PARANA .JUICIO ROBOS DE BEBES. INSPECCIONARON CLINICA PRIVADA DE PEDIATRIA

En la continuidad del juicio por robo de bebés durante la dictadura, la Justicia federal realizó una inspección en el Instituto Privado de Pediatría (IPP) .

Durante el procedimiento se pudieron corroborar las reducidas dimensiones del lugar donde se encontraban internados los neonatos, lo que para las querellas refuerza la hipótesis de que los médicos imputados no pudieron haber estado al margen de la internación allí de los hijos de los detenidos desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela. 

El juicio continuará el miércoles a las 9, en la sede del Tribunal Oral, donde se producirá el careo entre los médicos Juan Ferraroti y Alfredo Berduc y se cumplirá con la última audiencia de la etapa testimonial de este proceso por crímenes de lesa humanidad.

La voz del imputado

Hasta el momento Torrealday no prestó declaración en la sala de audiencias, como tampoco lo hicieron sus socios que ni siquiera concurren al juicio. Durante la inspección de este lunes, sí se pudo oír la voz del médico que todos mencionan como quien tomaba todas las decisiones en el IPP. Por ejemplo, confirmó que había solamente cuatro cunas y cuatro incubadoras.

El abogado querellante Marcelo Boeykens destacó este hecho: "La verdad que es la primera vez que declara en el juicio Torrealday y entendemos que lo hizo también en ejercicio de su propia defensa, así que las consideraciones vertidas por el imputado van a ser merituadas por las querellas y deben ser merituadas también por el juez al momento de dictar sentencia como una declaración de defensa".

Los abogados destacaron que se pudo corroborar que "todo funcionaba ahí dentro"; la administración, la enfermería y el registro de las enfermeras de la evolución de los niños.

Tras haber nacido en el Hospital Militar de Paraná, los mellizos Valenzuela Negro estuvieron internados en el IPP entre el 4 y el 27 de marzo de 1978 en el caso de la niña y entre el 10 y el 27 el niño. Fueron anotados con los nombres falsos de "Soledad López" y "NN López" y entregados a personas ajenas a la familia, sin haber dado aviso a la Justicia de Menores. La beba mujer restituyó su identidad en 2008 y el destino del varón continúa siendo un misterio. Los dueños del IPP se han defendido todos estos años diciendo que no se enteraron de estos hechos. (Nota completa en unoentrerios)

Soy tu abuela Chicha, tengo 94 años y sigo buscándote... siempre

"Los genocidas no están para ser reinsertados en la sociedad"

Francisco Gómez, genocida

El nieto recuperado Guillermo Pérez Roisinblit vio el nombre de su apropiador, Francisco Gómez, en el listado de genocidas recomendados por el Servicio Penitenciario Federal para que se les otorgue la prisión domiciliaria, que publicó La Retaguardia en diciembre. Casi al mismo tiempo se enteró de que Gómez había solicitado el beneficio. Allí escribió una catarsis vía Twitter que se viralizó de manera impensada. En tanto víctima, tendrá audiencia con el Tribunal Oral y Federal N°5 de San Martín para dar su posición al respecto. Roisinblit habló con Fernando Tebele en el programa Oral y Público de Radio La Retaguardia y contó las sensaciones que le generó la posibilidad de que su apropiador se calce la tobillera electrónica y vaya para su casa. (Por La Retaguardia) 

