El robo de niños en el pasado chileno
El religioso imputado participó en varios casos de adopciones ilegales durante la dictadura, según declaró a la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigación.
Un sacerdote reveló haber tenido conocimiento de cuatro casos de adopciones irregulares de niños ocurridas en los años ‘70 y ‘80, durante la dictadura de Augusto Pinochet. Gerardo Joannon Rivera, perteneciente a Congregación de los Sagrados Corazones de Santiago, reconoció como imputado ante la fiscal Erika Vargas haber sabido de tres casos y, en un cuarto, haber bautizado a uno de los menores adoptados en una virtual red ilegal de robo de niños.
Joannon declaró a la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigación chilena (PDI) que el primer caso en que habría intervenido fue en 1972. “Fui contactado por un colega sacerdote, quien se econtraba fuera de Santiago, con la finalidad de que pudiera ayudar a una familiar suya, que era una mujer de 19 años, menor de edad (según la legislación de la época) y estaba embarazada”, dijo el imputado. Y prosiguió: “Tomé contacto con esta familia, en especial con la joven, a quien siempre le insté a llegar al término con su embarazo, dentro de este contexto la abrí a otra realidad, en el sentido de que ella supiera que existía la posibilidad de dar en adopción a su hijo”, agregó el sacerdote Joannon, publicó ayer el diario local La Tercera, que tuvo acceso a la investigación de los casos.
El segundo caso mencionado por Joannon fue el de un menor adoptado que le presentó una familia que lo invitó a comer a su casa. El religioso reconoció haber participado incluso en el bautismo del infante. Joannon señaló que la siguiente adopción irregular de la que tuvo conocimiento ocurrió en 1983, cuando acompañó en su embarazo a una amiga de 22 años, en aquella época. “Se atendía con el doctor Gustavo Monckeberg, quien es la persona, según lo que me he enterado, que le sugiere que dé en adopción a ese menor”, añadió. Explicó que cuando la mujer dio a luz en la Clínica Santa María, fue a verla y se encontró con el doctor Monckeberg, quien le aseguró que la beba “había muerto”. Joannon, quien reconoció no haber visto el cuerpo ni haber participado del funeral, precisó que hace diez años conoció a una joven por intermedio de una psicóloga, quien “efectivamente era la hija dada en adopción” en aquella oportunidad.
El cuarto caso fue en el año 1987, cuando “una familia muy cercana y amiga se encontraban con el problema de que una de sus hijas, de unos 22 años, había quedado embarazada”. Tras los dichos del sacerdote, la fiscal Vargas se declaró incompetente y traspasó la causa al ministro de la Corte de Apelaciones Mario Carroza, quien resolvió investigar estos doce casos que denominó como “sustracción de menores”.
Ahora Carroza deberá ratificar y validar el testimonio del sacerdote y, eventualmente, realizar preguntas que podrían haber quedado inconclusas.
Este caso se inició cuando el Centro de Investigación Periodística (Ciper) reveló en un reportaje la participación de Gerardo Joannon en una serie de adopciones irregulares que tuvieron lugar en el período de dictadura militar en Chile. El trabajo periodístico cuenta la historia de madres adolescentes cuyos hijos fueron dados por muertos, pese a que habían sido entregados a otras parejas por sus abuelos biológicos.
Durante la dictadura de Pinochet hubo detenidas desaparecidas embarazadas. La Agrupación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos registra nueve casos de mujeres embarazadas que están desaparecidas, cuyos hijos habrán nacido en cautiverio. El abogado Luciano Fouillioux, ex subsecretario de Carabineros que trabajó en la Vicaría de la Solidaridad, señaló a la prensa local que “si hay algo que marca la máxima crueldad de la dictadura es que, además de los padres, son tomados los hijos y los niños. El hecho es de tal magnitud que no cabe más que condenarlo”.
El religioso imputado participó en varios casos de adopciones ilegales durante la dictadura, según declaró a la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigación.
Un sacerdote reveló haber tenido conocimiento de cuatro casos de adopciones irregulares de niños ocurridas en los años ‘70 y ‘80, durante la dictadura de Augusto Pinochet. Gerardo Joannon Rivera, perteneciente a Congregación de los Sagrados Corazones de Santiago, reconoció como imputado ante la fiscal Erika Vargas haber sabido de tres casos y, en un cuarto, haber bautizado a uno de los menores adoptados en una virtual red ilegal de robo de niños.
Joannon declaró a la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigación chilena (PDI) que el primer caso en que habría intervenido fue en 1972. “Fui contactado por un colega sacerdote, quien se econtraba fuera de Santiago, con la finalidad de que pudiera ayudar a una familiar suya, que era una mujer de 19 años, menor de edad (según la legislación de la época) y estaba embarazada”, dijo el imputado. Y prosiguió: “Tomé contacto con esta familia, en especial con la joven, a quien siempre le insté a llegar al término con su embarazo, dentro de este contexto la abrí a otra realidad, en el sentido de que ella supiera que existía la posibilidad de dar en adopción a su hijo”, agregó el sacerdote Joannon, publicó ayer el diario local La Tercera, que tuvo acceso a la investigación de los casos.
El segundo caso mencionado por Joannon fue el de un menor adoptado que le presentó una familia que lo invitó a comer a su casa. El religioso reconoció haber participado incluso en el bautismo del infante. Joannon señaló que la siguiente adopción irregular de la que tuvo conocimiento ocurrió en 1983, cuando acompañó en su embarazo a una amiga de 22 años, en aquella época. “Se atendía con el doctor Gustavo Monckeberg, quien es la persona, según lo que me he enterado, que le sugiere que dé en adopción a ese menor”, añadió. Explicó que cuando la mujer dio a luz en la Clínica Santa María, fue a verla y se encontró con el doctor Monckeberg, quien le aseguró que la beba “había muerto”. Joannon, quien reconoció no haber visto el cuerpo ni haber participado del funeral, precisó que hace diez años conoció a una joven por intermedio de una psicóloga, quien “efectivamente era la hija dada en adopción” en aquella oportunidad.
El cuarto caso fue en el año 1987, cuando “una familia muy cercana y amiga se encontraban con el problema de que una de sus hijas, de unos 22 años, había quedado embarazada”. Tras los dichos del sacerdote, la fiscal Vargas se declaró incompetente y traspasó la causa al ministro de la Corte de Apelaciones Mario Carroza, quien resolvió investigar estos doce casos que denominó como “sustracción de menores”.
Ahora Carroza deberá ratificar y validar el testimonio del sacerdote y, eventualmente, realizar preguntas que podrían haber quedado inconclusas.
Este caso se inició cuando el Centro de Investigación Periodística (Ciper) reveló en un reportaje la participación de Gerardo Joannon en una serie de adopciones irregulares que tuvieron lugar en el período de dictadura militar en Chile. El trabajo periodístico cuenta la historia de madres adolescentes cuyos hijos fueron dados por muertos, pese a que habían sido entregados a otras parejas por sus abuelos biológicos.
Durante la dictadura de Pinochet hubo detenidas desaparecidas embarazadas. La Agrupación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos registra nueve casos de mujeres embarazadas que están desaparecidas, cuyos hijos habrán nacido en cautiverio. El abogado Luciano Fouillioux, ex subsecretario de Carabineros que trabajó en la Vicaría de la Solidaridad, señaló a la prensa local que “si hay algo que marca la máxima crueldad de la dictadura es que, además de los padres, son tomados los hijos y los niños. El hecho es de tal magnitud que no cabe más que condenarlo”.
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