Testimonio sobre el cautiverio de Laura Carlotto

Alcira Ríos, sobreviviente.

“Laura pasó cinco horas con su hijo”
Declaró durante la primera audiencia de testigos en la causa por el plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos. Estuvo en La Cacha con la hija de Estela de Carlotto, que le contó que durante el parto estuvo engrillada a una camilla.
 Por Alejandra Dandan

Una y otra vez le preguntaron a Alcira Ríos por lo que le dijo Rita, una de sus compañeras del centro clandestino. “Me dijo que la criatura nació bien –explicó–, que todo fue perfecto; ella estaba muy contenta y que esas cinco horas que pasó con su hijo fueron inolvidables.” Alcira supo el nombre de esa compañera muchos años más tarde, cuando estaba en Brasil y se encontró con Estela de Carlotto, que estaba buscando a su hija. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo le dijo que a su hija le decían Rita y le mostró una foto: Alcira empezó a contarle entonces lo que ayer relató durante tres horas en la primera jornada de testimonios del juicio por el plan sistemático de apropiación de bebés durante la última dictadura.
La audiencia había empezado temprano con una conexión con Campo de Mayo, donde está internado con fractura de brazo el dictador Jorge Rafael Videla. Como sucedió la semana pasada con los otros acusados, Videla habló como un espectro a través de la pantalla y negó su responsabilidad en la causa (ver aparte). Durante la tarde, el Tribunal Oral Federal 6 anunció que, terminada la etapa preliminar, el resto de los acusados podía ausentarse del debate. Los abogados de Reynaldo Bignone, Omar Riveros y Jorge “El Tigre” Acosta, entre otros, tomaron la posta rápidamente y pidieron las salidas. Mientras se levantaban, la sala quedó completamente a oscuras durante largos minutos por un desperfecto con la luz.
El primer testigo fue Pedro Alberto Pedroncini, que explicó el origen de las denuncias que abrieron las primeras hojas de la causa (ver aparte). Y luego Alcira Ríos. Ella había vivido en Santa Fe, militó entre los trabajadores de prensa y escapó a San Nicolás con su marido, Luis Córdoba, perseguidos por la Triple A. Los secuestraron en 1978. Primero estuvieron en San Nicolás y después en La Cacha. Los golpearon, los torturaron.

La Cacha había sido la base de la ex Planta Transmisora de Radio Provincia. A Alcira la pusieron en una de las dos “cuevas”: espacios donde sólo podía estar en cuatro patas; tirada en una colchoneta, las manos engrilladas y los pies atados a la pared. Al llegar, conoció a Laura Carlotto: “¿Cómo estás? –le dijo–. Sacate la capucha, yo soy otra detenida, me llamo Rita y tu marido está cuidado. Me voy porque si me ven me van sancionar.”
Desde la cueva, Alcira conoció a otros detenidos. “Así empecé a conocer a todos los que estaban ahí –dijo–. Llegó un momento en que en realidad eran muchos, quisiera nombrarlos porque si uno a los desaparecidos no los nombra siguen estando desaparecidos.”

Rita era una chica joven, explicó la abogada, que volvió a verla al día siguiente. Laura Carlotto había llegado hacía diez meses. Militaba en Montoneros, se la llevaron de Capital, desde donde estaba el área de prensa, dijo Alcira. La secuestraron con su compañero. Primero pasaron una semana en la ESMA, luego llegaron a La Cacha. Un día después de la llegada, fusilaron a su compañero en el patio mientras le decían “terroristas subversivos”. “¿Qué hacen con los cuerpos?”, le preguntó Alcira. “Me parece que les echan goma de caucho y los queman”, dijo Laura.
Laura no era la única embarazada. Entre otras, Alcira mencionó a María o Norma Akin, secuestrada con sus hijos y su madre, a quien sus compañeros dieron por desaparecida y quien recién después de 27 años logró acercarse a la Conadep. También a María Inés Paleo, que sobrevivió vigilada.

