro de vino para dormir”, recordó. Años más tarde aportó detalles en la instrucción de la causa que en la actualidad está en debate. Declaró en el juicio por el Plan Sistemático y recorrió, varios años después de su “retiro voluntario”, las instalaciones del hospital. Ayer, advirtió que aquella época es una “mochila muy pesada que, a medida que pasa el tiempo, profundiza más su pesar”. “Sobre todo los partos”, remarcó.
Los partos

Los dos sucedieron, cree, entre 1976 y 1977. Ambos, también, de día. El primero fue en la sala de partos del hospital: “Era una mujer llamativamente canosa. No me la puedo sacar de la cabeza: tenía los ojos vendados con gasa y estaba custodiada. Así parió, sin hacer ningún tipo de sonido, ni de queja, ni de dolor, de nada. En silencio”.

Para el segundo, “el más doloroso”, Valaris resistió su participación ante Caserotto. “Vino y me dijo que tenía que ir a asistir a una detenida en la cárcel de encausados de Campo de Mayo. Me negué, pero me obligó: dijo que era orden del director del hospital”, relató ante el TOF Nº 6. Más tarde, informó que De Benedetto negó ante la Justicia haber emitido aquella orden. No pudo negarse: con una enfermera y un médico traumatólogo fueron hacia esa dependencia. No recordó quién era el doctor; respecto de la enfermera, también dudó. “Me impresionó la cantidad de hombres de fajina que había. Nos llevaron a la enfermería, donde encontré a una chica joven, rubia, blanca, también vendada. Es una imagen muy fresca la que tengo de ella, aún no se ha borrado”, describió. La mujer estaba para dar a luz, “no había opción”. Le pidió que se atravesara en la cama, “a la vieja usanza”; la chica “colaboró”. Llorando, describió las condiciones: “Tengo el recuerdo presente de que hacía un frío espantoso”. Fue un varón. Lo apoyó en el vientre de la madre para tratar de contener la temperatura. Pero no mucho, porque la custodia se lo llevó apenas Valaris le cortó el cordón. Ella hizo algunos procedimientos más: extrajo la placenta, anestesió a la mujer, la suturó. Y se fue. “Me pareció una injusticia terrible que yo tuviera que pasar por esa situación. No estábamos preparados los civiles para esas cosas”, concluyó luego. No registró ninguna de las dos intervenciones. Tampoco nunca supo cómo se llamaban las pacientes, por qué estaban detenidas y en qué condiciones: “En el cambio de guardia nos referíamos a ellas como las detenidas, las sediciosas, las guerrilleras, porque eso circulaba, pero nunca supimos más. Siempre pensamos que eran detenidas de la cárcel de encausados, no sabíamos de centros clandestinos de detención”, remarcó.
El fondo

“He ido cuatro o cinco veces con Caserotto a la sala de Epidemiología, le decían ‘el fondo’”, contó. Su función, según su recuerdo, era controlar los embarazos de las mujeres que allí estaban internadas. Cuando participó de la recorrida por aquel lugar, en años de democracia y en el marco de investigaciones judiciales sobre los nacimientos clandestinos, notó que lo habían modificado. En su recuerdo, aún sabe caminar por el pasillo e ingresar a la primera habitación de la izquierda, en donde “estaban estas mujeres con los ojos vendados”, sobre una cama cuya cabecera estaba coronada por un ventanal “tapiado o cerrado”. Auscultaba los latidos de los bebés, les tomaba la presión y no mucho más: “Las mujeres parían y se iban y venían otras, no sabíamos su destino”, apuntó.

Juicio oral a Lidia Fanni Villavicencio, médica de Campo de Mayo

Obstetra en una maternidad clandestina

Firmó el certificado falso del nacimiento de Catalina De Sanctis Ovando, en el que figuraba como hija de sus apropiadores.
“Mis abuelos tendrían la misma edad que esta mujer, pero yo no pude conocerlos”, dijo De Sanctis Ovando.