Guillermo Pérez Roisinblit es uno de los nietos recuperados por Abuelas de Plaza de Mayo. Es hijo de Patricia Roisinblit y José Manuel Pérez Rojo, militantes de la columna oeste de Montoneros. Sus padres fueron secuestrados y desaparecidos. Guillermo nació en cautiverio, en la ESMA, en noviembre de 1978. Desde ese momento fue apropiado por Francisco Gómez, personal civil de un grupo de inteligencia de la Fuerza Aérea que operó en la zona oeste del gran Buenos Aires. La identidad de Guillermo fue restituida en el 2000. Cuando se encontró con que el nombre de su apropiador estaba en el listado de genocidas propuestos por el SPF para acceder al beneficio de la prisión domiciliaria publicado por La Retaguardia en diciembre del año pasado, sintió miedo y enojo, “una mezcla de sensaciones que no me va alcanzar el tiempo para contar”. Lo que si contó fueron los juicios que condenaron a su apropiador y su participación en ellos: “Lo peor de todo es que el listado lo vi en conjunto con la ratificación del pedido del beneficio del arresto domiciliario. Francisco Gómez afrontó dos procesos judiciales. El primero tuvo condena en el año 2005, por mi apropiación. Solamente le dieron 7 años y medio. Todavía las penas no se habían endurecido. Todavía los derechos humanos no eran políticas de Estado del gobierno. El segundo fue en el año 2013. A mí me citó a declarar el juez (Daniel) Rafecas en Instrucción. Yo declaré todo lo que él me contó de su boca con respecto al cautiverio de mis padres. A los tres días quedó detenido. El juicio se desarrolló en el año 2016. Se conoció como juicio RIBA, la Regional de Inteligencia Buenos Aires que tuvo el epicentro represivo en zona oeste y estuvo a cargo de la Fuerza Aérea. Gómez era personal civil de la Fuerza Aérea, de inteligencia”, explicó Guillermo, que no se quedó de brazos cruzados esperando que su apropiador reciba el beneficio sino que dio a conocer la situación a través de las redes sociales: “Mis amigos me comentaron del listado. Lo empecé a buscar y encontré la nota. Me empecé a llenar de bronca y de miedo. Más tranquilo me senté a escribir el tuit que jamás pensé que iba a tener la trascendencia y que se iba a viralizar como se hizo”, expresó. El mensaje de Twitter al que hace referencia Pérez Roisinblit es, en realidad, una serie de tuits donde cuenta sobre su infancia bajo la apropiación de Gómez, la violencia y las amenazas del genocida y la restitución de su libertad en el año 2000. Allí hace referencia al listado del SPF y a la posibilidad de que el represor accediera al beneficio de la prisión domiciliaria: “¿A qué viene esto? Hace un par de días me notificaron que Gómez está solicitando su detención domiciliaria, y ¡caramba! es uno de los 110 genocidas que el Servicio Penitenciario intenta dejar en libertad". "Es un criminal peligroso, sin ningún respeto por la vida humana que no dudó siquiera en robarse al hijo de sus víctimas. ¿Lo van a dejar en libertad?", escribió en la red social hace casi un mes.

Los oídos de la justicia

Guillermo visitará el TOF 5 de San Martín para expresar su desacuerdo con el otorgamiento de la prisión domiciliaria a Gómez. El Tribunal, que está obligado a escucharlo en una audiencia, decidirá si le otorgan el beneficio al genocida: “Gracias a lo que se conoce como Ley de (Protección a) Víctimas (de Delitos), una ley sumamente positiva de lo que se ha legislado en este gobierno, me tuvieron que ratificar (la audiencia). Además me asiste el derecho de ser escuchado en una audiencia por el Tribunal antes de decidir. Más allá de lo que yo pida, el Tribunal termina decidiendo de manera independiente. Tiene la obligación de escucharme. Yo ya solicité ese derecho. También, con Abuelas, pusimos a disposición como parte a dos peritos; un médico clínico y un psicólogo, para que evalúen el estado de salud de Gómez. No es el único requisito, más allá de que algunos jueces así lo entienden. Tiene que haber algo más que el tema de la edad. Tiene que haber alguna patología, algún estado de salud agravado como para que se lo otorguen. Aun así tampoco tiene ninguna obligación ni el juzgado ni el Tribunal. En el común de la gente está instalado que pasando los 70 años les corresponde el beneficio del arresto domiciliario. La verdad que 70 no es tanto. Después de la última reforma previsional, 70 años es la edad a la que se va a jubilar un varón. ¿Voy a dejar de tener miedo porque es un viejito Francisco Gómez? No, la verdad que me sigue aterrorizando. Yo tengo mi cabeza llena de los recuerdos de las cosas que me hizo vivir. A mí directamente nunca me aplicó ningún tipo de violencia física. Yo tuve que ser testigo de cómo le propinaba golpizas brutales a su ex esposa, a mi apropiadora, al punto de dejarla en el hospital en más de una oportunidad. También la amenazaba con armas blancas y con escopetas. Es un ser sumamente violento”, definió Pérez Roisinblit en conversación con Oral Y Público.