“A mediados de agosto de pronto escucho un llanto terrible, como que salía del corazón –indicó–. Una de las chicas estaba a los gritos y escucho la voz de una compañera que dice: ‘Calmate, calmate, no solucionamos nada así, Rita. Acordate: sobrevivir, resistir y sobrevivir’.” Laura les decía que no iba a poder hacerlo: “¡Tengo un hijo que me quitaron y no sé dónde mierda está!”. Un ataque de nervios y de llanto, dijo Alcira. “Nos quedamos todos destruidos.”
Durante su testimonio, Alcira explicó que el niño había nacido antes de que ella llegara al centro clandestino. Que fue el 26 de junio de ese año. Que a Laura se la habían llevado en una ambulancia a un hospital militar del que sólo se tienen indicios pero no certezas. “Durante el parto estuve engrillada a una camilla –le contó Laura–, estaba sola en una sala, cuando se abría una puerta había un soldado uniformado ahí, o sea que debe haber sido un hospital militar y lo tuve cinco horas”, dijo. Al niño le puso Guido, el nombre de su padre. El niño nació lo más bien, dijo, perfecto, y a Laura le dijeron que se lo iban a llevar a su madre.

El descargo del dictador enyesado

JORGE RAFAEL VIDELA DICE QUE NO SE DEFIENDE

El dictador Jorge Rafael Videla renunció a su derecho de defensa en el juicio que se le sigue por la apropiación de bebés nacidos cuando sus madres estaban en cautiverio en centros clandestinos de detención durante la dictadura. Lo hizo porque dijo sentirse “condenado de antemano, y por tanto carece de sentido”, y así fundamentó su negativa a prestar declaración indagatoria.

Por medio de una videoconferencia desde el establecimiento penitenciario ubicado en Campo de Mayo, donde el represor permanece alojado cumpliendo prisión preventiva, Videla aseguró que esa supuesta persecución “comenzó con el prejuzgamiento del decreto 158/83 dictado por el entonces presidente Raúl Alfonsín”. De esa manera se refirió a la norma por la cual la Cámara Federal celebró el juicio oral y público a los comandantes de las tres primeras juntas militares que usurparon el poder el 24 de marzo de 1976 y en el que Videla fue condenado a “reclusión perpetua y destitución”. Ayer el represor solicitó autorización al Tribunal Oral en lo Federal Seis (TOF6) para efectuar “breves consideraciones” y fue en ese momento que calificó a la existencia de un “plan sistemático” para el robo de bebés como “la falacia más grande contenida en este juicio”, tras lo cual “descargó de responsabilidad a sus subalternos” y se negó a contestar preguntas.

Con un poncho de vicuña sobre sus hombros y espalda, cubriéndole el brazo enyesado, y con voz clara y enérgica, el ex presidente del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional reiteró que es su deber asumir “la plenitud de lo actuado en la guerra contra el terrorismo subversivo”. En ese sentido insistió, tal como lo hace en cada declaración en todos los juicios que afronta, en que “descargo de responsabilidad a todos mis subalternos, que siguieron mis indicaciones y directivas, a las que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas calificó de inobjetables”. El dictador, al igual que hizo el represor Jorge Acosta en su oportunidad, afirmó que “no hay 30 mil desaparecidos ni 500 bebés robados y esa mentira nos va a llevar a una nueva guerra civil de corte trotskista”, al tiempo que sostuvo que “no puede atribuirse a las Fuerzas Armadas la tacha de la apropiación de menores. No hubo plan”.

El ex dictador Videla será interrogado a través de una videoconferencia por el robo de bebés

   El ex dictador argentino Jorge Rafael Videla será interrogado este martes a través de una videoconferencia en el marco del juicio oral y público a varios ex represores acusados de apropiación ilegal de bebés durante el último régimen militar (1976-1983).

   La posibilidad de realizar la comparecencia de Videla mediante una videoconferencia ha sido ordenada por el Tribunal Oral Federal número 6 de Buenos Aires después de que los médicos forenses constataran que el ex dictador presenta múltiples fracturas en su brazo que le imponen un reposo de entre "45 y 60 días".

   Fuentes cercanas al proceso judicial han informado que la declaración de Videla se realizará por esta vía "siempre que lleguemos a tiempo con los detalles técnicos".

   En el juicio, que comenzó hace un mes, también comparecerán en calidad de imputados el ex presidente 'de facto' Reynaldo Bignone y el ex capitán Jorge Eduardo Acosta, conocido como 'El Tigre', además del ex general Santiago Omar Riveros, el ex almirante Antonio Vañek, el ex prefecto Jorge Azic, el ex marino Rubén Franco y el ex médico José Luis Magnacco.