Laura Catalina De Sanctis Ovando creyó hasta los 21 años que era la hija biológica de sus apropiadores. Como suele sucederles a quienes crecen en una familia que no es la de origen, ella sentía cierto extrañamiento pero, salvo alguna respuesta evasiva, no tenía motivos para dudar de su parentesco. Hasta su certificado de nacimiento lo confirmaba y decía que sus papás eran Carlos Hidalgo Garzón y María Francisca Morilla. Lo que ella no sabía era que ese papel mentía, porque Lidia Fanni Villavicencio, obstetra de la maternidad clandestina de Campo de Mayo, había introducido datos falsos en el documento. La médica enfrenta ahora un juicio que concluirá mañana. En la jornada de ayer, las querellas expusieron sus alegatos y pidieron 12 años de prisión para Villavicencio al considerar que sin su labor Catalina no hubiera sido apropiada.

“Pensé que iba a ser más liviano, pero es muy movilizante”, aseguró De Sanctis a Página/12 sobre el proceso judicial que se lleva a cabo. “Este juicio me centró en pensar en mis abuelos, que no pudieron conocerme. Fallecieron muy jóvenes porque el hecho de que yo no estuviera con ellos les destruyó su salud y su vida. Y yo no los pude conocer”, añadió.

Catalina nació el 11 de agosto de 1977. Es hija de Raúl René De Sanctis y Miryam Ovando, dos estudiantes universitarios que militaban en la Juventud Peronista, ambos desaparecidos en la última dictadura. Cuando fue secuestrada el 1º de abril de ese año, Miryam ya transitaba el sexto mes de embarazo.

En el libro de partos de Campo de Mayo, su apellido –Ovando– aparece inscripto el mismo día que nació su hija. Al lado está la palabra “cesárea” tachada y reemplazada por la frase “legrado feto sin vida de 45 días”. Es decir, para ese documento, Miryam, que estaba en fecha de parto, había perdido el bebé.

El otro asiento importante se encuentra cuatro días después y menciona que una bebé llamada María Carolina nació por cesárea, como hija biológica de Morilla e Hidalgo Garzón. Esa información, se supo después, era falsa, pero los nombres y la fecha que la médica obstetra incluyó en el acta de nacimiento posibilitó luego que Catalina fuera inscripta por sus apropiadores.

Tuvieron que pasar 31 años para que, el 8 de septiembre de 2008, ella recuperara su verdadera identidad, luego de un examen de muestras de ADN ordenado por el juez federal Ariel Lijo y al que ella no quiso someterse voluntariamente.

Para ese momento, Catalina ya sabía desde hacía diez años que era hija de desaparecidos. Al ver un anuncio de Abuelas de Plaza de Mayo en la televisión había hablado con su apropiadora y ella admitió la verdad. No dijo ni hizo nada por temor a los delitos y las penas que implicaba para Hidalgo Garzón y Morilla. Pero luego de recuperar su identidad y conocer su historia, Catalina fue querellante en el juicio contra sus apropiadores. Ellos fueron juzgados el año pasado y recibieron una condena de 15 y 12 años, respectivamente. Hidalgo Garzón fue miembro del área de Inteligencia del Ejército.

En diálogo con este diario, la abogada de Abuelas de Plaza de Mayo María Inés Bedia señaló: “Vamos a demostrar que Catalina nació el 11 de agosto y fue arrancada de los brazos de su madre para ser entregada a sus apropiadores, que alteraron sus datos gracias al aporte fundamental de Villavicencio”.

El debate en el tribunal comenzó el martes 20 de mayo, en la primera de las tres jornadas que se programaron en el proceso que lleva adelante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de San Martín. Puntualmente, la partera de la maternidad clandestina de Campo de Mayo está imputada por tres delitos. Se la considera partícipe necesaria de la retención y ocultación de un menor de diez años y de la alteración del estado civil. Además, está acusada de ser la autora del delito de falsedad documental.

En la primera jornada se leyó el requerimiento de elevación a juicio de la fiscalía y, tras ese paso, se dio la palabra a Villavicencio, pero la mujer se negó a declarar. “Entonces se leyó la indagatoria que prestó por escrito durante la etapa de instrucción del juicio”, explicó Bedia.

Villavicencio se había descompuesto cuando le tomaron declaración testimonial durante la fase de instrucción, por lo que presentó luego una declaración por escrito “con las mismas formalidades que la indagatoria”. Esa versión fue la leída en la primera audiencia y, allí, la acusada contó que atendió a una mujer, que pudo advertir que estaba detenida, pero que tenía la orden de no hablar con ella. Además, relató que el parto se realizó en una sala que no era la habitual.