Las amenazas y los miedos

El peligro de la concesión del arresto domiciliario no reside solamente en dejar en manos de un dispositivo electrónico el accionar de un genocida. Aun con un funcionamiento correcto de la tobillera, el represor puede mantener reuniones telefónicas y presenciales de las que no queda ninguna constancia; eso sería una desmejoría clave en la seguridad, siempre partiendo de la base de que las visitas a la cárcel quedan registradas. En definitiva, puede seguir operando y ese es uno de los mayores temores de Guillermo, que ya fue amenazado de muerte por su apropiador: “En el juicio RIBA, después de todo el material probatorio que se incluyó en la Instrucción y después en el juicio oral y público, quedó determinado que eran entre 30 y 33 agentes que estaban en la RIBA. Sin embargo, solo fueron juzgados 2: mi apropiador y el jefe de la RIBA. Quedan 28 agentes de inteligencia de la Fuerza Aérea que tranquilamente pueden realizar el trabajo de Gómez. No son investigados ni nada. Incluso algunos de esos agentes fueron sugeridos por la defensa en el juicio RIBA”, contó.

Por último, Guillermo Pérez Roisinblit, Guillo para sus amigos y para la familia que tanto lo buscó, reflexionó acerca de este peligro que representa sacar de las cárceles a los genocidas, que por la gravedad de sus crímenes y por su silencio respecto a las víctimas continúan perpetuándolos: “Es necesario que nos escuchen a las víctimas. Es necesario que sepan que (los genocidas) no son personas que están adaptadas ni listas para ser reinsertadas en la sociedad porque en ningún momento se arrepintieron de lo que hicieron y nunca aportaron ningún tipo de datos. Estamos hablando de los crímenes más aberrantes que repudia toda la humanidad. Nunca aportaron ningún tipo de datos e incluso, algunos como Astiz han reivindicado lo que hicieron y juraron que lo volverían a hacer. Estamos desprotegidos y me da a pensar en qué punto repara o no la justicia. Yo fui víctima desde antes de haber nacido. Fui secuestrado desde el octavo mes de gestación. Conmigo cometieron un delito de 21 años hasta que me encontraron y me devolvieron la identidad. Ahora tengo que ser víctima de nuevo. Tengo miedo. La justicia así no me repara en nada”, cerró.

Sustracción de niños en el pinochetismo

Adopciones irregulares

La justicia de Chile reveló la existencia de una red que facilitó la adopción en países extranjeros de alrededor de 500 niños sustraídos a familias en situación de vulnerabilidad durante la dictadura que encabezó el general Augusto Pinochet.

La entrega de esos niños, mayoritariamente a familias de Estados Unidos, ocurrió durante las décadas de 1970 y 1980, confirmó el juez que investiga el caso, Mario Carroza, en declaraciones publicadas ayer por el diario santiaguino La Tercera.

“Estamos investigando los casos que hubo de sustracción de menores durante el período de 1973 a 1990”, durante el que se extendió la dictadura de Pinochet, y “en razón de ese seguimiento y esa indagatoria, nos han llegado antecedentes respecto de varios menores que fueron entregados en adopción irregular”, explicó Carroza.

El proceso, que se había iniciado con una cantidad limitada de querellas, se amplió a cerca de 500 casos merced a un informe de María Cecilia Erazo, una asistente social y abogada que trabaja como perito judicial en la Corte de Apelaciones de Santiago, de la que Carroza es magistrado. Por el caso está imputada la asistente social Telma Uribe, de 96 años. 

En su informe, la abogada Erazo precisa que Chile no tuvo hasta 1988 un marco legal para regular esas adopciones a países extranjeros, que el sistema que se ocupaba consistía en acreditar judicialmente que un niño se encontraba en situación de abandono por sus padres y que los solicitantes tenían recursos para el cuidado y protección del menor. “Al ser realizado en forma voluntaria, no existió mayor cuestionamiento de parte de los tribunales respecto de la temática” señala el documento al que tuvo acceso La Tercera. Según la investigación, en algunos casos Uribe sugería realizar la legitimación adoptiva en Chile. “Lo anterior puede justificarse desde dos variables, cobrar nuevos honorarios por dicha gestión, o lograr que se destruyeran los documentos originales de los niños para no poder recabar estos a futuro”, subraya el informe.