   A todos ellos se les acusa de los delitos de sustracción, retención, ocultación y sustitución de identidad de menores de diez años, por el robo de 33 niños, hijos de supuestos disidentes del régimen militar.

   A mediados de año podrían sumarse en la lista de acusados el ex represor Eduardo Ruffo --por el robo del hijo recién nacido de un policía fallecido-- y al ex capitán retirado del Ejército Víctor Gallo y su esposa, acusados de la desaparición de un niño, según informa Télam.

   El Tribunal Oral Federal escuchará a lo largo de un año las versiones de 370 testigos y analizará los hechos ocurridos en la maternidad clandestina instalada en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y en los centros de detención conocidos como Pozo Banfield y La Cacha.

   Entre los casos documentados figura el supuesto robo de la nieta del poeta uruguayo Juan Gelman y del nieto de la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto.

   La causa comenzó hace más de catorce años cuando la organización Abuelas de Plaza de Mayo presentaron la denuncia del 'Plan Sistemático' que habrían puesto en marcha los represores para apropiarse de sus nietos, aprovechando las debilidades del sistema judicial de la dictadura.

   El secuestro y la desaparición de hijos de opositores fue una práctica que se puso en marcha en el marco del denominado Proceso de Reorganización Nacional. Algunos bebés fueron apropiados ilegalmente minutos después de nacer en las prisiones clandestinas donde fueron confinadas sus madres.
   Videla actualmente cumple dos condenas de cadena perpetua. La última fue dictada por el Tribunal Oral Federal de Córdoba el pasado diciembre tras ser hallado culpable de delitos de lesa humanidad contra 31 opositores que murieron durante el régimen militar.

Un juicio con muchos ausentes en el banquillo de los acusados

por María Victoria Moyano

El 28 de febrero comenzó el juicio por el “Plan sistemático de robo bebés” Los represores Videla, Bignone, el “Tigre” Acosta, Rubén Franco, Antonio Vañek, Santiago Riveros, Juan Azic, y el médico Jorge Magnacco, están siendo enjuiciados por la sustracción, retención y supresión, y sustitución de identidad de menores de 10 años, de solo 34 hijos de desaparecidos; muchos nacidos en cautiverio en las "maternidades" clandestinas que existían en los centros de detención y torturas. Entre estos se cuenta mi propio caso. Es una causa que se inició hace más de 15 años, ya que este delito quedaba fuera de los alcances de las leyes de obediencia debida y punto final, pero recién ahora llega a juicio oral, con algunos de los procesados, como Cristino Nicolaides, ya fallecidos.

En la primera audiencia, estuvimos varias horas escuchando el argumento de la fiscalía planteando que nuestros nacimientos y apropiaciones eran la prueba de un plan sistemático de apropiación de recién nacidos en centros clandestinos de detención “como parte de una maniobra criminal tendiente a la eliminación de indeseables".

Horrible definición para no decir que ese plan era parte del genocidio instrumentado desde el Estado para exterminar, no solo a toda la generación de nuestros padres, sino cortar con toda continuidad en la lucha de los trabajadores, estudiantes y de los sectores del pueblo pobre que peleaban por una sociedad sin explotadores y explotados. Un genocidio orquestado por la burguesía y sus fuerzas represivas para terminar con la vanguardia obrera y popular que venía desafiando el orden capitalista desde el Cordobazo en adelante.

Los represores crearon maternidades clandestinas, “elegidas estratégicamente” para llevar a las detenidas-desaparecidas a parir y luego vender, apropiarse o regalar a sus hijos para que no “seamos criados como terroristas”, como le decían los jueces a nuestras abuelas. Las más importantes estuvieron en los centros clandestinos de detención en Campo de Mayo, en la ESMA y en el “Pozo de Banfield”.

La demagogia del Estado es tal, que mientras el fiscal afirmaba: “Los miembros superiores del aparato (de las fuerzas de seguridad) que ejercía el poder tomaban las decisiones, los estamentos intermedios impartían directivas y los que colaboraban no debían perjudicar la labor conjunta”, y se describía la división de tareas para llevar adelante el plan, escandalosamente solo estaban en el banquillo 8 acusados, es decir, un puñado de los que perpetraron estos crímenes.