Respecto de los datos falsos que insertó en el certificado de nacimiento de Catalina, la partera explicó que la información se la dieron y que ella no conocía a los apropiadores. “Vamos a demostrar que sí tenía conocimiento tanto de que esa mujer estaba en situación de desaparición forzada y que sabía que esos datos eran falsos”, remarcó la abogada querellante.

Durante el juicio declararon cuatro testigos. La propia Catalina, su marido Rodrigo, que la acompañó durante todo el proceso de recuperación de la identidad, el perito calígrafo Guillermo Anzorena, que certificó que la firma existente en los documentos modificados es de la médica y Jorge Villavicencio, el hijo de la obstetra.

La médica tiene ahora 91 años. Al ingresar el martes pasado a la sala del tribunal caminó muy despacio, con un bastón, pero los años, para De Sanctis, no la liberan de su responsabilidad. “Tuvo toda una vida para pensar en esto y en hacer algo para contar lo que sabía”, remarcó.

“Cuando escuché su edad, pensé que me habría gustado estar con mis abuelos de la misma manera que ella pudo estar con los hijos y sus nietos”, contó Catalina, pero es probable que lo haya sintetizado mejor el martes pasado en la audiencia. “Si vivieran, mis abuelos tendrían la misma edad que esta mujer pero, por ella, yo no pude conocerlos”, declaró.

Detuvieron a un miembro del Movimiento familiar cristinao por el robo de una hija de desaparecidos

La Iglesia y las apropiaciones de bebés

El juez Sebastián Ramos procesó y ordenó detener a Francisco Martín Zabalo por su participación durante la dictadura en la apropiación de una niña nacida en Campo de Mayo, hija de María Teresa Trotta y Roberto Castelli.

Un miembro del Movimiento Familiar Cristiano fue detenido y procesado por su participación en la apropiación ilegal de una menor nacida en cautiverio durante la dictadura. Se trata de Francisco Martín Zabalo, quien según la investigación del juez federal Sebastián Ramos mantenía un “vínculo personal” con el general Juan Bautista Sasiaiñ, uno de los máximos jefes del centro clandestino El Vesubio. El magistrado consideró probada la “participación criminal necesaria” de Zabalo en el robo de la segunda hija de María Teresa Trotta y Roberto Castelli, militantes montoneros detenidos-desaparecidos en El Vesubio. La niña nació en cautiverio tras el traslado de su madre al Hospital Militar de Campo de Mayo. Se trata del segundo caso en el que se prueba la connivencia entre esa organización de la Iglesia Católica y represores en el robo de bebés nacidos en cautiverio en Campo de Mayo.

“Es importante porque hasta ahora no había ningún imputado en la causa, no se entendía quién cometió el robo, pero por sobre todo es una medida que permite indagar en todo un sistema del que participó el Movimiento Familiar Cristiano”, destacó Verónica Castelli, miembro de HIJOS Capital y hermana de la mujer apropiada, que recuperó su identidad en 2008. “Exigimos que se avance en las investigaciones sobre esta institución que fue parte de la maquinaria del terror y partícipe de uno de los delitos de lesa humanidad que hoy tiene víctimas que siguen sin conocer su identidad: nuestros hermanos apropiados”, expresó HIJOS.

Ramos procesó a Zabalo en la causa caratulada “N.N. Movimiento Familiar Cristiano y otros s/ supresión de identidad” por su “participación criminal necesaria”. El dato clave fue el estrecho vínculo con Sasiaiñ, quien murió sin condena pero llegó a estar procesado en la causa por el plan sistemático de apropiación de menores. El juez estableció que Zabalo “colaboró con quienes sustrajeron a la menor en el ocultamiento que tuvo como objeto impedir la reanudación del vínculo de origen que fue quebrantado con su madre tras el parto en el Hospital Militar y con su familia biológica”. El feligrés también “colaboró con el ocultamiento de su identidad, suprimida desde el momento en que se fraguó ideológicamente el acta de hallazgo de la niña, hasta su inscripción en los registros oficiales respectivos, hasta llegar a su adopción, todo lo cual se desvaneció en el año 2008 con el conocimiento de su origen biológico”.