Otro represor suelto

El ex oficial de Inteligencia Carlos Hidalgo Garzón, condenado por delitos de lesa humanidad y apropiación de una hija de desaparecidos, salió de su casa sin permiso en dos oportunidades y tenía una escopeta y una pistola.

Mientras los vecinos del bosque Peralta Ramos de Mar del Plata aguardan expectantes que el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata revoque el arresto domiciliario de Miguel Etchecolatz, otro represor condenado por delitos de lesa humanidad ratificó su nulo apego a la ley al violar por segunda vez sus privilegiadas condiciones de detención. Se trata de Carlos del Señor Hidalgo Garzón, ex oficial de inteligencia del Ejército condenado por sus crímenes en el centro clandestino La Cacha y por la apropiación de la hija de dos de sus víctimas. Abuelas de Plaza de Mayo denunció ayer que a mediados de enero salió al menos dos veces de su casa de Castelar sin autorización y que además admitió en una denuncia policial tener armas en su poder. En consecuencia pidió el fin de ese beneficio y le reclamó al TOF-1 de San Martín que ordene la inmediata detención del represor y de su mujer (también apropiadora) María Francisca Morillo, quien está condenada pero libre y oficia paradójicamente como garante de que Hidalgo Garzón no salga de la casa. Alan Iud, abogado de Abuelas, recordó que los jueces Héctor Sagretti, Daniel Cisneros y Dante Petrone dictaron en 2013 “una sentencia ejemplar” a los apropiadores de Catalina de Sanctis Ovando pero advirtió que “si no se cumple, se transforma en una burla”.

Catalina nació durante el cautiverio de su madre en Campo de Mayo en agosto de 1977 y recuperó su identidad recién en 2008. Dos años después, el ex capitán Hidalgo Garzón, que integró el Batallón de Inteligencia 601, fue detenido por secuestros y torturas en La Cacha. A principios de 2013, todavía sin condena, con un arresto símil-domiciliario en un geriátrico de Belgrano, salía a pasear en bicicleta con total impunidad. La joven a quien crió como trofeo de guerra, que ya se había constituido como querellante, se lo cruzó dos veces cerca del hipódromo de Palermo, lo denunció, y el  TOF-1 platense integrado por Carlos Rozansky, Pablo Jantus y Pablo Vega le revocó el beneficio y ordenó su traslado al hospital del Complejo Penitenciario de Ezeiza.

Ese mismo año el tribunal de San Martín, que le permitió estar libre durante el proceso, condenó al represor y a su mujer por la apropiación ilegal a quince y doce años de prisión respectivamente. En 2014, en tanto, el TOF-1 de La Plata lo condenó a prisión perpetua por sus crímenes en La Cacha. En junio pasado, contrariando los informes de los peritos médicos, el mismo tribunal pero con votos de Germán Castelli y Alejandro Esmoris le concedió el arresto domiciliario por el solo hecho de tener 72 años y estar estresado. Hidalgo Garzón, sin embargo, siguió preso en Marcos Paz por la prisión preventiva que le impuso el juez Ernesto Kreplak y que confirmó la Cámara Federal de La Plata, por delitos por los que todavía no fue juzgado. La buena nueva para el represor llegó el 22 de diciembre, cuando la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal con votos de Eduardo Riggi, Juan Carlos Gemignani y Liliana Catucci revocó los rechazos al pedido de domiciliaria y le concedió ese beneficio que se efectivizó el 10 de enero.