Si algunos de nosotros hemos podido quebrar la política de encubrimiento que se sostuvo desde el estado durante todos estos años, fue a través de los testimonios de los ex detenidos y la lucha de los organismos de derechos humanos. Para encontrar a quienes faltan, que es un 75% de los hijos apropiados por los genocidas, es necesario que sean también llevados al banquillo de los acusados todos los autores materiales de estos hechos y los mandos medios, no sólo los superiores. Recordemos que el prefecto Febrés, quien había ocupado un lugar estratégico en la apropiación de bebés en la ESMA, era quien se disponía a hablar del tema y fue “suicidado” por sus ex compañeros.

A pesar de los poco más de 100 nietos que logramos que nos fuera restituida nuestra identidad, hay todavía unos 400 jóvenes como nosotros que siguen apropiados, sin que desde el estado, incluyendo el actual gobierno, se hayan aportado los datos para encontrarlos, empezando por la información que está en los archivos de las fuerzas represivas y de inteligencia que no se han hecho publicas. ¿Dónde están los estamentos intermedios y los que “no debían perjudicar la labor conjunta”, que menciona el fiscal, y que son los que desempeñaban funciones en las distintas maternidades clandestinas?

Lo que sucede es que en las apropiaciones, como en el plan genocida en su conjunto, también están implicados grandes empresarios, como expresa el caso Noble Herrera. No olvidemos que la dictadura actuó como brazo armado de los intereses de los empresarios, que son los mismos que hoy siguen amasando grandes fortunas. La Ford tuvo su centro clandestino dentro de la fábrica, Techint lo tenía al lado y pasaron 35 años y no hay ningún empresario preso.

Se sabe que la Mercedes Benz donó a la maternidad clandestina de Campo de Mayo el equipo de obstetricia, y sin embargo nadie está imputado por este hecho.

Solamente en esta maternidad fueron denunciados alrededor de 200 nacimientos y producto de la impunidad garantizada a los civiles y a los militares solo han encontrado su identidad 4 hijos apropiados. Mientras se nombraban los nacimientos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), Campo de Mayo, "Automotores Orletti" y "El Olimpo", la Comisaría 5 de La Plata, "La Cacha", "El Vesubio", el "Pozo de Banfield", no deje de pensar en mis padres: María Asunción Artigas y Alfredo Moyano, eran jóvenes militantes que comenzaron a abrazar la idea de la revolución a los 15 años, perseguidos por la dictadura uruguaya que luego de varias detenciones, decidieron viajar a la Argentina y continuar su militancia desde acá. El 30 de diciembre de 1977 los detienen en la Argentina y los desaparecen. Mi mamá estaba embarazada de 2 meses y medio de mí y luego de ser trasladada por varios centros clandestinos del Circuito Camps, la Brigada de San Justo, al Pozo de Quilmes, es llevada al Pozo de Banfield para continuar su embarazo y parir en la maternidad. A las 8 horas de nacida, me apropia el comisario de la Brigada de San Justo Oscar Penna y me regala a su hermano y su cuñada.

Mis abuelas junto a Abuelas de Plaza de Mayo me buscaron de manera incansable hasta que a los nueve años logran encontrarme. A partir de ahí recupero mi identidad el 31 de diciembre de 1987.

En la audiencia reafirmé la promesa que me hice cuando recuperé mi identidad, que tanto ellos como sus compañeros no van a quedar en un número de legajo.

Y que esos miserables genocidas están en el banquillo de los acusados y yo acá, luchando por continuar la causa por la que pelearon mis padres. Luchando por el juicio y castigo a todos los culpables del genocidio, militares y civiles, y luchando día a día junto a los trabajadores que se enfrentan a los mismos empresarios que orquestaron el genocidio y que son criminalizados por el estado, como los obreros de Kraft, hoy procesados por jueces procesistas por luchar contra esa empresa multinacional.

Porque estoy convencida que el sentido más general de esta lucha no es sólo el encarcelamiento de los militares genocidas sino terminar para siempre, como diría Marx, “expropiando a los expropiadores”, con el poder de la clase social que orquestó la desaparición de 30.000 compañeros.