Según el comunicado de HIJOS, Zabalo integró la comisión directiva del “Equipo Asistencial y de Adopción San José” del Movimiento. El juez sostuvo que “quedó en evidencia el vínculo entre el robo de la bebé a su madre en el Hospital Militar de Campo de Mayo y su entrega al Movimiento Familiar Cristiano para ser dada en adopción” y consideró que por el lugar que ocupaba Zabalo no podía desconocer el caso. Un dato fundamental para el procesamiento es el “vínculo personal” con Sasiaiñ, ex jefe de la Policía Federal y segundo de Carlos Suárez Mason en Vesubio. Sobrevivientes del centro clandestino declararon que Sasiaiñ visitaba el lugar mientras Trotta estaba en cautiverio. El juez tuvo en cuenta que Sasiaiñ fue procesado por el robo de bebés y que fue justamente Zabalo, su ex compañero de promoción del Colegio Militar en 1947, el garante del arresto domiciliario del que se benefició en sus últimos tiempos.

“Con este procesamiento queda demostrada la vinculación del Movimiento con los genocidas, particularmente con los que estuvieron en el centro clandestino de Campo de Mayo. Zabalo fue procesado por ser parte del circuito entre los centros clandestinos El Vesubio y Campo de Mayo y la posterior entrega en adopción de los niños nacidos allí a través del Movimiento Familiar Cristiano. No es casual que uno de sus miembros haya sido nada más y nada menos que el genocida Jorge Rafael Videla”, recordó HIJOS en un comunicado.

“Necesitamos saber la verdad. Necesitamos justicia: que los culpables no queden impunes –destacó HIJOS–. La cúpula de la Iglesia debe responder ante el Poder Judicial por su participación en estos delitos. No fueron casos aislados: fueron instituciones al servicio del terrorismo de Estado.”

Juicio oral para un médico que asistía los partos de las secuestradas en Campo de Mayo

Un médico traumatólogo que asistía a parturientas privadas ilegalmente de su libertad en el centro clandestino de detención que funcionaba en el Hospital Militar de Campo de Mayo durante la dictadura será sometido a un juicio oral acusado de secuestros, torturas y "sustracción, retención y ocultación de menores y supresión de estado civil".
El fiscal federal Federico Delgado, en un dictamen de 33 carillas,
solicitó la elevación a juicio oral a Norberto Atilio Bianco, de 65 años, quien se desempeñó en ese centro asistencia entre enero de 1977 y diciembre de 1983, y actualmente detenido en la Unidad Médica del penal de Marcos Paz.

Delgado tuvo por acreditado que Bianco tuvo actuación en la "atención de las pacientes embarazadas y que acompañó a enfermeras en sus controles, asistió cesáreas, participó en el traslado de las parturientas utilizando su propio vehículo y permitió que las internaciones y nacimientos no fueran debidamente registrados".

"Es decir, no se anotaron los datos filiatorios de las mujeres y bebés, quienes quedaron anotados como `NN` en el Libro de Registros de Nacimientos del hospital" explicó el representante del ministerio público, quien concluyó que "quedó comprobado" que el represor "tenía pleno conocimiento de esa actividad ilícita y quedó comprobado que participó en los hechos atribuidos".

Por los mismos delitos (existencia de un "plan sistemático" para la apropiación de bebés) el Tribunal Oral en lo Federal 6 lleva adelante otro proceso en el que están siendo juzgados, entre otros represores, Jorge Rafael Videla y Reynaldo Benito Bignone.

En esta oportunidad Delgado sostuvo que las parturientas "eran llevadas al área de epidemiología, donde permanecían con los ojos vendados y esposadas a la cama en una habitación, custodiadas por personal vestido de civil".

"Los niños eran llevados a la nursery y se les colocaba una tarjeta que decía `NN` y no había registros de ellos ni de sus madres", recordó Delgado, al tiempo que consideró que existen pruebas "prístinas" del accionar de los represores.