 Apenas dos días después violó por primera vez el arresto. El Programa de Asistencia para Personas Bajo Vigilancia Electrónica informó la salida sin autorización judicial en dos oportunidades, los días 12 y 15 de enero. No fue su único incumplimiento. El viernes pasado a la madrugada tres ladrones armados entraron a la casa del Barrio Marina y la desvalijaron luego de tomar como rehenes a la pareja y un hermano de la mujer. Según la denuncia policial del propio Hidalgo Garzón, además de 200 mil pesos y varios objetos le robaron dos armas: una escopeta y una pistola. “Bersa modelo 223 calibre 22 largo”, apuntó el diario Crónica. “Consciente de la prohibición de portar armas, el militar denunció por mail el hecho delictivo ante el Tribunal Oral y el Juzgado Federal 1 de La Plata pero nada dijo sobre la existencia ni el robo de las armas”, destacó Abuelas. “La situación reviste aún mayor gravedad si se tiene en cuenta que Catalina de Sanctis Ovando denunció durante un juicio que desde su restitución el ex militar le envió cartas amenazantes a ella y a su pareja”, advirtió.

Con las evidencias en su poder, Abuelas presentó una nota ante el juzgado de Kreplak y ante el TOF-1 de La Plata, el mismo que recibió los reclamos sobre Etchecolatz, para que le revoquen el beneficio. Al mismo tiempo, le pidió al TOF-1 de San Martín que haga efectiva la prisión de ambos apropiadores. Casación ya confirmó esa sentencia y sobre fin de año rechazó un recurso extraordinario para llevar el caso a la Corte Suprema. Luego se limitó a preguntarle al defensor del represor si había presentado un recurso de queja ante la Corte Suprema. El abogado anunció que lo haría aunque en el expediente no hay ninguna constancia de que lo haya concretado. Por ese motivo Abuelas reclama la ejecución de la sentencia.

 “Al condenar a los apropiadores, el tribunal de San Martín remarcó con claridad que no sólo sabían que Catalina era desaparecida sino que conocían perfectamente su origen y quién era su madre. Fue una sentencia ejemplar, que le impuso a Hidalgo Garzón una de las penas más altas a un apropiador, quince años de prisión, y la más alta para una apropiadora, doce años”, recordó Iud ante la consulta de PáginaI12. “Pero de nada sirve si la sentencia no se cumple. Se transforma de ejemplar en una burla. Por eso esperamos que el tribunal de San Martín corrija pronto esta situación”, reclamó. 

La nieta 127 nació en la ESMA

la retaguardia

Es la hija de Carlos Simón Poblete y María del Carmen Moyano. Nació en junio de 1977 en la maternidad clandestina del centro de torturas y exterminio más emblemático del genocidio. Por su caso la fiscalía y las querellas acusaron en el tramo de la megacausa que terminó hace semanas. También hubo condenados en el juicio "Plan Sistemático". La mujer no tiene abuelos/as, pero sí tíos y tías. Aquí las historias de sus padres. (Por Fernando Tebele para La Retaguardia)

Los testimonios

Una de las personas por las que sabemos que la niña nació allí es Sara Solarz de Osatinsky. En una declaración realizada ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, durante febrero de 1983, la sobreviviente dijo: "en junio de 1977, María del Carmen Moyano de Poblete siente las primeras contracciones y es descendida al sótano del campo de concentración de la E.S.M.A. donde se encontraban tanto las salas de tortura como la enfermería. Ya en la enfermería María del Carmen se ve enfrentada a tener su hijo en presencia de profesionales asistentes del campo de concentración, el Dr. Magnacco, médico ginecólogo del Hospital Naval de Buenos Aires, el Dr. Martínez, médico de piel del mismo hospital y un enfermero del que desconocemos su nombre. Esto produce en ella un choque tan violento que pide a gritos la presencia de una compañera. Es en ese momento y ante la imposibilidad de María del Carmen de dar a luz que los militares acceden a su petición (…) fui conducida engrillada a ayudar a María del Carmen. Ella no aguantaba el ruido de mis cadenas cuando me desplazaba en torno a ella; comienza entonces a suplicar que me las quiten, cosa que le fue negada”.