“La identidad personal hace a la dignidad”

El plan sistemático de robo de bebés durante la dictadura

“La identidad personal es todo aquello que hace que cada cual sea uno mismo y no otro, es aquello que constituye nuestra esencia. Hace a quienes somos y con ello, a la calidad de sujetos morales. Pero también hace a nuestra dignidad, que es la de poder determinarnos a nosotros mismos, proceder de acuerdo con nuestras ideas y pensamientos, poder elegir ser quienes queremos ser, o al menos tener la libertad de resignificar lo que nos acontece, para lo cual necesitamos descubrirnos.” La definición se escuchó ayer en la sala en la que ocho represores son juzgados por participar del plan sistemático que privó de su identidad a los hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar.

Durante la tercera jornada del juicio estuvieron en la sala los represores Antonio Vañek, Jorge “El Tigre” Acosta, Juan Antonio Azic y José Luis Magnacco, que escucharon las acusaciones en su contra. A diferencia de los días previos, un grupo de mujeres se ubicó en los asientos reservados para los familiares o amigos de los reos. El resto de los acusados, los dictadores Reynaldo Bignone y Jorge Videla y los represores Rubén Franco y Santiago Omar Riveros, no se presentaron a la audiencia.

Los casos que se relataron en el tribunal ayer son los de Javier Penino Viñas y Victoria Donda, actual diputada nacional. Ambos jóvenes nacieron en la Escuela de Mecánica de la Armada y fueron apropiados por represores que participaron activamente de las violaciones a los derechos humanos cometidas en ese centro clandestino de detención. Javier, hijo de los desaparecidos Cecilia Viñas y Hugo Penino, fue anotado como hijo propio por Jorge Vildoza, jefe del grupo de tareas 3.3.2 hasta principios de 1979. Vildoza huyó del país y no pudo ser localizado. Cecilia Viñas y Hugo Penino fueron secuestrados en julio de 1977. Ella estaba embarazada de siete meses y dio a luz en la ESMA. Estuvo cautiva y con vida hasta, por lo menos, marzo de 1984, tres meses después de que Raúl Alfonsín asumiera el poder. Ella se comunicó por teléfono con su familia ocho veces entre diciembre de 1983 y el 19 de marzo del año siguiente. Su familia y las Abuelas de Plaza de Mayo hicieron la denuncia ante la Conadep, pero las gestiones por hallarla no dieron resultado.

La mamá de Victoria Donda, María Hilda Pérez, estaba embarazada de cinco meses cuando fue secuestrada junto a su compañero, José María Laureano Donda, a fines de marzo de 1977. María Hilda, que estaba secuestrada en Castelar, fue llevada a la ESMA para parir. Como en el caso de Viñas, el médico que asistió el parto fue Magnacco. Otras detenidas que estuvieron con ella en ese momento relataron que la madre estaba desesperada por poder reconocer a la niña luego (los represores le aseguraban que la iban a llevar con su familia) y por eso le hizo un agujerito en la oreja derecha y le pasó un hilito azul. La niña que nació, Victoria, fue apropiada por Azic.

“Juan Antonio Azic fue un actor activo de este siniestro plan represivo que marcó para siempre a la sociedad argentina. Se dedicaba a secuestrar personas, torturarlas y sustraerles sus bienes. Juan Antonio Azic se quedó con Victoria Donda Pérez, pero le ocultó su verdadera historia bajo el velo de una falsa identidad. Le impuso un nombre, una fecha y lugar de nacimiento y una relación filial falsas, para ocultar bajo ello su verdadera historia y la de su familia biológica”, señaló la fiscalía en la acusación.

Los jueces María del Carmen Roqueta, Julio Panelo y Domingo Altieri comenzarán el próximo 15 de marzo con las indagatorias a los acusados.

La actitud de hijos y abuelas. Atentos a los gestos

Por Alejandra Dandan

Mientras el juicio avanzaba, Paula Eva Logares se puso a mirar a la cara a cada uno de los represores acusados. Una de las secretarias del Tribunal Oral Federal 6 leía la lista de casos, los 34 casos por los que cada uno de ellos va a ser juzgado durante los próximos meses de debate. “Para ellos nosotros sólo éramos un caso”, dijo Paula ayer. “Pero nosotros, mientras íbamos escuchando nuestros nombres, los mirábamos para ver si se les movía la cara, si aparecía al menos un gesto, algo raro, algo para ver si no tienen que decirnos algo.”