"Este proceso que finalmente se encamina hacia la etapa de juicio oral, también contribuirá a exponer y debatir ampliamente cuanto ocurrió en general en nuestro país entre los años 1976 y 1983, aunque es un proceso muy particular debido a que atrapa al tratamiento y destino de los niños que fueron separados de sus padres, o bien que nacieron en los centros clandestinos de detención", añadió.

Delgado aludió al "plan global de aniquilamiento" llevado adelante por los represores, en el cual "la sustracción de menores fue una dimensión de ese plan criminal" que constituyó "una sucesión de conductas concatenadas entre sí, cuya finalidad fue la de separar a los menores de sus familias de origen para insertarlos en el seno de familias extrañas".

"Consideramos completa la instrucción por los hechos antes descriptos, y, en consecuencia, solicitamos la elevación a juicio de la presente causa con los alcances de este requerimiento de elevación", concluyó el fiscal en su presentación ante el juez federal Daniel Rafecas.

Médico civil confirmó la presencia de secuestradas embarazadas en Campo de Mayo

Testimonió el ginecólogo Eduardo Alberto Pellerano que actuó en el Hospital Militar.

“Me haría mal si fuesen absueltos”

En el marco del juicio por el robo de bebés, Pellerano explicó que en el Hospital Militar había dos salas de aislamiento a las que ellos no tenían acceso. Detalló que eran llevadas mujeres embarazadas a dar a luz que luego eran trasladadas sin sus hijos. Señaló a otros médicos.

 Por Alejandra Dandan

Eduardo Alberto Pellerano por momentos se frotaba los dedos de una mano como si buscara sacarse la transpiración. Destapó y descargó varias veces la botella de agua mineral dentro del vaso que cada tanto vaciaba de un solo trago. Pellerano fue uno de los médicos del Hospital Militar de Campo de Mayo durante la dictadura. Declaró por primera vez en 1984 ante la Conadep, en un contexto en el que otros testigos, no él, mencionaron las presiones que sufrieron para no hacerlo de parte del Comando Mayor del Ejército. Pellerano dijo en ese momento más de lo que dijo ayer, citado como testigo en la audiencia por el plan sistemático de robo de bebés. Pese a presentarse como parte del “movimiento nacional y popular”, a decir que “personalmente me haría mal si fuesen absueltos” los acusados o a explicar que renunció al servicio cuando notó “la situación que se vivía” o a rehusarse a atender a NN, pese a eso, se contradijo varias veces, explicó que no se acordaba de los detalles importantes o cómo nombraban a las desaparecidas, como si lo retrajera cierto temor a quedar bajo sospecha.

A esta altura, durante las audiencias del juicio, varios médicos, parteras y enfermeras confirmaron cómo funcionaron los partos clandestinos en el Hospital Militar. Dijeron cómo el sector de Infectología sirvió para aislar a las embarazadas que sólo llegaban ahí para dar a luz en partos, muchas veces apurados con cesáreas y se iban sin registros y sin sus hijos. Declaró incluso una de las mujeres que dio a luz. Y lo que se investiga además de los mecanismos son las metodologías con las que se armó la ficción de las adopciones ilegales en las que tomó intervención el Movimiento Familiar Cristiano, entre otros actores, que se supone que tenía un acuerdo con el Ejército para hacer las entrevistas y adopciones. En el Hospital también hubo un grupo de monjas de la Congregación Misericordia de la Tercera Orden regular de San Francisco, mujeres que cuando declararon en las audiencias no dijeron demasiado o parecieron reticentes con los datos.

El testimonio de Pellerano agregó algo de información a esos asuntos. Pellerano era ginecólogo, entró al Hospital Militar siguiendo a un médico que ubicó como una eminencia a cargo de un equipo de “médicos civiles de excelencia”. La dinámica del Hospital cambió sin embargo, dijo Pellerano, cuando la dirección de Ginecología quedó en manos del médico militar Julio César Caserotto, del que hablaron ya varios testigos como el encargado de los partos clandestinos. Caserotto asumió con el golpe de Estado. Las guardias de los obstetras, que hasta ese momento eran pasivas, empezaron a hacerse en el Hospital, como si se hubiesen acelerado el ritmo de los partos. En ese momento, también Pellerano se sumó a las guardias, una vez a la semana.