El Tula Poblete y Pichona Moyano eran militantes de Montoneros. Según informa Abuelas en su página, aún como un caso sin resolver, con la fotos de sus padres y el recuadro con la foto de la nieta recuperada aún en blanco, "María del Carmen nació el 9 de mayo de 1954 en la ciudad de Mendoza. Su familia la llamaba "La Gorda". Carlos nació en la ciudad de San Juan el 2 de noviembre de 1944. Ambos militaban en la organización Montoneros. Sus compañeros la llamaban "Pichona" y a él "Tula" o "Guillermo". La pareja fue secuestrada entre abril y mayo de 1977 en la ciudad de Córdoba. La joven estaba embarazada de ocho o nueve meses. Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse que ambos permanecieron detenidos en el CCD "La Perla" de Córdoba y luego fueron trasladados a la ESMA. En dicho CCD, a fines de junio de 1977, María del Carmen dio a luz una niña atendida por el médico militar del Hospital Naval, Jorge Luis Magnacco".

Los padres

En el tercer tramo de la megacausa, el Ministerio Público Fiscal a cargo de Mercedes Soiza Reilly y Guillermo Friele, reconstruyó lo sucedido a través de testimonios de sobrevivientes. Poblete era el caso 842, Moyano el el 268 y la hija que hoy recuperó su identidad fue el 308.

"María del Carmen Moyano, apodada “Pichona”, estudiante de bioquímica y farmacia, militaba en la agrupación política peronista “Montoneros” y prestaba colaboración en el barrio de San Martín, de la provincia de Mendoza. María del Carmen estaba en pareja con Carlos Simón Poblete, también militante de Juventud Peronista en el Centro de Estudiantes de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan.

Soiza Reilly, en su alegató que duró más de seis meses, dijo sobre ellos: "Se ha acreditado que María del Carmen Moyano de Poblete fue privada ilegítimamente de su libertad con violencia y amenazas y sin las formalidades prescriptas por la ley, en el mes de abril de 1977, junto con su pareja Carlos Simón Poblete, en la Provincia de Córdoba, en un operativo efectuado por personal de las fuerzas de seguridad, perteneciente al Tercer Cuerpo del Ejército. Al momento de su detención, la víctima cursaba un embarazo de siete meses. María del Carmen habría permanecido detenida en el centro clandestino de detención denominado 'La Perla', ubicado en dicha provincia. Luego de una semana, fue trasladada al centro de exterminio y torturas que funcionó en el interior de la Escuela de Mecánica de la Armada. Allí fue atormentada y sometida a las condiciones inhumanas de detención existentes en dicho lugar, ya que estuvo alojada en el cuarto de las embarazadas esposada, con grilletes en los pies, con escasa alimentación y con una grave restricción para responder adecuadamente a sus necesidades fisiológicas. Este cuadro de situación se vio agravado, en primer lugar, por el estado de gravidez en que se encontraba al momento de ser secuestrada; en segundo lugar, por haber dado a luz dentro del CCD; y, en tercer lugar, por haber sido separada violentamente de su hija recién nacida. Su hija, aún no identificada, nació en la ESMA, en el mes de junio de 1977, con la asistencia de los médicos Magnacco y Martínez Pizarro. Una semana después del alumbramiento, María del Carmen fue sacada de la ESMA, sin su hija. Aún permanece desaparecida". Cabe acotar que Magnacco recibió 14 años de prisión como condena en el juicio. Luego del juicio pidió acceder al beneficio de la libertad condicional, que le fue concedida, por lo que podríamos cruzarlo portando su tobillera electrónica, que controla sus movimientos, pero no sus acciones y pensamientos oscuros de genocida.

Acerca del padre de la joven que recuperó su identidad, el Ministerio Público Fiscal dijo: "su pareja Carlos Simón Poblete, como ya señalamos, fue privado ilegítimamente de su libertad el mes de abril de 1977 en la Ciudad de Córdoba junto a su mujer María del Carmen Moyano, y fue trasladado al centro de exterminio y torturas que funcionó en el interior de la ESMA. La víctima fue alojada, en un primer momento, en el sótano del lugar donde se lo torturó físicamente y se lo interrogó en forma conjunta y simultánea sobre las actividades políticas que desarrollaba en ese momento. Durante la mayor parte de su cautiverio fue sometido a tormentos y a las inhumanas condiciones de detención relativas a la falta de alimentación, higiene, etc. que ya han sido verificadas en este centro de exterminio y que ya son por todos conocidas. Este cuadro de situación se vio agravado en el caso de Poblete, en primer lugar, por saber que en aquel centro se encontraba su esposa, María del Carmen, que se encontraba embarazada al momento de ser secuestrada; en segundo lugar, por saber que su hija nació en aquel CCD; y, en tercer lugar, por haber sido separado violentamente de su esposa y su hija recién nacida. Carlos Simón Poblete también permanece desaparecido".