Ese algo es lo que todavía esos hombres no dijeron, y no sólo Paula sino algunos otros de los hijos de víctimas y sobrevivientes que estaban allí y también las viejas abuelas, quienes integraron las Abuelas de Plaza de Mayo e impulsaron hace demasiado tiempo estas causas, siguen esperando que hablen. Que pase algo, que digan, se muevan.

Paula Eva es hija de Mónica Sofía Grinspon y Claudio Ernesto Logares, tenía 23 meses cuando la secuestraron con sus padres el 18 de mayo de 1978 en Uruguay. A sus padres los llevaron al Pozo de Banfield, luego de un paso por la Brigada de Investigaciones de San Justo. A ella se las robaron entre el primer momento y el traslado al centro clandestino de Banfield. Fue apropiada por Rubén Luis Lavallén, subcomisario de esa Brigada, y por Raquel Leiro. El 13 de diciembre de 1984 conoció su identidad: fue la primera nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo reconocida por vía judicial y mediante un análisis de sangre. En este momento es una de las querellantes de la causa.

La fiscalía acusa

Segunda audiencia en el juicio por el robo de menores y sustracción de identidades

Jorge Videla fue el único de los ocho imputados que estuvo presente y escuchó la lectura de los cargos. El dictador será juzgado por 21 casos de apropiación de menores. “Deberá responder en calidad de autor mediato por los hechos”, remarcó el fiscal.
Por Alejandra Dandan

Dicen que alguna de las abuelas se acercan al juicio por el plan sistemático de robo de bebés convencidas de que alguno de ellos todavía puede contar algo. Que durante el primer día de audiencias, mientras se iban sucediendo una a una la lectura de los 34 casos de hijos robados durante la dictadura, los miraban a la cara cómo intentando leer algún gesto de sobra, una idea distinta, un dato verdadero. Sucedió con las abuelas, muchas de las cuales están o estuvieron nucleadas entre las Abuelas de Plaza de Mayo y se acercaron ya ancianas al primer día del debate en Comodoro Py. Y sucedió con alguno de esos hijos robados y recuperados, que escucharon en la sala la lectura de la acusación a los represores.

Eso mismo volvió a pasar ayer durante un momento. En la sala, entre los querellantes estaba Paula Logares, una de esas hijas, que escuchaba y escuchaba y miraba cada tanto a Jorge Rafael Videla. El dictador fue el único de los ocho acusados en la causa por el robo de bebés que estuvo presente en el segundo día del debate. Entró con las manos esposadas, y ese traje gris que aunque traje es ropa de preso. Durante la mañana, dos secretarios del Tribunal Oral Federal 6 –a cargo del juicio– le leyeron los cargos elaborados por la fiscalía de primera instancia en septiembre de 2008 en el pedido de elevación a juicio. Videla fue acusado por 21 de los 34 casos del juicio porque su nombre corrió por una causa paralela tramitada por el viejo código. Entre esos casos está la nieta del poeta Juan Gelman, de María Isabel Chorobik de Mariani y de Estela Carlotto. También un caso número 22, que es el hijo de Liliana Delfino.

La segunda audiencia se hizo con un poco más de silencio. Con las salas destinadas al público semivacías, como curiosamente sucede muchas veces en los juicios; esta vez tampoco se ocupó ni una sola silla destinada a los camaradas de los represores.

La acusación lo consideró culpable por “haber participado en la sustracción, retención y ocultamiento de menores, así como en la sustitución de sus identidades” en su condición de comandante en jefe del Ejército Argentino entre el 24 de marzo de 1976 y el 31 de julio de 1978. Durante ese tiempo, se escuchó del escrito, “tenía el comando operativo de todos los centros clandestinos de detención que dependían de esa fuerza, y de los procedimientos llevados a cabo por personal subalterno” y en ese carácter “deberá responder en calidad de autor mediato por los hechos”.