El área de Ginecología estaba a unos 60 metros de Infectología. El médico recordó que ahí había dos salitas de aislamiento a las que ellos no podían ingresar. En cierto momento, espió por una hendija y pudo ver a una mujer con anteojos negros, una mujer que ya no sabe si efectivamente era una “NN”, como describió a las personas no identificadas que pasaban por el lugar en declaraciones anteriores. Tampoco recordó si alguien efectivamente les prohibió el paso, aunque la idea de haber tenido que espiar para mirar le sugiere eso. Tampoco se acordó de si en la puerta había guardias armados o si el lugar parecía una celda, como sí lo dijeron otros testigos, como ya está probado, y como él mismo lo dijo ante la Conadep.

Pese a esos problemas de memoria y olvido, Pellerano recordó otras escenas. La presencia de niños dentro del Hospital, niños “en pie”, asociados a la imagen de dos religiosas. “Me acuerdo de que fueron dos mañanas”, explicó. “Una vez vi a una monja con un chiquito, le pregunté: ‘¿qué hacés?’, porque eran las ocho de la mañana, y ella me dijo algo así como que no sabía, que el chico vino de la calle, porque ellas eran mudas”. Otra vez en cambio vio a dos niñas, las dos lloraban y otra religiosa con ellas. Sucedió lo mismo que la primera vez. Pero en ese caso, la monja no le respondió.

Pellerano aclaró que él estaba en el Hospital sólo de ocho de la mañana a dos de la tarde y sólo un día a la semana, en las noches de guardia, podía escuchar o saber algo más. Que en esas noches, entre “trago y trago”, aparecía algo en las cenas en el Casino de Oficiales. Alguna de esas noches escuchó a Caserotto, por ejemplo, decir que quería hacer operaciones “extraperitoniales” a las detenidas, un dato del que el médico había hablado ante la Conadep. “¿Qué eran esas operaciones?”, le preguntó Domingo Altieri, vocal del Tribunal Oral Federal 6. Pellerano explicó que eran técnicas distintas para atender los partos de las detenidas, pero que él no las conocía, no sabía si alguna vez se usaron y que lo que en realidad quería decir es que parecían querer usar a las embarazadas para experimentos. “Nunca las hicimos (las operaciones) –dijo–, ni tampoco nos detuvimos a preguntar eso; la verdad, la cesárea es una sola, hay que abrir, no hay otra forma.”

Entre vaso de agua y vaso de agua, el Tribunal, las querellas y defensas avanzaron con las preguntas que parecían construir lo que él mismo llamó en alguna declaración como la “monstruosidad” de alguno de los médicos. Preguntaron por Ricardo Lederer, otro de los médicos militares, una persona que no era extrovertida, pero que entre copa y copa, alguna vez, le dijo “ser adepto a mejorar la especie, como lo decía Hitler, seguramente habrá querido significar con eso su nazismo con zeta”.

Le preguntaron también por Norberto Bianco, el médico militar encargado en los papeles del área de Traumatología, apropiador de dos niños y encargado de los traslados de las detenidas. ¿Por qué usted alguna vez dijo que era un monstruo?, le preguntó esta vez Altieri. “Porque se decía que tenía la actividad, que seguramente tenía a las encarceladas y las traía y las llevaba en su propio coche, como el más representativo de toda esa actividad”. ¿Cuál era la actividad?, insistió el magistrado. “La actividad de llevar y traer internas y embarazadas del lugar de detenidas; no puedo saberlo, doctor –replicó Pellerano–: nosotros no participábamos.”

Pese a no poder dar cuenta de prohibiciones, límites, mandatos, Pellerano explicó en un momento que en cierta ocasión con otro médico hicieron un acuerdo. Los habían llamado para atender a dos personas. Ellos se prometieron que no iban a atenderlas si no estaban registradas en el libro de guardia, como si eso fuese una práctica normal o parte de una normalidad de la que el médico tampoco pudo dar cuenta: “Mirá –nos dijimos–, si nos obligan a atenderla, vamos a pedir que figure en el libro de guardia; pero no se me ocurre por qué lo decidimos así, fue entre los dos, si usted a lo mejor se lo pregunta cuando declare el otro médico, a lo mejor él se acuerda”.