La apropiación

Acerca del nacimiento en la maternidad clandestina, Soiza Reilly alegó: "Por su parte, se ha acreditado en debida forma que, la hija de María del Carmen Moyano y Carlos Simón Poblete, nació aproximadamente en el mes de junio del año 1977 en instalaciones de la E.S.M.A. donde sus padres se encontraban cautivos. La niña, fue arrancada de los brazos de sus padres aproximadamente a los ocho días de nacida, siendo sustraída, retenida y ocultada de la custodia de sus progenitores, no siendo entregada a sus familiares biológicos. Aún la niña no fue recuperada", decía en aquel momento la fiscalía, aún con la esperanza que hoy se pone en palabras, gestos, abrazos y rostros que pueden verse y tocarse.

Por su caso, habían sido condenados Jorge Acosa, Antonio Vañek y Reynaldo Bignone. Fue durante el juicio conocido como "Plan Sistemático", en el que se probó el robo de bebés como conducta durante el genocidio. Ese fallo ya está firme en segunda instancia.

Lo que está más firme que nunca, en un día como el de hoy, es que la sociedad sigue buscando, ya sea desde organizaciones como Abuelas de Plaza de Mayo, como a través de los propios nietos y nietas que buscan quitarse las dudas que suelen tener.

Mientras el gobierno, de la mano de la justicia, va abriendo las puertas de las cárceles para los genocidas, la lucha por Memoria, Verdad y Justicia sigue su camino. A pesar de ellos.

La nieta 126 encontrada es hija de Violeta G.Ortolani y de Edgardo Garnier

4 diciembre, 2017 Redacción InfoBis

Las Abuelas de Plaza de Mayo encontraron hoy a la nieta 126 y si bien la organización brindará detalles mañana al mediodía en una conferencia de prensa, Infobis, está en condiciones de dar un adelanto exclusivo.

La nieta 126 encontrada a través de la incansable lucha de Abuelas, es hija de Violeta Graciela Ortolani, quien cuando tenía 23 años y estaba embarazada de 7 meses fue secuestrada el 14 de diciembre de 1976. Se había casado con el entrerriano Edgardo Garnier.

Violeta nació en Buenos Aires el 11 de octubre de 1953, pero al morir su madre, su padre se radicó en Bolívar. Juntos, pasaron algunos años hasta que la mujer se trasladó a La Plata para comenzar sus estudios universitarios.

Edgardo nació el 7 de agosto de 1955 en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Su familia lo llamaba “Edgar” o “Rober” y sus amigos “El Chueco” o “El Pato”.

Ambos militaron en la FAEP, y particularmente Edgardo también lo hizo en la JP y Violeta en la JUP. Luego compartieron su militancia en la organización Montoneros.

Sus compañeros la llamaban “La Viole” y a él “La Vieja Bordolino” o “El Viejo”.

Violeta fue secuestrada el 14 de diciembre de 1976 en el Barrio La Granja, La Plata. Edgardo fue secuestrado el 8 de febrero de 1977 en la ciudad de La Plata. La joven estaba embarazada de ocho meses. Pensaban llamar Marcos, Enrique o Vanesa al bebé que esperaban.

La pareja continúa desaparecida. Su hija es la nieta 126.

Mañana a las 12, miembros de la organización brindarán una conferencia de prensa junto a su familia, para dar detalles de la historia, dijo la agrupación en un comunicado. El acto se realizará en la sede de Abuelas.

“Estarán presentes familiares y compañeros de militancia del padre y la madre de la nueva nieta, quien se encuentra feliz de haber conocido la verdad”. También solicitaron “a la prensa y a la sociedad en general la prudencia, el respeto y la confidencialidad que estas noticias requieren”.

En lo que va del año, Abuelas de Plaza de Mayo localizó a cinco nietos sustraídos de sus familias en la última dictadura militar. El caso anterior se había conocido el pasado 26 de octubre.