Por Ailín Bullentini
Valeria Beláustegui Herrera llevaba apenas dos meses de embarazo cuando fue secuestrada por personal militar en mayo de 1977. La panza de Liliana Isabel Acuña era un poco más grande cuando corrió la misma mala suerte, en agosto de 1976. Tenía 24 años, cinco más que Miryam Ovando, también embarazada. El destino de todas ellas comparte, junto con el de otras seis, dos elementos fundamentales que las convierten en eje del juicio por delitos de lesa humanidad que hoy comienza bajo la dirección del Tribunal Oral Federal Nº 6 de la ciudad de Buenos Aires: víctimas del terrorismo de Estado de los ’70, parieron en cautiverio, la inmensa mayoría en la maternidad clandestina que funcionó en el Hospital Militar de Campo de Mayo, a sus hijos. El debate oral, que continúa a aquel que condenó por el plan sistemático de robo de bebés a represores que integraron las cúpulas militares de la última dictadura, analizará por primera vez la responsabilidad de médicos militares que actuaron en ese hospital en la sustracción de esos bebés y la supresión de su verdadera identidad. La querella la impulsó Abuelas de Plaza de Mayo y la Fiscalía la representará Martín Niklison.
Entre 1976 y 1980, Norberto Bianco y Raúl Martín se desempeñaron como jefes de los servicios de Clínica y Traumatología del Hospital Militar que aún funciona en Campo de Mayo. Entonces, Luisa Arroche de Sala García fue obstetra de esa institución. Su presencia entre los acusados vuelve a este juicio fundante: es la primera vez, en 38 años, que la Justicia enjuicia a profesionales de la salud castrense que actuaron en Campo de Mayo, quienes, a pesar de existir indicios suficientes de su responsabilidad, quedaron fuera de la causa que derivó en las sentencias por el Plan Sistemático de Robo de Bebés.
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Martín, Arroche y Bianco, quien fue condenado hace varios años por la apropiación del hijo de Norma Tato y Jorge Casariego –la sustracción también integra los casos a evaluar en este debate– y recién en 2001 fue extraditado de Paraguay, donde vivía prófugo, son los únicos profesionales de la salud castrenses que acompañan a los represores Santiago Omar Riveros y Reynaldo Bignone entre los imputados en la causa. El resto de los médicos militares que sonaron fuerte durante la instrucción de la causa, como Ramón Capecce, Jorge Habib Haddad o Julio César Caserotto, quedaron fuera de juicio por cuestiones de salud o de muerte.
Valeria Beláustegui Herrera llevaba apenas dos meses de embarazo cuando fue secuestrada por personal militar en mayo de 1977. La panza de Liliana Isabel Acuña era un poco más grande cuando corrió la misma mala suerte, en agosto de 1976. Tenía 24 años, cinco más que Miryam Ovando, también embarazada. El destino de todas ellas comparte, junto con el de otras seis, dos elementos fundamentales que las convierten en eje del juicio por delitos de lesa humanidad que hoy comienza bajo la dirección del Tribunal Oral Federal Nº 6 de la ciudad de Buenos Aires: víctimas del terrorismo de Estado de los ’70, parieron en cautiverio, la inmensa mayoría en la maternidad clandestina que funcionó en el Hospital Militar de Campo de Mayo, a sus hijos. El debate oral, que continúa a aquel que condenó por el plan sistemático de robo de bebés a represores que integraron las cúpulas militares de la última dictadura, analizará por primera vez la responsabilidad de médicos militares que actuaron en ese hospital en la sustracción de esos bebés y la supresión de su verdadera identidad. La querella la impulsó Abuelas de Plaza de Mayo y la Fiscalía la representará Martín Niklison.
Entre 1976 y 1980, Norberto Bianco y Raúl Martín se desempeñaron como jefes de los servicios de Clínica y Traumatología del Hospital Militar que aún funciona en Campo de Mayo. Entonces, Luisa Arroche de Sala García fue obstetra de esa institución. Su presencia entre los acusados vuelve a este juicio fundante: es la primera vez, en 38 años, que la Justicia enjuicia a profesionales de la salud castrense que actuaron en Campo de Mayo, quienes, a pesar de existir indicios suficientes de su responsabilidad, quedaron fuera de la causa que derivó en las sentencias por el Plan Sistemático de Robo de Bebés.
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Martín, Arroche y Bianco, quien fue condenado hace varios años por la apropiación del hijo de Norma Tato y Jorge Casariego –la sustracción también integra los casos a evaluar en este debate– y recién en 2001 fue extraditado de Paraguay, donde vivía prófugo, son los únicos profesionales de la salud castrenses que acompañan a los represores Santiago Omar Riveros y Reynaldo Bignone entre los imputados en la causa. El resto de los médicos militares que sonaron fuerte durante la instrucción de la causa, como Ramón Capecce, Jorge Habib Haddad o Julio César Caserotto, quedaron fuera de juicio por cuestiones de salud o de muerte.
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