Para explicar su responsabilidad, la fiscal usó la figura de una pirámide alta con estamentos funcionales y jerárquicamente relacionados, como eslabones de una cadena: “Imaginemos que alguien comienza a derramar un líquido que se desliza suavemente por los eslabones de la cadena, y concluiremos que todos están mojados”. En la metáfora, Videla aparece como el líquido, y el resto de los acusados como integrantes del engranaje: “Un presidente de facto que, ocupando roles con capacidad de emitir decisiones autorizativas, dispone llevar a cabo acciones ilegales, e imaginemos que esa orden desciende por los organismos de la institución y lógicamente concluiremos en que la orden pasó por diversos organismos-eslabones”.

Ese esquema que en la lógica jurídica intenta explicar responsabilidades mediatas e inmediatas ubica a Videla en la cúspide de la cadena de mandos que le permitió “a través de sus órdenes el manejo del aparato de represión ilegal que sirvió de herramienta para que los delitos sean perpetrados”.

Esa fue la razón por la que la Cámara de Casación Penal confirmó su última prisión preventiva, y Videla volvió a quedar detenido. Pese a que esta causa estaba abierta, él estaba en libertad. Su procesamiento se leyó un día después de la lectura de los procesamientos de la mayoría de los otros acusados porque él formaba parte de una causa distinta que tramitaba por el código viejo en el juzgado de San Isidro.

Además de Videla son juzgados Reynaldo Bignone y los jefes de la estructura represiva: Antonio Vañek, ex jefe del Comando de Operaciones Navales; Jorge “El Tigre” Acosta, que estuvo a cargo de la Unidad de Inteligencia del GT 3.3.2 de la ESMA; Santiago Omar Riveros, ex comandante de Institutos Militares de Campo de Mayo; Rubén Oscar Franco, comandante en jefe de la Armada desde el 19 de octubre de 1982 hasta el 10 de diciembre de 1983. Hay dos imputados más a los que probablemente se sumarán otros como autores específicos de casos puntuales. Uno de ellos es Juan Antonio Azic, que será juzgado por el caso de Victoria Donda Pérez, y el médico Jorge Luis Magnacco, que con Acosta y Vañek serán juzgados por la apropiación de Gonzalo Penino Viñas. Las acusaciones contra Azic y Magnacco será leídas durante la audiencia prevista para hoy.

Videla está acusado entre otros casos por el de Mónica Sofía Grinspon de Logares, la madre de Paula (ver aparte); Inés Beatriz Ortega de Fossati, la madre de Leonardo; Laura Estela Carlotto; María Claudia García Iruretagoyena, la madre de Macarena Gelman, y Sara Rita Méndez Lompodio.

El caso de Sara Méndez se enunció ayer con una aclaración. Ella fue secuestrada y trasladada al centro clandestino ubicado en Automotores Orletti cuando su hijo Simón Riquelo tenía 20 días. A su hijo se lo llevaron y nadie supo nada de él hasta el año 2002, cuando se lo identificó anotado como hijo del subcomisario Osvaldo Parodi, de la Comisaría 33ª. Por ese caso Videla fue condenado en el Juicio a las Juntas, pero ayer se aclaró durante la lectura de los cargos que no se trata de “cosa juzgada” por la resolución de la Cámara Federal de 2008 que entendió que este tipo de delitos no cesa hasta que el niño recupera su identidad.

Otro de los casos agregados por fuera de la acusación y a pedido de las querellas encabezadas por Abuelas de Plaza de Mayo y la Fundación Clara Anahí es el hijo de Liliana Delfino, secuestrada junto a su pareja Mario Roberto Santucho el 19 de julio de 1976 en Villa Martelli y cuya desaparición fue denunciada por su suegra Manuela Juárez de Santucho. Según los testimonios de la causa, Liliana estuvo alojada como prisionera en Campo de Mayo y dio a luz en un centro clandestino reservado para embarazadas y llamado “La 205”, ubicado en Ezeiza.

Al final de la lectura de la acusación de la fiscalía, las querellas decidieron desistir de la lectura de las suyas. Las defensas de los represores estuvieron de acuerdo. En ese momento y antes de terminar la audiencia para pasar a un cuarto intermedio hasta el día de hoy, la presidenta del TOF 6, María del Carmen Roqueta, lo consultó a Videla: “Ninguna oposición, señora presidente”, le dijo él, fue lo único que dijo, y esta vez no se durmió.